Hay países donde la tragedia es un trámite y la esperanza, un lujo reservado para los cínicos. Allí, los comunicados oficiales hablan de soberanía con tono de misa, mientras la gente aprende a sobrevivir a punta de fe y resignación. En esos países —quizás usted conozca alguno— la política se declama en los grandes auditorios, pero la vida se juega en los pasillos de un hospital sin insumos. Y entre esos dos mundos, siempre hay un ciudadano anónimo pagando la factura moral de quienes convierten la dignidad humana en un concepto negociable.

Carlos duerme con el teléfono encendido, no por la ilusión de una llamada que lo devuelva del exilio, sino por el vicio de no perderse nada: una noticia, un video, la última indignación en bucle que jamás altera la rutina. Su madre está en cuidados intensivos en Caracas; un familiar le escribe de madrugada y le advierte que “debe estar preparado”. Él se prepara para una impotencia que nadie enseña a conjurar: no puede subir a un avión porque fue expulsado tras participar en las elecciones del 28 de julio; su pasaporte y su vida quedaron repartidos entre dos países. No puede entrar. No puede acompañarla. No puede, si ella muere, darle un último beso ni la tierra que merece. Observa las movilizaciones, las tropas en el Caribe, las retóricas presidenciales, y se pregunta si todo aquello fue siempre para él o contra él.

Es una ironía feroz: mientras en los altares de la geopolítica se debate la legitimidad de la fuerza y la moral de la intervención, su madre sigue consumiendo oxígeno en una cama de cuidados intensivos. El remedio que necesita no llega porque los hospitales son remiendos, las medicinas escasean y las prioridades del poder jamás incluyen lo que para cualquier hijo es lo único urgente. Esa “vida cotidiana” no aparece en los mapas militares ni en los comunicados diplomáticos; es una fila de víctimas sin lobby ni cuentas influyentes.

La hipocresía duele más cuando llega envuelta en figuras que recitan solemnemente la autodeterminación de los pueblos como si fuera un mandamiento incuestionable. “Que sean los venezolanos quienes resuelvan sus asuntos”, dicen, mientras unos proponen mediar y otros se alarman ante la retórica beligerante. Algunos gobiernos piden diálogo; otros reiteran el principio de no intervención. Pero en esa melodía siempre falta una nota capaz de alcanzar la habitación donde agoniza la madre de Carlos. Que la autodeterminación sea una consigna admirable en seminarios y discursos no la convierte en respuesta suficiente cuando el Estado ha convertido la vida en un mecanismo de extorsión y violencia sistemática.

Conviene preguntar: ¿a quién protege realmente esa defensa intransigente del principio cuando la “soberanía” está en manos de una maquinaria extractiva y represiva que mata, encarcela y deja morir bajo custodia? ¿Qué dignidad tiene invocar la autodeterminación para blindar a un régimen que permite que la gente muera por falta de atención o por la perversión de la ley? La palabra “autodeterminación” suena hueca cuando, en la práctica, significa “ustedes aguantan” para quienes están dentro y “no toquen al Gobierno” para quienes están fuera. Es una defensa moral que, examinada con honestidad, protege instituciones del crimen transnacional antes que personas.

La izquierda latinoamericana que se erige en defensora del derecho de los pueblos a decidir parece olvidar que la autodeterminación no es un dogma por encima del mandato universal de proteger la vida. ¿De qué sirven los principios cuando son usados para convertir la inacción en virtud y permitir que la gente pague con su salud y su libertad? Cuando el Estado que reclama soberanía convierte la disidencia en delito, encierra y deja morir en prisión, la “autodeterminación” se vuelve cortina de humo: un refugio retórico para el opresor. Allí donde la soberanía opera como paraguas para la impunidad, el dogmatismo debería tambalear.

La moral que predica cierta izquierda urbana e intelectual se resquebraja con un gesto mínimo: mientras proclama la inviolabilidad de los procesos “autónomos”, tolera la suspensión de garantías elementales. Y cuando la retórica alcanza su cénit, la realidad devuelve nombres: hombres y mujeres que murieron en celdas o que salieron tan destruidos que la libertad llegó demasiado tarde. Esos nombres no son abstracciones: son Ariadnas, Lindomares, Jesús Álvarez, vidas que confirman que la tragedia no es una maniobra retórica, sino una consecuencia directa de decisiones y omisiones. Su sufrimiento es el contrabando moral que la grandilocuencia ideológica se niega a admitir.

La pregunta que deberíamos hacernos —y que la izquierda debería responder con coraje— es: ¿qué valor tiene la autodeterminación si el pueblo está desarmado, hambriento o silenciado? ¿Cuánto de ese “no intervención” es prudencia democrática y cuánto es indulgencia con los abusos? Es fácil defender la soberanía cuando el discurso no exige acciones concretas para proteger a los vulnerables. Mucho más incómodo es exigir sanciones selectivas, presión diplomática eficaz, mecanismos multilaterales que obliguen al cumplimiento de derechos básicos.

La madre de Carlos no necesita símbolos; necesita oxígeno, medicinas, cuidados. El exiliado no necesita consignas; necesita garantías mínimas para volver o, al menos, la certeza de que sus seres queridos serán respetados. La izquierda que se declara humanista debería empezar por asegurarse de que sus principios no sean cómplices de la domesticación de la vida humana en beneficio del poder. La coherencia ética exige desmontar la consigna cuando esta se convierte en refugio de impunidad.

Al final, la historia no recordará las proclamas sobre soberanía ni los manifiestos inflamados, sino los silencios que costaron vidas. Recordará a quienes sostuvieron principios vacíos mientras un país se desangraba en pasillos de hospital, y a quienes justificaron la miseria porque convenía a su relato. Y también recordará —aunque nadie lo reconozca en las cumbres— a los hijos que velaron teléfonos encendidos esperando noticias, a las madres que murieron sin despedida, a los exiliados que cargaron con la culpa de no poder volver. Porque la verdadera soberanía es la de la vida que se defiende, no la del poder que se preserva. Y allí donde se abandona a la gente, la ética exige algo más que consignas: exige que, por una vez, la política sea digna de los seres humanos a quienes debería servir.

• @NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds

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