Inicio Blog Página 1204

Desinformación electoral provoca dudas en los ciudadanos

0
Mariángel Durán, de Cotejo.info, coincidió con Estefanía Da Silva de ProBox, en que el objetivo que tienen los contenidos falsos y actores desinformativos es mantener a la población desinformada, “pues los mantiene aislados y alejados de la realidad del país”

 

La desinformación electoral en Venezuela está aumentando y también provoca dudas en los ciudadanos, lo que se traduce en que el “venezolano no sabe en qué creer”.

Un análisis realizado por periodistas verificadores de información de EsPaja, Cotejo.info y ProBox, medios de comunicación independientes que se encargan de detectar desinformación, arrojó que todos los contenidos que han detectado buscan quitarle el foco de atención a los comicios organizados por la Comisión Nacional de Primarias (CNdP), además de desprestigiarlo y amplificar la propaganda oficialista.

En el evento virtual titulado “Elecciones Primarias en el centro de la desinformación”, organizado por Medianálisis, Estefanía Da Silva de ProBox, señaló que el impacto que genera la desinformación electoral es que los venezolanos no saben qué hacer o por quién votar.

Mariángel Durán, de Cotejo.info, coincidió con Da Silva en que el objetivo que tienen los contenidos falsos y actores desinformativos es mantener a la población desinformada, “pues los mantiene aislados y alejados de la realidad del país”.

Las expertas explicaron que con la desinformación “opacan y desvían el foco de atención de las personas del país”.

Agregaron que un ejemplo reciente de esto fue la incursión en la cárcel de Tocorón, que ocurrió justo el día en que la Misión Independiente de la ONU sobre Derechos Humanos presentaba su cuarto informe sobre Venezuela. 

“Ese día de la intervención del penal, desviaron la atención sobre el informe de la Misión de la ONU y toda Venezuela hablaba de Tocorón y el informe pasó por debajo de la mesa. Lo mismo está pasando con las primarias” enfatizaron.

Contenidos y actores desinformativos 

Desde Cotejo.info han verificado 39 contenidos desinformativos con la misma tendencia y ProBox contabilizó 29 conversaciones impuestas por el oficialismo en X (antes Twitter) que son vinculadas al 22 de octubre.

Por su parte, Víctor Amaya de EsPaja, puntualizó que existeN dos actores que crean, difunden y hacen circular gran parte del contenido desinformativo electoral y estos son: Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y el programa televisivo Con El Mazo Dando.

Además de estas particularidades, los comunicadores dijeron que existen otras características desinformativas electorales, como los ataques desinformativos contra las candidatas María Corina Machado y Delsa Solórzano; las inhabilitaciones de aspirantes como Capriles, Machado y Freddy Superlano; o la presencia de contenidos falseados, errados y tergiversados usando la imagen de Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar.

*Con información de Medianálisis

Operativos para acabar con la violencia en el país no han sido efectivos de acuerdo con Fundaredes 

0
Organismos de seguridad siguen sin atacar el problema de fondo 
Bandas como el “Tren de Aragua” continúan funcionando pese a despliegues como la Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro

 

Pese a los operativos de desarticulación de bandas criminales implementados por el Estado venezolano en diferentes regiones del país, los índices de violencia y criminalidad continúan en ascenso, denunció la ONG Fundaredes.

“Lejos de erradicar las bandas criminales, estas siguen operando incluso con más agresividad”, dijo Andriangela Álvarez, investigadora de la ONG.

De acuerdo con Álvarez, la violencia en Venezuela sigue siendo un problema que no ha sido atacado a profundidad por los organismos de seguridad. 

“El proceso de registro y documentación desarrollado por la organización en lo que va de 2023 ha evidenciado una gran cantidad de secuestros, homicidios, atentados con explosivos, desapariciones, presuntos enfrentamientos armados, entre otros crímenes en territorios fronterizos y otras entidades”.

Álvarez aseveró que preocupa específicamente la situación en el estado Zulia.

“Durante mucho tiempo se ha constituido como el más violento del occidente venezolano, debido a la actuación de más de 18 bandas criminales, siendo las extorsiones acompañadas de ataques con explosivos su principal actividad delictiva”, agregó la integrante de Fundaredes.

Álvarez indicó que el estado Guárico presenta patrones similares a la entidad zuliana, como consecuencia de la proliferación de bandas con alto poder de fuego como “El Tren del Llano”, organización que tiene en su haber homicidios, desapariciones, y secuestros especialmente a productores agropecuarios y comerciantes de la zona.

Manifestó que las organizaciones criminales seguirán existiendo en el país mientras no se atienda el problema de fondo.

“A pesar de los operativos militares y policiales que se han llevado cabo en el país para desarticular las diversas organizaciones criminales, como por ejemplo la Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro desarrollada en la cárcel de Tocorón, la violencia se ha acrecentado en territorio venezolano y la megabanda El Tren de Aragua continúa operando no solo en el país sino en otras regiones de Latinoamérica”.

 

Con información de El Impulso 

 

LEA:  Fundaredes alerta de violencia contra venezolanas habitantes de zonas fronterizas 

Salud mental, otro derecho humano que se vulnera a diario en Venezuela

0
Caleidoscopio Humano denunció que en Venezuela no existen políticas públicas para atender la salud mental de la población
Los venezolanos con problemas de salud mental no tienen acceso a servicios médicos gratuitos de calidad. Y acudir a la salud privada se ha convertido en un lujo:  “Acceder a consultas psiquiátricas y medicamentos resulta imposible, cuando en los hogares priorizan la alimentación”, lamentan
Una docente universitaria comparte su testimonio de cómo es vivir con trastorno bipolar en Venezuela: “Cuando puedo comprarlas, me tomo las pastillas un día sí y dos días no. Mi psiquiatra dice que así no es efectiva, pero no puedo hacer más”

 

La organización Caleidoscopio Humano recordó este 10 de octubre que la salud mental en Venezuela “sigue un siendo un tabú” y otro de los derechos humanos universales que se vulnera a diario en el país. 

