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“Magnifica humanitas” (II)

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Cada tiempo tiene su propio tiempo y hace historia propia, es la afirmación que hicimos constar en nuestra precedente crónica, del mismo título, buscando referir la realidad y dinamismo como la autonomía del ser humano, que en modo alguno pueden obviarse. No significa ello que la historia haya de reescribir la Verdad y sus verdades sin antes considerar –lo precisa León XIV en su amplia relectura– “la forma en que la Iglesia habita la historia y se relaciona con el mundo”.

Esta es una cuestión clave para comprender la aproximación que hace su encíclica Magnifica humanitas sobre la cuestión digital y la inteligencia artificial (IA), a fin de que no se las vea como un tema singular sino como la manifestación de un «cambio epocal» en la misma historia; que, si bien interpela al magisterio eclesial con las cosas nuevas, este, como doctrina social y aquella como poseedora de “una consistencia y un orden propio”, permanecen atados a una raíz que las trasciende.

La creación, en efecto, lleva impresa una bondad originaria –lo recuerda la encíclica– que la mirada humana debe custodiar, cultivar y hacer madurar, siempre con la libertad que es inherente a la existencia del hombre, a su albedrío. De donde la tarea de la Iglesia católica, en el marco de ese reservorio de sabiduría que conjuga lo teológico con lo antropológico, solo busca acompañar, ayudar al discernimiento comunitario. La Doctrina Social de la Iglesia en modo alguno es “un manual de principios y de normas que hay que aplicar”, precisa la encíclica, pues se concreta como ayuda en la tarea de reconocer y promover “lo que contribuye a la dignidad de las personas, a la vitalidad de las comunidades y al bien de todos”. 

El señalado magisterio, que ausculta a la historia al objeto de acompañarla y caminar a su lado, es de suyo perfectible, pero a su vez está inspirado en la verdad constante de los evangelios. Contiene una “comprensión de la verdad” y posee “un don que hay que compartir”. No es “una posesión que hay que reclamar”, como en los tiempos en los que se cedió– lo recuerda la misma encíclica apelando a San Juan Pablo II –a métodos de intolerancia e incluso de violencia al servicio de la verdad, y tampoco “un territorio que haya que defender”. La Doctrina Social de la Iglesia, lo recordaba San Pablo VI, mal puede “pronunciar una palabra única” ante la gran variedad de las situaciones históricas, como la presente, signada por una ruptura epistemológica que diluye espacios y exorciza al tiempo.

Cabe observar, sin perjuicio de lo anterior y justamente por inspirarse tal doctrina o por beber ella en las fuentes invariables del Evangelio, que su tradición ha evolucionado de manera coherente, sin fracturas intelectuales a la vista; todo lo contrario. Sin perjuicio, como conjunto de ideas, de haberse renovado mediante la escucha de las situaciones históricas concretas e interpelada por las preguntas que nacidas de la realidad social e histórica del hombre se le han dirigido.

Tal “corpus orgánico de enseñanzas sociales”, que Pío XII califica por vez primera como Doctrina Social de la Iglesia, como se ha dicho la inaugura la encíclica Rerum novarum de León XIII (1891), sobre la cuestión obrera y la dignidad del trabajo, revalorizando la dignidad humana por sobre el capital y defendiendo a la propiedad privada junto a su “indispensable función social”.

Le siguió la Quadragesimo anno de Pío XI (1931), que al conmemorarla hace crítica, en medio de la crisis económica mundial, tanto a la competencia sin límites, concentradora del poder, como a los colectivismos que “anulan la libertad y la responsabilidad de las personas”. Da lugar, así, a la emergencia y reconocimiento del principio de la subsidiariedad, que proscribe la absorción por instancias superiores de aquello que corresponde y han de realizar “las personas, las familias, los organismos intermedios y las comunidades locales”. Su pontífice autor, lo precisa Magnifica humanitas, “denuncia los totalitarismos que atropellan la dignidad de la persona, sofocan la vida social, exaltan al Estado por encima de su justo valor y adoptan la categoría discriminatoria de la raza”.

Pío XII, en su momento (1939-1958), sostiene “la necesidad de un Estado de derecho sólido para prevenir los abusos de poder y reconoce en la democracia un instrumento adecuado para favorecer el ejercicio correcto de la autoridad”.

Tres enseñanzas o principios son extraídos como síntesis de lo anterior y para lo actual por León XIV, a saber, que (1) el derecho prevalezca sobre el interés, (2) la conciencia de que las disparidades económicas son fuente de tensiones, y (3) el valor del tejido asociativo como vía para la mediación entre el individuo y el Estado; lo que, al paso y mutatis mutandis, propugna este para orientar la dinámica de la globalización y la forja de un orden internacional que sea justo y pacífico.

Juan XIII, con su Mater et magistra (1961) y Pacem in terris (1963), apuntará, sucesivamente, a dos aspectos cruciales en su época, la vida social y el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas, señalando, en cuanto a lo primero, el equilibrio que ha de mantenerse “entre la iniciativa de los ciudadanos y de los grupos, llamados a autoorganizarse, y la acción del Estado, que debe coordinar y sostener sin sofocar la libertad”; lo que sugiere la idea del Estado promotor. Y en lo relativo los derechos humanos, los vincula orgánicamente con la dignidad connatural de la persona, obligándose tanto el Estado como la comunidad internacional a su reconocimiento, con fundamento “en la verdad, la justicia, el amor y la libertad”.

Caminar dentro de la historia

Con la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965), que a distancia del tiempo aún suscita controversias, se promueve que la Iglesia deje atrás las abstracciones y se involucre con “la realidad concreta de las situaciones históricas”, observando a las estructuras institucionales y económicas según que sirvan o no “al desarrollo integral de la persona” y favorezcan “la participación responsable de todos”, como lo dispone la Constitución Gaudium et Spes (1966).

