Las Federaciones Nacionales del Magisterio Venezolano anunciaron el inicio de una jornada nacional de acción sindical y conflicto laboral entre el 25 y el 29 de mayo, en respuesta a los atropellos e injusticias que padecen a diario los trabajadores de la educación.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, los gremios denunciaron que desde octubre de 2018 el Ejecutivo Nacional dejó de cumplir los incrementos salariales establecidos en la Segunda Convención Colectiva Única y Unitaria 2018-2020, acumulando una deuda cercana al 280 %. Aseguran que esta omisión constituye una violación directa al derecho constitucional de la contratación colectiva.
Ante los continuos atropellos del MPPE: Del 25 al 29 de mayo se realizará una Jornada de Acción Sindical y Conflicto Laboral en todo el país.
Asimismo denunciaron también que el Gobierno ha reducido de manera sostenida el salario base del magisterio, ubicando a docentes activos, jubilados y pensionados en niveles de ingreso “insuficientes e incompatibles con la dignidad humana”. Actualmente, los educadores perciben alrededor de 2,30 dólares mensuales, cifra que los gremios califican como un indicador de pobreza extrema.
A ello se suma la eliminación de beneficios contractuales ocurrida el 15 de marzo de 2022, cuando —según las federaciones— fueron reducidas o suspendidas primas y conquistas laborales vigentes en la II Convención Colectiva.
“A pesar de los reiterados esfuerzos realizados por estas Organizaciones Sindicales para buscar soluciones mediante el diálogo y la conciliación, el Gobierno Nacional ha negado sistemáticamente la posibilidad de acuerdos y por el contrario han recrudecido su accionar contra las trabajadoras y los trabajadores, sus familias y contra el movimiento sindical organizado”, se lee en el comunicado.
Las federaciones hicieron un llamado a la unidad del sector educativo, advirtiendo que este no es un momento para divisiones internas. “La historia registrará quiénes defendieron la dignidad del magisterio y quiénes guardaron silencio”, afirmaron.
Las organizaciones reiteraron que continuarán agotando las vías institucionales y legales, pero también ejercerán las acciones sindicales necesarias, amparadas en la Constitución y en los convenios internacionales suscritos por Venezuela. “Esta lucha es colectiva, por nuestras familias, nuestros hijos y el futuro de la educación venezolana”, concluyeron.
Cronograma de acción sindical en mayo
Lunes 25: Visitas a medios de comunicación nacionales y regionales para exponer la situación salarial y social del magisterio. Martes 26: Conversatorios en centros educativos con docentes, personal administrativo, obreros y representantes. Miércoles 27: Acciones simultáneas frente a las sedes del IPASME en todo el país, con entrega de documentos exigiendo respuestas a la crisis de salud y previsión social. Jueves 28: Asambleas regionales simultáneas a las 9:00 a.m. para informar sobre la situación sindical, contractual y salarial.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En los pensamientos de Ana permanece el recuerdo de una bebé que murió a principios de mayo. Nació en diciembre de 2025 con un peso de poco más de dos kilos. Cuatro meses después, al momento de fallecer, solo había aumentado 200 gramos. La madre, una mujer de unos 26 años de edad, vive con VIH, padece una discapacidad psicomotriz, es víctima de violencia de género y reside en una zona rural del estado Carabobo.
Aquel caso aún despierta emociones profundas en Ana, una activista por los derechos de las mujeres que viven con VIH y trabajadora de una entidad gubernamental (por lo que prefiere mantener su identidad bajo un nombre ficticio). Aunque no es la primera vez que acompaña casos de extrema vulnerabilidad, la tristeza, la rabia y la impotencia, vuelven a ella cada vez que escucha historias como la de aquella joven.
La joven de aproximadamente 26 años que fue atendida por Ana, camina con bastón debido a su discapacidad motora.
“Lo que más siento es rabia, por el nivel de vulnerabilidad en el que aún vivimos las mujeres, de que todavía tengamos que vivir de un hombre, que sea quien nos mantenga y que tengamos que hacerle caso”, expresa Ana, quien considera que hace falta más ayuda por parte de la sociedad y de las familias hacia las mujeres como esa muchacha.
La falta de información
En los territorios marginados de Venezuela, el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva y a consultas médicas especializadas representan un lujo. Andrea Carvajal, co-directora de Transafab y par educadora en el Proyecto VIHvos y Visibles de PP Foundation, explica que, además, los proyectos independientes enfocados en las poblaciones femeninas más vulnerables no son suficientes ni mucho menos logran cubrir el vacío que existe ante la falta de políticas públicas con perspectiva de género.
El hecho de que en las zonas populares la información que llega a las mujeres desde la infancia sea de forma empírica, desde el desconocimiento, desde el miedo y, sobre todo, desde la satanización y el estigma, es de los mayores factores de riesgo que afecta a las mujeres en su adolescencia y adultez al momento de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS).
Exclusión multifactorial
Una vida marcada por la pobreza, la violencia de género y la estigmatización van formando cadenas de exclusión que se entrecruzan y profundizan la vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo en Venezuela, un país con una crisis económica y social que se ha prolongado por al menos una década, donde se consuma un feminicidio cada 55 horas (según cálculos de la organización independiente Utopix), y donde la mortalidad infantil viene en ascenso desde 2014.
Sin embargo, a pesar de que no existen cifras oficiales ni registros individuales que aporten mayor luz al respecto, desde la Red Venezolana de Gente Positiva, en Valencia, estiman que al menos dos veces por semana atienden nuevos casos de mujeres con VIH que enfrentan distintos niveles de vulnerabilidad, pero todas atravesadas por la fragilidad.