En una serie de mensajes compartidos a través de la red social X,  a propósito de la celebración este 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, recordaron que en Venezuela no existen políticas públicas suficientes para atender a la población que lo necesita. 

“La asignación presupuestaria del Ministerio de Salud, en la última versión que se conoce, fue de menos de 0.01 % del total”, precisaron.

Además, los venezolanos con problemas de salud mental no tienen acceso a servicios médicos gratuitos de calidad. Y acudir a la salud privada se ha convertido en un lujo que pocos pueden pagar. 

“La infraestructura nacional está muy deteriorada y las capacidades están cada vez más restringidas. Acceder a consultas psiquiátricas y medicamentos resulta imposible, cuando en los hogares priorizan la alimentación”, recalcaron. 

La Organización Panamericana de la Salud insiste en que todo el mundo debería tener derecho a vivir una vida con “dignidad, equidad, igualdad y respeto, y esto incluye a las personas con problemas de salud mental”. Pero advierte que en la Región de las Américas continúan persistiendo el “estigma, la discriminación y las violaciones de derechos humanos”.

“En muchos países de la Región, a menudo las personas con problemas de salud mental no tienen acceso a servicios de calidad, son sometidas a prácticas coercitivas, tratos inhumanos y, en algunos casos, abusos, incluso en entornos de atención de salud, donde deberían ser protegidas”, denuncian. 

Comer o medicarse

La encuesta Psicodata, que elaboró la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y cuyos resultados fueron presentados en marzo de 2023, abordó elementos relacionados con la vulnerabilidad psicosocial del venezolano.

 9 de cada 10 entrevistados dijo que siente preocupación por la situación del país. 4 de cada 10 reconoce que su ánimo cae con frecuencia por el contexto país. 42% también comentó que siente que lo que pasa en su vida está muy determinado por la gente que tiene poder y a 73% le entristece pensar en el futuro de Venezuela. 

Asimismo, el Observatorio de Universidades (OBU) resalta que el bienestar psicológico de los venezolanos se ha venido agravando por la crisis humanitaria.  Recordaron que en su encuesta Enobu2021, 46% de los docente expresaron estar frustrados por la “multidimensionalidad de las privaciones en las que viven”.

Agregaron que, en 2022, la #EnobuSalud arrojó como resultado que 6 de cada 10 universitarios de ciencias de la salud tiene dos o más síntomas de depresión. Además, el 12% de los estudiantes de pregrado reportó haber tenido ideación suicida.

*Maritza Gómez es profesora universitaria en Caracas y fue diagnosticada con trastorno bipolar hace 15 años.  Mensualmente, necesitaría invertir al menos $40 (a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela para esta fecha) en medicamentos estabilizadores del ánimo,  para el insomnio y la ansiedad. 

Ni su sueldo como profesora universitaria asociada (poco más de Bs. 462 al mes, o $13) ni el bono de guerra económica que asigna mensualmente el gobierno (equivalente a $30) le permiten costear el tratamiento completo. Unas sobrinas que viven fuera del país la ayudan económicamente con su manutención, pero afirma que la mayor parte de la remesa que le envían la usa para pagar comida y pagar servicios.

Cuando puede, como según ella misma afirma, se compra las pastillas, y recurre a otras técnicas para que le duren más. 

“Me las tomo un día sí, y dos días no. Mi psiquiatra insiste en el que tratamiento así no es efectivo. Pero no puedo hacer más. O como, o me compro más pastillas. Por lo menos, ella acepta cobrarme solo una consulta al mes y el resto del seguimiento de mi caso lo hace por WhatsApp”, revela.

Maritza admite que esta inestabilidad en el tratamiento la mantiene también inestable a ella, con marcados cambios de humor y predominio de una sensación de tristeza y angustia permanente.

“Es mucha la diferencia en comparación a la época en la que podía cubrir mi tratamiento completo”, añade.

Debido al bajo poder adquisitivo del venezolanos, los tratamientos para atender problemas de salud mental en Venezuela son inasequibles. 

Recientemente, el monitoreo de medicamentos psiquiátricos que realiza la Fundación Rehabilitarte en el estado Zulia estimó que el tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo cuesta casi tres sueldos mínimos. 

El seguimiento de los precios de los psicofármacos, para el mes de mayo de 2023, indicó que el tratamiento mensual para una persona con trastorno obsesivo compulsivo cuesta $13.35 o Bs. 350,57.

La ONG destacaba que el sueldo mínimo se ubica en 5.4 dólares al cambio oficial, lo que constituye una vulneración hacia el acceso a la salud mental. 

El trastorno obsesivo compulsivo es un diagnóstico caracterizado por un patrón de pensamientos y miedos no deseados (obsesiones) y comportamientos repetitivos (compulsiones), que afectan las actividades diarias y causan un malestar significativo. 

La Fundación Rehabilitarte aclaró que cada caso es individual y no necesitará el mismo tratamiento, por lo que el costo para otras enfermedades o trastornos podría elevarse, si se agregan otras opciones terapéuticas según las necesidades de cada paciente.