Sostiene León XIV al respecto, que dicha Constitución proporcionó un método valioso a objeto de que el diálogo de la Iglesia con el mundo no se reduzca a lo táctico, sino que se vuelva “una forma concreta de su misión”. Y ajusta que la Declaración Dignitatis humanae (1966), enhorabuena vino a defender la libertad religiosa como “un derecho fundamental arraigado en la dignidad de la persona”.

Las dos encíclicas que siguen, de San Pablo VI, a saber, Populorum progressio (1967) y Octogesima adveniens (1971), una postula la idea del desarrollo integral –condiciones de vida más humanas– que atañe «a todos los hombres y a todo el hombre» en sus variadas dimensiones, siendo aquella “el nuevo nombre de la paz; en tanto que la otra, que renueva la encíclica fundacional de la Doctrina Social de la Iglesia, traslada su perspectiva a la sociedad posindustrial y a los cambios que ya se aceleran –como las transformaciones urbanas, la modificación de lo laboral y lo cultural– poniendo en tela de juicio “el futuro de las personas y de las comunidades”.

Lo esencial es que se reivindica la fuerza del mensaje evangélico, pues si bien pasa a ser otra la circunstancia histórica, diferente a la del puente entre los siglos XIX y XX, recuerda san Pablo VI que son sus criterios los que permiten “reconocer lo que humaniza o deshumaniza”. O según la exégesis de León XIV con vistas a nuestro siglo, “para que ninguna persona ni ningún pueblo sea tratado como prescindible en los procesos de desarrollo”.

En la singladura del tiempo recorrido desde el quiebre epocal, tras descubrirse la falacia del socialismo real y en las décadas que ya frisa el siglo XXI, y mientras la acción de los añejos sindicatos cristianos y partidos políticos de raigambre humanista cristiana que luchaban contra la explotación del hombre por el hombre ha quedado como pieza de museo, el alerta de León XIV a propósito de la revolución digital y de la IA no se hace esperar: “No deben subestimarse las formas más sutiles de dependencia vinculadas a la economía digital…, donde las plataformas y los servicios están diseñados para captar el tiempo y la mirada de los usuarios, explotando sus fragilidades y debilitando la libertad interior”.

Las enseñanzas sociales de san Juan Pablo II resultan de mucho peso en tal orden, dada la encrucijada que le toca y marca la crisis de los grandes sistemas ideológicos del siglo XX e inicios de la globalización. A sus encíclicas las transversaliza la idea de la solidaridad y dos de ellas, Laboren exercens (1981) y Centesimus annus (1991), son conmemorativas de la Rerum novarum que marca la deriva secular de la Doctrina Social de la Iglesia. La primera resitúa la significación del trabajo –que deja de ser costo de producción, problema de gestión, o medio para obtener ingresos– estimándolo como el elemento que pone en juego a la libertad, la creatividad y la capacidad de cada hombre para cooperar, “contribuyendo a la elevación cultural y moral de la sociedad”.

Mal cabe, así, según León XIV, evaluar al trabajo “únicamente en términos de eficiencia”. De allí que, entienda el papa polaco, en su otra encíclica, que la democracia y la economía de mercado son las garantías de la participación ciudadana mientras se subordinen a la ley moral, sin sacrificar a los más débiles en aras de la lógica del lucro.

En Sollicitudo rei socialis (1987), conmemorando la Populorum progressio de san Pablo VI, que media entre las dos señaladas con anterioridad, dirigiéndose a la comunidad internacional san Juan Pablo II la interpela sobre la importancia del juicio ético riguroso y no solo técnico de los mecanismos económicos y financieros gestionados por las grandes potencias. Pide hacer prevalecer “una forma de amistad social”, de solidaridad, entendida como corresponsabilidad entre las personas, los pueblos y las naciones.

Benedicto XVI, su sucesor y previamente su Prefecto de la Congregación de la Fe, desde su denso pensamiento teológico y filosófico reinterpreta el concepto de desarrollo planteado en Populorum progressio, para pedir se le concilie con “los límites de la creación”. No solo eso, sino que advierte la emergencia de nuevas formas de exclusión en los países ricos mientras que, en los pobres, aparecen sectores de fuerte consumismo conviviendo con la miseria deshumanizante. Destaca, seguidamente, el marco de esa movilidad de capitales globales que “ha reducido el poder político de los Estados”. Enseña, en fin, que la lógica del mercado debe orientarse por el bien común, sin sustituir la responsabilidad necesaria de la “comunidad política”.

León XIV recuerda que el gran aporte de papa Ratzinger a la Doctrina Social de la Iglesia fue “mostrar que el desarrollo, la justicia, las instituciones y el mercado no son realidades neutras”, sino “espacios en los que la caridad en la verdad debe tomar forma histórica”. También que destacó la importancia de recomponer la relación entre la política y la economía a la luz de dos paradigmas, el bien común y “reconocer a la caridad un papel crítico y generativo en la vida pública. Lo que exige, en otras palabras, reconstruir la confianza en una hora de desestructuración de los sólidos culturales, de culto al relativismo y de perturbación de las distintas formas de relación social y política entre los hombres.

