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Fundaredes denunció violaciones a los DDHH en operativos para combatir a supuestos grupos irregulares 

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De enero a febrero de 2023 se contabilizaron 149 despliegues de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

 

 

Violaciones graves de los derechos humanos a la población civil ha denunciado la ONG Fundaredes en su más reciente informe sobre los operativos militares efectuados para combatir a los supuestos grupos irregulares llamados Tancol.

La ONG informó que desde enero hasta febrero de 2023 se han contabilizado 149 operativos militares que han afectado los derechos a la vida, seguridad personal, propiedad privada, trabajo y libre tránsito de los habitantes de las zonas donde se han desplegado las fuerzas armadas.

El informe de Fundaredes resaltó que entre los 149 operativos militares registrados hasta febrero de 2023, diez fueron de gran magnitud y se realizaron en Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Barinas, Guárico, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Monagas. 

La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, sentenció que estos operativos no han logrado eliminar la presencia de grupos guerrilleros colombianos en territorio venezolano, sino que por el contrario, han permitido que estos aumenten su influencia y control sobre la población.

La activista indicó que se desconoce la información oficial sobre los operativos que se realizan bajo el nombre de Tancol y que la Fuerza Armada venezolana ha fracasado en su función de resguardar la integridad y soberanía nacional.

Fundaredes exigió al gobierno que respete los derechos humanos de la población y que cese la violencia en la frontera. Además alertó que estos operativos militares continúan en marcha en los estados fronterizos con Colombia, donde se ha retomado el uso del término Tancol para justificar las acciones contra los grupos irregulares. 

La ONG aprovechó para exigir la liberación de su director Javier Tarazona, quien el venidero fin de semana cumplirá 800 días privado de libertad.

Tarazona fue detenido el pasado 2 de julio de 2021 por funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, para denunciar que estaban siendo hostigados por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) e igualmente por sujetos sin identificar.

 

Javier Tarazona próximo a cumplir 800 días detenido 

Embajador de Venezuela en Colombia anuncia que abrirán cinco consulados

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Carlos Martínez indicó que se prevé abrir nuevamente los consulados de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Riohacha

 

Este martes, 5 de septiembre, el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez, anunció que la administración de Nicolás Maduro abrirá cinco consulados en el vecino país.

En entrevista para el medio colombiano Caracol Radio, Martínez aseguró que para finales del mes de septiembre los consulados venezolanos en territorio colombiano estarán operativos para “garantizar una atención más eficaz”.

“Calculo que, en 20 días, a final de mes debe estar la oficina consular de Bogotá, el consulado de Medellín, Barranquilla, Cartagena y el consulado de Riohacha y en los próximos meses, antes de final de año, estará seguramente abierto el de Bucaramanga”.

El embajador venezolano resaltó la importancia de reinstitucionalizar las relaciones bilaterales entre Bogotá y Caracas en el proceso que se evidencia tras retomar los lazos diplomáticos.

«Tenemos como meta que una vez tengamos el dispositivo de consulados seamos capaces de atender la demanda de los ciudadanos venezolanos que hoy hacen vida en Colombia y que requieren del acompañamiento consular», dijo.

Además, otra de las tareas que tiene el Gobierno venezolano es subir el intercambio comercial y retomar proyectos conjuntos porque «nosotros necesitamos de Colombia y Colombia necesita de Venezuela, también la realidad social y cultural», finalizó.

Fenasopadres advierte demora en el inicio del año escolar

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Los bajos salarios y la inflación hacen complicado que los padres puedan cubrir todo lo que necesita un niño para estudiar

 

Este martes, 5 de agosto, la presidenta y fundadora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Nancy Hernández, expresó su preocupación sobre la tardanza en el inicio del año escolar.

