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¿Cómo gestionar los escombros del doblete sísmico?

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Tras los sismos del 24 de junio, en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran camiones con cargas enteras que se arrojan muy cerca de la orilla del mar. Se trata de placas, cabillas, columnas, vigas: los escombros de los edificios destruidos en La Guaira que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se elevan a 1,2 millones de toneladas. De inmediato, surgieron las críticas sobre estas acciones, mientras que el Ministerio de Ecosocialismo y los organismos regionales guardan silencio.

“Eso de los efectos de los escombros lanzados al mar hay que evaluarlo científicamente y no emocionalmente. Ninguna opción puede ser descartada. Se necesita consultar a expertos para, de allí, tomar las decisiones que haga falta”, advierte el oceanógrafo biológico y geológico, José Ramón Delgado, director de la Fundación Caribe Sur.

Delgado apunta que las consecuencias que estos materiales pueden tener sobre el medio ambiente marino deben tener en cuenta la capacidad de dilución del mar, el supuesto impacto en el pH y otras variables químicas en las aguas costeras. 

“Quizás es más importante evaluar los fondos marinos (…) pero una cantidad de miles de toneladas de escombros creo que no causaría ningún efecto apreciable y, tal vez, sea la base estructural para comunidades marinas nuevas, por lo que es algo que no tiene que ser dañino”, añade.

El problema del desecho de escombros tras una tragedia no es nuevo en Venezuela. Tras los deslaves de Vargas, en 1999, la anarquía sobre cómo disponer de ellos causó problemas. “El gobernador del estado desplazaba maquinarias para mover tierra y escombros, y colocaba los desechos en zonas que habían sido previamente despejadas y que seguían un plan coordinado por la Autoridad Única de área del estado Vargas (AUAEV) con lo que dañaba el trabajo de despeje de vías y drenajes”, relató el ingeniero Carlos Genatios, quien era la autoridad única para ese momento, en la publicación “Vargas: desastre, proyecto y realidad. Veinte años después de las lluvias de 1999”. 

Escombros en la “lista inversa”

Hay normativas internacionales que evitan que este tipo de materiales sea arrojado a las playas. El Protocolo de Londres de 1996 –que actualizó el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972–  prohíbe que se lleve cualquier tipo de desecho al mar, aunque incluye una “lista inversa” de elementos que sí podrían volcarse en el océano bajo condiciones excepcionales. En este listado están los escombros provenientes de construcciones.

Según el protocolo, los escombros están en la definición de objetos voluminosos, que incluye al hierro, acero, hormigón y similares. Estos podrían verterse en el mar solo si no existe ningún tipo de alternativa viable para su reutilización, reciclaje o eliminación en la tierra. Además, esta disposición podría hacerse únicamente en lugares específicos o cuando son generados en sitios aislados (como islas pequeñas) donde no hay alternativas terrestres para desecharlos.

La normativa también establece que, antes de hacer este vertido, los materiales deben pasar por una revisión exhaustiva y obtener un permiso especial que pueda garantizar que no dañarán el medio ambiente marino. Se les debe eliminar todo “el material susceptible de generar desechos flotantes” y no puede representar “un obstáculo grave para la pesca o la navegación”. 

En Venezuela, el capítulo III de la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010) está dedicado al manejo especial de residuos y desechos voluminosos y tecnológicos, entre los que se incluyen los escombros, los cuales solo pueden llevarse al lugar dispuesto por el plan municipal o mancomunado del manejo de residuos sólidos. Está prohibido llevarlos a rellenos sanitarios.

Además, agrega que “los escombros y tierras provenientes de demolición y excavación se podrán disponer en terrenos que requieran nivelación o relleno de conformidad con la normativa ambiental”.

Ya en 1992, el decreto 2.216 que contiene las “Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial, o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos” detalla que los sitios de disposición de estos materiales no deben estar en lugares con fallas activas o riesgos geológicos potenciales, o con una frecuencia de inundación mayor de una vez cada cien años. Tampoco pueden estar dentro de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), Parques Nacionales, pantanos o planicies inundables. 

Pero nada se dice sobre qué hacer con las toneladas de escombros que provienen de una tragedia como la sucedida después de los terremotos. Aunque las leyes vigentes señalan que esta responsabilidad recae directamente sobre los municipios –los cuales deben autorizar administrativamente la ocupación de un territorio a donde se lleven estos desechos– son los órganos nacionales como el Ministerio de Ecosocialismo y el Consejo Nacional de Gestión Integral de Residuos quienes se encargan de la asesoría técnica que requiere cada jurisdicción y de vigilar que la norma se cumple.

Planear antes de la tragedia

Varios países coinciden en las directrices que se deben seguir al momento de desechar escombros. La más común de todas es la necesidad de clasificación, ya que en los escombros de una edificación no solo hay materiales de construcción, sino también muebles, cables, elementos metálicos, sustancias químicas, electrodomésticos, telas e incluso material orgánico.

