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El Mañanero del #02Nov: Las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 02 de noviembre, te resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela y sobre los derechos humanos: familiares de presos políticos se reunieron en Chacaíto para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro, una vez más, que liberen a todos los presos políticos; la Corte Penal Internacional anunció que hará una audiencia al madurismo el próximo 7 de noviembre y la ONG Transparencia Venezuela analiza si las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia sobre las primarias en realidad era una estrategia para inhabilitar definitivamente a María Corina Machado.

Exigen al gobierno de Maduro liberar a los presos políticos y cerrar los centros de tortura

CNE acata el fallo del TSJ sobre consulta del Esequibo

Caso Venezuela I: CPI convoca una nueva audiencia en noviembre

Inaesin exhorta a una política salarial concertada

AP: Agente de la DEA filtró información secreta de Alex Saab a abogados defensores

ARI: debilidades del madurismo y de la oposición quedaron al descubierto con las primarias

Siete presos políticos militares cumplen 15 días de huelga de hambre en Ramo Verde

¿Suspensión de los “efectos” de las primarias o dejar claro la inhabilitación de María Corina Machado?

https://twitter.com/RunRunesWeb/status/1719776075352256829

«Las primarias se vayan a dar o no, de ese proceso, de esa estafa, no va a salir el próximo candidato a presidente de la República, porque es más de lo mismo, es parte del desastre», expresó José Brito durante una entrevista realizada en el programa A Pulso que transmite Venezolana de Televisión.

Gracias por leer El Mañanero de Runrunes de este 2 de noviembre del 2023.

¿Cuándo se toca la bola?

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Esta equivocación no es una equivocación cualquiera y ocurre en un momento complejo para el gobierno. No es lo mismo equivocarse con el 60 % del apoyo popular, que con el 10 %

 

@juliocasagar

Si usted es mánager de un equipo de béisbol y manda al cuarto bate a tocar la bola, usted está equivocado. El único tema a dilucidar es cuándo se equivocó: si cuando ordenó la jugada o cuando hizo el line up.

Eso es lo que ha ocurrido con el gobierno y las primarias. Se ha equivocado. Lo que hay que indagar es cuándo lo hizo, si cuando decidió ningunearlas o ahora, cuando el TSJ trata de anularlas y pretender que nunca ocurrieron.

¡Están desconcertados!, pero tampoco hay que culparlos: nadie podía imaginar esos resultados. Pensaron que lo que les salía más barato era que el proceso se cayera por su propio peso; confiaron en que los abandonos, la bajada de brazos, las limitaciones logísticas y hasta un palo de agua, lo hiciera fracasar. Se cayeron de un coco.

Este es un buen mensaje para aquellos que, creando una versión vernácula del síndrome de Estocolmo, afirman a pie juntillas que el gobierno nunca se equivoca, que tiene unas salas situacionales, “cochadas” por el G2 que lo sabe todo y lo anticipa todo. ¡Pura fantasía!

Pero veamos, esta equivocación no es una equivocación cualquiera y ocurre en un momento particularmente complejo para el gobierno.

No es lo mismo equivocarse con el 60 % del apoyo popular, que con el 10 %.

Ni es lo mismo equivocarse con la chequera petrolera de Chávez, recorriendo la América Latina, que hacerlo más limpios que talón de lavandera.

No es lo mismo equivocarse cuando una bolsa CLAP compraba la lealtad, que ahora cuando el atún de cartón y los frijoles con gorgojos solo provoca protestas y malestar.

Tampoco es lo mismo equivocarse cuando un salario de la administración pública o un bono de la patria servía para comprar alguna comidita que, ahora que no da ni para un cartón de huevos.

No es lo mismo equivocarse y remendar el capote con populismo que funcionaba, que tener que montar un referendo chimbo, creyendo que El Esequibo son Las Malvinas y, Guyana, el Reino Unido.

No es lo mismo equivocarse con un cordón protector de gobiernos afines en el continente que con una izquierda que viene palo abajo en los países del entorno.

Y, finalmente, no es lo mismo equivocarse con una oposición fracturada que con una que ha logrado legitimar un liderazgo en un evento singular, y de tanta trascendencia, como el que ha convertido a María Corina Machado en candidata frente al chavismo.

Las consecuencias de estas equivocaciones las vamos a ver en los próximos meses. Probablemente, las más importantes tendrán que ver con el reacomodo y los estragos que dentro del chavismo va a tener todo este proceso. Pero esto es harina de otro costal y objeto de otro análisis digno de comprar cotufas.

