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AP: Agente de la DEA filtró información secreta de Alex Saab a abogados defensores

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El abogado defensor de Saab, Neil Schuster, que ha asistido al juicio desde su inicio, declinó hacer comentarios, citando una orden de silencio de un juez en el caso

 

 

La agencia de noticias Associated Press (AP), informó este miércoles que un agente federal de narcóticos filtró información confidencial sobre Alex Saab, uno de los principales objetivos criminales de Washington en Venezuela.

Según la publicación, se trataría de un plan para vender secretos del gobierno a abogados defensores que buscan atraer clientes de bolsillo profundo.

En una llamada telefónica intervenida, el agente de la DEA, John Costanzo Jr., reveló la fecha exacta de 2019 en la que los fiscales de Miami planeaban presentar cargos contra el empresario Alex Saab por supuestamente desviar 350 millones de dólares de contratos estatales.

La filtración, que no se había hecho pública anteriormente, marca otro caso vergonzoso de mala conducta de agentes de alto perfil en la principal agencia antinarcóticos de Estados Unidos y podría complicar el ya tenso procesamiento de Saab por parte del Departamento de Justicia.

“Cuando acusamos a alguien, hay una razón por la que es secreto”, dijo al jurado federal de Manhattan Michael Nadler, ex fiscal federal de Miami que acusó a Saab. “No se debe dar información para ayudar a nadie fuera del equipo de la fiscalía a conseguir clientes”.

El testimonio de Nadler se produjo varios días después del juicio por soborno de Costanzo, quien está acusado de embolsarse 73.000 dólares en efectivo a cambio de filtrar información policial confidencial a su exjefe en la agencia (y ahora coacusado) Manny Recio.

Recio, días después de retirarse como supervisor de la DEA, comenzó a trabajar como investigador para los abogados defensores  Luis Guerra y David Macey.

Si bien los fiscales describieron a los abogados defensores como “abogados corruptos” que “pagaron generosamente por secretos de la DEA”, no han explicado a los miembros del jurado por qué no han sido acusados ​​junto con Costanzo y Recio.

“El gobierno está viendo fantasmas porque nunca hubo un quid pro quo”, dijo la abogada defensora Torrey Young en su declaración inicial. “John Costanzo no sería comprado, no podría ser comprado y nunca fue comprado”.

No está claro qué hizo Recio con la información que se le filtró sobre Saab. Sin embargo, había estado en estrecha comunicación con Hernández, quien es hombre de confianza de Saab y había sido reclutado por Recio para ayudar a los abogados defensores a reclutar clientes.

“No sé si quieres hacer tu movimiento ahora o esperar”, le dijo Costanzo a Recio, refiriéndose a Saab, en una conversación escuchada y reproducida en el tribunal el martes. “Si consigues una reunión, avísame y te diré qué decir”.

El abogado defensor de Saab, Neil Schuster, que ha asistido al juicio desde su inicio, declinó hacer comentarios, citando una orden de silencio de un juez en el caso.

Alex Saab se convirtió en una causa célebre entre los aliados de Nicolás Maduro, quien afirma que el empresario nacido en Colombia es un diplomático venezolano atacado por “sus esfuerzos para eludir las sanciones estadounidenses” impuestas por la administración de. Donald Trump.

Lo arrestaron durante una escala de combustible para aviones en 2020 mientras se dirigía a Irán, donde fue enviado por Maduro para negociar acuerdos petroleros.

Acceso a la Justicia: Investigación a organizadores de primaria es más política que judicial 

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Pese a que funcionarios del Gobierno de Maduro insisten en que hubo usurpación de identidades en el evento electoral del pasado 22 de octubre, no se ha conocido denuncia de elector alguno  

 

Dos días después que Nicolás Maduro calificara a la primaria opositora del pasado 22 de octubre como un fraude y que Cilia Flores pidiera la judicialización de los organizadores de esta, el fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, citó al Ministerio Público a Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova, presidente, vicepresidenta y suplente de la Comisión Nacional de Primaria, respectivamente.   

