“Ya se encuentra en su casa con buen estado de salud, cobijada por sus familiares más cercanos, entre ellos sus padres e hijas. Agradecemos a todas las personas y organizaciones que alzaron su voz solicitando su liberación y que siempre se mantuvieron atentos y solidarios con la situación a la cual fue sometida nuestra compañera”.
Con ese comunicado, la organización Súmate confirmó este martes 10 de febrero la excarcelación de Nélida Sánchez, coordinadora nacional de formación de la ONG, detenida de manera arbitraria el pasado 28 de agosto de 2024.
La organización denunció que con Sánchez usaron la misma práctica sistemática que con otros presos políticos al someterla a un proceso judicial viciado, donde no se tuvo acceso al expediente, se facilitaron pruebas falsas y no hubo posibilidad de contar con una defensa privada.
Aunado a eso, los familiares de Sánchez revelaron que fue torturada y sometida a tratos crueles e inhumanos cuando estuvo recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide.
La familia de Sánchez indicó que las autoridades hicieron caso omiso de llamados a atención médica en vista de la delicada condición de salud de Nélida.
Sánchez forma parte de las más de 400 personas excarceladas que ha reportado la ONG Foro Penal Venezolano desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la salida de las prisiones de un número importante de presos políticos el pasado 8 de enero, cinco días después del bombardeo por parte de las fuerzas armadas estadounidenses que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) exhortó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a responder al recurso que introdujeron varios decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de varias casas de estudios públicas el pasado 2 de febrero, por la acción inconstitucional del Poder Ejecutivo de no ajustar el salario mínimo desde el año 2022.
“El Consejo Universitario constata con profunda preocupación el progresivo deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores venezolanos. Ello es consecuencia de la prolongada omisión del Poder Ejecutivo Nacional en el cumplimiento de la obligación prescrita en el artículo 91 de la Constitución: ajustar anualmente el salario mínimo vital, tomando el costo de la canasta básica como una de las referencias”, señala un comunicado firmado por el rector Víctor Rago y la secretaria Corina Aristimuño.
En el texto, el Consejo Universitario de la UCV recordó que la Constitución concibe el salario como un instrumento “para asegurar condiciones materiales, sociales e intelectuales compatibles con la dignidad humana”. Al respecto, alertaron que la ausencia de ajustes en años recientes, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo, “ha vaciado de contenido real ese mandato constitucional y ha colocado a amplios sectores de la población trabajadora, así como a jubilados y pensionados,en una situación inconciliable con los principios del Estado social de derecho y de justicia proclamado en el texto fundamental”.
Con respecto a las remuneraciones como bonos, recordaron que estas “constituyen incumplimientos de la obligación constitucional pues toda remuneración regular y permanente devengada por el trabajador tiene carácter salarial e incidencia en las prestaciones sociales. Solo así cumple su función de protección efectiva del trabajo y de la persona que vive de él”.
En consecuencia exhortaron a la Sala Constitucional del TSJ a “no ser indiferente a una omisión que afecta de manera directa y masiva derechos fundamentales y compromete la vigencia efectiva del orden constitucional, a declarar con lugar la demanda, otorgándole la tramitación prioritaria que amerita por la gravedad y urgencia social del asunto planteado y a instruir al Ejecutivo Nacional a cumplir en plazo perentorio su deber de ajustar con transparencia y racionalidad económica el salario mínimo vital, según los parámetros constitucionales y con participación de los actores sociales concernidos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Universidad Católica Andrés Bello reiteró su llamado a la liberación de los presos políticos y expresó su respaldo a la discusión en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Desde la Universidad Católica Andrés Bello consideramos que la Ley de Amnistía, por su propia naturaleza, así como los efectos que de ella se derivan, han de ser amplios y con el sentido de pluralidad que la realidad actual exige.
La institución pidió que se tomen en consideración las sugerencias y observaciones que han formulado distintas instituciones, organizaciones e individualidades, a los efectos de mejorar sustancialmente el texto del proyecto de Ley y pidió por el restablecimiento del Estado de Derecho y la vigencia efectiva de la Constitución, así como la derogación de las normas que han dado origen a las situaciones particulares que la Ley de Amnistía pretende revertir.
