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El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

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Comprender la realidad y el trasfondo de la «cuestión venezolana», como los alcances del proceso de extracción por las fuerzas militares norteamericanas del presidente de facto, Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores, mediante una operación quirúrgica de represión criminal desplegada en Caracas el pasado 3 de enero, en la que fallecieron los agentes cubanos de su anillo de seguridad, exige conocer a fondo y en su complejidad el contexto.

La pregunta que bulle y que se reduce, para las élites en el poder causahabiente y en sus asociados, adentro y afuera de Venezuela, es si la cuestión de la recuperación petrolera y, por añadidura, la de la mera reconciliación entre las víctimas y los victimarios que sumieran al país en el horror del mal absoluto, desmaterializando a la república y pulverizando a la nación, bastan para conjurarlo.

María Corina Machado, en su histórica intervención ante el conglomerado global petrolero reunido en Houston ―leo la muy lúcida consideración de Elizabeth Sánchez Vegas― les habló de sus negocios y del ecosistema que demanda el éxito; como también para ganarse el afecto sincero del pueblo venezolano: “la gobernabilidad… la seguridad jurídica y la reconstrucción de un país que lleva demasiado tiempo reducido a ruina, arbitrariedad y saqueo”.

Mas de una década ha consumido la Corte Penal Internacional, a manera de ejemplo, en sus investigaciones sin destino cierto sobre los responsables de los crímenes de lesa humanidad que aún afectan a la población, mientras se acumulan los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, designada por Naciones Unidas (2020-2025).

En uno de estos, el de 2020, reza que “las violaciones y los crímenes allí documentados pueden dar lugar a responsabilidad penal individual como crímenes de lesa humanidad y como delitos específicos establecidos en la legislación nacional.

Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el presidente [Nicolás Maduro] tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al director general y a los directores de otras unidades del SEBIN. La Misión también constató que él o la vicepresidenta [Delcy Eloína Rodríguez] conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el SEBIN. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió. La Misión también constató que Diosdado Cabello ejercía una influencia significativa dentro del SEBIN, a pesar de que durante el período examinado no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización”.

Simplificar lo ocurrido el 3 de enero como creer que se puede pasar la página solo abriéndole las puertas al necesario acompañamiento del conglomerado petrolero y de sus inversiones, bajo la égida de los mismos responsables de la destrucción de Venezuela y omitiéndose los ominosos datos de la experiencia, es, por consiguiente, ganarse el camino seguro hacia el fracaso. Todo quedaría en ejercicio virtual y de utilería, para consumo del narcisismo político y de redes.  “Sin legitimidad democrática no habrá seguridad duradera para el capital; sin instituciones confiables no habrá reconstrucción real para el país”, ha señalado Machado, con escalpelo a mano.

Se trata, justamente, de la forja en Venezuela y de la permanencia, con otros rostros, de una organización o entramado criminal trasnacional organizado y estructurado, que juntó al terrorismo con el narcotráfico; que avanzó al secuestro del territorio del Estado para disponer de sus poderes públicos formales, como garantías de impunidad; dejando a la vera a sus millones de víctimas.

El asunto no es trivial. No lo resuelven ejercicios leguleyos, en un país sin Constitución. Tampoco ayuda el mero voluntarismo militante, por los oficiantes de la política menor. La permanencia visible de los actores reales del entramado represor que se estructurara a lo largo de casi tres décadas le da un claro sentido a la alerta de María Corina ante CERA Week, la asamblea del poder petrolero y energético mundial. En otras palabras, mal puede realizar el imperio de la ley una espuria Asamblea dirigida por tales actores y sí obstruirla la Justicia que le sirve con obsecuencia; esa que los causahabientes de Maduro aún manejan a su arbitrio.

Un repaso de pocos datos históricos basta para conjurar la simplicidad de las hipótesis críticas esgrimidas sobre los hechos del 3 de enero y sobre sus actuales derivaciones. Aquéllos desnudan lo que permanece oculto tras el telón, a saber, más que prejuicios ideológicos, intereses dinerarios internos y externos muy próximos a la expoliación petrolera y minera ocurrida durante casi 5 lustros. Arriesgan quedar en evidencia, una vez como se ventilen, en sede judicial federal norteamericana, los graves casos de corrupción y narcotráfico habidos; sobre todo, de ocurrir un verdadero quiebre democratizador en Venezuela.

