Inicio Blog Página 135

Escuela de Educación de la UCAB propone decálogo para la continuidad escolar luego de los sismos

0

La continuidad escolar en las regiones del país que resultaron menos afectadas por los recientes terremotos del pasado 24 de junio no debe asumirse de manera automática ni administrativa, sino más bien como una oportunidad indispensable para propiciar “el reencuentro social, la sanación emocional y la consolidación de una rigurosa cultura de prevención”. Es la posición de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ante el llamado gubernamental a retomar el calendario académico.

Con este propósito que considera fundamental, la UCAB publicó el 7 de julio un documento de orientación pedagógica titulado “Decálogo para la continuidad escolar segura: un retorno basado en la protección, el bienestar y la resiliencia”. El manual establece que las escuelas y los hogares tienen en la actualidad la misión de convertirse en espacios seguros para procesar de forma colectiva el dolor generado por la tragedia y sembrar las bases para la esperanza.

A través de este escrito, se sugieren acciones prioritarias dirigidas a planificar y gestionar el cuidado integral de los docentes, estudiantes y los familiares encargados del acompañamiento en las viviendas.

Sanación y validación

La persistencia de la angustia y las secuelas psicológicas causada por los sismos fundamentan la primera recomendación del decálogo de la UCAB. La institución señala que el regreso presencial a los centros educativos tiene que configurarse primordialmente como un acercamiento. Así, proponen de manera explícita que las jornadas iniciales de clase se dediquen por completo a permitir que tanto los alumnos como los profesores compartan abiertamente sus vivencias, temores, miedos y esperanzas. 

Todo bajo la premisa de que la paz y la armonía en el sector educativo solo pueden construirse si se reconocen plenamente las emociones de los demás y se validan de manera compartida el alivio y el valor emocional de encontrarse juntos nuevamente.

De todos modos, la estabilidad emocional requiere de soportes y objetivos que ayuden a disipar la incertidumbre de la comunidad. En su segundo punto, la guía pedagógica advierte que el cuidado debe pasar necesariamente por constatación irrefutable de la seguridad y la habitabilidad del plantel.

Por este mismo motivo, exigen que cada centro educativo cuente con una evaluación técnica rigurosa y con la correspondiente certificación de habitabilidad, emitida formalmente por las autoridades competentes, antes de autorizar el ingreso de los estudiantes y del personal docente, y así brindar seguridad sobre las condiciones de la infraestructura escolar.

Flexibilidad y salud mental

El tercer elemento del decálogo abarca la necesidad de adaptar la planificación académica según la compasión y la flexibilidad, partiendo del principio de que retornar a las aulas no puede traducirse, bajo ninguna razón, en un intento de recuperar el tiempo perdido por encima de la estabilidad psicológica de los estudiantes.

Educación UCAB solicita la suspensión inmediata de las evaluaciones de carácter rígido y de las exigencias netamente burocráticas, ya que estudios científicos y pedagógicos comprueban que un cerebro sometido a estados persistentes de estrés o miedo carece de la capacidad de procesar y fijar el aprendizaje como lo hace en condiciones normales. En su lugar, se propone reestructurar la planificación para darle prioridad a las dinámicas académicas, reflexivas y adaptadas de forma estricta a la situación en curso.

Por otra parte, la universidad recuerda que el personal docente, administrativo y de servicio también ha experimentado de primera mano las dificultades y temores de la emergencia sísmica, por lo que resulta imprescindible cuidar a los que cuidan también. 

El cuarto punto aconseja a las autoridades de los centros educativos diseñar y activar espacios específicos de soporte psicológico y de contención emocional para los profesores. De acuerdo con la UCAB, se debería establecer una reducción real de las cargas laborales y un fortalecimiento de su salud mental, para garantizar que los maestros estén en las mejores condiciones para actuar como guía y apoyo dentro de sus aulas.

Cultura preventiva

Las autoridades aconsejan integrar la cultura preventiva ante desastres —con un enfoque netamente pedagógico— en las rutinas de las instituciones, en vez de mostrarla como actividad orientada a infundir temor o incertidumbre en los estudiantes. El diseño de planes de evacuación, la delimitación de las áreas seguras y la ejecución organizada y periódica de simulacros deben presentarse como herramientas fundamentales para los ciudadanos, entendiendo que el conocimiento sobre cómo actuar en momentos de emergencia es la fuente principal de paz y control.

El sexto punto abarca las consecuencias económicas que trajo consigo la tragedia y la responsabilidad social que deben manifestar las instituciones educativas, al reconocer que un volumen considerable de hogares padece pérdidas materiales severas o una gran inestabilidad financiera después de los terremotos.

La UCAB insiste en que las direcciones de los planteles manifiesten la máxima empatía y solidaridad posibles. Esto puede implicar el diseño e implementación de planes de flexibilización en los compromisos y pagos económicos de las familias afectadas, con la intención de evitar que este sea un factor de exclusión del derecho a la educación de los niños y adolescentes venezolanos.

Estrategias y acompañamiento

El decálogo también pone el foco en el hogar, al asignar a esta entidad un rol protagónico en el caso de los estudiantes que tengan dificultades para asistir de manera presencial a las escuelas. El séptimo punto determina que los padres, representantes y adultos del grupo familiar deben dar prioridad a las labores de contención, la escucha activa y la validación de los miedos y preocupaciones que expresen sus hijos.