Esta organización activó una línea gratuita de primeros auxilios psicológicos en Venezuela este 9 de octubre, que  funciona de lunes a sábado entre 8:00 am y 5:00 pm. Quienes necesitan atención pueden llamar al número telefónico +58 424-6115506.

 

*Se cambió el nombre real a petición de la entrevistada

ONG expone vulneración de justicia en Venezuela ante Consejo de DDHH de la ONU

0
Laura Louza de Acceso a la Justicia dijo ante el organismo internacional que la justicia está secuestrada por el poder político 

 

La directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, sostuvo que en Venezuela jueces, fiscales y defensores públicos no cumplen con su rol y son parte de la represión estatal, justificando las arbitrariedades del poder político.

Tal aseveración la hizo en la quinta revisión de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con asiento en Ginebra, Suiza.

Louza manifestó que en Venezuela la justicia ha sido completamente secuestrada por el poder político.

“Esta no cumple su rol y respalda las acciones arbitrarias del partido de Gobierno, quien está en el poder sin alternancia desde hace más de 20 años”. 

La abogada y activista indicó que en Venezuela no hay separación de poderes ni Estado de derecho, lo que ha convertido los abusos contra los derechos humanos en generalizados y sistemáticos. 

“Ello ha sumido al país en una emergencia humanitaria compleja, por lo menos desde 2015”. 

Louza indicó que en el chavismo los jueces y fiscales no se nombran conforme a estándares nacionales e internacionales.

“Su estabilidad es nula y no tienen a quién acudir frente a presiones. La Defensoría del Pueblo calla o respalda al Gobierno en lugar de abordar las violaciones masivas a los derechos humanos”.

La abogada aseveró que la situación ha sido documentada tanto por el Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, como por la Fact-finding Mission (FFM), la cual califica al sistema de justicia venezolano como cómplice de presuntos crímenes de lesa humanidad. 

Louza también denunció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) creó en 2014 tribunales de terrorismo sin base legal para juzgar a políticoso positores. 

La abogada colocó como ejemplo el caso de Javier Tarazona, presidente de la ONG FundaRedes, detenido arbitrariamente desde julio de 2021 y sometido a tortura y malos tratos.

Igualmente el de los seis sindicalistas condenados en agosto de 2023 a 16 años de prisión por protestar contra políticas salariales gubernamentales y el de John Álvarez, estudiante universitario detenido arbitrariamente en agosto y torturado, quien perdió un ojo en el proceso y fue llevado ante un médico casi un mes después de su detención.

Louza agregó que pese a ser una prohibición legal expresa, el TSJ permite juicios de civiles en tribunales militares y trata la tortura como un asunto administrativo y no penal para evitar enjuiciar a los responsables. 

“Juezas y jueces tampoco responden adecuadamente a denuncias de tortura o habeas corpus”, dijo.

La directora de Acceso a la Justicia indicó que el Gobierno madurista atribuye su incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos a sanciones internacionales.

“Aunque la falta de independencia del sistema de justicia y de la Defensoría del Pueblo no se relacionan con aquellas; se trata simplemente de cómo se ejerce el poder en Venezuela: sin voluntad política de querer cambiar esta realidad de indefensión generalizada y abuso sistemático del poder”.

 

LEA  TAMBIÉN: ONG solicitan hacer público memorando de entendimiento entre Gobierno y CPI

¿A qué le tengo miedo cuando migro?

0
La dirigente de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimumi), Fabiola Díaz, asegura que a las mujeres migrantes les cuesta trabajo ahorrar dinero para encontrar y comprar sus anticonceptivos o pastillas de emergencia
Elena es una mujer hondureña que viaja con su hija para huir de la violencia en su hogar y se acompañan con una amiga que tiene dos hijos más 

Gabriela Martínez Córdova | Foto: Gabriela Martínez y Alicia Hernández 

 

“Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas”

 

Tapachula, Chiapas. Mujeres migrantes escapan de la violencia que viven en sus países de origen, principalmente en el triángulo norte de Centoamérica, pero también enfrentan riesgos en su paso por México con el fin de llegar a Estados Unidos. Violaciones, trata, explotación sexual y embarazos no deseados son parte de las amenazas que enfrentan, de acuerdo con los testimonios que compartieron para esta investigación.

Varias mujeres fueron entrevistadas en el albergue Jesús El Buen Pastor, ubicado en Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, donde se concentra la mayoría de los migrantes que provienen de la ruta de Centroamérica, al ser un paso obligado rumbo al norte del continente. Se trata de un sitio con espacio para al menos mil migrantes, pero que trabaja por encima de su capacidad.

Una mujer se sienta en el piso del albergue El Buen Pastor, con capacidad para unas mil personas, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Enclavado en la periferia de la ciudad, es uno de los pocos refugios, pero el más grande que hay en la región. Tiene una construcción de un solo piso, con varios salones en los que se divide el espacio entre hombres, mujeres, mujeres con sus niños y embarazadas, incluso hay un cuarto para aquellos que se recuperan de alguna convalecencia. 

El espacio se invade con el humo de las ollas que hierven todo el día sobre un asador al aire libre en una cocina que se comparten por horarios. Los niños andan entre los pasillos alargados, corren de un sitio a otro y los gritos atraviesan las paredes de concreto. Un gallo que se cree perro también vigila el sitio, donde mujeres narran los motivos que las obligaron a migrar.

No quiero que me violen

Joanna es una joven hondureña que llegó a Tapachula, Chiapas, hace apenas unas semanas, en el verano de 2023, una de las temporadas más calurosas del año. 

