La organización política Vente Venezuela anunció el lanzamiento oficial de una plataforma digital y pionera para la identificación por coincidencia biométrica, diseñada con el objetivo fundamental de atender la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que resultaron separados de sus respectivos núcleos familiares tras el fuerte doblete sísmico del pasado 24 de junio.
Esta iniciativa nace como una respuesta directa de la sociedad civil y la diáspora profesional para disminuir las consecuencias humanitarias que trajo consigo la contingencia en las zonas afectadas a nivel nacional.
El desarrollo completo de este software especializado estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de programadores e ingenieros informáticos venezolanos, quienes sumaron sus capacidades técnicas de forma voluntaria para crear una alternativa eficiente ante la emergencia.
La función principal de la herramienta es centralizar los esfuerzos de búsqueda y proveer un canal confiable que logre agilizar información verificada con los adultos que buscan a sus hijos y los registros de menores de edad que están recibiendo ayuda y resguardo temporal en los distintos refugios.
Protección de datos
Los creadores de la plataforma enfatizaron que el sitio web fue programado bajo rigurosas directrices para proteger los derechos constitucionales de la infancia, ya que en casos de desastres naturalesel registro de menores de edad y elmanejo de información relacionada es sumamente delicado.
La plataforma asegura que el almacenamiento y procesamiento de las huellas y rasgos de identificación cumplan con protocolos de seguridad que puedan garantizar la confidencialidad de la información frente a posibles vulneraciones de privacidad en la página.
El monitor busca evitar la discrecionalidad y el desorden administrativo en los centros de asistencia provisionales y ofrece a los encargados de los refugios un mecanismo que les permita comparar las identidades antes de proceder a cualquier entrega legal de un menor de edad. Los creadores recalcaron en que la protección de la niñez venezolana es el centro prioritario del sistema.
#TodosConVzla 🇻🇪 | Ya disponible el nuevo sistema de identificación por coincidencia biométrica de niños, niñas y adolescentes (NNA) separados de sus familias tras el sismo del 24 de junio. 📲🛡️
Desarrollado por programadores venezolanos en el exterior, la plataforma facilita la… pic.twitter.com/ZRpq4T3EOv
Para asegurar la efectividad de la herramienta y maximizar el número de reunificaciones familiares exitosas, los voceros del proyecto y la organización política iniciaron la difusión pública a través de sus redes sociales. El objetivo es que la información llegue directamente a los sectores más afectados por los terremotos y sus réplicas, así como al personal logístico que trabaja dentro de estos refugios.
La información detallada sobre los requerimientos para la validación de los datos biométricos y los enlaces oficiales de acceso para el registro se encuentran explicados y disponibles de manera gratuita en el sitio web de Monitoreo Ciudadano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró este sábado que el Gobierno calcula que serán necesarias al menos 25 000 viviendas para atender a las más de 17 900 personas que quedaron sin hogar a causa de los terremotos del 24 de junio.
Según Rodríguez, alcanzar esa meta dependerá de que logren acceder a los recursos “ilegalmente retenidos” en el exterior.
Rodríguez afirmó que la magnitud de la emergencia obliga a un despliegue nacional para evaluar daños y atender a los damnificados, pero insistió en que la construcción masiva de viviendas requiere financiamiento externo.
“Necesitamos recuperar esos recursos (oro) para poder avanzar”, dijo, sin ofrecer detalles sobre montos, mecanismos o plazos.
El dirigente también anunció que Delcy Rodríguez entregará las primeras 200 viviendas la próxima semana, aunque no precisó ubicación, modalidad, criterios de asignación ni estado de las obras.
Señaló que la cifra de damnificados “seguramente va a aumentar” conforme avancen las inspecciones en las zonas afectadas.
Rodríguez reiteró que el Gobierno está concentrado en la emergencia y en la recuperación de servicios básicos, mientras continúan las labores de evaluación estructural en los estados más golpeados por el sismo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 11 de julio de 2026, los periodistas Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev reportaron para el medio estadounidense The New York Times (NYT) acerca del tutelaje de la administración del presidente Donald Trump sobre el interinato venezolano encabezado por Delcy Rodríguez. Este control comenzó el mismo 3 de enero de 2026, cuando detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, dos de las figuras claves del mandato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el país caribeño.