En Estados Unidos se aplica la planificación avanzada de la gestión de escombros mucho antes de que ocurra una catástrofe, sea una inundación, deslave, huracán o terremoto. Este tipo de ejercicio permite que las comunidades se mantengan seguras y que la respuesta del Estado ante estos fenómenos sea rápida y eficiente.

La Asociación de Desechos Sólidos de Norteamérica (Swana, por sus siglas en inglés) afirma que es clave, entre otras consideraciones, que se informe a los residentes que cuáles serán los métodos que se usarán para recoger escombros (recolección en la acera, contenedores comunitarios para depositarlos), así como los sitios que servirán de almacenamiento temporal y final. 

La organización también destaca la importancia de la clasificación de los residuos de construcción y demolición antes de que se recolecten, con la idea de aumentar su potencial de reutilización y reciclaje. Esta acción debe ir en consonancia con los programas de reciclaje que ya existen en la zona.

Los lineamientos mundiales comunes

Uno de los edificios que colapsó tras el terremoto y tsunami en Chile en 2010
Uno de los edificios que colapsó tras el terremoto y tsunami en Chile en 2010. Crédito: TN

El informe “Evaluación Rápida de Impacto Ambiental para Desastres Terremoto y Tsunami en Chile” –elaborado por WWF Chile, el Ministerio de Medio Ambiente chileno y Antofagasta Minerals tras los eventos ocurridos en 2010– concluyó que en ese país se hizo un manejo inadecuado de los escombros que, en parte, terminaron en “humedales, playas y otros lugares medioambientalmente frágiles” y se advirtió que su movilización, causada por vientos, inundaciones y olas, provocaría graves daños ambientales y afectaría a la pesca y al turismo.

Por eso, los especialistas recomendaron inventariar los sitios inapropiados de disposición y el stock de escombros desechados e implementar un programa especial para recolectar, limpiar, reciclar y disponer adecuadamente de los estos desechos, según las mejores prácticas internacionales.

Luego de los sismos que afectaron a México en 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de ese país publicó normas básicas para contribuir con la remoción de escombros.

El organismo estableció que los sitios de confinamiento (de depósito de escombros) estuviesen en un rango no mayor a 20 kilómetros del centro de la zona de desastre. También deben estar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas.

Al igual que en Venezuela, la Semarnat prohibió depositar estos desechos en zonas de áreas naturales protegidas y pantanos, y extendió la orden a barrancas, marismas, manglares, esteros, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas, cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Finalmente, insistió en que se revisen las posibilidades de reciclar y/o reutilizar todos los materiales pétreos en obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, de rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Dos semanas después de los terremotos del 24 de junio, en La Guaira no hay instrucciones ni normas claras sobre cómo se van a desechar los escombros de la tragedia que, hasta el día de la publicación de esta nota, se cobró casi 4.000 vidas en Venezuela.

Especialistas analizaron las responsabilidades legales tras el sismo

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Un desastre natural no elimina automáticamente las posibles responsabilidades jurídicas del Estado, constructores, condominios y aseguradoras antes, durante y después del terremoto. En este sentido, las respuestas a los daños ocasionados por el sismo deben analizarse desde una perspectiva integral.

Esta fue una de las principales conclusiones del foro “Respuesta del sector asegurador ante sismos: aspectos legales y post 24-J”, realizado la tarde del 9 de julio de 2026, en el que especialistas revisaron los retos legales que deja una catástrofe de esta magnitud.

La profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) María Lidia Álvarez Chamosa sostuvo que las consecuencias del terremoto no pueden evaluarse únicamente a partir del evento ocurrido el 24 de junio, sino también considerando las actuaciones previas que pudieron influir en la magnitud de los daños.

Fases de análisis en medio de incertidumbre

Explicó que una primera etapa del análisis corresponde al Estado, especialmente en lo relacionado con el otorgamiento de permisos de construcción, la supervisión de las obras y la aplicación de sanciones cuando se verifican incumplimientos de la normativa urbanística.

También cuestionó la práctica de algunos funcionarios de justificar la ausencia de controles alegando el cumplimiento de órdenes superiores, y advirtió que ese argumento no exime de las responsabilidades administrativas o legales que puedan derivarse de sus actuaciones. Asimismo, mencionó que en algunos inmuebles se realizaron modificaciones internas, como la instalación de tanques u otras estructuras, sin los permisos correspondientes.

En una segunda fase del análisis, centrada en lo ocurrido durante el sismo, se abordó la posible responsabilidad penal y civil de los constructores. Álvarez planteó que el hecho de que se tratase de un evento catastrófico no basta por sí solo para exonerar de responsabilidades, por lo que cada caso requiere una evaluación técnica y jurídica que determine si las edificaciones fueron diseñadas y construidas conforme a las normas de resistencia sísmica.

