María Corina Machado, líder de la oposición, participó a distancia en el encuentro en el que los factores que hacen vida dentro de la Plataforma Unitaria Democrática, en la que se presentó una hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela.
En su mensaje, insistió en que el gobierno está siendo “obligado” a desmontar sus estructuras de “represión, corrupción y crimen”, y que hay resistencia “porque saben que la represa que se abrió no tiene vuelta atrás”.
La coordinadora nacional de Vente Venezuela denunció que en el país aún existen 485 presos políticos, entre los que se encuentran 187 presos militares, y condenó también la represión contra dirigentes y trabajadores y las limitaciones a los medios de comunicación, así como las negativas a la amnistía.
Pese a ello consideró que el país “está dando pasos decisivos. Y cada paso que damos no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás”.
La dirigente opositora recalcó que el país “está unido y clama por su derecho a elegir libremente”.
“Queremos elecciones para elegir todo y legitimar con nuestra participación en unas elecciones impecables, que serán ejemplo para todo el planeta y el país las quiere ya”, recalcó, al tiempo que aseguraba que solo un gobierno legítimo traerá el estado de Derecho que atraerá inversiones al país, para que despegue económicamente y queden atrás la “miseria y horror”..
Agregó que la celebración de elecciones y la recuperación del país es una “urgencia ética”: “Nuestros niños crecen sin educación, nuestros ancianos no tienen qué comer, nuestros jóvenes no sienten futuro. Esto hay que pararlo. Y esa es la urgencia ética que solo se va a saldar con un proceso electoral en Venezuela. Es lo que Venezuela entera exige porque es nuestro derecho”.
Tras lamentar y condenar la represión que sufrieron trabajadores y sociedad civil durante la protesta del 9 de abril, María Corina Machado, y afirmar que pronto regresará al país, envió un un mensaje a los venezolanos: “El bravo pueblo volvió a las calles en Venezuela. Y ellos les tienen miedo al bravo pueblo, porque es un pueblo que no se doblega. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, por eso, nadie nos va a detener ahora. A los trabajadores, que están dando este ejemplo de coraje y dignidad, mis respetos, sigan adelante, que el país los apoya. A los sacerdotes, maestros, a los periodistas, madres, amas de casa, estudiantes a cada uno de ustedes, que son líderes en sus comunidades: Hoy Venezuela los necesita”.
El discurso a distancia terminó con una promesa: “Venezuela va a avanzar en esta transición, Venezuela será libre y traeremos a nuestros hijos de vuelta a casa, a un país orgulloso, luminoso y alegre, eso sí, que va a a exigir mucho esfuerzo para transformar esta tierra arrasada a una tierra de gracia”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Durante una entrevista con el diario El País, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, lanzó una advertencia velada a la líder opositora María Corina Machado, cuando le preguntaron si permitirían que regrese a Venezuela.
“Si revisan la Ley de Amnistía, se enumeraron 34 situaciones que generaron violencia y distorsión de la paz. Una sola se quedó fuera, que era la convocatoria e invasión del país y la convocatoria a golpes de Estado. Está resultando, no quiero ser insultante, bastante borbónica la señora Machado, porque pareciera que no haya aprendido nada y ella persiste en su planteamiento de que sea la violencia la que se imponga, de que sea el concepto de tierra arrasada, una cosa de la que nadie en Venezuela está hablando en este momento”, respondió, como dejando entrever que podría enfrentar consecuencias legales si mantiene su discurso.
El periodista le preguntó directamente si Machado podría ser detenida al regresar al país y el presidente de la AN respondió: “Yo soy diputado, no soy yo quien puede dar esa respuesta.
Acá, un resumen de otras “perlas” que deslizó durante esa entrevista.
Niega traición del chavismo a Maduro
Tras ser interrogado sobre los hechos del 3 de enero, Rodríguez respondió: “Estoy seguro de que no en lo que tiene que ver con los mandos políticos y militares. De hecho, la entonces vicepresidenta Rodríguez estuvo trabajando con el presidente Maduro hasta el día 2 a las ocho de la noche. Ese mismo día, a las 22, yo conversé telefónicamente con él. Entiendo yo que Diosdado también estuvo en contacto permanente con él en esas horas y, si hubiera ocurrido un evento de la naturaleza que está señalando, seguramente a esta hora ya se sabría”.
Lo que les enseñó el “trauma” del 3 de enero
Cuando le preguntaron por qué no ejecutaron antes los cambios que han adelantado después de la captura de Nicolás Maduro: ” Yo creo que de los traumas se sacan muchos aprendizajes y muchas enseñanzas. Un sociólogo le hablaría de lo bueno de las crisis, pero como yo soy psiquiatra, prefiero hablar del concepto de trauma. De un evento tan traumático como el que vivimos hemos aprendido muchas cosas. Lo primero creo que es la necesidad de no ver al otro como un enemigo. Cuando en política empiezas a ver al adversario como un enemigo, la brecha se hace muchísimo mayor y se pasa por el no reconocimiento. Una de las pequeñas o grandes tragedias que vive la política venezolana es que los chavistas somos malos perdedores, pero los opositores son pésimos ganadores.