Como quien acata órdenes y no pertenece a un poder público independiente, el fiscal tuvo dentro de sus instalaciones por más de ocho horas a quienes se encargaron de organizar sin el Consejo Nacional Electoral (CNE) el evento electoral que convocó a más de dos millones de venezolanos. 

El mismo chavismo que en reiteradas oportunidades anunció que la primaria no se realizaría, debió apelar a una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para desconocer los resultados que dieron como ganadora con un porcentaje superior a 90% a María Corina Machado.

Jorge Rodríguez, firmante por parte del chavismo de los acuerdos suscritos con la Plataforma Unitaria en Barbados, le lanzó un balde de agua fría a las negociaciones al tildar a Casal de ladrón y farsante.

“Has cometido un delito. Es una verdadera pillería lo que hicieron el domingo. De dónde sacaste que votaron 2,3 millones de personas. Aquí aparece un verdadero delito, porque ellos están inflando el número de personas; es decir están usurpando la identidad de millones de venezolanos”. 

De acuerdo a la ONG Acceso a la Justicia, la averiguación de la Fiscalía responde a razones políticas y no jurídicas por las siguientes razones:

Nadie quiere ser Amoroso

“Estamos en presencia clara e inequívoca de un caso de usurpación de funciones electorales, ahí no cabe duda”, dijo Saab en su declaración sobre la primaria.

“Constitucionalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único que puede organizar elecciones y ayudar a organizaciones políticas, sindicatos, a centros de estudiantes a elegir a sus autoridades”, agregó. 

El numeral 6 del artículo 293 de la Constitución señala que es competencia del CNE

“organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Asimismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios”.

Una lectura de la norma revela que un evento como el del 22 de octubre no está incluido en esta disposición, en vista que la primaria no fue un proceso para elegir a las autoridades de ningún partido ni tampoco para escoger al abanderado de una tolda en particular, sino que fue una consulta en la que los electores debían seleccionar, de entre 10 postulados, al abanderado presidencial de la oposición.

Durante la organización del proceso, ni Casal, ni Camero ni ninguno de los representantes regionales de la CNP desconoció al CNE ni menos aún pretendieron asumir sus funciones o hacerse pasar por funcionarios del CNE. Por el contrario su asistencia técnica, pero en virtud del tiempo que se tomó el árbitro para responder su petición tuvieron que rechazarla.

Si hubiera existido alguna obligación constitucional de celebrar las primarias a través del CNE, las autoridades en todos los meses transcurridos no se hubieran dado el lujo de no responderle a la oposición o de hacerlo tardíamente, sino que simplemente hubieran obligado a hacerlas con el CNE.

Ninguno dijo que habían usurpado su identidad

“Se usaron los nombres, los apellidos y los números de cédula de miles de personas que no acudieron a ese evento electoral, pero que en realidad cuando anuncian el número de votos utilizaron la identidad de esas personas para abultar la cifra”, manifestó Saab.

Ante esta acusación resulta llamativo que ningún ciudadano ha denunciado que su nombre figure entre quienes participaron en la primaria. El proceso requeriría revisar los cuadernos de votación, sin embargo no será posible, porque los mismos debieron ser destruidos concluido el proceso según el reglamento que rige la primaria, justamente para proteger la identidad de los electores y evitar una nueva lista Tascón. 

Las autoridades lanzaron acusaciones, vulnerando así el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 49 constitucional.

Antes de acudir a un juicio, el propio fiscal general empleo epítetos para condenar a personas a las que su despacho apenas ha comenzado a investigar.

La celeridad de la investigación llama la atención en un país donde impera el retardo judicial.

Fondos de los mismos electores 

“Los fondos no se conocen, de dónde vinieron, la suerte del capital para ese acto electoral totalmente al margen de la ley”, dijo Saab.

Las declaraciones del funcionario no parecen estar en sintonía con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que establece que incurre en legitimación de capitales: “quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado o penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido”. 