Téngase presente, en orden a lo anterior, que, “de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (2023), Venezuela es, junto con Sudán del Sur y Siria, el segundo país más corrupto del mundo, solo superado por Somalia”. Entre 1999 y 2014, durante la bonanza petrolera que acallaba toda resistencia en los círculos del poder económico y político global, el régimen del que a su vez es heredero Maduro Moros recibió USD 960.589.000.000, o si prefiere leerlo en letras: novecientos sesenta mil quinientos ochenta y nueve millones de dólares, es decir, un promedio de USD 64.000.000.000 anuales, durante 15 años”.  

En la actualidad, Venezuela ocupa de manera consistente el último lugar en el índice de Estado de derecho del World Justice Project (WJP): deterioro estructural crónico, falta de límites al Poder Ejecutivo, corrupción, impunidad y un sistema judicial sin independencia.

El tiempo de la bonanza evitó, ciertamente, que se sintiese en lo inmediato el peso de la destrucción emprendida por Hugo Chávez Frías, y de sus esfuerzos para someter la voluntad democrática de los venezolanos y la de América Latina en su conjunto, haciéndoles depender de su inagotable prodigalidad corruptora. Y algunos hitos se olvidan. Son los que delinearon al Estado criminal en el que se transformó Venezuela a partir de 1999.

Datos del narcoestado terrorista

Ese mismo año, a través de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) ―lo que provoca la inmediata renuncia del comandante Jesús Urdaneta Hernández― Chávez pacta por escrito un “modus vivendi” con las FARC, el movimiento narcoterrorista colombiano. Les promete asistencia económica y posibilidades para el desarrollo de empresas en la frontera colombo-venezolana.

Al efecto, el 10 de agosto la policía política le informa al presidente Chávez sobre las tareas que emprenderá para asegurar la plataforma ideológica y las metas concretas con las que están comprometidos. Y a fin de obtener la cooperación narcoguerrillera, que se obliga a no entrenar venezolanos sin la previa autorización oficial y a comportarse dentro del marco de la ley cuando se encuentre dentro de nuestro territorio, le ofrecen a las FARC “apoyos especiales”, “venta de petróleo”, “registro y contratación de empresas, en el área bancaria un Banco de los Pobres, y apoyos “para asilo y tránsito”. 

No ha de sorprender, entonces que, si antes de asumir este el poder el 2 de febrero de 1999 ocurrían en Venezuela un promedio de 4450 homicidios al año, a partir de 2003, bajo el nuevo estatus narco criminal del Estado venezolano sumen 11 342 los homicidios. Al morir Chávez, en 2012, le deja como herencia a su sucesor, Maduro Moros, unos 16 072 asesinatos durante dicho año. Este asume el poder, autorizado por el Tribunal Supremo, violando una prohibición constitucional, mientras se acrecienta con su violencia modeladora el número de homicidios, que frisan 19 030 en 2014. Es la antesala de la diáspora de millones de venezolanos.

En 2018, cuando Maduro se vuelve a autoelegir presidente y es desconocido por la comunidad internacional junto al integrante de su régimen, 23 047 muertes violentas sitúan a Venezuela como el país más peligroso de América Latina. La violencia criminal declina progresivamente, luego, al mudarse al extranjero y luego de haber dejado tras de sí una tierra arrasada. Pero volvamos atrás.

En el año 2000, teniendo Chávez bajo su férula la totalidad de los poderes del Estado, ingresan al país los primeros 30.000 legionarios cubanos travestidos en su mayoría de médicos, provenientes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). El anuncio es celebrado con vítores ante el propio presidente, acompañado del comandante cubano Juan José Ravilero. Serán «comisarios» dentro de las instituciones venezolanas, incluida la militar. El territorio nacional, ya ocupado por la narcoguerrilla vecina desde el año anterior, queda desde entonces bajo el tácito gobierno de La Habana.

Linda Robinson da cuenta del entrenamiento que reciben los venezolanos hacia 2003, a manos de las narcoterroristas FARC en la Sierra de Perijá, mientras avanza la afirmación de la presencia árabe, esta vez como la variable terrorista, sobre la zona costera norte de Venezuela. Nadie se escandaliza, ni adentro ni afuera.

