TelegramWhatsAppFacebookX

Claves | Aula Abierta reportó 28 detenciones de universitarios en 2025

28 personas vinculadas al ámbito académico universitario fueron detenidas en 2025, de acuerdo a un informe elaborado por la ONG Aula Abierta.

La organización expuso que entre aprehendidos y hostigados fueron 37: doce profesores universitarios, once estudiantes, tres trabajadores del sector, un representante de federación estudiantil y una de asociación de egresados

La investigación arrojó que nuevamente se calificó a universitarios como terroristas y traidores a la patria, respondiendo a una política de estigmatización que los ubica como enemigos del Estado.

David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, sentenció que especialmente desde finales de 2024 se estigmatiza al universitario como terrorista.

Gómez informó que de los 339 estudiantes y 17 profesores detenidos en las protestas de 2017, la mayoría fueron presentados, pero desde 2024, el Estado inició una práctica de desaparición forzada sin precedentes

“Las personas eran detenidas y pasaban días o semanas sin que los familiares o abogados tuvieran conocimiento de su paradero o si se encontraban bajo la custodia del Estado, colocándolas en total desprotección legal”, APUNTÓ.

Criminalización de los estudiantes

Según datos de Aula Abierta, de 35 universitarios que fueron detenidos entre el 28 de julio y finales de diciembre de 2024, siete fueron procesados como “terroristas”

Aula Abierta expuso que la práctica de persecución intenta minimizar la influencia de la comunidad universitaria sobre la construcción de una conciencia colectiva y criminalizar la participación de estudiantes y profesores en la discusión de los asuntos públicos.

La ONG igualmente denunció que se registraron actos de hostigamiento policial en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad de Oriente (UDO), Universidad de Los Andes (ULA) y en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Asimismo denunció torturas al profesor universitario Jesús Armas e intimidación a su pareja, la activista Sairam Rivas.

“Los universitarios requieren de una protección especial porque en escenarios críticos son vulnerables. Si bien la libertad de expresión y asociación son consideradas como un derecho humano, la académica también”, dijo Gómez,

Sentenció que en vista de la opacidad reinante en torno a cifras oficiales no se conocen los nombres de todos los universitarios presos y amedrentados.

“Los universitarios son actores críticos de la sociedad y por ende considerados enemigos del contexto autoritario. Sufren persecución, represalias y son víctimas de la política de Estado de reducción del espacio cívico”. 

Carlos Melendez, director del Observatorio de Universidades (OBU), señaló que esta organización ha registrado la detención de al menos doce docentes universitarios luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

“Las regiones con más aprehensiones de profesores son los andes, Zulia y Distrito Capital. Las universidades con mayor número de víctimas son la ULA, UCV, Universidad del Zulia (LUZ) y Valle del Momboy en Trujillo. De 2024 a 2025 hubo un incremento de 79% de denuncias por motivo de violaciones a derechos políticos y civiles en universidades”, manifestó Melendez.

El director del OBU sostuvo que de la docena de profesores presos solo han sido excarcelados dos: Rocío San Miguel y Enrique Márquez

Melendez aseveró que la docencia está vinculada al activismo, tal es el caso de Javier Tarazona, quien es director de la ONG de Fundaredes y profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y se encuentra preso.

“2025 fue un año de mucho temor, especialmente en las universidades no controladas por el gobierno. La totalidad de los docentes que han sido detenidos pertenecen a estas casas de estudio. El ministerio de Educación Superior ha hecho caso omiso a las denuncias de atropellos”.  

A continuación presentamos una cronología de las detenciones de algunos miembros del ámbito universitario en 2025: 

Carlos Correa

El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, fue interceptado por personas encapuchadas y sin identificación al salir de su oficina en Caracas el 7 de enero del año pasado. Duró 168 horas en desaparición forzada y fue excarcelado luego de nueve días. Se encuentra bajo régimen de presentación.