Los recursos empleados en la primaria deberían proceder de actividades ilícitas, como el narcotráfico o la corrupción, para poder hablar de legitimación de capitales. 

Lo que se conoce es que muchos de los medios empleados para el evento fueron aportados por quienes participaron en él, es decir, por los mismos electores.

No hay asociación

La asociación para delinquir, como su nombre lo indica, requiere que dos o más personas acuerden cometer un determinado delito. Sin embargo, visto que la imputación por usurpación de funciones y de identidad, así como la de legitimación de capitales parecen no tener sustento, pues no podría aplicarse este otro delito por su cuenta.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

 

LEA  TSJ ordena dejar “sin efecto” los resultados de la primaria cediendo a la petición de José Brito

Back to the future

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Lo que uno sí puede hacer es decidir cómo lidia con el pasado y parece que negarlo, suprimirlo o declararlo ilegal es la opción menos acertada. Como dijo Lord Byron: «El mejor profeta del futuro es el pasado».

 

@laureanomar

El tiempo es lo único que no se puede apresar. No hay autoridad humana capaz de detenerlo, devolverlo ni trastocarlo. La ciencia ficción ha especulado siempre con viajes a tiempos pretéritos, pero sabemos que es lógicamente imposible, porque su linealidad es irreversible. Lo contrario sería intervenir la historia con lo cual cambiaria también el futuro de quien viaja al pasado para alterarlo, lo cual termina siendo un oxímoron. De todas maneras, Rosa, como divertimento y como juego es siempre interesante. Podemos siempre volver con la imaginación a las etapas primarias de la humanidad. Uno de mis sueños irrealizables, por ejemplo, es viajar a la prehistoria, antes de la invención del fuego y solo dejarle un yesquero a un antepasado y enseñarle su uso, para luego regresar a mi tiempo a ver qué consecuencias produjo ese solo detallito. Muchas otras inquietudes podrían plantearse: ¿qué habría sido Alejandro Magno con tanques de guerra?, ¿de Julio Cesar con chaleco antibalas?, ¿de Constantinopla con un portaviones anclado en el Cuerno de Oro? En fin, las posibilidades son infinitas. Pero definitivamente los viajes al pasado son imposibles de realizar, también en política.

Hay gente que vive en el pasado, es decir, su presente queda tan marcado por momentos que ya transcurrieron, que no pueden librarse de ellos en el desempeño de su vida, viven, pues, en permanente introspección retrospectiva. Otros traen al presente previsiones del futuro y viven como si esas presunciones ya fuesen un hecho consumado. El miedo al futuro puede ser paralizante y la negación del pasado nos puede conducir a decisiones erráticas.

La negación es, según los psicólogos, un mecanismo de defensa consistente en negar o restar importancia a las situaciones conflictivas o amenazantes. Se afronta el pasado como si ciertos hechos nunca hubiesen existido, lo cual pone en evidencia la ansiedad y el miedo que tales hechos producen en sus negadores, incapaces de asumirlos y afrontarlos. Al omitir la realidad, el afectado por sus resultados adversos, cree poder cambiar lo sucedido, pero no es así.

El hecho es que uno no puede cambiar los sucesos del pasado. El refranero está lleno de dichos que nos lo recuerdan: «llorar sobre la leche derramada» o «tarde piaste pajarito», por citar un par de ejemplos. Lo que uno sí puede hacer es decidir cómo lidia con el pasado y parece que negarlo, suprimirlo o declararlo ilegal es la opción menos acertada, porque como dijo Lord Byron: «El mejor profeta del futuro es el pasado».

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Inaesin exhorta a una política salarial concertada

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León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales, sostuvo que los venezolanos van para dos años con un salario mínimo de 130 bolívares, poco menos de cuatro dólares mensuales, el más bajo de la región   

 

En marzo de 2024 se cumplirán dos años de que el Gobierno de Nicolás Maduro fijó el salario mínimo en 130 bolívares, es decir, el pueblo venezolano tiene 18 meses lidiando con un sueldo que actualmente representa menos de cuatro dólares mensuales.