La guía detalla cómo estructurar el acompañamiento pedagógico en el hogar para los alumnos que se mantengan bajo la modalidad a distancia y recomienda establecer rutinas que busquen estructura, pero sin generar estrés o presiones adicionales. Se sugieren actividades reflexivas, sesiones de lectura compartida y espacios de diálogo permanente, así como evitar replicar las dinámicas u horarios escolares en el hogar para, en su lugar, conservar de manera saludable el hábito del aprendizaje desde la calma.

Transparencia informativa

La necesidad de contrarrestar los rumores y la desinformación que suelen amplificar los estados de estrés y pánico social da pie a la novena directriz de la Escuela de Educación, en la que se destaca la importancia de que las autoridades de los colegios implementen y mantengan canales de comunicación transparentes, claros y constantes con los representantes, tanto para los núcleos familiares de los alumnos que asisten presencialmente como para aquellos que permanecen resguardados en sus hogares. 

Finalmente, el décimo punto hace un llamado a acabar con el aislamiento de las escuelas en la gestión de las secuelas de la crisis. La UCAB exhorta a los planteles a reactivar y trabajar de la mano con las redes de protección social, como los consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las divisiones de Protección Civil y los servicios médicos locales, con el fin de detectar de forma temprana y abordar de manera eficiente cualquier caso de vulnerabilidad social y emocional.

Puede leer el comunicado por Educación UCAB aquí.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Claves | ¿Por qué el doblete sísmico fue tan mortal?

0

Un análisis del portal The New York Times (NYT) determinó que la devastación ocurrida en Venezuela producto del doblete sísmico del pasado 24 de junio se debió a una combinación de factores que actuaron como un cóctel explosivo.

El medio estadounidense explicó que la ruptura inicial en la falla de Boconó y su propagación hacia el este (zonas densamente pobladas) fue el desencadenante de la tragedia que, según cifras oficiales, ha dejado hasta el momento casi 4 000 fallecidos.

El NYT detalló que la energía sísmica atravesó directamente la región central por la falla de San Sebastián. La poca profundidad de ambos eventos, solo 10 kilómetros bajo tierra, causó que las sacudidas generaran más destrozos, y afectaron incluso a zonas alejadas del epicentro.

Aquí las claves del análisis que realizó The New York Times:

No fue uno, fueron dos

Aunque muchos venezolanos percibieron que fue un solo terremoto, los análisis determinaron que fueron 2 eventos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, con una separación de tan solo 39 segundos. Esto prolongó el movimiento y aumentó los daños estructurales.

“Es casi seguro que lo que pasó fue que el primer terremoto desencadenó el segundo”, dijo David Oglesby, profesor de geofísica en la Universidad de California, campus Riverside.

Direcciones opuestas y desplazamiento de terreno

William Barnhart, geofísico del programa de riesgos sísmicos del Servicio Geológico de Estados Unidos, explicó que las zonas al norte de la falla se deslizaron hacia el este, mientras que las del sur se desplazaron hacia el oeste.

Un ejemplo de esto es que la mitad norte del aeropuerto internacional Simón Bolívar se desplazó hacia el este, mientras que la mitad sur se desplazó en la dirección opuesta.

Según las comparaciones de las imágenes satelitales realizadas por los geólogos antes y después del terremoto, en regiones costeras, como La Guaira, el terreno se desplazó hasta 45 centímetros hacia el oeste.

El efecto de “directividad”

El geólogo Oglesby afirmó que el efecto de directividad pudo haber aumetado la intensidad del temblor al este de la ruptura. Explicó que este efecto es como el de las olas del mar que generan inestabilidad.

“Es muy probable que la directividad contribuyera al fuerte movimiento del suelo en Caracas y en toda la zona, y esto podría marcar la diferencia entre que un edificio se mantenga en pie, aunque con daños, y que se derrumbe por completo”, dijo.

Ambos fueron superficiales

Los terremotos comenzaron solo a unos 10 kilómetros bajo tierra, por lo que las sacudidas se sintieron con especial intensidad en la superficie y generaron tantos daños.

“Es casi lo más superficial que puede ser”, dijo Vitor Silva, jefe de ingeniería de riesgos de la Global Earthquake Model Foundation.

Los expertos afirman que a menor profundidad, mayor violencia en la superficie.

Suelo blando

El análisis realizado por el medio señala que muchas zonas urbanas estaban construidas sobre sedimentos blandos que aumentaron la vibración, ya que cuando la frecuencia del suelo coincide con la de un edificio, los daños son severos.

En Caraballeda, los análisis por satélite muestran que al menos 152 edificios quedaron destruidos y que hay decenas más dañados. Cerca de la localidad de Playa Grande, como mínimo 246 edificios quedaron destruidos y casi todos estaban construidos sobre el mismo suelo blando.

La mayoría de estos edificios estaban situados a lo largo de la costa, en zonas bajas, construidos sobre terrenos no consolidados que pueden amplificar las sacudidas.

Otros factores

Según las normas de construcción venezolanas relativas a los sismos, las del país están entre las mejores de Latinoamérica, pero la destrucción sugiere que muchos edificios no se construyeron con ajuste a la normativa.

Entre las fallas típicas que señalan los expertos destacan: “pisos débiles” en planta bajos, columnas sin refuerzo y estructuras antiguas sin actualización.

El doblete, la ruptura hacia zonas pobladas, directividad, poca profundidad, suelo blando y fallas constructivas se fusionaron para crear una tormenta que ha dejado miles de muertos, heridos y un sinfín de desaparecidos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Traslados a los aeropuertos de Valencia y Barcelona elevan costos de los viajes aéreos

0

La inhabilitación temporal de los vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y el desvío de las operaciones de las aerolíneas a los terminales aéreos del interior del país han generado costos adicionales para los pasajeros que parten desde la capital y una saturación en la infraestructura.