Por lo pronto, regresemos al título de la nota. ¿Cuándo es correcto tocar la bola? Obviamente que todo depende de muchos factores.

Lo que sí sabemos es que en un equipo tiene que tener a quien sepa hacerlo. Los bateadores largos y con fuerza son necesarios, pero no suficientes para ganar un título. La mejor prueba de esto son los Rockies de Colorado que, en la temporada de 1997, alineaban a Larry Walker, Dante Bichette, Vinny Castilla y nuestro Andrés Galarraga. Los llamaban “Los bombardeos de la calle Blake” y llegaron a despachar más de 100 jonrones y más de 500 carreras empujadas. Y, aun así, no llegaron al Clásico de Octubre.

El gran encargo de María Corina Machado será integrar un equipo con los mejores talentos y elaborar una estrategia que combine las habilidades de todos. Su principal desafío será sortear las provocaciones de un gobierno que quiere sacarla del camino electoral y que no escatimará esfuerzos para lograrlo.

Hasta ahora, MC los ha sorprendido, no ha caído en ninguna de ellas. Esa capacidad es su mejor aval para lo que viene y un signo distintivo de su liderazgo.

Por lo pronto, que tenga que mandar a tocar o a batear hacia afuera, lo importante es lo que todo buen manager recomienda:

¡NO HAY QUE QUITARLE LA VISTA A LA BOLA!

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Primarias, persecución política y CPI

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La conducta asumida por quienes fungen de representantes del Estado, su presidente, su esposa, presidente AN-2021, diputados de esa AN y presidente PSUV, es una conducta sistemática y contumaz de persecución política

 

@ovierablanco

La celebración de la primaria es un hito histórico de la lucha en Venezuela por la recuperación de la democracia. Algunos piensan que la inhabilitación de María Corina Machado es un hecho irreversible, un desafío sin sentido, como lo fue la tríada cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres [Fernando Mires]. Por el contrario, la primaria fue una demostración de resiliencia ciudadana del pueblo venezolano que, contra lluvia, viento y amenazas, salió a votar para expresar: prefiero asumir el riesgo de “morir votando’ que morir de inopia…

Quien dice representar el Ministerio Público –en un acto de extralimitación de funciones por violar principios de independencia, imparcialidad, justicia y equidad– ha emplazado a la directiva de la Comisión Nacional de Primaria, CNP, como “investigados” por investigación, cuya cualidad no existe en nuestro Código Orgánico Procesal Penal.

Los “acusan” de delitos de usurpación, suplantación de identidad, fraude, lavado de dinero y asociación para delinquir. Delitos inimputables porque no comportan tipicidad alguna, siendo en consecuencia un acto burdo de criminalización de la justicia, de acoso, hostigamiento y discriminación, típico de persecución política tipificado en el artículo 7[h] /7.2 del Estatuto de Roma [ER]

Nuestra Constitución Bolivariana

Ni la Constitución Bolivariana de Venezuela, ni leyes de procesos electorales prohíben organizar y reglar un evento electoral civilista, que no es de reserva exclusiva al CNE. La CNP no organizó un evento para elegir un cargo de representación popular, sino a un candidato único de oposición. La autonomía orgánica de la primaria comporta un derecho político ciudadano potestativo.

Pedir la intervención del CNE para organizar una elección primaria partidista o no [preelectoral] es una facultad de orden público en términos de participación, pero privada en cuanto a su organización. El Art. 293-6 de la CBV, reza: El poder electoral tiene por funciones «Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley». Una función que no es absoluta, excluyente ni exclusiva del CNE. Y agrega: “Así mismo podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de estas o por orden de la Sala Electoral TSJ”. La norma usa el verbo y la frase: «PODRÁN» organizar A SOLICITUD DE ESTAS [LA SOCIEDAD CIVIL]» Luego no es un deber canalizarlo a través del CNE.

Mal puede haber usurpación de funciones si no existen funciones ni competencias usurpadas. Mal puede suplantar autoridad si no existe autoridad suplantada. Ni los miembros CNP, las juntas regionales, miembros o testigos de mesa pretendían usurpar funciones electorales porque les eran propias.

No existe delito de lavado de dinero porque la CNP ni administró recursos o legitimó capitales sucios. Se trató de un evento hecho a pulso por voluntarios, bajo autogestión ciudadana. Y tampoco hay legitimación de capitales porque la causa es justa, constitucional y legítima; no comporta un objeto punitivo.