En 2005, tras el referendo revocatorio del mandato de Chávez ―del que lo salva la mediación del presidente norteamericano Jimmy Carter― la canciller colombiana, Carolina Barco, denuncia que 500 000 cédulas de identidad venezolanas estaban en manos de la narcoguerrilla; y que Rodrigo Granda, canciller de las FARC poseía una. Con ella, en efecto, en 2007 visita a Chávez en Caracas, en el Palacio de Miraflores. Nada costaba concluir sobre el maridaje ya sedimentado del narcoterrorismo con las estructuras constitucionales y políticas de Venezuela. Mas ello era irrelevante para las cancillerías europeas y americanas.

En 2006 hace su bautizo Hizbulá Venezuela, sita en la Universidad Bolivariana, al lanzarle bombas a los frentes de las embajadas americana e israelí en Caracas. Margarita, Ciudad Bolívar, Barquisimeto, Maicao, sirven de refugios al talibán y en ellos caminan a sus anchas los realizadores de la yihad. Y en 2008, en mensaje ante la Asamblea Nacional, Chávez reconoce y pide al mundo reconocer a las narcoguerrillas de las FARC y al ELN, pues “tienen un proyecto político que debe ser respetado”.

El ensamblaje político-criminal deja de ser una estratagema. Queda sobre la mesa como tema para su normalización, léase para su legitimación, en el marco de la deconstrucción social y cultural que ha tomado cuerpo durante los dos decenios anteriores en Occidente, luego de la fundación del Foro de São Paulo.

Haciendo la historia corta, ya dueño absoluto de Venezuela, en el año de 2010, a través de la televisión encadenada y desde la plaza Bolívar de Caracas dicta Chávez, indiscriminadamente, su orden terminante: ¡Exprópiese! Desde entonces, no queda en pie propiedad privada o actividad productiva alguna en Venezuela, salvo los mendrugos con los que se conforman los actores económicos y editores de medios que aceptan lo que el mismo Chávez manifestase una década atrás, en 2001: ¡La ley soy yo, el Estado soy yo!

Seguidamente, adoptados los principios y estatutos por su partido oficial, el PSUV, se alinea con el decadente socialismo científico. Y como consta en declaraciones de las autoridades venezolanas y cubanas, hacia 2011 ingresan a territorio venezolano otros 100.000 funcionarios procedentes de La Habana, ya sin la necesidad de los asaltos armados dirigidos por Fidel Castro contra el país durante los años 60. 

“El país no solo quiere salir de la tiranía; quiere saber qué viene después”, y Machado despejó la incógnita. Obliga cambiar el terreno del debate, considera Sánchez Vegas. “En Houston, María Corina Machado no presentó sólo un modelo para la industria: ofreció una visión de gobernabilidad que la oposición venezolana nunca había logrado articular con tanta precisión”, afirma. Y añade: “Puso sobre la mesa, en pocas palabras, exactamente lo que los grandes inversionistas necesitan escuchar para creer que Venezuela puede dejar de ser una apuesta tóxica y volver a ser un país serio”.

correoaustral@gmail.com | @asdrubalaguiar

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Gobierno de Delcy Rodríguez anuncia que retomó el control de sedes diplomáticas de Venezuela en EE. UU

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Representantes del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez informaron que lograron recuperar las sedes diplomáticas de Venezuela en los Estados Unidos, lo que permitirá retomar y mejorar la asistencia a los connacionales en ese país. 

El vicecanciller para Europa y América del Norte, Óliver Blanco, expresó este sábado 28 de marzo que junto al encargado de negocios de Venezuela para EE. UU., Félix Plasencia, habían retomado el control de los edificios consulares. Agregó que, por instrucciones de Delcy Rodríguez, estos espacios serán rehabilitados para ponerlos “al servicio de todos los venezolanos”. 

Ambos funcionarios acudieron a Washington para la instalación de la misión diplomática de Venezuela en ese país. “Trabajamos para fomentar relaciones basadas en el respeto y la cooperación para la prosperidad de nuestros países”, declaró Blanco junto a Plasencia en un video compartido en X.

Como parte de su agenda, sostuvieron una reunión con el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau. 

Sedes diplomáticas en el abandono

En 2019 cuando la administración de Donald Trump respaldó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro ordenó el cierre de la embajada de EE. UU. en Caracas y retiró al personal de la sede diplomática venezolana en Washington. 

Cuatro años más tarde, cuando el gobierno interino de Guaidó se disolvió, Estados Unidos tomó el control temporal de estos espacios. Sin embargo, con el paso de los años el deterioro de los edificios fue significativo. Según declararon algunos funcionarios venezolanos, las sedes consulares fueron poco a poco vandalizadas y desvalijadas. 