Esto va de la mano con el aumento de 1,7 % en los diagnósticos de VIH en mujeres entre 2023 y 2024 en Venezuela. Del mismo modo, el diagnóstico tardío del VIH es un problema que afecta de forma desproporcionada a las mujeres, con tasas que superan el 50 % en países de Europa.
“En el caso de esta muchacha, la pareja es quien la mantiene económicamente. Él también tiene el virus y empezó a recibir el tratamiento antirretroviral (TARV) mucho antes que ella porque él nunca quiso llevarla a ponerse en control, hasta que prácticamente fue obligado”, cuenta Ana.
VIH e inseguridad alimentaria
Patricia (nombre ficticio en resguardo de su privacidad) vive en lo alto de un terreno inestable en la parroquia La Vega, en Caracas. Su casa está levantada con palos y láminas de zinc, que absorben el calor de las altas temperaturas y apenas resisten la lluvia. Cuando cae un aguacero, el agua se cuela por el techo y empapa todo a su paso, A esto se suma que poco a poco el terreno ha ido cediendo por lo que el riesgo de derrumbe está allí latente. Ser una mujer que vive con VIH es ahora mismo lo que menos le preocupa a Patricia, de 28 años de edad y madre de una niña de seis y un niño de cuatro años.
La casa de Patricia y su familia está sobre un terreno inestable que con cada lluvia cede un poco más
“No tengo que darle de comer a mis hijos, no tengo quién me ayude, tengo que esperar hasta que me caiga el bono (…) Necesito que alguien nos ayude con el tema de la vivienda. Hace poco uno de los niños casi se me va por un voladero, no es un ambiente adecuado para mis bebés. Lo que necesito es un hogar digno”, pide Patricia, quien hace varios años fue censada para optar por una vivienda a través de un programa gubernamental, pero sigue sin recibir respuesta.
Patricia y su pareja reciben el TARV puntualmente y de forma gratuita a través del Programa Nacional de VIH/Sida y otras ITS del Ministerio de Salud, pero ahí termina el apoyo. Mientras tanto, cuando deben elegir entre gastar dinero en pasaje para acudir a una consulta o costear algún examen, porque en los hospitales se mantiene la escasez de reactivos, ambos eligen alimentar a sus hijos.
Vivir bajo la obligación de priorizar una necesidad sobre otra, sin una alimentación adecuada y con el estrés de permanecer en una vivienda que en cualquier momento se puede derrumbar trae consecuencias para la salud. Los mareos, la debilidad y los malestares estomacales se han vuelto cotidianos para Patricia, a pesar de que mantiene “controlada” la infección por VIH.
“La inseguridad alimentaria impacta significativamente la eficacia del TARV a través de mecanismos directos e indirectos, por un lado, la absorción y distribución óptima depende estrechamente de la ingesta calórica y lipídica regular para alcanzar concentraciones terapéuticas. Por otro lado, el consumo de agua o alimentos en condiciones no sanitarias, incrementa el riesgo de afecciones gastrointestinales. Los vómitos y síndromes diarreicos resultantes, alteran drásticamente los parámetros del TARV”, explica Yrene Vásquez, médico internista e infectóloga, magíster en VIH y exvicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología.
Sobre la pobreza en Venezuela
Esta familia de cuatro forma parte del 31,7 % de los hogares venezolanos que viven en extrema pobreza, también del 69 % de las familias que dependen de las ayudas sociales que mensualmente otorga el gobierno, según cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de 2025. En la actualidad, ni Patricia ni su pareja tienen empleo. A diario, es ella quien permanece en casa al cuidado de sus hijos, lo que condiciona su búsqueda de empleo.
Con respecto a la comida, el Programa Mundial de Alimentos estima que aproximadamente 15 % de la población en Venezuela (alrededor de cuatro millones de personas) necesita asistencia alimentaria urgente, y 40 % experimenta inseguridad alimentaria moderada o severa en el país.
“Por un lado, la precariedad económica actúa como un determinante social que, en ocasiones, empuja a conductas de riesgo o de subsistencia. Por otro lado, el estigma estructural y la discriminación institucionalizada actúan como barreras críticas de acceso, alejando a la gestante de los controles prenatales y del TARV oportuno. Esto no solo precipita el fallo terapéutico en la madre, sino que anula las intervenciones profilácticas destinadas a proteger la salud del neonato”, explica la especialista.
La deuda del Programa nacional VIH/Sida con las mujeres embarazadas
El Programa venezolano de VIH/Sida contempla un Protocolo de Atención Integral en Salud a Niñas y Niños en el Período Neonatal que establece medidas clave para reducir a menos de 2 % las posibilidades de transmisión materno-infantil, que consiste en una cesárea programada, un tratamiento a base de Zidovudina desde las primeras horas de vida y la eliminación de la lactancia materna.
Ninguno de estos pasos se cumplió en los dos partos de la joven acompañada por Ana. En el caso de Patricia, solo tuvo acceso a la cesárea programada. Aunque no amamantó a sus hijos para reducir el riesgo de transmisión, tampoco pudo garantizarles fórmulas lácteas, debido a que no contaba con los recursos suficientes para costearlas.
Además, desde 2016 el Estado no suministra fórmulas lácteas a los hijos e hijas de mujeres que vivan con esta condición, a pesar de que es su deber hacerlo durante el primer año de vida, según la resolución ministerial SG-0104-99 promulgada en 1999, por lo que son las organizaciones de la sociedad civil las que en muchas ocasiones otorgan donaciones de fórmulas a esta población.