Esta descentralización forzosa de la conectividad aérea ha trasladado la presión directamente a los presupuestos de los viajeros, pues obliga a los usuarios a desembolsar montos de hasta 50 dólares en transporte colectivo y 150 en servicios privados para llegar a tomar sus vuelos en Valencia o Barcelona.

El traslado de los vuelos también ha provocado un incremento del flujo de viajeros en los terminales alternativos, lo que genera retrasos en los procesos de chequeo y restricciones en los horarios de acceso para gestionar la saturación de los aeropuertos.

El impacto de los desplazamientos desde Caracas

Quienes deben abordar sus vuelos reubicados en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia enfrentan un viaje por carretera de aproximadamente 2 horas. Las tarifas en líneas de autobuses y expresos ejecutivos oscilan entre 28 y 35 dólares por asiento. Si el pasajero opta por un traslado privado, la tarifa se cotiza a partir de los 110 dólares por vehículo. 

La situación se dificulta y encarece para quienes son desviados al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui de Barcelona. Este trayecto exige entre 4 y 5 horas de carretera, y eleva los pasajes de transporte colectivo a un rango de entre 35 y 50 dólares por puesto, mientras que los traslados privados, puerta a puerta, parten de los 150 dólares y pueden escalar. 

Saturación en los terminales alternativos

El flujo masivo y repentino de pasajeros hacia el interior ha sobrepasado las capacidades operativas de los terminales alternativos. El presidente de la Cámara de Turismo de Carabobo, Argenis Sánchez, advirtió que la infraestructura del Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia está operando por encima de su capacidad original, lo que ha generado congestiones y retrasos en los procesos de chequeo, migración y aduana. 

Con el objetivo de mitigar la congestión en las instalaciones, se han establecido algunas medidas: el proceso de chequeo abre estrictamente cuatro horas antes de cada salida y cierra dos horas antes; de esta manera, se organiza el ingreso a migración según el horario de cada vuelo; el acceso a las instalaciones está restringido únicamente a los viajeros que posean boletos confirmados para el mismo día. 

Debido a las restricciones, una parte considerable de las filas de espera debe realizarse en el exterior de los aeropuertos. Por esta razón, las autoridades instan a los pasajeros a no acudir con más de cinco horas de anticipación a sus vuelos, ya que se han registrado casos de personas que llegan nueve horas antes, lo que empeora la congestión. Para soportar las esperas, recomiendan llevar sombrillas, hidratación y refrigerios propios para soportar la espera antes de ingresar a las salas de embarque.

Valencia lidera las reubicaciones de aerolíneas internacionales

Pese a las limitaciones estructurales, el aeropuerto de Valencia se mantiene como el más concurrido del país debido a su proximidad geográfica a la región capital. Según la Cámara de Turismo de Carabobo, se registró un incremento en el flujo habitual de vuelos tras los sismos, y pasó de albergar solo 2 aerolíneas a coordinar la operación de 13 compañías aéreas. Actualmente, maneja un aproximado de 14 vuelos internacionales diarios. 

En este terminal, Copa Airlines mantiene su frecuencia diaria hacia Panamá, como el principal canal de conexión con el continente. En las rutas andinas, la aerolínea Wingo cubrió una operación diaria hacia Bogotá entre el 3 y el 9 de julio, y pasará a una oferta regular de 3 vuelos semanales matutinos a partir del 14 de julio.

Con respecto a las rutas europeas, Air Europa y Plus Ultra continúan con frecuencias especiales hacia Madrid, a las cuales se suma Iberia, que confirmó el restablecimiento de sus vuelos en el país a partir de este 9 de julio, con aterrizaje en Valencia. Asimismo, TAP Air Portugal anunció su retorno a Venezuela para el próximo 13 de julio con una ruta temporal entre ambos países, cuyo vuelo inaugural transportará, además, 8,7 toneladas de material médico para atender la contingencia nacional.

Barcelona como la alternativa para el flujo oriental

El resto del territorio nacional cuenta con sus propios terminales de emergencia que operan de forma regular. El Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, funciona como la segunda alternativa internacional para los estados orientales. Desde allí, Copa Airlines ofrece salidas directas a Panamá. De igual modo, Latam Airlines puso en marcha una ruta temporal de contingencia entre Bogotá y Barcelona, que estará disponible durante el mes de julio, los días lunes y viernes.

Actualizaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía

Mientras el interior del país resiste la saturación del sistema de vuelos internacionales, en La Guaira se buscan alternativas técnicas a corto plazo. La administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la implementación de un plan inmediato que prevé el uso provisional de una pista paralela o alterna para retomar algunas operaciones comerciales lo más pronto posible.

Esta medida responde a la petición de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) de recurrir a infraestructura temporal mientras continúan las labores de reparación de la pista principal y la evaluación de los graves daños que sufrieron los terminales de La Guaira.

Ante la incertidumbre general, las aerolíneas reiteraron la importancia de no acudir a las oficinas comerciales físicas en los aeropuertos del interior ni en Maiquetía para solicitar información o consultar itinerarios, puesto que el personal está abocado exclusivamente al despacho de los vuelos del día. Todas las consultas de disponibilidad y reprogramaciones desde Valencia o Barcelona deben gestionarse a través de los canales digitales de cada compañía aérea o mediante agencias de viajes autorizadas.