El viceministro para Comunicación Internacional de la Cancillería, Rander Peña, fue uno de los realizó una inspección a los edificios y declaró el 6 de marzo que se requieren varios arreglos estructurales para devolverles la “dignidad institucional”.

Una nueva etapa de relaciones

Con la incursión militar del 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores, Delcy Rodríguez asumió el poder. Trump informó entonces que ejercerían un tutelaje para conducir a la recuperación de Venezuela, a través del control de sus transacciones petroleras. El mandatario también dijo que el objetivo era una eventual transición a la democracia.

Como parte de esta nueva etapa, se designó a Laura Dogu como la encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela. La funcionaria se trasladó a Caracas el 31 de enero pasado. 

El 5 de marzo pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. informó que ambos países acordaron reanudar las relaciones diplomáticas. La mañana del 14 de marzo la bandera estadounidense se izó en la sede de la embajada en el sector Valle Arriba. 

Esta activación de las sedes consulares es especialmente importante para los miles de migrantes venezolanos en ese país que quedaron sin acceso directo a trámites como la renovación de pasaportes, registros civiles o la asistencia legal. Ante la audiencias de los consulados, la mayoría debía trasladarse a otros países para realizar estas gestiones. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Estados Unidos flexibiliza sanciones sobre Venezuela y habilita inversiones en minería y oro

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El Gobierno de Donald Trump flexibilizó algunas sanciones sobre Venezuela para permitir que empresas estadounidenses firmen contratos e inviertan en el sector minero, incluyendo el mercado del oro. 

La decisión es parte de las licencias que ha emitido en las últimas semanas el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para lograr que las empresas de ese país participen en negocios relacionados con el petróleo y el oro en Venezuela, reportó la agencia EFE este viernes 27 de marzo.

De acuerdo con esta nueva licencia, las operaciones pueden incluir la explotación minera, el procesamiento y refinación de minerales, así como la creación de empresas conjuntas.

Sin embargo, la licencia incluye algunas condiciones. Se prohíbe explícitamente que se realicen transacciones con personas o entidades relacionadas con Rusia, China, Cuba, Irán y Corea del Norte.

Continúan los acercamientos

Mientras tanto, en Venezuela continúa la discusión de la reforma de la Ley de Minas. La Asamblea Nacional ya ha aprobado 55 de sus 130 artículos. El proyecto comenzó a debatirse días después de que el secretario del Interior de EE. UU, Doug Burgum, visitara Venezuela para reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. 

En ese momento, el funcionario aseguró que las empresas estadounidenses vinculadas al sector minero estaban ansiosas por trabajar en Venezuela. 

Desde la incursión militar de EE. UU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro para ser juzgado en New York, la administración de Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez han acercado posiciones. A principios del mes de marzo, incluso, se restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde hace siete años. 

De acuerdo con Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos ejerce un “tutelaje” sobre el Gobierno venezolano. Los funcionarios insisten en que Delcy Rodríguez ha cumplido con sus exigencias hasta ahora para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Excarcelan a representante del diario La Voz tras un año presa en La Crisálida

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Tras permanecer un año y un mes detenida en la cárcel de mujeres La Crisálida, este sábado 28 de marzo excarcelaron a la abogada Blanca Suárez, apoderada del diario La Voz. Así lo informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) en su cuenta de X.

A Suárez la detuvieron el 25 de febrero de 2025. De acuerdo con las actas procesales, su aprehensión estuvo vinculada a su rol como apoderada judicial del Diario La Voz en un recurso contencioso tributario.

Le imputaron los delitos de asociación para delinquir, retraso u omisión intencional de funciones y ventaja o beneficio económico de funcionarios públicos.

Sus familiares denunciaron que aunque la abogada sufría de crisis de presión arterial con frecuencia, no había recibido atención médica especializada.

Sus abogados introdujeron una solicitud de sobreseimiento del caso, en el marco de la Ley de Amnistía, el 5 de marzo pasado. “Sin embargo, recibió la libertad por una sentencia absolutoria dictada en el tribunal de la causa”, precisó el Sntp.

Un cierre cuestionado

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ordenó el cierre del diario La Voz el 2 de octubre de 2024. El periódico tenía 58 años de circulación en 21 municipios del estado Miranda.

Previamente funcionarios del ente habían visitado las oficinas del medio y alegaron que su cartelera fiscal estaba desactualizada y ordenaron el cierre por unos días. Sin embargo, en octubre se presentaron a los galpones donde se imprimía el periódico y clausuró las instalaciones.