“En su desesperación, al no tener con qué alimentar a sus bebés, hay madres que recurren a la lactancia materna aunque represente un riesgo u optan por ofrecer servicios sexuales en busca de ingresos económicos para comprar alimentos”, dice Ana.
Detrás de cada diagnóstico, puede haber una mujer que trata de sostener a sus hijos, de escapar de una relación violenta o que intenta sobrevivir una y otra vez. Para muchas, el VIH representa solo una capa más entre otras tantas exclusiones. A esto se suma la invisibilidad de la mujer dentro de la respuesta pública y social frente al VIH, bajo el prejuicio de que se trata de una infección que afecta únicamente a hombres que tienen sexo con otros hombres, un estigma que retrasa los diagnósticos y limita el acceso a información.
Es por ello que, especialistas y activistas coinciden en que atender el VIH, sobre todo en mujeres, requiere un abordaje mucho más integral, ya que la pobreza, la violencia de género, la inseguridad alimentaria y la falta de políticas públicas continúan siendo barreras estructurales que cercenan su derecho a la salud.
En la década de los 90, en una transitada esquina de Caracas había un grafiti que decía “Paren el mundo, me quiero bajar”. lA canción “Cerca de la Revolución” de Charly García tiene un estribillo reza “no es solo una cuestión de elecciones, no elegí este mundo, pero aprendí a querer”. Hoy en día, todo podría englobarse en un meme o un sticker para WhatsApp.
En Venezuela suceden tantas cosas a la vez y de manera tan vertiginosa que ni siquiera hay tiempo de procesarlas, situaciones que además producen un desgaste psicológico porque regularmente no son noticias alentadoras.
Muchos venezolanos pensaban que a estas alturas del año, a casi cinco meses de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de las fuerzas armadas estadounidenses y en la víspera de un Mundial de Fútbol, la vibra iba a ser otra, pero no es así.
La confirmación de la muerte de un preso político buscado por su octogenaria madre por meses y el posterior fallecimiento de esta, además de la constante inflación, persistencia de la represión en cualquier protesta, racionamiento de electricidad y una transición a la democracia que no llega son algunas cosas que han sucedido solo en un mes de mayo al que aún le quedan una decena de días.
Venezuela parece un pasticho con decenas de capas, aderezado con la carne, el sudor y la sangre de los más vulnerables.
Mayo comenzó en abril
El esperado aumento de sueldo mínimo llegó el pasado 30 de abril en el marco de un meeting en la autopista Francisco Fajardo, una reunión de simpatizantes del chavismo que colapsó la ciudad de Caracas un día laborable.
La presidenta encargada bajo la tutela de la administración de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, no aumentó el salario básico, lo dejó en 130 bolívares mensuales (menos de 0,20 centavos de dólar), el más bajo de toda la región y quizás del mundo.
En su lugar llevó el ingreso mínimo integral -figura no contemplada en la Constitución que consta de bonos, los cuales no inciden en los pasivos laborales del trabajador- de 190 a 240 dólares. “Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años”, dijo la sucesora del actualmente preso en una cárcel de Nueva York, Nicolás Maduro.
Cuando la noticia es que un avión aterrice en un aeropuerto
Mientras trabajadores no tenían mayor cosa que celebrar por el pírrico aumento de bonos, por otro lado, globos azules, rojos y blancos, colores de la bandera de Estados Unidos, le servían como arco de bienvenida a unos cuantos privilegiados que ocuparon el primer vuelo directo en siete años entre Estados Unidos y Venezuela.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, calificó la llegada a Maiquetía de un avión de American Airlines como un hecho histórico y destacó la importancia económica para las relaciones entre ambas naciones, además del ahorro de dinero y energía para los pasajeros que debían efectuar un periplo alternativo en vista de la inexistencia de una ruta directa.
Según declaraciones de propios pasajeros, los boletos para mayo rondaban los 1000 dólares, ida y vuelta, es decir, cuatro sueldos mínimos integrales.
Tan negro como el petróleo
Un artículo publicado por el New York Times reveló que pese a las promesas de transparencia de los negocios petroleros entre la administración del presidente Donald Trump y su nueva mejor amiga, Delcy Rodríguez, los venezolanos no tienen ni idea de cuánto dinero está ingresando al erario público.
Según Trump, Venezuela iba a presentar presupuestos mensuales a Washington y en ese sentido contrataron a auditores para comprobarlos.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, informó al Congreso americano que el gobierno estadounidense había pactado con la empresa KPMG para auditar las ventas de petróleo en Venezuela.
El sitio web o Transparencia Soberana solo reporta el ingreso de 300 millones de dólares en marzo, que supuestamente se usó para aumentar el salario mínimo integral.
Muerte de Quero indignó a todo un país
Después de 16 meses buscando a su hijo, detenido el 1 de enero de 2025 en Plaza Venezuela, Carmen Teresa Navas, se enteró a través de un comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el pasado 7 de mayo que Víctor Hugo Quero Navas había fallecido por supuestas complicaciones respiratorias en el Hospital Militar de Caracas y enterrado sin su consentimiento en un cementerio de Hoyo de La Puerta.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno ocultó el paradero y la muerte de Quero a su madre, aglutinando a una cadena de mando y responsables que se lavó la manos ante un fallecimiento bajo custodia del Estado.
Un día antes de que el gobierno reconociera la muerte del hijo de Carmen, el Tribunal Segundo de Control rechazó la solicitud para el beneficio de la Ley de Amnistía a Quero, argumentando que este no calificaba para el beneficio. Un hito insólito en la historia del derecho universal.
El Aissami pide transparencia
Después de iniciado el juicio Pdvsa-Cripto, el exministro de Petróleo y de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, pidió que el proceso sea transparente.
