Ocho de cada 10 venezolanos considera que la situación económica actual de Venezuela “es mala”. Así lo reveló el informe Latam Pulse mayo 2026, elaborado por la empresa de investigación de mercado AtlasIntel en alianza con Bloomberg.
El pesimismo también se traslada al ámbito personal y profesional: el 60% de los consultados califica su economía familiar como negativa, mientras que un contundente 75% considera que las condiciones del mercado laboral no son buenas.
El estudio —basado en 3.626 encuestas digitales, con un margen de error de ±2 punto porcentual— forma parte de una iniciativa regional que monitorea mensualmente la situación política, social y económica de siete países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.
Sin embargo, 6 de cada 10 venezolanos esperan mejorías económicas en el próximo semestre.
El informe también describe cuáles son los problemas más importantes de Venezuela en la actualidad. En los primeros tres lugares, los encuestados respondieron que la “corrupción”, “el debilitamiento de la democracia” y la “pobreza, desempleo y falta de oportunidades”.
Fenómeno de la dolarización
Frente a un escenario hipotético de dolarizar la economía venezolana, el sondeo arrojó que 31% de los encuestados está de acuerdo, 26% totalmente de acuerdo, 21.5% totalmente en desacuerdo, 8.1% no sabe, 7.2% está en desacuerdo y 6.2% es indiferente.
Entre los beneficios de la dolarización, 49.8% de los encuestados respondieron que la medida podría controlar la inflación, 40.5% expresó que brindaría una mayor estabilidad económica, 22.6% que generaría confianza para invertir, 14.4% mayor estabilidad de precios, mientras que 8.6% indicó que dolarizar no tendría beneficios.
Lea el informe completo de Latam Pulse mayo 2026 haciendo clic aquí.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, aseguró en una reciente declaración a medios venezolanos que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país avanza “satisfactoriamente” y a “ritmo pleno”.
El abogado senegalés reconoció el clamor de las víctimas que exigen respuestas inmediatas, pero aclaró que la lentitud en los tiempos de La Haya garantiza que los resultados sean legítimos y no puedan ser revocados en el futuro.
Niang dedicó gran parte de su mensaje a las personas y organizaciones civiles que documentan las violaciones de derechos humanos en el país: “Muchas personas y organizaciones se han dirigido a la Corte Penal Internacional con la esperanza de obtener justicia por el daño que han sufrido y muchas siguen esperando. Esperando respuestas, reconocimiento y esperando justicia”.
Para poner en contexto los tiempos de la Corte, el fiscal adjunto recordó que la investigación del caso, conocido como Venezuela I, inició formalmente en noviembre de 2021. Sin embargo, el proceso “tuvo que suspenderse durante un año porque el gobierno de Venezuela impugnó la competencia de la CPI y la legalidad de la investigación de la Fiscalía”. Tras la decisión de los magistrados de confirmar la competencia de la Corte, las averiguaciones se reanudaron en junio de 2023. “Desde entonces, no se ha detenido, y continúa con ritmo pleno y con total dedicación bajo mi liderazgo directo”, afirmó Niang.
Ante las preocupaciones sobre las demoras y el hermetismo de las averiguaciones, el funcionario fue tajante: “La investigación y el proceso judicial en la CPI pueden parecer lentos y en la mayoría de los casos no son visibles para el público. La lentitud no es un signo de fracaso, créanme (…) es la prueba de que la labor se está realizando de forma adecuada”. Explicó que la Fiscalía debe guardar estricto silencio sobre asuntos confidenciales relacionados con la investigación penal para proteger el proceso.
“Los atajos en los procesos judiciales de la CPI no conducen a una justicia real, conducen a resultados que pueden ser impugnados, revocados o desestimados”, puntualizó Niang. “La cautela que se aplica en la recopilación de las pruebas, en escuchar a todas las partes, en seguir el debido proceso, no es una burocracia innecesaria, es más bien la base que hace que el resultado sea legítimo y duradero”, concluyó el fiscal adjunto.
Un camino espinoso
Desde hace cinco años, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación formal para examinar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales en Venezuela.