El patrimonio intelectual único que ofrece el magisterio social de la Iglesia, según reza Magnifica humanitas, se resume en la dignidad de la persona, el valor del trabajo, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad, el cuidado de la creación, la centralidad de la paz, y la fraternidad; que, en palabras de Francisco (Fratelli tutti, 2020), significa la “cultura del encuentro” y “una mejor política” capaz de ofrecer un mundo que garantice “tierra, techo y trabajo para todos”. 

correoaustral@gmail.com | @asdrubalaguiar

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La podcastización de la política

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Está próximo el cumplimiento de los seis meses a partir del comienzo del “nuevo momento político” que produjo un impacto sin precedentes en Venezuela. La oportunidad, igualmente sin precedentes, para mover al país en la dirección que la inmensa mayoría desea produjo un renovado interés masivo en la política nacional. Ello, a su vez, nos ha brindado a quienes nos dedicamos a la observación de la política una fuente de material como no habíamos tenido en años. No obstante, esos cambios se han dado a un paso más lento que lo que dicha mayoría desea (y, además, sigue siendo incierto el desenlace). Desde la última vez que me senté a escribir esta columna, no he visto nuevos acontecimientos relacionados que me parezcan dignos de ser descritos aquí.

Sin embargo, es la política venezolana la que me sirve de plataforma para abordar el tema sobre el que ahora escribo. Específicamente, por una coletilla de su predecesor. Si leyeron la última emisión de la columna, recordarán que fue sobre el acompañamiento que tuvo la líder opositora María Corina Machado por otros políticos en una reunión en Panamá, y el rechazo que eso produjo entre muchos integrantes de la base opositora, quienes ven a los susodichos políticos con sumo desdén y preferirían que Machado no se codeara con ellos.

A propósito de ello fue entrevistado un joven influencer de redes sociales conocido como “Kilómetro”, quien en los últimos años ha sido un comentarista frecuente sobre la política venezolana e incluso alguien que, invirtiendo papeles, ha entrevistado a políticos venezolanos (lo hizo con Leopoldo López, verbigracia). No voy a discutir lo que Kilómetro dijo. No es eso lo que hoy nos atañe. De hecho, más que lo que dijo, la discusión que produjo en la opinión pública se ve sintetizada en la pregunta “¿Por qué se entrevista a un muchacho, sin ninguna formación profesional en la materia, para que hable de política?”.

Es un fenómeno que me ha llamado la atención desde hace años, y quiero aprovechar para tratarlo en este momento. No, no es algo propio de Venezuela con exclusividad. Está pasando en todo el mundo. No solo en Venezuela. Vean el caso de Westcol en Colombia. O el de Joe Rogan en Estados Unidos. Influencers, streamers y criaturas similares del internet haciendo de periodistas y “analistas políticos” (suelo entrecomillar esta expresión por su informalidad).

Lo hacen con un alcance mucho mayor, sobre todo entre jóvenes, que el que tienen profesionales del periodismo y de las ciencias sociales. Llamo a este fenómeno la “podcastización de la política” y es una fase superior de la “política como espectáculo” de la que hablaba Giovanni Sartori. El éxito de los improvisados se debe a que, al margen de que emiten comentario político con más o menos tino, son personas chistosas o entretenidas de alguna otra forma.

Ello refleja otro fenómeno de nuestros tiempos: la colonización de todos los aspectos de la vida por el entretenimiento. Las masas están adictas al entretenimiento en la era de las redes sociales, por lo fácil que es conseguirlo. Están adictas al estímulo fugaz y lúdico, como apunta Byung-Chul Han. Todo tiene que ser un chiste, un meme, un video de brainrot.

De más está decir que esto banaliza y empobrece la discusión de temas serios (la seriedad es, inversamente, algo a lo que las masas hoy le rehúyen como a la peste), por “aburrida”), incluyendo la discusión de temas políticos. Umberto Eco lo advirtió antes que nadie: que la democratización de las comunicaciones vía redes sociales es un arma de doble filo, al brindar oportunidades a gente brillante y dar al mismo tiempo un altavoz a los idiotas.

No es que todos estos influencers sean ineptos cuando hablan de política. Como dije hace unos días, hay personas que sin formación académica en la materia son capaces de abordar el asunto con talento. Pero sí ocurre a menudo que los comentarios de estos personajes son frívolos y superficiales. Repito: su éxito no radica en la calidad informativa o reflexiva de sus opiniones, sino en su capacidad para entretener.

Personalmente, nunca me he visto impresionado por lo que he visto de los tres ejemplos enumerados arriba (Kilómetro, Westcol y Rogan). ¿Son tipos graciosos? Sí, quizá. Pero si yo quiero reírme, acudo a un comediante. No a un sujeto que quiere influir en mi juicio político.

Debo ahora tomar prestado un principio básico de la macroeconomía. La oferta de algo nocivo no es un problema si no hay demanda. Las audiencias de estos influencers tienen una tajada de responsabilidad en la depauperación de la esfera de opinión pública. Por su adicción al entretenimiento. Por su falta de disposición a abordar ciertos temas con la seriedad que ameritan. Por querer sentirse facultados para opinar sobre temas complejos sin hacer el esfuerzo intelectual que tal cosa exige. Tal vez el rasgo más distintivo de la presente iteración del hombre-masa que tanto inquietaba a Ortega y Gasset es una combinación de dos pecados capitales: pereza y soberbia. Quiere y hasta exige que los demás avalen su opinión sobre un tema del que no hizo ni el más mínimo esfuerzo por informarse. El entretenimiento, como ya vimos, es una de sus adicciones. Que le den la razón es la otra.

También hay que decir que la fauna de influencers y streamer ha desplazado a los custodios tradicionales de la opinión supuestamente bien informada, pues estos últimos no han sabido adaptarse de forma satisfactoria a las nuevas maneras en que fluye la información. Toca a estos profesionales pensar en formas de lograr que el público vuelva a interesarse en lo que tienen que decir, sin degradaciones de la sustancia. De no conseguirlo, me temo que la podcastización de la política avanzará más y más.