Corrupción “espantosa” en el chavismo
“Hubo acciones inescrupulosas de algunos que recurrieron a las formas más espantosas de corrupción. Nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, porque si no lo hacemos podemos correr el riesgo de volver a repetir ese problema (…) El combate contra la corrupción tiene que ser algo draconiano. ¿Cómo es posible que en un momento, como en el año 2020, donde teníamos tantísimas dificultades económicas, algunos ministros o directivos de Pdvsa se dedicaran a robarse la poquita plata que había?
Afirma que a Venezuela no la tutela Trump y que no les han pedido nada para levantar sanciones
“No lo está. Lo que sí hay es una relación de cooperación, un proceso que nosotros quisiéramos que fuera más rápido, como es ir levantando de manera paulatina las sanciones a la industria petrolera y al sistema financiero venezolano. Eso sin duda va a generar un aumento de la inversión extranjera en petróleo, en minas, en gas, en servicios. Todo eso forma parte de todo este proceso de conversaciones”.
“Hasta ahora, ni una sola vez nos han dicho: ‘Tal día deben hacer esta cosa, tal otro día deben hacer esta otra cosa’. Ni una sola vez ni un solo funcionario de Estados Unidos nos ha dicho: ‘Mire, apruebe la ley tal día’. Además, sería violatorio de esta Constitución”.
Un nuevo tiempo político, que no es transición
Jorge Rodríguez declinó hablar de “transición”, un término acuñado por el secretario de Estado, Marco Rubio: “Prefiero la que usa la presidenta Rodríguez, que es un nuevo tiempo político, que pasa por restañar las heridas de la guerra económica. Hay que producir con mucha rapidez más petróleo para tener más dinero, para poder recuperar un estado de bienestar con el que los venezolanos aprendimos a vivir en los tiempos del gobierno del comandante Chávez y en las primeras etapas del gobierno del presidente Maduro”.
Prioriza economía sobre las elecciones
Cuando le preguntaron acerca de cuándo serían viables unos comicios del país, esto dijo: “Lo más importante ahorita es la economía. Es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta que todo este proceso valió la pena. Luego, estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición que se mantengan dentro de los cauces de la Constitución, incluso con sectores que viven en el exterior. No podría decirles exactamente cuándo, ni siquiera cuál va a ser la primera elección, porque hay mucho que hacer. Otra cosa que hay que hacer es que todas y todos podamos confiar en el árbitro electoral que organice esas elecciones; eso es muy anterior a la organización propia de la elección”.
Chavismo “más unido que nunca”
Jorge Rodríguez invitó a los medios españoles a no crearse “telenovelas” y aseguró que no hay división en el gobierno:“El chavismo está más unido que nunca. Antes decían que Maduro y Diosdado, ahorita que los Rodríguez. Nuestra aspiración es que esa cohesión se amplíe más hacia otros sectores de la sociedad venezolana”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que aglutina a los principales partidos opositores del país, presentaron este 12 de abril una hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela, en la que coincidieron en que el país aún no se encuentra en ese proceso y que la salida pasa por elecciones libres, unidad política y garantías institucionales.
Aunque desde distintos énfasis, los voceros coincidieron en tres puntos centrales: la inexistencia actual de una transición democrática, la necesidad de elecciones libres como condición indispensable y la importancia de la unidad política y social para alcanzarla.
También destacaron la negociación como mecanismo para lograr condiciones, la restitución del orden constitucional como objetivo y la centralidad de la participación ciudadana en el proceso.
En el evento participó a distancia Edmundo González Urrutia, candidato opositor de los comicios de 2024 y quien ganó la contienda según las actas difundidas por la oposición, quien enfatizó la necesidad de partir de un diagnóstico claro para abordar el proceso: “Venezuela no se encuentra hoy en un proceso de transición democrática. Esta es precisamente la claridad que necesitamos para construir sobre una base sólida”. Advirtió que las estructuras de poder se mantienen: “No desaparecen solas, todo eso sigue ahí, adaptándose y buscando sobrevivir”.
El exdiplomático, exiliado forzosamente en septiembre de 2024, insistió en el carácter imprescindible del voto. “Sin elecciones libres, no hay transición democrática”. Por otra parte, hizo un llamado a la unidad en diversidad y remarcó el objetivo común en torno al cual debe trabajar la oposición venezolana: “No es uniformidad, no les estoy pidiendo que piensen igual. Eso no sería unidad, sería autoritarismo (…) todos somos necesarios. Todos tienen un lugar en esta causa. Lo que nos une, la voluntad de cambio, es infinitamente más poderosa que la voluntad de desunirnos”.
Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia y expreso político, ratificó la necesidad de ir “lo más pronto posible” a elecciones libres pero construyendo las condiciones necesarias. Como punto central, exigió la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el cambio del Consejo Nacional Electoral y una auditoría al registro electoral para permitir la participación de los venezolanos en el exterior: “No podemos ir a elecciones con este CNE actual“, insistió.
Al llamado a la liberación de presos políticos como condición indispensable para la transición se sumó el dirigente nacional de Voluntad Popular, Freddy Superlano, quien fue excarcelado en febrero de 2026 tras 19 meses de prisión: “Es importante que esta Plataforma tenga entre sus principales puntos la liberación de los presos políticos. Es importante que se diga que no hay transición si siguen existiendo presos políticos en Venezuela”.
Superlano celebró el reencuentro de las organizaciones que hacen vida en la Plataforma Unitaria y suscribió el punto de que sin elecciones no puede haber democracia, y tampoco habrá mejora económica: “El capital siempre va a ser aprehensivo y no tendrá confianza en una nación sin democracia”.
Biagio Pilieri, quien también fue victima de la represión y prisión política tras promover las presidenciales de 2024, insistió en que la unidad es determinante para lograr la transición y recordó hitos como la organización de las primarias de 2023 y los esfuerzos por llegar al 28 de julio de 2024, en los que, ratificó, se ganó “contundentemente”.
El coordinador nacional de Convergencia remarcó que a este proceso “aún le falta“: “Y en la medida en que estemos unidos y organizados, le va a faltar menos. No dudemos que lo vamos a lograr, es nuestro deber como lo dice nuestro eslogan”.
Negociación y reconocer el liderazgo de primarias y presidenciales
El secretario ejecutivo de la PUD, Roberto Enríquez, ratificó el papel de la Plataforma Unitaria como articuladora para la “restitución del orden constitucional”. Coincidió en que el país no está aún en transición debido a las restricciones de garantías y señaló que “un proceso de negociación política será necesaria para garantizar la transición democrática”.
Subrayó, asimismo, que el mandato de las primarias de octubre de 2023 fue “llegar hasta el final, pero unidos”, y enfatizó que se debe reconocer el liderazgo de María Corina Machado y la figura de Edmundo González Urrutia.
Delsa Solórzano: condiciones reales y garantías de no repetición
La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, centró su intervención en las condiciones necesarias para una transición efectiva. “La transición exige condiciones reales (…), cobra forma cuando el miedo deja de gobernar la vida pública”.
También vinculó el proceso con la situación de perseguidos políticos. “La libertad del país empieza por la libertad de quienes han sido perseguidos por ejercer sus derechos políticos”.
Solórzano, quien fuera representante ante el Consejo Nacional Electoral en las presidenciales de 2024, planteó principios fundamentales para el proceso. “Una transición verdadera también necesita principios claros: verdad, libertad, institucionalidad, inclusión y, sobre todo muy importante, garantía de no repetición”.
Asimismo, subrayó el carácter irreversible que debe tener el cambio. “Nuestro compromiso con Venezuela. Porque es nuestro deber comprometernos con una transición auténtica, seria e irreversible”.
Recalcan compromiso con los trabajadores
Andrea Tavarez, dirigente de La Causa R, enfocó su discurso en los reclamos de los trabajadores venezolanos y enfatizó que la Plataforma Unitaria los seguirá acompañando en su lucha.
“Tenemos una comisión de solidaridad social en la disposición para consolidar el valor del trabajo. Si no logramos un país productivo, no vamos a lograr un cambio democrático. Pero un país productivo no existe si no hay una clase trabajadora robusta”, opinó.
Recordó que la exigencia de un salario justo y digno es un derecho y que se deben reivindicar las prestaciones sociales: “Bono no es salario. De manera que hay eliminar el memorándum 2792, el instructivo Onapre que arrasó con las tablas salariales en Venezuela. Hoy el régimen que se dice defensor de los trabajadores arrasó con esas conquistas de luchas de muchos años”.
Unidad, organización y participación ciudadana
Otros dirigentes de la Plataforma Unitaria coincidieron en la importancia de la organización social y la movilización. Piero Maroun, secretario de organización nacional de Acción Democrática, llamó a la acción inmediata. “No sigamos preguntando para cuándo es esto. Esto es para pronto. Vamos a prepararnos, la organización desde abajo, desde las comunidades”.
