La población LGBTIQ+ en Venezuela enfrenta un entorno de “desprotección estatal” y “violencia sistemática”, caracterizado por una profunda desigualdad jurídica en comparación con el resto de la región. Esta situación ha convertido a las instituciones en agentes de agresión y al hogar en un espacio de peligro.
De acuerdo con un informe publicado por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, titulado “Venezuela: La arquitectura del odio y la deuda histórica que asfixia a la población LGBTIQ+”, solo en el primer semestre de 2025 se documentaron cerca de 150 casos de violencia y discriminación. El organismo destaca que, en 2024, el 43,18% de los hechos violentos fueron perpetrados directamente por funcionarios del Estado (25% por fuerzas de seguridad y 18,18% por otros agentes públicos).
El país arrastra una mora legislativa de 16 años que impide el derecho a la identidad de las personas trans, a pesar de las reformas en la Ley de Registro Civil. Asimismo, la exclusión del matrimonio igualitario en el Código Civil refuerza un sistema de “muerte civil” y exclusión para estas familias.
El contexto poselectoral de 2024 agravó la crisis con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la persecución de activistas. Políticas como la “Operación Tun Tun” y la Ley de Fiscalización de ONG han forzado el cierre de organizaciones históricas y el exilio de defensores de derechos humanos.
La violencia también se manifiesta a través de discursos de odio emitidos por altos funcionarios y prácticas de extorsión policial. El informe advierte que el silencio institucional es cómplice, pues sin leyes que protejan la identidad y sancionen el odio, el Estado permanece como “el principal verdugo”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El diputado Jorge Arreaza, integrante de la comisión especial encargada de ejecutar la recién aprobada Ley de Amnistía Democrática, anunció este viernes, 20 de febrero, que un grupo de 379 presos políticos recibirá medidas inmediatas de libertad y amnistía tras las gestiones realizadas ante el sistema de justicia. Esta cifra representa el inicio de la implementación operativa de la ley, con un despliegue que abarca distintas regiones del país.
En una entrevista concedida al programa A Pulso, el parlamentario compartió información oficial suministrada por los órganos judiciales, precisando: “Me acaban de pasar un papel donde me informan el tanto el Tribunal Supremo como el Ministerio Público que se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía a 371 en Caracas, cinco en Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas”.
🚨 Arreaza dice que 379 presos políticos serán “amnistiados” en las próximas horas
🇻🇪 El diputado chavista, Jorge Arreaza, informó este viernes que 379 presos políticos serán excarcelados entre la noche de hoy y la mañana del sábado 21 de febrero. El Ministerio Público solicitó… pic.twitter.com/vWIUsNE9hw
Este anuncio se produce en el marco de una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, la cual busca, en palabras de Arreaza, cerrar los “ciclos de violencia” y permitir el “reencuentro” de todos los actores políticos bajo el respeto a la Constitución.
“Amnistía es perdón, es el Estado que está perdonando, dándole otra oportunidad a quienes cometieron o presuntamente cometieron un delito con plenos derechos, en un hecho eh político de manifestación o un hecho violento y el Estado le dice ‘muy bien, quedas amnistiado ya no tienes delito, reincorpórate a la vida política y reincorpórate a tu vida plenamente sin el delito'”. Este proceso conlleva la extinción de la causa penal y la eliminación de antecedentes penales y registros policiales para los beneficiados.
La comisión especial, instalada bajo lo establecido en el artículo 15 de la normativa, trabaja actualmente en coordinación directa con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia para revisar los casos que se ajustan a los hechos ocurridos entre 1999 y 2025.
Asimismo, Arreaza recordó que existe un lapso de 15 días continuos para que el sistema de justicia ejecute las libertades y medidas correspondientes. No obstante, enfatizó que la ley mantiene “exclusiones estrictas” para quienes cometieron homicidios intencionales o atentaron contra la soberanía nacional al solicitar “intervenciones extranjeras”.
Tras los anuncios de Arreza, la mañana de este sábado, 21 de febrero, el vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, informó que desde el viernes en la noche se comenzaron a producir las primeras excarcelaciones derivadas de la Ley de Amnistía.