“Después de seis meses, cuando las fuerzas estadounidenses irrumpieron en la habitación del Sr. Maduro y lo detuvieron en plena noche, el [secretario de Estado de Estados Unidos] Sr. [Marco] Rubio se ha convertido en el virrey de facto de Venezuela, ejerciendo un poder indiscutible sobre una nación soberana, algo que ningún funcionario estadounidense ha logrado desde que L. Paul Bremer III llegó a Bagdad en 2003 para dirigir a Irak mientras era ocupado por Estados Unidos”, se lee en el reporte.
Desde el control de las finanzas públicas hasta las estrategias de comunicación política, Rubio mantiene contacto con Rodríguez a través de la red de mensajería digital WhatsApp. Las fuentes consultadas por el equipo de periodistas de NYT han mantenido el anonimato para prevenir represalias de ambos gobiernos.
Runrun.es te ofrece un resumen del reportaje en 5 claves:
Juntos, pero no revueltos
La reportería de NYT destacó que, si bien existe una comunicación constante y aparentemente cordial, el objetivo de la administración de Trump sigue siendo el desmantelamiento del chavismo en el gobierno venezolano.
“La relación entre el Sr. Rubio y la Sra. Rodríguez dista mucho de ser una alianza. Es una manifestación del poder estadounidense de la era Trump: el ganador se lo lleva todo, sin importar la soberanía ni el derecho internacional“, destacó la dupla de periodistas en el medio estadounidense.
Aun así, Rubio ha intentado fortalecer el liderazgo interino de Rodríguez como consecuencia de los seísmos que ocurrieron en Venezuela el pasado 24 de junio. Las fuentes en NYT afirman que la reconstrucción del país caribeño responde principalmente al objetivo inicial de Trump: la reintegración de Venezuela al mercado petrolero para beneficiar a Estados Unidos.
El control de la economía
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está manejando los ingresos de las exportaciones venezolanas, según NYT. Al poco tiempo de recibir ese dinero, Estados Unidos lo redistribuye “gradualmente” en los bancos venezolanos. El tutelaje de Rubio llega hasta el punto de decidir en qué se puede gastar cierto dinero y en qué no, advierten Pager y Kurmanaev.
“Este sistema le ha permitido al Sr. Rubio frenar los esquemas de corrupción más flagrantes de Venezuela —añade la nota de NYT—. Además, beneficia al Gobierno venezolano, que utiliza la protección efectiva del Tesoro estadounidense para recibir ingresos sin ser acosado por los numerosos acreedores que exigen el pago de miles de millones de dólares en deuda impaga”.
El mismo 24 de junio, antes de los sismos, el medio estadounidense The Financial Times había ofrecido una estimación de la deuda externa del régimen: 240 000 millones de dólares. Según la ONG Transparencia Venezuela, gran parte de la deuda está constituida por los impagos a los acreedores de las empresas mixtas de Pdvsa, la estatal petrolera venezolana.
El manejo del dinero venezolano, se lee en el reportaje de NYT, le da a Rubio una amplia ventaja sobre Rodríguez, ya que la administración venezolana depende de las exportaciones petroleras para pagar a sus empelados públicos y manejar la economía nacional.
Rubio ahora está controlando la aplicación de las sanciones económicas que el Gobierno estadounidense ha aplicado a los integrantes del PSUV desde el 2015. Él decide quién hace negocios con Venezuela y cómo será la relación comercial con Rodríguez.
“To make Venezuela great again”
Según las fuentes consultadas por el equipo de periodistas de NYT, horas después de la detención de Maduro y Flores, el secretario de Estado de Estados Unidos se contactó con Delcy Rodríguez. Él le ofreció dos opciones: colaborar con Estados Unidos para restituir la democracia en Venezuela o presenciar un ataque estratégico a la infraestructura gubernamental y militar venezolana, controlado por el autoritarismo del PSUV.
Rodríguez aceptó la negociación. Dijo que “haría lo necesario para hacer a Venezuela grande de nuevo” (haciendo alusión a la campaña política de Trump durante las elecciones presidenciales de 2024: “Make America great again”).
Una de las primeras decisiones del tutelaje de Rubio al PSUV era purgar a los familiares de Nicolás Maduro y Cilia Flores de la administración pública venezolana. Un reportaje de Runrun.es precisó que el nepotismo de la familia Maduro-Flores había abarcado gran parte de las instituciones públicas venezolanas, mientras que los círculos de influencia de Diosdado Cabello —hoy ministro de Interior, Justicia y Paz y considerado el segundo al mando del PSUV— había crecido en las alcaldías y gobernaciones del país.