A partir de esta hermenéutica y previsión jurídica, al no existir delito tampoco existe asociación para delinquir. La voluntad colectiva fue absolutamente ajustada a derecho. Decir que una primaria electoral organizada por la disidencia política representa un delito, supone un acto de restricción de libertades individuales fundamentales en el marco de la persecución política, además de humillación, acoso y abuso de autoridad y psicológico… 

Otro ardid criminoso es hablar de fraude electoral. No existe víctima o defraudado. Los electores de primarias recurrieron libremente a ejercer su derecho al voto, arrojando una vencedora indubitable. Y hablar de «inflar cifras» es una simulación de hecho punible que refuerza el acoso y la intimidación contra los organizadores.

Una grave torpeza y contumacia judicial

La conducta asumida por quienes fungen de representantes del Estado, desde su presidente pasando por su esposa, el presidente de la AN-2021, diputados de esa AN y presidente del PSUV, es una conducta continua, sistemática y contumaz de persecución política… La persecución política es un crimen tipificado en el ER y tiene su precedente en los actos de acoso, tormento, discriminatorios, hostiles, capaces de afectar física y/o psicológicamente a la víctima, asumidos por cadenas de mando [II Guerra Mundial] de regímenes autoritarios previos a la formulación del Estatuto. Los criterios de aplicabilidad han hecho del crimen de persecución autónomo, es decir, no tiene que estar vinculado a otros crímenes como agresión, guerra o genocidio.

La precalificación punitiva contra acusados, el acoso, la imputación inducida, pública y anticipada, el trato indigno, irrespetuoso y criminoso contra la directiva de la CNdP y el asesor legal de Vente, es una conducta de persecución reiterada del Estado venezolano.

Son actos de “acoso, humillación y abuso psicológico” (ergo Caso  Nahimana) que originan el crimen de persecución […] Los tribunales penales internacionales han desarrollado una amplia gama de lo que puede ser considerado como persecución, tales van desde crímenes en contra de la propiedad de las víctimas, así como el tipo de propiedad de que se trate (caso Blaškić, Kordić y Kupreškić), también la promoción de despidos  por preferencias políticas del gobierno (caso  Kordić), ataques en contra de viviendas (caso Blaškić). La criminalización por causas políticas es persecución. ‘Puerta giratoria’ dé criminalización, que viola el acuerdo de Barbados.

El régimen y sus representantes más conspicuos repiten esta conducta en momentos en que la CPI ha convocado a una audiencia, a su fiscalía, al Estado venezolano y a las víctimas, ante la Sala de Apelaciones, que decidirá si el fiscal Karim Khan actuó o no «ajustado a derecho» abriendo investigación formal a la Situación Venezuela 1. Incurrir en actos manifiestos de persecución política, violadores del ER, cuando la Sala de Apelaciones deberá valorar si existen méritos o no para autorizar al fiscal continuar con su investigación contra Venezuela, no es una buena idea, de hecho, es incriminatorio.

El Estado venezolano alega existencia de investigaciones genuinas por violación de DD. HH., justicia independiente y voluntad de cooperación judicial. Creo que estas conductas de falsas imputaciones, acoso y persecución, lo contradicen de forma elocuente.

El derecho penal internacional. Expectativas.

La persecución se puede configurar a través del daño físico o mental causado a la víctima (Caso Vasiljevic), tales como asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, crímenes sexuales, desaparición forzada o a través de restricciones a la libertad individual, tales como detenciones ilegales, deportaciones, entre otros. La persecución se puede hacer también en contra de los derechos económicos, sociales y culturales. Este abanico de consideraciones objetivas del crimen de persecución encaja de forma indubitable en las recientes acusaciones y declaraciones del Ministerio Público venezolano. Otros actores se han incorporado a esos actos de acoso y humillación, antes mencionados. Ellos también son responsables. 

En el caso El Fiscal vs. Bemba (SPI, 2016) la CPI recordó́ que la Sala de Apelaciones había dejado bien claro que toda interpretación del Estatuto conforme al derecho aplicable en el artículo 21 y 22 debía estar sujeto a los principios y normas reconocidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Esta provisión es continuamente citada en la jurisprudencia de la CPI. A diferencia de los tribunales ad hoc TPIY [Yugoslavia] y TPIR [Ruanda], el ER y las Reglas de Procedimiento y Prueba, cuentan con un cuerpo jurídico muy elaborado y extenso con relación a los derechos de los acusados y los derechos de las víctimas. Con relación a estas últimas [una novedad en derecho internacional penal], las víctimas y/o sus representantes pueden ser partícipes en las audiencias.