#21Feb 7:10 a.m. Desde el @ForoPenal estamos verificando que durante la noche de ayer y madrugada de hoy se están materializando las primeras liberaciones derivadas de la Ley de Amnistía.
A su vez, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, calificó de “discriminatorio e inconstitucional” excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. “No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”, señaló.
Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El diputado del Grupo Parlamentario Libertad, Stalin González, declaró que después de aprobada la Ley de Amnistía, cualquier persona puede usar una vía para ser amparado judicialmente.
“La puerta no se puede cerrar, la puerta quedó abierta para resolver los casos que no están previstos en la ley, y la puerta que quedó abierta es el artículo 15”, dijo en una rueda de prensa ofrecida junto a otros diputados de oposición.
González reconoció que la recién sancionada Ley de Amnistía tiene varias limitaciones.
“El Estado no ha cumplido su rol de impartir justicia imparcialmente, los tribunales no han cumplido con su papel, es importante que este país tenga instituciones que generen confianza”, sostuvo.
El miembro de Un Nuevo Tiempo manifestó que el artículo 7 permite que las personas que están en el exterior puedan nombrar a un abogado con un poder simple.
“Los venezolanos en el exterior pueden apegarse a la Ley de Amnistía y venir a Venezuela sin riesgo de ser detenidos. La ley no solo está hecha para los que están presos, sino también para cerrar las causas de mucha gente”, celebró.
González aseguró que sin el 3 de enero, la Ley de Amnistía no hubiese sido aprobada.
“Estamos aquí porque esta es una Venezuela distinta, han sucedido cosas en siete semanas, la voluntad política es diferente a la de antes”, opinó.
Mucho por hacer
Por su parte, la diputada Nora Bracho indicó que si un juez rechaza la solicitud de amnistía, la persona puede apelar.
“Los casos que no son por razones políticos serán enviados a la Comisión de Política Interior, es un clamor del pueblo venezolano que las heridas se cicatricen”, expresó.
Bracho, también de UNT, agradeció a los familiares de presos políticos, las ONG y la sociedad civil que participaron en la elaboración de la ley y recordó que este viernes 20 de febrero fue instalada la comisión especial de seguimiento a la Ley de Amnistía.
“Quedan pendientes temas como la amnistía laboral, la CVG, los empleados de Corpoelec, Pdvsa o personas que por montar un tuit hayan sido privadas de libertad”, resaltó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Familiares de aquellos presos políticos que quedaron excluidos de la Ley de Amnistía, aprobada y sancionada por la Asamblea Nacional de corte oficialista, exigieron un decreto presidencial de indulto para poder incorporar a quienes no serían beneficiados.
Durante una rueda de prensa organizada por el Foro Penal, la señora Francis Quiñones, madre del sargento segundo acusado de participar en la Operación Gedeón, Jonathan Franco Quiñones, calificó la ley como un “terrorismo, fraude y un paquete chileno, porque solo incluye a una minoría”.
Quiñones recordó que el Parlamento se reunió con familiares y ONG para escuchar a las víctimas “como quien dice, para cumplir las pautas”. Ironizó que cuando se reunían en privado decían: “‘Ya llamamos a las víctimas y a las ONG, ¿qué hablaron? Basura. No nos importa’. ¿Qué podíamos esperar de la decisión que tomaron, si ellos mismos se cobran y se dan el vuelto?”.
“Ellos tienen a sus mismos jueces y abogados. Es mentira que hayan querido dar este paso valiente hacia la paz y la justicia. Seguimos en lo mismo acá, con las mismas leyes que nos quieren impedir hablar, que nos quieren sancionar, nos quieren cerrar la boca, pero acá estamos y no nos van a callar, nosotros seguimos luchando por nuestros familiares contra esta extorsión y fraude”, expresó.