Una de sus prioridades era comprar “la pastilla anti-violación”, como es conocido entre las centroamericanas el medicamento que guardan durante su trayecto rumbo al norte de México. Se trata de una pastilla que usan como anticonceptivo de emergencia para evitar un embarazo en caso de sufrir algún abuso sexual

Tras cruzar el río Suchiate, una familia se recuesta sobre piezas de cartón en un parque público, en medio de una tormenta en Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Según la marca, una o dos pastillas que deben ingerirse en no más de 72 horas después de la relación sexual son suficientes. Su costo regular en cualquier parte de México no rebasa los 200 pesos (unos 10 dólares).

— Uno escucha historias, unas chicas me han contado que las abusaron, que les hicieron la maldad en el camino y yo no quiero.

Joanna no sabe dónde comprar el medicamento y tampoco tiene dinero, además le han dicho que debe tener cuidado al salir porque la ciudad ya no es un espacio seguro para mujeres y menos si son migrantes. 

No me quiero embarazar 

Gelsy, de 19 años, también viaja sola desde Honduras porque el dinero no le alcanzó para pagar los gastos de otros miembros de su familia. Ella parió a una niña que actualmente tiene 4 años y que dejó en su país. Después de ese embarazo quiso operarse para ya no tener más hijos, pero en el hospital se negaron a hacerlo porque era menor de 21 años. 

Antes de reiniciar su camino a Estados Unidos, quiere comprar una pastilla de emergencia o anticonceptivos, para evitar un embarazo no deseado o interrumpirlo, en caso de que sufra un abuso sexual.

En México no hay un registro de cuántas mujeres migrantes se encuentran gestando. 

Aunque hizo amigas dentro del refugio, siempre se mantiene alerta ante la presencia de los hombres, intenta no salir ni siquiera del cuarto donde duerme y cuando lo hace, es porque necesita comprar comida. Planea ir a una farmacia con otras migrantes para comprar sus pastillas de emergencia o una inyección anticonceptiva, lo harían juntas porque les han advertido que Tapachula ya no es un lugar seguro para las mujeres.  

El embarazo no deseado no es su único temor, sabe que hay una probabilidad muy alta de ser agredida sexualmente, pero está dispuesta a enfrentar el riesgo para migrar.

La responsable de Médicos sin Fronteras -Base en Tapachula- Karolix Zambrano Koop, reportó que durante el primer semestre de 2023 al menos 70 mujeres atendidas por los voluntarios de esa sede fueron víctimas de abuso sexual, de ellas, seis agresiones ocurrieron en las últimas 72 horas desde que recibieron la atención.

Zambrano lamenta que sean las mujeres migrantes quienes asumen la responsabilidad de su seguridad durante su paso por México, donde corren el riesgo de ser víctimas de abuso o explotación sexual o, incluso, asesinadas. 

“Que una mujer asuma que será violada y aun así prefiera migrar dice mucho de cuáles son las condiciones que están dejando atrás”, advierte Zambrano, desde su oficina en el centro de Tapachula, a unas calles en donde cientos de migrantes se concentran en un parque público. “Las mujeres tampoco han tenido acceso a servicios de salud sexual ni información”.

Zambrano comanda la oficina central de la organización internacional en el sur de México, desde donde define cuáles serán los lugares donde trabajarán los voluntarios. También supervisa los campamentos médicos y las instalaciones en los puntos de mayor necesidad, como estaciones del tren y los campamentos improvisados por los migrantes. 

Para esta investigación se solicitó entrevista con autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres, pero no se obtuvo respuesta de forma inmediata. 

Las mujeres migrantes se vuelven responsables de su propia seguridad mientras se encuentran en tránsito por México. Foto: Alicia Fernández.

Las mujeres migrantes se vuelven responsables de su propia seguridad mientras se encuentran en tránsito por México. 

La dirigente de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimumi), Fabiola Díaz, asegura que a las mujeres migrantes les cuesta trabajo ahorrar dinero para encontrar y comprar sus anticonceptivos o pastillas de emergencia, pero que suelen ayudarse entre ellas y se comparten información para cuidarse entre todas.

Algunas de ellas, refiere, no saben que tienen derecho a un aborto seguro en los servicios de salud del estado y llegan a acudir con curanderos para interrumpir un embarazo.

“Los abortos los han hecho clandestinos, con pastillas o yerbitas y optan ir con curanderos locales”, advierte.  

Me querían prostituir

Elena es una mujer hondureña que viaja con su hija para huir de la violencia en su hogar y se acompañan con una amiga que tiene dos hijos más.

Pero la violencia terminó por alcanzarlas. Cuando llegaron a Guatemala, el pollero le cobró para ayudarlas a cruzar la frontera y luego las abandonó en el camino. Luego, un grupo armado les robó lo que tenían y las dejó sin nada. Caminaron hasta un lugar donde las alcanzó la noche, pidieron ayuda en un hotel donde le dijeron que no había albergues, pero que, si querían hacer uso de un cuarto, se podían prostituir.

—Nos dijeron que esa es la única forma que pueden llegar hacia allá, prostituyéndose… porque se necesita dinero—, dice Elena mientras un par de lágrimas caen al recordar las agresiones y el miedo al que estuvo expuesta.

 —Yo no acepté —insiste—. No lo hice. ¿Cómo lo haría?, pero otras sí.

Yo no quiero que me maten

Alicia dejó Honduras y escapó a Tapachula porque la rabia de su esposo la persigue. Dice que la intentó matar, sobrevivió y teme que dé con ella. 

Ella también vive en el albergue El Buen Pastor y trabaja en la cocina donde le pagan 600 pesos a la quincena (unos 30 dólares). Con ese dinero compra comida para ella y sus dos hijos, una pequeña de no más de cinco años y un bebé que anda entre los pasillos del refugio en pañal y con unas sandalias crocs que se le escapan de los pies.