El próximo 7 y 8 de noviembre 2023, la Sala de Apelaciones escuchará los alegatos de Venezuela contra el fiscal, resumidos en:

  1. No valoró alegatos en español,
  2. Valoró pruebas “no originales”,
  3. Valoró tipos punitivos no tipificados en Venezuela [crímenes de lesa humanidad]; y 
  4. no valoró investigación local.

De cara a la acumulación de incidencias y evidencias, más los recientes hechos de persecución in comento, consideramos que la Sala de Apelaciones fallará en contra. 

La jurisprudencia penal internacional de los tribunales internacionales ad hoc han contribuido en mucho a la clarificación del principio del superior jerárquico, quien no es responsable por los actos de sus subordinados. Sin embargo, lo que ha quedado bien asentado es la responsabilidad que tiene sobre sus subordinados con relación al control efectivo; conocimiento, prevención y notificación razonable que ejercen sobre ellos [La Fiscal vs. Bemba Gombo SPI, 2016]. Cuando se evidencia esta línea de dependencia en la cadena de mando y control, alegar que no valoraron investigaciones genuinas locales o no existe ausencia de tipicidad, es alegar su propia torpeza.

La “persecución” se entiende como la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional debido a la identidad del grupo o de la colectividad… “La conducta de persecución es aquella que permite que ciertos hechos, que por otra vía no podrían calificarse como crímenes de lesa humanidad, puedan ser entendidos como tales, ya que por medio de este acto inhumano se pueden afectar gravemente otros derechos, como el derecho de propiedad, el derecho de circulación y residencia, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, derecho de reunión, libertad de asociación, etc.”.

El crimen de persecución, de manera general, se puede configurar tanto por acciones como por omisiones, así como la intención específica de los perpetradores derivada del conocimiento por parte de estos de que dichos actos persecutorios forman parte de un sistema discriminatorio (caso Kvocka). ¿Acaso la cadena de mando del Estado venezolano no actúa coordinadamente contra la oposición bajo conocimiento pleno y efectivo de ejecutar actos [alineados] de judicialización, discriminación y humillación?

La CPI también analizará las observaciones de las víctimas:

  1. En Venezuela no hay investigación genuina;
  2. Crímenes de lesa humanidad quedan impunes;
  3. No se respeta el debido proceso;
  4. Los retardos procesales son una constante;
  5. No existe independencia judicial;
  6. La CPI es esperanza de hacer justicia.

Creemos que la audiencia del 7 y 8 de noviembre será favorable a las víctimas y las actuaciones del fiscal de la CPI. Existen suficientes evidencias no solo de persecución política, sino de casi todas las tipicidades previstas en el artículo 7 del ER. Bueno subrayar que el artículo 21 del Estatuto de Roma dispone: “(…) La Corte aplicará: 1. a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados (…)”.

Hoy la evidencia cabalga prolijamente en la valoración del jus cogens, la hermenéutica del derecho penal internacional y las buenas costumbres para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Y hemos cumplido. Todas estas incidencias [recientes] de persecución al Gobierno interino, autoridades de Citgo, PDVSA ad hoc y Comisión Primaria, más organizadores y otras, la hemos radicado puntualmente ante la CPI [Oficina del Fiscal y Sección de víctimas].

Confiamos en que habrá justicia en La Haya. Basta de acoso, persecución y humillación a quienes deseamos elegir y vivir en paz…

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

ARI: debilidades del madurismo y de la oposición quedaron al descubierto con las primarias

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Para la periodista María Isabel Párraga, el panorama político de cara a las elecciones presidenciales del 2024 estará mediado por las estrategias que tome el madurismo frente al conflicto territorial en el Esequibo. «Viene a la mente el tema de las Malvinas: en momentos de situaciones políticas con gobiernos de cierto corte autoritario, el elemento de unificación a través de un factor externo siempre ha sido un escenario»

«La participación de las elecciones primarias fue una sorpresa para todo el mundo: para el gobierno, para la propia Comisión Nacional de Primaria (CNP) y para los medios de comunicación que iban a hacer la cobertura. Los miembros del madurismo empezaron a subir el coro de la descalificación. Ahora quedó en evidencia que siguen controlando las instituciones. Lo que sí no esperaban era utilizar estas balas de otras instituciones estatales para las primarias», dijo el director editorial de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco, durante el encuentro de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) titulada «Decisión del TSJ sobre la primaria: ¿Una muestra de debilidad o fuerza del gobierno?». 