Desde el inicio de la investigación, la Corte Penal Internacional ha enfrentado varios obstáculos para lograr un avance rápido en el caso. La falta de cooperación gubernamental ha sido el desafío más relevante. No en vano, en diciembre de 2025, se anunció el cierre de la oficina de la CPI en Caracas, y en respuesta a ese anuncio, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó por unanimidad la “Ley por Palestina y la Justicia”, para derogar la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma, una norma interna del año 2000 que autorizaba al Ejecutivo a ratificar el tratado.
Pero según un análisis que hizo Acceso a la Justicia, la derogación de una ley nacional no disuelve automáticamente los compromisos de un tratado internacional. Aunque el Ejecutivo envíe la notificación al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Corte Penal Internacional mantiene plena jurisdicción sobre todos los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio mientras el tratado estuvo vigente, de tal manera que un retiro posterior no interrumpe ni anula las investigaciones previas iniciadas por la Fiscalía de la CPI. De acuerdo con el Artículo 127 del Estatuto de Roma, el retiro definitivo de un Estado parte solo surte efecto un año después de que la ONU reciba dicha notificación formal.
En febrero de 2018, la CPI anunció la apertura de un examen preliminar por la presunta comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos abril de 2017. En septiembre de ese mismo año, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, presentaron una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional para que iniciara una investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
En junio de 2021, la Fiscalía de la CPI informó que había finalizado el el examen preliminar en la situación Venezuela I, concluyendo que existían motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde desde 2017 en Venezuela y que existía una situación de total inactividad de parte de los órganos de justicia para realizar investigaciones y enjuiciamientos de los máximos responsables de dichos hechos.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, realizó su primera visita oficial a Caracas en noviembre de 2021, al término de la cual anunció el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad en la situación Venezuela I. En dicha visita, se suscribió un Memorándum de Entendimiento con la autoridades venezolanas para desarrollar mecanismos que permitan contribuir eficazmente para investigar y enjuiciar a los responsables.
Kham viajó otras tres veces a Venezuela hasta abril de 2024, cuando se inauguró la oficina local de asistencia técnica de la Fiscalía de la CPI en Caracas. En mayo de 2025, Khan anunció su separación provisional del cargo mientras se desarrollaba una investigación independiente sobre denuncias de conducta sexual indebida y presuntas represalias laborales. La decisión, inédita en la historia de la CPI, fue comunicada oficialmente y generó preocupación sobre la continuidad de las investigaciones en curso, incluyendo la situación Venezuela I.
En agosto de 2025, Khan presentó ante la presidencia de la CPI su solicitud de inhibición en la situación Venezuela I en cumplimiento de la orden de la Sala de Apelaciones que lo instaba a apartarse del caso ante la recusación presentada por conflicto de interés, dada la presencia de su cuñada en el equipo de defensa jurídica del Gobierno de Venezuela ante la Corte.
En marzo de 2026, la oficina del fiscal de la CPI anunció el cierre del examen preliminar sobre la situación conocida como Venezuela II, iniciado a solicitud del Estado venezolano en 2020. En su decisión, concluyeron que no existía base razonable para creer que se hubiesen cometido crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte en lo que respecta a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.
Así,la única investigación en curso es la situación Venezuela I, que se enfoca en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017. Esta investigación evalúa la responsabilidad individual de altos funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades de carácter civil y colectivos en delitos como detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual y persecución política.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Familiares de presos políticos protestaron este jueves, 28 de mayo, frente al Ministerio Público en Caracas para denunciar la falta de acciones concretas de parte del fiscal general, Larry Devoe, ante las denuncias de violaciones de derechos humanos y el debido proceso contra las personas detenidas por razones políticas en el país.
La protesta también buscó visibilizar el descontento ante los anuncios de la semana pasada hechos por Jorge y Delcy Rodríguez, quienes aseguraron serían excarcelados cientos de presos políticos, lo cual no ocurrió. Según cifras del Foro Penal Venezolano, contando con las liberaciones de siete militares vinculados al “caso paracaidistas”, desde el 18 de mayo han sido excarceladas poco más de 40 personas.
Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), explicó que la organización logró reunirse con el subdirector de la Dirección de Derechos Fundamentales, quien informó que se han iniciado una jornada médica especializada para los detenidos en Fuerte Guaicaipuro y Rodeo I.