“Se espera un anuncio del presidente de la República para definir cuándo empiezan las clases. Eso es grave porque se está violentando la norma desde el alto poder ejecutivo y se está negando el derecho a la educación”, dijo en entrevista para el programa Punto y Seguimos, de Radio Fe y Alegría Noticias, sobre la pérdida de 15 días lectivos.

La representante de Fenasopadres también hizo hincapié en la falta de maestros capacitados en el sistema educativo venezolano. Criticó la asignación de personas sin formación adecuada y competencias para enseñar y liderar a otros. También cuestionó las actuales condiciones de trabajo y los bajos salarios.

“No hay docentes que puedan soportar las condiciones de trabajo en las que se encuentran”, advirtió.

Padres tienen que sacar de donde no tienen

La inflación en Venezuela es uno de los factores más perjudiciales para las familias, según Hernández. Los bajos salarios y la inflación hacen complicado que los padres puedan cubrir todo lo que necesita un niño para estudiar.

“Garantizar la entrada del inicio del año escolar de los hijos debe representar un costo promedio de entre 100 y 200 dólares, mientras que el salario mínimo se ubica en apenas 5 dólares y con unos bonos que no alcanzan no se puede mantener a la familia”, explicó.

Hernández hizo un llamado a las autoridades estatales y los representantes gubernamentales a comprender que la educación gratuita va más allá de la exención de la matrícula escolar. Se refirió a la necesidad de garantizar una educación de calidad con infraestructuras adecuadas, transporte, activación del seguro escolar y alimentación, entre otros aspectos. 

“Nada de eso está siendo cubierto por el Estado venezolano”, lamentó.

Asimismo, instó a los padres y representantes a exigir sus derechos constitucionales a una educación de calidad y gratuita.

“Estamos haciendo un llamado a los padres para que exijan lo que establece la Constitución. Le pedimos a los padres que exijan sus derechos a una educación de calidad y gratuita”, concluyó Hernández.

El Mañanero del #6Sep: las 8 noticias que debes conocer

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Hasta el 17 de octubre de este año tiene la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas para presentar un informe a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) con testimonios sobre venezolanos a fin de determinar si el fiscal Karim Khan continúa con las investigaciones sobre supuestos crímenes de lesa humanidad en territorio nacional o las detiene como lo solicitó el régimen de Nicolás Maduro.

Gobierno de Maduro ha dado «patadas de ahogado» para ralentizar la investigación de la CPI

Estudiante de la UCV es acusado de conspiración y asociación para delinquir

ONU está preocupada por las «múltiples violaciones y abusos» a los que se enfrentan los migrantes que atraviesan el Darién

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Víctimas de represión en Venezuela tienen hasta mediados de octubre para ser escuchados en la CPI

Alertan sobre llegada de fentanilo a Venezuela

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Abogados de los seis sindicalistas presos apelan condena de 16 años de prisión

“Hasta este momento, ninguno de los 13 candidatos se ha planteado retirarse”, Víctor Márquez, integrante de la Comisión Nacional de Primaria #5Sep

A 5 años del bolívar soberano

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Hace 5 años el régimen prometía que el nuevo salario mínimo de 1800 bolívares soberanos, equivalentes a $30, llegaría para quedarse

 

@froilanbarriosf

En Venezuela, el pasado 1° de septiembre, se cumplió un lustro desde aquel ajuste del salario mínimo que supuso un incremento cercano al 6000 %. La administración de Nicolás Maduro lo presentó como el ajuste salarial más elevado de nuestra historia, como parte de su “ingenioso” Programa de recuperación y prosperidad económica para enfrentar la hiperinflación. Las bondades de dicho plan, según el primogénito del mandatario, debieron haberle hecho merecedor de hasta un premio Nobel de economía.

En realidad, el aparato estatal de propaganda vendió un espejismo. Prometía que el nuevo salario mínimo de 1800 bolívares soberanos, equivalentes a $30, llegaría para quedarse al estar anclado al petro. La dudosa criptomoneda, relacionada con la canasta petrolera, sería el soporte de la remuneración ante los embates de la inflación.