“Los venezolanos han sentido un alivio político tras la caída de Maduro, pero han observaron con recelo cómo la administración de Trump ha forjado una alianza con la mayoría de los principales ejecutores [del PSUV] (…). La inflación ha disminuido, pero sigue siendo la más alta del mundo, y la moneda del país continúa devaluándose. Millones de personas claman por nuevas elecciones, presionando a Rubio para que vaya más allá de los acuerdos económicos e impulse un cambio político. Los inversionistas se muestran reticentes a invertir capital en un sistema político y económico que podría colapsar en cualquier momento”, reseñó el NYT.
Si bien existen discusiones en el gabinete de Trump sobre el manejo y la velocidad de la transición democrática de Venezuela, Rubio ha destacado que Delcy Rodríguez ha “seguido casi todas las órdenes” que se le han asignado, “especialmente aquellas relacionadas con las finanzas del país”.
Cierto control de la comunicación política
“Cuando el periodista de la cadena de televisión estadounidense Fox News, Bret Baier, contactó a Rodríguez para tener una entrevista, ella comentó que debía tener la aprobación de Trump para aparecer en pantalla. Trump ha mencionado esta anécdota en varias ocasiones para ejemplificar la tutela estadounidense a Venezuela, según múltiples fuentes familiarizadas con la presidencia norteamericana”, describió el NYT.
El tutelaje de las comunicaciones ha llegado a la diplomacia, ejemplificando el viaje de Rodríguez a la India y la retracción de un comunicado de Yván Gil, ministro de Relaciones exteriores de Venezuela, que condenaba los ataques militares de Estados Unidos a Irán, en febrero de 2026.
La administración venezolana no concedió alguna declaración al NYT para precisar el tutelaje de Rubio en esos aspectos.
Una transición política retrasada por los sismos
La fase de estabilización económica de Venezuela promovida por Rubio sufrió un freno debido al desastre socionatural del pasado 24 de junio. Según el NYT, los inversores se mantienen cautelosos: el sector petrolero sigue destruido y corrupto. Los terremotos atrasaron aun más las negociaciones con empresas extranjeras.
“Aún existe una gran incertidumbre sobre quién liderará el país de forma permanente. María Corina Machado, la líder opositora exiliada, sigue siendo la política más popular del país. Sin embargo, tiene enemigos acérrimos entre los funcionarios y militares venezolanos, lo que llevó al Sr. Rubio a ignorarla y elegir a la Sra. Rodríguez como su candidata a la presidencia”, advierten Pager y Kurmanaev.
Afirman que la Casa Blanca se ha distanciado de Machado aun más después de los seísmos de junio. El plan de tener unas elecciones presidenciales en Venezuela, por el momento, parece estar en pausa, tanto en Washington como en Caracas. El NYT le ha preguntado a Delcy Rodríguez sobre las elecciones y ella ha respondido que serán “algún día”.
Analistas políticos consultados por NYT establecieron que el gabinete de Rodríguez está planeando mantenerse en el poder y superar el periodo presidencial de Trump (que culminaría en enero de 2029). “Pero, por ahora, el cronograma electoral recae en las manos de Rubio, no de Rodríguez”, se lee en el reportaje.
Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció este sábado 11 de julio que la situación dentro del centro de detención El Rodeo I “continúa siendo crítica”.
Según el testimonio de Baduel, los presos políticos han sido golpeados y sometidos a intentos de asfixia con gas pimienta, en medio de la emergencia sísmica que atraviesa el país.
Tras el doble terremoto y las más de mil réplicas registradas en las últimas dos semanas, los reclusos en El Rodeo I solicitaron pernoctar en áreas externas ante el riesgo estructural del penal.
“Las autoridades se negaron y los obligaron a permanecer en sus celdas, aun cuando todos sabían que la estructura estaba comprometida”, afirmó.
Andreína Baduel advirtió que El Rodeo I “es un centro de tortura que hemos documentado durante años”. Agregó que la vida de los presos políticos “corre peligro”. Por ello, hizo un llamado urgente a los organismos del Estado y a la comunidad internacional para que alerten y actúen frente a las graves violaciones de derechos humanos que, aseguró, continúan ocurriendo dentro del penal.