Ante esa situación, señaló que los familiares exigen un decreto presidencial para que todos los presos políticos sean liberados, destacando el caso de los “gedeones” o de operaciones militares que no fueron incluidas entre las consideraciones de amnistía. También instó a Laura Dogu, representante diplomática de los Estados Unidos en Venezuela, a investigar cárceles como el Fuerte Guaicaipuro “en la que hay varios desaparecidos, hay familiares que tienen hasta un año y medio sin saber de ellos”.
“Nuestros familiares están desnutridos, locos, mi hijo a mí no me pidió la bendición, él hablaba conmigo y ni me reconocía, temblaba,les dieron el mismo guion, todos decían que no los maltrataban. Creo que ha perdido como 40 kilos. Así como está él están todos los del Fuerte Guaicaipuro”, cuestionó.
Por su parte, la señora Betzaida Natera, madre del sargento Geomer Natera (caso Cotiza), calificó como una “burla” la Ley de Amnistía y, al igual que Francis Quiñones, denunció las condiciones de presos políticos en el Fuerte Guaicaipuro.
“A un año yo no he podido ver a mi hijo”, alertó la señora, quien exigió que su hijo sea trasladado de nuevo a la cárcel de Ramo Verde.
#Ahora | “Fueron excluidos, esto es una burla”, dice Betzaida Natera, madre del sargento Geomer Natera (caso Cotiza), sobre la Ley de Amnistía. Denuncia las condiciones del Fuerte Guaicaipuro y señala que en más de un año no ha recibido el permiso de las autoridades para poder… pic.twitter.com/xMqxkPHsW2
Una ley a espalda de las víctimas y a “conveniencia” de quien manda
Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y hermana del preso político Josnars Baduel, señaló que la Ley de Amnistía “ratifica que el régimen realmente no tiene voluntad de hacer las cosas distintas”.
En una entrevista que ofreció al programa Conclusiones, conducido por el periodista Fernando del Rincón, Baduel expresó: “Esta Ley de Amnistía, desde que comenzó hasta este momento, inició de forma incorrecta porque su primera discusión se hizo sin siquiera haberse reunido con las víctimas de persecución en Venezuela. Ellos vinieron a escuchar a las víctimas fue porque hicimos una actividad fuera de la Asamblea Nacional luego de la primera discusión, lo que los obligó a recibir a las víctimas y escuchar la cantidad de casos de persecución que ellos supuestamente manifestaron desconocer”.
Aún así, tras haber escuchado a las víctimas, Baduel lamentó que hayan aprobado una ley excluyente “porque dejaría más de la mitad de los presos políticos injustamente presos como lo están y en condiciones de horror”, alertando que aunque el contexto es otro ,“después del 3 de enero, la tortura en Venezuela no ha cesado”.
"LA TORTURA EN VENEZUELA NO HA CESADO”, DICE LA ACTIVISTA ANDREÍNA BADUEL
Andreína Baduel critica la ley de amnistía en Venezuela, calificándola de excluyente y propagandística. Denuncia que la tortura persiste, menciona la situación de su hermano en El Rodeo I y afirma que… pic.twitter.com/CZPLGwkhX1
Andrés Villavicencio, testigo electoral en el estado Falcón durante los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y quien tuvo que exiliarse por persecución, también rechazó que la ley implica “que los perseguidos debemos pedir perdón a los verdugos”.
“En mi caso, como testigo electoral exiliado,por defender las actas de mi centro debo ‘pedir perdón’ a Elvis Amoroso, que tiene 572 días violando la ley negándose a publicar el resultado desglosado”, expresó en su cuenta de X.
La Ley de Amnistía es un fraude. Implica que los perseguidos debemos pedir perdón a los verdugos.
En mi caso, como testigo electoral exiliado, por defender las actas de mi centro debo “pedir perdón” a Elvis Amoroso que tiene 572 días violando la ley negándose a publicar el… https://t.co/NLvxycYaOupic.twitter.com/ca580ckFtY
Por su parte, Zoraida González, madre del preso político José Miguel Estrada, señaló que la ley “está hecha a conveniencia de quien la armó” y denunció que cuando detuvieron a su hijo por el caso de los drones -quien actualmente está recluido en El Rodeo I- fue torturado.