Por su parte, Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, denunció que han acudido al Ministerio Público por lo menos en 15 ocasiones los últimos dos años para denunciar las torturas, tratos crueles, violaciones al debido proceso y la muerte de presos y sus familiares.
“En nuestra última visita hubo acuerdos que fueron incumplidos por este organismo del Estado. Quedamos en que nos iban a recibir una serie de documentos y aún no tenemos respuesta, quedaron en mejorar la situación carcelaria de nuestros familiares y esto no ha mejorado”, declaró Ávila ante los medios de comunicación frente al Ministerio Público.
También, la señora Ruth Molero alertó que los familiares a las afueras del Rodeo I llevan más de 137 días en espera de excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos anunciadas por las autoridades. “Si hay tantos porque hemos visto unos pocos cada cierto tiempo”, dijo. Molero agregó que tanto sus sobrinos, Aranza Castillo y Henry Castillo, como su hijo, Arialdo Camargo, están “desesperados” por esta situación.
Los familiares también exigieron al Ministerio Público que dé respuestas sobre las investigaciones sobre motines en cárceles, la muerte de presos políticos como Víctor Quero Navas, así como mejoras en las condiciones carcelarias, cese de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Al respecto, Diego Casanova, vocero de Clippve, dijo que “dicen que hay disposición a investigar pero todo se queda en un titular”.
EN EL MINISTERIO PÚBLICO | Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, ofreció declaraciones tras entregar un documento firmado por familiares de presos políticos en el Ministerio Público, el cual describe la situación de las personas detenidas… pic.twitter.com/V0WqHdDpgA
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 28, 2026
#Ahora | Familiares de presos políticos se reúnen frente al Ministerio Público, en el centro de Caracas, para denunciar la inacción del fiscal Larry Devoe ante las denuncias de graves violaciones a derechos humanos y el debido proceso que han hecho desde hace varios años respecto… pic.twitter.com/d3MBjxY5aU
#Ahora | Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, señala que han acudido al Ministerio Público por lo menos en 15 ocasiones los últimos dos años para denunciar las torturas, tratos crueles, violaciones al debido proceso y la muerte de presos y sus familiares.… pic.twitter.com/1vlnFb44kE
#Ahora | Ruth Molero señaló que los familiares a las afueras del Rodeo I llevan más de 137 días en espera de excarcelaciones anunciadas por las autoridades. "Si hay tantos porque hemos visto unos pocos cada cierto tiempo”.
#Ahora | Andreina Baduel denunció el “trato discriminatorio” contra el Comité por la Libertad de Presos Políticos pues sus denuncias no son tomadas en cuenta. “Saben que tenemos suficiente sustento y suficiente moral para denunciar todas las violaciones sistemáticas de derechos… pic.twitter.com/ygz3nLFl3k
#Ahora | Familiares exigen al Ministerio Público que dé respuestas sobre las investigaciones sobre motines en cárceles, la muerte de presos políticos como Víctor Quero Navas, así como mejoras en las condiciones carcelarias, cese de violaciones a los derechos humanos y al debido… pic.twitter.com/5vUB8r7pSi
🔴 #NoticiasAhora | Familiares de presos políticos y activistas protestan este #28May a las afueras del Ministerio Público para exigir respuestas sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos contra sus parientes detenidos.
Tras la protesta pacífica frente al Ministerio Público, familiares de presos políticos lograron reunirse con Pablo Fernández Blanco, subdirector de Derechos Fundamentales, quien se limitó a anunciar el inicio de jornadas de atención médica primaria en El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.
Sin embargo, para los allegados esta medida es una respuesta insuficiente frente a las persistentes “condiciones de horror” en los recintos penitenciarios y la prolongada espera por excarcelaciones. Voceras como Andreína Baduel y Hiowoanka Ávila denunciaron el reiterado incumplimiento de promesas institucionales para dignificar la situación carcelaria y la falta absoluta de respuesta ante los documentos y expedientes ya consignados.
