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La condena de 15 años contra estudiante de periodismo por denunciar fallas en servicios

Redacción Runrun.es
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La condena de 15 años contra estudiante de periodismo por denunciar fallas en servicios

El sistema judicial venezolano dictó el 11 de noviembre de 2025 una condena contra Juan Francisco Alvarado, un estudiante de Comunicación Social de 31 años. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el caso, indicando que el proceso careció de pruebas y garantías y que el caso se convirtió en una muestra de la criminalización de la denuncia ciudadana.

Alvarado, quien residía en la comunidad de Apartadero, estado Cojedes, solo buscaba una solución a problemas que afectaban su vida diaria. El desbordamiento de aguas negras en su zona le impedía realizar necesidades básicas en su propio hogar, por lo que debía trasladarse a diario a casa de su abuela. Utilizando la aplicación VenApp (herramienta creada por el propio Ejecutivo) y sus redes sociales, Juan reportó el colapso de las cloacas y la avería de transformadores eléctricos que nunca fueron reparados, a pesar de que los recursos públicos ya habían sido asignados.

Su familia afirma que los miembros del consejo comunal de su zona tenían conocimiento de estas denuncias y del seguimiento que hacían las autoridades para constatar si habían reparado las fallas.

“Desde la Ven App llamaban para preguntar si ya los habían arreglado, y Juan decía la verdad: que no. Eso fue lo que, al parecer, desató todo lo que hoy estamos viviendo”, relató un familiar al sntp, quienes aseguran que la condena es “una represalia política “del exalcalde Uliber Quintero”.

Los allegados a Alvarado sostienen que Juan solo ponía en práctica lo que aprendía en su carrera de periodismo: informar sobre la realidad de su entorno.

Un juicio “por teléfono”

La detención se practicó en marzo de 2025, cuando regresaba en una unidad de transporte público desde el estado Lara hacia Apartadero, en el municipio Anzoátegui del estado Cojedes, donde vive con su familia. Había viajado para acompañar a una tía con problemas en la rodilla. En el punto de control La Cascada, en el estado Portuguesa, pidieron las cédulas de identidad a los pasajeros, verificaron sus datos y le informaron que existía una orden de aprehensión en su contra emitida por la Fiscalía Décima del Ministerio Público del estado Cojedes por el delito de incitación al odio.

Las irregularidades encontradas en el proceso son alarmantes. Desde su detención el 20 de marzo de 2025 en un punto de control de la Guardia Nacional, el estudiante de Comunicación Social estuvo en un laberinto judicial viciado:

  • Sin pruebas técnicas: La acusación se basó en supuestas publicaciones en redes sociales que Juan negó reiteradamente. Nunca se comprobó que las cuentas fueran suyas.
  • Juicio telefónico: En franca violación al principio de inmediación, la audiencia de juicio se celebró vía telefónica, alegando problemas de conectividad.
  • Testigos ausentes: El principal acusador, un supuesto miembro del PSUV, nunca compareció ante el tribunal.

Salud en riesgo

Juan Francisco Alvarado no es solo una cifra más de la persecución política. Es un paciente crónico que requiere atención constante, la cual se ve limitada en su actual sitio de reclusión en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, en Guanare.

Su caso se enmarca en el patrón de “patrullaje cibernético” intensificado tras la persecución desatada luego de los comicios presidenciales de 2024. El SNTP explica que esto se traduce “en una práctica extendida de vigilancia digital, monitoreo de redes sociales y revisión forzada de dispositivos, que ha derivado en decenas de detenciones arbitrarias en todo el país”.

La revisión de sus redes sociales, en la que compartía información sobre protestas, llevaron a concluir a las autoridades -sin mayor análisis ni pruebas técnicas concluyentes- que estaba llamando a una “rebelión civil”.

Hoy, Juan es uno de los cinco trabajadores o estudiantes de la prensa que permanecen tras las rejas, mientras organizaciones nacionales e internacionales exigen su libertad plena.

Periodistas y trabajadores de la prensa tras las rejas

Además de visibilizar el caso de Alvarado y exigir justicia por las irregularidades que lo llevaron a una condena desproporcionada, el SNTP recordó que desde el 8 de enero, fecha en la que Jorge Rodríguez anunció la liberación de personas presas por razones políticas, fueron liberados 19 periodistas y trabajadores de la prensa mientras que seis persisten injustamente encarcelados.