La joven migrante habla mientras cubre su rostro con su cabello alborotado, justo donde se asoma una cicatriz de la última golpiza que le dio el padre de sus hijos, un trailero que le rompió el pómulo y la quiso matar.

 —Mejor me escondo para que no me alcance.

Alicia todavía recuerda cuando su agresor la tiró al piso y, con el rostro hecho pedazos y casi desfigurado, ella agarró algunas cosas, tomó a sus hijos de la mano y no miró atrás, pensó solamente en irse de ahí y llegar a Estados Unidos. 

Una joven de Honduras es sobreviviente de violencia doméstica y busca lograr una vida mejor en Estados Unidos. Foto: Alicia Fernández.

No habla de su identidad, prefiere cambiar su nombre. Cuando puede, se comunica con su familia, pero no lo hace todo el tiempo, tiene miedo de continuar su camino en medio de las historias de violencia que ha escuchado dentro del albergue, pero tiene más miedo de quedarse donde, dice, la muerte la espera segura.

Obligadas a parir 

En diciembre de 2022, Devora fue abusada sexualmente en su país. Compró una pastilla abortiva en El Salvador, pero un mes después de la agresión se enteró que estaba embarazada. Aunque pensó en la posibilidad de interrumpir su embarazo con otro método, la idea se esfumó porque abortar es un delito que se castiga con prisión en su país y porque ella y su familia son cristianos. Pensar en el rechazo de su madre y su hermano la frenó. 

Sin más opción que parir, mejor se fue. 

A sus 30 años, sola, dejó El Salvador en junio de 2023 con la intención de cruzar México para llegar a Estados Unidos. Ella había escuchado de otras personas que en territorio mexicano había secuestros, desaparecían gente y que las mujeres sufrían abuso sexual, pero pensó que ella ya no tenía nada que perder.

—Tenía miedo a la delincuencia… que me desaparecieran, un asesinato… porque ya como que a un abuso o algo así… no. Sí sabía que tal vez podría pasar, pero es un riesgo que una toma… no sentía miedo como una mujer que pueda perder algo. 

Aunque Devora llegó al albergue El Buen Pastor en Tapachula, logró avanzar y llegar hasta Reynosa, Tamaulipas, en el norte del país. El 5 de agosto de 2023 cruzó a Estados Unidos donde alcanzó a su madre y su hermano, quienes la acompañaron en su parto. 

EQUIPO

Project Manager
Patricia Mercado Sánchez

Edición:
Nadia Sanders

Investigación:

Gabriela Martínez

Fotos y Videos:
Alicia Fernández

Diseño Digital:
Jhasua Razo

Administración:
Sofía Montellano

Si quieres leer el reportaje completo dale click aquí: Mujeres migrantes, cuerpos sin derechos

Claves | La esclavitud moderna infantil es la norma en el Arco Minero del Orinoco

0
De acuerdo con la con el CDH UCAB, más de 1.300 niños se encuentran fuera del sistema educativo debido a su migración hacia las zonas mineras del estado Bolívar
Alrededor de 40 pacientes pediátricos se diagnosticaron con desnutrición diariamente en los centros de salud del estado Bolívar
Advierten que las niñas y adolescentes, sobre todo en la edad entre los 7 y 10 años, son víctimas de redes de trata, explotación sexual y matrimonios forzados. La cifra de víctimas de explotación sexual aumentó al 35% de la niñez esclavizada
CDH UCAB: «Se ha constatado que 95% de los casos de pacientes pediátricos tratados en instalaciones de salud públicas, es decir 1.330 NNA por mes, tomando como base un solo hospital, presentan trastornos parasitarios»

Foto: Freedom House (y Transparencia Venezuela)

La esclavitud moderna infantil incrementó en los últimos dos años en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, según datos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB). El trabajo forzado, deserción escolar, desnutrición, trata de personas y embarazos adolescentes y no planificados son las dinámicas sociales a las que están expuestas los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el sur y oriente del país.

«Se documentó la deserción escolar de más de 2,500 NNA en los últimos dos años, ya que la emergencia humanitaria priorizó las necesidades básicas como la alimentación sobre la educación», se lee en su informe titulado «Relatos de una infancia en riesgo».

De ese grupo, la institución constató que 1.300 menores de edad trabajan forzadamente en 8 minas de Bolívar, en contraposición con lo que establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y los Derechos Humanos en la infancia. 

El estudio abarcó desde el segundo semestre del 2022 hasta el primer trimestre del 2023, y recopiló testimonios de todo el estado Bolívar, los municipios Casacoima y Tucupita de Delta Amacuro, los municipios Independencia y Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui, los municipios Piar y Maturín del estado Monagas y la ciudad de Puerto Ayacucho en Amazonas. 

La industria extractiva informal promovida por el gobierno de Nicolás Maduro y la crisis humanitaria compleja está evidenciando en comunidades indígenas una desprotección que afecta a todas las esferas familiares.

En Runrun.es desglosamos los hallazgos del informe en las siguientes claves: 

Niñez dejada atrás por las minas

De 6.000 NNA (niños, niñas y adolescentes) encuestados en la investigación, el 60 % afirmó que al menos uno de sus representantes se fue del núcleo familiar para sobrellevar la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, ya sea yéndose a las minas o salirse del país. 