@AAAD25

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Opositores regresan del exilio a intentar reconstruir su liderazgo

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Parte de la dirigencia de la oposición que está en el exilio comienza a regresar a Venezuela. La circunstancia parecía imposible de figurarse hace unos meses atrás. No son todos, pero sí hay rostros conocidos y referenciales. Algunos, como Yon Goicoechea y el economista José Guerra, han venido de visita, con la intención de regresar pronto. Otros, como Carlos Ocariz o Roberto Marrero, volvieron para incorporarse inmediatamente a la política. También han regresado Lester Toledo, Cristofer Correia, Richard Blanco, Wilmer Azuaje.  

Han visitado barriadas, se han reencontrado con la militancia, han hecho activismo y han hablado de reconstrucción y elecciones libres. Guerra presentó una fundamentada propuesta académica de reconstrucción nacional en la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo a lo que ellos mismos reportan, hacen sus actividades sin ser molestados por los cuerpos de seguridad del estado.

El regreso del exilio -o de este capítulo del exilio- es, sin dudas, una noticia estimulante, interesante, uno más de los componentes de la apertura política que ensaya -de manera impuesta- el gobierno interino de Delcy Rodríguez a nombre del régimen chavista. Desarrollar una política que vaya al encuentro de esa circunstancia luce lógico. Regresar es un primer paso.  Por muy lentas que anden las cosas en estas semanas, nadie puede negar que el contexto político actual presenta muchas más opciones y es bastante menos oscuro que el que había hace poco más de seis meses.

 Se trata, sin embargo, de un avance parcial. El regreso de estos dirigentes no está expresando, de manera orgánica, la configuración de un clima de transición, el regreso de la democracia, o apenas el inicio de un camino concreto en términos estructurales, como probablemente algunos imaginaron. No es el reflejo de la normalización del país -como tampoco la cirugía institucional adelantada por el régimen para actualizar el rostro de los poderes públicos. Políticos referenciales de las corrientes opositoras venezolanas, como María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Vecchio o Leopoldo López, tienen aún lejos la perspectiva de un regreso.

La mayoría de estos dirigentes regresan a Venezuela haciendo ajustes interpretativos, reconsiderando elementos de su pasado, con una actitud revisionista de parte de lo labrado en estos años. Se escuchan reflexiones interesantes.  En casos específicos, como el de Yon Goicoechea o Carlos Ocariz, el interés en regresar al país es manifiesto y tiene también mucho de personal.  

“Aquí hay que trabajar por una salida democrática. El hecho de fuerza ya ocurrió”, afirma Marrero, ex dirigente de Voluntad Popular, quién relataba que en este momento está buscando dónde vivir. “La verdad es que en los Estados Unidos nos lo han dicho: vayan a Venezuela a reconciliarse. Impulsen una Ley de Amnistía. Bueno, el régimen ha dado unos pasos, con muchas resistencias, pero se ha avanzado. Los que queremos reconstruir este país tenemos que estar en Venezuela, abrir caminos.  Yo quiero formar parte de la reinstitucionalización de este país”.

La gran mayoría de los dirigentes de la oposición venezolana -con la excepción de María Corina Machado y algún nombre adicional- es apreciado en este momento con altos niveles de rechazo en las encuestas. La irrupción del liderazgo de María Corina y su rotunda victoria electoral y política de las elecciones primarias de 2023, se ha concretado sobre las ruinas de la suma de derrotas de la oposición tradicional, sus contradicciones y desaciertos en momentos decisivos. Sobre el rendimiento de cada uno de ellos, sin embargo, hay en ocasiones renuencia a apreciar matices, a ponderar factores condicionantes y verdades a medias. A identificar las zonas de virtud y acierto, que también existen.

Gravita una leyenda algo injusta y superficial sobre la probidad y la vida actual de muchos de ellos, apoyada en una picaresca cultural de la política criolla -muy vigorosa en las sociedades donde domina la corrupción como una tara cívica- , desarrollada entre bandos enemigos, que consiste en sembrar sospechas y fomentar leyendas sobre las conductas ajenas para tomar ventaja y desviar la atención sobre sus propios desafueros. La severidad con la cual la población juzga la conducta de la oposición tiene mucho que ver con las propias tensiones, contradicciones y maledicencias de sus propios militantes y dirigentes.

El exilio regresa, la tendencia podría ir creciendo. Es buena noticia. Parecen llamados a ir creando “condiciones objetivas”. A pesar de las críticas y la comprensible sensación de fracaso, retornos como estos son vitaminas para el tejido cívico. Eso sí: les queda muchísimo trabajo.

@amoleiro

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Por la compra de $160 detuvieron a Yariliz Díaz y la vincularon al caso de explosivos en Plaza Venezuela

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Érika Díaz recuerda con precisión y detalle todo lo que ocurrió el 7 de agosto de 2025 cuando un grupo de funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP), adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llegaron a su casa en Antímano y, sin mediar palabras, se llevaron detenida a su madre, Yariliz Díaz de 48 años.

Ese mismo día, la trasladaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Allí permaneció cinco días por “averiguaciones”. Durante ese tiempo, Érika pudo llevarle ropa y comida, pero después no supo más nada de ella “parecía que se la hubiese tragado la tierra”, dijo.

Desesperada por no encontrar información sobre el paradero de su madre, Érika visitó distintas comisarías, centros penitenciarios y organismos del Estado, pero nunca encontró respuestas. Tiempo después, se dirigió a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo y ahí le dijeron que se encontraba en el Internado Judicial El Rodeo I.

Érika no les creyó porque desde siempre el Rodeo I es reconocido por ser un centro de detención exclusivamente para hombres. Aun así, visitó varias veces el penal y la única información que le daban era que ahí no había mujeres detenidas. Cinco meses y 20 días pasaron sin obtener información de su madre. 

