La presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, exvice presidenta de Nicolás Maduro, exministra de Hidrocarburos y desde hace años máxima responsable de las políticas económicas de Venezuela, anuncia un futuro aumento salarial cuyo monto y alcance todavía es una incógnita.
Coincidente con sus primeros 100 días a la cabeza del recompuesto régimen chavista, Rodríguez presentó algunos bocetos de cambios económicos que ignoran las profundas causas estructurales del continuo desastre económico que sufren el país y el bolsillo de la gente.
En momentos en los que sindicatos y gremios profesionales ensayan protestas y desafían al terror de la represión, la sustituta de Maduro promete un aumento salarial “responsable” para el próximo 1 de mayo, sin decir el monto.
Este aumento en realidad beneficiará sobre todo a 3,1 millones de trabajadores del sector público y a 6,26 millones de pensionados y jubilados (números oficiales). Se supone que además se elevarán las escalas salariales dentro del aparato del Estado, en una espiral que alcanzará a todos los escalafones y además llegará a otros servidores públicos, como militares y policías.
En el sector privado, desde hace tiempo, los salarios son muy superiores a los del Estado.
Pero hay pocas razones para esperar que sea un aumento sustancioso, porque las implacables matemáticas revelan que, por ejemplo, sería imposible duplicar esos pagos hasta los todavía miserables $320 por mes.
Mucho menos se llegará a compensar una inflación que según las cifras del Banco Central fue de 617% en los 12 meses terminados en febrero, y de 51,94% en los dos primeros meses de este extraño 2026.
“El primero de mayo haremos un incremento responsable. Conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial, seguiremos avanzando por ese camino”, prometió la encargada, en un discurso la noche del miércoles que parecía más propio de un nuevo gobernante, de otro partido, recién enterado de lo que ocurre en una casa heredada.
Un Estado sin dinero
En realidad, el Estado venezolano está quebrado y como a cualquier padre de familia irresponsable, aunque por otras razones, no le alcanzan sus ingresos”. El aumento de los ingresos petroleros gracias a la luna de miel con Donald Trump y a la disparada de los precios del crudo por la guerra en Medio Oriente no alcanzan ni de lejos para equilibrar las cuentas, mucho menos para generar excedentes.
Más ingresos al trabajador, realizados sin respaldo, disparan la inflación y destruyen su poder de compra”, reconoce el encabezado de una lámina usada por Delcy en su presentación, y que sorpresivamente fue entregada a los medios con algunas chuletas del discurso.
“Hay que controlar la inflación para recuperar el poder de compra del ingreso del trabajador”, dice otra de las láminas al recordar que en junio de 2018 hubo un aumento salarial que en solo tres meses ya había perdido el 86,2% de su poder de compra.
Desde hace muchos años los economistas han advertido que el modelo socialista, populista, interventor, controlador, ineficiente, estatista y expropiador ha liquidado el poder de los salarios en Venezuela y disminuido el valor del factor trabajo. El chavismo además ha confiscado las prestaciones sociales de los trabajadores y ha convertido los salarios en bonos sin incidencia futura en esas prestaciones ni en las pensiones.
Es un modelo que ha agudizado la desigualdad y la inequidad y que penaliza la inversión en formación del capital humano. Es fama que una directora de escuela termina ganando lo mismo que el portero.
Pero Delcy no soltó nada sobre cómo su flamante gobierno apoyado por Washington pretende abatir la inflación, que es otro de los graves problemas estructurales de la economía venezolana.
El problema no son los salarios que causan alzas de precios. En realidad la incapacidad del gobierno, la desconfianza en sus peregrinas prácticas económicas y la ausencia de políticas económicas sólidas, predecibles, modernas, funcionales, son las causantes del desastre inflacionario.
La chuleta (ayuda memoria, en venezolano) de Delcy reporta que por ejemplo entre enero de 2017 y octubre de 2019 los precios subieron la espantosa cifra de 62.423.885 por ciento, casi el doble del pobre salario básico , que lo hizo en 36.911.165% en el período.
El ingreso mínimo promedio nacional en Venezuela a marzo de 2026 es de $190 por mes, según datos usados en el discurso. Se han recuperado respecto a los $161 de mayo de 2025.