ElObservatorio Venezolano de Prisiones destacó que el hermetismo del Estado se mantiene intacto frente a las violaciones más graves a los derechos humanos. Denuncian también que el gobierno sigue ignorando las denuncias por tortura y las 27 muertes bajo custodia registradas por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, mientras madres y esposas que padecen diversas patologías acumulan más de 137 días pernoctando a la intemperie a las afueras de El Rodeo I-
El OVP respaldó a las familias y exigió a la Fiscalía publicar los resultados de las investigaciones por tratos crueles e inhumanos, recordándole que su deber constitucional es proteger a la ciudadanía y no encubrir al Ejecutivo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un contrato de confidencialidad es un documento que firma alguien para no revelar secretos de Estado o proyectos multimillonarios, aunque nunca se usa para lo más indispensable: las despedidas de solteros. Por eso aprovecho esa licencia y mis horas de investigación de campo para revelarles un secreto más importante que los archivos clasificados del Área 51: los tipos de hombres que hay en una despedida de soltero.
En primer lugar, está el novio. Un ser que siempre suele portarse bien en estas despedidas, aunque no porque quiera, sino porque sabe que está como un dictador. Lo rodean personas que le profesan lealtad absoluta, pero que a la hora de la chiquita podrían entregarlo a la justicia y con muchas pruebas.
Luego tenemos al organizador de la despedida, del cual hay dos tipos. Está el que hace la vaca entre los asistentes porque ya negoció con las chicas un “paquete corporativo”, como si se tratase de todo un plan de internet para una oficina. Si no, está el que simplemente tiene mucha plata y dice: “¡Yo invito!”. Un tipo que no lo hace por amor a sus amigos, sino porque sabe que después podrá cobrarles ese gran favor a todos. Así que no les sorprenda si llama un domingo en la mañana diciendo: “Ayúdame a pintar el apartamento”.
Así mismo está el amigo moralista, quien va a misa todas las semanas y hasta dona parte de su salario a la Iglesia. Todos saben de su intachable perfil público y lo mojigato que se pone cuando mandan pornografía por un grupo de WhatsApp. Aunque al verse en plena despedida de soltero, quiere comprobar por sí mismo cómo fue que Eva no aguantó la tentación. La cosa es que no se come la manzana. Se come el guacal completo.
También está el amigo poseído. Ese que ve a las chicas malas e inmediatamente se les voltean los ojos, pues pasa a estar poseído por el espíritu de un toro semental. Su verdadera misión es humillar a todos, mostrando que él solito podría repoblar Chernóbil. Además, siempre sale de la despedida diciendo: “Una de ellas hasta se enamoró de mí. Me dio su número y su nombre real”.
Nunca falta el amigo que se cree entrevistador de pódcast, pues pasa toda la noche hablando con alguna de las chicas para saber cómo fue que terminó en eso y, al enterarse de su trágica historia, promete sacarla de esa vida. Lamentablemente gana muchísimo menos que ella, por lo que solamente puede ofrecerle un masajito antiestrés a su nueva media naranja.
El otro es el amigo sometido y paranoico que debe reportarse con la esposa cada cinco minutos. Es el que se pasa toda la noche diciendo: “¡No tomen fotos!… ¡No suban nada a redes!”.
Por último, tenemos al sapo. Algunas veces es el hermano de la novia, pero como casi nunca lo invitan, entonces termina siendo un amigo que realmente no disfruta de hacer cositas con las chicas malas, pero pasa toda la noche observando el espectáculo que le brindan los presentes para luego contarlo en un artículo humorístico. Un ser al que jamás volverán a invitar a una despedida de soltero, por lo que tendrá que montar la suya propia. Así no solo recobrará la confianza de sus amigos, sino algo muchísimo mejor: podrá cobrarles ese grandísimo favor.
Indiscutiblemente, la vida es una asociación constante de cambios imparables. Sin embargo, muchos de esos cambios trascendentales vienen dados por factores externos regidos por los propios seres humanos. Entre ellos la política ha sido, a lo largo de los años, uno de los factores de transformación más importantes, pues de alguna manera termina influyendo y definiendo el destino de nuestras vidas.
Resulta imposible no darse cuenta de la necesidad de cambio y de las implicaciones que tiene toda la situación que actualmente vivimos a nivel global. Como sociedad, aún no tenemos muy claro cómo vamos a enfrentar los cambios que se avecinan ni las consecuencias que estos traerán consigo. Vivimos en un mundo marcado por conflictos, tensiones y profundas divisiones que, lejos de acercarnos, parecen alejarnos cada vez más de nuestra esencia humana.