La coalición de los medios de comunicación TalCual, El Pitazo y Runrun.es hizo un panel virtual este primero de noviembre para analizar el impacto de las elecciones primarias de la oposición en la política venezolana. La periodista Ronna Rísquez, coordinadora de ARI, entrevistó a los periodistas César Bátiz, director de El Pitazo; a María Isabel Párraga, de Venezuela Adentro; a Luis Ernesto Blanco, director de Runrun.es, y a Luisa Quintero, reportera de la fuente política de TalCual. 

«Recordemos que durante todo este tiempo la Comisión de Primaria ha sufrido cuestionamientos desde los actores internos y ataques de actores externos, como Diosdado Cabello (y otros miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela)», enfatizó Quintero. «Luis Ratti fue una persona que se movió bastante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se emitieran sentencias al respecto, sobre todo contra la candidata María Corina Machado». 

La periodista especializada en la fuente política aseveró que el régimen de Nicolás Maduro ha creado matrices de opinión que se cristalizaron en la decisión del TSJ para «dejar sin efecto» las elecciones primarias de la oposición el pasado 30 de octubre, ocho días después de los comicios. 

«Se introdujeron varias denuncias de amparo sobre habeas data que buscaban detener el proceso en cierta medida, aunque el registro electoral son datos libres. No es llamativo que uno de los delitos que pusieron los dos fiscales que están investigando a las primarias es la usurpación de identidad, con la narrativa de que varias personas votaron bajo el nombre de otros individuos. Entonces lo que estamos viendo ahora es la cristalización de reacciones que se venían dando desde antes de las primarias», agrega la periodista de TalCual. 

Poca aceptación en el madurismo 

Para Batiz, las elecciones primarias dejó en evidencia que Nicolás Maduro tiene poca popularidad entre los votantes venezolanos, tal como lo infieren encuestadoras de opinión pública como Delfos. Mientras tanto, el objetivo del gabinete madurista es conseguir recursos para venderse como «un candidato potable» frente a las presidenciales del 2024. 

«Maduro tiene una bajísima intención de voto y un alto rechazo. Según las encuestas de Delfos, el chavismo duro tiene una intención del 11 % de querer un cambio de poder. Maduro no tiene los recursos para venderse como un candidato potable. En China no le dieron dinero», asevera el director de El Pitazo. «Tras ese fracaso, deben sentarse con Estados Unidos para que obtengan más ganancias con la explotación del petróleo. Por eso es que el gobierno está en reuniones con la oposición y el gobierno norteamericano».

Sin embargo, Batiz advierte que «sería un error asumir que el madurismo está derrotado», ya que puede mantener otros mecanismos de coerción y persecución política para mantenerse en el poder, como lo ha hecho desde el 2014. 

«El gobierno madurista no tiene ningún motivo para habilitar a María Corina Machado porque sería decirle que ella es la siguiente presidente», reflexionó Batiz. «Allí entonces entra el factor de Estados Unidos: todos los representantes del gobierno norteamericano dicen que noviembre es un mes decisivo para que el madurismo libere a los presos políticos y mejorar otros factores de derechos humanos para levantar las sanciones. Habrá que ver si habilitan a Machado. El petróleo venezolano ya no es tan decisivo para Estados Unidos. Joe Biden, poco a poco, ha aumentado la producción de crudo en los últimos años».

Las costuras de la oposición

Luis Ernesto Blanco coincidió que «definitivamente lo que lleva a Maduro a las negociaciones es la debilidad económica y política». Pero aseveró que las primarias, y la gran diferencia de aceptación entre los candidatos, también mostró que «las voces de la oposición deben evaluar cómo sería la participación del voto en las presidenciales con María Corina Machado y cómo sería sin ella». 

«Los analistas políticos han advertido que la participación de los políticos inhabilitados en las elecciones presidenciales no se ha discutido todavía ni en las conversaciones privadas ni públicas que se están dando en Barbados entre la oposición y el madurismo», aclaró el editor de Runrun.es. 

Quintero agregó que la oposición ahora enfrenta un dilema con la inhabilitación de María Corina Machado y la decisión del TSJ este lunes, donde la Plaatforma Unitaria debe analizar la participación de la candidata de Vente Venezuela en los próximos comicios presidenciales. 

«El mejor escenario que tiene la oposición es que se genere una presión en Barbados y del gobierno de Estados Unidos para que habiliten a Machado. También se habla que ella escoja a un representante en su nombre, pero eso no tiene mucha aceptación. Ya Machado tuvo una reunión con la Plataforma Unitaria para resolver estos escenarios. Pero, hasta ahora, la posición es ir con la candidata como lo dice su lema político: “hasta el final”», agregó. 