«De esa misma muestra, 3 de cada 10 se encontraban al cuidado de terceros; es decir 1.800 NNA bajo la tutela de abuelos, tíos, vecinos o hermanos mayores. Y, 1 de cada 10, entiéndase 600, estaba completamente solo, sin ninguna persona que velara por su cuidado y bienestar. (…) Estamos seguros de que son muchos
más», asevera el informe de la CDH UCAB.

La universidad advierte que la migración y desplazamiento interno no son las únicas causas de la niñez desprotegida y propensa a ser víctimas de la esclavitud moderna en el Arco Minero del Orinoco: la violencia también cobra la vida de sus familiares.

La Fundación Sagrada Dignidad de la Persona informó que han aumentado las solicitudes de apoyo psicosocial para NNA que han sido testigos de las condiciones en que alguno de sus familiares fueron muertos en su presencia, e incluso viéndose, además, en la obligación de limpiar la sangre y recoger los restos. 

Trabajan forzadamente para ayudar a sus familias

2.517 NNA en el estado Bolívar abandonaron sus colegios en los últimos dos años. EL CDH UCAB censó a 11.411 estudiantes en el estado y estimó que el 35% (4.004 menores de edad) estudia y trabaja al mismo tiempo, faltando a clases especialmente los jueves y los viernes «porque, al ser los días más cercanos al fin de semana, se venden más productos y hay más ganancias». 

«Para ellos el trabajo se convirtió en una obligación, no solo para padres sino para todos los miembros de la familia ya que una mano adicional es una oportunidad más de llevar comida a sus hogares», agrega el informe. 

La esclavitud moderna se define como todo trabajo forzado que viole los derechos humanos y los derechos laborales de una persona, sobre todo si es menor de edad —porque vulneras su derecho a la libertad y a la educación—, según la Organización Internacional del Trabajo. Desde una empresa privada que no da condiciones mínimas sanitarias y salariales hasta la coerción de grupos delictivos y los matrimonios forzados, al menos 50 millones de personas en el mundo están en situación de esclavitud moderna según el último informe del Índice Global de Esclavitud de la OIT, en 2022. 

«Los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la esclavitud moderna no solo son víctimas directas o indirectas de esta realidad, sino que son revictimizados en el marco de violaciones sistemáticas de los derechos humanos», resalta la institución. 

Los mineros mejoran las escuelas, no el Estado

De acuerdo con los testimonios de profesores recogidos por la UCAB, las esferas de poder delincuenciales han sido las encargadas de crear servicios de transporte de ida y vuelta desde las minas hasta las escuelas tanto para los docentes como para los menores de edad, así como el mantenimiento de los planteles educativos con los servicios de agua y electricidad. 

«El equipo del CDH UCAB documentó casos de maestros que trabajan al sur de la entidad y reciben las llamadas “bolsas mineras”. Las cuales, en palabras de ellos mismos, “contienen alimentos no perecederos más surtidos y de mejor calidad que los distribuidos a través del CLAP” (Comité Local de Abastecimiento y Producción)», dice el documento.

Los Consejos Comunales de la zona constataron que, ante la falta de docentes en los salones, los propios adolescentes tomaban el rol de maestros. Además, alrededor de 30% de los estudiantes, 3.432 NNA, no tienen un padre o representante legal que los inscriba o retire del sistema educativo.

«Desde el CDH UCAB se logró documentar más de 1.300 niños viviendo dentro de las minas que se encuentran desescolarizados».

8 de cada 10 pacientes pediátricos sufren de desnutrición

El estado Bolívar es el más grade de Venezuela, con 240.528 kilómetros cuadrados, pero es uno de los que tiene menos centros de atención sanitaria completa, denuncia la institución. La mayoría de los servicios pediátricos tienen que hacerse en la capital del estado, en Ciudad Bolívar, y los pacientes deben recorrer kilómetros para tener atención médica. 

«Tomando como base los índices de morbilidad registrados, se entiende que 40 pacientes diarios presentan
algún grado de desnutrición; lo que significa que mensualmente, por cada centro hospitalario, se registran alrededor de 1.120 niños y niñas en esta condición», se lee en el informe. 

La universidad entrevistó a las madres de los pacientes con menos de 5 años de edad, y reconocieron que en vez de leche los niños se alimentan con una mezcla de agua y harina de maíz, fécula de maíz, productos lácteos o solo azúcar provenientes de las cajas CLAP. En el caso de las madres lactantes, el estudio arrojó que ellas también sufren de desnutrición, con un peso entre los 35 y 40 kilos. 

«Tras desarrollar grupos focales con personas de las comunidades priorizadas, estas señalaron que realizan —en el mejor de los casos— dos comidas al día; sin embargo lo frecuente es alimentarse una sola vez; su ingesta está basada principalmente en embutidos como mortadela y salchichas, así como también queso, arepas y yuca. Esto se debe a que son los alimentos de menor precio», resume el CDH UCAB.

Arco Minero: nido de enfermedades

Los parásitos intestinales y las enfermedades de la piel son los padecimientos más frecuentes en los NNA del Arco Minero del Orinoco, después de la desnutrición. Su exposición a un ambiente contaminado y su vulneración al derecho humano al acceso a la salud incrementan el deterioro de sus condiciones de vida. 

EL CDH UCAB advirtió que los hogares del oriente y sur del país buscan pozos de agua no tratados para paliar la escasez del servicio público. «En este contexto se ha constatado que 95% de los casos de pacientes pediátricos tratados en instalaciones de salud públicas, es decir 1.330 NNA por mes, tomando como base un solo hospital, presentan trastornos parasitarios».

La poca higiene en el agua también provoca enfermedades en la piel, cerca del 45% de los encuestados por la universidad sufren de escabiosis, piodermitis, impétigo e infecciones avanzadas provocadas por estafilococos. 