ALERTA URGENTE | 🚨Situación crítica en El Rodeo I
La situación en El Rodeo I continúa siendo crítica. Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, declaró hoy, tras visitar a su hermano Jonars Adolfo Baduel —quien lleva seis años detenido… pic.twitter.com/8EnzPrhtdQ
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 11, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó la tarde de este 11 de julio que la cifra de fallecidos pasó de 4118 a 4333 en solo 24 horas. También indicó que 315 cuerpos permanecen sin identificar. Sin embargo, mientras el número de víctimas mortales se actualiza a diario, el Gobierno mantiene sin respuesta una de las principales preguntas de familiares y rescatistas: ¿cuántas personas continúan desaparecidas?
Apenas este viernes 10 de julio el reporte oficial hablaba de 4118 fallecidos, 16 740 heridos, 6462 personas rescatadas y 17 907 damnificados. Para este sábado, la cifra de muertos creció en 215 casos, pero el renglón de desaparecidos sigue sin aparecer en el balance.
El Gobierno sí cuenta a quienes fueron confirmados como fallecidos, pero no ofrece un registro público de quienes todavía no han sido localizados. Rodríguez defendió esta decisión al afirmar que las autoridades no pueden trabajar “con base en especulaciones” y que la única cifra “cierta” es la de personas fallecidas.
Según el funcionario, divulgar un número de desaparecidos sin confirmación podría generar información errónea. La postura oficial contrasta con la realidad de las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. Mientras los balances avanzan con nuevos conteos de víctimas, la falta de una cifra de desaparecidos mantiene una parte de la emergencia fuera del reporte público.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que actualmente “no tiene cabeza” para pensar en unas eventuales elecciones presidenciales en el país.
En rueda de prensa, Rodríguez aseguró que por el momento no participará en reuniones para tratar asuntos políticos, al tiempo que consideró como una “ofensa” que dirigentes políticos se sienten a discutir temas relacionados con el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Nosotros no estamos en condición de parar ningún proceso que esté avanzando actualmente. Nosotros lo que no tenemos es cabeza para estarnos preocupando por el TSJ en estos momentos. Ahorita lo que nos preocupa son las personas que están sufriendo lo indecible. Es un irrespeto, es una grosería, es que políticos se reúnan para decidir quién va al TSJ o al CNE”, dijo.
Añadió que cualquier reunión en la que participe deberá estar enfocada exclusivamente en la reconstrucción de viviendas, la atención de los afectados y otros asuntos vinculados con la tragedia que enfrenta el país.
Jorge Rodríguez: "Es una ofensa discutir temas del CNE en este momento"
Jorge Rodríguez afirmó que no participará en reuniones para tratar asuntos políticos y aseguró que considera una ofensa que dirigentes se sienten a discutir temas relacionados con el Consejo Nacional… pic.twitter.com/7d19Wd7Uki
El presidente de la AN informó que trabajarán en una reforma para Ley de Alquileres porque es “muy regresiva”.
Afirmó que esa ley debe ser modificada para que la gente se sienta más segura al momento de alquilar su vivienda.
“Hay un número de hasta 200 000 viviendas que no están siendo alquiladas pues la gente las resguarda porque la ley es muy regresiva. Tenemos que reformarla para brindar seguridad”, dijo Rodríguez.
Jorge Rodríguez admite el fracaso de la Ley de Alquileres tras la tragedia.
Luego del daño patrimonial causado a cientos de ciudadanos por la imposición de la Ley de Alquileres, hoy Jorge Rodríguez reconoce la necesidad de modificarla. Afirma que, tras la tragedia, se harán… pic.twitter.com/Lyb2Y6IWnk
La reflexión sobre la Ley de Alquileres llega 17 días después del doblete sísmico que afectó a la región central del país y que causó la destrucción total de centenares de edificios, principalmente en La Guiara y Caracas.
El 12 de noviembre de 2011, el exmandatario Hugo Chávez promulgó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda con la finalidad de dar “estabilidad jurídica” a las familias vulnerables, frenar la especulación inmobiliaria y evitar que la vivienda fuera vista como un negocio.
Esta ley impide que propietarios e inquilinos puedan negociar libremente el precio del alquiler, obliga también a fijar y pagar los alquileres estrictamente en bolívares.
La Ley de Alquileres también prohíbe expulsar a un inquilino de una vivienda sin antes pasar por un proceso burocrático ante la Sunavi, seguido de un juicio penal. Además, si un propietario tenía un inmueble alquilado por 20 años o más (catalogados como “multiabonos”), la ley lo obligaba a ofrecerlo en venta obligatoria a su inquilino.