Bajo mi punto de vista, todos estos acontecimientos representan un llamado de atención sobre cómo vivimos, qué pensamos y cuán trascendentes queremos ser. Aunque hoy resulte imposible predecir cómo terminarán tantos conflictos alrededor del mundo, donde el poder y la ambición dominan gran parte del tablero político, sí existe algo que podemos definir y transformar: nuestra manera de actuar frente a lo que ocurre a nuestro alrededor.
La razón de ser de un verdadero cambio no depende únicamente de unas elecciones o de una estrategia política. El cambio importante ocurre cuando lo político y lo social logran unirse bajo una misma visión y un mismo objetivo: generar bienestar para los ciudadanos. Mientras las estructuras políticas y la sociedad continúen remando hacia lados opuestos, muchas veces guiados por intereses personales más que colectivos, será imposible construir una transformación profunda que conduzca a la sociedad hacia un mejor destino.
La palabra “cambio” y la palabra “política” pueden convertirse también en una oportunidad de aprendizaje. No todo lo relacionado con la política es necesariamente negativo, así como tampoco todo cambio debe verse desde el miedo o la incertidumbre. Mucho depende de la visión que tengamos sobre cada uno de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor y de nuestra capacidad, como seres humanos, de aprender y no repetir los errores que nos han llevado a esta debacle de humanidad que actualmente vivimos.
De nada sirve mostrarnos vulnerables o humanos si, al mismo tiempo, permitimos que las estructuras que conforman nuestro entorno se destruyan por sí solas y por causa de la ambición. Aspirar a una meta o luchar por alcanzar un objetivo no tiene nada de malo cuando se hace en favor del bien común. El problema surge cuando las ambiciones individuales terminan imponiéndose sobre las necesidades colectivas.
Hasta ahora, entre guerras y conflictos, la política pareciera demostrar que muchas veces está dominada por intereses personales más que sociales. Bajo discursos y promesas, numerosos líderes intentan convencer a los pueblos de que trabajan por el bienestar común, cuando en realidad las prioridades suelen responder a otros intereses.
El mayor reto de la sociedad actual es lograr entender quiénes somos, qué papel jugamos y cómo podemos sanar nuestras propias heridas para alcanzar la profundidad de un verdadero cambio. Solo así podremos detener tantos conflictos y tantos frentes de guerra abiertos. La política y el cambio también tienen una óptica positiva que, como sociedad, debemos descubrir y sacar a la luz.
Recordando siempre que lo humano es lo que nos identifica y que lo distinto debería ser aquello que nos une.
Después de que escalara la denuncia sobre la ocupación ilegal del apartamento en el que reside el señor José Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 73 años, quien debía cumplir con un régimen de casa por cárcel tras estar poco más de dos años detenido en Tocuyito, estado Carabobo- la defensora del Pueblo, Eglée González-Lobato, acudió a la residencia del preso político para constatar su situación de salud.
Según informó la Defensoría del Pueblo en sus redes sociales, González-Lobato activó una “comisión especial multidisciplinaria” para atender la situación del señor Breijo y evaluar su estado de salud “luego de haber obtenido una medida cautelar sustitutiva de libertad”.
#Mayo | La Defensora del Pueblo activó una comisión especial multidisciplinaria para atender de manera integral la situación del ciudadano José Breijo, de 73 años, con el objetivo de evaluar su estado de salud, luego de haber obtenido una medida cautelar sustitutiva de libertad. pic.twitter.com/aibxb1dCxN
— Defensor del Pueblo (@Defensoria_Vzla) May 28, 2026
Por su parte, el periodista Carlos Julio Rojas, quien hizo la primera denuncia sobre la situación del señor Breijo, informó que tras la “presión ciudadana” y un “diálogo franco” con la defensora se logró que el tribunal segundo con competencia en terrorismo permitiera trasladarlo a un centro de salud, debido a que el señor presenta problemas respiratorios.
Rojas informó que en un principio se creía que sería trasladado al Hospital Pérez Carreño, sin embargo, le notificaron que el centro de salud al cual lo llevaron fue al Hospital de Clínicas Caracas “porque su situación es grave”.