Otra patología en aumento son las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente. En el caso de los embarazos no planificados, «de acuerdo con los datos obtenidos por el equipo investigador del CDH UCAB, se conoció que, dependiendo el centro de atención, entre 23% y 35% de los nacimientos en el estado Bolívar son de madres menores de edad».

En al menos 5% de los partos se constató la presencia de sífilis o Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) congénita (transmitida de la madre al hijo). Otras infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el herpes, se producen como «producto de abusos sexuales o inicio de la actividad sexual a edades tempranas, sin la prevención o cuidado requerido (…) relacionado a la explotación sexual». 

La esclavitud moderna infantil a la puerta de la casa

Según el informe, frente al resquebrajamiento del núcleo familiar, la mayoría de los menores de edad recurren a irse a las casas de los vecinos a hacer labores domésticas, como la limpieza y la jardinería, por «precios simbólicos o comida». 

«En el sector La Esperanza de Cambalache se contabilizaron 179 niños entre 7 y 10 años que participan en las actividades de una cantera, en donde “pican piedras y las cargan para llevarlas en carruchas hasta el sector por donde pasan los compradores”», dice la CDH UCAB. 

La investigación cualitativa también precisó que los NNA están presentes en el contrabando de combustible y en la recolección de chatarra en las zonas urbanas. 

Además, «registró más de 1,300 niños que residen en los campamentos mineros, dedicados a actividades mineras o conexas, a saber: actividades de extracción de material aurífero en minas subterráneas o “batea” —limpieza de arena y grava para extraer oro— en aluviones».

Con relación a la explotación sexual, la universidad proyectó que el 35% de las niñas y adolescentes son víctimas de la prostitución. La edad promedio es entre los 7 y los 10 años. En las calles de los pueblos mineros, sobre todo en la mina de Las Claritas, los adultos «pagaban entre 30 y 50 bolívares por acto» con las menores. 

«En otras situaciones se logró documentar situaciones en las que el intercambio sexual era transado a cambio de alimentos e incluso dulces o cigarrillos. Situación que contribuyó en la detección de un incremento en las uniones o matrimonios tempranos», denuncia el documento, agregando que la edad de las víctimas en ese contexto es de los diez años en adelante. 

El mercurio aumenta la discapacidad cognitiva

De acuerdo con la directora del Programa de Atención en Salud Integral para Personas con Discapacidad (PASDIS), Gabriela Iriarte, «hay un aumento importante de los casos de discapacidad cognitiva debido a la alta contaminación de mercurio en el agua», producto de la actividad minera y las poblaciones aledañas.

El mercurio es un metal utilizado para extraer oro debido a que ambos metales hacen un amalgama, se atraen como si de un imán y un hierro se tratara. Per el mercurio es tóxico para la salud. La Organización Mundial de la Salud advierte que el consumo de peces y agua contaminada por mercurio puede generar «efectos cognoscitivos» en el desarrollo tanto del feto como del NNA.

El CDH UCAB afirmó que 767 NNA tienen una discapacidad motora, visual, auditiva y cognoscitiva, representando el 60% de la población con alguna discapacidad registrada por PASDIS.

«También hay un incremento de casos de inteligencia límite, dentro del espectro de la neurodivergencia, motivado por problemas de desnutrición. Del mismo modo, (Iriarte) señala que muchas de las niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva son víctimas frecuentes de abusos sexual, debido a su indefensión», establece el documento.

El informe denuncia que los niños y los adolescentes son más propensos a sufrir la esclavitud moderna desde posiciones de «obreros» en las minas y como mensajeros de extorciones delincuenciales, mientras que las niñas y las adolescentes son más propensas a vivir la esclavitud moderna desde las trata de blancas, tanto en el país como en las redes de prostitución a países extranjeros como Trinidad y Tobago.

El Mañanero del #10Oct: Las ocho noticias que debes conocer

0

En este mañanero te ampliamos las noticias más importantes del acontecer nacional. Las primarias, alivio de sanciones, deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos, presos políticos y la agonía del sistema eléctrico; son algunos de las informaciones que debes conocer. Aquí el mañanero de este #10Oct:

Candidatos a primaria presentarán sus propuestas para Venezuela en debate este #18Oct

Fundación Rehabilitarte activa línea gratuita de primeros auxilios psicológicos para toda Venezuela

Reuters: Venezuela y EEUU avanzan en conversaciones para alivio de sanciones

Wola sobre deportación de venezolanos desde EEUU: “La medida es contradictoria y peligrosa”

Agonía del sistema eléctrico nacional es cada vez más evidente

Nueve presos políticos vinculados al caso Cotiza iniciaron huelga de hambre

Denuncian que falta de atención a presos políticos es una forma de tortura

Solicitan hacer público memorando de entendimiento entre Corte Penal Internacional y Gobierno de Maduro

WOLA: Venezuela es el único país de la región con una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, porque hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad

 

Atropellos a nuestros indígenas

0
En Venezuela nunca hubo tantos atropellos como en estos últimos diez años en contra de los pueblos indígenas. Muchas son las denuncias, pero el régimen responde con indolencia y más represión

 

Ante la proximidad del 12 de octubre, los fanáticos chavistas–maduristas se rasgarán las vestiduras repitiendo la falsa “leyenda negra”, que por intereses geopolíticos endilgó a los españoles innumerables atropellos en contra de la población indígena. En represalia, derrocaron la estatua de Colón, establecieron la fecha de la “Resistencia Indígena” y borraron nombres de quienes fundaron pueblos y ciudades.