Enrique Márquez

En la misma fecha que Carlos Correa, agentes policiales aprehendieron al profesor de la Universidad del Zulia (LUZ) y ex candidato presidencial, Enrique Márquez. Sin presentar pruebas, un día después de su captura, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó al docente de estar involucrado en un intento de golpe de Estado. Aseguró que formaba parte de un complot junto a un supuesto agente del FBI y Rafael Tudares, yerno del también excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia. Márquez fue excarcelado el pasado 8 de enero con medidas cautelares de presentación, prohibición de dar declaraciones y usar redes sociales.

Leandro Palmar y Belices Cubillán

Los dos trabajadores de la radio de la Universidad del Zulia (LUZ) fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 9 de enero de 2025 en el marco de una protesta pacífica en la plaza La República de Maracaibo. Dos días después, el periodista Palmar y el técnico Cubillán fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se determinó que debían permanecer privados de libertad. Les imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, instigación al odio y alteración al orden público. Fueron trasladados en noviembre del año pasado a la cárcel de Tocorón en el estado Aragua y excarcelados el pasado 14 de enero junto a un grupo de comunicadores sociales. 

Eduardo Torres

El secretario de Reclamos y Contrataciones Colectivas de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (APUFAT) fue visto por última vez el 9 de mayo de 2025, tras salir de una reunión en el complejo caraqueño de Parque Central. Luego de ocho días de desaparición forzada funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) reconocieron que el abogado y miembro de la ONG Provea se encontraba en El Helicoide. Torres, quien recibió una medida de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), permanece detenido en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda. 

Juan Pablo Guanipa

El dirigente político y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ) fue detenido el 23 de mayo de 2025 en Caracas, luego de permanecer en la clandestinidad. El ministro Cabello lo vinculó con un supuesto grupo que planeaba ataques para boicotear las elecciones parlamentarias y regionales. Familiares denunciaron que el también comunicador social permanece aislado e incomunicado en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez.

Carlos Marcano

Al periodista y profesor de la Universidad Monteávila lo vincularon con el supuesto grupo que lideraba Guanipa y fue detenido el mismo día en su residencia ubicada en la urbanización Miranda de Caracas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que fue trasladado al Centro Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Los padres del comunicador social enviaron una carta al Papa León XIV, donde expusieron que este padece de depresión y ansiedad y se encuentra bajo tratamiento médico. Marcano fue excarcelado el 14 de enero junto a otro grupo de periodistas. 

Rodrigo Cabezas

El 12 de junio del año pasado el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo en Maracaibo al economista y profesor de la Universidad del Zulia (LUZ). Cabezas se desempeñó como ministro de Finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez y fue miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), sin embargo en los últimos años se había convertido en crítico de la gestión de Nicolás Maduro, hoy preso en los Estados Unidos con acusaciones de terrorismo y narcotráfico. Tras 41 días detenido, fue excarcelado sin audiencia de presentación y sin que se conocieran los cargos que se le imputaron. 

Macario González

Su hija Macarena González denunció que el exalcalde de Barquisimeto y profesor universitario desapareció en septiembre de 2025, luego de una reunión en la Universidad Fermín Toro de la capital larense. Tras cuatro meses de desaparición forzada, González fue excarcelado. Según medios locales, al exalcalde que estuvo en la sede del Sebin en Barquisimeto no se le impusieron medidas cautelares de presentación ni otras restricciones formales.

Ricardo Berríos

El economista y profesor de la Universidad Valle del Momboy en el estado Trujillo fue detenido por cuerpos de seguridad del Estado adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) a finales de septiembre del año pasado. Berríos fue presentado posteriormente en una audiencia telemática, en la que se le imputaron los delitos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y traición a la patria. 

Tesistas de la UCV

La ONG Surgentes denunció en octubre de 2025 la detención de tesistas y productores audiovisuales de la Escuela de Artes de la UCV identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra

Los estudiantes estaban en las adyacencias de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua y luego de tomar una presunta foto fueron detenidos por funcionarios de seguridad que los remitieron a agentes del Sebin. El 3 de noviembre fueron excarcelados.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Un informe destaca que el Estado estigmatiza a los miembros de la comunidad universitaria como terroristas y enemigos de la patria. El director de la ONG, David Gómez, dijo que la libertad académica es un derecho humano
/
redacción runrunes
TelegramWhatsAppFacebookX

28 personas vinculadas al ámbito académico universitario fueron detenidas en 2025, de acuerdo a un informe elaborado por la ONG Aula Abierta.