Decreto de emergencia tras terremotos pone en alerta la propiedad privada en Venezuela

0

Tras los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio de 2026, el poder Ejecutivo, representado por Delcy Rodríguez, decretó un “Estado de Emergencia” para atender la situación de desastre que, hasta el 8 de julio, dejó a 17.907 personas sin vivienda, de acuerdo con cifras oficiales. El decreto 5.364 ha generado inquietud ciudadana, especialmente por su artículo 6, el cual dice facultar al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para dictar y ejecutar la ocupación temporal de instituciones, terrenos o áreas de propiedad pública o privada, así como para realizar requisiciones de bienes y servicios.

Frente a este escenario, El Pitazo consultó a los abogados Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia; Joel García, penalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela; y Mauricio Pernía Reyes, especialista en derecho administrativo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, quienes alertaron sobre la incongruencia del instrumento jurídico utilizado.

Incongruencias legales

Acceso a la Justicia explica en un artículo que el Estado de Emergencia dictado por el Ejecutivo es un mecanismo administrativo de rango sublegal. Al tener esta jerarquía, no puede restringir garantías constitucionales como el derecho a la propiedad, el cual está protegido en el artículo 115 de la Constitución, lo que sí podría existir en un Estado de Excepción, de jerarquía constitucional que a juicio de los juristas debió ser la figura jurídica usada.

Sin embargo, esta debe someterse a controles obligatorios por parte de la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y tiene una temporalidad definida de 30 días, prorrogables por 30 días más, mientras que el Estado de Emergencia no establece un límite de tiempo para su vigencia, lo que genera el riesgo de que las medidas tomadas se prolonguen indefinidamente.

Sobre esto, el penalista Joel García señala que “el Estado utilizó una figura jurídica equivocada”. García coincide que para limitar temporalmente las garantías constitucionales debió decretarse un Estado de Excepción bajo la modalidad de alarma que contempla la catástrofe, fundamentado en los artículos 337 y 338 de la Constitución. Para el profesor y exministro Allan R. Brewer-Carías el decreto de Estado de Emergencia es «absolutamente inconstitucional», ya que se ignora las regulaciones tan precisas como las de la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción, explica en un artículo compartido.

Asimismo, Acceso a la Justicia aclara que la requisición de bienes solo figura en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, instrumentos que exigen una declaratoria formal de estado de excepción para proceder de forma constitucional. Por tanto, no podría llevarse a cabo una ocupación o requisición a menos que se cumpla estrictamente con el marco jurídico venezolano.

El procedimiento obligatorio

Ante la urgencia habitacional, el abogado especialista en derecho administrativo, Mauricio Pernía Reyes, aclara que, aunque el Estado tiene la facultad de ocupar bienes por utilidad pública mediante la vía de la expropiación, esto no implica que pueda saltarse la ley mediante vías de hecho, es decir bajo medidas arbitrarias. Si el Estado decide ejecutar la ocupación temporal de propiedades privadas, debe someterse a la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, explicó.

Pernía Reyes recalca que este proceso exige pasos rigurosos y no puede realizarse mediante órdenes verbales de cualquier funcionario público. Debe existir una resolución o decreto expropiatorio seguido de un acto administrativo respaldado por la orden de un juez que identifique el bien afectado y estipule claramente el tiempo de la ocupación. Finalmente, dado que la expropiación implique la transferencia de titularidad, la Constitución obliga al Estado a pagar una indemnización justa.

Recomendación para reubicación de damnificados

Frente a las 17.907 personas sin vivienda por los terremotos, según cifras aportadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, Alí Daniels recuerda que «el principal terrateniente de Venezuela es el propio Estado, que posee múltiples terrenos públicos, incluidos los de la Gran Misión Vivienda Venezuela, los cuales deben ser utilizados como prioridad antes de mirar hacia el sector privado.«

A corto plazo, recomienda al Estado la coordinación con las gobernaciones y alcaldías del interior para reubicar a las familias en zonas con redes de apoyo o soluciones habitacionales públicas. Para el mediano y largo plazo, los expertos consideran imperativo buscar asistencia técnica y financiamiento internacional a través de la ONU, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer códigos de construcción sismorresistentes, pero aclara que se debe garantizar la transparencia en los fondos de reconstrucción.

Recomendaciones legales

Frente al temor a arbitrariedades, los especialistas recomiendan exigir siempre el cumplimiento del debido proceso. El abogado Pernía-Reyes expone que el acto administrativo que surja para ocupar un bien obligatoriamente debe especificar el tiempo de duración, de lo contrario, el acto es sujeto de impugnación.

Acceso a la Justicia concluye en su análisis que, el respeto a la Constitución no es un obstáculo para atender la emergencia, sino la garantía de que el poder actuará dentro de límites legales y que los derechos de las personas seguirán protegidos.

Trabajadores denuncian despidos injustificados, rebajas de sueldos y jornadas extensas luego de los sismos

0

El doblete sísmico del pasado 24 de junio de 2026 dejó heridas visibles en el paisaje urbano de Caracas y una tragedia humana que todavía es atendida en La Guaira. A la par de la remoción de escombros y el luto, avanza una crisis silenciosa que desprotege por completo a los trabajadores.

En zonas afectadas en Caracas, en los municipios Chacao y Libertador, los comercios reactivan la economía bajo el signo de la precariedad. Para muchos empleados, el dilema ya no es solo superar el trauma psicológico de haber sobrevivido a los terremotos, sino enfrentarse a la falta de empatía patronal, reducciones salariales intempestivas e infraestructuras que todavía generan desconfianza.