También insistió en el mensaje político. “El mensaje: la unidad y la organización, Dios por delante. Venezuela está por encima de cualquier partido político”.
Por su parte y también con una participación a distancia Robert García, secretario general nacional de Copei enfocó su demanda en la parte técnica y procedimental de la ruta y planteó la necesidad de trabajar por condiciones electorales adecuadas: “Lo que clamamos al final es un CNE confiable, para lograr una elección libre y transparente, resolver nuestras diferencias a través del voto”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Los hechos se repiten. Dos nuevos casos de intoxicaciones en escuelas bajo extrañas circunstancias ocurrieron esta semana en el estado Trujillo. El 8 de abril pasado, en la Escuela Manuelita Sáenz y el Ciclo Combinado de Santa Apolonia, en el municipio La Ceiba, varias personas presentaron erupciones en la piel tras percibir un fuerte olor desconocido, lo que obligó a desalojar las instituciones. Así lo informó el exconcejal Andrés Medina Terán al Diario de Los Andes.
A los afectados los trasladaron al recién inaugurado Centro Popular Tipo III Dr. José Gregorio Hernández. Sin embargo, Terán denunció que el lugar no tenía los insumos para atender la contingencia y pidió a Fundasalud que dote a las institución con lo necesario.
Lo que pasó en Trujillo no es un hecho aislado. Hace tres semanas, el 19 de marzo, 35 personas se intoxicaron en el Liceo Juan Antonio Rodríguez Domínguez de Aguada Grande, en el estado Lara. Dijeron sentir “un fuerte olor extraño”, y luego comenzaron a toser, tener dolor de garganta y náuseas, entre otros malestares. Algunos incluso perdieron el conocimiento por 30 minutos, reseñóÚltimas Noticias.
En el país se han registrado al menos 47 episodios similares, desde hace un año y cinco meses. Los afectados son principalmente estudiantes.
En los primeros hechos que alertaron a la opinión pública, a finales del año 2024, las autoridades atribuyeron la situación a retos virales de redes sociales que instaban a los adolescentes a inhalar sustancias químicas. Sin embargo, la información oficial posterior ha sido escasa. Dicen abrir investigaciones y luego no publican qué sucedió o si hay planes para prevenir que los hechos se repitan.
La mayoría de los eventos se han producido en los estados Trujillo, Portuguesa, Sucre, Mérida y Barinas, de acuerdo con una base de datos elaborada por RunRun.es, a partir de publicaciones en medios de comunicación. Las personas afectadas han tenido que ser trasladadas a ambulatorios u hospitales para recibir atención médica.
Entre los síntomas comunes en los diferentes casos se incluyen dificultad para respirar, dolor de cabeza, mareos, vómitos y desmayos, entre otros. En intoxicaciones que ocurrieron en instituciones de La Guaira, Barinas y Cojedes algunos adolescentes tuvieron convulsiones.
Se identificaron escuelas en las que hubo más de un episodio, como en el Liceo Nacional Bolivariano Manuel Manrique, en Cojedes, en el que se reportaron tres casos de intoxicaciones entre marzo de 2025 y enero de 2026.
El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, señala que estos casos de intoxicación que han afectado a niñas, niños y adolescentes “no pueden ser interpretados como hechos aislados ni meramente accidentales”.
Para el abogado estos eventos son “señales de alerta sobre el deterioro de las condiciones de protección de la niñez” y que su recurrencia en distintos estados del país, particularmente en espacios escolares, “evidencia patrones que remiten a fallas estructurales más profundas”.
Retos virales, fumigaciones y causas por investigar
El 7 de noviembre de 2024 ocurrió uno de los primeros casos. Una intoxicación masiva ocurrió en el Liceo 27 de Junio del municipio Turén, en el estado Portuguesa, donde resultaron afectadas al menos 85 personas tras inhalar una “presunta sustancia química no identificada”, según declaró el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Luis Medina.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) dijo entonces que investigaban si el hecho y otros casos similares en Barinas se relacionaban con un reto viral de redes sociales llamado chroming, que consiste en inhalar sustancias químicas presentes en productos en aerosol, como desodorantes, pinturas o insecticidas.
Días después, Nicolás Maduro declaró sobre estos casos y confirmó que dos adolescentes de 12 y 14 años de edad fallecieron, en situaciones diferentes, por la realización de estos retos virales. Culpó a TikTok por permitir la publicación de este tipo de contenidos. Luego, el Ministerio de Salud dijo que habían desplegado una campaña preventiva en 18 estados del país y 207 escuelas para “concientizar a niños, niñas y jóvenes sobre los riesgos asociados a los retos virales peligrosos”.