Entre los instrumentos mencionados en el comunicados se destaca la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro y el Decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior en todo el Territorio Nacional, entre otros.
Finalmente, la UCAB hizo un llamado a proseguir y dar celeridad a la agenda de reformas que requiere el camino a la reinstitucionalización y el reingreso formal de la República Bolivariana de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como promover la presencia plena en el país de las distintas instancias en materia de Derechos Humanos.
Más temprano, el Centro de Derechos Humanos de la institución había publicado un documento con 15 recomendaciones dirigidas a mejorar la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Entre las sugerencias incluían incorporar la definición delito político, ampliar el catálogo de supuestos sobre los cuales es aplicable el beneficio, garantizar la participación de las víctimas y precisar las reglas de interpretación, entre otras.
La Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ) estima un crecimiento del 50 % del mercado para el año 2026, cifra que representa las ventas de las 19 marcas que integran la Cámara. A la fecha, se contabilizan 250 establecimientos -entre Concesionarios, Centros de Distribución y Servicios de Atención al Cliente- donde el consumidor venezolano puede adquirir su vehículo, repuestos originales y servicio técnico garantizado, según la garantía que ofrezca cada marca presente en Venezuela.
Eduardo Cáceres, presidente ejecutivo de CAVENEZ advierte: “Confiamos en la recuperación progresiva del mercado automotriz local, que ya en el año 2025 comercializó 38.600 vehículos -pasajeros y carga- en el país, respaldados por las empresas que hacen vida en la Cámara. Al cierre de enero 2026, se registró un contundente movimiento en ventas, con 3.463 unidades colocadas -cifra que representa más del doble del mismo periodo del año pasado. Con optimismo, esperamos para el año en curso, un crecimiento en unidades -más de 50.000-, la consolidación y renovación del parque automotor; así como la confianza en un sector que, sin duda, será un motor conector y de apoyo al crecimiento de nuestra economía a corto, mediano y largo plazo”.
La gestión de CAVENEZ se enmarca en 4 pilares de protección: Garantía del Concesionario Autorizado, Seguridad de Repuestos Originales, el Servicio Post Venta como un derecho del consumidor local y el Riesgo de comprar vehículos en importadores no autorizados “Para atender estos puntos, hacemos seguimientos constantes en mesas de trabajo creadas con cada área de especialización del sector. Hasta ahora hemos visto gran compromiso y un camino robusto, ya trazado por las empresas. De hecho, en la consolidación de este dinámico mercado, afirmamos con satisfacción, que ya el sector automotriz aporta alrededor de 5.000 empleos directos, proyectándose como un actor fundamental que mueve la economía. Estamos convencidos que, de ahora en adelante, vendrán grandes oportunidades para mantener nuestro crecimiento”, explica Cáceres.
CAVENEZ presentó hoy su nueva website, que cuenta con un aplicativo, que permitirá ver las cifras globales, mes a mes y por marca, de las ventas en el sector. Estará abierta al público en general, pero ha sido diseñada pensando en profesionales especializados y medios de comunicación, de forma tal que pueden acceder a data de primer nivel y establecer comparativos. Es una herramienta útil y amigable de trabajo e información para sus usuarios.
La movilidad es un derecho y una herramienta de desarrollo
Desde la directiva de CAVENEZ y sus afiliados se han planteado un norte: continuar el acompañamiento a la industria nacional pública y privada, como ha sido históricamente. “Por eso mi mensaje va dirigido a todos los sectores: petróleo, energía, comercial, industrial y financiero. La Cámara está a su entera disposición para la discusión de temas vinculantes que promuevan el progreso. Estamos abiertos a generar acuerdos conjuntos con los diferentes entes públicos y aliados comerciales, que nos permitan apoyar transversalmente el proceso de transformación y crecimiento que está viviendo el país. La movilidad es un derecho y una herramienta de desarrollo”, comenta el presidente de CAVENEZ.
Todos cumplen con nuestros estatutos y normativa vigente, garantizando confiabilidad para el consumidor local. Invitamos a las empresas del ramo automotriz a integrarse a la Cámara y promover la fortaleza y confianza de nuestro sector, al tiempo que se materializa la necesaria actualización del parque automotor nacional”, cierra Cáceres.