“Seguimos esperando que nuestros compañeros periodistas y trabajadores de la prensa sean liberados. Ellos y todos los detenidos. Aún faltan 6”, indicaron en una publicación en la red social X el 22 de enero de 2026.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Rafael Tudares: 380 días de prisión política, aislamiento y castigo familiar

Rafael Tudares: 380 días de prisión política, aislamiento y castigo familiar

Redacción Runrun.es
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Rafael Tudares: 380 días de prisión política, aislamiento y castigo familiar

Tras 380 días de una detención calificada como arbitraria, Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, fue excarcelado la madrugada del 22 de enero de 2026. Su caso simboliza el uso de la justicia como arma política: una condena de 30 años sin pruebas, meses de desaparición forzada y denuncias de extorsión que involucraron a sedes diplomáticas y eclesiásticas.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura”, afirmó su esposa Mariana González al confirmar que Rafael ya está con sus hijos en un mensaje en la red social X, en el que también agradeció el apoyo del Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, por hacer “seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias”, a su familia, “amigos verdaderos” y expresó también su gratitud a otros familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente en Venezuela que aún esperan la libertad de sus seres queridos: “Toda mi solidaridad y apoyo. Siempre los llevaré en mi corazón y estarán presentes en mis oraciones”.

En Runrunes presentamos una cronología de los hitos de este proceso arbitrario en contra de Tudares Bracho, abogado venezolano nacido el 22 de diciembre de 1979, desde su secuestro frente a sus hijos en enero de 2025, pasando por las irregularidades de su juicio, hasta la extorsión para forzar la renuncia de la lucha política de su suegro.

7 de enero de 2025: arresto frente a sus hijos

Rafael Tudares Bracho es detenido (calificado como secuestro por su familia) por hombres encapuchados frente a sus hijos en Caracas, cuando se disponía a llevarlos al colegio. Según un relato escrito de la familia, compartido con Human Rights Watch, los encapuchados sacaron violentamente a Tudares Bracho de su vehículo y abandonaron a los niños en la calle

Ese mismo día, el defensor de DD.HH. Carlos Correa y el excandidato Enrique Márquez también fueron arrestados. La tensión política estaba latente en esas fechas en Venezuela, pues su suegro, Edmundo González Urrutia, había afirmado que vendría al país con la intención de tomar posesión del gobierno tras ratificar durante meses, con actas en mano, que fue el ganador de la contienda presidencial de 2024.

Primer trimestre de 2025: incomunicación y audiencia fraudulenta

El 24 de febrero de 2025, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que Tudares fue sindicado de “complicidad en el uso de actos violentos contra la república, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir”. Reportaron que su presentación ante el tribunal afecto al régimen “violó el debido proceso y su derecho a la defensa al impedirle representación legal privada e imponerle una defensa pública”, añadió.

Edmundo González alertó reiteradamente desde el el exilio que la dictadura lo estaban “chantajeando” a través de la detención de su yerno. El caso es denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, alertando sobre su desaparición forzada intermitente y la negativa de permitirle defensa privada.

30 de abril de 2025: la alerta desde HRW

Human Rights Watch (HRW) incluye su caso en el informe “Castigados por buscar un cambio”, documentando el patrón de detenciones de familiares de opositores.

Septiembre de 2025: pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos

El informe A/HRC/60/61 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU califica su detención como “extorsiva”, señalando que fue practicada para presionar a Edmundo González.

Noviembre de 2025: juicio clandestino

A finales de este mes, el sistema judicial venezolano aceleró el caso de Rafael Tudares Bracho sin previo aviso público. El 28 de noviembre se llevó a cabo una audiencia de juicio única que duró más de 12 horas. Según denuncias de su familia en el Instagram de Mariana González, el juicio fue realizado de manera irregular y sin las garantías mínimas del debido proceso.

3 de diciembre de 2025: condena máxima

El Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo lo sentenció a 30 años de prisión por supuestos delitos de terrorismo y conspiración. Edmundo González denunció que la sentencia carecía de sustento y era una represalia política para forzar su renuncia.

22 de diciembre de 2025: cumpleaños en cautiverio

Tudares Bracho arribó a sus 46 años de vida tras 11 meses de aislamiento absoluto. González Urrutia publicó un emotivo mensaje denunciando la crueldad de la separación familiar.