“Le arrancaron las uñas de los pies, lo colgaban, le metían electricidad en sus testículos, le metieron la cara en una poceta llena de excrementos”, narró. Esos tratos crueles le dejaron graves secuelas a su hijo, quien fue detenido a los 23 años y hoy en día tiene 30.
“Esa ley es a conveniencia de quien la armó”: la señora Zoraida, familiar de preso político, desde El Rodeo I.
Zoraida González narra los horrores vividos por su familia como presos políticos. Ella junto a muchas mujeres familiares de presos políticos se mantiene en vigilia en El Rodeo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La exjefa de campaña del Comando Con Venezuela, Magalli Meda, denunció la madrugada de este viernes que, mientras la Asamblea Nacional discutía la aprobación de la Ley de Amnistía, “el régimen” ordenó a 16 hombres armados y civiles irrumpir de manera violenta en su residencia en Caracas. Según relató, los sujetos llegaron en seis camionetas y entraron para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Meda detalló que los hombres estuvieron varias horas adentro de su casa y que dejaron dos carteles que decían “asegurado” e “incautado”.
Magalli Meda aseveró que el mensaje que deja este tipo de acciones es bastante claro: “Aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretendan administrar la ley y el perdón”.
La exjefa de campaña advirtió que la violencia gubernamental se volverá a repetir en contra de quienes no obedezcan “sean militares, policías, trabajadores, empresarios, políticos, periodistas, curas, o a quien sea… Basta con que seas venezolano para que ellos quieran someterte”.
“Mientras sigan existiendo presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, como lo que hicieron con nuestra casa, en Venezuela no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta”, sentenció.
¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones?
👇🏼👇🏼👇🏼 En este hilo describo lo que han hecho contra mí y mi familia, y contra todos los venezolanos.
Anoche, #19Feb, mientras aprobaban la llamada Ley de Amnistía, el régimen le ordenó a 16 hombres armados… pic.twitter.com/W72jSpxbrs
En el mismo post en X, Magalli Meda denunció que esta no es la primera vez que funcionarios del gobierno allanan su vivienda y la de sus familiares.
Señaló que el pasado 8 de mayo de 2025, 13 hombres armados y civiles bajo el liderazgo del General Jesús Rafael Ferreira se llevaron cajas con sus pertenencias y destruyeron su casa. “Todo quedó registrado remotamente”, dijo.
Nuestro hogar había sido allanado ya el 08 de mayo de 2025, cuando el General Jesús Rafael Ferreira lideró un operativo con más de 13 hombres armados y civiles que se llevaron cajas con nuestras pertenencias y destruyeron nuestra casa. Todo quedó registrado remotamente. pic.twitter.com/N8KpbXJ6KM
Un día después, el 9 de mayo, la casa de su madre -una adulta mayor- también fue violentada. “Allanaron su casa, se robaron su carro, sus recuerdos, lo que mis padres construyeron con años de trabajo honrado. Luego de desmantelarla, la clausuraron. Nadie puede entrar”, afirmó.
Al día siguiente, el 09 de mayo de 2025, hicieron lo mismo en la casa de mi madre, una persona de la tercera edad que no está involucrada en nada político. Allanaron su casa, se robaron su carro, sus recuerdos, lo que mis padres construyeron con años de trabajo honrado. Luego de… pic.twitter.com/evBumfp7L4
Meda también publicó un video en el que denunciana cómo hombres vestidos de negro y portando armas largas, los apuntaban a diario mientras ella y sus compañeros Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González estaban asilados en la embajada argentina en Caracas, por temor a ser detenidos.
Pero voy más allá: la siguiente imagen jamás las hicimos pública, pero sí las entregamos a organismos de DDHH para denunciar cómo nos apuntaban con armas largas diariamente mientras estábamos asilados dentro de la embajada argentina en Caracas. Esa imagen está tomada desde donde… pic.twitter.com/YviGB9qcVh
“No buscan una verdadera amnistía. No buscan justicia. No aceptan un país de ciudadanos libres. Pretenden lavarse la cara. Quieren que olvidemos sus crímenes y actuar impunemente para siempre. Quieren un país de esclavos y cómplices, y pretenden expulsar a quien no lo sea”, cuestionó Meda.
