El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH – UCAB) publicó un comunicado el pasado 6 de julio de 2026 que exhorta a la administración pública venezolana y a la comunidad internacional a conceder medidas de protección a los desplazados internos, a los migrantes y a los refugiados venezolanos bajo el contexto de los seÃsmos del pasado 24 junio.
«El alcance de la tragedia ha agravado la emergencia humanitaria y económica ya existentes, por el colapso de infraestructura que ha dejado a miles de familias sin hogar. En este dramático contexto ya han comenzado a registrarse innumerables desplazamientos internos y es de esperar que se produzcan también movimientos migratorios transfronterizos», se lee en el documento.
Según el último reporte de la administración pública venezolana, publicado el 6 de julio de 2026, existe un mÃnimo de 17.854 personas sin vivienda. Mientras tanto, Veronique Durroux, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Latinoamérica y Caribe informó a la agencia de noticias EFE el pasado 5 de julio que la institución registra «cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados», especialmente a las zonas fronterizas en Táchira, Zulia y Delta Amacuro.
EL CDH – UCAB reiteró que los paÃses receptores de los venezolanos desplazados forzadamente por el desastre socionatural deben cancelar o suspender las deportaciones o retornos forzados por seis meses como mÃnimo. «El derecho internacional [de los refugiados y de los derechos humano] también prohÃbe las expulsiones colectivas y las detenciones arbitrarias asociadas a ellas», se lee en el documento.
El pasado 24 de junio, la administración pública nacional recibió a 146 venezolanos deportados desde Estados Unidos a través del programa gubernamental Misión Vuelta a la Patria. Ellos fueron trasladados al Hotel Santuario La Llanada, ubicado en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos. Hasta la fecha no se ha informado del paradero de la mayorÃa de ellos ante sus familiares, según reportes del New York Times.
Protección nacional e internacional
La institución académica reiteró que los paÃses receptores deben proveer el estatuto de protección del refugiado y sus obligaciones complementarias (como la no deportación).
«En el contexto de los desastres socionaturales, las personas que buscan protección internacional podrÃan calificar para el reconocimiento de la condición de refugiado debido a tener un temor fundado de persecución -conforme con el artÃculo 1A(2) de la Convención de 1951-, o verse obligadas a huir de su paÃs como consecuencia de acontecimientos que perturben gravemente el orden público -según lo establecido en la Conclusión III(3) de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984-», explicó la CDH – UCAB.
Mientras tanto, el Centro de Derechos Humanos instó a la administración pública nacional a restablecer los servicios consulares y exonerar los salvoconductos por sus servicios. Desde las elecciones presidenciales del 2024, Venezuela ha roto o suspendido sus relaciones consulares con Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Perú, Paraguay, entre otros.
«Los terremotos afloraron muestras importantes de solidaridad desde paÃses que no tienen afinidad ideológica con Venezuela. Los ciudadanos no tienen por qué cargar con las consecuencias de las diferencias polÃticas entre sus gobernantes», reiteró la institución académica.
La portavoz de la OCHA notificó a EFE que los refugios serán temporales, por un mes, y por ello urge a la administración pública y a la comunidad internacional a seguir con la ayuda humanitaria en Venezuela.