El Ministerio del Trabajo desmanteló a los trabajadores

Según los mentores del llamado socialismo del siglo XXI, todo sería coser y cantar para los trabajadores, cuyos salarios venían, como el tango, cuesta abajo desde la última conversión de 2008, denominada bolívar fuerte. De esta manera, la demagogia gubernamental sembraría ilusiones en un mercado volátil, recargado de tormentas por la incapacidad gubernamental de estabilizar la economía.

El nuevo signo monetario vino aderezado con medidas coercitivas sobre la contratación colectiva en el sector público. Al ser “tan generoso” el nuevo salario, le concedió al gobierno nacional el abuso de poder de establecer el congelamiento indefinido de los convenios colectivos mediante la Resolución del Ministerio del Trabajo Nro. 2792, reservándolos en una gaveta de dicho organismo.

Efectivamente, el nuevo plan de remuneraciones en el sector público desató un tsunami sobre las escalas salariales, ejercido por una aplanadora de las remuneraciones a todos los niveles, desconociendo las clasificaciones de cargos convenidas en tabuladores y convenciones colectivas.

Nada cambió con cambio de nombre

El rotundo fracaso de la política económica de la administración Maduro no tardó en conocerse, con el registro inflacionario más devastador observado en el continente. Solo en 2018, la inflación cerró con un 130.000 %; en 2019, con un 10.000 %; en 2020, con un 3.000 %. En fin, fue tal el desastre que, a inicios de 2022, el bolívar soberano fue sustituido por un proverbial bolívar digital, hoy también en ruinas.

Este nuevo signo monetario inició con una relación de 130 bs. equivalentes a 30 $. Para septiembre de 2023, producto de la inflación desbocada, significaba un salario de 4 $. Este salario se ve amenazado en su integridad por el Instructivo Onapre, que ha disminuido y desmantelado sustancialmente las primas y beneficios de cada cargo.

Traemos a colación este fatídico aniversario para resaltar en la memoria nacional que luego de un lustro, en septiembre de 2023, el salario mínimo en Venezuela continúa siendo de los más bajos del planeta y apenas equivale a 4 dólares, incluso superado por economías de menor desarrollo que la nuestra, como la de Haití y la mayoría de los países de América Central.

En la actualidad, ya entramos en la autopista hacia fin de año 2023 y sabemos que el Estado venezolano tiene un compromiso con la OIT, acordado en el Foro Social realizado a lo largo de 2022 y a inicios de este año, en procura de fijar salarios mínimos mediante la consulta tripartita, reconocer los sindicatos y gremios, y convenir contratos colectivos.

Nada de lo anterior se ha concretado, reflejando la existencia de dos sectores laborales. En el sector donde medianamente existe la contratación colectiva, como es el privado, los salarios y los ingresos de los trabajadores son sustancialmente superiores. Por otro lado, existe la precariedad laboral absoluta en el sector público, donde ninguna rama de trabajadores conoce mejoras en su condición de vida.

Diez mil conflictos laborales en 5 años

No por casualidad, en estos cinco años se ha conocido la mayor conflictividad laboral registrada, debido a la protesta permanente de los sindicatos públicos de ministerios, empresas estatales, institutos autónomos, alcaldías y gobernaciones. En ese lapso, más de 10.000 conflictos laborales se han desplegado en todo el territorio nacional.

Asimismo, el sector empresarial ha informado desde Fedecámaras que en la reunión del Consejo de Administración de la OIT, a realizarse en Ginebra el próximo mes de noviembre, el tema de Venezuela será abordado en la agenda como tema clave a analizarse.

