Tras los sismos del 24 de junio, en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran camiones con cargas enteras que se arrojan muy cerca de la orilla del mar. Se trata de placas, cabillas, columnas, vigas: los escombros de los edificios destruidos en La Guaira que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se elevan a 1,2 millones de toneladas. De inmediato, surgieron las críticas sobre estas acciones, mientras que el Ministerio de Ecosocialismo y los organismos regionales guardan silencio.
“Eso de los efectos de los escombros lanzados al mar hay que evaluarlo científicamente y no emocionalmente. Ninguna opción puede ser descartada. Se necesita consultar a expertos para, de allí, tomar las decisiones que haga falta”, advierte el oceanógrafo biológico y geológico, José Ramón Delgado, director de la Fundación Caribe Sur.
Delgado apunta que las consecuencias que estos materiales pueden tener sobre el medio ambiente marino deben tener en cuenta la capacidad de dilución del mar, el supuesto impacto en el pH y otras variables químicas en las aguas costeras.
“Quizás es más importante evaluar los fondos marinos (…) pero una cantidad de miles de toneladas de escombros creo que no causaría ningún efecto apreciable y, tal vez, sea la base estructural para comunidades marinas nuevas, por lo que es algo que no tiene que ser dañino”, añade.
El problema del desecho de escombros tras una tragedia no es nuevo en Venezuela. Tras los deslaves de Vargas, en 1999, la anarquía sobre cómo disponer de ellos causó problemas. “El gobernador del estado desplazaba maquinarias para mover tierra y escombros, y colocaba los desechos en zonas que habían sido previamente despejadas y que seguían un plan coordinado por la Autoridad Única de área del estado Vargas (AUAEV) con lo que dañaba el trabajo de despeje de vías y drenajes”, relató el ingeniero Carlos Genatios, quien era la autoridad única para ese momento, en la publicación “Vargas: desastre, proyecto y realidad. Veinte años después de las lluvias de 1999”.
Escombros en la “lista inversa”
Hay normativas internacionales que evitan que este tipo de materiales sea arrojado a las playas. El Protocolo de Londres de 1996 –que actualizó el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972– prohíbe que se lleve cualquier tipo de desecho al mar, aunque incluye una “lista inversa” de elementos que sí podrían volcarse en el océano bajo condiciones excepcionales. En este listado están los escombros provenientes de construcciones.
Según el protocolo, los escombros están en la definición de objetos voluminosos, que incluye al hierro, acero, hormigón y similares. Estos podrían verterse en el mar solo si no existe ningún tipo de alternativa viable para su reutilización, reciclaje o eliminación en la tierra. Además, esta disposición podría hacerse únicamente en lugares específicos o cuando son generados en sitios aislados (como islas pequeñas) donde no hay alternativas terrestres para desecharlos.
La normativa también establece que, antes de hacer este vertido, los materiales deben pasar por una revisión exhaustiva y obtener un permiso especial que pueda garantizar que no dañarán el medio ambiente marino. Se les debe eliminar todo “el material susceptible de generar desechos flotantes” y no puede representar “un obstáculo grave para la pesca o la navegación”.
En Venezuela, el capítulo III de la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010) está dedicado al manejo especial de residuos y desechos voluminosos y tecnológicos, entre los que se incluyen los escombros, los cuales solo pueden llevarse al lugar dispuesto por el plan municipal o mancomunado del manejo de residuos sólidos. Está prohibido llevarlos a rellenos sanitarios.
Además, agrega que “los escombros y tierras provenientes de demolición y excavación se podrán disponer en terrenos que requieran nivelación o relleno de conformidad con la normativa ambiental”.
Ya en 1992, el decreto 2.216 que contiene las “Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial, o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos” detalla que los sitios de disposición de estos materiales no deben estar en lugares con fallas activas o riesgos geológicos potenciales, o con una frecuencia de inundación mayor de una vez cada cien años. Tampoco pueden estar dentro de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), Parques Nacionales, pantanos o planicies inundables.
Pero nada se dice sobre qué hacer con las toneladas de escombros que provienen de una tragedia como la sucedida después de los terremotos. Aunque las leyes vigentes señalan que esta responsabilidad recae directamente sobre los municipios –los cuales deben autorizar administrativamente la ocupación de un territorio a donde se lleven estos desechos– son los órganos nacionales como el Ministerio de Ecosocialismo y el Consejo Nacional de Gestión Integral de Residuos quienes se encargan de la asesoría técnica que requiere cada jurisdicción y de vigilar que la norma se cumple.
Planear antes de la tragedia
Varios países coinciden en las directrices que se deben seguir al momento de desechar escombros. La más común de todas es la necesidad de clasificación, ya que en los escombros de una edificación no solo hay materiales de construcción, sino también muebles, cables, elementos metálicos, sustancias químicas, electrodomésticos, telas e incluso material orgánico.
En Estados Unidos se aplica la planificación avanzada de la gestión de escombros mucho antes de que ocurra una catástrofe, sea una inundación, deslave, huracán o terremoto. Este tipo de ejercicio permite que las comunidades se mantengan seguras y que la respuesta del Estado ante estos fenómenos sea rápida y eficiente.
La Asociación de Desechos Sólidos de Norteamérica (Swana, por sus siglas en inglés) afirma que es clave, entre otras consideraciones, que se informe a los residentes que cuáles serán los métodos que se usarán para recoger escombros (recolección en la acera, contenedores comunitarios para depositarlos), así como los sitios que servirán de almacenamiento temporal y final.
La organización también destaca la importancia de la clasificación de los residuos de construcción y demolición antes de que se recolecten, con la idea de aumentar su potencial de reutilización y reciclaje. Esta acción debe ir en consonancia con los programas de reciclaje que ya existen en la zona.
Los lineamientos mundiales comunes
El informe “Evaluación Rápida de Impacto Ambiental para Desastres Terremoto y Tsunami en Chile” –elaborado por WWF Chile, el Ministerio de Medio Ambiente chileno y Antofagasta Minerals tras los eventos ocurridos en 2010– concluyó que en ese país se hizo un manejo inadecuado de los escombros que, en parte, terminaron en “humedales, playas y otros lugares medioambientalmente frágiles” y se advirtió que su movilización, causada por vientos, inundaciones y olas, provocaría graves daños ambientales y afectaría a la pesca y al turismo.
Por eso, los especialistas recomendaron inventariar los sitios inapropiados de disposición y el stock de escombros desechados e implementar un programa especial para recolectar, limpiar, reciclar y disponer adecuadamente de los estos desechos, según las mejores prácticas internacionales.
Luego de los sismos que afectaron a México en 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de ese país publicó normas básicas para contribuir con la remoción de escombros.
El organismo estableció que los sitios de confinamiento (de depósito de escombros) estuviesen en un rango no mayor a 20 kilómetros del centro de la zona de desastre. También deben estar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas.
Al igual que en Venezuela, la Semarnat prohibió depositar estos desechos en zonas de áreas naturales protegidas y pantanos, y extendió la orden a barrancas, marismas, manglares, esteros, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas, cavernas, fracturas o fallas geológicas.
Finalmente, insistió en que se revisen las posibilidades de reciclar y/o reutilizar todos los materiales pétreos en obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, de rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.
Dos semanas después de los terremotos del 24 de junio, en La Guaira no hay instrucciones ni normas claras sobre cómo se van a desechar los escombros de la tragedia que, hasta el día de la publicación de esta nota, se cobró casi 4.000 vidas en Venezuela.