Después del terremoto

En lo que se refiere a la etapa posterior al terremoto, la profesora destacó la importancia de la responsabilidad condominial, prevista en la Ley de Propiedad Horizontal. Señaló que el mantenimiento adecuado de los edificios puede convertirse en un elemento determinante para establecer responsabilidades cuando una estructura presenta daños severos.

El foro también sirvió para introducir el análisis sobre el papel del sector asegurador frente a este tipo de emergencias. El abogado Manuel Rodríguez Costa, especialista en Derecho Administrativo, abordó el funcionamiento de los seguros patrimoniales frente a riesgos catastróficos. Durante su intervención, explicó que los terremotos constituyen eventos de baja frecuencia, pero de altísima severidad, capaces de generar afectaciones simultáneas sobre un gran número de bienes asegurados, una característica que representa uno de los principales desafíos para la industria aseguradora al momento de responder contractualmente ante una catástrofe.

El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer la resiliencia frente a los desastres naturales, al promover una mayor cultura de prevención, el cumplimiento de las normas y una respuesta coordinada entre las instituciones, el sector asegurador y la ciudadanía.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Balance #9Jul | Cifra de muertos por el doblete sísmico asciende a 3889

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este jueves 9 de julio que la cifra de muertos por el doblete sísmico ascendió a 3889, un aumento de 78 víctimas en comparación con el reporte de ayer.

En un balance publicado en Telegram, informan que los equipos de búsqueda y rescate reportaron 6462 personas rescatadas, mientras que 86 794 familias han recibido algún tipo de atención humanitaria.

Según el parte oficial, la infraestructura también sufrió daños severos: 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo y dejaron a 17 907 personas sin vivienda.

El presidente de la AN precisó que actualmente funcionan 89 campamentos transitorios, donde permanecen 16 891 ciudadanos.

En materia de asistencia, el Gobierno informó la distribución de 9603 toneladas de alimentos y 12 126 298 litros de agua, además de la atención médica brindada a 28 836 pacientes.

El comunicado indica que el operativo de respuesta incluye 3931 rescatistas internacionales, 30 076 efectivos desplegados y 29 344 voluntarios, quienes continúan trabajando en zonas de difícil acceso.

Hasta la fecha, se han registrado 1142 réplicas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Solidaridad mundial en marcha: organismos, empresas y artistas se unen para apoyar a Venezuela

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La comunidad internacional moviliza actualmente una respuesta masiva y coordinada para atender la emergencia causada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela. Tom Fletcher, Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, destacó que el despliegue de rescatistas de 30 naciones representa lo que significa “poner en práctica la solidaridad mundial”.

Más de 30 países enviaron equipos especializados de búsqueda y rescate que trabajan con perros adiestrados para localizar sobrevivientes bajo los escombros. Estos esfuerzos buscan asistir a los millones de ciudadanos que ya necesitaban ayuda humanitaria antes del desastre y que ahora enfrentan una crisis agravada.

Organismos internacionales en acción

Las Naciones Unidas activaron el Fondo Central de Respuesta a Emergencias con una asignación inicial de 15 millones de dólares para salvar vidas de forma inmediata. La organización presentó, además, un plan de respuesta que requiere 296 millones de dólares adicionales para atender a 1,3 millones de personas durante los próximos 6 meses.

Durante su visita a las zonas afectadas, Fletcher pidió a la comunidad internacional “transformar esta solidaridad en apoyo práctico” mediante recursos que lleguen directamente al terreno. El funcionario relató que, en lugares como La Guaira, los rescatistas detienen la maquinaria pesada y guardan silencio absoluto con la esperanza de escuchar “el más leve sonido bajo los escombros” que sea una señal de vida.

Asimismo, diversas agencias internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos suministran atención médica primaria, protección infantil y asistencia alimentaria en las zonas más críticas. El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) amplía sus servicios de emergencia para enfrentar la crisis de salud pública y el colapso del sistema de agua en siete estados.

Nicole Kast, directora nacional del IRC en Venezuela, describió el panorama como “catastrófico” debido a que la población “ha perdido todo en cuestión de segundos”. Kast enfatizó que en las áreas más golpeadas la capacidad de respuesta civil es limitada y la gente puede quedar atrapada sin recibir auxilio oportuno. Sus equipos distribuyen kits de higiene y productos para purificar agua con el fin de evitar la propagación de enfermedades.

Iniciativas del sector privado

El sector privado también realiza aportes directos que ya superan los 32 millones de dólares para financiar las labores de recuperación. Estas empresas proporcionan maquinaria pesada indispensable para remover escombros y donan suministros básicos, como alimentos y bebidas, según datos de la ONU.