Las principales críticas y consecuencias de la implementación de esta Ley de Alquileres fue el exterminio del mercado de alquileres, el incentivo a la ocupación ilegal, la destrucción del patrimonio familiar, el deterioro de la infraestructura urbana y la inseguridad jurídica.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Más de 15 días después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió al país el pasado 24 de junio, más de 1.200 personas, afectadas directa o indirectamente, siguen esperando respuestas concretas del Estado en El Junquito. Gran parte de las heridas de este pueblo siguen abiertas: no son solo fisuras que atraviesan viviendas, escuelas y comercios, sino la incertidumbre que transita a los habitantes.
El día que la Alianza Rebelde Investiga (ARI) realizó un segundo recorrido por esta parroquia, llegaron distintas autoridades para realizar inspecciones, era el día 15 de la tragedia; pese a que ellos afirmaron que ya se habían presentado en la zona, los habitantes aseguraron que era la primera vez que se acudía oficialmente a evaluar los daños.
Aunque Protección Civil revisó algunos locales comerciales y viviendas del casco central del pueblo de El Junquito —las etiquetas amarillas, rojas y verdes lo confirmaron—, vecinos del barrio La Toma, ubicado en la parte posterior de la zona turística, sostienen que sus casas siguen sin chequeo.
Fotografía: Luna Perdomo (TalCual)
Una de las lugareñas lleva el registro en un cuaderno: contabilizó 180 familias afectadas y detalló que son cerca de 600 personas que «abandonaron sus casas por miedo a que las estructuras de arriba terminen de colapsar y nos caigan encima». Estas personas desistieron de ir a un refugio y buscaron espacio en casas de familiares, amigos o vecinos.
En un terreno escampado sobreviven, en carpas, 89 personas, 37 son niños y adolescentes de entre cero y 17 años. Estas son familias doblemente damnificadas: antes de los terremotos vivían en las instalaciones del antiguo Gran Hotel porque llevaban 16 años esperando una vivienda de manos del Estado, que jamás llegó.
En este campamento permanecen 22 familias que vivían en el hotel y se sumaron otras cuatro del sector La Toma tras afectaciones a sus viviendas.
Fotografía: Luna Perdomo
Desamparo gubernamental
Uno de los afectados, apodado como «negro» y que prefierió no dar su nombre, que permanece en una carpa con sus tres niños (15, 9 y 5 años de edad) y su esposa, contó que la alcaldesa Carmen Meléndez visitó El Junquito tras los primeros días del sismo, pero insistió en que no han regresado: «Ninguna autoridad ha venido a decir: ‘Sí, los vamos a ayudar’».
Agregó que a diario han ido representantes de iglesias católicas, cristianas evangélicas, del Sistema de Orquestas y de Cáritas y les ofrecen comida, cobijas y actividades recreativas para los infantes.
«Nosotros lo único que necesitamos es material porque nosotros construimos. Los dueños de este terreno nos dijeron que lo podían regalar para que nos hagan nuestras casas», explicó el habitante de la zona.
Fotografía: Luna Perdomo (TalCual)
A 19 kilómetros de la zona turística de El Junquito, específicamente en el km 4, otras 170 familias atraviesan una situación similar: son 509 personas en total; de las cuales, 178 son menores de edad, 35 adultos mayores, 10 personas con alguna discapacidad, cuatro embarazadas y dos que dieron a luz el mismo 24 de junio como consecuencia de los fuertes sismos; desde hace más de una década ocupan una antigua fábrica de colchones mientras esperan una solución habitacional.
Tras el terremoto dejaron de dormir dentro del edificio de cuatro niveles porque «en piso tres y cuatro hubo pérdida total porque se cayeron las paredes». En piso dos también colapsaron muros y «hay varias casas agrietadas, las escaleras se separaron de las paredes», describió Jessica Montilla, habitante del espacio. Todas estas familias pasan el día y la noche en el patio, bajo carpas donadas por particulares.
«Aquí vino Protección Civil a inspeccionar y permanecemos aquí a ver qué pasa. No ha venido nadie de la Alcaldía (de Caracas). No hemos recibido ayuda de ningún gobierno, pero sí de todos los venezolanos y organizaciones internacionales que salieron a la calle y trajeron comida y ropa», agregó.