Cuatro testimonios recabados por Runrun.es reflejan cómo la catástrofe natural derivó en inestabilidad laboral. Todos ellos coinciden en un patrón común: la falta de contingencia institucional y la desprotección del eslabón más débil de la cadena económica ante un desastre natural.

Despedido por rechazar una degradación tras buscar a su hijo en La Guaira

Carlos* ejercía como gerente de logística e inventario de una cadena de restaurantes en Caracas. Los terremotos de las seis de la tarde lo dejaron inicialmente incomunicado y a oscuras. Su principal fuente de angustia se encontraba en La Guaira, donde su hijo entrenaba en una academia de béisbol en Las Salinas.

Tras recuperar la electricidad y constatar en redes sociales los destrozos en Los Palos Grandes, San Bernardino y el litoral central, una llamada a las cuatro de la mañana del 25 de junio encendió las alarmas: una prima del niño —que tenía 14 años— había fallecido bajo los escombros en la costa. Carlos emprendió el viaje a las seis de la mañana, en una travesía a oscuras por el viaducto y los túneles en la que se triplicó el tiempo de viaje habitual, debido al colapso vial.

“Busqué a mi hijo, pasé toda esa desgracia, viví muchas cosas en carne propia que de verdad me impactaron, fue una travesía llegar allá”, relata Carlos. Para evitarle un segundo trauma al niño en el retorno, decidió rodear toda la costa por Chuspa e Higuerote. 

Al recuperar la señal telefónica a mitad de la tarde, encontró notificaciones de la empresa emitidas a primera hora de la mañana. La sede principal de la cadena había perdido el piso superior, donde operaba el almacén, y la gerencia exigía al personal presentarse para remover escombros y recuperar mercancía salvable.

A pesar de que Carlos explicó de inmediato su situación familiar y su ubicación geográfica, la respuesta del departamento de recursos humanos le notificó que necesitaban “gente comprometida con ellos, que le doliera la empresa”, y le dijeron que no volviera más.

Horas más tarde, ya al volver a Caracas, la empresa lo contactó para que acudiera al día siguiente a colaborar. La directiva le notificó su degradación laboral: perdería su cargo administrativo para atender al público en una de las sucursales. Al rechazar la propuesta por violar sus condiciones de contratación, la empresa ejecutó el despido definitivo. “Me dijeron ‘bueno, entonces prescindimos de ti’. Así mismo. Agarré mis cosas y me fui”, concluye.

El costo de priorizar la salud mental

Mariana* trabajaba como manicurista desde diciembre de 2025 en un spa ubicado en el piso 10 de una torre empresarial en Caracas. El impacto psicológico de los terremotos afectó su rutina y quebrantó su capacidad de conciliar el sueño. La confirmación de sus temores llegó el domingo posterior al sismo, cuando subió al edificio donde trabajaba para buscar insumos médicos destinados a un voluntariado en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La trabajadora encontró un panorama desolador: escaleras dañadas, total oscuridad y una alarma de emergencia que sonaba sin cesar. “Para mí eso fue prácticamente una escena apocalíptica. Subí por los tapabocas y los guantes, pero tipo agarré eso y salí corriendo”, relata.

Ante la ansiedad que le produjo la escena, Mariana solicitó a la dueña del local una semana de tregua para estabilizarse emocionalmente, y ofreció suspender el pago de la mesa de alquiler para no generar pérdidas al negocio.

Aunque la propietaria mantuvo una respuesta políticamente correcta, asumió una postura que Mariana califica de “injusta”: el local no podía mantener un espacio sin producir. La dueña le sugirió retirar las herramientas de trabajo.

“Me dijo que podía ir cuando me sintiera mejor, que ella también entendía lo que yo estaba pasando… pero que ella igual tenía que pagar alquiler y, bueno, que lo mejor era que fuera a buscar mis cosas. La verdad es que sí me pareció bastante injusto, porque al final nadie le va a alquilar eso esta semana, ni la otra, porque todos estamos en trauma”, cuenta Mariana, quien acudió al lugar con su esposo a recoger sus herramientas y ahora intenta reestructurar sus ingresos atendiendo de manera independiente desde su hogar.

Obligado a facturar en medio de la contingencia

El caso de José* evidencia la prisa de algunos comercios por abrir sus puertas sin culminar los protocolos mínimos de seguridad estructural. Él trabaja en una tienda de cosméticos en un centro comercial de Sabana Grande, el cual cerró el 25 de junio por inspecciones preliminares. Sin embargo, la gerencia de esta tienda obligó a los trabajadores a reincorporarse a sus funciones el viernes 26 de junio.

José cuenta que los ingenieros prolongaron las revisiones técnicas del centro comercial hasta por siete días posteriores a los sismos, pero el personal ya atendía al público en un horario especial. Al reactivar las jornadas, la directiva del establecimiento tomó una decisión unilateral: consideró el día de la clausura forzosa por el desastre como el día libre de toda la nómina, y prohibió descansos en la semana siguiente.

Esta medida perjudicó directamente a José. La administración le descontó 10 dólares de su sueldo por ausentarse el martes 30 de junio, día que, bajo condiciones normales, correspondía a su jornada de descanso regular.

“Me parece una falta de respeto y una falta de seguridad de todo, porque si no habían terminado las inspecciones del centro comercial no tenían por qué habernos mandado a trabajar”, denuncia el trabajador, indignado porque la empresa arriesgó al personal pese a operar en un rubro que no cubre necesidades básicas.

