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Amnistía Internacional: arremetida del madurismo a las primarias opositoras «muestra la vigencia de su política de represión»

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Después de que el Ministerio Público interrogara a que tres miembros de la Comisión Nacional de Primaria por más de ocho horas, las sociedad civil venezolana reitera que el Estado venezolano mantiene sus patrones de represión para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro
Magaly Vásquez, abogada del presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, informó que «no hay motivos para imputar porque no hay delito»

Este 31 de octubre Amnistía Internacional denunció que las medidas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público de Venezuela sobre la Comisión Nacional de Primaria (CNP) es la perpetuación del «sistema represivo estatal» del gobierno de Nicolás Maduro que está siendo evaluado por la ONU desde el año 2014, y por lo tanto debe ser incluido en los reportes de las Naciones Unidas bajo las violaciones a los derechos humanos. 

«El gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas al gobierno. Las acciones tomadas por el Ministerio Público, alineadas con declaraciones de autoridades estatales, elevan las alarmas de posibles detenciones arbitrarias tan ampliamente denunciadas. Esta política de represión no es una novedad y la comunidad internacional no debe bajar los brazos en la defensa de los derechos humanos en Venezuela», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado de prensa. 

Después de las elecciones primarias de la oposición el 22 de octubre, donde ganó María Corina Machado como la candidata para representar a la crítica del chavismo de cara a las presidenciales del 2024, la pareja de Nicolás Maduro, Cilia Flores, pidió judicializar a los organizadores de los comicios.

En menos de 48 horas el MP y el TSJ buscaron desvirtuar las elecciones que, a vista de la sociedad civil venezolana, era un evento que no viola ningún estatuto de las leyes venezolanas ni los derechos humanos.

«Nadie debe olvidar que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. El escrutinio y los mecanismos de justicia internacional son más necesarios que nunca para evitar una nueva escalada de crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, especialmente durante el periodo electoral que recién comienza», agrega Piquer.

Más de ocho horas en el MP

El 30 de octubre tres representantes de la CNP fueron interrogados por dos fiscales del Ministerio Público, por la investigación de presunto fraude en el evento electoral del 22 de octubre.

Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión, ingresaron a la sede principal del MP en la mañana de ese lunes, pese a que las fiscalías actuantes representadas en la citación del organismo estatal —el  Tribunal 73 Nacional contra la delincuencia organizada y Tribunal octavo nacional con competencia de delitos asociados al Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería)—no se encontraban en la sede principal del Ministerio Público.

Roberto Abdul, director de la asociación civil Súmate, lo solicitó el MP debido al apoyo de la sociedad civil frente a los comicios. También convocaron los presidentes de las juntas de Miranda, Carabobo, Anzoátegui, Lara, Mérida, Táchira, Aragua, Apure y Distrito Capital.

De acuerdo con la abogada de Casal, Magaly Vásquez, las entrevistas de la investigación, que tienen «carácter reservado», se hicieron por separado. No hubo declaraciones a la prensa al abandonar la sede de la Fiscalía. Pero la abogada afirmó que «no hay motivos para imputar porque no hay delito». 

https://twitter.com/VPITV/status/1719365551246430263

En el caso de las juntas regionales se les preguntó quién financió el evento, dónde está el material electoral, qué empresa lo imprimió y por qué permitieron que civiles inhabilitados participaran en las elecciones. 

Mientras hacían el interrogatorio, el TSJ publicó que las elecciones no tuvieron efecto, alegando que María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano estaban inhabilitados. 

Casal salió del MP cinco horas después de entrar al recinto. Camero estuvo nueve horas bajo la custodia del Estado y Abdul estuvo diez horas bajo el interrogatorio. 

Academia denuncia que acciones contra la primaria representan un “atentado al orden constitucional”

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Según la Academia, la elección opositora fue un “evento ciudadano y democrático de escogencia de un candidato presidencial para las elecciones” de 2024

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales advirtió que la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la primaria opositora, así como la apertura de  una investigación por parte de la Fiscalía, representan un “atentado al orden constitucional y legal” y a la democracia.