En su hipócrita narrativa llevaron restos simbólicos del valiente cacique Guaicaipuro al Panteón Nacional y esgrimen que la Constitución de 1999 les dedicó seis artículos a los derechos de los indígenas, en los que se reconoce el derecho a sus tierras, a sus tradiciones, a la salud, educación y participación política. Así como la obligación del Estado, previa información y consulta, de explotar los recursos naturales sin lesionar la integridad cultural, social y económica. Lamentablemente, letra muerta como los otros derechos contemplados en esta Constitución.

Es cierto que quienes llegaron a nuestras costas cometieron atropellos en una época en la que muy pocos tenían conciencia de lo que es el respeto a los derechos humanos. También es cierto que durante toda nuestra etapa republicana los diferentes gobiernos han ignorado a nuestros indígenas. A título de ejemplo, cabe recordar que un ministro de Justicia durante la dictadura de Pérez Jiménez declaró que el “problema indígena es que aquí no hay indios”. Esto ha sucedido en muchos países. Recordemos las películas de indios y vaqueros, en las que los malos siempre eran los indios y los muchachos aplaudíamos cuando llegaba la caballería estadounidense y los masacraba.

Hoy la situación ha cambiado en casi todas partes, menos en Venezuela. Por ejemplo, en Canadá se realiza un gran esfuerzo de reconciliación, que pasa por pedir perdón y por compensaciones. La mayor queja es porque en el pasado les quitaron los hijos a las familias para internarlos en escuelas, en las que se produjeron abusos. Muchos actos públicos se inician con palabras reconociendo que se está en tierras tradicionales de varias etnias y mencionando los acuerdos firmados. Desde luego, todavía hay muchos reclamos por las desigualdades, pero los gobiernos tienen la voluntad de solucionarlos. Por cierto, que la provincia de Manitoba acaba de elegir como premier a un miembro de la nación Anishuabe.

En nuestro país, nunca hubo tantos atropellos como en estos últimos diez años en contra de los pueblos indígenas. Muchas han sido las denuncias, pero el régimen ha respondido con indolencia y más represión. Un caso particularmente grave es lo que sucede al sur del Orinoco, en el área denominada Arco Minero. La explotación del oro y otros minerales ha producido no solo el desplazamiento de la población autóctona, sino también asesinatos. En estos hechos participan mineros informales venezolanos, garimpeiros brasileños, guerrilleros colombianos de la FARC y del ELN y, más grave aun, militares del ejército venezolano.

Personas naturales que arriesgan su libertad e incluso su vida, así como organizaciones sin fines de lucro han realizado numerosas denuncias. A título de ejemplo, nos permitimos citar el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), ONG creada en 1988 que realiza una excelente labor. Fundaredes, “nace bajo la premisa de educar y visibilizar a los más vulnerables, siendo el resultado de la vocación de servicio de un grupo de jóvenes tachirenses”. Su director, Javier Tarazona, está detenido desde julio 2021 por denunciar la relación entre el régimen venezolano y la guerrilla colombiana.

El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) ha presentado datos contundentes. El Foro Penal Venezolano, integrado por valientes compatriotas, es una fuente importante de información y denuncias. El objetivo de SOS Orinoco es “documentar y dar visibilidad a toda la problemática de la Amazonía, Orinoquía y la Guayana venezolanas, crear conciencia sobre la tragedia que está ocurriendo y perfilar algunas medidas urgentes que se deben tomar para detener el desastre humano y ecológico que se está desarrollando”. También, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó un informe contundente sobre violaciones a los derechos humanos en el Arco Minero. En otra oportunidad mencionamos el excelente documental Oro de sangre, de Thaelman Urgellez, Juan Urgell y Malena Roncayolo.

Las agresiones han sido contra las etnias piaroas, pemones y yanomani, al sur del Orinoco, que han tenido que crear Cuerpos de Resistencia Civil para defenderse. En el Zulia, la Guardia Nacional ha cometido numerosos atropellos contra los wayúu y añón.

Recomendamos el libro Crímenes contra los pueblos indígenas afectados por el arco minero del Orinoco, del distinguido jurista Fernando M. Fernández, quien cita que “para septiembre 2020, más de cinco mil indígenas habían huido a Brasil en búsqueda de refugio, medicinas, techo y comida; en Guyana se refugiaron 2500 de la etnia warao del Delta del Orinoco; en Colombia, para el 2021 se estimaban unos 3891”. Fernández sostiene “que hay bases razonables para pensar que podría haberse perpetrado el crimen de genocidio en contra de los pueblos y comunidades indígenas dadas las matanzas de varios de sus líderes defensores ambientales y del territorio. Corresponde a la Corte Penal Internacional determinar el tipo penal, dado que no se trata de delitos comunes susceptibles de ser investigados ni castigados según las leyes venezolanas, ya que no se ha implementado la legislación interna”.

Actualmente, la corte citada tiene abierta una investigación por delitos cometidos por funcionarios desde el 2017 a la fecha. Confiamos en que se amplíe a partir del 2002.

Como (había) en botica

  • Solidaridad con Israel ante el ataque terrorista de Hamas.
  • El tendencioso artículo de Francisco Rodríguez achacando la problemática de Citgo al gobierno interino fue desmentido categóricamente por Enrique Sánchez Falcón, José I. Hernández y por Horacio Medina.
  • Nuestro rechazo a la solicitud de extradición de destacados demócratas hecha por Tarek Saab.
  • En Gente del Petróleo y Unapetrol estamos de duelo por la partida de nuestro compañero Daniel García, excelente ciudadano y distinguido profesional.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

10 de octubre 2023 | eddiearamires@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es