«Ni María Corina ni la oposición son las mismas de antes»

María Isabel Párraga recordó que el partido Vente Venezuela demostró con estas elecciones que está teniendo una «maquinaria política» más efectiva que Acción Democrática, Copei y Primero Justicia, partidos críticos al chavismo que entre el año 2000 y 2014 mantenían popularidad entre los votantes. 

«Ni María Corina Machado ni la oposición son las mismas de hace diez días. Ella tiene una oportunidad que no tuvo hace años y la está administrando. Yo veo más que ella trabaje en un acuerdo o una negociación de su candidatura con la oposición a que ella sea habilitada», dijo la periodista de Venezuela Adentro. «Ya no se ve como una candidata tan radical y explosiva, como hace unos meses atrás». 

Luis Ernesto Blanco consideró que la oposición debe «sincerar las maquinarias de los partidos tradicionales de oposición», que ya no mueven tanto apoyo popular como a inicios de la década del 2010. 

Frente a Barbados, la CPI y Guayana

Dentro del panorama futuro después de las elecciones y las decisiones del TSJ, Párraga opinó que la política venezolana estará mediado por las estrategias que tome el madurismo frente al conflicto territorial en el Esequibo. «Viene a la mente el tema de las Malvinas (en Argentina, en 1982): en momentos de situaciones políticas con gobiernos de cierto corte autoritario, el elemento de unificación a través de un factor externo siempre ha sido un escenario», dijo. 

Luisa Quintero opinó que el régimen de Nicolás Maduro puede aumentar sus patrones de represión, sobre todo por la investigación que llevan sus miembros frente a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad.

«En esos contextos donde la CPI va en favor de las víctimas siempre aumenta la persecución política. (…) Es un gobierno que se ha visto obligado a negociar, y recordemos que son acuerdos parciales, que van a ir afinando poco a poco. Tampoco no debemos dejar debajo de la mesa que está el Fondo Social de la ONU para atender la emergencia humanitaria compleja», agregó la periodista de TalCual. 

CNE acata el fallo del TSJ sobre consulta del Esequibo

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El TSJ informó en su página web que la Sala Constitucional del TSJ declara la constitucionalidad de las preguntas del referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba, a efectuarse el 3 de diciembre de 2023

 

 

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó este miércoles, 1 de noviembre, que el poder electoral acata el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que dicta constitucionalidad a las cinco preguntas sobre el referendo del Esequibo.

«El poder electoral decidió unánimemente saludar y acatar la referida decisión del Tribunal Supremo de Justicia, rumbo al cumplimiento del cronograma electoral. El 3 de diciembre todos a votar unidos en el consultivo por el Esequibo», dijo Amoroso.

En una rueda de prensa el presidente del CNE detalló que conforme con el artículo 335 constitucional que establece: «el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y principios son vinculantes para las otras salas del TSJ y demás tribunales de la República».

Más temprano, el TSJ informó en su página web que la Sala Constitucional del TSJ declara la constitucionalidad de las preguntas del referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba, a efectuarse el 3 de diciembre de 2023.

La sentencia número 1469 de fecha 31 de octubre se emite luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el pasado 20 de octubre la realización de la consulta popular tras recibir la solicitud de la Asamblea Nacional (AN) oficialista.

¿Qué dice Guyana?

Este martes, Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró competente para revisar la disputa entre los dos países, que impidiera a Venezuela realizar el referendo consultivo.

Por su parte, el gobierno de Maduro alegó en un comunicado que esta solicitud “pretende deslegitimar la voluntad del pueblo venezolano, convocado a una consulta democrática y popular para definir asuntos relativos a los derechos legítimos e históricos que le pertenecen en el territorio de la Guayana Esequiba”.

Insistieron en que tal medida no “tiene asidero legal, y solo demuestra la desesperación de las autoridades de Guyana”. Reiteraron los señalamientos que tras el gobierno guyanés está la petrolera estadounidense ExxonMobil, que busca la explotación de crudo en un territorio que Venezuela reclama como suyo y del que lo despojaron con el Laudo Arbitral de París de 1899.

Las cinco preguntas del referendo sobre el Esequibo

1.- ¿Está usted de acuerdo en rechazar con todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de Paris de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?

2.- ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?

3.- ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?

4.- ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?

5.- ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolanas conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?