Del sueldo fijo al destajo y al “redoble”

El municipio Chacao sufrió con fuerza el impacto del doblete sísmico en el área metropolitana de Caracas. El restaurante donde labora Javier* permaneció cerrado durante una semana y media, pero la incertidumbre comenzó cuando la gerencia notificó el nuevo esquema de reanudación de actividades. Aunque inicialmente prometieron reincorporar a la plantilla completa, los dueños decidieron arrancar con un equipo reducido para evaluar el movimiento de la zona.

La empresa impuso un sistema de trabajo intermitente que consiste en laborar una semana activa y pasar una semana suspendido sin goce de sueldo. “Nos dijeron que íbamos a trabajar una semana sí y una semana no, pero las personas que les toque trabajar sepan que va a ser una semana por arriba de redoble, o sea, entramos a las 10:00 de la mañana y salimos a las 12:00 de la noche”, explica Javier.

El joven tenía un sueldo base que no alcanzaba los 300 dólares mensuales y la gerencia del local eliminó este ingreso. Ahora solo cobrará lo que reciba de las propinas y el 10 % de las ganancias semanales.

“Afortunadamente, no pago alquiler, pero en mi casa hay una persona enferma cuyo tratamiento es muy caro. Ahora, con esto, tengo que reestructurar todo lo que tenía pensado, más allá de estar tocando mis ahorros a riesgo de no poder volverlos a reunir”, lamenta Javier. Al joven le preocupa el bienestar de su hogar durante los días de suspensión forzada: “Por la parte del transporte y la comida mientras esté aquí no me quejo, pero ¿cuando no esté aquí? ¿En mi casa cómo se come?”.

*Los nombres de los entrevistados se modificaron para proteger sus identidades por temor a represalias en su contra

*Colaboración de reportería: María Victoria Fermín

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Visionarias pone a disposición directorio para facilitar el acceso a mujeres expertas

Las mujeres siguen teniendo una presencia muy limitada como voces expertas en los medios de comunicación. El informe 2025 del Proyecto Mundial de Monitoreo de Medios (GMMP) revela que solo el 26 % de las fuentes informativas a nivel mundial son mujeres. Una cifra que también se repite en América Latina y que apenas mejora en España, donde alcanza el 29 % en los medios tradicionales y desciende al 27 % en los digitales respecto al informe anterior.

Las mujeres siguen sin ser fuente ni sujeto predominante en la construcción de la actualidad informativa. Y esta ausencia no responde a una falta de preparación o experiencia. Pese a la existencia de mujeres cualificadas en todos los ámbitos profesionales, su presencia continúa siendo limitada en los espacios informativos, los paneles de debate, los espacios de poder y las estructuras donde se toman decisiones.

En este contexto, Visionarias Business presenta el Directorio de Expertas Visionarias 2026-2027, una publicación digital de acceso gratuito que reúne a 18 profesionales de España, México, Argentina, Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Francia e Israel.

Concebido como una herramienta de consulta profesional, el directorio facilita el acceso a mujeres con una trayectoria consolidada y criterios comunes de calidad para que medios de comunicación, empresas, universidades, asociaciones e instituciones incorporen más voces expertas en entrevistas, análisis, conferencias, formación, consultoría y proyectos de colaboración.

Una herramienta de consulta para medios, empresas e instituciones

El Directorio de Expertas Visionarias reúne perfiles especializados en desarrollo de negocio, emprendimiento, educación y formación, liderazgo, gobierno corporativo, compliance, comunicación, igualdad, inclusión y desarrollo organizacional, entre otras áreas.

Cada perfil incluye información sobre su especialidad, trayectoria profesional, servicios, modalidad de trabajo, alcance geográfico, reconocimientos y presencia en medios, con el objetivo de facilitar su participación en entrevistas, conferencias, acciones formativas, consultoría, mentorías o proyectos de colaboración.

El directorio está disponible en formato digital de acceso abierto y puede descargarse gratuitamente desde la web de Visionarias Business.

La desigualdad también se refleja en el papel que desempeñan las mujeres en las noticias

La infrarrepresentación femenina no solo incide en el número de mujeres que aparecen en los medios, sino también en el papel que desempeñan cuando forman parte de la información. Según el informe del GMMP, en España las mujeres representan el 36 % de las fuentes en Economía y el 35 % en Ciencia y Salud.

Además, cuando son consultadas en las noticias, participan con más frecuencia para relatar experiencias personales (48 %) que por su conocimiento como expertas (32 %), una diferencia que pone de manifiesto el camino que todavía queda por recorrer para lograr una representación más equilibrada.

“No faltan mujeres expertas; lo que muchas veces falta es que quienes las buscan sepan dónde encontrarlas. Este directorio nace precisamente para acortar esa distancia y hacer más fácil que sus voces formen parte de las conversaciones y decisiones que marcan la actualidad”, afirma Marita Seara, fundadora y directora de Visionarias Business.

El Directorio de Expertas forma parte de la Red de Expertas Visionarias, una comunidad internacional integrada por mujeres hispanohablantes de distintos países y sectores que forma parte del ecosistema Visionarias Business y trabaja para incrementar la presencia de mujeres expertas en los espacios donde se genera conocimiento, se construye opinión pública y se toman decisiones.

Acerca de Visionarias Business

Visionarias Business es un medio independiente nacido en España dedicado a visibilizar el talento femenino como motor de cambio económico y social. Desde esta misión nace la Red de Expertas Visionarias, un movimiento internacional de mujeres hispanohablantes de distintos países y sectores que lideran, inspiran y generan impacto real en sus comunidades y organizaciones.