7 de enero de 2025: un año sin justicia

En esta fecha se cumplieron los 365 días de detención arbitraria del yerno de Edmundo González. «Un año sin Rafael. Un año sin respuestas. No tengo más palabras. Solo verdad, justicia y humanidad. Eso es todo lo que pedimos», señala en su cuenta en X.

8 de enero de 2026: la expectativa por la excarcelación

  • Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de la AN de corte oficialista y hermano de la presidenta encargada con el aval de EEUU, Jorge Rodríguez, anuncia un proceso de excarcelaciones. Aunque circuló el rumor de su libertad inmediata, su esposa Mariana González desmintió la noticia inicialmente, pidiendo no “jugar con la esperanza de las familias”. Efectivamente, Tudares Bracho no fue incluido en el primer lote de excarcelados.

16 de enero de 2026: primera y única visita

Tras el arresto el 7 de enero de 2025, Mariana González visitó sistemáticamente las sedes de los servicios de inteligencia y recintos penitenciarios en Caracas y Miranda para saber dónde estaba su esposo. Durante 374 días, la respuesta oficial en cada lugar fue que Tudares no se encontraba bajo su custodia.

Apenas dos días antes de lograr verlo, Mariana acudió nuevamente a la Cárcel de El Rodeo I en el municipio Zamora, estado Miranda. A pesar de sus sospechas, el personal del recinto le aseguró formalmente: “No está aquí”.

Luego de 374 días de incomunicación y cerca de la medianoche del 16 de enero, fue notificada por funcionarios del Servicio Penitenciario (Sesmas) sobre la presencia de su esposo en El Rodeo I.  Mariana González logró verlo durante 25 minutos a través de un vidrio blindado. Reportó que estaba visiblemente afectado física y emocionalmente, muy delgado y debilitado.

20 de enero de 2026: la denuncia de extorsión

Mariana González denunció públicamente que fue víctima de tres episodios de extorsión en sedes de embajadas, organizaciones de DDHH y el Arzobispado de Caracas, donde emisarios del gobierno condicionaron la libertad de su esposo a la renuncia política de su padre.

21 de enero de 2026: la respuesta desde la Iglesia

La Arquidiócesis de Caracas emite un comunicado negando haber participado en las extorsiones denunciadas por Mariana González y ratificó su apoyo a la petición de liberación. Organizaciones de DDHH consideraron que invalidar las denuncias de Mariana González era una forma de revictimización de una familia castigada por la persecución política.

22 de enero de 2026: la excarcelación

Tras 380 días de detención, Mariana González confirma a través de sus redes sociales que Rafael Tudares Bracho fue excarcelado. Desde la sede de la embajada de Suiza en Caracas se difundió una fotografía suya junto a su esposa, hija de Edmundo González Urrutia; monseñor Raúl Biord, arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas; Ricardo Cussano, expresidente de Fedecamaras y la Cruz Roja en Venezuela; Indira Urbaneja, abogada y analista política del chavismo y un miembro de la misión diplomática a cargo de las gestiones de liberación de Rafael Tudares.

En redes sociales circulo la boleta de excarcelación, en la que consta que le fue dictada una medida sustitutiva de libertad y que, como la mayoría de los presos políticos, salió con medidas cautelares como prohibición de declarar a medios y emitir cualquier comunicación pública sobre el caso.

Edmundo González Urrutia fijó posición sobre el caso tras conocer la excarcelación de su yerno: “La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición”.

  • *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Secretario general de la OEA reclama “liberación inmediata” de presos políticos en Venezuela

Redacción Runrun.es
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Secretario general de la OEA reclama “liberación inmediata” de presos políticos en Venezuela

Durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada este miércoles 21 de enero, el secretario general, Albert Ramdin, exigió la “liberación inmediata” de todos los presos políticos en Venezuela, señalando que el encarcelamiento por motivos de pensamiento es incompatible con la democracia.

Ramdin enfatizó que en una región donde impera la paz y los procesos democráticos, no se puede encarcelar personas “por simplemente pensar diferente”, calificando este hecho como algo “simplemente no aceptable”. El secretario general fue tajante al afirmar que la represión, en cualquiera de sus formas, debe ser condenada con la mayor firmeza posible, asegurando que “no hay negociación sobre eso”.