Desde entonces, las autoridades locales o miembros de las escuelas han hecho menciones de otras causas preliminares. En junio de 2025 unos 50 estudiantes se intoxicaron en el Grupo Escolar El Limón, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry, del estado Aragua. La gobernadora Joana Sánchez declaró que días antes hubo una fumigación en varios planteles para evitar la propagación del dengue.
“La hipótesis que se maneja es que hubo un encuentro entre diferentes sustancias como el Fenotión (insecticida) y el cloro, produciéndose la intoxicación, sin embargo, estamos esperando el resultado de las investigaciones”, dijo.
En el liceo Colinas del Llano, ubicado en la urbanización Ciudad Varyná, en la capital de Barinas, hubo al menos tres incidentes de intoxicación y en los dos primeros se determinó que hubo “dispersión intencional de sustancias tóxicas”, aunque no hay detalles sobre quiénes fueron los responsables o cuál era el objetivo. Otras causas diferentes para intoxicaciones reseñadas por el medio Últimas Noticias incluyen que los estudiantes consumieron “gomitas” y una mezcla del suplemento energético con refresco.
En el caso reciente de las escuelas de Trujillo, el exconcejal Andrés Medina habló sobre la dispersión de sustancias químicas en distintas escuelas públicas del municipio.
Incertidumbre, protestas y pérdida de clases
Padres, madres y representantes de la parroquia El Tres de Febrero, del municipio La Ceiba en Trujillo, realizaron asambleas en las que acordaron no enviar a sus hijos a clases mientras se aclara la situación.
“En varios casos documentados entre 2025 y 2026, las actividades escolares fueron suspendidas temporalmente, afectando la continuidad educativa y reforzando la percepción de inseguridad en espacios que deberían ser protectores. La falta de respuestas claras también ha favorecido la circulación de rumores, incrementando la incertidumbre en las comunidades”, comentó Trapani.
En el estado Lara, representantes de la comunidad Aguada Grande protestaron en la calle para exigir que se investiguen con celeridad las causas de la intoxicación que afectó a los estudiantes del Liceo Juan Antonio Rodríguez Domínguez. Se declararon en asamblea permanente y crearon comisiones para acudir a organismos como el Cicpc, el Ministerio Público y el Ministerio de Educación para obtener respuestas. También contaron que luego de una semana de que se produjeran los hechos, varios de los adolescentes continuaban con secuelas.
Sobre qué más se ha hecho en escuelas afectadas, la docente de una escuela afectada en Turén, estado Portuguesa, dijo a RunRun.es que tras los hechos las autoridades acudieron para hacer interrogatorios, pero que no dieron información clara del resultado de las investigaciones. Sin embargo, admitió que sí hay desde entonces más presencia policial en los alrededores de la escuela. Incluso, afirmó que se les revisan los bolsos a estudiantes y personal del plantel antes de entrar para evitar que ingresen sustancias que podrían ser “peligrosas”.
¿Qué piensan expertos y defensores de DDHH?
El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huníades Urbina, cuestionó el “secretismo” de las autoridades alrededor de estos casos. Consideró que es necesario que el Ministerio de Salud diseñe un plan que las gobernaciones y alcaldías puedan implementar e informar a las comunidades.
Para la presidenta de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, Elvia Badell, un escenario ideal es que funcionara un centro general de toxicología al que los distintos centros de salud del país pudieran contactar para atender estos casos de intoxicaciones. Consideró que, además, docentes y representantes deben incorporarse para vigilar a los estudiantes en caso de que se pueda estar debido a estos retos virales.
Trapani, de Cecodap, añadió que la ausencia de información pública sistemática y oportuna demuestra una debilidad del sistema de vigilancia epidemiológica “y sugiere un escenario de alta subestimación de la magnitud real del problema”.
Infografía: Notebook LM
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Durante los primeros diez días de abril de 2026, Venezuela volvió a mostrar una marcada contradicción entre el discurso oficial de diálogo y modernización institucional y una realidad atravesada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, deterioro social y consolidación del control político. Así lo documenta el más reciente informe de la organización Un Mundo sin Mordaza, que advierte sobre la continuidad de patrones autoritarios y la ausencia de cambios estructurales en materia de garantías fundamentales.
El reporte sostiene que, aunque el Ejecutivo promovió anuncios económicos y señales de apertura internacional, “los hechos del período reflejaron otra realidad: persistencia de la prisión política, restricciones al espacio cívico, conflictividad social no resuelta, servicios públicos colapsados y un rediseño institucional cada vez más orientado al blindaje del poder”.
Prisión política, sistema penitenciario que violenta los DD.HH. y cárcel para controlar
Uno de los ejes más críticos del informe es la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas. Según el documento, al menos 485 personas permanecían detenidas al 8 de abril, entre ellas 44 extranjeros o binacionales, lo que confirma la continuidad de la prisión política como herramienta de control estatal.