En un comunicado, la institución rechazó las “actuaciones del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia” que -señaló- tienen el objetivo de “judicializar y criminalizar” a la Comisión Nacional de Primaria, organizadora del proceso, lo que supone también un “atentado” a los “ciudadanos que, de manera cívica, participaron” en este proceso.

El presidente de la Comisión, Jesús María Casal, así como la vicepresidenta, Mildred Camero, y el miembro suplente Roberto Abdul-Hadi declararon este lunes ante el MP, donde deben responder por denuncias de “fraude” en los comicios, ganados por la María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular hasta 2030.

También este lunes, el TSJ ordenó la suspensión de “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido” por la CNP, luego de recibir un recurso introducido por el diputado opositor José Brito que pedía revisión de “irregularidades”.

 

Según la Academia de Ciencias Políticas, la elección antichavista fue un “evento ciudadano y democrático de escogencia de un candidato presidencial para las elecciones” de 2024, y “constituyó un evento cívico” con sustento constitucional, por lo que no hubo “una usurpación de las funciones” del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni “se cometieron ilegalidades”.

La academia, que reafirmó su “defensa de los principios y valores de la democracia, el Estado de derecho y las libertades políticas”, solicitó a los poderes públicos respetar y proteger a las “manifestaciones cívicas y democráticas, así como a los organizadores y actores que las promueven”.

*Con información de EFE

Implicaciones y lecturas a la sentencia del TSJ que “suspende efectos” de la primaria

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Expertos concuerdan en que la sentencia del TSJ intenta comunicar que la elección del 22 de octubre tuvo un impacto en la administración de Maduro

 

 

En un escenario que estaba latiendo desde que la Comisión Nacional de Primaria decidió organizar el evento electoral del 22 de octubre, este lunes 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia de que se suspendan los efectos de la primaria, la traducción de que no se reconoce a María Corina Machado como candidata unitaria.

La sentencia, que además incluye la exigencia de que la oposición entregue todo el material electoral, deriva en diferentes escenarios como la posible judicialización a quienes organizaron la iniciativa, que la oposición no pueda postular a Machado y esto los obligue a buscar un escenario como el consenso o el temor de la gente a que se reedite la “Lista Tascón“.

Para John Magdaleno, director de la firma de consultoría en asuntos públicos Polity y docente universitario, la sentencia del TSJ tiene dos objetivos principales: ratificar las inhabilitaciones políticas y transmitir que la administración de Nicolás Maduro no está dispuesta a facilitar una transición hacia la democracia.

“Lo que sí luce evidente es que una sentencia en este contexto, precedida por la solicitud de investigación para la Comisión Nacional de Primaria y miembros de las juntas regionales, obviamente está comunicando simultáneamente que la primaria sí tuvo un impacto en la lectura de los principales actores y voceros del oficialismo”.

John Magdaleno, director de la consultora Polity.

Alí Daniels, director de la asociación civil Acceso a la Justicia, indica que la decisión del Poder Judicial tiene un alcance limitado porque la primaria es un hecho cumplido. No obstante, advierte que el efecto inmediato es que los partidos políticos no podrían postular a María Corina Machado como su candidata a las elecciones presidenciales de 2024.

“Pero eso tampoco tiene mucha trascendencia en la medida que los partidos pueden decir que postulan a la señora Machado no como resultado de la primaria, sino por una aceptación de consenso entre los partidos. De manera que al final las consecuencias serían las mismas”.

Daniels recuerda que el reglamento publicado por la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) en su página web establecía que los cuadernos de votación serían destruidos tras la elección para evitar la persecución política y destaca que el acervo probatorio sobre las acusaciones de usurpación de identidad y usurpación de funciones electorales se encuentra precisamente en esos documentos.

A juicio de Daniels, la sentencia del TSJ busca distraer de la opinión pública la persecución judicial que emprendió la administración de Nicolás Maduro contra los miembros de la CNdP y las juntas regionales.