El 28 de enero de 2026, Érika recibió una llamada de un número desconocido. Era su mamá. Entre la alegría, el llanto y la brevedad de la llamada, Yariliz alcanzó a confirmarle a su hija que sí estuvo detenida en el Rodeo I, bajo el sistema de máxima seguridad conocido como Sesma.

“Esa vez, cuando hablé con ella, me dijo que estuvo detenida en el Sesma, que recibió tratos crueles y tenía cámaras las 24 horas del día vigilándola, también que en un cuarto pequeño convivía con 13 mujeres más”, narró Érika Díaz.

A Yariliz la trasladaron el 12 de enero de 2026 a la cárcel femenina La Crisálida, ubicada en Los Teques, estado Miranda. Apenas 10 días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. 

La Crisálida ha sido señalada en reiteradas oportunidades por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) por el hacinamiento, insalubridad y tratos crueles e inhumanos hacia las reclusas. 

Vulneración de derechos

Érika Díaz pudo ver a su mamá el 15 de febrero de 2026, seis meses después de haber sido detenida y sometida a desaparición forzada. Cuando la vio pudo abrazarla y llevarle algunos alimentos. Asegura que la encontró con varios kilos menos, triste y sin entender cómo es que la vincularon con un caso de “terrorismo”.

A la hija de Yariliz Díaz nunca le han permitido tener acceso al expediente de su madre, tampoco a la minuta ni a los documentos del caso. Aunque reconoce que le asignaron defensa pública desde el principio, asegura que el abogado no ha hecho nada y le niegan la defensa privada.

La detenida, quien era comerciante informal, la acusan de estar vinculada al presunto atentado con explosivos en contra de Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 3 de agosto en Plaza Venezuela, Caracas. 

El supuesto vínculo que existe entre Yariliz Díaz y el atentado, es la compra de 160 dólares a Aliannys Araujo —detenida por la misma causa— a quien el gobierno señaló de ser la principal “operadora intermediaria” de contactar a bandas delincuenciales en Colombia. 

Foro Penal, Provea y Acceso a la Justicia, organizaciones defensoras de derechos humanos, coincidieron en que este “atentado frustrado” sirvió para confeccionar el patrón de detenciones arbitrarias luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según Diosdado Cabello, estas acciones terroristas estuvieron a cargo de María Corina Machado y otros dirigentes de oposición. 

Por este caso, resultaron detenidas más de 50 personas quienes fueron acusadas de terrorismo y asociación para delinquir, entre ellas, la adolescente Samantha Hernández de 16 años, liberada recientemente.

“Mi madre es inocente”

Érika Díaz solicitó en el mes de febrero la amnistía para su madre, pero a ella y a todo el grupo se la negaron. Aunque apeló a la decisión, desde el 27 de marzo no ha recibido respuesta. Solo le dicen que “tenga paciencia”. 

Yariliz le ha escrito cartas a su hija en donde cronológicamente expone todo lo que ha vivido desde el momento en que fue detenida, eso, asegura Érika, le sirve de respaldo para un eventual juicio. 

La hija de Yariliz insiste en que su madre es inocente y que no es capaz de planear un atentado en contra de nadie: “Eso no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.

“Si mi mamá fuese una persona mala créeme que yo no salgo a pedir su libertad, ¿me va a doler? Sí, porque es familia, pero yo no estaría reclamando”, concluyó la hija de la detenida.

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Foro Penal informa que se han excarcelado 894 presos políticos desde el 8 de enero

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El abogado Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, informó que desde el 8 de enero han confirmado la excarcelación de 894 personas que estaban detenidas por razones políticas.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el activista recordó que el 8 de enero se anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones. «El gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento», informó Jorge Rodríguez en ese momento.

A partir de ese anuncio, familiares y organizaciones de derechos humanos han exigido la entrega de los listados con la identidad de las personas beneficiadas para poder verificar la información. Sin embargo, esto no se ha concretado.

A ese primer anuncio, le han seguido otros en los que el Ejecutivo ha informado sobre procesos de excarcelación. El 22 de mayo, Delcy Rodríguez anunció que en las «próximas horas» se alcanzarán las quinientas excarcelaciones de presos políticos. En sus declaraciones, aseguró que un total de 8.740 personas habían recibido la libertad plena desde febrero pasado con la ley de amnistía.

Las cifras dadas por el Ejecutivo han sido cuestionadas por familiares que siguen en vigilia esperando la liberación de sus seres queridos y por las organizaciones no gubernamentales que se enfrentan a la dificultad de poder contratar los datos ante la falta de información oficial.

Este viernes, Foro Penal reportó la excarcelación de varios presos políticos, entre ellos: Andreina Alemán, Jhon Jaimes, Diosmer Rumbos, Kelvis Coronel, Karen Hernández Rodríguez, Ana Zoris Gutiérrez, Keenami Guevara Vásquez, Aranza Hernández Castillo, Daniela Alexandra Araña Gutiérrez y Génesis Grisbely Rodríguez Araña.

Con información de TalCual

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Academia de Ciencias Económicas exige transparencia en el proceso de reestructuración de la deuda externa

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La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se refirió al inicio de la reestructuración de la deuda externa venezolana, advirtiendo que “el desafío es complejo” debido al incumplimiento de pagos vigente desde noviembre de 2017.

Mediante un comunicado difundido el 12 de junio, los académicos señalan que, sin una negociación en términos favorables, Venezuela “permanecerá aislada de los principales mercados financieros internacionales”. Por ello, consideran urgente una reducción importante de la deuda, pues los montos actuales resultan “enteramente incompatibles con la capacidad actual y prospectiva de pago” del Estado.