El episodio más grave que relata Un Mundo Sin Mordaza fue el ocurrido en el penal Rodeo I,donde presos políticos extranjeros habrían sido reprimidos con “gases lacrimógenos, golpes y otros tratos crueles”, en medio de denuncias de heridos y una presunta muerte no confirmada oficialmente, que luegoel Ministerio Público aseguró que no ocurrió.
Destaca reporte que en lugar de una política uniforme de excarcelaciones y restitución de derechos, el panorama siguió marcado por negativas selectivas de amnistía, traslados sin notificación, continuidad de procesos penales contra personas ya excarceladas y nuevas denuncias de represión dentro de centros de reclusión. En paralelo, Foro Penal advirtió quela ley de amnistía se ha convertido en un “embudo” que ralentiza o paraliza libertades.
También se mencionó el deterioro de salud de Rolando Guevara, preso desde 2004, el cual consideran, evidencia la persistencia de la negligencia médica. Su condición fue descrita como crítica, en un contexto donde la Corte Interamericana ya había ordenado su liberación.
A ello se suma la denuncia de que al menos 11 adultos mayores de 70 años siguen detenidos, pese a que su condición permitiría medidas alternativas. El informe también documenta decisiones judiciales que refuerzan la arbitrariedad. La negativa de amnistía a 50 presos políticos de la causa Plaza Venezuela, sin motivación suficiente, confirma que este mecanismo “continúa operando con criterios selectivos y poco transparentes”.
Asimismo, se reportaron traslados sin notificación de detenidos de la Operación Gedeón a Yare III, lo que refuerza prácticas de incomunicación, y un uso desigual de beneficios judiciales, como el caso del periodista Rory Branker, a quien se le negó la libertad plena, frente a la concesión de ese beneficio a la activista Nélida Sánchez.
Represión a la protesta social
En paralelo, la protesta social también enfrentó restricciones. Una movilización de sindicatos, jubilados y estudiantes para exigir mejores salarios y reivindicaciones laborales fue contenida y reprimida por cuerpos policiales antes de llegar a Miraflores, mediante bloqueos y desvíos que limitaron su recorrido.
El documento recoge, a propósito del tema salarial, que el gobierno de la encargada con el aval de EE.UU. Delcy Rodríguez, anunció un paquete de medidas que incluye un aumento “responsable” del ingreso para el 1 de mayo, sin detallar montos ni mecanismos.
La organización advierte que estas propuestas “siguen siendo programáticas” y no ofrecen garantías suficientes de exigibilidad, transparencia ni protección efectiva de derechos, especialmente en un contexto donde el salario mínimo permanece congelado desde 2022.
Designaciones cuestionadas
El período evaluado por Un Mundo sin Mordaza también estuvo marcado por decisiones clave en el plano institucional. La Asamblea Nacional designó a Larry Devoe como fiscal general y a Eglée González Lobato como defensora del Pueblo, en un proceso cuestionado por falta de transparencia e independencia.
El informe sostiene que estas designaciones profundizan la “captura política del Poder Ciudadano” y debilitan las garantías de acceso a la justicia.
Además, la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Minas refuerza el modelo extractivo del Estado y amplía riesgos para derechos ambientales e indígenas.
En paralelo, la eliminación de Delcy Rodríguez de la lista de sanciones de la OFAC y la reapertura diplomática con Estados Unidos reflejan una creciente normalización internacional, sin que ello implique mejoras equivalentes en materia de derechos humanos, advierte Un Mundo sin Mordaza.
Libertad de expresión y opinión sigue siendo criminalizada
El entorno para la libertad de expresión se mantuvo restrictivo. El informe recopila que el Colegio Nacional de Periodistas reportó casi 80 violaciones en el primer trimestre de 2026, entre las que se incluyen detenciones, deportaciones, cierres de emisoras e impedimentos de cobertura.
El informe destaca el caso de un ciudadano detenido por comentar en TikTok sobre la captura de Nicolás Maduro, lo que evidencia la expansión del uso del delito de “instigación al odio” para castigar opiniones en redes sociales. Espacio Público informó que el detenido fue identificado como Yorman Acevedo. Según la información difundida, Acevedo fue arrestado por agentes del Sebin en el estado Aragua el 13 de enero, acusado de “instigación al odio”, y permaneció 19 días en condición de desaparición forzada.
Estos hechos se producen, además, en un contexto en el que IPYS Venezuela y VE Sin Filtro reportaron que al menos 43 medios de comunicación nacionales e internacionales permanecen bloqueados en Internet dentro del país.
Servicios y sistema de salud siguen en crisis
El informe documenta un agravamiento de las condiciones económicas y sociales. El sector transporte advirtió que el aumento del pasaje urbano ya resulta insuficiente frente a los costos operativos, lo que evidencia el desbalance estructural entre tarifas e ingresos.