Para saber más, visita estos enlaces:

🌐 https://visionarias.business/

🌐 https://expertas.visionarias.business/

El miedo también merece ser escuchado

0

Resulta paradójico que, en un mundo tan interconectado, hablar de nuestras emociones sea un tema complejo. Tenemos más herramientas para comunicarnos que nunca, pero seguimos encontrando dificultades para expresar lo que sentimos, especialmente cuando se trata del miedo.

Durante mucho tiempo se nos enseñó que sentir miedo era una señal de debilidad, cuando en realidad es una de las emociones más humanas que existen. El miedo no es el problema; el verdadero riesgo aparece cuando permitimos que nos paralice y condicione nuestras decisiones. Sentirlo es natural. Aprender a convivir con él es parte del crecimiento.

La Organización Mundial de la Salud estima que cientos de millones de personas en el mundo conviven con trastornos relacionados con la ansiedad y el miedo. Más allá de las cifras, este dato nos invita a reflexionar sobre la necesidad de dejar de ver la salud mental como un tema individual o privado para comenzar a asumirla como un desafío colectivo.

Vivimos rodeados de cambios, incertidumbre y conflictos. Cada uno de ellos nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a replantearnos aquello que creíamos seguro. Aunque estos procesos suelen generar temor, también representan oportunidades para transformarnos como personas desde el punto de vista emocional, mental e incluso espiritual.

Pedir ayuda no debería ser motivo de vergüenza. Por el contrario, reconocer que necesitamos apoyo es una muestra de fortaleza y de responsabilidad con nosotros mismos. No somos máquinas diseñadas para soportarlo todo en silencio. Somos seres humanos que sienten, que dudan y que, en ocasiones, necesitan ser escuchados.

Los acontecimientos vividos en Venezuela el pasado 24 de junio dejaron una huella emocional en miles de personas. Es comprensible que el miedo permanezca después de una experiencia de esa magnitud. Sin embargo, también es cierto que las adversidades nos ofrecen la posibilidad de descubrir nuevas formas de resiliencia y solidaridad. No se trata de olvidar lo vivido, sino de evitar que el miedo se convierta en el protagonista de nuestro futuro.

Como sociedad, tenemos el reto de construir espacios donde hablar de salud mental deje de ser un tabú. Necesitamos comprender que cuidar nuestro bienestar emocional también implica cuidar el de quienes nos rodean. La empatía, la escucha activa y el acompañamiento pueden convertirse en herramientas tan valiosas como cualquier tratamiento profesional.

El miedo a la vulnerabilidad probablemente siempre existirá. La diferencia está en aprender a gestionarlo en lugar de negarlo. Cuando entendemos nuestras emociones y les damos un lugar, descubrimos que pueden convertirse en aliadas para tomar mejores decisiones y afrontar los desafíos con mayor equilibrio.

Nadie dijo que vivir sería sencillo. Sin embargo, cada experiencia, incluso aquellas que despiertan temor, representa una oportunidad para aprender, crecer y encontrar un nuevo propósito. Hablar de nuestras emociones no nos hace más débiles; nos hace más humanos.

Tal vez el verdadero cambio que necesitamos como sociedad no sea dejar de sentir miedo, sino dejar de esconderlo. Solo cuando normalicemos las conversaciones sobre salud mental podremos construir comunidades más empáticas, transparentes y capaces de acompañarse mutuamente en los momentos más difíciles.

@eduardofrontado

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Cómo gestionar los escombros del doblete sísmico?

0

Tras los sismos del 24 de junio, en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran camiones con cargas enteras que se arrojan muy cerca de la orilla del mar. Se trata de placas, cabillas, columnas, vigas: los escombros de los edificios destruidos en La Guaira que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se elevan a 1,2 millones de toneladas. De inmediato, surgieron las críticas sobre estas acciones, mientras que el Ministerio de Ecosocialismo y los organismos regionales guardan silencio.

“Eso de los efectos de los escombros lanzados al mar hay que evaluarlo científicamente y no emocionalmente. Ninguna opción puede ser descartada. Se necesita consultar a expertos para, de allí, tomar las decisiones que haga falta”, advierte el oceanógrafo biológico y geológico, José Ramón Delgado, director de la Fundación Caribe Sur.

Delgado apunta que las consecuencias que estos materiales pueden tener sobre el medio ambiente marino deben tener en cuenta la capacidad de dilución del mar, el supuesto impacto en el pH y otras variables químicas en las aguas costeras. 

“Quizás es más importante evaluar los fondos marinos (…) pero una cantidad de miles de toneladas de escombros creo que no causaría ningún efecto apreciable y, tal vez, sea la base estructural para comunidades marinas nuevas, por lo que es algo que no tiene que ser dañino”, añade.

El problema del desecho de escombros tras una tragedia no es nuevo en Venezuela. Tras los deslaves de Vargas, en 1999, la anarquía sobre cómo disponer de ellos causó problemas. “El gobernador del estado desplazaba maquinarias para mover tierra y escombros, y colocaba los desechos en zonas que habían sido previamente despejadas y que seguían un plan coordinado por la Autoridad Única de área del estado Vargas (AUAEV) con lo que dañaba el trabajo de despeje de vías y drenajes”, relató el ingeniero Carlos Genatios, quien era la autoridad única para ese momento, en la publicación “Vargas: desastre, proyecto y realidad. Veinte años después de las lluvias de 1999”. 

Escombros en la “lista inversa”

Hay normativas internacionales que evitan que este tipo de materiales sea arrojado a las playas. El Protocolo de Londres de 1996 –que actualizó el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972–  prohíbe que se lleve cualquier tipo de desecho al mar, aunque incluye una “lista inversa” de elementos que sí podrían volcarse en el océano bajo condiciones excepcionales. En este listado están los escombros provenientes de construcciones.