La ANCE también enfatiza en la necesidad de un proceso transparente basado en datos reales y auditables. Para la organización, “es impostergable actualizar y validar las estadísticas que componen las cuentas nacionales y fiscales del país” como requisito previo para delimitar la carga financiera futura.

El documento señala que la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) representa una “condición necesaria para asegurar la sostenibilidad y ganar la credibilidad de un eventual acuerdo con los acreedores”. Este respaldo técnico y financiero ayudaría a enfrentar las “fragilidades sociales e institucionales” que ya reconocen organismos internacionales en el país.

Finalmente, la Academia exhorta a las autoridades a gestionar este proceso con la “gravedad y urgencia que esta materia comporta”. Insisten en que una estrategia efectiva y coordinada debe contribuir genuinamente a la recuperación económica y social de la nación.

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Niño Guerrero: Auge y caída del líder del Tren de Aragua

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Mientras muchos centraban su atención en el partido entre Paraguay y Estados Unidos, la noche de este viernes, 12 de junio, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció en su red social Truth la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero”, principal cabecilla de la megabanda criminal “Tren de Aragua”.

Según la publicación de Trump, el ataque fue ejecutado por el Comando Sur, con el apoyo de las autoridades venezolanas. Describió la ejecución como un «ataque cinético rápido y letal». El mensaje del mandatario estadounidense confirmó el fin de una era para la criminalidad transnacional en el continente.

No se tienen muchos detalles del hecho más que un video difundido por Trump donde se ve el bombardeo a una vivienda, y la confirmación del Ministerio de Comunicación, el cual indicó que todo ocurrió en al sureste del estado Bolívar, zona en la que desde hace varios días se reportó una operación militar en zonas mineras y el Estado no había informado de qué se trataba el operativo.

Los cimientos de un líder criminal

Héctor Guerrero nació el 2 de diciembre de 1983 en la ciudad de Maracay, estado Aragua. Sus primeros pasos en el mundo delictivo quedaron registrados en el año 2000, cuando apenas salía de la adolescencia, según reseña el portal InSight Crime, atacando policías e involucrándose con negocios de microtráfico.

Un evento decisivo definió su perfil violento en el 2005, año en el que participó en un ataque contra una comisaría policial que resultó en el asesinato del cabo Oswaldo González. Para esa época, el Tren de Aragua ya tenía reputación criminal debido a los secuestros y extorsiones a comerciantes, así como los sobornos a funcionarios públicos.

En el año 2010 fue detenido mientras traficaba drogas y artículos robados en su ciudad natal. Fue recluido en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, pero se fugó en 2012. Sin embargo, esa fuga duró hasta 2013, cuando fue recapturado en Barquisimeto, estado Lara.

A pesar de los reveses judiciales, su influencia crecía exponencialmente cada vez que regresaba a una celda.

De delincuente local a pran de Tocorón

El liderazgo de Guerrero transformó una pequeña banda carcelaria en una corporación criminal de alcance transnacional y de las más peligrosas de la región. Bajo su mando, el Tren de Aragua inició un proceso de expansión territorial agresivo que comenzó por la toma del barrio San Vicente en Maracay. Guerrero convirtió este sector en su primer “feudo criminal”, donde incluso intentó lavar su imagen pública.

A pesar de estar en la cárcel, Niño Guerrero apareció en una fiesta de un barrio en Maracay en 2015. Era un sector controlado por el Tren de Aragua y en aquel momento, se presentó como su líder natural y aseguró que mejoraría las condiciones de vida de los habitantes.

Muy al estilo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, Guerrero proyectaba una imagen de benefactor que prometía rescatar a los jóvenes de las drogas y embellecer la comunidad, siempre bajo la condición de no permitir la presencia policial en el sector. Mientras tanto, en las sombras, extendía sus tentáculos hacia las minas ilegales del estado Bolívar y controlaba corredores estratégicos de narcotráfico hacia Trinidad y Tobago.

En el año 2018, la justicia venezolana lo condenó a 17 años de prisión, pero esa sentencia solo sirvió para consolidar su título de “pran” desde el interior de la cárcel.

La construcción de un estado paralelo entre muros y lujos

Entre los años 2011 y 2019, el Tren de Aragua construyó una infraestructura de lujos que desafiaba cualquier lógica de reclusión. El recinto llegó a albergar una piscina olímpica, una discoteca de nombre “Tokio”, diversos bares, restaurantes y un patio de juegos. La opulencia del líder del Tren de Aragua incluía incluso un zoológico privado, un estadio de béisbol y granjas para la cría de animales.

Esta ciudadela criminal operó durante años bajo la gestión de la entonces ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela. Aunque la cárcel tenía una capacidad original para 750 reos, el control de Guerrero permitió que llegara a albergar a más de 5,000 internos en condiciones de hacinamiento para los presos comunes, mientras la cúpula disfrutaba de servicios exclusivos.

Desde este centro de mando, Guerrero Flores dirigía operaciones de extorsión, secuestro y sicariato que afectaban a todo el país, utilizando la figura del “pranato” para ejercer un gobierno paralelo.

La última huida al cierre de Tocorón

El control que Guerrero ejercía sobre Tocorón llegó a un punto de quiebre en septiembre de 2023 con la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro. El gobierno desplegó más de 11,000 funcionarios militares y policiales para retomar el control del penal y finalmente, cerrarlo.

Durante el operativo, las autoridades descubrieron un arsenal de guerra que incluía 40 granadas antitanque, 80 kilos de explosivo C4, cohetes autopropulsados y cerca de 400,000 municiones de diversos calibres. También hallaron 14 armas largas y sistemas de comunicación avanzados.

El éxito de la operación se vio empañado por la fuga de Guerrero y de cientos de reos más. Algunas ONG denunciaron que el cabecilla criminal habría negociado su salida con el gobierno de Nicolás Maduro días antes de la intervención.