Aunque la Secretaría General reconoció y aceptó las recientes excarcelaciones que han tenido lugar en el país, Ramdin advirtió que estas acciones resultan insuficientes. “Eso no es suficiente, porque todavía hay cientos de otros en la cárcel”, puntualizó, instando a las autoridades venezolanas a agilizar las liberaciones no solo por razones humanitarias, sino como una señal política de estar listos para un proceso de estabilidad política y democracia.

En su intervención, Ramdin también destacó el apoyo de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y urgió a las autoridades venezolanas a permitir una visita local de dicho organismo. Además, mencionó que la Secretaría General ha mantenido reuniones con organizaciones como Foro Penal y el Comité por la Libertad de Prisioneros Políticos para monitorear la situación.

Ramdin señaló además que la OEA está lista para “ayudar a construir puertas”, facilitar acuerdos y monitorear procesos, incluyendo el electoral, bajo la premisa de que cualquier transición debe ser liderada por Venezuela para beneficio de su pueblo.

Encuentro previo con María Corina Machado

Esta postura del secretario general se produce apenas un día después de su reunión con la líder opositora María Corina Machado, realizada el martes 20 de enero.

Tras el encuentro, Machado calificó la reunión como positiva y agradeció al sistema interamericano por su constante denuncia de los crímenes cometidos en el país. La opositora coincidió con Ramdin en que la prioridad absoluta es la liberación de los presos políticos, subrayando que para avanzar en una transición es imperativo desmontar la estructura represiva y clausurar los centros de tortura.

Machado también aprovechó para enviar un mensaje a los países del hemisferio que han permanecido en silencio, afirmando que “es el momento de actuar”, mientras reafirmaba que Venezuela cuenta con un “liderazgo legítimo” de Edmundo González Urrutia.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La respuesta a las mujeres que claman libertad de presos políticos en Zona 7 fue un muro

El Mañanero del 22 de enero: Andreína Baduel asegura que “La puerta giratoria no ha parado”

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El Mañanero del 22 de enero: Andreína Baduel asegura que “La puerta giratoria no ha parado”

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del jueves, 23 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Pese a las supuestas excarcelaciones masivas anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero, la activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), Andreína Baduel, aseguró que en lo que va de 2026 se han producido nuevas detenciones arbitrarias por parte del Estado venezolano.

Baduel dijo en la edición de este martes 20 de enero de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que la puerta giratoria, donde algunos presos políticos salen de las prisiones y otros entran, no ha dejado de funcionar.

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Recién salido del horno: otras noticias

Claves | Aula Abierta reportó 28 detenciones de universitarios en 2025

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Piden libertad de tres presos políticos hondureños detenidos hace siete meses en Margarita

Más de 200 mujeres víctimas de VBG atendidas gracias a alianza entre Avesa y Plafam

Así el oficialismo quiere controlar lo que la gente dice tras la captura de Maduro

Dólar/Euro BCV

La perla del día

Andreína Baduel: “La prisión del Rodeo I se ha convertido en un centro de tortura ejemplarizante”.

Lo que rompe en redes

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentaron retirar una pancarta instalada por el movimiento estudiantil en la puerta Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela, donde se exige la liberación inmediata de estudiantes y presos políticos detenidos por el régimen chavista.

Azuquita pa’l café

Una chica dominicana manda mensaje a los venezolanos que viven en su país: “Ustedes no se van de aquí”.

La ñapa (recomendamos…)

Para este jueves te recomendamos el resumen que nos trae Plano secuencia sobre la cinta Hamnet, la película de Chloé Zhao que viene de ganar el Globo de Oro a mejor película dramática y que se perfila como una de las favoritas para brillar en la noche de los Oscars.

A partir de un ejercicio ficticio de la novelista Maggie O’Farrell, el más reciente largometraje de la misma realizadora de la premiada Nomadland, plasma un especulativo génesis de la obra más larga e influyente del inmortal William Shakespeare.

Paul Mescal como el escritor más internacional de la lengua inglesa brinda un performance crudo y sobrio. El intérprete irlandes es la encarnación de una persona afectada por el dolor y la culpa. ¡No puedes dejar de verla!