La organización expuso que entre aprehendidos y hostigados fueron 37: doce profesores universitarios, once estudiantes, tres trabajadores del sector, un representante de federación estudiantil y una de asociación de egresados

La investigación arrojó que nuevamente se calificó a universitarios como terroristas y traidores a la patria, respondiendo a una política de estigmatización que los ubica como enemigos del Estado.

David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, sentenció que especialmente desde finales de 2024 se estigmatiza al universitario como terrorista.

Gómez informó que de los 339 estudiantes y 17 profesores detenidos en las protestas de 2017, la mayoría fueron presentados, pero desde 2024, el Estado inició una práctica de desaparición forzada sin precedentes

“Las personas eran detenidas y pasaban días o semanas sin que los familiares o abogados tuvieran conocimiento de su paradero o si se encontraban bajo la custodia del Estado, colocándolas en total desprotección legal”, APUNTÓ.

Criminalización de los estudiantes

Según datos de Aula Abierta, de 35 universitarios que fueron detenidos entre el 28 de julio y finales de diciembre de 2024, siete fueron procesados como “terroristas”

Aula Abierta expuso que la práctica de persecución intenta minimizar la influencia de la comunidad universitaria sobre la construcción de una conciencia colectiva y criminalizar la participación de estudiantes y profesores en la discusión de los asuntos públicos.

La ONG igualmente denunció que se registraron actos de hostigamiento policial en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad de Oriente (UDO), Universidad de Los Andes (ULA) y en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Asimismo denunció torturas al profesor universitario Jesús Armas e intimidación a su pareja, la activista Sairam Rivas.

“Los universitarios requieren de una protección especial porque en escenarios críticos son vulnerables. Si bien la libertad de expresión y asociación son consideradas como un derecho humano, la académica también”, dijo Gómez,

Sentenció que en vista de la opacidad reinante en torno a cifras oficiales no se conocen los nombres de todos los universitarios presos y amedrentados.

“Los universitarios son actores críticos de la sociedad y por ende considerados enemigos del contexto autoritario. Sufren persecución, represalias y son víctimas de la política de Estado de reducción del espacio cívico”. 

Carlos Melendez, director del Observatorio de Universidades (OBU), señaló que esta organización ha registrado la detención de al menos doce docentes universitarios luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

“Las regiones con más aprehensiones de profesores son los andes, Zulia y Distrito Capital. Las universidades con mayor número de víctimas son la ULA, UCV, Universidad del Zulia (LUZ) y Valle del Momboy en Trujillo. De 2024 a 2025 hubo un incremento de 79% de denuncias por motivo de violaciones a derechos políticos y civiles en universidades”, manifestó Melendez.

El director del OBU sostuvo que de la docena de profesores presos solo han sido excarcelados dos: Rocío San Miguel y Enrique Márquez

Melendez aseveró que la docencia está vinculada al activismo, tal es el caso de Javier Tarazona, quien es director de la ONG de Fundaredes y profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y se encuentra preso.

“2025 fue un año de mucho temor, especialmente en las universidades no controladas por el gobierno. La totalidad de los docentes que han sido detenidos pertenecen a estas casas de estudio. El ministerio de Educación Superior ha hecho caso omiso a las denuncias de atropellos”.  

A continuación presentamos una cronología de las detenciones de algunos miembros del ámbito universitario en 2025: 

Carlos Correa

El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, fue interceptado por personas encapuchadas y sin identificación al salir de su oficina en Caracas el 7 de enero del año pasado. Duró 168 horas en desaparición forzada y fue excarcelado luego de nueve días. Se encuentra bajo régimen de presentación.