En el penal de Tocorón no solo había instalaciones de lujo, también tenía una sofisticada red de túneles de cinco kilómetros de longitud que desembocaba en el lago de Valencia, por donde huyó. Estas excavaciones subterráneas contaban con ventilación forzada, alumbrado eléctrico y armazones de concreto.

En 2024, el gobierno venezolano anunció que ofrecía una recompensa de 250,000 dólares por información que permitiera capturar a Niño Guerrero.

El Tren de Aragua: una franquicia del terror transnacional

Durante la crisis económica y el éxodo migratorio venezolano el Tren de Aragua obtuvo el combustible necesario para la expansión internacional. Niño Guerrero supo capitalizar el flujo de millones de personas para infiltrar sus células en otros países de la región.

Además, la organización criminal diversificó sus crímenes para incluir la trata de personas, el lavado de dinero y el terrorismo. El Tren de Aragua se estableció con fuerza en países como Perú y Chile, donde sus métodos violentos generaron una alarma social sin precedentes.

La peligrosidad de Guerrero Flores lo convirtió en un objetivo prioritario para las agencias de inteligencia regionales. El Ministerio del Interior de Perú lo incluyó en su programa de recompensas, ofreciendo una suma de 500,000 soles -unos 132,400 dólares- por información que permitiera su captura. Simultáneamente, en Chile, la Fiscalía nacional dictó órdenes de detención y solicitudes de extradición, buscando procesarlo por los delitos cometidos por su estructura criminal en suelo chileno.

Un objetivo de valor internacional

Tras su desaparición de Tocorón, Niño Guerrero se convirtió en uno de los prófugos más buscados del hemisferio. El gobierno de Estados Unidos intensificó su interés en el líder del Tren de Aragua debido a sus vínculos probados con el narcotráfico y su membresía en el Cartel de los Soles.

El país norteamericano lo señalaba por cargos graves que incluían conspiración para delinquir y robo de identidad. La Casa Blanca monitoreaba sus movimientos como una amenaza a la seguridad regional y puso una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

La inteligencia estadounidense rastreó sus actividades financieras y sus posibles escondites en las zonas mineras del sur de Venezuela. Guerrero, además de su rol criminal, actuaba como un factor de inestabilidad política, siendo señalado en ocasiones por su presunta colaboración en la represión de manifestantes.

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Explosiones, helicópteros y oro: preguntas y respuestas sobre la muerte del Niño Guerrero

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Tuvieron que pasar casi cinco días para que el gobierno venezolano admitiera que, en las minas de oro del sur del país, se había desplegado un operativo militar. Sin embargo, la primicia no la dio la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sino quien avala su gobierno desde el pasado 3 de enero: Donald Trump, el mandatario estadounidense que informó que un “ataque cinético” mató a “Niño Guerrero”, uno de los líderes de la organización criminal Tren de Aragua.

Pese a comunicar la noticia, muchos cabos quedaron en el aire. No se detalló el lugar exacto en donde ocurrió la explosión, tampoco se dijo la fecha ni se habló del protocolo para identificar los restos de Guerrero. Mucho menos se habló de cómo se dio con el paradero del jefe criminal que estaba en fuga desde noviembre de 2023, cuando desmantelaron la cárcel de Tocorón que le servía como “palacio”, ni qué sucedió con los otros líderes de la zona.

Runrun.es se planteó todas estas preguntas y buscó las respuestas a este operativo minero-militar que se mantuvo en “secreto” durante días.

¿Qué pasó?

La noche del viernes 12 de junio, el presidente norteamericano Donald Trump anunció que el Comando Sur de Estados Unidos, en colaboración con Venezuela, había matado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, mejor conocido como el “Niño Guerrero”, el líder más visible de la banda criminal Tren de Aragua.

La información la publicó en su perfil de su red social Truth Social, junto a un video en el que se ve en un plano cenital cómo una vivienda, rodeada de tierra amarilla, explota. La toma es parecida a las detonaciones que han volado decenas de supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.

Aunque Trump no indicó que el hecho ocurrió en Venezuela, su ministro de Guerra, Pete Hegseth, aclaró poco después que a Guerrero lo mataron dentro de “un complejo del Tren de Aragua en Venezuela”. Más tarde, el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) detalló que sucedió al sureste del estado Bolívar. 

El comunicado del Minci es apenas la primera información oficial que sale a la luz luego de que habitantes de poblaciones de Las Claritas y el Kilómetro 88, en el municipio de Sifontes, denunciaron que el martes 9 de junio arrancó un operativo militar en los yacimientos mineros de la zona.

Comunicado Minci sobre Niño Guerrero

Ese día, helicópteros sobrevolaron el área a baja altura, mientras que los uniformados, vestidos completamente de negro, se desplegaron por las calles de los pueblos y desalojaron varias minas.

Reporteros de Bolívar señalaron que las tropas que llegaron provenían de otros estados del país. Una vez que se instalaron, llamaron a los locales para que se unieran a ellos.

Esa afirmación va de la mano con un documento del 6 de junio pasado, que firmó el general de División, Delfín Alfredo Espinoza Torres, director de personal de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y que ordena a todos los oficiales y efectivos de tropa profesional especializados en operaciones especiales a reunirse el 9 de junio en el Cuartel General de la GNB (Cogeguarnac), en la urbanización El Paraíso, en Caracas. La imagen del comunicado la difundió el exdiputado y expreso político, Américo De Grazia.

El político también divulgó un comunicado de la alcaldía del municipio Caroní, al norte de Bolívar, que suspende el transporte público hacia el sur del estado desde el martes 9 de junio.