Según el protocolo, los escombros están en la definición de objetos voluminosos, que incluye al hierro, acero, hormigón y similares. Estos podrían verterse en el mar solo si no existe ningún tipo de alternativa viable para su reutilización, reciclaje o eliminación en la tierra. Además, esta disposición podría hacerse únicamente en lugares específicos o cuando son generados en sitios aislados (como islas pequeñas) donde no hay alternativas terrestres para desecharlos.

La normativa también establece que, antes de hacer este vertido, los materiales deben pasar por una revisión exhaustiva y obtener un permiso especial que pueda garantizar que no dañarán el medio ambiente marino. Se les debe eliminar todo “el material susceptible de generar desechos flotantes” y no puede representar “un obstáculo grave para la pesca o la navegación”. 

En Venezuela, el capítulo III de la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010) está dedicado al manejo especial de residuos y desechos voluminosos y tecnológicos, entre los que se incluyen los escombros, los cuales solo pueden llevarse al lugar dispuesto por el plan municipal o mancomunado del manejo de residuos sólidos. Está prohibido llevarlos a rellenos sanitarios.

Además, agrega que “los escombros y tierras provenientes de demolición y excavación se podrán disponer en terrenos que requieran nivelación o relleno de conformidad con la normativa ambiental”.

Ya en 1992, el decreto 2.216 que contiene las “Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial, o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos” detalla que los sitios de disposición de estos materiales no deben estar en lugares con fallas activas o riesgos geológicos potenciales, o con una frecuencia de inundación mayor de una vez cada cien años. Tampoco pueden estar dentro de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), Parques Nacionales, pantanos o planicies inundables. 

Pero nada se dice sobre qué hacer con las toneladas de escombros que provienen de una tragedia como la sucedida después de los terremotos. Aunque las leyes vigentes señalan que esta responsabilidad recae directamente sobre los municipios –los cuales deben autorizar administrativamente la ocupación de un territorio a donde se lleven estos desechos– son los órganos nacionales como el Ministerio de Ecosocialismo y el Consejo Nacional de Gestión Integral de Residuos quienes se encargan de la asesoría técnica que requiere cada jurisdicción y de vigilar que la norma se cumple.

Planear antes de la tragedia

Varios países coinciden en las directrices que se deben seguir al momento de desechar escombros. La más común de todas es la necesidad de clasificación, ya que en los escombros de una edificación no solo hay materiales de construcción, sino también muebles, cables, elementos metálicos, sustancias químicas, electrodomésticos, telas e incluso material orgánico.

En Estados Unidos se aplica la planificación avanzada de la gestión de escombros mucho antes de que ocurra una catástrofe, sea una inundación, deslave, huracán o terremoto. Este tipo de ejercicio permite que las comunidades se mantengan seguras y que la respuesta del Estado ante estos fenómenos sea rápida y eficiente.

La Asociación de Desechos Sólidos de Norteamérica (Swana, por sus siglas en inglés) afirma que es clave, entre otras consideraciones, que se informe a los residentes que cuáles serán los métodos que se usarán para recoger escombros (recolección en la acera, contenedores comunitarios para depositarlos), así como los sitios que servirán de almacenamiento temporal y final. 

La organización también destaca la importancia de la clasificación de los residuos de construcción y demolición antes de que se recolecten, con la idea de aumentar su potencial de reutilización y reciclaje. Esta acción debe ir en consonancia con los programas de reciclaje que ya existen en la zona.

Los lineamientos mundiales comunes

Uno de los edificios que colapsó tras el terremoto y tsunami en Chile en 2010
Uno de los edificios que colapsó tras el terremoto y tsunami en Chile en 2010. Crédito: TN

El informe “Evaluación Rápida de Impacto Ambiental para Desastres Terremoto y Tsunami en Chile” –elaborado por WWF Chile, el Ministerio de Medio Ambiente chileno y Antofagasta Minerals tras los eventos ocurridos en 2010– concluyó que en ese país se hizo un manejo inadecuado de los escombros que, en parte, terminaron en “humedales, playas y otros lugares medioambientalmente frágiles” y se advirtió que su movilización, causada por vientos, inundaciones y olas, provocaría graves daños ambientales y afectaría a la pesca y al turismo.

Por eso, los especialistas recomendaron inventariar los sitios inapropiados de disposición y el stock de escombros desechados e implementar un programa especial para recolectar, limpiar, reciclar y disponer adecuadamente de los estos desechos, según las mejores prácticas internacionales.

Luego de los sismos que afectaron a México en 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de ese país publicó normas básicas para contribuir con la remoción de escombros.

El organismo estableció que los sitios de confinamiento (de depósito de escombros) estuviesen en un rango no mayor a 20 kilómetros del centro de la zona de desastre. También deben estar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas.

Al igual que en Venezuela, la Semarnat prohibió depositar estos desechos en zonas de áreas naturales protegidas y pantanos, y extendió la orden a barrancas, marismas, manglares, esteros, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas, cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Finalmente, insistió en que se revisen las posibilidades de reciclar y/o reutilizar todos los materiales pétreos en obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, de rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Dos semanas después de los terremotos del 24 de junio, en La Guaira no hay instrucciones ni normas claras sobre cómo se van a desechar los escombros de la tragedia que, hasta el día de la publicación de esta nota, se cobró casi 4.000 vidas en Venezuela.