Todos los representantes del sector y la directiva de CAVENEZ, tienen claro que, más allá de un negocio, la movilidad es una pieza angular, un engranaje que garantiza la consolidación de una economía sana y con futuro. Para ello estará presente la Cámara Automotriz Venezolana, con todos sus afiliados -y las empresas que se incorporen- respondiendo a las nuevas demandas, retos y necesidades que se generen en el sector automotor venezolano.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 11 de febrero,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Este martes 10 de febrero, familiares de presos políticos acudieron a la sede de la Asamblea Nacional (AN) con el objetivo de ser escuchados por los diputados.
Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), alertó que el Estado ha incumplido con las excarcelaciones anunciadas desde el pasado 8 de enero.
“Más de la mitad de los presos políticos quedarían excluidos de esta Ley de Amnistía si se aprueba sin escuchar a las víctimas”, dijo la activista.
“Lo que están cambiando es el sitio de reclusión. muchos de ellos tiene apostamiento policial, es decir, ni siquiera pueden salir de sus casas. Siguen presos pero cambiaron la locación”, abogado Joel García sobre juan pablo guanipa y perkins rocha
Lo que rompe en redes
Martha Tineo, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, emplazó a los diputados de la Asamblea Nacional sobre las inconsistencias de la Ley de Amnistía, aprobada en primera discusión en el Parlamento sin que muchos parlamentarios conocieran el contenido.
Siguiendo nuestro mandato, estuvimos presentes en la sesión de consulta acompañando a las víctimas y reiterando que la única vía legítima es el restablecimiento efectivo del Estado de Derecho en Venezuela. La situación de las personas detenidas por razones políticas responde al… pic.twitter.com/3z7V6LzG5F
Para este jueves está previsto el estreno en Venezuela de la película Cumbres Borrascosas, basada en la novela de Emily Bronte y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.
Familiares de presos políticos acudieron este marteS , 10 de febrero, a la Asamblea Nacional (AN) de corte oficialista con el objetivo de exponer cada caso ante los diputados y que escuchen sus sugerencias, a propósito del proyecto de Ley de Amnistía que ya fue aprobado en primera discusión, dado a que, según advierten, “más de la mitad” podría quedar excluida si se aprueba como está planteada.
Poco antes de las 11:00 de la mañana comenzó una concentración en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, donde familiares clamaron por la liberación de sus seres queridos y por tener información sobre los que aún siguen desaparecidos. Allí llegaron los diputados opositores Nora Bracho y Luis Florido.
La diputada Nora Bracho resaltó que son muchas mujeres quienes se han organizado para pedir la libertad de sus familiares. “Yo creo que es muy importante que las escuchemos y seamos empáticos”, dijo. La parlamentaria escuchó a algunos familiares y les manifestó que “no puede haber criminalización de la disidencia”.
Nora Bracho, diputado a la AN, consideró importante escuchar "desde el corazón y la empatía" a las mujeres, esposas, madres y familiares de presos políticos. Informó que han recibido observaciones de las ONG, sociedad civil y juristas sobre la Ley de Amnistía pic.twitter.com/ktJorHadTJ
Por su parte, el diputado Luis Florido señaló que existen otros mecanismos para lograr la libertad de los presos políticos, como la derogatoria de leyes como Simón Bolívar y la ley Contra el Odio, por las cuales hay muchas personas detenidas. “La derogatoria de esa ley y sus efectos. ¿Pero cómo lo vas a hacer? En eso estamos trabajando”, dijo. También vaticinó que tras la consulta pública y la segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía, la redacción de la ley “será muy distinta” a la que ya fue planteada en primera discusión.
A Florido se le preguntó qué opinaba de la nueva detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien este 10 de febrero fue devuelto a su casa bajo arresto domiciliario y un grillete electrónico. “Soy muy amigo de él, lo conozco bien, su expresión diaria fue la que usó en uno de sus memes. Creo que fue un poco imprudente, pero eso no implica que tenga que volver a la cárcel”, señaló.