En resumidas cuentas, a cinco años del paquete del bolívar soberano y a año y medio del bolívar digital, ambos han sucumbido a políticas económicas fracasadas, sumiendo en la miseria a todos los sectores laborales del país, a los trabajadores activos, a los jubilados y pensionados, marcando un futuro de incertidumbre para todo un país.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Gobierno de Maduro ha dado “patadas de ahogado” para ralentizar la investigación de la CPI

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En opinión de Simón Gómez, la apelación no tiene efectos suspensivos y recordó que Venezuela hace uso de un derecho que tiene al presentar dicha apelación

El pasado 14 de agosto la administración de Nicolás Maduro presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) su apelación en torno a la investigación del caso “Venezuela I”.

Los fundamentos de esta apelación, cuyo documento no se ha hecho público aún, se emitieron contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI de retomar las investigaciones sobre el caso. 

“Desde el año 2018 Venezuela ha denunciado y demostrado que el proceso iniciado ante la Corte Penal Internacional tiene una clara motivación política”, señaló un comunicado del chavismo.

 

Según la administración de Maduro, el caso en cuestión es impulsado por “potencias extranjeras” que se empeñan en la “estrategia de cambio de régimen” contra Venezuela.

Además, advirtió que durante el “examen preliminar” del proceso se “impidió a Venezuela ejercer su derecho a la defensa”.

Argumentos que presenta Venezuela

Durante un Twitter Spaces realizado por Defiende Venezuela, el abogado Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, señaló que aunque el documento con la apelación no es público todavía, se prevé que el gobierno presente los mismos argumentos que en la apelación anterior.

https://twitter.com/DefiendeVE/status/1699163040145453500

“El gobierno señala que la Fiscalía no ha probado la comisión de crímenes de lesa humanidad. Para el gobierno, en Venezuela no han ocurridos crímenes de lesa humanidad”, expresó Daniels.

 

Asimismo, Daniels recordó que un argumento que el gobierno ha utilizado es que “no se ha probado la gravedad de los delitos”, pero la Sala señaló que eso “no correspondía a esta etapa del proceso y quedaba a juicio de la Fiscalía”.

También, señaló que el gobierno alegó “indefensión”, lo que consideró “bastante cínico” por como se llevan los procesos en Venezuela.

“Los argumentos del gobierno no tienen la contundencia porque no hay cómo defender el caso de Venezuela. Demuestra que el gobierno está intentando ganar tiempo y ralentizar los procesos ante la Corte”, agregó Daniels.

Por su parte, Simón Gómez, profesor de Derecho Internacional Público, dijo que ha trascendido que la administración de Maduro “estaría impugnando la decisión de la Sala de Cuestiones sobre la base de seis alegatos que constituyen infracciones en la interpretación de normas del Estatuto”.

 

A juicio de Gómez, estas acciones del gobierno de Maduro se podría resumir bajo la expresión de “patadas de ahogado” y considera que el Estado buscaría “procurar la dilación del proceso”.

Sin embargo, el especialista considera que este es un “argumento rebuscado que va a ser desechado por la Sala, que está haciendo una confirmación de un criterio que ya había sostenido previamente en Afganistán y e Filipinas”.

En opinión de Simón Gómez, la apelación del gobierno de Maduro no tiene efectos suspensivos sobre la investigación de la CPI y recordó que Venezuela hace uso de un derecho que tiene al presentar dicha apelación.

Consulta de las víctimas

Sobre otra consulta a las víctimas, Alí Daniels explicó que podrían participar aquellas que ya la hicieron y enviarían un documento opinando sobre la decisión de la Corte.

“No es sobre los argumentos del gobierno o de la Fiscalía, es sobre la decisión de la Sala”, explicó Daniels.

Pero también, en este proceso también podrían participar “aquellas personas que no se enteraron o que tuvieron un  legítimo temor”.

“Haremos un resumen muy sencillo donde diremos qué dijo la sentencia, para que las víctimas puedan ver ese resumen y expresar si opinión”, acotó Daniels.