La tecnología también juega un papel crucial mediante el uso de información satelital digital para orientar las operaciones de los rescatistas en las zonas de desastre. En este sector, la compañía Starlink recibió una autorización provisional de Colombia para reorientar sus estaciones y llevar internet satelital a las regiones afectadas en Venezuela.

Sergio Sotomayor, presidente de la Agencia Nacional del Espectro en Colombia, explicó que el permiso se otorgó rápidamente porque se trata de “priorizar la protección a la vida humana”. Esta medida permite restablecer las comunicaciones en lugares como el estado La Guaira, donde la infraestructura terrestre quedó destruida.

Por su parte, en coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Amazon estableció un puente aéreo humanitario semanal desde Miami hasta Maiquetía para transportar suministros de emergencia sin costo para las organizaciones de ayuda. La ONG Airlink coordina esta logística determinando las necesidades prioritarias y verificando los envíos de las entidades sin fines de lucro.

Finalmente, el Consejo Mundial de Boxeo activó una campaña internacional para recaudar fondos y donativos en especie a través de la Cruz Roja y la Embajada de Venezuela en México. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, subrayó que su participación busca “dar certidumbre de que la ayuda de quien aporta algo llega a un destino seguro”.

Sulaimán reafirmó que siempre otorgarán “el mayor tipo de ayuda humanitaria posible”, y destacó que el deporte sirve para que la mente de los niños “se libere” en medio de la crisis.

Los artistas se suman a las iniciativas

El mundo del arte y el entretenimiento también suma esfuerzos para mitigar las consecuencias de la tragedia sísmica en territorio venezolano. Varias celebridades internacionales impulsan iniciativas propias para canalizar recursos hacia las poblaciones más vulnerables tras los terremotos.

La cantante colombiana Shakira utiliza su plataforma global para proteger el derecho a la educación de los niños afectados por los sismos. La artista anunció que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, del cual es socia, destinará 500 000 dólares para apoyar a organizaciones que trabajan con menores cuya escolaridad quedó interrumpida.

También, la artista española Rosalía canaliza su ayuda a través de Unicef España para garantizar servicios básicos en las zonas de desastre. Su donación permite suministrar agua potable a 30 000 niños durante un mes y ofrecer atención médica a otras 25 000 personas por un trimestre. Este aporte, además, financia la creación de espacios seguros donde los infantes permanecen acompañados y protegidos.

Algunas bandas de rock legendarias, como Metallica y Pearl Jam, también activaron mecanismos de recaudación para la emergencia venezolana. La fundación All Within My Hands, creada por los integrantes de Metallica, informó una donación directa de 100 000 dólares para las tareas de auxilio. Por su parte, Pearl Jam subasta un póster autografiado con el fin de reunir fondos destinados específicamente a los damnificados por los sismos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Mujeres, niñas y adolescentes son las más expuestas a riesgos tras el colapso de servicios

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El potente doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio ha dejado en evidencia que no afecta a todas las personas por igual. Las mujeres, niñas y adolescentes sufren un impacto doble y una carga adicional en estas situaciones, y se convierten en la población más expuesta a los riesgos que trae el colapso de servicios básicos y las aglomeraciones.

Los datos citados por la organización Cepaz, tomados de la Encuesta de Hogares 2025 de HumVenezuela, reflejan que más del 60 % de las mujeres y niñas ya enfrentaban serias dificultades para acceder a los servicios de salud en el país. Alrededor del 26,9 % de quienes sufrían problemas médicos no recibían atención ni medicinas, y los servicios de planificación familiar y anticonceptivos no alcanzaron ni al 4 % de la demanda total. A raíz de los sismos, la situación en los hospitales se ha agravado de forma drástica.

La salud materna

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) calcula que alrededor de 36 700 mujeres afectadas por los terremotos están embarazadas y, de esa cifra, aproximadamente 4000 darán a luz durante el próximo mes, en medio de un sistema de salud precario y presionado, con hospitales que también sufrieron daños materiales.

Adicionalmente, estiman que cerca de 789 000 mujeres en edad reproductiva están damnificadas y requieren acceso urgente a servicios especializados de salud. Para aligerar esta situación, el Unfpa ha instalado carpas de atención en refugios en La Guaira, como el Polideportivo Vargas, el César Nieves y el de playa Grande. 

En estos lugares, un equipo de especialistas ofrece consultas prenatales que incluyen ecosonogramas. Aunque no se atienden partos de forma directa en estas instalaciones, el organismo mantiene una coordinación con el Ministerio de Salud para la dotación de instrumentos médicos e insumos a los hospitales. Esta iniciativa es conocida como “ruta materna” y busca garantizar que las mujeres de los campamentos sean trasladadas a espacios seguros para recibir la atención necesaria de manera limpia, digna y libre de riesgos.