Asilo, persecución y exilio
La persecución en contra de Magalli Meda ha escalado desde marzo de 2024, meses antes de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio.
El Ministerio Público (MP) emitió una orden de arresto en contra de Meda y otros seis dirigentes del partido Vente Venezuela acusándolos de crear planes desestabilizadores y violencia de cara a las presidenciales.
Para evitar su captura, el 20 de marzo de ese año, los seis dirigentes se refugiaron en la Embajada de Argentina. Más de 400 días permanecieron asilados denunciando fallas en los servicios básicos como agua, electricidad y el asedio de los funcionarios policiales.
El 6 de mayo de 2025, Meda y otros cuatro opositores fueron extraídos de la sede diplomática en una operación denominada “Operación Guacamaya”. Así salieron del país, en una acción que asegura se realizó con apoyo internacional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano anunció este viernes, 20 de febrero, que introducirá un recurso a favor de las personas desamparadas y excluidas de la Ley de Amnistía, aprobada y sancionada el jueves por la Asamblea Nacional de corte oficialista.
Durante una rueda de prensa, la ONG señaló que consignará el escrito ante la Comisión de Seguimiento creada por el Parlamento para que todos los casos excluidos de la ley se incorporen de inmediata, una vez que la misma sea publicada en Gaceta Oficial.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, alertó que hay personas que llevan entre dos y tres años en prisión preventiva, violando varias disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal. “Esas personas deben ser excarceladas de inmediato”, indicó. Además, recordó que hay personas con penas cumplidas o tiempo suficiente para que les permitan terminar de cumplir esas penas fueran de prisión, quienes igualmente “también deben ser excarcelados”.
“Hay adultos mayores de 70 o más años de edad que no tienen que estar recluidos en una cárcel ni de manera preventiva ni a modo de condena, esos adultos mayores, que son más de 20 personas deben ser excarcelados. Hay personas con enfermedades graves y cuadros clínicos severos también deben salir de inmediato con medidas humanitarias, igual que las personas con discapacidad cognitiva -como diagnósticos del espectro autista- deben ser excarcelados de inmediato”, alertó Himiob.
El abogado refirió que el artículo 15 de lay ley abre una “pequeña ventana o posibilidad” para que los casos excluidos de la Ley de Amnistía también sean considerados, insistiendo en que estos grupos han sufrido “violaciones graves a derechos humanos, al debido proceso, al derecho a la defensa”.
Además, se refirió a los más de 400 presos militares y civiles vinculados a conspirar rebeliones militares, pues a pesar de que la ley cubre 27 años de forma general, existen limitaciones en el noveno artículo, donde se toman en cuenta apenas 15 años y Himiob advirtió que durante ese período solo se toman en consideración, concretamente, hechos políticos que abarcan solo 20 meses.
“Esto es un mínimo comienzo y debe haber más voluntad política para desmantelar el sistema represivo: el sistema de seguridad nacional que ha servido para perseguir, y el sistema de justicia como arma de persecución. Hasta que no haya voluntad política para renovar este sistema vamos a seguir con la amenaza y la soga al cuello de la persecución. La lucha no termina acá, es una lucha de resistencia, no de velocidad, hasta desmantelar el aparato represivo, mientras no terminemos eso, no somos totalmente libres”, acotó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luis Motta-Domínguez, mayor general de la promoción militar de 1980, ha consolidado una carrera donde la lealtad política parece tener más voltaje que el propio sistema eléctrico nacional. Tras escalar en la jerarquía de la Guardia Nacional Bolivariana hasta su comandancia en 2010, saltó a la administración pública como una de las fichas de mayor confianza del Ejecutivo.