 

*Con información de EP

Exigen al gobierno de Maduro liberar a los presos políticos y cerrar los centros de tortura

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“Es injusto que John Álvarez esté tras las rejas. Estoy pidiendo la libertad de John Álvarez y de todos los presos (políticos) que están tras las rejas”, señaló la madre del estudiante, Wenderlin Peña

Texto y fotos: @Andrea_GP21

Miembros de la sociedad civil se concentraron este jueves, 1 de noviembre, en la Plaza Brión de Chacaíto, en Caracas, para exigir a la administración de Nicolás Maduro la liberación de todos los presos políticos.

La manifestación también fue replicada Madrid, España, y fue organizada por la ONG Voces de la Memoria. En el encuentro, los participantes también exigieron el “cierre de los centros de tortura” que existen en Venezuela.

Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón refirió que la lucha es “por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela”, pero también “por la justicia que merecen las víctimas indirectas de ese patrón de presión política”.

 

Además, Tineo recordó que desde el año 2014 hay 314 muertos como consecuencia de “ese patrón de persecución”, de los cuales el 97 % de los casos se mantiene “en total impunidad”.

“Apenas un 3 % ha obtenido sentencia y apenas de los autores materiales o perpetradores. El resto de la cadena de mando se mantiene totalmente impune”, denunció Tineo.

Por su parte, la abogada Ana Leonor Acosta señaló que “cuando no hay justicia para los presos políticos, no hay justicia para los venezolanos”.

Asimismo, señaló que funcionarios de seguridad los han acechado y son ellos mismos quienes muchas veces han terminado encarcelados. “Esto nos tiene que llamar a la reflexión”, dijo.

Las voces de los familiares

En la concentración participaron los familiares de presos políticos y pidieron la liberación de sus parientes. 

Entre los asistentes se encontraba Sugled Gasparini, hermana de John Gasparini, quien es un preso político condenado recientemente a 16 años de prisión.

“Nos alegramos porque liberaron a cinco personas, pero por otra parte sentimos tristeza. No solamente son cinco personas, son más de 300 presos políticos que merecen el abrazo de su familia, que merecen pasar unas Navidades junto a sus hijos, madres y esposos”, dijo.

 

Gasparini manifestó que lo único que piden los familiares es la liberación de todos los presos políticos.

Por su parte, la señora Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, uno de los sindicalistas condenados a 16 años de prisión, alzó su voz para que los venezolanos sepan que “en Venezuela se tortura, no solo a los presos políticos, sino a los familiares”.

“Hacen un tratado y no lo cumplen. Cada día para nosotros es una esperanza, y cada día al llegar la noche, nuestros familiares siguen presos”, declaró Oropeza a los medios.

“Es injusto que John Álvarez esté tras las rejas”

Wenderlin Peña, madre del estudiante John Álvarez, manifestó que su hijo, quien apenas tiene 24 años y “le han robado 63 días de su vida”.

“Es injusto que John Álvarez esté tras las rejas. Estoy pidiendo la libertad de John Álvarez y de todos los presos (políticos) que están tras las rejas”, señaló.

Pero además, Peña pidió al gobierno de Nicolás Maduro que libere a su hijo. “Mi hijo no puede estar tras las rejas. No le pueden robar su futuro, que tanto le ha costado”, dijo.

Caso Venezuela I: CPI convoca una nueva audiencia en noviembre

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 Desde 2021, Venezuela es el único país de Latinoamérica con una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional (CPI)

 

Foto: Corte Penal Internacional

El caso de violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela tendrá una nueva audiencia durante el 7 y 8 de noviembre de 2023, esta vez convocada por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI). Así lo confirmó Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas.

En entrevista para el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias, Santacruz mencionó que esta audiencia tiene como objetivo escuchar a tres partes diferentes: al Estado venezolano, la Fiscalía y también a la oficina de abogados públicos de las víctimas.

“Esto les permite retrasar un proceso que ya en sí mismo es lento y que ha sido criticado, porque no tiene tiempos establecidos en el Instituto de Roma. Eso ha llevado que los procesos sean demasiado largos”, expresó la Directora, quien además recordó que el Estado venezolano ha usado todos los recursos posibles del Estatuto de Roma.

Crece la expectativa en la CPI

La también miembro de la ONG Civilis Derechos Humanos enfatizó la importancia de que todos los mecanismos se mantengan atentos a lo que ocurre día a día en Venezuela en materia de violaciones de derechos humanos y de justicia frente a los crímenes de lesa humanidad. Para ello, hace referencia a la Fiscalía de la CPI y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela.