Prevención de la violencia

El aglomeramiento y la falta de privacidad en los espacios compartidos pueden incrementar de manera significativa el peligro de agresiones físicas y sexuales. En los refugios en donde residen miles de personas, el Unfpa trabaja de forma activa en la disminución de los riesgos de violencia de género.

Las acciones inmediatas abarcan desde el diseño de los refugios, donde se promueven la separación y la iluminación suficiente en las zonas de los baños, hasta la entrega de linternas para que se puedan movilizar a horas de la noche con más seguridad.

Además, realizan talleres de sensibilización sobre la identificación de conductas de abuso, dirigidos a los habitantes de los refugios así como al personal a cargo. Las carpas especializadas del fondo cuentan con asistencia psicológica, asesoría legal y atención clínica de emergencia, que incluye paquetes médicos para evitar infecciones de transmisión sexual, VIH o embarazos no deseados por abusos.

También están distribuyendo “kits de dignidad” que contienen artículos de aseo e higiene personal indispensables. De esta forma buscan también resguardar la autoestima y el bienestar psicológico de las mujeres, niñas y adolescentes que lo han perdido todo, al permitirles mantener el cuidado de su imagen e integridad en medio de la situación.

Financiamiento para salvar vidas

La escala de la emergencia y la cantidad de personas desamparadas exigen una movilización de recursos constantes a nivel internacional. El Unfpa realizó un llamado público a las comunidades de donantes, pues necesitan fondos para financiar la asistencia psicosocial, operaciones médicas y mecanismos de protección de género, por lo menos para los primeros meses.

La meta final de estas organizaciones es alcanzar a más de 850 000 personas mediante sus servicios de salud sexual, y ayudar a cerca de 230 000 mujeres con los programas de prevención de la violencia. Intentan asegurarse de que ninguna mujer o niña deba enfrentar por su cuenta las consecuencias de los sismos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Dos semanas después, la normalidad es una postal perdida entre escombros en La Guaira

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A dos semanas del doblete sísmico que sacudió a Venezuela, La Guaira sigue suspendida en escombros y polvo, mucho polvo. El paisaje costero se convirtió en un inventario de ausencias: puntos fijos donde la gente aguarda por un milagro y escombros donde otros escarban, ya entrada la noche, para arrebatarles a las losas los cuerpos de sus familiares. Falta el agua, falta la luz; sobra el dolor.

El desastre se dosifica por zonas. En Pariata y Maiquetía el asfalto registra cierto movimiento comercial y vehicular, pero las aceras lucen solas. Los portones del liceo José María Vargas están clausurados. Al subir la pasarela vecina, se descubre el daño: el ala derecha de la estructura cedió por completo. En un terreno colindante, dos caballos giran en círculos, huérfanos de dueños, compartiendo la misma soledad de las aulas que hoy debieron albergar el bullicio y la celebración del fin del año escolar.

La Cinta Costera, antes espacio de esparcimiento, sigue convertida en un campamento base de rescatistas y clínicas de campaña, aunque algunos contingentes internacionales ya se están retirando. Más allá, en Macuto, una panadería que resistió en pie estaba abierta, en contraste con las santamarías cerradas de licorerías y locales no esenciales, que ahora solo despachan barras de hielo.

En el sector Las 15 Letras, los edificios colapsados flanquean la vía principal. Las estructuras aún en pie exhiben marcas de riesgo inminente, justo en el desvío por donde las autoridades canalizaban el tránsito en el momento del recorrido.

A las dos de la tarde, el sol es inclemente en Camurí Chico. En el mejor de los casos, las fachadas muestran grietas profundas y paredes reventadas que alternan con bloques que aguantaron estoicos la embestida de la tierra. Pero, al cruzar la avenida La Playa y entrar en Caraballeda, el panorama prescinde de matices. Las cuadrillas de maquinaria pesada se multiplican para despejar las vías y retirar toneladas de escombros, mientras los socorristas trepan por montañas de concreto que hace quince días eran hogares.

Espontáneamente, se forman filas de ciudadanos que caminan por la vía en procura de alguna donación. “A veces es agua, comida o helados”, comenta una de las mujeres en la cola formada a las 2:00 de la tarde frente a Bahía de los Niños. Estaba con sus hijos y tenía en la mano unos botellones que había llenado en alguno de los puntos de “Agua gratis” que distintas organizaciones han desplegado.

En Playa Coral no hay parejas mirando el mar, ni estudiantes pasando la tarde, tampoco algún caraqueño escapado furtivamente del estrés de la capital. El balneario está solo; el mar, tranquilo. Los toldos siguen tirados en desorden, como congelados en el minuto exacto de los sismos. Sentado en la arena, un hombre con un bolso tricolor contempla el horizonte inmenso, como buscando respuestas. Desde allí se observó un par de unidades de transporte público que recogían pasajeros por primera vez en las dos semanas de recorridos tras los terremotos.