Claves | Aula Abierta reportó 28 detenciones de universitarios en 2025

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Claves | Aula Abierta reportó 28 detenciones de universitarios en 2025

28 personas vinculadas al ámbito académico universitario fueron detenidas en 2025, de acuerdo a un informe elaborado por la ONG Aula Abierta.

La organización expuso que entre aprehendidos y hostigados fueron 37: doce profesores universitarios, once estudiantes, tres trabajadores del sector, un representante de federación estudiantil y una de asociación de egresados. 

La investigación arrojó que nuevamente se calificó a universitarios como terroristas y traidores a la patria, respondiendo a una política de estigmatización que los ubica como enemigos del Estado.

David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, sentenció que especialmente desde finales de 2024 se estigmatiza al universitario como terrorista.

Gómez informó que de los 339 estudiantes y 17 profesores detenidos en las protestas de 2017, la mayoría fueron presentados, pero desde 2024, el Estado inició una práctica de desaparición forzada sin precedentes. 

“Las personas eran detenidas y pasaban días o semanas sin que los familiares o abogados tuvieran conocimiento de su paradero o si se encontraban bajo la custodia del Estado, colocándolas en total desprotección legal”, APUNTÓ.

Criminalización de los estudiantes

Según datos de Aula Abierta, de 35 universitarios que fueron detenidos entre el 28 de julio y finales de diciembre de 2024, siete fueron procesados como “terroristas”. 

Aula Abierta expuso que la práctica de persecución intenta minimizar la influencia de la comunidad universitaria sobre la construcción de una conciencia colectiva y criminalizar la participación de estudiantes y profesores en la discusión de los asuntos públicos.

La ONG igualmente denunció que se registraron actos de hostigamiento policial en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad de Oriente (UDO), Universidad de Los Andes (ULA) y en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Asimismo denunció torturas al profesor universitario Jesús Armas e intimidación a su pareja, la activista Sairam Rivas.

“Los universitarios requieren de una protección especial porque en escenarios críticos son vulnerables. Si bien la libertad de expresión y asociación son consideradas como un derecho humano, la académica también”, dijo Gómez,

Sentenció que en vista de la opacidad reinante en torno a cifras oficiales no se conocen los nombres de todos los universitarios presos y amedrentados.

“Los universitarios son actores críticos de la sociedad y por ende considerados enemigos del contexto autoritario. Sufren persecución, represalias y son víctimas de la política de Estado de reducción del espacio cívico”. 

Carlos Melendez, director del Observatorio de Universidades (OBU), señaló que esta organización ha registrado la detención de al menos doce docentes universitarios luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

“Las regiones con más aprehensiones de profesores son los andes, Zulia y Distrito Capital. Las universidades con mayor número de víctimas son la ULA, UCV, Universidad del Zulia (LUZ) y Valle del Momboy en Trujillo. De 2024 a 2025 hubo un incremento de 79% de denuncias por motivo de violaciones a derechos políticos y civiles en universidades”, manifestó Melendez.

El director del OBU sostuvo que de la docena de profesores presos solo han sido excarcelados dos: Rocío San Miguel y Enrique Márquez. 

Melendez aseveró que la docencia está vinculada al activismo, tal es el caso de Javier Tarazona, quien es director de la ONG de Fundaredes y profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y se encuentra preso.

“2025 fue un año de mucho temor, especialmente en las universidades no controladas por el gobierno. La totalidad de los docentes que han sido detenidos pertenecen a estas casas de estudio. El ministerio de Educación Superior ha hecho caso omiso a las denuncias de atropellos”.  

A continuación presentamos una cronología de las detenciones de algunos miembros del ámbito universitario en 2025: 

Carlos Correa

El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, fue interceptado por personas encapuchadas y sin identificación al salir de su oficina en Caracas el 7 de enero del año pasado. Duró 168 horas en desaparición forzada y fue excarcelado luego de nueve días. Se encuentra bajo régimen de presentación.

Enrique Márquez

En la misma fecha que Carlos Correa, agentes policiales aprehendieron al profesor de la Universidad del Zulia (LUZ) y ex candidato presidencial, Enrique Márquez. Sin presentar pruebas, un día después de su captura, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó al docente de estar involucrado en un intento de golpe de Estado. Aseguró que formaba parte de un complot junto a un supuesto agente del FBI y Rafael Tudares, yerno del también excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia. Márquez fue excarcelado el pasado 8 de enero con medidas cautelares de presentación, prohibición de dar declaraciones y usar redes sociales.