Ante la presencia de las fuerzas de seguridad, los pobladores decidieron encerrarse en sus casas y bajar las santamarías de sus comercios por varios días. Cientos de mineros, que no residen allí, quedaron a la deriva y comenzaron a salir del lugar. Otros se quedaron a la espera de que el gobierno les diga qué hacer.

De acuerdo con la AFP, los uniformados continuaban allí el jueves, cuando había “decenas de vehículos militares y agentes armados con ametralladoras y armas automáticas”, así como vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

¿Cuándo mataron supuestamente a Guerrero?

No hay fecha exacta de la ejecución del líder del Tren de Aragua. Ni Trump ni el gobierno venezolano especificaron cuándo lo mataron. Solo Hegseth asomó que había sido a principios de la semana sin mencionar el día.

Esa revelación de Hegseth coincide con el inicio del operativo militar sucedido en Las Claritas y el Kilómetro 88. 

Un día antes de la toma de los efectivos, el lunes 8 de junio, supuestos inversionistas estadounidenses recorrieron varias minas de oro del municipio El Callao así como plantas procesadoras de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) que están en esa jurisdicción. Así lo confirmó el alcalde de la zona, Coromoto Lugo, a El Pitazo. Aquel movimiento fue la excusa para que los uniformados inspeccionaran yacimientos que están bajo el control exclusivo del gobierno. 

Un minero entrevistado por la AFP en las minas de la Concesión Las Brisas de Cuyuní, cercanas al pueblo del Kilómetro 88, aseguró que el día que comenzó el operativo hubo tres explosiones. Otras fuentes en el lugar afirmaron que se lanzaron tres bombas desde los helicópteros que sobrevolaban el sitio.

¿Dónde mataron a Guerrero?

Ese es otro misterio que no tiene respuesta oficial. El Minci señala que fue en Bolívar, el estado más grande de Venezuela, que tiene una superficie de 240.000 km2, ligeramente menor a la del Reino Unido. Pero hay un dato clave: indican que fue en el sureste de la entidad, que coincide con la vasta zona minera en donde hubo los operativos.

Aunque no se ha especificado el lugar, hay una foto y un video que publicó este viernes el periodista Fritz Sánchez –conocido por denunciar la violencia, el daño ambiental y los conflictos que ocurren en el Arco Minero– que podrían ser la prueba del sitio en donde sucedió la explosión que mató a Guerrero.

Humareda a lo lejos. Supuesto lugar donde mataron a Guerrero

Sánchez detalló que la imagen corresponde a la Concesión Brisas de Cuyuní, el mismo lugar en donde los mineros consultados por la AFP dijeron que habían sucedido los estallidos.

El periodista aclara que en ese punto estaba la base del “Sindicato” –término con el que se designa a los grupos criminales que controlan una zona minera en Venezuela– pero ni los locales sabían quién vivía allí.

¿Hay pruebas de que Guerrero estaba en la vivienda que explotó?

Nada de esto se conoce hasta el momento de la publicación de esta nota. No se sabe a cuál morgue llevaron los restos del líder del Tren de Aragua o si se hizo un proceso de verificación de su cadáver a través de pruebas genéticas. Su destino, hasta ahora, parece ser el mismo que el de los tripulantes de las lanchas que Estados Unidos ha explotado en pedazos en el Caribe y el Pacífico.

¿Qué hay en los yacimientos de Las Claritas y el Kilómetro 88?

Entre ambos pueblos están dos de las minas con las reservas de oro más grandes del continente: Las Brisas de Cuyuní y Las Cristinas. Durante los años 90, empresas canadienses obtuvieron las concesiones de explotación de ambas.

Las Brisas del Cuyuní es un extenso yacimiento de oro y cobre cercano al Kilómetro 88. Allí se instaló en los 90 la minera Gold Reserve, que emprendió el proyecto de oro Las Brisas. La mina alberga reservas estimadas en más de 10 millones de onzas de oro y 1,4 millones de libras de cobre.

Las Cristinas, que colinda con Las Brisas y está hacia el pueblo de Las Claritas, estuvo operada por la minera Crystallex International Corporation. Sus reservas son unas de las más grandes del mundo y están estimadas en más de 17 millones de onzas de oro.

Durante el proceso de nacionalización que Hugo Chávez emprendió entre 2008 y 2010, ambas minas fueron expropiadas. El mandatario declaró que sus concesiones estaban extintas, lo que provocó que las compañías exigieran a Venezuela indemnizaciones multimillonarias a través de procesos de arbitraje internacionales.

Pero lejos de que el Estado activara en estos yacimientos empresas mineras nacionales, el gobierno chavista permitió que allí se instalaran bandas criminales armadas, conocidas como “sindicatos”, las cuales ejercen su poder por medio de la violencia y la extorsión, y mantienen a los mineros en condiciones de esclavitud moderna.

Al menos desde 2012, el control de la zona lo tiene el Sindicato de Las Claritas, cuyo líder es Juan Gabriel Rivas Núñez, apodado “Juancho”. En 2015 llegó allí Yohan José Romero, conocido como “Johan Petrica”, otro de los líderes del Tren de Aragua, quien estableció una alianza con ‘Juancho’ para dominar el terreno mientras huía de la justicia. 

La presencia de Petrica en Las Claritas hizo suponer que “El Niño Guerrero” se refugió allí luego de que el gobierno venezolano desmantelara el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, la sede original del Tren de Aragua.

En un post en X, De Grazia afirmó que en las minas de Bolívar, “cada vez que cambian de gerente las ‘bombardean’, para anunciarles el sustituto del ‘Patrón’”. En otro mensaje, aseguró que la FANB atacaba a ciudadanos indefensos para imponer nuevos “patrones” y dar paso a “la minería gringa”. “Pero los custodios seguirán siendo los PRANES”, remató.