“Lamentamos que en Venezuela los operadores de justicia se comporten como los operadores de la persecución política y esperemos que este proceso no avance más allá precisamente porque no tiene ningún fundamento para tener mayor alcance y porque las personas que están siendo investigadas son personas manifiestamente inocentes de los cargos que se les están imputando”.

El director de Acceso a la Justicia resalta que todos los actores que participaron en la elección aceptaron los resultados y considera irregular que una persona ajena al proceso intente impugnarlo porque no tiene la cualidad. “Menos con el argumento banal de que no se le dejó participar porque lo está diciendo luego de las elecciones, no antes. Eso confirma que se trata de un argumento sin sustento ni fundamentación”.

Por su parte, José Ignacio Hernández, abogado especialista en derecho administrativo y constitucional, indicó que la sentencia conjunta de la Sala Electoral del TSJ es una muestra de legalismo autocrático y no genera ningún efecto jurídico. Considera que el Poder Judicial está usando la misma estrategia que aplicó para criminalizar a la Asamblea Nacional electa en el año 2015.

“La Sala ordenó como medida de amparo cautelar, “suspender las primarias”. Esto es absurdo: no se pueden suspender pues ya se realizaron. Son un hecho político consumado.  Este absurdo ya lo hizo la Sala Electoral en 2015: suspendió la proclamación de los diputados de Amazonas, ya proclamados. Y de allí vino el “desacato”. Por ello, la Sala va a considerar que toda acción basada en la candidatura de María Corina Machado es un “desacato” al amparo, lo que derivará en medidas penales”, escribió en su perfil de la red social X.

 

Llegó a Maiquetía el tercer vuelo con venezolanos deportados desde EE.UU.

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Foto: Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana 

 

Los vuelos directos de deportación de Estados Unidos a Venezuela se reanudaron el 18 de octubre, luego de más de 4 años suspendidos

 

Este martes, 31 de octubre, llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, el tercer vuelo con venezolanos deportados de Estados Unidos. 

«Estamos recibiendo a 124 connacionales, de los cuales 112 son masculinos y 12 son femeninas (…) Garantizándole el derecho a la identidad con los protocolos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)”, dijo el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes, Endes Palencia, en X.

Los vuelos directos de deportación de Estados Unidos a Venezuela se reanudaron el 18 de octubre, luego de más de 4 años suspendidos, cuando arribó el primer avión con 127 migrantes venezolanos.

Con este tercer grupo, el número de venezolanos deportados de Estados Unidos llega a 362. Las deportaciones forman parte de un acuerdo más amplio entre los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro, suscrito el 5 de octubre.

Según datos oficiales, a través de diferentes medios, entre ellos el “Plan Vuelta a la Patria”, más de 342.000 venezolanos, que “atravesaban dificultades en el exterior”, han regresado en el último quinquenio.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), unos 7,71 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años, aunque el Gobierno sostiene que son aproximadamente dos millones, de los cuales “casi un millón” han retornado. 

*Con información de Efe

OVP: Hasta las vacas se llevaron pranes de Puente Ayala

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El Observatorio Venezolano de Prisiones sostuvo que en la nueva modalidad carcelaria en Venezuela, los pranes se despiden como celebridades en las redes sociales y cargan con sus pertenencias

 

Tiempo de “fugarse” han tenido los pranes de las cárceles Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala que en poco más de un mes han sido intervenidas por fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), antes de partir los pranes en Puente Ayala, prisión ubicada en el estado Anzoátegui, se llevaron ganado, electrodomésticos y dinero en efectivo.  

“Con la toma de Puente Ayala, que se llevó a cabo este lunes 30 de octubre, desde el OVP notamos como el régimen de Nicolás Maduro implementó una nueva modalidad de intervención penitenciaria: la negociada”, resaltó la ONG en una nota de prensa.