Leandro Palmar y Belices Cubillán

Los dos trabajadores de la radio de la Universidad del Zulia (LUZ) fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 9 de enero de 2025 en el marco de una protesta pacífica en la plaza La República de Maracaibo. Dos días después, el periodista Palmar y el técnico Cubillán fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se determinó que debían permanecer privados de libertad. Les imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, instigación al odio y alteración al orden público. Fueron trasladados en noviembre del año pasado a la cárcel de Tocorón en el estado Aragua y excarcelados el pasado 14 de enero junto a un grupo de comunicadores sociales. 

Eduardo Torres

El secretario de Reclamos y Contrataciones Colectivas de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (APUFAT) fue visto por última vez el 9 de mayo de 2025, tras salir de una reunión en el complejo caraqueño de Parque Central. Luego de ocho días de desaparición forzada funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) reconocieron que el abogado y miembro de la ONG Provea se encontraba en El Helicoide. Torres, quien recibió una medida de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), permanece detenido en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda. 

Juan Pablo Guanipa

El dirigente político y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ) fue detenido el 23 de mayo de 2025 en Caracas, luego de permanecer en la clandestinidad. El ministro Cabello lo vinculó con un supuesto grupo que planeaba ataques para boicotear las elecciones parlamentarias y regionales. Familiares denunciaron que el también comunicador social permanece aislado e incomunicado en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez.

Carlos Marcano

Al periodista y profesor de la Universidad Monteávila lo vincularon con el supuesto grupo que lideraba Guanipa y fue detenido el mismo día en su residencia ubicada en la urbanización Miranda de Caracas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que fue trasladado al Centro Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Los padres del comunicador social enviaron una carta al Papa León XIV, donde expusieron que este padece de depresión y ansiedad y se encuentra bajo tratamiento médico. Marcano fue excarcelado el 14 de enero junto a otro grupo de periodistas. 

Rodrigo Cabezas

El 12 de junio del año pasado el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo en Maracaibo al economista y profesor de la Universidad del Zulia (LUZ). Cabezas se desempeñó como ministro de Finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez y fue miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), sin embargo en los últimos años se había convertido en crítico de la gestión de Nicolás Maduro, hoy preso en los Estados Unidos con acusaciones de terrorismo y narcotráfico. Tras 41 días detenido, fue excarcelado sin audiencia de presentación y sin que se conocieran los cargos que se le imputaron. 

Macario González

Su hija Macarena González denunció que el exalcalde de Barquisimeto y profesor universitario desapareció en septiembre de 2025, luego de una reunión en la Universidad Fermín Toro de la capital larense. Tras cuatro meses de desaparición forzada, González fue excarcelado. Según medios locales, al exalcalde que estuvo en la sede del Sebin en Barquisimeto no se le impusieron medidas cautelares de presentación ni otras restricciones formales.

Ricardo Berríos

El economista y profesor de la Universidad Valle del Momboy en el estado Trujillo fue detenido por cuerpos de seguridad del Estado adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) a finales de septiembre del año pasado. Berríos fue presentado posteriormente en una audiencia telemática, en la que se le imputaron los delitos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y traición a la patria. 

Tesistas de la UCV

La ONG Surgentes denunció en octubre de 2025 la detención de tesistas y productores audiovisuales de la Escuela de Artes de la UCV identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra. 

Los estudiantes estaban en las adyacencias de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua y luego de tomar una presunta foto fueron detenidos por funcionarios de seguridad que los remitieron a agentes del Sebin. El 3 de noviembre fueron excarcelados.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La respuesta a las mujeres que claman libertad de presos políticos en Zona 7 fue un muro

Redacción Runrun.es
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La respuesta a las mujeres que claman libertad de presos políticos en Zona 7 fue un muro

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) cerró los accesos hacia la Zona 7 de Boleíta, lugar donde se encuentran detenidos cientos de presos políticos. Con un muro de rejas metálicas, el cuerpo policial impuso una barrera para impedir el paso de familiares que claman por la libertad de los detenidos.