“Eso significa que su condición de reclusión fue inhumana. Recuerden que lo que vivimos nosotros en las cárceles es el reflejo del señor José, un abuelo de 73 años que simplemente terminó preso por tomar una foto”, añadió Rojas en declaraciones difundidas en redes sociales.
Video / @CarlosJRojas13: “Luego de un trabajo duro de presión ciudadana y diálogo franco con la @Defensoria_Vzla se logró que el tribunal 2 de terrorismo permitiera trasladar al abuelo preso político José Breijo a un centro de salud, tiene problemas respiratorios donde su vida… pic.twitter.com/5hEyjf2oC9
— Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) May 28, 2026
Video / @CarlosJRojas13: “Queremos aclarar que el abuelo abuelo uruguayo-vzlano preso político José Breijo fue llevado al @HCCComunica dada la difícil realidad de los hospitales públicos en #Vzla, su situación es grave y todo ocasionado por las condiciones inhumanas de reclusión… pic.twitter.com/d9Z852VTi5
— Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) May 28, 2026
Detención arbitraria y ocupación ilegal de su apartamento
El señor José Breijo fue detenido en diciembre de 2023, cuando por una iniciativa personal, tras el estallido del conflicto en el Medio Oriente, acudió a un establecimiento en Caracas con el único objetivo tomar una fotografía de una bandera con una inscripción cuyo contenido desconocía por la diferencia de idioma. Tras intentar compartir el contenido con miembros de la comunidad judía local para reportar el hallazgo, fue delatado y posteriormente capturado por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).
Luego de haber recibido una medida sustitutiva de libertad para cumplir con arresto domiciliario, Breijo se encontró con que su propiedad había sido ocupada ilegalmente por uno de los funcionarios que lo detuvo. Después de que se denunciara esta situación, el apartamento fue desocupado. Sin embargo, periodistas, vecinos y defensores de DDHH documentaron que la propiedad, ubicada en el edificio Pascuarelli en Bello Monte, fue desvalijada por el funcionario que la mantenía tomada de forma ilegal.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A través de la cuenta de X de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, familiares del periodista excarcelado Luis López denunciaron que la respuesta sobre la solicitud de amnistía sigue sin llegar, pese a que hace meses la solicitaron ante el tribunal tercero con competencia en terrorismo.
Su hermana María López Torres denunció que en cada presentación, empleados del tribunal le dicen a López que no hay sistema.
“Se ha sentido con mucha alergia y la tensión ha sido incontrolable, se está viendo con un psicólogo porque esto no ha sido fácil”, dijo la hermana del periodista que fue detenido de manera arbitraria el pasado 14 de junio de 2024 en La Guaira, mientras se dirigia a Caraballeda para cubrir una pauta de trabajo.
Luego de su captura, López fue recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide y posteriormente trasladado arbitrariamente y sin aviso previo a sus familiares a la cárcel del Rodeo I en el estado Miranda.
Luego de la incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero que decantó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, de excarcelar a una “cifra importante” de presos políticos, el periodista salió de prisión con medidas cautelares el 14 de enero de este año junto a su colega Roland Carreño.
“Alertamos sobre el impacto que el retraso en la libertad plena del periodista, Luis López, genera en su salud y en su núcleo familiar. Cada día que pasa en estas condiciones constituye una violación sistemática a sus derechos humanos y un trato cruel e inhumano por parte del régimen de Delcy Rodríguez”, escribio en un comunicado el OVP.
María López Torres exigió respuesta a las solicitudes de amnistía, el cierre de los centros de reclusión para presos políticos y la libertad de todos los encarcelados por pensar distinto.
“Exigir la ejecución inmediata de la amnistía para Luis López y todos los presos políticos es un deber constitucional. El régimen debe investigar al sistema judicial, las autoridades no pueden seguir dando largas a estos procesos sin que nadie asuma la responsabilidad”, agregó el OVP.