“Rechazamos la censura indirecta contra medios y periodistas”, escribió entonces el Sntp en X. Además cuestionaron que la acción dejaba al personal sin empleo. Otros activistas cuestionaron la medida y afirmaron que era una vulneración a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

El 2 de marzo pasado el Sntp y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) recordaron que se cumplían 600 días del cierre del medio de comunicación y que este se ejecutó por razones políticas. El CNP cuestionó que el sistema judicial impuso medidas cautelares exageradas contra los accionistas del periódico incluyendo el bloqueo de sus cuentas bancarias, la prohibición de vender sus bienes y restricciones para salir del país.

“Asimismo, el sistema judicial mantiene la detención del juez que dictó el Amparo Constitucional en favor del medio, una decisión que hasta la fecha no ha sido acatada”, añadió el sindicato.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Sntp denuncia intimidación a periodista que hacía cobertura desde El Helicoide

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intimidaron al periodista Jesús Gutiérrez Andúz mientras hacía un reporte en los alrededores de El Helicoide. 

Gutiérrez realizaba una cobertura en vivo la noche del viernes, 27 de marzo, en la que entrevistó a familiares de presos políticos que siguen recluidos en esa sede del Sebin. Hace dos meses, el 30 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió que cerraría la cárcel de El Helicoide y convertiría la infraestructura en un espacio deportivo y cultural para las comunidades de la zona. 

Los uniformados se acercaron al lugar y, sin interrumpir la transmisión, empezaron a preguntar, entre los presentes, los datos del periodista. 

La organización señaló que el reportero ha realizado cobertura permanente con los familiares de los presos políticos en distintos centros de detención del país. Rechazaron cualquier acción de intimidación en su contra y en contra de cualquier periodista. 

“Responsabilizo al gobierno de lo que me pase. Soy un comunicador responsable y lo único que hago es informar”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.

Dilación de la justicia

Esta semana el Sntp recordó que 20 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen sometidos a medidas cautelares y sin libertad plena, a pesar de que en el 70 % de los casos las solicitudes de sobreseimiento, en el marco de la Ley de Amnistía, se presentaron ante los tribunales competentes. 

“Lo más grave es que los lapsos legales establecidos para decidir ya se encuentran vencidos”, señalaron en su sitio web.

Denunciaron que existe un patrón de “dilación judicial” en esas causas, que se traducen en una violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Entre las irregularidades que han documentando incluyen fallas en la tramitación de solicitudes de sobreseimiento, falta de respuesta en plazo y desorden procesal que impide cerrar las causas abiertas.

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Vente Venezuela se alista ante la posibilidad de elecciones y el regreso de María Corina Machado

El coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviarez, llamó a la reorganización de sus bases este sábado 28 de marzo, durante la reapertura de la sede de la organización en Caracas. Les pidió prepararse para el prometido regreso de su líder María Corina Machado al país “en los próximos días” y ante un posible nuevo proceso electoral. 

Alviarez, quien estuvo detenido dos años en El Helicoide y fue excarcelado el 8 de febrero pasado, aseguró que la persecución sistemática de la que han sido víctimas gran parte de sus integrantes les ha dado “foco” y “fuerza”. 

“Nadie se doblegó, todo lo contrario, en este proceso crecimos de manera inteligente, con una ciudadanía que confió y que confía en que Venezuela va a ser libre”, dijo afuera de la Quinta El Bejucal en Altamira. También extendió un saludo a todos los coordinadores regionales de la organización y recordó que más de la mitad se encuentran aún en el exilio. 

Los lineamientos para las bases

El dirigente político pidió a sus seguidores acompañar las protestas pacíficas que realizan distintos sectores del país, reactivar los llamados colegios ciudadanos y no distraerse con “peleas inútiles” contra quienes se mantienen en el poder. “Vente Venezuela está en la calle. Salimos de nuevo, salimos a construir futuro y el sueño compartido de la libertad”, afirmó. 

También se dirigió al Gobierno interino de Delcy Rodríguez: “Si ustedes quieren reconciliación vamos a una elección, vamos a medirnos. Qué mejor manera de dirimir nuestros conflictos que sea el ciudadano el que decida qué es lo que quiere. Si quiere este sistema comprobadamente fracasado…  o si quiere que este país se abra a las oportunidades”. 