“Si este es el robo más grande de la historia del mundo, entonces debería ser también el juicio más transparente y público”, dijo El Aissami en su declaración.
Después de haber apoyado la censura del chavismo, el exministro solicitó a la juez que abra las puertas de los tribunales a periodistas y ciudadanos comunes. Además responsabilizó al exfiscal general de la República, Tarek William Saab, de haberlo sometido a torturas físicas y psicológicas.
Apareció Alex Saab, pero en Miami
Después de un misterio que rondaba desde febrero sobre su ubicación, el sábado 16 de mayo el gobierno chavista informó la deportación o extradición del empresario colombiano, Alex Saab, a los Estados Unidos.
Pese a que Venezuela y Estados Unidos, no tienen tratado de extradición, Saab llegó a un aeropuerto de Miami para enfrentar cargos de presunto lavado de capitales.
Es la segunda vez que Saab viste una braga naranja, ya había caído preso por los mismos cargos y fue liberado tras un intercambio de prisioneros durante el gobierno de Maduro en 2023.
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, negó que Saab sea venezolano y aseguró que usaba una cédula fraudulenta con la que fue ministro, diplomático y hasta votó en las elecciones del 28 de julio de 2024.
Racionamiento en pleno verano
Cuatro, cinco, seis y hasta ocho horas sin luz pasan los habitantes de algunas ciudades del interior del país debido a un plan de racionamiento aplicado por el gobierno a partir de una aparente sequía y mayor demanda energética.
Mientras en Caracas hay múltiples fluctuaciones de energía y no hay electricidad en algunas zonas, el interior del país sufre los embates de constantes apagones.
El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, atribuyó las fallas eléctricas a la alta demanda del consumo de electricidad, producto de la compra de electrodomésticos.
“Las personas tienen mayores ingresos y eso les permite comprar más neveras, televisores y aires acondicionados”, afirmó el funcionario.
Carmen se fue con Víctor
A solo nueve días de que le participaran la muerte de su hijo y a escasas horas de acudir a una misa en su memoria en el sector de La Candelaria en Caracas, Carmen Teresa Navas de 83 falleció.
Desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de una cifra “importante” de presos políticos el pasado 8 de enero, la octogenaria nunca flaqueó en su deseo de ubicar a su hijo.
Acudió a todas las instancias y hasta se reunió con la Defensora del Pueblo, Eglée Gonzalez Lobato. Días después de su deceso la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió una nota de condolencia y prometió una investigación para esclarecer la muerte de Quero Navas.
Dos décadas tras las rejas
Minutos después de que Jorge Rodríguez dijera que el gobierno iba a excarcelar a 300 presos políticos, salieron a la calle los miembros de la extinta Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina.
Bolívar, Rovaín y Molina formaban parte del grupo de funcionarios que fueron sentenciados a 30 años de prisión por los sucesos de Puente Llaguno en abril de 2002.
Horas antes, también excarcelaron a la adolescente de 16 años Samantha Hernández y a la madre del capitán Antonio Sequea, Merys Torres.
De 20 a 32
Para cubrir vacantes por “renuncias y jubilaciones”, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que amplía de 20 a 32 el número de magistrados.
El reordenamiento, sancionado por unanimidad, engorda la Sala Constitucional de cinco a siete magistrados, mientras que las demás salas (Electoral, Penal, Social, Civil y Político-Administrativa) tendrán cinco integrantes cada una, en vez de tres.
Organizaciones civiles denunciaron que la estrategia responde a una especie de “purga” de magistrados que respondían a los encarcelados Maduro y a Flores y al empeño del “Rodrigato” de controlar el sistema de justicia.
Zapatero remendón
Vinculado al chavismo y frecuente visitante en Miraflores de Maduro, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Audiencia Nacional por tráfico de influencias en el caso de la aerolínea Plus Ultra.
Un tribunal acusó al exmandatario de recibir beneficios económicos en secreto por un valor de 2,4 millones de dólares a cambio de ayudar a persuadir a sus sucesores en el gobierno para que otorgaran un rescate financiero a la aerolínea.
Zapatero negó las acusaciones, mientras que el jefe del actual gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha hecho mayor comentario.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La organización de derechos humanos venezolana Provea presentó un informe sobre el derecho a la vivienda en Venezuela durante enero-diciembre del 2025. El informe recopila una serie de elementos fundamentales para los ciudadanos que no fueron cumplidos con la debida transparencia.
La Constitución estipula en su artículo 82 que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda e higiénica, con servicios básicos esenciales. Sin embargo, la ONG documentó fallas en el cumplimiento de este derecho.
Provea afirma que Venezuela acumula un déficit de 2,2 millones de viviendas y que el gobierno prometió construir 400 000 en 2025,, pero según el seguimiento independiente de la ONG, solo se entregaron 1.415 viviendas nuevas.
La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) es un programa estatal dedicado a la construcción y asignación de casas a familias vulnerables. La ONG señaló que, pese a la existencia de otros programas sociales vinculados al sector, la información disponible se enfoca principalmente en la GMVV. En este sentido, se suele confundir el programa con la política pública del sector. El informe denuncia el uso de este programa social para ejercer presión sobre los beneficiarios, especialmente en los urbanismos que cuentan con centros de votación.
Los estados con mayor cantidad de viviendas fueron Distrito Capital (303), Apure (146), Monagas (137), Aragua (133) y Miranda (124). El informe señaló que estas cifras se explican porque, en su mayoría, no se trata de viviendas nuevas. El 70 % de las casas son autoconstruidas por el “poder popular” o posibles rehabilitaciones.