#MonitordeVíctimasCaracas | Detenida mujer que mató a su pareja en El Guarataro

Antony Luis Córdova trabajaba en una empresa de papel en Caracas / Cortesía

La hermana de Antony Luis Córdova Santamaría, de 28 años, comentó que ellos solían tener discusiones. Desde 2017, Monitor de Víctimas ha documentado 4 casos de violencia de género, en los cuales el fallecido ha sido un hombre

@franzambranor

La mañana del sábado 2 de septiembre de 2023, los familiares de Antony Luis Córdova Santamaría, de 28 años, asistieron a la morgue de Bello Monte para retirar su cadáver.

Catherine Córdova, hermana de Antony, aseguró que él fue asesinado por su esposa Yuraima Piña, quien le propinó una herida mortal en el pecho con una tijera.

El suceso tuvo lugar el viernes 1º de septiembre, a las 7:20 de la mañana, en la casa de la pareja, ubicada en el sector Valle de Los Cotorros, en El Guarataro, parroquia San Juan, en Caracas.

Córdova informó que la victimaria de su hermano está detenida. “Ellos habían tenido sus peleas, pero nunca algo como esto. No tenemos idea de qué pudo haber causado esta tragedia”, dijo.

La pareja no tenía hijos entre sí, pero Córdova estaba criando a una hija de Piña, de tres años de edad. “Gracias a Dios no estaba con ellos en ese momento”, expresó Catherine.

Antony Córdova se desempeñaba como ayudante de chofer de una empresa de papel y era el menor de seis hermanos.

Desde 2017, Monitor de Víctimas ha registrado 4 casos de violencia de género, en los cuales los fallecidos han sido hombres.

OVF: Tasa de inflación en agosto fue de 13,6 %, la más alta de lo que va de año

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Según el OVF, este comportamiento de la inflación en agosto ocurrió en un contexto en el cual la tasa de cambio del bolívar respecto al dólar aumentó 8,3 % en el mercado paralelo

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó que la tasa de inflación de agosto de 2023 fue de 13,6 %, lo que representa el mayor aumento de precios en lo que va de año.

De acuerdo con el reporte mensual del OVF, con estas cifras las tasas de inflación anualizadas y acumuladas se situaron en 422 %y 144,6 % respectivamente.

Entre los rubros que registraron los mayores aumentos destacan los servicios de comunicaciones con 26,7 %, en particular el servicio de internet y la telefonía móvil.

Otros grupos que reflejaron incrementos de precios durante el mes de agosto fue el de alimentos al situarse en 8 %, el doble del registrado el mes de julio, transporte 9,9 %, educación 9,4 % y alquiler de vivienda 10 %.

De acuerdo con el OVF, este comportamiento de la inflación en agosto ocurrió en un contexto en el cual la tasa de cambio del bolívar respecto al dólar aumentó 8,3 % en el mercado paralelo, mientras que la tasa de cambio del dólar oficial subió 10,5 %. 

Según la organización, lo anterior significa que los precios “sobrereaccionaron a la depreciación del bolívar, con lo cual se podría estar observando una trayectoria inflacionaria difícil de detener al estar la economía sin un ancla o referente para la formación de los precios”.

 

En medio de esta espiral inflacionaria, añade el OVF, “las remuneraciones del sector público se mantienen congeladas desde marzo de 2023, con lo cual el poder adquisitivo de los trabajadores activos y pensionados ha experimentado un notable deterioro”.

Docentes necesitan casi 20 salarios para poder cubrir la canasta alimentaria

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) reportó que durante julio de 2023, un docente venezolano necesitó, en promedio, 19.24 salarios para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria.

De acuerdo con el reporte de Cendas-FVM, publicado el miércoles 30 de agosto, el costo de la canasta alimentaria en el mes de julio fue de 502,27 dólares.

Según Cendas-FVM, el salario promedio del docente es de 26,09 dólares al mes, monto que representa «apenas el 5,2 %» del costo de la canasta alimentaria familiar, lo que, a su vez, supone un «déficit del 94,8 %».