La organización denunció que el régimen de Rodríguez se ha caracterizado por ofrecer cifras irreales sobre libertades plenas y que muchos de los excarcelados a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía siguen atados a procesos judiciales sin respuestas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
ProBox, organización que se encarga de monitorear, analizar y denunciar narrativas maliciosas en entornos digitales, publicó su Reporte Anual 2025, en el que investigaron sobre propaganda estatal, desinformación, censura y operaciones digitales coordinadas en Venezuela y América Latina. Se procesaron 7,8 millones de mensajes en X vinculados a 717 tendencias sociopolíticas en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y El Salvador. En sus investigaciones, recopilaron 11 598 vídeos en TikTok relacionados con campañas de influencia digital y narrativas estratégicas.
Durante el año 2025, el oficialismo concentró gran parte de su maquinaria digital en eclipsar crisis humanitarias, coordinar campañas de hostigamiento contra la disidencia y sembrar miedo en la ciudadanía. Así lo revela el balance anual de la organización ProBox, que desnuda el funcionamiento de operaciones coordinadas de manipulación destinadas a asfixiar el espacio cívico.
Venezuela acaparó el protagonismo autoritario de la región con 396 tendencias detectadas, superando la suma combinada de Cuba, Nicaragua y El Salvador, que registraron 397 de forma conjunta. En total, la organización desmenuzó 119 554 contenidos públicos multiplataforma (distribuidos entre X, Instagram, Facebook y TikTok) para mapear el comportamiento del poder digital.
Desinformando para crear dudas
El informe expone cómo la mentira institucional se activa de manera inmediata ante hitos políticos clave. Su informe anual de 2025 reveló que la detención de María Corina Machado, dirigente del partido político Vente Venezuela, el 9 de enero de 2025, sufrió manipulaciones en su narrativa por parte del oficialismo, con el intento de instalar la creencia de que su detención era fingida.
El rastreo de 1125 menciones coordinadas de fotos, vídeos y etiquetas en redes sociales mostró que cuentas afines, medios proxy y voceros oficialistas difundieron la narrativa, en un período de tiempo récord, de que la detención de la dirigente política nunca había ocurrido.
Según las investigaciones de ProBox, el proceso de difusión de desinformación en Venezuela sigue un patrón: primero es publicado por cuentas de trolls o medios proxy, luego se esparce a través de las redes sociales y, finalmente, llega a medios o canales oficiales.
La ONG también documentó cómo el expresidente Nicolás Maduro profundizó un discurso bélico en redes sociales junto a Cuba y Nicaragua. En la juramentación de Maduro, el 10 de enero de 2025, lo acompañaron los mandatarios de ambos países, y rápidamente se difundió la narrativa de apoyo militar entre los tres países en defensa del gobierno de Maduro. Este discurso fue ampliamente difundido a través de medios oficiales, voceros del gobierno y medios proxy, reveló el trabajo.
Crisis migratoria como herramienta política
Lejos de asumir responsabilidades por la emergencia humanitaria compleja, el oficialismo convirtió el éxodo en un garrote político y empleó etiquetas coordinadas para culpar y estigmatizar a los líderes de la oposición, para desviar así la mirada pública de las verdaderas causas del desplazamiento forzado.
En mayo, bajo operaciones analizadas como #MisiónHipocresía, el aparato oficialista inundó X, Instagram, TikTok y Facebook con una narrativa calculada para presentar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello como “defensores y protectores” de los migrantes, a pesar del sistemático historial de persecución y estigmatización estatal hacia quienes huyen del país. A través de un rastreo de diversas redes sociales como Instagram, X, TikTok y Facebook, el informe identificó esta operación propagandística.
Denuncia ProBox que los migrantes han sido empleados como herramienta política contra adversarios. Mediante una campaña de etiquetas, actores y términos asociados a la migración venezolana, afirman que el oficialismo convirtió la crisis migratoria en un recurso para estigmatizar a la oposición y desviar responsabilidades sobre el éxodo.
Por otra parte, el reporte documentó a través de redes la amplificación del contenido del programa “Con el Mazo Dando”, conducido por Diosdado Cabello. Sus investigaciones demostraron la coordinación entre cuentas institucionales y cuerpos de seguridad en la difusión de propaganda, amenazas y hostigamiento.