En este espacio cuentan con un solo baño apto para las más de 500 personas. Tampoco tienen dónde cocinar y se organizan por grupos: «Yo me arriesgo, me meto a mi casa, cocino para mi cuadrilla y así vamos haciendo», contó Montilla.
Los residentes del km 4 denunciaron que, pese a ser una comunidad ampliamente conocida por las autoridades, «usada» en busca de votos y promesas de reubicación, hasta la fecha de publicación de este texto ningún organismo público se había presentado a ofrecerles una mano amiga. Indicaron que solo se llegaron funcionarios de Protección Civil y de los bomberos para evaluar la estructura y que les dijeron que no va a colapsar, pero que no deben habitar.
Fotografía: Luna Perdomo
Casas desplomadas y familias esperando
Las consecuencias del doblete sísmico también son visibles en otras urbanizaciones y barrios de El Junquito, donde las viviendas se desplomaron por completo o penden de un hilo para terminar de caer.
En la urbanización Monte Alto, ubicada en el kilómetro 14, una casa de tres niveles colapsó en el mismo instante del terremoto: la familia de cuatro miembros, dos adultos y dos niñas, de 12 y 8 años de edad, habían salido 20 minutos antes del sismo. La estructura cayó hacia el lado izquierdo y arrastró consigo la casa contigua, donde residían tres mujeres, entre ellas una adulta mayor de más de 90 años de edad que está en silla de ruedas, todas lograron salir durante el movimiento telúrico.
Fotografía: Luna Perdomo
Protección Civil, Gobierno de Caracas y los bomberos inspeccionaron el lugar al día siguiente del terremoto y recomendaron realizar una demolición controlada; desde entonces, según Lori Rodríguez, vecina de esta estructura, ningún organismo ha regresado.
«La sensación es de miedo y que siga moviéndose la tierra y esto termine de ceder y caiga hacia mi casa. Estoy consciente de que siguen sacando gente en La Guaira, pero pienso que hay personas que estamos afectadas y se puede evitar otra tragedia», expuso Rodríguez.
Afirmó que la vivienda sigue cayendo al pasar de los días y tras las continúas réplicas. Allí permanece una camioneta suspendida entre los escombros, mientras debajo existe otra vivienda habitada por dos adultos mayores.
Fotografía: Luna Perdomo
Precisó que uno de los afectados «tiene un buen cargo en el Seniat» y que «la otra muchacha trabaja con un diputado oficialista». Consideró «injusto que ni trabajando con el Estado les den respuestas. ¿Qué queda para el resto?», interrogó.
Una situación similar ocurre en la urbanización Iberoamericano, donde dos casas cayeron completamente. En ninguna hubo víctimas porque no estaban en sus hogares durante el temblor: en una de las casas se observan dos vehículos aplastados por el concreto que se compactó al caer.
Una vecina de esta vivienda contó que ingenieros contratados por las familias concluyeron que las edificaciones no pueden volver a ser habitadas; sin embargo, aseguró que ningún organismo oficial ha realizado evaluaciones técnicas ni ofrecido alternativas de alojamiento.
Sin cifras sobre los daños
En la urbanización Los Molinos, kilómetro 13, «hay varias viviendas afectadas», afirmó en conversación con este medio Carolina Ferreira, quien desconoce la cantidad exacta de casas con daños, pero destacó que en su calle «todas las casas se inclinaron, vistas de frente, hacia la derecha».
«Mi casa se hundió, posiblemente por una falla de terreno, encajó y partió. En mi calle hay por lo menos cuatro casas afectadas y en la parte de abajo de la urbanización hay casas y muros con otros daños», relató.
En este caso eran dos apartamentos, de dos familias diferentes, y Ferreira lamentó que hasta la fecha «no se ha apersonado ningún tipo de autoridad, ni nada que se le parezca. Ni Protección Civil ni los bomberos. Ni el consejo comunal ha pedido información y allí no se puede vivir», destacó.
Vivienda de Carolina Ferreira. Fotografías: Luna Perdomo
En Los Molinos «hay unas casas en el aire», describió Carolina Ferreira, quien quedó damnificada y está consciente de que su vivienda debe ser domolida.
«Tengo una sensación como de una montaña rusa. En 39 segundos nos cambió la vida, nos quedamos en la calle (con su hija) y en el aire. Perdimos los recuerdos y la esperanza. Siento que es misión imposible volver a tener un techo propio en este país por la inflación. Me siento desorientada y desemparada», confesó.