Una piedra de las que dejó el deslave de 1999 es ahora testigo en este balneario de dos tragedias naturales en el mismo estado en menos de 30 años.

El dolor y la oscuridad de las zonas más golpeadas

En la urbanización Caribe, el antiguo pulmón financiero y comercial del este del litoral, la geografía es irreconocible. El centro comercial Costa del Sol, los hoteles, las pizzerías y los edificios residenciales de temporada quedaron reducidos a bloques triturados que las máquinas, con el paso de las horas, van convirtiendo en polvo gris. Algunos edificios conservan señales de vida en pasado, con ropa aún tendida en lo que antes fueron ventanas.

El McDonald’s local funciona ahora como el nodo central del hospital improvisado de campaña. No obstante, el registro periodístico en este bastión de voluntariado civil se ha vuelto restrictivo. “Por órdenes militares”, repiten los custodios, para impedir que las cámaras graben las operaciones de asistencia.

Durante la tarde del 8 de julio, la expectativa por tenues señales de vida detectadas por equipos de rescatistas en la OPP 33 mantenía la zona con un amplio despliegue militar, policial, de médicos, rescatistas, civiles y medios de comunicación. Las versiones eran contradictorias: “Hay cinco vivos”. “Los caninos no detectaron señales, pero los salvadoreños sí”. “Ahora vienen los brasileños”. En medio de la incertidumbre, un grupo de mujeres recorre el perímetro con un termo, y reparte café negro a los rescatistas.

Al caer el sol en la zona oeste, el dolor se confunde con la penumbra. El servicio eléctrico sigue suspendido en las áreas críticas. En las adyacencias del Hotel Marriott de Playa Grande, la silueta destruida del edificio apenas se ve en la oscuridad, Unas calles más allá los focos de un par de excavadoras iluminan un área de búsqueda. A la izquierda, al margen del despliegue oficial, una joven y sus amigos remueven escombros por su cuenta. Lograron abrir un boquete en el cemento y retiran los bloques uno a uno. No tienen plantas eléctricas ni reflectores, solo las pantallas de sus teléfonos celulares y las luces de un par de vehículos de inspección que por allí pasaban. Busca el cuerpo de su madre y la noche no la va a detener.

“No veo esa normalidad muy cerca”

A dos semanas del terremoto, *Luis sigue en La Llanada, Caraballeda. Su rutina diaria se transformó en un inventario de pérdidas. “Lo que queda es seguir recogiendo las cosas, escombros”, relata al describir su apartamento, donde los objetos cotidianos “se volvieron trizas” después del doblete sísmico del 24 de junio.

Aunque algunos vecinos han comenzado a regresar para intentar salvar lo que quedó en sus neveras y levantar lo que el piso devoró, la normalidad se siente lejana.

“Uno, tratando de volver a cierta normalidad, pero si me preguntas, no veo esa normalidad muy cerca... Están los recuerdos, el susto, la incertidumbre… Las cosas no están de lo mejor, pero con lo que podemos, estamos resolviendo”, afirma.

La precariedad de los servicios básicos marca el ritmo de la supervivencia. El tanque de la urbanización rebasa su capacidad con el agua que baja de los pozos del cerro El Ávila, pero que no llega a los hogares. El acueducto sufrió daños y ahora dependen de un sistema de bombeo manual. El servicio de gas también está suspendido. Durante el terremoto, el fuerte olor a gas alertó al vigilante, quien cerró las válvulas ante la sospecha de una tubería rota. Dos semanas después, la gran bombona sigue inactiva, porque las autoridades no han realizado la debida inspección de seguridad.

Para conseguir alimentos, Luis debe trasladarse hasta Maiquetía, a la casa de su padre, una zona donde la actividad económica en lugares como el centro comercial Planeta Sotavento ofrece un respiro de normalidad. Sin embargo, el plano laboral añade más incertidumbre.

Empleado de una institución pública en Caracas, el consultado aún no tiene fecha de reincorporación. En su oficina, los trabajadores exigen inspecciones estructurales, planes de evacuación y garantías reales de seguridad antes de retomar las actividades, planteamiento con el que coincide plenamente con sus compañeros: “Una vuelta forzada no creo que sea la mejor idea en esta situación, porque la gente tiene fresco el recuerdo”.

*Luis descansaba ese día libre por el 24 de junio. Estaba en su apartamento, ubicado en la urbanización Playa Humboldt, sector La Llanada, en Caraballeda. Afuera, la rutina de la costa transcurría con la normalidad de un día feriado: turistas disfrutando de las playas, los comercios de licores y snacks con frecuentes visitas. Adentro, su madre conversaba por teléfono con su sobrina.