Durante su discurso, Alviarez destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades. Según el coordinador, el objetivo es canalizar el descontento social y continuar presionando para lograr un cambio de sistema. Sobre María Corina Machado insistió en que regresaría al país  “en el corto plazo” y realizará un nuevo recorrido por todo el territorio nacional. Además, secundó una advertencia que vino del público presente: Y si se meten con ella, se meten con todos, y todos es todos, es Venezuela”. 

La actividad contó con la presencia de figuras clave de la dirección nacional, y ex presos políticos. En la tarima había una pantalla en la que reprodujeron un video de Magalli Meda, coordinadora de planificación y estrategia de Vente Venezuela, quien dijo: “Todavía nos queda demasiado por hacer. A Venezuela la vamos a reconstruir”. María Corina Machado también envió un mensaje: “Hoy estamos muy cerca de la libertad”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Cómo se vive con apagones diarios que no dependen del sol

El pasado 21 de marzo de 2026, Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos,  anunció un “Plan Nacional de Ahorro Eléctrico” de 45 días. ¿La razón oficial? Una ola de calor y el “pasaje perpendicular de los rayos solares” que, según el Ejecutivo, intensifica la demanda energética y el riesgo de fallas en el sistema.  El anuncio llegó apenas 24 horas después de que Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo despertaran a oscuras tras una caída masiva del sistema.

“Yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica”, instó quien ejerce como mandataria nacional desde el 3 de enero. 

En la calle, donde el sol quema, pero no administra voltios, la interpretación de esta realidad es otra. Para los venezolanos, el astro rey no es el responsable de la oscuridad que tienen que enfrentar durante horas al día, varias veces a la semana. Los testimonios recogidos para este trabajo describen una realidad sostenida en el tiempo, sin estacionalidad ni patrón climático claro, pero con un perjuicio incalculable a la calidad de vida.

“Excusas como las del sol ya las dijo Jesse Chacón en su momento, igualito que Delcy en estos días, esto no es más que un simple descaro”, afirma David León, habitante de Guatire, quien ya perdió un televisor y tuvo que remendar su nevera para convertirla de digital a analógica, porque se dañó luego de un apagón y los repuestos no se consiguen.  

Jesse Chacón Escamillo fue ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica en Venezuela entre abril de 2013 y agosto de 2015. Durante su gestión, en la que hubo tres grandes apagones en el país, atribuyó las fallas del sistema eléctrico nacional a “extrañas fallas”, supuestos actos de “sabotaje”, a la alta demanda y también, al sol. En mayo de 2015, en medio de importantes fallas eléctricas, justificó la situación alegando que “cuando el sol pasó perpendicular sobre Venezuela” el país entró a una “zona de alta presión”.

La oscuridad se hizo endémica

Desde los dos mega apagones del año 2019, la crisis eléctrica se ha vuelto endémica. Ya no se necesitan eventos masivos para que el país viva en penumbra, pues el colapso energético se ha “democratizado” en cuotas diarias de frustración. Y lo que el gobierno califica como un fenómeno climático, los ciudadanos lo asumen de manera distinta.

En Filas de Mariches Yohanna asegura que  “cuando caen tres gotitas se va la luz”. En Valencia -sector Flor Amarillo-,  Marina  desmiente la tesis solar de Delcy Rodríguez. “Esto se puso peor desde el 29 de julio de 2024. Acá todo el día y todo el año el sol es lo que abunda… no es por eso que se nos va la luz, se nos va la luz por incapacidad”, sentencia. 

En Mérida, una de las entidades más vulnerables, el ritmo de la vida va al compás de lo que dicten los apagones. Rodrigo, de 29 años y habitante de Ejido, relata: “La luz se va todos los días, al menos son siete cortes semanales de cuatro horas cada uno. ¿Trabajar? No se puede ¿Estudiar? No se puede”.

En el Zulia, donde el índice de calor es uno de los más elevados de todo el país, vivir sin luz es sinónimo de tortura. Vannesa Guzmán, de la Costa Oriental del Lago, es tajante en su declaración: “Es inhumano lo que hacen con los zulianos, la quitan un día sí y otro no durante cuatro horas. Esto ya se salió de control. Uno pasa noches enteras sin luz. Y no es por lo del sol”. 

En El Barrio El Manzanillo, del Municipio San Francisco de Maracaibo, Marbelis Acosta narra las escenas extremas a las que obliga la combinación de falta luz y calor.