Durante el Mensaje Presidencial 2024, Nicolás Maduro hizo referencia a un incremento del 25,9 % en el sector, según proyección del Banco Central de Venezuela. No obstante, esta cifra contrasta con la información suministrada por el sector privado. Según la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), en el segundo trimestre de 2024, se registró un desempeño del -1,2 % en los servicios inmobiliarios.
Un sector que solo puede vender en bolívares
El artículo 23 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda de 2007 establece la prohibición de vender viviendas en moneda extranjera. Ante esto, Francisco Pimentel, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), explicó que una construcción inmobiliaria puede tardar de tres a cuatro años en finalizar, por lo que vender en un contexto de alta inflación y devaluación de la moneda nacional se hace inviable.
Según estimaciones de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el sector privado desde 2016 podría estar construyendo como máximo entre 500 y 1000 viviendas anuales. Provea destacó que, para atender el déficit habitacional, es necesario incluir al sector privado nacional.
Hogares con fallas en servicios
El informe destacó que, en Venezuela, el deterioro de la calidad física de las viviendas motivado por problemas de acceso a servicios públicos es cada vez mayor. En 2024, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1299 protestas relacionadas con la defensa del derecho a la vivienda. Estas protestas representan el 24,8 % de todas las manifestaciones registradas a nivel nacional.
El reporte de Diagnósticos Comunitarios de HumVenezuela reveló que, en 2024, el 45,6 % de los hogares presentó fallas continuas en el servicio de agua potable, lo que obliga al uso de fuentes alternas de abastecimiento como compra de botellones (51,0 %), uso de tomas públicas (18,6 %), pago de camiones cisterna (15,1 %) o el uso de pozos subterráneos (13,7 %). Respecto a la calidad del agua, el 48,2 % de los hogares reportó señales de contaminación por color, 22,9 % por olor y 22,7 % por sabor.
Provea destacó que Distrito Capital se presentó como uno de los estados presentes en las tres categorías de calidad encuestadas, a pesar de pertenecer a unidades territoriales tradicionalmente privilegiadas por el acceso a servicios en cantidad y calidad suficientes. El 85 % de los encuestados indicó un incremento de enfermedades estomacales como consecuencia de la mala calidad del agua.
En cuanto al saneamiento, HumVenezuela advirtió que el 16,3 % de los venezolanos no dispone de pocetas conectadas a cloacas en sus hogares. Se ven en la obligación de recurrir a otras alternativas tales como poceta con pozo séptico (13,2 %), campo abierto (1,8 %), letrinas con pozo séptico (1,4 %), balde o tobo (0,9 %) o letrina sin pozo séptico (0,5 %). Cedice Libertad reportó que el 69 % de las personas que hacen vida en Caracas aseguraron que, pese al incremento de la frecuencia en la recolección de desechos sólidos, sigue habiendo problemas por la acumulación de desechos en las calles.
Por otro lado, se reportó que el 69 % de los hogares presentan fallas moderadas de electricidad y el 17,1 % fallas o interrupciones severas. Un dato proporcionado por Cedice Libertad presente en el informe señaló que el promedio general de tiempo sin electricidad a nivel nacional fue de 14,9 horas en 2024.
Asimismo, indican que los habitantes se sienten “desesperados” por el problema eléctrico. Según HumVenezuela, menos del 30 % de los hogares en todo el país tienen acceso directo al gas doméstico.
Falta de protección frente a desalojos y otras amenazas
El informe detalló que, en 2024, el Ministerio Público devolvió 3000 inmuebles a sus dueños que estaban ocupados ilegalmente. Estas acciones representan aproximadamente el 31 % de las 9600 denuncias recibidas a nivel nacional. La mayoría de las víctimas son personas mayores. Ante esto, Provea resaltó que la seguridad jurídica de la tenencia debe garantizar protección legal frente a desalojos, acoso u otras amenazas, sin importar cómo se ocupe la vivienda.
La organización también detalló que los bajos salarios, los altos costos de servicios y las dificultades para obtener crédito hipotecario hacen que las familias tengan muchas limitaciones para comprar o alquilar viviendas.
Piden despolitizar derecho a la vivienda
La organización defensora de derechos humanos Provea exigió el cese inmediato de la politización en la gestión habitacional en Venezuela y recomendaron la desvinculación total de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de la Milicia Bolivariana.
La ONG enfatizó que el acceso a un hogar adecuado es un derecho humano universal que no debe estar condicionado por la filiación política ni ser utilizado como mecanismo de control social.
Además, reiteró que el Estado debe priorizar una inversión masiva en servicios básicos como agua, electricidad, saneamiento y gas, componentes inalienables para que una vivienda sea considerada realmente habitable.
Por otra parte, el documento subraya la urgencia de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos mediante un plan nacional de regularización masiva y simplificada de la tenencia de la tierra. Provea reclama la entrega de títulos de propiedad definitivos, sin discriminación, tanto a los beneficiarios de la GMVV como a los habitantes de zonas populares que autoconstruyeron sus hogares.
A la par de esta seguridad legal, la organización advierte la necesidad de implementar una política preventiva de gestión de riesgos climáticos que reubique oportunamente a familias en zonas vulnerables, trascendiendo la actual respuesta meramente reactiva de los cuerpos de Protección Civil.
Finalmente, para hacer frente al grave déficit habitacional que afecta a las distintas capas sociales del país, Provea recomienda a la Asamblea Nacional emprender reformas legales inmediatas. La propuesta incluye la modificación de normativas que actualmente limitan la inversión, como la Ley del Deudor Hipotecario, la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Arrendamiento.