En el kilóemtro 11 también hubo daños en viviendas que fueron desalojadas por sus habitantes. Los afectados de estas zonas de El Junquito se trasladaron a casas de otros parientes.
Escuelas y empleos también esperan respuestas
La incertidumbre y falta de respuesta también alcanza a la infraestructura escolar. Los habitantes del pueblo de El Junquito exigieron al viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, quien visitó la zona el pasado 9 de julio, examinar el liceo Augusto Pi Suñer, el más grande de la parroquia y donde están inscritos 1.200 alumnos.
Fotografía: Luna Perdomo
Las autoridades prometieron que a la zona enviarían a un grupo de ingenieros «para hacer una revisión profunda» de la edificación de cuatro pisos y enfatizaron que «las actividades educativas se mantienen suspendidas». Uno de los representantes gubernamentales indicó que la información sería enviada al Ministro de Educación, Héctor Rodríguez.
En la zona turística el impacto económico no fue menor, luego del colapso de una panadería, varios restaurantes y otros comercios, «alrededor de 500 personas quedaron sin empleo», de acuerdo con estimaciones de comerciantes y vecinos.
Más de 15 días después del terremoto y la combinación de viviendas inhabitables, pérdida de empleos e infraestructuras sin evaluar, los afectados de esta zona sobreviven gracias al apoyo de familiares y donaciones de ONG y particulares.
Con base en el recorrido realizado por la ARIy los censos que llevan los locales, al menos 1.200 personas permanecen afectadas, directa o indirectamente, y pudiesen ser más, en distintos sectores de El Junquito sin haber sido atendidos por el Estado.
Aunque los habitantes de El Junquito reconocen que en La Guaira hubo mayores daños, insistieron en que no deben dejar que lo ocurrido en esta zona pase a ser una tragedia olvidada. La demanda es la misma desde el primer día: que las autoridades inspeccionen las edificaciones, determinen realmente cuáles pueden seguir siendo habitables y cuáles deben ser demolidas, y que ofrezcan respuestas a quienes, dos semanas después del desastre, siguen viviendo entre grietas, carpas y falsas promesas.
Fotografía: Luna Perdomo
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las puertas de los refugios habilitados tras el doble terremoto que afectó el país el pasado 24 de junio, y que golpeó gravemente a La Guaira, están fuertemente custodiados por diversos grupos policiales. Algunas de las escuelas acondicionadas para recibir a familias afectadas están rodeadas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Guardia Nacional (GN) y otros cuerpos como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y PoliSucre, que son quienes controlan los accesos, restringen el paso, en especial a la prensa, y limitan el contacto con quienes perdieron sus viviendas.
Durante un recorrido realizado por TalCual por varios refugios, llamados por las autoridades «campamentos transitorios», en distintas zonas de Caracas, solo fue posible ingresar a la Escuela Gran Colombia, ubicada en El Cementerio, uno de los principales centros de atención tras la emergencia. En el resto, la respuesta siempre fue la misma: no está permitido el ingreso de periodistas ni se pueden tomar fotografías.
En el campamento ubicado en El Coliseo de La Urbina, un funcionario de PoliSucre informó que en el lugar habían recibido a 110 personas afectadas y dijo que a ese espacio llevaban casos considerados de emergencia, pero no ofreció detalles de cuáles serían. Ante la solicitud de ingresar, respondió que la orden era impedir el acceso a cualquier medio: «Ni VTV pasa», afirmó.
Coliseo de La Urbina, uno de los refugios designados por la administración pública venezolana. Foto: Luna Perdomo (TalCual)
Custodio hermético
El Sebin también custodia las inmediaciones de la Escuela Mariano Picón Salas, en Petare. El día que TalCual visitó el lugar, a la institución ingresaban recreadores para niños, terapeutas, equipos de trabajo de altos funcionarios como ministros, de Delcy Rodríguez y del diputado Jorge Rodríguez: ese día habría una actividad gubernamental.
La escena se repetía en la Escuela Técnica Industrial Leonardo Infante, ubicada en Campo Rico: funcionarios del Sebin y de la Dgcim custodiaban las inmediaciones y tampoco permitieron el ingreso de la prensa, ni siquiera se pudo fotografiar carteles pegados en las paredes con personas desaparecidas puestos cerca del refugio. Tras la reja principal apenas se alcanzaba a ver un punto de atención médica.