El pasado 1 de mayo de 2023, Dia del Trabajador, Maduro se limitó a aumentar los bonos que no tienen incidencia en los pasivos laborales y dejó estático el insuficiente sueldo de Bs. 130. Desde entonces no ha profundizado en un eventual incremento salarial y como es costumbre culpa de la hecatombe económica en Venezuela a la sanciones, que fueron flexibilizadas luego de la firma de acuerdos con la Plataforma Unitaria en Barbados.

A propósito de esto, León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), sostuvo que es perentorio concertar una política salarial para que pueda recuperarse el valor del trabajo.

“Mantener congelado el salario mínimo hasta su casi desaparición, así como incrementar el monto del denominado cesta ticket Socialista y el bono de guerra de los trabajadores del sector público, sin que existan medidas eficaces para controlar la inflación y fomentar la actividad productiva, no da respuesta al problema de fondo”, dijo León Arismendi.

El experto en materia sindical indicó que sostener esas condiciones es darle continuidad a una misma política salarial unilateral.

“Espasmódica e incoherente que ha conducido a la merma alarmante del poder adquisitivo de la remuneración, de las pensiones y, en general, a la pérdida del valor del trabajo”, sentenció.

León Arismendi aseveró que la imposición por parte del Estado de un sueldo mínimo miserable por casi dos años explica la fuerte caída del consumo y la alta conflictividad laboral existente en el país. 

“Los trabajadores no tienen un solo estímulo distinto a la sobrevivencia para cumplir con sus labores. No es casual que más venezolanos engrosen las filas de los que se van a otros países en busca de mejores condiciones de vida”, dijo León Arismendi.

El director de Inaesin indicó que es necesario recuperar el valor del trabajo como eje fundamental de la política económica.

“El país necesita con urgencia una política salarial concertada. No es con insultos al imperialismo ni evadiendo responsabilidades propias como deben abordarse los cambios que el país requiere”.

El directivo resaltó que es indispensable diseñar una política para la progresiva mejora del salario, teniendo como premisa principal la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias.

“Hay que tomar en cuenta variables como la inflación, la paridad cambiaria, el costo de la canasta básica, el promedio de las remuneraciones en el sector público y privado, el presupuesto nacional, la productividad de las empresas y su capacidad de empleo. En fin, datos suficientes y actualizados que faciliten la toma de decisiones y su seguimiento”.

Arismendi lamentó que el Gobierno, en lugar de aprobar un método para la fijación del salario mínimo y cumplir el Convenio N° 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), insista en su política unilateral y arbitraria.

 

LEA  Escasez de medicamentos en septiembre fue de 26,9 % según Convite

¿Suspensión de los “efectos” de las primarias o dejar claro la inhabilitación de María Corina Machado?

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Sobre si queda avalada judicialmente la inhabilitación de María Corina Machado, tal y como establece la Constitución venezolana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Suprema Injustica explicó que no

 

Un análisis realizado por el portal Suprema Injusticia (SI), iniciativa de la ONG Transparencia Venezuela, reseñó que la decisión que suspende “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la comisión nacional de primarias”, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), busca dejar claro la inhabilitación de María Corina Machado.

Suprema Injusticia indicó que en julio y agosto, el TSJ rechazó tres acciones que buscaban anular la cuestionada inhabilitación que la Contraloría General de la República (CGR) le impuso a la ahora candidata presidencial de la opositora Plataforma Unitaria.

“Las tres decisiones anteriores son de la Sala Constitucional del TSJ. Es de destacar que el último de los fallos sobre la situación de la candidata se produjo apenas cinco días antes de la primaria opositora celebrada el domingo 22 de octubre de 2023″, señaló SI.

¿Judicialmente inhabilitada?

Sobre si queda avalada judicialmente la inhabilitación de María Corina Machado, tal y como establece la Constitución venezolana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Suprema Injustica explicó que no. 