“A veces, en las noches, se ven los colchones afuera o las hamacas guindadas con la gente tratando de dormir porque sin luz y con el calorón, es imposible dormir dentro de las casas”, describe.

 El padecimiento es mayor cuando se conjugan todas las crisis. La señora de 65 años comentó el caso de una familiar que debe ser operada de un cáncer mamario en el Hospital General del Sur: “Su esposo tuvo que comprarle todo para la cirugía y a pesar de eso, la devuelven cada vez que la van operar, por una u otra causa, a pasar dolor y calor en esa casa y sin poder asearse, porque tenemos 20 días sin agua”.

David, habitante de Guatire, explica cómo la falta de energía afecta aún más el suministro de agua en una ciudad que sufre interrupciones constantes de este servicio: “Eso genera mucho estrés en cosas que deberían ser de lo más normales para nosotros, se convierten en un trajín arrecho”. Incluso, surtir combustible es un reto, pues las bombas cierran con cada corte eléctrico al no poder succionar la gasolina de los tanques subterráneos.

El sol no oscurece, la desidia sí

Está documentado que la declinación solar, o paso de rayos del sol de forma perpendicular sobre Venezuela (lo que ocurre en dos períodos del año: a partir del 21 de marzo y luego después del 21 de septiembre) provoca altas temperaturas que aumentan el consumo eléctrico. De igual forma, la sequía reduce la capacidad hidroeléctrica y crea un déficit de generación. En esta época también se incrementa el riesgo de incendios forestales que pueden afectar la transmisión eléctrica.

Pero el gran problema de fondo es que el sistema está al límite. Un informe de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) en el Plan Nacional de Mantenimiento 22-23 precisó que de los 7000 megavatios (MW) de capacidad de generación instalados en el territorio venezolano, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) solo disponía de una capacidad operativa cercana al 31,3 %. Con esta solo podría servir el 62,7 % de la demanda máxima histórica de 18.696 MW, ocurrida en el año 2013.

En un análisis compartidoen sus redes sociales el ingeniero civil y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB),  José de Viana, explica cómo el colapso eléctrico de Venezuela no es un problema técnico, sino más bien “un profundo fracaso institucional y financiero”.

Argumenta que a pesar de tener las mayores reservas de hidrocarburos del hemisferio, el sistema eléctrico del país es el más vulnerable de la región. El experto enumera como causas la desinversión y canibalización de las plantas termoeléctricas, la falta de combustible para turbinas (lo cual destaca como paradoja en un país petrolero), sobrecarga hídrica, porque el Bajo Caroní asume todo el peso operando fuera de diseño, fallas de transmisión con más de 800 kilómetros de red inestable por falta de mantenimiento y la fuga de talento, o pérdida crítica de ingenieros y personal especializado. 

A eso se suma la congelación de las tarifas por debajo del costo real tras la estatización en 2007 de Corpoelec. De Viana opina que este monopolio estatal eliminó la inversión privada y concentró decisiones “en una burocracia sin rendición de cuentas”.

El apagón también es de derechos humanos

Los apagones en Venezuela no son solo fallas técnicas que limitan o complican la cotidianidad, sino vulneraciones sistemáticas a derechos consagrados en la Carta Magna y otras leyes.

La imposibilidad de mantener tratamientos médicos, refrigerar medicinas o realizar cirugías en hospitales públicos vulnera el derecho a la vida y a la salud. El derecho a la educación también se afecta cuando se va la luz y no se pueden utilizar equipos como computadoras o acceder a internet para hacer investigaciones. 

Bárbara Márquez, residente en San Félix, cuida a dos nietas y comenta lo cuesta arriba que se ha vuelto para las dos nietas que cuida estudiar sin electricidad:  “La semana pasada, desde el día 16 de marzo, quitaron la luz todos los días durante tres horas sin luz. Luego, la colocaban por poco tiempo y de nuevo la quitaban por tres largas horas más. Hubo tareas que las niñas no pudieron hacer porque tenían que investigar por internet y este servicio se cae cuando se va la luz. Y si los apagones ocurren mientras están en clases, pasan mucho calor”.

Los derechos al trabajo y a la alimentación también son impactados colateralmente con los apagones. Isabela Romero vive en el sector de Puente Real de San Cristóbal y tiene un pequeño local de comida. Su negocio sufre paradas obligadas por apagones o cada vez que un electrodoméstico se daña por esta causa.