El diputado Luis Florido rechazó la nueva detención de Juan Pablo Guanipa: "Soy muy amigo de él, lo conozco bien, su expresión diaria fue la que usó en uno de sus memes. Creo que fue un poco imprudente, pero eso no implica que tenga que volver a la cárcel" pic.twitter.com/5F3se9jHeX
“Más de la mitad de presos políticos quedarían excluidos”
Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), recordó que “esta es una lucha de muchos años”. En el caso de la suya, son 18 años “de persecución, burla y tragedia, y con nosotros, miles de víctimas”. Baduel alertó también que el Estado ha incumplido con las excarcelaciones anunciadas desde el pasado 8 de enero.
La activista advirtió asimismo que “más de la mitad de presos políticos quedarían excluidos de esta Ley de Amnistía si se aprueba sin escuchar a las víctimas”, recordando que durante años, han acudido a instituciones del Estado y no han respondido. Destacó que ya son 33 días que los familiares han hecho vigilias en los centros de detención esperando que sean excarcelados.
“No vamos a bajar la guardia, seguiremos en las calles denunciando que día tras día nos revictimizan y prolongan el dolor, cuando supuestamente están hablando con un discurso de reconciliación y de paz”, alertó.
Andreína Baduel, activista y miembro del@clippve "Esta es una lucha de muchos años, en el caso de nuestra familia, son 18 años de persecución, burla y tragedia, y con nosotros, miles de víctimas (…) El Estado no ha cumplido en su totalidad las excarcelaciones masivas" pic.twitter.com/7U58gUdUSt
Andreína Baduel, miembro del @clippve: "Lo ocurrido con Juan Pablo Guanipa sigue siendo un mensaje ejemplarizante de horror. Sigue evidenciando que en Venezuela persiste el terrorismo de Estado y que no hay garantías de nada" pic.twitter.com/UB2cDTFYrR
Entre esas alertas de exclusiones de la ley se encuentran los hermanos Otoniel, Rolando y Juan Guevara, quienes llevan más de 21 años tras las rejas por el asesinato de Danilo Anderson, delito que su familia asegura “no cometieron”. Jackeline Sandoval, esposa de Rolando Guevara, alertó que su pareja y sus cuñados estarían excluidos de la Ley de Amnistía si no se modifica el primer borrador.
“No están incluidos porque ellos excluyeron el homicidio como delito a ser protegido por esta Ley de Amnistía”, señaló Sandoval, al solicitar la amplitud de esta ley.
Jackeline Sandoval, esposa de uno de los hermanos Guevara, quienes podrían quedar excluidos de la Ley de Amnistía: "Tienen 21 años tras las rejas por un delito que no cometieron (…) Pedimos no solo amnistía, sino que se respete el estado de Derecho" pic.twitter.com/Q3Zu2P6KBS
Varios diputados de la bancada oficialista acudieron al lugar donde posteriormente recibieron a un grupo de familiares de presos políticos. Entre ellos estaba Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, quien a pesar de no haber declarado mucho a los medios, sí respondió cuando le preguntaron por la situación de Juan Pablo Guanipa.
“Cuando te otorgan una medida se debe respetar el espíritu de la medida para incorporarse a la política con respeto a las instituciones y no repetir, la garantía de no repetición es importante”, señaló Arreaza, mientras los familiares de presos políticos le pedían por sus seres queridos.
Jorge Arreaza, presidente de la comisión de la Ley de Amnistía, sobre caso Guanipa: "Cuando te otorgan una medida se debe respetar el espíritu de la medida para incorporarse a la política con respeto a las instituciones y no repetir, la garantía de no repetición es importante" pic.twitter.com/r7aWBgCXdV
Pero quien más comentó sobre el recibimiento a los familiares fue el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien ofreció declaraciones tiempo después que comenzó la reunión. Villegas salió acompañado de Ricardo Cussano, expresidente de Fedecámaras; Indira Urbaneja y la profesora Ana María Sanjuan, que forman parte de la denominada comisión por la paz de la presidencia encargada, Villegas señaló que acudieron como invitados de Jorge Arreaza.
“Ha sido una jornada muy respetuosa entre todos los presentes. Todos los testimonios nos tocaron el corazón. Todos los venezolanos estamos en una hora de dejar que nuestro corazón se abra y compartir el dolor de todos nuestros semejantes”, señaló Villegas en declaraciones a los medios.