Según el artículo 65 de la Constitución de Venezuela, “no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”; y hasta el momento, Machado no ha sido enjuiciada penalmente ni mucho menos condenada.

 Sala Electoral del TSJ contra las primarias

La Sala Electoral del máximo juzgado fue más allá que la Sala Constitucional.  Sus magistrados –a través de una ponencia conjunta, no solo declararon que María Corina Machado está “inhabilitada de manera firme por quince (15) años”- por lo que no podría ir a la contienda presidencial contra Maduro, sino que suspendió  “los efectos” de la consulta que ella ganó, bajo el argumento de amparar los derechos del diputado José Brito, que habrían sido violados “en su carácter de aspirante a participar en las elecciones primarias del día 22 de octubre de 2023”.

El diputado José Brito, quien ha sido señalado de ser parte de una “oposición a la medida” del gobierno, presentó su recurso contencioso electoral con amparo cautelar contra los actos inconstitucionales e ilegales de la Comisión Nacional de Primarias el 24 de octubre, dos días después de realizada la consulta opositora y en menos de una semana obtuvo respuesta.

Una celeridad notable si se considera que aún no ha habido decisión sobre el caso referido a las presuntas irregularidades en la elección de los diputados del estado Amazonas en 2015, que dio paso el cerco judicial  y anulación de la Asamblea Nacional electa ese año. En ese caso de manera “provisional”, en ponencia de la entonces magistrada Indira Alfonzo, se acordó “suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena”.

Casi 8 años después de esa “suspensión”, el juicio central no ha sido resuelto, pero los diputados opositores que dominaban el Parlamento en 2015 fueron perseguidos por “desacato” porque se negaron a cumplir la sentencia de la Sala Electoral, alegando que solo el Parlamento decide sobre su conformación.

Siete presos políticos militares cumplen 15 días de huelga de hambre en Ramo Verde

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Este grupo de presos políticos fue sometido a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos al caso del fallecido general Raúl Isaías Baduel por un supuesto intento de golpe de Estado

Siete presos políticos militares cumplieron 15 días en huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Los Teques, estado Miranda, conocida como la cárcel de Ramo Verde.

De acuerdo con una nota publicada por TalCual, los privados de libertad iniciaron la huelga de hambre para exigir que inicie el juicio en su contra y se les respete el debido proceso.

«Siguen igual, ya son 15 días en huelga de hambre y nada que se ocupan de su caso», comenta Odalis Bermúdez, hermana del sargento primero del Ejército Rubén Bermúdez.

Se trata de los sargentos Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero, quienes fueron detenidos el 18 de enero de 2017, tras ser llamados a declarar a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

 

Este grupo estaba destacado en la Brigada 42 de Paracaidistas (Maracay, Aragua) y estuvo incomunicado durante cinco días en Caracas.

El pasado 23 de octubre, la jueza Eudismarys León, a cargo del Tribunal 23 de Juicio de Caracas, aplazó nuevamente la apertura de juicio al grupo y fijó la nueva audiencia para el próximo 6 de noviembre.

Los militares tampoco fueron atendidos por el director general del Servicio Penitenciario Militar, general de División Luis Ojeda Araujo, quien les prometió que conversarían sobre sus exigencias para que se inicie el juicio y se respete el debido proceso.

La hermana del sargento Bermúdez reiteró su solicitud a las delegaciones negociadoras del oficialismo y oposición que tomen en cuenta al grupo para las excarcelaciones que se realizaron al margen de los acuerdos de Barbados.

Este grupo de presos políticos fue sometido a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos al caso del fallecido general Raúl Isaías Baduel por un supuesto intento de golpe de Estado.

En el caso también se encuentra el general retirado Ramón Lozada Saavedra, quien fue detenido el 21 de enero de 2017.

 

El grupo estuvo año y medio en espera de una audiencia preliminar y en noviembre de 2021 se les notificó que su caso pasaba a la jurisdicción civil del Tribunal 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, por la supuesta presencia de un civil.