En materia eléctrica, organizaciones exigieron transparencia en los racionamientos ante apagones prolongados. La falta de información oficial fue cuestionada con la advertencia de que “la incertidumbre no puede seguir siendo la única respuesta”.
El sistema de salud también refleja un deterioro crítico. Según la Federación de Colegios de Bioanalistas, 81 % de los laboratorios públicos está inoperativo, lo que limita el acceso a diagnósticos básicos.
Aunque el Ministerio de Salud anunció un plan de recuperación hospitalaria, el propio informe advierte que estas medidas evidencian la magnitud del deterioro acumulado, especialmente en servicios esenciales como agua y electricidad.
Migración, repatriaciones y cambios en el escenario internacional
En el ámbito migratorio, el informe registra la llegada de dos vuelos de repatriación desde Estados Unidos con un total de 350 venezolanos, lo que confirma que la movilidad humana sigue siendo un eje central de la relación bilateral.
Al mismo tiempo, España anunció el cierre de la vía exprés de regularización para venezolanos a partir de junio de 2026, lo que incrementa la incertidumbre de miles de migrantes.
La reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas marcó un hito diplomático, aunque sin restablecimiento inmediato de servicios consulares, lo que limita su impacto práctico.
Grupos vulnerables y opacidad estatal
Finalmente, el documento resalta la situación de grupos vulnerables a partir de cifras y alertas de otras organizaciones, como el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, quien denunció 16 años de promesas incumplidas hacia personas trans, o la CIDH que documentó abusos laborales en misiones médicas cubanas, con Venezuela como caso central.
Transparencia Venezuela, por su parte, alertó sobre la falta de rendición de cuentas en estructuras estatales, lo que refuerza las preocupaciones sobre opacidad en el manejo de recursos públicos.
Un Mundo sin Mordaza concluye que la crisis venezolana no solo se expresa en la represión visible, sino también en “omisiones estructurales, discriminación persistente y una administración pública que sigue operando con bajos niveles de transparencia y control”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos,Andreína Baduel, denunció que a su hermano Josnars Baduel, recluido en El Rodeo I le suspendieron las visitas y también se negaron a recibir los medicamentos que necesita.
“Me señalan de liderar actos violentos”, dijo en un video difundido en redes sociales, en el que aseguró que estas restricciones se las notificaron este sábado, 11 de abril. Durante esta semana, tanto ella como otras familiares de presos políticos han alzado la voz para denunciar la crítica situación que se vive en ese penal.
Baduel recalcó que los propios presos políticos de ese centro denunciaron las torturas a las que es sometido su hermano. En ese sentido, responsabilizó al gobierno de su vida: “No nos van a silenciar, ni vamos a claudicar, hagan lo que hagan, más temprano que tarde va a haber justicia”. Añadió que tampoco teme a las amenazas de que les abrirán investigaciones si denuncian en tribunales los hechos ocurridos.
En el mensaje que acompañó a su video, explicó que lo que único que intentó fue comunicarse con él desde las cercanías del penal y exigir respuesta oficial sobre su condición, tras conocer a través de otros detenidos que lo habían llevado a la enfermería después de desmayarse “por las condiciones de reclusión inhumanas y torturas en El Rodeo I”.
Andreína Baduel insistió en que Josnars corre peligro bajo custodia del Estado: “A pesar de requerir cirugías de emergencia por secuelas de tortura, sus necesidades médicas han sido ignoradas durante años de forma deliberada. ¡Ya basta de estas atrocidades. Ser Baduel no es un delito! Exijo fe de vida inmediata. Reitero que el Estado es el único responsable de su integridad física y de lo que pueda ocurrirle en prisión”.
Más de 90 días de vigilias
Familiares de presos políticos cumplieron más 90 días en vigilia permanente a las afueras de El Rodeo I, denunciando un régimen de visitas deshumanizado que impide el contacto físico y el uso de capuchas durante los traslados.
La noche del 10 de abril, las adyacencias del centro penitenciario El Rodeo I no solo se iluminaron con velas, sino con el reclamo persistente de familiares que suman tres meses pernoctando a la intemperie. Lo que comenzó como una espera por promesas oficiales de liberación se ha transformado en una guardia de denuncia ante tratos crueles y el aislamiento sistemático de los presos políticos.
DENUNCIA | Hoy acudí a la cárcel de El Rodeo I con la intención de visitar a mi hermano, Josnars Adolfo Baduel.
Pero, al llegar, un funcionario sin identificación me notificó que sus visitas están suspendidas, también se negaron a recibir medicamentos. La… pic.twitter.com/uILKkczRp8
La actividad de este 10 de abril tuvo lugar luego de tensos días, debido a una protesta de presos extranjeros en ese sitio de reclusión que fue reprimida violentamente.