Desde el pasado 8 de enero, familiares de los presos políticos están pernoctando en el lugar en espera de las liberaciones anunciadas por la vicepresidenta encargada de Venezuela con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, pero en vez de obtener respuestas han sido amedrentados.

Familiares de los presos políticos se encuentran apostados mantienen una protesta pacífica en el lugar para exigir una fe de vida y la libertad de sus seres queridos, ante la opacidad institucional que ha reinado respecto a las excarcelaciones,.

Segun información que compartió la ONG SIn Mordaza, los familiares han denunciado un incremento en el acoso policial.

“No son una amenaza; son familias que exigen una respuesta justa que el régimen sigue negando. ¡Basta de criminalizar el clamor de las madres!”, aseguró la ONG a través de su cuenta en X.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció el despliegue de un fuerte contingente policial en las cercanías del centro de detención la mañana de este 21 de enero y recordó que “el deber constitucional de los cuerpos de seguridad es proteger a la población, no amedrentarla”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Piden libertad de tres presos políticos hondureños detenidos hace siete meses en Margarita

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Piden libertad de tres presos políticos hondureños detenidos hace siete meses en Margarita

Los familiares de Johonnie Martínez, Walter López y Willy Delano Bowman Webster intensificaron su clamor para lograr la liberación de los tres marinos hondureños, quienes permanecen detenidos en Venezuela desde el 19 de junio de 2025.

A través de un video difundido por la ONG Foro Penal, Tammy Tennyson, esposa de Bowman, hizo un llamado directo: “Mi nombre es Tammy Tennyson, la esposa de Willie Bowman. Estoy pidiendo la libertad de los tres hondureños”.

Según los familiares, los tres hombres formaban parte de la tripulación del N35, un buque de bandera panameña operado por la empresa belga Siatec, dedicado a la investigación arqueológica y la búsqueda de naufragios de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la naturaleza técnica de su trabajo, el Ministerio de Defensa de Venezuela ha calificado sus actividades como presunto espionaje. Fueron detenidos en la isla de Margarita.

Ante estas acusaciones, Tennyson defendió la integridad de los detenidos afirmando que “son hombres trabajadores que siempre proporcionan para su familia. Son hombres honestos que tienen un trabajo de vida honesto”. Sus familiares insisten en que los marinos no son delincuentes y que han sido detenidos arbitrariamente sin evidencias inculpatorias.

Clamor ante el contexto político regional

La situación de los hondureños es considerada crítica, especialmente porque el resto de la tripulación que los acompañaba ya ha sido puesta en libertad. “Es difícil cuando ves que el resto de la escuadra que estaba en el barco con ellos se han liberado. Y solo los tres de ellos no han sido liberados todavía”, expresó Tennyson con angustia.

Además, la falta de contacto con los detenidos ha agravado la desesperación de sus seres queridos, ya que no se tiene información oficial sobre su paradero. “No hemos escuchado nada de ellos desde entonces… Desde septiembre, realmente no recuerdo el día, fue el mes en que me llamó. Desde entonces, no he escuchado nada más de ellos”.

La preocupación aumentó tras los bombardeos ejecutados por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, los cuales culminaron con la captura de Nicolás Maduro. Estos eventos que han agudizado la tensión en la zona donde se encuentran los marinos, publicó Hondudiario.

Debido a que la Cancillería hondureña no ha brindado respuestas efectivas, las familias han solicitado la intervención directa de la presidenta Xiomara de Zelaya para que interceda ante las autoridades venezolanas.

El impacto de esta detención es tanto emocional como económico, pues, como subrayó Tennyson: “Nuestra familia depende de ellos… estoy pidiendo que nos ayuden a liberarlos y a enviarlos a su familia, por favor. Porque no es fácil sin ellos”.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa | Andreína Baduel: “La puerta giratoria no ha parado”

La Conversa | Andreína Baduel: “La puerta giratoria no ha parado”

Alianza Rebelde Investiga (ARI)
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La Conversa | Andreína Baduel: “La puerta giratoria no ha parado”

Pese a las supuestas excarcelaciones masivas anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero, la activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), Andreína Baduel, aseguró que en lo que va de 2026 se han producido nuevas detenciones arbitrarias por parte del Estado venezolano.