El Mañanero del #01Nov: Las siete noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 01 de noviembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: situación de la deportación de venezolanos desde Estados Unidos, implicaciones y lecturas a la sentencia del TSJ que “suspende efectos” de la primaria, fallas en suministro de combustible y la toma del penal de Puente Ayala.

 

Llegó a Maiquetía el tercer vuelo con venezolanos deportados desde EE.UU.

Implicaciones y lecturas a la sentencia del TSJ que “suspende efectos” de la primaria

Fallas en suministro de combustible podrían traer «consecuencias graves» para el sector agrícola

Amnistía Internacional: arremetida del madurismo a las primarias opositoras «muestra la vigencia de su política de represión»

Academia denuncia que acciones contra la primaria representan un «atentado al orden constitucional»

Para Una Ventana a la Libertad, Puente Ayala fue otra entrega negociada

OVP: Hasta las vacas se llevaron pranes de Puente Ayala

Observatorio Venezolano de Prisiones: Tiempo de “fugarse” han tenido  pranes de cárceles de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala, que en poco más de un mes han sido intervenidas por fuerzas de seguridad del Estado.

Mañanero

Blyde: «Si respondo a cada provocación de la contraparte, la negociación va a fracasar»

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El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, Gerardo Blyde, dijo que su labor «como negociador» es solucionar problemas. Reiteró que la delegación hace seguimiento a la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que deja sin efectos todo los concerniente a la elección

Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que tras los ataques que ha lanzado el gobierno a las primarias del 22 de octubre la representación opositora «está actuando».

«Si respondo en los medios a cada provocación que haga la contraparte, la negociación va a fracasar», dijo este 31 de octubre en declaraciones al medio VPITV

Blyde enfatizó en que su labor «como negociador» es solucionar problemas. Reiteró que la delegación hace seguimiento a la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que deja sin efectos todo los concerniente a la elección.

Las provocaciones: intervenciones a las primaras

El 30 de octubre el Máximo Tribunal  ordenó la suspensión de «los efectos de las distintas fases» de las elecciones primarias de la oposición en las que resultó electa María Corina Machado con 92% de los votos.

La Sala Electoral de TSJ declaró su competencia para conocer el recurso que contencioso electoral interpuesto por el diputado José Brito  en contra de «los actos inconstitucionales e ilegales de la Comisión Nacional de Primaria».

En ese sentido la Sala Electoral ordenó a la Comisión de Primaria remitir los antecedentes administrativos de las fases del proceso electoral. Esto debe incluir la convocatoria, constitución como Comisión Electoral, Cronograma Electoral, Registro Electoral, Postulaciones y el Acta de Aceptación de la Postulación.

La CP también deberá enviar las Actas de Postulación formulada por la candidata ganadora de las primarias María Corina Machado (quien está inhabilitada). Además, el TSJ ordenó remitir las renuncias de los candidatos Henrique Capriles Radonski y Freddy Superlano, ambos inhabilitados por 15 y siete años respectivamente.

El gobierno mantiene una campaña contra las primarias. 30 de octubre la comisión compareció ante la Fiscalía para aclarar supuestas irregularidades en el procesos, tras ser citados el 27 de octubre.

El fiscal general impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, anunció la investigación y citación al presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal y Mildred Camero, respectivamente, por su supuesta implicación en un «fraude» en los comicios del domingo para escoger al candidato presidencial de un sector de la oposición.

En una rueda de prensa, el fiscal indicó que «en las próximas horas, en los próximos días» tanto Casal como Camero serán citados a declarar a la sede del Ministerio Público para «que respondan por estas irregularidades». También se citarán a los presidentes de las juntas regionales de las primarias y los directivos de la asociación civil Súmate.

«El dar a conocer cifras falsas de participación en un evento electoral, que no es auditable, sin garantías de seguridad del voto, constituye un fraude a la Constitución y al país», afirmó. Tampoco descartó que se cite al excandidato a las primarias, Carlos Prosperi, por las denuncias de irregularidades que expresó en días pasados.