La ONG concluye que la recuperación del sector construcción requiere de una estrategia clara que facilite la participación de la empresa privada para poder atender la demanda de la clase media y los sectores populares.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 22 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Para Carlos Carrasco, el fenómeno de la diáspora venezolana es un asunto en primera persona y no un simple objeto de estudio. En una nueva edición de Espacio Runrunes, conducido por Luis Ernesto Blanco, el periodista e investigador del Ininco de la UCV trazó líneas para comprender las complejas dinámicas de quienes deciden regresar. Carrasco, quien vivió en Chile entre 2018 y 2024 antes de retornar al país , ofreció una perspectiva integral basada tanto en su experiencia como en sus líneas de investigación
“Han pasado más de 60 días y los jueces se niegan a darme respuesta. Por eso voy a Venezuela (…) quiero ir directo al Palacio de Justicia y desmentir una por una todas las calumnias”, Lester Toledo, dirigente opositor, en su retorno a Venezuela tras 10 años de exilio.
Lo que rompe en redes
El canciller Yván Gil Venezuela anunció que otorgó el permiso oficial a las autoridades de los Estados Unidos para ejecutar este sábado 23 de mayo un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas.
Así se vivió el repintado de la ciclovía arcoíris de La Castellana, municipio Chacao. La organización PP Foundation y la Embajada del Reino de los Países Bajos coordinaron esta actividad pública a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora cada 17 de mayo.
Chávez y su séquito hicieron caso omiso a la recomendación del fallecido escritor Arturo Uslar Pietri de “sembrar el petróleo” y, en lugar de eso, sembraron sus bolsillos de dinero mal habido. Lee el TBT de la impunidad de esta semana:
Si se convocan las elecciones presidenciales antes de hacer “el trabajo sucio” del ajuste económico y de completar la etapa de recuperación, el nuevo gobierno recibirá una economía aún sin sanear, un país institucionalmente débil, y una sociedad descontenta que puede estallar. El nuevo mando político caminará por un campo minado y Venezuela será un país difícil de gobernar. El chavismo en la oposición, con el control de la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, aún tendría suficiente fuerza para calentar la calle y abortar las reformas económicas que quedaron pendientes.
Por eso Trump y Rubio no tienen apuro ni interés en presionar al gobierno interino para que convoque elecciones presidenciales, antes de que se haya completado la fase de recuperación. Prefieren que el chavismo pague el costo político-electoral que suele generar las duras medidas de ajuste económico que habrá que aplicar para corregir los desequilibrios macroeconómicos y reactivar la economía. Tratan de evitar que el nuevo gobierno electo herede una bomba de tiempo que le puede estallar en los primeros 100 días de su gestión y esto lleve a restaurar el viejo orden que se creía superado.
Transición con el chavismo, no contra el chavismo
Luego de la captura y extracción de Nicolás Maduro, el chavismo mantiene el control de 23 de 24 gobernadores, 285 de 335 alcaldes y 256 de 277 diputados en la Asamblea Nacional (AN). También controla la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las milicias y los colectivos armados. Asegurar el apoyo del parlamento, gobernaciones, alcaldías y fuerzas armadas es crucial para evitar una ola de violencia que convierta a Venezuela en un país ingobernable.
Al referirse al papel de María Corina Machado (MCM) en la transición política venezolana, Trump dijo: “Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto“. MCM tiene proyección internacional, pero no tiene una base interna de poder institucional que la respalde. No controla el territorio, ni la AN, ni la FANB, y es rechazada por el sector de la oposición que participó en las elecciones parlamentarias y regionales, y fue etiquetado como alacranes y colaboracionistas por el aparato comunicacional de MCM.
Si algo quedó claro luego de la extracción de Maduro es que ni Trump ni Rubio tienen confianza en el liderazgo opositor venezolano para dirigir la transición. No encuentran a nadie con el apoyo y respeto suficientes para garantizar la gobernabilidad de Venezuela, ni la protección de los intereses de EE. UU. Por eso Trump se seguirá entendiendo con quienes controlan el territorio, las instituciones y el aparato militar y policial venezolanos.
Para controlar la transición política en Venezuela, Donald Trump y Marco Rubio implantaron un plan de tres fases:
Fase I: Estabilización política y social.
Fase II: Recuperación económica.
Fase III: Legitimación democrática.
La fase de estabilización se considera concluida
Antes de ordenar la captura de Maduro, Trump tenía claro que el control del territorio y las instituciones venezolanas lo tiene el oficialismo, no la oposición. Por eso, en lugar de desatar una cacería de brujas contra el chavismo que hubiese hundido al país en una ola de violencia y destrucción, se vio obligado a reconocer que la transición tiene que ser con el chavismo y no contra el chavismo.
Trump mostró su mano dura con la captura de Maduro y en el chavismo ya no tienen dudas de lo que es capaz de hacer si el juego se tranca. Reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina y le retiró las sanciones personales para que pueda negociar con el gobierno de EE. UU., sin objeciones de la Justicia estadounidense que prohíbe acuerdos y transacciones con personas sancionadas.
La fase de recuperación económica está en pleno desarrollo
Hasta ahora, las medidas de ajuste económico han sido a cuenta gotas, reactivas y desarticuladas que se contradicen y mediatizan entre sí. Para que la recuperación económica sea estable y sostenida se necesita un programa de reformas económicas con las medidas correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada. Con este fin, EE. UU. gestiona la reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, quien será el que supervisará el diseño y ejecución del programa de ajuste económico.