La presencia de organismos de seguridad no se limita a los refugios o sus inmediaciones. El equipo periodístico de TalCual pudo constatar que por toda la ciudad han desplegado nuevos puntos de control del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, lo que se traduce en un despliegue policial más visible previo al doble terremoto, con funcionarios armados y, en algunos casos, encapuchados.
La Plaza Francia de Altamira es uno de los puntos con presencia de la Dgcim y el Sebin. En los primeros días después de los seísmos del 24 de junio de 2026, la plaza era un refugio improvisado por las víctimas. Fotografía: Luna Perdomo (TalCual)
«Aquí nadie está preso»
El único refugio al que TalCualpudo ingresar fue el instalado en la Escuela Gran Colombia, resguardado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional.
Este plantel que se activó inmediatamente tras el doblete sísmico como centro de acopio para recibir donaciones, alberga actualmente a 860 personas que quedaron sin vivienda en La Guaira, 83 de estas pertenecen a la etnia Wayúu que vivían en Los Corales. Su capacidad es para 1.200. Siete edificaciones conforman el complejo educativo y cuatro de estos están acondicionados con refugiados.
Este centro está bien abastecido y una de las coordinadoras llamada Yinet Madrid afirmó que desde allí envían insumos a otros centros.
Fotografía: Luna Perdomo (TalCual)
Madrid defendió las restricciones a los refugios y explica que a los damnificados no se le permiten las visitas para «evitar el desorden y proteger a los niños y adultos». Añade que tampoco se autorizan fotografías por el riesgo que supone que después circulen en redes sociales.
Madrid defendió las restricciones a los refugios y explica que a los damnificados no se le permiten las visitas para «evitar el desorden y proteger a los niños y adultos». Añade que tampoco se autorizan fotografías por el riesgo que supone que después circulen en redes sociales.
«Aquí nadie está preso, pero aquí hay normas», aseveró.
La coordinadora sostuvo que los refugiados pueden salir a trabajar y dijo que deben regresar al espacio en los horarios establecidos: «No se puede permitir que lleguen tarde porque estaban parrandeando», manifestó.
Dentro de esta institución, buscan que la rutina de los afectados se parezca a la normalidad: en la cancha, adultos y niños jugaban baloncesto, mientras otros conversaban sentados en el piso y otros leían. Algunos adultos cargaba bolsas con ropa o cajas de un lado a otro.
En la Gran Colombia, los salones están acondicionados con literas, ventiladores, sábanas y almohadas. Madrid explicó que tratan de mantener los grupos familiares unidos y que una de ellas, formada por 45 personas, fue ubicada en salones contiguos.
Una mujer alojada en la Escuela Mariano Picón Salas, damnificada de La Guaira, describió una dinámica similar. Dijo que les dan desayuno, almuerzo y cena y que a los infantes les organizan actividades recreativas, contó que les entregaron pelotas y otros juguetes.
Fotografía: Luna Perdomo (TalCual)
Esta afectada admitió que en su refugio el suministro de agua representa una dificultad y detalló que en un espacio común instalaron un gran televisor, especialmente para ver los partidos del Mundial de Fútbol. También contó que en el espacio «hay muchas cámaras (de seguridad)».
Convivir con el duelo
Mientras los damnificados se adaptan a sus nuevas condiciones de vida, voluntarios organizan los espacios, el Ministerio de la Cultura desarrolla actividades recreativas, el Ministerio de la Juventud distribuye alimentos preparados, se avanza en la instalación de un hospital de campaña colombiano en un lateral del colegio.
Yinet Madrid agradece, en nombre de los afectados, la solidaridad de los venezolanos y de extranjeros: «Mis hermanos de La Guaira nos necesitan. Todo lo que la gente ha donado lo ha hecho con amor. La receptividad del pueblo ha sido muy bonita», afirmó.
Sin embargo, cuando habla de los desaparecidos la voz se le quiebra y los ojos se inundan de lágrimas: «Es muy doloroso ver tanto dolor y no poder hacer nada. Tengo una compañera de trabajo que no aparece: Es como que se la tragó la tierra», dijo.
El llamado de Madrid a los venezolanos es dejar la política fuera de la catástrofe: «Pido sacar la política de esta tragedia. Estamos para ser hermanos. Nos debemos unir más. No podemos seguir peleando».
Fotografía: Luna Perdomo (TalCual)
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