Su gestión como Ministro de Energía Eléctrica y Presidente de Corpoelec entre 2015 y 2019 quedó marcada por la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura. El punto de quiebre ocurrió en marzo de 2019, cuando un apagón nacional dejó al país a oscuras durante días. El saldo político para Motta-Domínguez fue un “descanso” recomendado por Nicolás Maduro, quien lo reemplazó en medio de una crisis eléctrica que aún hoy arrastra secuelas.
Pero ese retiro se terminó. En febrero de 2026, Motta-Domínguez ha vuelto formalmente a la regleta pública como viceministro de Seguimiento a la Gestión de Gobierno, bajo la designación de Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de EE. UU.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Defensores de derechos humanos y juristas fijaron posición sobe la Ley de Amnistía aprobada el pasado 19 de febrero en el seno de la Asamblea Nacional de corte oficialista. Alertaron que sus alcances son limitados y que buena parte de los presos políticos no serán beneficiados con este instrumento.
“Quedan por fuera el caso de los comandante, el caso Cotiza, Brazalete Blanco, Gedeón, caso de los drones, Fuerte Paramacay, Oscar Pérez, Vuelvan Caras, Sukhoi y otros casos”, así escribió la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju en su cuenta de X este jueves 19 de febrero, a propósito de la aprobación de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.
La directora ejecutiva del Instituto Casla señaló que con la aprobación del documento legal, la AN dio visto bueno a un “panfleto” que deja por fuera a tres cuartas partes de los presos políticos que siguen presos en prisión, tanto civiles como militares. “No existe un delito más político que este”, escribió.
Asimismo, el director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que la Ley de Amnistía deja por fuera la mitad de los 28 años que debería abarcar
“De los otros 13 años que sí son considerados, sólo se abarcan meses y momentos puntuales. A vuelo de pájaro, de esos 156 meses en total sólo se consideran más o menos 20 meses”, aseveró Himiob.
Alfredo Romero, también director de Foro Penal, calificó como restrictivo el documento aprobado en la noche de este jueves 19 de febrero en la AN y posteriormente llevado por un grupo de parlamentarios al Palacio de Miraflores, donde fue recibido por la presidenta encargada con el aval del gobierno de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.
Por su parte, a través de un comunicado también en X, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), expuso que lamentablemente todas sus preocupaciones y advertencias con respecto a la ley, se confirmaron.
“Resulta revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos”, expuso la organización.
La ONG denunció que el contenido de la ley mantiene “filtros, condicionamientos y ambigüedades” que dejan por fuera a quienes más necesitan de justicia.
“Hemos sostenido y reiteramos que la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas depende de una genuina y verdadera voluntad política, que debe verificarse en la aplicación efectiva de la Constitución y las leyes nacionales, sin interpretaciones restrictivas ni decisiones discrecionales”.
La organización expresó que muchos familiares de presos políticos se sienten defraudados después de haberse generado expectativas que no fueron cumplidas. “Su dolor es real. Su frustración es legítima. Nadie debería jugar con la esperanza de quienes han esperado durante años la libertad de sus seres queridos”.
JEP se comprometió a seguir alzando la voz ante la comunidad nacional e internacional frente a organismos fuera de Venezuela que puedan incidir en la liberación sin medidas restrictivas de todos los políticos de conciencia.
Cuando en una ley de amnistía los exceptuados se cuentan por cientos, se incumplen los fines que la ley pregona. Y lamentablemente ese es el caso de la ley hoy sancionada
Asimismo, el profesor universitario Tulio Alberto Alvarez-Ramos aseguró que el texto legal incumple el esquema de convencionalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Una ley que deja indemne el bloque normativo represivo que llevó inocentes a la cárcel y que es la causa eficiente del drama de los presos políticos”, escribió en X.
En una línea similar, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales sentenció que el “bodrio legal” está alejado de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y excluye a presos con causas políticas y condiciones de salud.
Mientras que el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, dijo en X que la norma es excluyente y que no reconoce la persecución y el encarcelamiento a los que han sido sometidos las víctimas.
“No queda más que seguir luchando por la libertad de los presos políticos, incluso sin evocar necesariamente la ley”, instó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