Villegas indicó que se han reunido con sectores empresariales, iglesia, ONG, mujeres “chavistas y opositores” y movimientos de campesinos, entre otros: “Tenemos la disposición de abrir espacios para conversar con todos los sectores nacionales”.
Ernesto Villegas indicó que se han reunido con sectores empresariales, iglesia, ONG, mujeres "chavistas y opositores" y movimientos de campesinos, entre otros: "Tenemos la disposición de abrir espacios para conversar con todos los sectores nacionales" pic.twitter.com/xFnX7NlkrX
Además, informó que el Programa para la Convivencia y la Paz tiene previsto comenzar a reunirse con familiares de presos políticos a partir de este miércoles, 11 de febrero. “Hemos propuesto que quienes no hayan podido ejercer el derecho de palabra en esta jornada… puedan participar con nosotros también”, señaló. Antes de retirarse, conversó con algunos familiares de presos políticos detenidos por la Operación Gedeón, quienes le manifestaron: “Queremos fe de vida, tenemos siete meses que no sabemos de ellos”.
"Queremos fe de vida, tenemos siete meses que no sabemos de ellos", expresaron familiares de los presos políticos de la Operación Gedeón a Ernesto Villegas, quien dirige comisión de paz del gobierno de Delcy Rodríguez pic.twitter.com/z0GwUFzodS
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En 2025, Venezuela repitió como el tercer país más corrupto del planeta, de acuerdo con el último Índice de Percepción de la Corrupción (CPI 2025, por sus siglas en inglés) que anualmente elabora Transparencia Internacional.
En el estudio publicado este 10 de febrero, Venezuela obtuvo nuevamente 10/100 puntos y terminó en el puesto 180 de entre 182 evaluados.
En 2024, el país obtuvo la misma calificación para ubicarse apenas por encima de Sudán del Sur y Somalia, que ocupan el segundo y primer lugar, respectivamente, como los países percibidos como los más corruptos del mundo.
Entre los factores que determinan que Venezuela es un país corrupto, Transparencia Venezuela destaca el control de las rentas para sostener a la élite política y militar; la consolidación de redes de corrupción y las economías ilícitas; las empresas estatales utilizadas como extensión del partido de Gobierno y el desmantelamiento de los organismos del control.
Sobre la consolidación de las economías ilícitas en Venezuela, Transparencia Venezuela rastreó en los últimos años el avance de las estructuras corruptas en Venezuela. La organización denuncia que se ha establecido una relación simbiótica entre funcionarios públicos y el crimen organizado, “impulsando las economías ilícitas como el narcotráfico; la producción irregular y desvío del oro y otros minerales, la trata de personas y la extorsión”.
“Hasta 2025 hemos identificado 787 empresas en 36 sectores, 1087 personas relacionadas—como directivos, accionistas, exdirectivos, comisarios, empleados, agentes de las empresas— y 31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con algunas de estas personas”, señaló la organización.
Señales de alerta
Dinamarca, Finlandia y Singapur también vuelven a ocupar en ese mismo orden los primeros lugares como los países percibidos como menos corruptos del planeta con 89/100; 88/100 y 84/100, respectivamente. Sin embargo, el estudio advierte “retrocesos importantes”, que revelan que la corrupción está avanzando incluso en democracias consolidadas. Prueba de ello es que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12 hace una década a tan solo cinco este año.
Países como Estados Unidos (64/100), Nueva Zelanda (81/100), Reino Unido (70/100), Francia (66/100) y Suecia (80/100) registraron retrocesos en comparación con el Índice anterior.
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El Grupo Parlamentario Libertad (GPL) organizó este lunes, 9 de febrero, un foro público en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) para discutir el Proyecto de Ley de Justicia para la Convivencia Democrática, también conocido como Ley de Amnistía.
El encuentro reunió a los diputados de la bancada de la Libertad Henrique Capriles, Pablo Pérez, Nora Bracho, Antonio Ecarri, Tomás Guanipa y Alexis Algarra, además de académicos, expertos en derecho penal, representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
La actividad, convocada a pocos días de la aprobación en primera discusión del proyecto, permitió exponer los vacíos técnicos y los riesgos jurídicos del proyecto aprobado por unanimidad y en primera discusión el pasado 5 de enero.
