El sistema judicial venezolano dictó el 11 de noviembre de 2025 una condena contra Juan Francisco Alvarado, un estudiante de Comunicación Social de 31 años. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el caso, indicando que el proceso careció de pruebas y garantías y que el caso se convirtió en una muestra de la criminalización de la denuncia ciudadana.
Alvarado, quien residía en la comunidad de Apartadero, estado Cojedes, solo buscaba una solución a problemas que afectaban su vida diaria. El desbordamiento de aguas negras en su zona le impedía realizar necesidades básicas en su propio hogar, por lo que debía trasladarse a diario a casa de su abuela. Utilizando la aplicación VenApp (herramienta creada por el propio Ejecutivo) y sus redes sociales, Juan reportó el colapso de las cloacas y la avería de transformadores eléctricos que nunca fueron reparados, a pesar de que los recursos públicos ya habían sido asignados.
Su familia afirma que los miembros del consejo comunal de su zona tenían conocimiento de estas denuncias y del seguimiento que hacían las autoridades para constatar si habían reparado las fallas.
“Desde la Ven App llamaban para preguntar si ya los habían arreglado, y Juan decía la verdad: que no. Eso fue lo que, al parecer, desató todo lo que hoy estamos viviendo”, relató un familiar al sntp, quienes aseguran que la condena es “una represalia política “del exalcalde Uliber Quintero”.
Los allegados a Alvarado sostienen que Juan solo ponía en práctica lo que aprendía en su carrera de periodismo: informar sobre la realidad de su entorno.
Un juicio “por teléfono”
La detención se practicó en marzo de 2025, cuando regresaba en una unidad de transporte público desde el estado Lara hacia Apartadero, en el municipio Anzoátegui del estado Cojedes, donde vive con su familia. Había viajado para acompañar a una tía con problemas en la rodilla. En el punto de control La Cascada, en el estado Portuguesa, pidieron las cédulas de identidad a los pasajeros, verificaron sus datos y le informaron que existía una orden de aprehensión en su contra emitida por la Fiscalía Décima del Ministerio Público del estado Cojedes por el delito de incitación al odio.
Las irregularidades encontradas en el proceso son alarmantes. Desde su detención el 20 de marzo de 2025 en un punto de control de la Guardia Nacional, el estudiante de Comunicación Social estuvo en un laberinto judicial viciado:
- Sin pruebas técnicas: La acusación se basó en supuestas publicaciones en redes sociales que Juan negó reiteradamente. Nunca se comprobó que las cuentas fueran suyas.
- Juicio telefónico: En franca violación al principio de inmediación, la audiencia de juicio se celebró vía telefónica, alegando problemas de conectividad.
- Testigos ausentes: El principal acusador, un supuesto miembro del PSUV, nunca compareció ante el tribunal.
Salud en riesgo
Juan Francisco Alvarado no es solo una cifra más de la persecución política. Es un paciente crónico que requiere atención constante, la cual se ve limitada en su actual sitio de reclusión en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, en Guanare.
Su caso se enmarca en el patrón de “patrullaje cibernético” intensificado tras la persecución desatada luego de los comicios presidenciales de 2024. El SNTP explica que esto se traduce “en una práctica extendida de vigilancia digital, monitoreo de redes sociales y revisión forzada de dispositivos, que ha derivado en decenas de detenciones arbitrarias en todo el país”.
La revisión de sus redes sociales, en la que compartía información sobre protestas, llevaron a concluir a las autoridades -sin mayor análisis ni pruebas técnicas concluyentes- que estaba llamando a una “rebelión civil”.
Hoy, Juan es uno de los cinco trabajadores o estudiantes de la prensa que permanecen tras las rejas, mientras organizaciones nacionales e internacionales exigen su libertad plena.
Periodistas y trabajadores de la prensa tras las rejas
Además de visibilizar el caso de Alvarado y exigir justicia por las irregularidades que lo llevaron a una condena desproporcionada, el SNTP recordó que desde el 8 de enero, fecha en la que Jorge Rodríguez anunció la liberación de personas presas por razones políticas, fueron liberados 19 periodistas y trabajadores de la prensa mientras que seis persisten injustamente encarcelados.
“Seguimos esperando que nuestros compañeros periodistas y trabajadores de la prensa sean liberados. Ellos y todos los detenidos. Aún faltan 6”, indicaron en una publicación en la red social X el 22 de enero de 2026.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