La ONG aseguró que en las “tomas” de estos tres recintos penitenciarios se ha apreciado un común denominador: “son selectivas, porque se ejecutan en ciertas áreas de un recinto y se negocian con los mismos pranes que durante años han azotado a la población penal”.

“Desde hace una semana los vecinos de las adyacencias donde está ubicado Puente Ayala, ya sabían que este recinto sería intervenido e incluso notaron con sorpresa cómo sacaban ganado y electrodomésticos desde el interior del penal”, prosigue la nota.

La ONG denuncia que cinco días antes de la “intervención” había funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acantonados en las adyacencias.

“¿Por qué ninguno de estos funcionarios impidió la mudanza que salía de Puente Ayala? Al igual que pasó con Tocorón y Tocuyito, con esta intervención de dudosa operatividad quedan más dudas que certezas”.

El OVP sentenció que la entrega del penal fue organizada por el pran Yunior Yagüez, alias “Pata e’ Queso”, quien tuvo tiempo de advertir a sus luceros y lugartenientes para que también sacaran sus pertenencias, incluidos dólares en efectivo y motocicletas.

Yagüez es conocido por sus nexos con diversas bandas criminales en Barcelona, en donde operan con el robo de vehículos, extorsiones y venta de drogas.

 

Con información de Observatorio Venezolano de Prisiones

 

LEA  Para Una Ventana a la Libertad, Puente Ayala fue otra entrega negociada 

Fallas en suministro de combustible podrían traer “consecuencias graves” para el sector agrícola

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En cuanto al comercio, Polesel señaló que las ventas del año no fueron lo esperado “y se compraron inventarios a principio de año, justamente viendo que había una recuperación”.

Tiziana Polesel, vicepresidente de Fedecámaras, advirtió este martes, 31 de octubre, que el sector agrícola podría tener consecuencias “graves” para los últimos meses por las fallas en el suministro de combustible.

Durante una entrevista que ofreció al Circuito Éxitos de Unión Radio, Polesel señaló que este sector “tuvo un crecimiento importante” y una expectativa positiva, pero que se ha visto opacada en las últimas semanas “por los problemas tan serios que hay de combustible en todo el territorio nacional”.

 

Explicó Polesel que eso “ralentiza”, incluso, la llegada de la mercancía a Caracas. “Esto es algo que preocupa muchísimo, porque estamos en el periodo de cosecha y la falta de gasoil puede traer consecuencias muy graves”, advirtió.

Además, indicó que aquellos que apostaron a la exportación “requieren una atención especial para que no se entorpezca ese flujo regular”.

Sin embargo, advirtió: “Cuando vendes un producto en el exterior y no lo entregas a tiempo, sales del mercado”.

Para Polesel, los últimos dos meses del año 2023 son de “expectativas positivas” para algunos sectores, pero recordó que, en Venezuela, los promedios “son muy injustos porque para algunos sectores ya el año prácticamente terminó”.

Al respecto, explicó que el sector construcción manifiesta una “contracción importante”, pues el crédito para este rubro “es importante para hablar de una eventual recuperación”.

 

Sobre el sector turismo, Polesel señaló que este está preparando paquetes para fin de año “con el objetivo de ver cómo se cierra el año un poco mejor, que en términos generales no fue lo esperado”.

En cuanto al comercio, la vicepresidente de Fedecámaras señaló que las ventas del año no fueron lo esperado “y se compraron inventarios a principio de año, justamente viendo que había una recuperación”.

“El sector comercio hizo compras que no salieron en los tiempos previstos. Hay descuentos porque muchos de los comerciantes están presionados por salir de esos inventarios”, advirtió.

Finalmente, sobre la flexibilización de algunas sanciones, señaló que esto no incide de forma rápida en la economía. “Cuando tú abandonas un mercado tienes que recuperarlo. Una actividad, retomarla, a veces es costoso y lleva tiempo”, dijo.

«Pero es una buena señal que estemos pensando en esta flexibilización que tanto pidió el sector empresarial y que perjudicaba a todos» añadió Polesel.