 “Yo trabajo hasta tarde, anoche nos quedamos sin luz a las 11 de la noche y llegó después de las tres de la madrugada. El año pasado se me quemó un televisor de los nuevos que tenía en el negocio y a las neveras se les han dañado varias piezas”, narró. Mientras conversaba con este medio, no había luz y  un transformador de su cuadra “estaba echando humo”.

En Cabudare  -donde en los últimos meses debe afrontar apagones cuatro días a la semana, de cuatro horas o más-  Roberto reorganiza su vida alrededor del reloj eléctrico: debe levantarse a las 4:30 a.m. para cocinar antes de que corten la luz.  En Mérida, Rodrigo detiene su ritmo laboral como trabajador remoto, porque su laptop no tiene batería estable para aguantar cuatro horas sin luz.

La falta de descanso por el calor y el estrés constante de que los bajones no afecten los aparatos eléctricos es una vulneración al derecho a la vida digna, como describe Milagros, una adulta mayor que vive en el centro de Caracas y que vive “pendiente de la nevera” para desenchufarla ante cada bajón.

En Filas de Mariches, Yohanna describe una rutina similar, marcada por la alerta constante: “La semana pasada, específicamente el martes, hubo nueve bajones seguidos. Mi mamá ya es experta en desconectar todos los artefactos eléctricos en menos de un minuto (…) De verdad que no hay día en el que no haya bajones o se vaya la luz por completo. Hemos perdido dos microondas y un televisor, aunque tenían su protector de voltaje no se salvaron.  Cuando ocurre el primer bajón en horas de la mañana, ya sabemos que durante el día se van a presentar más y por eso desconectamos todo, nos limitamos en muchos quehaceres por temor a que se dañen los electrodomésticos”.

En Coro, capital del estado Falcón, Carmen, de 38 años, enfrenta cada tarde una secuencia repetida. Desde la segunda semana de marzo, hay más de seis bajones de luz después del mediodía:“Vivo desenchufando la nevera, a pesar de tener protector, apagando todos los aires, las luces, me toca dejar solo un ventiladorcito prendido para que no se asfixien los niños”. Precisa que estos problemas eléctricos no son recientes, pues entre julio, agosto y septiembre del año pasado en su sector se aplicó un racionamiento de luz que podía dejarlos sin servicio al menos dos horas diarias. 

Sin mejora eléctrica no hay paraíso

Luego de los hechos del 3 de enero de 2026, que derivaron en la captura del exgobernante Nicolás Maduro y la llegada al poder de Delcy Rodríguez con la tutela de Estados Unidos, emergió la expectativa de una reactivación económica, que será inviable si el sistema eléctrico persiste en su precariedad.

Cuatro días después del operativo militar de Estados Unidos a Venezuela el Departamento de Energía de ese país aseguró que la red eléctrica venezolana estaba “deteriorada y frágil tras años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente” y que trabajarían para mejorarla y así incrementar la producción petrolera, las oportunidades económicas “y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano”.

 En declaraciones a Radio Fe y Alegría el ingeniero especialista en sistemas de generación eléctrica, José Aguilar, insistió en que la posible incorporación de empresas privadas tanto en el sector eléctrico como en otros depende de la posibilidad de un suministro energético confiable para operar.

¿Se puede ver la luz al final del túnel?

Para “romper la trampa del mal servicio” el ingeniero y experto en gestión pública, José de Viana,  propone tres cambios fundamentales. El primero es una  reforma institucional y no técnica, puesto que reparar cables y turbinas “es inútil si el modelo gerencial sigue quebrado”.

La segunda recomendación es poner fin al “subsidio destructivo” y ajustar las tarifas al costo real del servicio para garantizar su existencia. Precisa que el costo estimado de recuperación del sistema eléctrico nacional es de 15 mil millones de dólares y que Corpoelec solo recauda anualmente 80 millones de dólares. Al ritmo de cobro actual, se necesitarán 187 años en facturar el dinero para reparar la red.

 De Viana también insiste en que se abra la “participación masiva del sector privado” y se desmantele “el monopolio ineficiente”, todo esto con transparencia administrativa.

Gabriela, quien reside en una urbanización privada en la Carretera Nacional Guarenas-Guatire, resume el sentir de una ciudadanía agotada, pero pragmática: “Si algo nos ha comprobado esta crisis es que lo barato o regalado, sale caro. Creo que nadie se opondría a pagar más si nos garantizan que la luz va a llegar todos los días. Eso sí, si pagamos más, tiene que ser a cambio de un servicio estable”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.