Los participantes del evento, en su mayoría, expusieron sus preocupaciones sobre los alcances de la Ley de Amnistía y la necesidad de que la misma esté acompañada de “verdad, reparación para las víctimas y voluntad política para un cambio”. También, los ponentes mostraron su preocupación por la detención del líder político Juan Pablo Guanipa a pocas horas de ser excarcelado, asegurando que el hecho es “un mal precedente” en el contexto del debate de este instrumento jurídico.
Ambigüedades de la ley
Uno de los puntos más repetitivos durante el foro fue la falta de claridad en la definición de “delito político”. La profesora de Derecho de la Ucab, Margarita Vásquez explicó que en Venezuela no hay, o no existe tal definición por lo tanto, es difícil determinar el alcance de la ley.
Vásquez aclaró que las ambigüedades que presenta el proyecto de ley “compromete la seguridad jurídica” y deja por fuera otros aspectos que la exposición de motivos asegura atender, como es el caso de los delitos contra el patrimonio público.
“Resulta contradictorio que la Ley contra el Odio, utilizada como herramienta de persecución, tenga la misma pena que homicidio”, resaltó Vásquez, y recordó que una amnistía legítima, según estándares internacionales, debe incluir mecanismos de reparación los cuales están ausentes en el texto.
Por su parte, el doctor en Ciencias Jurídicas, Luis Beltrán Guerra, aseveró que la Ley de Amnistía se está aplicando a personas y a delitos que no existen. “Al que se debe indultar es al gobierno y no a los presos políticos”, dijo.
César Ramírez, dirigente del partido Centrados, cuestionó el artículo 9 de la ley señalando que la libertad de los presos políticos queda en manos de los mismos jueces que los detuvieron y sentenciaron.
Sociedad civil critica el concepto de clemencia
Miembros de la sociedad civil cuestionaron el uso de la palabra clemenciaen el texto de la ley de Amnistía. “Para una persona presa injustamente, “que le vengan a decir que lo van a soltar por un acto de clemencia es poco más que un insulto”, expresó Alba Purroy, activista social.
Señaló que el chavismo ha perseguido durante años a miles de venezolanos disidentes y que la ley de Amnistía “no es un favor… es una falta de respeto para con todos los detenidos”.
Purroy advirtió que el diseño de la ley está más enfocado para aquellos que aún no han sido detenidos o procesados que para los que ya enfrentan un proceso penal.
Una representante de la Federación del Colegio de Bioanalistas resaltó que la Ley de Amnistía debe mostrar claridad y respeto con todas aquellas personas que fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos e injusta detención y se reparen los daños causados.
José Ferreira, detenido en 2016 y exmilitante del partido Primero Justicia, pidió a los diputados que se estudie caso por caso porque la ley excluye casos que aunque no figuren como uno político, están relacionados indirectamente con la política.
Aprobar para avanzar
La diputada Nora Bracho aseguró que ellos como bancada de oposición decidieron votar y “aprobar para avanzar” en la liberación de todos los detenidos por motivos políticos. Afirmó que los 13 diputados están “dando la pelea y luchando” para que todos los privados de libertad puedan abrazarte en familia.
Expresó que todos los venezolanos tienen “profundas heridas” que cicatrizar y, aunque reconoce que la ley de amnistía “no es un favor”, todos deben “aprovechar”.
Por su parte, el diputado y exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles afirmó que con la ley de amnistía “el problema no es jurídico, es político”. Aseguró que se puede tener la mejor ley de amnistía, pero que si no hay voluntad política “no se puede avanzar”.
Capriles afirmó que las excarcelaciones recientes “no han sido consecuencia de la aprobación de la ley de amnistía”, sino de decisiones políticas puntuales provenientes de otras regiones. “Si esto fuera un tema jurídico, respetando la Constitución, no estaríamos aquí”, aseguró.
El diputado insistió en que la amnistía no será efectiva si continúan vigentes instrumentos como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar, que calificó como parte del “entramado represivo” del Estado.
Asimismo, advirtió que la ley debe ser amplia y no redactada para excluir casos específicos, pues “si nos ponemos a buscar cómo dejar a unos por fuera, la ley va a fracasar”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.