La tercera fase de legitimación democrática queda pospuesta
La transición política estable y duradera es un asunto de viabilidad económica, no de legitimidad democrática. Habrá elecciones cuando se construya la viabilidad económica de la transición política.
Trump –en vez de presionar elecciones que lo obligarían a negociar con un gobierno legítimo el levantamiento de las órdenes ejecutivas y de las sanciones–, prefiere mantener esta arquitectura de control sobre la industria petrolera venezolana y entenderse con un gobierno que se ha mostrado dispuesto a cooperar con los intereses energéticos y geopolíticos de EE. UU. Por eso aparta a MCM de las etapas de estabilización y recuperación, y no presiona por la legitimación democrática.
¿Cuándo se realizarán las elecciones presidenciales en Venezuela?
Según la Constitución venezolana, la ausencia temporal del presidente de la República se declara por un período de 90 días, con una sola prórroga de 90 días más. Una vez que se venzan los 180 días se declarará la ausencia absoluta y en el curso de los siguientes 30 días debe fijarse la fecha para las elecciones presidenciales, con las que comenzaría la tercera etapa de legitimación democrática.
Pero la etapa de recuperación económica es muy compleja y puede durar dos años. A las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político-electoral. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones.
La eliminación de subsidios indebidos como el de la gasolina; la privatización de empresas públicas; la fusión de ministerios, liquidación de entes públicos y ajuste de nóminas; y la reducción del gasto público en general, suele ser el “trabajo sucio” que ningún nuevo gobierno quiere heredar. Por lo tanto, las elecciones presidenciales se convocarán en el año 2028, cuando se haya completado el programa de ajuste y consolidado la fase de recuperación económica.
La viabilidad económica de la transición política
Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de los servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento. Para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias, tomó la decisión de sincerar las tarifas de los servicios públicos, pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus espaldas recaía el mayor peso del ajuste. El creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las mismas.
En Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina –con su impacto en las tarifas de transporte público– se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital. En Chile, el aumento en las tarifas del metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social acumulado a lo largo de varios años.
Quienes argumentan que sin cambio político no habrá cambio económico y presionan para convocar elecciones, no están prestando suficiente atención a los costos que generan las medidas de ajuste económico.
En Venezuela, la viabilidad económica de la transición política, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos países. Los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas y severas sanciones financieras, petroleras y comerciales no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre los sectores más vulnerables de la economía y la sociedad.
¿Cuánto puede durar la tutela de EE. UU. sobre Venezuela?
Si al cambio de gobierno le sigue un clima de protestas y conflictividad social que amenace con restaurar el viejo orden que ya se creía superado, EE. UU. puede prolongar el control y tutela sobre la producción e ingreso petroleros venezolanos, hasta que se completen las reformas económicas pendientes.
La OE 14373 y las licencias OFAC no son señales de levantamiento de sanciones, sino piezas claves de una sofisticada arquitectura de control sobre las actividades de exploración, extracción, exportación y refinación del petróleo y gas venezolanos. Operan como un filtro de rivales geopolíticos y comerciales para alinear la industria petrolera venezolana con los intereses energéticos y geopolíticos de EE. UU.
Al imponer mecanismos de control, condiciones de uso y criterios de selección se dificulta la entrada de inversiones europeas y asiáticas que le pueden disputar a EE. UU. el control operativo y la tutela financiera sobre el país que cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Por lo tanto, no son órdenes ni permisos aislados, sino un engranaje de tutelaje administrativo que se puede prolongar después de que se elija un nuevo gobierno, en la etapa de legitimación democrática. Incluso, bajo una administración demócrata, EE. UU. mantendría vigentes la Orden Ejecutiva 14373 y las licencias OFAC, tal como lo hizo la Administración Biden que siguió al primer mandato de Trump.
Recordemos lo que dijo Marco Rubio cuando fue interpelado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para determinar si la Administración Trump había sobrepasado los límites de la soberanía venezolana: “Quien crea que Venezuela recuperará su autonomía de forma inmediata, sin pasar por este filtro de administración estratégica, simplemente está leyendo mal el momento histórico”.
¿Quién puede asegurar, entonces, que la arquitectura de control sobre el ingreso petrolero, el comercio exterior y las inversiones en Venezuela se desmontará una vez que se hayan celebrado las elecciones presidenciales?
¿Quién puede asegurar que la tutela de EE. UU. sobre Venezuela no se va a mantener vigente luego de una eventual victoria de los demócratas?
De acuerdo a cifras de la ONG Foro Penal, menos de 40 militares han sido excarcelados luego que el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez anunciara el pasado 8 de enero que un grupo “importante” de presos políticos iba a salir a la calle.
Para nadie es un secreto que los efectivos castrenses han sido los menos beneficiados por la Ley de Amnistía. La razón de la negativa es indeterminada, pero algunos analistas consideran que de ser excarcelados, tienen derecho a volver a sus puestos de trabajo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Nayle Marín es la madre del miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Eliezer Antonio Dobouto Marín, y a través de la cuenta de X de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, pidió libertad plena para su hijo.
“Tres niños crecen sin la protección de su padre. Mi hijo es inocente, estoy desesperada”, dijo Marín en un video.
Marín relató que Dobouto se encuentra actualmente en el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador en el estado Carabobo.
La madre dijo que su hijo padece de los riñones y necesita tener una dieta balanceada, en un sitio donde prácticamente sobrevive en condiciones infrahumanas.
Según Marín, el miembro de la GNB tiene tres años y ocho meses privado de libertad y fue condenado a 30 años de prisión, imputado por traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de municiones. Relata que su hijo fue involucrado en una supuesta conspiración y detenido bajo engaño.