Asimismo, se examinó una conversación digital sobre la Navidad promovida por el oficialismo en un contexto de represión y denuncias en Venezuela. En noviembre, la campaña oficial de la Navidad “Tun Tun” inundó los entornos digitales con celebraciones impuestas que chocaban de frente con las denuncias de la ciudadanía en redes, enfocadas en exigir la libertad de los presos políticos y evidenciar la censura. En diciembre, las campañas oficiales sobre supuestos “avances” para las mujeres convivieron en las plataformas digitales con denuncias activas de encarcelamiento, violencia institucional y represión contra mujeres presas políticas.
Aumento de censura y hostigamiento contra medios digitales
Investigaciones de ProBox señalaron que, después del 28 de julio de 2024, aumentó la censura y el hostigamiento contra medios digitales, especialmente aquellos que cubrieron a Edmundo González, candidato a la presidencia en las elecciones de 2024. Algunos de los medios bloqueados en el contexto electoral fueron Tal Cual, El Pitazo, Efecto Cocuyo y El Estímulo. Estos medios sufrieron fuertes críticas por parte de usuarios debido a cómo se hacía referencia al candidato presidencial.
ProBox comprobó, a través de diferentes publicaciones en redes, que los medios independientes en Venezuela muchas veces son criticados por la forma en que titulan noticias. Ante esto, la ONG señaló que el enemigo no son los medios independientes, pues ellos se enfrentan a la desinformación y amplifican las voces de la sociedad civil.
Espionaje estatal a través de prácticas ilegales
El reporte anual de ProBox señaló que Venezuela enfrenta una situación de espionaje estatal mediante prácticas, herramientas y discursos oficiales. Aunque no haya acceso directo al contenido cifrado, el monitoreo ocurre por vías alternas, sistemáticas e ilegales, según detalló la ONG.
El informe denuncia e cómo el miedo al espionaje estatal se instrumentaliza deliberadamente. Durante el año, el régimen alimentó narrativas de pánico sobre el uso de WhatsApp en Venezuela para forzar a la ciudadanía a migrar hacia aplicaciones de mensajería alternativas que resultan mucho más vulnerables al control oficial.
La franquicia autoritaria: Cuba, Nicaragua y El Salvador bajo el mismo patrón
El laboratorio digital de desinformación venezolano no trabaja de forma aislada, sino que comparte manuales de operaciones y discursos bélicos conjuntos con Cuba y Nicaragua. El reporte anual de ProBox documentó lo que ocurrió en 2025 en esos países en materia de censura y persecución digital, así como también en las narrativas impuestas en redes sociales.
Cuba: El régimen de La Habana empleó en junio intensas campañas de propaganda institucional y turística con el propósito de invisibilizar las denuncias en redes sobre hambre y detenciones arbitrarias. Asimismo, endureció leyes represivas que transforman cualquier opinión vertida en internet en un motivo de persecución judicial, multas o prisión, recurriendo además a campañas coordinadas para contener las protestas digitales desatadas por el incremento de tarifas de la estatal Etecsa.
Nicaragua: La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó el aparato de vigilancia digital más agresivo de Centroamérica, con la expansión de normativas represivas para interceptar interacciones en línea y desplegando en abril “granjas de trolls” financiadas con fondos públicos para amenazar y acosar activistas. Además, se documentó una profunda cooperación mediática con China, país que financia sistemas de adoctrinamiento periodístico y edifica infraestructuras de cuentas oficiales controladas desde la presidencia para simular apoyo ciudadano masivo.
El Salvador: En un entorno democrático bajo severas alarmas cívicas, la organización ProBox identificó cómo la maquinaria oficialista reaccionó ante la salida de la ONG Cristosal en agosto y sus intentos por sepultar la criminalización del espacio cívico bajo una falsa narrativa meramente tributaria.
Influencia Transnacional China: Paralelamente, ProBox identificó patrones de amplificación auspiciados por China en Costa Rica y Panamá para diseminar propaganda y poder blando orientados a legitimar los intereses de Pekín en la región.
Continuarán defendiendo las libertades digitales
El reporte indica que ProBox capacitó el año pasado a 750 personas en 12 jornadas de formación dirigidas a periodistas, docentes y defensores de derechos humanos.
La ONG ProBox indicó en su informe que, durante 2026, continuará ampliando sus actividades de monitoreo y formación de personas en la región. Ratificaron su compromiso con la protección de espacios informativos y la defensa de los derechos digitales en América Latina.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