Finalmente, Santacruz considera que esos espacios deben seguir “actuando como veedores en el caso de los sistemas de protección”. Apuntó que la Corte debe ser un espacio de “justicia genuina”, en el cual se logre evitar que continúen existiendo grandes violaciones a los derechos humanos.  

Caso Venezuela I: ¿Qué ha ocurrido?

La investigación por parte de la CPI se inició el 3 de noviembre de 2021, cuando el fiscal de la CPI, Karim Khan, visitó el país y anunció que el caso denominado como “Venezuela I” pasaba de la fase de examen preliminar a la de investigación formal.

Esto hizo que se abriera una investigación sobre si se cometieron crímenes de lesa humanidad en el contexto de las manifestaciones durante la crisis política venezolana en 2017.

La ONG, Defiende Venezuela, explica que la investigación abarca desde el 12 de febrero de 2014, e investiga cualquier crimen contra la humanidad  por parte de autoridades estatales, miembros de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles e individuos progubernamentales (colectivos).

Luego de varios contratiempos y largas, a mediados del presente año el fiscal Khan visitó el país para instalar una oficina de cooperación en Caracas. Desde entonces, la CPI ordenó continuar con el proceso.

AP: Agente de la DEA filtró información secreta de Alex Saab a abogados defensores

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El abogado defensor de Saab, Neil Schuster, que ha asistido al juicio desde su inicio, declinó hacer comentarios, citando una orden de silencio de un juez en el caso

 

 

La agencia de noticias Associated Press (AP), informó este miércoles que un agente federal de narcóticos filtró información confidencial sobre Alex Saab, uno de los principales objetivos criminales de Washington en Venezuela.

Según la publicación, se trataría de un plan para vender secretos del gobierno a abogados defensores que buscan atraer clientes de bolsillo profundo.

En una llamada telefónica intervenida, el agente de la DEA, John Costanzo Jr., reveló la fecha exacta de 2019 en la que los fiscales de Miami planeaban presentar cargos contra el empresario Alex Saab por supuestamente desviar 350 millones de dólares de contratos estatales.

La filtración, que no se había hecho pública anteriormente, marca otro caso vergonzoso de mala conducta de agentes de alto perfil en la principal agencia antinarcóticos de Estados Unidos y podría complicar el ya tenso procesamiento de Saab por parte del Departamento de Justicia.

“Cuando acusamos a alguien, hay una razón por la que es secreto”, dijo al jurado federal de Manhattan Michael Nadler, ex fiscal federal de Miami que acusó a Saab. “No se debe dar información para ayudar a nadie fuera del equipo de la fiscalía a conseguir clientes”.

El testimonio de Nadler se produjo varios días después del juicio por soborno de Costanzo, quien está acusado de embolsarse 73.000 dólares en efectivo a cambio de filtrar información policial confidencial a su exjefe en la agencia (y ahora coacusado) Manny Recio.

Recio, días después de retirarse como supervisor de la DEA, comenzó a trabajar como investigador para los abogados defensores  Luis Guerra y David Macey.

Si bien los fiscales describieron a los abogados defensores como “abogados corruptos” que “pagaron generosamente por secretos de la DEA”, no han explicado a los miembros del jurado por qué no han sido acusados ​​junto con Costanzo y Recio.

“El gobierno está viendo fantasmas porque nunca hubo un quid pro quo”, dijo la abogada defensora Torrey Young en su declaración inicial. “John Costanzo no sería comprado, no podría ser comprado y nunca fue comprado”.

No está claro qué hizo Recio con la información que se le filtró sobre Saab. Sin embargo, había estado en estrecha comunicación con Hernández, quien es hombre de confianza de Saab y había sido reclutado por Recio para ayudar a los abogados defensores a reclutar clientes.

“No sé si quieres hacer tu movimiento ahora o esperar”, le dijo Costanzo a Recio, refiriéndose a Saab, en una conversación escuchada y reproducida en el tribunal el martes. “Si consigues una reunión, avísame y te diré qué decir”.

El abogado defensor de Saab, Neil Schuster, que ha asistido al juicio desde su inicio, declinó hacer comentarios, citando una orden de silencio de un juez en el caso.

Alex Saab se convirtió en una causa célebre entre los aliados de Nicolás Maduro, quien afirma que el empresario nacido en Colombia es un diplomático venezolano atacado por “sus esfuerzos para eludir las sanciones estadounidenses” impuestas por la administración de. Donald Trump.

Lo arrestaron durante una escala de combustible para aviones en 2020 mientras se dirigía a Irán, donde fue enviado por Maduro para negociar acuerdos petroleros.