Para Una Ventana a la Libertad, Puente Ayala fue otra entrega negociada 

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Al igual que en Tocorón y Tocuyito, nada se sabe del paradero del pran de la cárcel ubicada en Barcelona
De acuerdo con familiares de reclusos, estos han sido trasladados a Nueva Esparta, Guárico y Sucre

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la palabra toma significa “conquista u ocupación por la fuerza de una plaza o ciudad”. Pero para la ONG Una Ventana a la Libertad, la ocupación de los penales Tocorón, Tocuyito y más recientemente Puente Ayala en el estado Anzoátegui no se trata de “tomas” como lo quiere hacer ver el Gobierno de Nicolás Maduro sino más bien de entregas negociadas.

“La comisión estaba negociando con los jefes del penal y estos ya habían comenzado a sacar sus pertenencias de allí, incluso, este domingo permitieron las visitas y los muchachos nos advirtieron que se iban a entregar y que ya habían entregado las armas. Al pran no lo vimos ayer. Muchos creen que le permitieron salir junto con su gente, a menos que les hayan dado un privilegio de salir antes y estar en un área segura”, detalló una de las testigos de la llamada Operación Cacique Guaicaipuro a cargo del Ministerio de Interior y Justicia, que este lunes actuó en la cárcel ubicada en Barcelona. 

Al igual que con Héctor Guerrero Flores alias “Niño Guerrero” y con “Richardi”, pranes de Tocorón Tocuyito, respectivamente, nada se supo de Yunior Yagüez, alias “Pata e’ Queso”, líder negativo de Puente Ayala. 

Parientes de los internos de la cárcel anzoatiguense contaron que el pasado viernes 27 de octubre, algunos grupos de privados habían  expresado su disposición a entregarse.

Una de las mujeres que esperaba saber de su concubino contó que había pasado una semana junto con su pareja en el interior de la cárcel, pero éste le pidió que se fuera porque estaba por llegar la comisión a tomar las instalaciones de la prisión. 

“Parece que aquí negociaron solo con un grupo porque estamos muy poca gente aquí esperando saber de nuestros familiares, los días de visita asiste muchísima más gente que los que hoy vinieron a ver saber de los traslados. Necesitamos saber a dónde llevan a nuestra gente”, reclamó una de las parientes de un recluso.

Hasta la noche de este lunes 30 de octubre, 13 autobuses habían salido de Puente Ayala con destino a los estados Nueva Esparta, Guárico y Sucre.

“Eso lo hemos podido saber por contactos que tenemos y que nos han informado, pero aquí nada está confirmado, nosotros seguimos sin confirmar a dónde se llevaron a nuestros parientes y tenemos derecho a saberlo”, resaltó la familiar de un recluso.

 

LEA  En la cárcel de Puente Ayala tampoco atraparon al pran

El Mañanero del #31Oct: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 31 de octubre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela y los derechos humanos: la investigación del Ministerio Público sobre las elecciones primarias de la oposición tuvieron lugar, pese a las reacciones de la sociedad civil; .el Tribunal Supremo de Justicia declaró nula las elecciones primarias y el Estado interviene en la cárcel de Puente Ayala, en Anzoátegui, sin atrapar a los cabecillas de las bandas criminales.

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#MonitorVíctimasLara | De un disparo en el pecho matan a un hombre en presunto enfrentamiento con la PNB

https://www.youtube.com/watch?v=NpOcvejKkRc

«Ofrecer la ciudadanía a los habitantes del Esequibo es irresponsable y peligroso… es una intrusión y una violación de los derechos de Guyana como nación soberana. (…) En este referéndum y sus insidiosos cebos reside un acontecimiento verdaderamente desagradable que tiene el potencial de infligir algún daño grave y duradero a las relaciones Guyana-Venezuela», alega el editorial del medio guyanés Kaieteur News sobre el referendo consultivo promovido por el gobierno de Nicolás Maduro.

Gracias por leer El Mañanero del 31 de octubre del 2023.