Baduel dijo en la edición de este martes 20 de enero de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que la puerta giratoria, donde algunos presos políticos salen de las prisiones y otros entran, no ha dejado de funcionar.

“En menos de una semana, el comité ha recibido denuncias de 200 nuevos casos que no conocíamos, casos de vieja data, que los familiares no denunciaban porque estaban atemorizados”, aseguró la defensora de derechos humanos en el programa conducido por Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes.

Amaya apuntó que las excarcelaciones anunciadas por el gobierno de Delcy Rodríguez se han producido a cuentagotas y no han satisfecho las expectativas de los familiares.

Baduel indicó que en Clippve contabilizan más de 1.000 familias con presos políticos.

“Así como hemos documentado 150 excarcelaciones, tenemos que denunciar que las condiciones en las que están quienes todavía siguen injustamente detenidos son inhumanas”.

El director de Tal Cual señaló que hay opacidad en torno a las cifras por parte del Estado y el propio Rodríguez ofreció una lista de nombres que no ha entregado a diputados de oposición en la Asamblea Nacional.

Baduel informó que debido al oscurantismo por parte del gobierno, cada organización no gubernamental maneja números que no concuerdan, pero que coinciden en que lo prometido a principios de año no se ha llevado a cabo.

Según la activista, el criterio de selección para las excarcelaciones es desconocido, lo único que tienen en común quienes abandonan las prisiones es que poseen medidas cautelares, prohibición de salida del país, declarar a medios de comunicación y empleo de sus redes sociales.

Baduel agregó que entre la cifra milenaria de presos políticos hay más de 200 desaparecidos, 80 personas con condiciones críticas de salud, 26 detenidos que han muerto bajo custodia del Estado, 16 militares que cumplieron condena en noviembre de 2025 y fueron trasladados a un destino desconocido y otros 32 que estaban en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, de los cuales se desconoce su actual paradero.

La activista indicó que desde julio de 2024 han acudido 11 veces a la sede del Ministerio Público sin hasta ahora obtener respuesta sobre las condiciones de los presos políticos.  

“Esto ha sido una montaña rusa de emociones, lo que tenemos claro es que en Venezuela se siguen violando derechos humanos porque a la mayoría de los presos se les impone un mismo patrón y acusa de terrorismo e instigación al odio, además se les impone una defensa pública”, remarcó.

Zona 7: esperanza de libertad

Para Baduel, la Zona 7 de Boleíta en Caracas, donde hay una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que alberga presos políticos, se ha convertido en una especie de bastión de la libertad. Recordó que desde que Jorge Rodríguez hizo el anuncio, familiares de detenidos se encuentran en vigilia permanente frente al centro de reclusión.

De acuerdo a Blanco, la zona, donde están ubicadas empresas y un colegio, presenta un colapso de tránsito desde entonces.

Baduel sostuvo que los familiares son constantemente amenazados para que claudiquen y abandonen el lugar, pero han resistido a la presión. Amaya expuso que la insistencia ha provocado que funcionarios policiales y familiares hayan establecido pactos de convivencia.

A juicio de Baduel, algunos agentes de seguridad no están de acuerdo con las políticas represivas del Estado, sin embargo no terminan de dar el paso para acatar la Constitución.

La activista indicó que la cárcel de El Rodeo I en el estado Miranda, donde está su hermano Josnars, se ha convertido en un centro de tortura ejemplarizante.

“Nos obligan a verlos a través de un vidrio, no podemos proporcionarles alimentos ni bebidas, tampoco permiten atención médica. Mi hermano me ha dicho que no vaya a verle porque teme por mi seguridad, tengo un apostamiento policial constante cerca de mi casa, que no solo afecta mi activismo sino también mi vida”, narró.

Haciéndose eco de la denuncia de coacción hecha por Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, cuyo esposo Rafael Tudares está preso, Baduel manifestó que detenidos y familiares padecen constantemente extorsiones para ser excarcelados o aliviar sus condiciones de reclusión.

“Se aprovechan del dolor de las víctimas”, denunció..

La activista recordó que para ayudar a presos políticos y familiares, la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) activó un operativo para recolectar insumos.

“Estamos pidiendo la apertura de un canal humanitario, esto tiene que ser una conjugación de fuerzas, el llamado es a que se active la solidaridad, las víctimas necesitamos sentir que no estamos solas”, concluyó.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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