De pronto, la luz se fue. Luis caminó con la intención de apagar el aire acondicionado para protegerlo de un cortocircuito. Pensó que podía ser “normal”, un apagón más dentro de la rutina de los ciudadanos en varios estados. Pero no llegó a tocar el aparato. El primer impacto sacudió el suelo.

“Está temblando”, alcanzó a advertirle a su madre. En su jaula, el loro comenzó a revolotear desesperado. Durante ese “primer golpe” pudieron estar de pie. Pero el segundo movimiento llegó de inmediato y anuló cualquier oportunidad de mantenerse estable.

“El apartamento entero parecía un columpio, se mecía de oeste a este”, narra. Su madre, a quien el sismo sorprendió en paños menores, entró en pánico. Luis intentó levantarse para sostenerla en medio de una secuencia vertiginosa: un pesado mueble de 50 kilos rodó varios centímetros, la nevera se movió de su sitio, los juguetes de su sobrino y las botellas de vino terminaron en el piso, y el agua de los tobos almacenados se desbordó por completo. Todo fue caótico y veloz. Al salir, una densa nube de polvo cubría el ambiente: la de los edificios cercanos que habían colapsado.

Al día siguiente, con las líneas de comunicación caídas, logró contactar a su padre en otra zona del estado. Decidió caminar por el sector Las 15 Letras bajo un sol inclemente, deshidratado y observando la gravedad de los daños. El panorama en Macuto era desolador: vio edificios enteros en el suelo.

La electricidad retornó el domingo posterior al sismo, 28 de junio.

A catorce días de los movimientos telúricos, los servicios básicos dependen exclusivamente de la organización vecinal debido a la falta de respuesta oportuna de las instituciones. El suministro de agua lo resuelven gracias a un tanque conectado directamente a los manantiales del Parque Nacional El Ávila, que, indica, cambiaron su patrón después del sismo y ahora desembocan en las quebradas.

Como las autoridades locales limitan la recolección de basura a las avenidas principales, un vecino utiliza su propia camioneta para trasladar los desechos de la comunidad hasta un relleno sanitario. Entre la autogestión y el recuerdo del temblor, los habitantes de Playa Humboldt II intentan recuperar la normalidad que el suelo les quitó.

Ayudar para sanar

La residencia de Jhoanna en el sector de La Llanada sufrió daños considerables. Ella y otros allegados se refugian en una casa familiar en Pariata. La joven comunicadora social perdió a una tía en la tragedia. Su dolor por la pérdida humana y material que sufrió en las últimas dos semanas lo ha volcado a trabajar como voluntaria de distintas causas en su Guaira natal.

En estos días ha asistido a rescatistas de El Salvador y ha trabajado con varias organizaciones en la distribución de alimentos, tanto en zonas afectadas por la tragedia como en otras más remotas de la entidad, que quedaron desabastecidas a causa de los sismos. Además, utiliza sus redes sociales para alertar a sus vecinos acerca de dónde pueden llenar sus botellones de agua, o recibir asistencia médica y psicológica.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Avesa fortalece la atención psicológica de mujeres refugiadas y migrantes

Los recientes terremotos del pasado 24 de junio han traído consigo vulnerabilidad física y emocional para miles de familias venezolanas, que requieren atención no solo material, sino también psicológica. De acuerdo con reportes oficiales, la magnitud de esta tragedia se ve reflejada en más de 3500 personas fallecidas, alrededor de 16 700 personas heridas y cerca de 18 000 ciudadanos que perdieron por completo sus hogares. 

Ante esta crítica situación, la gran mayoría de damnificados permanecen actualmente en refugios y campamentos temporales, a la espera de que avancen las labores de recuperación y construcción en las zonas afectadas. El desplazamiento forzado hacia estos refugios, la incertidumbre, los procesos de duelos por pérdidas humanas y materiales, la separación de núcleos familiares y el notorio incremento en las cargas familiares parecen estar generando una compleja e importante herida emocional en la sociedad.

Vulnerabilidad en refugios

En este escenario, las mujeres, niñas y adolescentes sufren una doble vulnerabilidad debido a las dinámicas propias de este tipo de campamentos, donde se enfrentan a mayores riesgos de sufrir violencia de género, abusos o violencia sexual, pues estas circunstancias se agravan en contextos de desprotección y hacinamiento.

Ante esta situación, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) a través de su servicio PsicoApoyo, junto a su participación activa en Pasos Seguros, impulsada por la IPF y Avesa, en alianza con Médicos del Mundo, ha desplegado una respuesta humanitaria enfocada en la protección de la salud. Así, la organización reafirma su compromiso de brindar un espacio seguro y confidencial que aborde de manera profesional estas realidades.

Réplica psicológica

Los especialistas de la organización recuerdan que, a causa de los sismos, la población experimenta lo que se denomina “una réplica psicológica”. Esta puede generar reacciones emocionales como dificultades para conciliar el sueño, cuadros de ansiedad anticipatoria, tristeza intensa, irritabilidad generalizada, miedo persistente a nuevos temblores y una continua sensación de angustia.