Pese a que le fue negada la amnistía, Marín tiene esperanzas de que su hijo sea uno de los excarcelados de los 300 que prometió Jorge Rodríguez recientemente.
“Los militares han sido los menos favorecidos con las excarcelaciones y siguen de rehenes de este régimen. No son 300, son más de 600 que deben ser libres”, escribió OVP en su cuenta de X.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El dolor y la incertidumbre siguen presente en el hogar de la familia Guanares Delgado en el estado Táchira y es que han transcurrido 21 meses desde que Jorgen Yoneyker Guanares Delgado, un joven fotógrafo oriundo de Rubio, Municipio Junín, fuera visto por última vez.
Su madre, María Emely Delgado, de 63 años, ha sostenido una búsqueda incansable que la ha llevado a largos viajes hacia la capital del país enfrentando el silencio de las instituciones del Estado y la falta de transparencia judicial, en un caso documentado como desaparición forzada.
En una entrevista con el medio Dossier, la señora amplió detalles del caso de su hijo, que han sido denunciados desde distintas organizaciones como la comisión de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Amnistía Internacional y Justicia, Encuentro y Perdón.
Jorgen Guanares, quien tenía 33 años al momento de su detención y hoy cuenta con 35, se dedicaba a la fotografía de forma independiente. Cubría eventos sociales como matrimonios y cumpleaños en San Cristóbal como en la frontera de Cúcuta. El joven, aunque no estaba involucrado en el mundo político, utilizó su herramienta de trabajo para dejar registro de la visita de la opositora María Corina Machado a San Cristóbal y participó en el proceso de recuento de votos en un centro electoral durante los comicios presidenciales de 202
A raíz de estos sucesos, el fotógrafo le explicó a su círculo más cercano que había recibido amenazas vía Whatsapp. Tras el día de las elecciones, Jorgen permaneció en resguardo dentro de su vivienda sin salir durante toda una semana y en la noche del 2 de agosto de 2024, cerca de las 11:00 p.m., decidió salir de la residencia después de haber conversado con su pareja sobre la necesidad de irse debido al riesgo que corría. Desde ese momento, no regresó ni volvió a comunicarse con sus familiares.
“Él nos decía que nos fuéramos junto a nuestras hijas”, narró en un video compartido por el Foro Penal su esposa, Reidy Roa.
Reidy Roa, esposa de Jorgen Guanares, desaparecido desde el 02/08/2024, nos narra un poco lo que pasó antes de su desaparición. #DondeEstaJorgen? pic.twitter.com/CorNTfOG9r
De acuerdo con los registros de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, Jorgen Guanares fue detenido en el estado Táchira por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo la acusación de “terrorismo” por participar en el recuento de votos.
María Emely Delgado ha costeado y realizado tres viajes de Táchira a Caracas, una travesía que representa un gran gasto económico debido a traslados y alojamiento. En la capital, Delgado se acercó a centros penitenciarios como El Rodeo I, Yare y El Helicoide, en donde le indicaron que su hijo no estaba recluido en esos centros.
La única pista que lograron conseguir sobre su paradero surgió a través del testimonio de un recluso, que relató que Jorgen se encontraba dentro de las instalaciones del Rodeo I. Pero cuando su madre se trasladó para consignar el paquete con insumos básicos y alimentos, el personal se negó a recibir los suministros argumentando que el joven no se encontraba en la lista de presidiarios.
El silencio del Estado
La familia de Jorgen ha presentado múltiples solicitudes de investigación en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo y en el Tribunal Supremo de Justicia por medio de un abogado del Foro Penal, tanto en San Cristóbal como en la capital.
Ante la falta de respuesta de los organismos de investigación del Estado, los familiares del desaparecido han catalogado la situación como un “silencio desesperante”, ya que las autoridades han manifestado reiteradas veces que no han logrado avanzar en la investigación y que no disponen de cuerpos de inteligencia dedicados a la búsqueda.
Lo que le han notificado a Delgado es que tiene que esperar largos periodos de tiempo, superiores a un mes, para obtener algún tipo de respuesta.
“No sabemos si fue detenido por algún organismo de seguridad del Estado, privado ilegítimamente de libertad por particulares o víctima de algún otro hecho punible”, declaró DELGADO al diario La Nación.
Delgado denuncia que desconoce por completo la ubicación real, las condiciones de salud o la situación jurídica en la que se encuentra su hijo, Jorgen Yoneyker. Ante la falta de transparencia de canales oficiales, la exigencia central de la familia se resume en una demanda humanitaria, en una emisión de fe de vida, que demuestre que el joven fotógrafo no ha fallecido.
Familia fracturada
La situación de la desaparición forzada de Jorgen golpeó directamente en su núcleo familiar, especialmente en sus dos hijas pequeñas. Delgado relata lo difícil que es tratar la situación con la hija mayor, la cual conserva recuerdos de su padre, y pregunta de forma recurrente por su paradero cada vez que su abuela regresa de realizar gestiones.
En enero de 2026, Amnistía Internacional incluyó formalmente a Jorgen Guanares en sus investigaciones globales y campañas de acción urgente. Mencionaron su caso dentro de lo que consideran, forma parte de una estrategia “deliberada” del gobierno venezolano para generar terror y calificaron las desapariciones de corta y mediana duración como crímenes de lesa humanidad.
La familia Guanares Delgado reitera su llamado público a las autoridades del Estado para que atienda la solicitud y se informe sobre la localización del joven. Exigen una investigación sobre los hechos relacionados a su desaparición, y por último, que se rompa la barrera de desinformación que rodea el paradero del fotógrafo tachirense.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