En un intento por mitigar las denuncias, el Ministerio Público emitió un comunicado afirmando haber verificado los protocolos de respeto a los DDHH en el recinto. La Fiscalía desmintió específicamente el fallecimiento del ciudadano colombiano Luis Eduardo Quinchia, y en un comunicado publicado en su cuenta en Instagram, aseguró que fue entrevistado por funcionarios.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La fundadora del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), socióloga, educadora y defensora de derechos humanos, Ligia Bolívar, fue galardonada con el premio Rudolf Benario de Derechos Humanos 2026, otorgado por la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU), de Alemania.
La institución expresó en un comunicado que le otorgaron este reconocimiento en virtud de “sus destacadas contribuciones globales a la promoción de los derechos humanos”. Añadieron que el premio “honra especialmente su compromiso con los migrantes y refugiados, así como sus esfuerzos por documentar las violaciones de derechos humanos en Venezuela”.
Bolívar es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela, y actualmente reside en el exilio en Colombia. Anteriormente, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y representante regional de Amnistía Internacional para América Latina y el Caribe, España y Portugal. También lideró un proyecto de participación de la sociedad civil en el marco de la iniciativa de reforma judicial de la Corte Suprema de Venezuela.
La Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU) destaca que en los últimos años, Bolívar ha sido una “crítica acérrima de las tendencias autoritarias tanto del actual gobierno de Maduro en Venezuela como de la administración Trump en Estados Unidos”.
“Un faro de integridad que no ha podido ser silenciado”
Diversas organizaciones celebraron el reconocimiento otorgado a Ligia Bolívar. Justicia, Encuentro y Perdón consideró que es motivo “de inmenso orgullo y una luz de esperanza al ver reconocida la labor de una activista venezolana cuya entrega ha sido inquebrantable”.
Consideraron que en un contexto marcado por el asedio a las libertades, la trayectoria de Bolívar—desde la fundación de Provea, su labor en el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y desde hace unos años en AlertaVenezuela- “representa la columna vertebral del activismo ético y valiente en nuestra región. Este galardón exalta su admirable determinación para documentar la verdad y su compromiso inquebrantable con los más vulnerables, especialmente con los migrantes y refugiados que hoy recorren el continente, reafirmando que su voz es un faro de integridad que no ha podido ser silenciado ni por el exilio ni por el autoritarismo”.
Desde Provea, la organización de la que fue fundadora, aplaudieron que haya sido reconocido “el consecuente compromiso de Ligia Bolívar con la causa de los Derechos Humanos en Venezuela y la región”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La noche del 10 de abril fueron liberados los cuatro hombres que habían sido detenidos en la protesta del 9 de abril por reivindicaciones laborales de trabajadores y pensionados, que tuvo lugar en la ciudad de Caracas y que fue reprimida por funcionarios policiales.
La información fue confirmada por el expreso político, abogado y especialista en derechos humanos y laborales, Eduardo Torres, a través de su cuenta en X. En el mensaje, agradeció a familiares, a la Coalición Sindical, a estudiantes, a periodistas y a embajadas, por mantener el apoyo a la causa y también exigió libertad para todos los presos políticos.
Los detenidos y hoy liberados fueron:
OrtBetancourt de 21 años de edad, estudiante de la Unexpo.
César Gómez, dirigente vecinal de Catia la Mar, estado Vargas.
Adrián Balza, trabajador informal.
Tony Zapata, profesor de una escuela en Carapita, Antímano, que sufre de epilepsia.
El Comité por la Libertad de los Luchadores Sindicales informó que se hablaba de un quinto detenido, pero la información no había sido confirmada.
Represión como en los “viejos tiempos” políticos
La protesta del 9 de abril, cuya aspiración era llegar al Palacio de Miraflores, se vio empañada por la represión y la violencia de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En medio del caos que generó el impedimento a los manifestantes de transitar libremente, ciudadanos de los distintos gremios, así como adultos mayores, denunciaron que fueron víctimas de represión, agresiones físicas, verbales, maltratos y detenciones arbitrarias.
Los manifestantes tuvieron que sortear al menos seis barricadas policiales que impedían el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación.
Varias organizaciones de derechos humanos condenaron la represión y alertaron que se mantienen las mismas prácticas del gobierno que encabezó Nicolás Maduro.
Marino Alvarado, activista de derechos humanos, recalcó que estas detenciones en el marco de una protesta pacífica significan “que se mantiene viva la criminalización a la protesta en estos ‘nuevos tiempos'”. Preguntó al nuevo fiscal general Larry Davoe “si seguirá con lala política de su antecesor o empezará a rectificar prácticas contrarias a los derechos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