Como se sabe, la referencia es la tasa oficial del BCV. Pero en Venezuela los precios reales están atados a la tasa del dólar paralelo, que está suele estar entre 30% y 40% por encima. Eso lo puede constatar cualquier asalariado, pensionado o jubilado cuando va al mercado.
En su defensa, el gobierno dice que de los $342 millones destinados en marzo al pago de pensiones, el Estado pagó el 91%. Eso equivale a $311 millones.
Lo que no dice es que el sistema de previsión social –incluido el fondo de pensiones de PDVSA- fue impunemente saqueado por años de corrupción e ineficiencia.
Además, como la mayor parte de los trabajadores está obligado a sobrevivir en la informalidad, no aportan al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y los asalariados formales en relación de dependencia a un empleador ganan tan poco que sus aportes no significan nada (ese aporte total es de apenas 0,2%, según el gobierno).
Los aportes de las empresas al IVSS y la Ley de Contribución Especial (otro impuesto confiscatorio bajo la excusa del “bloqueo” de Estados Unidos) aporta el 9% de los fondos del sistema.
El pasado no perdona
Según las cuentas oficiales, hay 554 000 jubilados en el sector público. Según otras fuentes, cada uno percibe en varios bonos hasta unos $130 mensuales, en bolívares, a la tasa oficial.
Entonces, cálculos propios indican que esa miseria personal y familiar representa para el gobierno el pago de $72 millones por mes, $864 millones por año. Solo a los jubilados.
Según el Cendas, del Magisterio, la canasta básica para alimentar a una familia de cinco miembros cuesta $645 por mes. Eso significa que si se duplicara el pago mensual, esa jubilación solo alcanzaría para comprar menos de la mitad de esa canasta.
Pero para las arcas del gobierno el pago total de esas jubilaciones costaría $1728 millones al año, lo equivalente a casi el 10% de todo el presupuesto nacional de 2026.
La chuleta de Delcy dice que son además 5,2 millones de pensionados. La cifra oficial significa que el pago por el Estado del 91% del monto de las pensiones representa hoy $311 millones de dólares por mes. Son $3.732 millones al año.
Entonces, si se llegara a duplicar ese desembolso total de $311 millones, se requerirían por año en total $7464 millones. Sumados a los $1728 millones de los jubilados, todo equivale al valor de la mitad del presupuesto nacional de la República para 2026.
Eso sin mencionar los pagos de sueldos y salarios a los servidores públicos activos (3,1 millones de personas), hoy forzados a rebuscarse por fuera porque a ninguno les alcanzan los ingresos por muy alto que hayan llegado en el escalafón. Y no hay cifras oficiales sobre el valor total de la nómina del Estado.
Peregrinación a falta de recursos
El gobierno quebrado está de manos atadas para atender las más mínimas demandas salariales que con toda justicia reclaman pensionados, jubilados y trabajadores activos, que se enfrentan sin futuro a la inflación más alta del mundo.
El chavismo, docto en dar la vuelta por encima, ha emprendido una cruzada para justificar esta miseria. La presidenta encargada anuncia una “peregrinación nacional”, una especie de acto de fe que comienza el 19 de abril y terminará el 1 de mayo seguramente con un evento multitudinario en el que echarán otra vez la culpa a las sanciones, y “al bloqueo”, por la vieja incapacidad del Estado chavista de pagar sueldos dignos a sus servidores.
La peregrinación, nombre de tinte religioso en un país inclinado a santos, aparecidos y cadáveres eternos, será sin duda una prueba de esfuerzo a la capacidad de movilización del chavismo y una prueba política para Delcy, que cada día se afianza más en el poder dentro de la corporación roja y verde.
El chavismo culpa a las sanciones que han represado (y protegido) en el exterior activos del Estado venezolano, incluyendo 31 toneladas en lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra que hoy valen unos $4700 millones. También hay unos $5000 millones en derechos especiales de giro, la moneda contable del FMI, que le corresponden a Venezuela desde hace algunos años.
Pero ningún gobierno sensato usaría esas reservas para pagar aumentos salariales, sería como si usted vendiera el taxi para pagarle sueldos al taxista.
Por eso todos esos anuncios chocan con las implacables matemáticas, las mismas que nos muestran cómo un Estado hoy quebrado necesitará largos años, estabilidad política, e institucional, confianza y apoyo masivo de sus pobladores y de países democráticos, para salir del foso e impulsar en el trayecto al resto de la nación.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