Si estas experiencias estresantes no se abordan a tiempo, pueden llegar a paralizar por completo a las personas afectadas. Por esta razón, PsicoApoyo tiene un enfoque principalmente feminista, sensible al género, la movilidad y los derechos humanos, que permite identificar y contener las crisis nerviosas al mismo tiempo que previene las agresiones y protege la dignidad de cada mujer y niña damnificada.

Uno de los principales focos de esta intervención es la capacidad de atender casos sin barreras geográficas. La atención psicológica brindada por AVESA posee una naturaleza transfronteriza; es decir, la ayuda no solo está diseñada para el territorio nacional, sino también para asistir a personas migrantes que sufren el impacto emocional del desplazamiento entre países.

Canales de asistencia

Los servicios psicológicos de AVESA se ofrecen en dos modalidades para garantizar accesibilidad: por un lado, se mantiene la atención presencial para quienes puedan acudir a las sedes de la institución ubicadas en Caracas y en las zonas de desastre; y, por otro lado, entendiendo las dificultades de transporte, se ha facilitado el uso de herramientas digitales completamente gratuitas para brindar el apoyo inmediato en situaciones de crisis.

La organización también ha habilitado canales de comunicación directa. Quienes requieran solicitar citas para atención psicológica o primeros auxilios psicológicos pueden ponerse en contacto con AVESA por medio de sus canales oficiales y sitio web. El objetivo principal es acompañar a las personas para que, tras la fuerte sacudida física y emocional, puedan continuar su camino con pasos seguros dentro y fuera del país. 

Con información de Nota de Prensa.  

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. 

Carlos Trapani: protección a niños en emergencia debe comenzar desde el primer día

Este jueves, 9 de julio, el director de Cecodap, Carlos Trapani, aseguró que la emergencia provocada por los terremotos del pasado 24 de junio causó graves daños en los entornos naturales de protección de la infancia.

“Los niños son los primeros en sentir el terremoto, pero los últimos en recuperarse”, afirmó durante una videoconferencia organizada por la comunidad Universitas.

Trapani explicó que las emergencias —sobre todo las de este tipo— no afectan a todos los venezolanos por igual, y que la niñez enfrenta riesgos diferenciados por la edad, dependencia y menor capacidad de autoprotección.

Rupturas de entornos de protección

El director de Cecodap explicó que antes de la emergencia nacional que produjeron los dos terremotos, los niños y niñas contaban con una estructura básica de protección que si bien en muchos casos no era la más fuerte por la crisis económica, funcionaba como sostén cotidiano: familia, escuela, comunidad, servicios públicos y sistema de salud.

Agregó que esa ruptura de los entornos de protección y de redes familiares, escolares y comunitarias deja a los niños expuestos a violencia, negligencia y explotación.

Trapani enumeró los riesgos que enfrentan los niños en contextos de emergencia: separación familiar; violencia física, psicológica y sexual; negligencia y desatención; explotación laboral y trata de personas; trauma emocional, ansiedad y estrés; interrupción de la vida escolar, y campamentos inseguros y sin servicios básicos.

El abogado insistió en que no se puede postergar el cuidado de la niñez en contextos de emergencia. Recordó que el riesgo es un ciclo en el que primero colapsan viviendas y medios de vida, luego se debilita el tejido social y después aumentan la exposición a violencia y explotación.

“La atención de los niños ocurre el día uno de la emergencia. No se puede postergar”, recalcó.

Trapani enfatizó que invertir a tiempo o tempranamente —con apoyo psicosocial, espacios seguros y acompañamiento familiar— evita que los riesgos se materialicen en daños irreversibles.

Pilares esenciales de protección

El director de Cecodap identificó cinco pilares esenciales para la protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de alto riesgo por desastres naturales.

  1. La familia: es el principal entorno de seguridad de todo infante y lo más recomendable es mantenerse juntos y unidos.
  2. La escuela: aunque actualmente muchos planteles están funcionando como refugios, la escuela sigue siendo un espacio de rutina, socialización y detección temprana de riesgos, por lo tanto, debe activarse cuanto antes.
  3. Escucha activa: los niños deben ser escuchados y entendidos. “No deberíamos tomar decisiones sin escuchar a los niños”, dijo.
  4. Redes comunitarias: las redes vecinales sostienen a las familias y facilitan la recuperación, explicó el abogado y defensor de la niñez.
  5. Apoyo psicosocial: la atención de la salud mental y psicosocial es de vital importancia para los más pequeños.

Trapani finalizó su intervención con una reflexión sobre la cultura de la solidaridad venezolana y recordó que proteger a un niño no significa hacer más, sino coordinar mejor, escuchar activamente y actuar de manera oportuna.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.