Enrique Márquez

En la misma fecha que Carlos Correa, agentes policiales aprehendieron al profesor de la Universidad del Zulia (LUZ) y ex candidato presidencial, Enrique Márquez. Sin presentar pruebas, un día después de su captura, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó al docente de estar involucrado en un intento de golpe de Estado. Aseguró que formaba parte de un complot junto a un supuesto agente del FBI y Rafael Tudares, yerno del también excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia. Márquez fue excarcelado el pasado 8 de enero con medidas cautelares de presentación, prohibición de dar declaraciones y usar redes sociales.

Leandro Palmar y Belices Cubillán

Los dos trabajadores de la radio de la Universidad del Zulia (LUZ) fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 9 de enero de 2025 en el marco de una protesta pacífica en la plaza La República de Maracaibo. Dos días después, el periodista Palmar y el técnico Cubillán fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se determinó que debían permanecer privados de libertad. Les imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, instigación al odio y alteración al orden público. Fueron trasladados en noviembre del año pasado a la cárcel de Tocorón en el estado Aragua y excarcelados el pasado 14 de enero junto a un grupo de comunicadores sociales. 

Eduardo Torres

El secretario de Reclamos y Contrataciones Colectivas de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (APUFAT) fue visto por última vez el 9 de mayo de 2025, tras salir de una reunión en el complejo caraqueño de Parque Central. Luego de ocho días de desaparición forzada funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) reconocieron que el abogado y miembro de la ONG Provea se encontraba en El Helicoide. Torres, quien recibió una medida de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), permanece detenido en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda. 

Juan Pablo Guanipa

El dirigente político y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ) fue detenido el 23 de mayo de 2025 en Caracas, luego de permanecer en la clandestinidad. El ministro Cabello lo vinculó con un supuesto grupo que planeaba ataques para boicotear las elecciones parlamentarias y regionales. Familiares denunciaron que el también comunicador social permanece aislado e incomunicado en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez.

Carlos Marcano

Al periodista y profesor de la Universidad Monteávila lo vincularon con el supuesto grupo que lideraba Guanipa y fue detenido el mismo día en su residencia ubicada en la urbanización Miranda de Caracas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que fue trasladado al Centro Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Los padres del comunicador social enviaron una carta al Papa León XIV, donde expusieron que este padece de depresión y ansiedad y se encuentra bajo tratamiento médico. Marcano fue excarcelado el 14 de enero junto a otro grupo de periodistas. 

Rodrigo Cabezas

El 12 de junio del año pasado el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo en Maracaibo al economista y profesor de la Universidad del Zulia (LUZ). Cabezas se desempeñó como ministro de Finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez y fue miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), sin embargo en los últimos años se había convertido en crítico de la gestión de Nicolás Maduro, hoy preso en los Estados Unidos con acusaciones de terrorismo y narcotráfico. Tras 41 días detenido, fue excarcelado sin audiencia de presentación y sin que se conocieran los cargos que se le imputaron. 

Macario González

Su hija Macarena González denunció que el exalcalde de Barquisimeto y profesor universitario desapareció en septiembre de 2025, luego de una reunión en la Universidad Fermín Toro de la capital larense. Tras cuatro meses de desaparición forzada, González fue excarcelado. Según medios locales, al exalcalde que estuvo en la sede del Sebin en Barquisimeto no se le impusieron medidas cautelares de presentación ni otras restricciones formales.

Ricardo Berríos

El economista y profesor de la Universidad Valle del Momboy en el estado Trujillo fue detenido por cuerpos de seguridad del Estado adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) a finales de septiembre del año pasado. Berríos fue presentado posteriormente en una audiencia telemática, en la que se le imputaron los delitos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y traición a la patria. 

Tesistas de la UCV

La ONG Surgentes denunció en octubre de 2025 la detención de tesistas y productores audiovisuales de la Escuela de Artes de la UCV identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra

Los estudiantes estaban en las adyacencias de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua y luego de tomar una presunta foto fueron detenidos por funcionarios de seguridad que los remitieron a agentes del Sebin. El 3 de noviembre fueron excarcelados.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Todavia hay más
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.