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AD remplaza a Carlos Prosperi de secretaría de organización nacional

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El cambio en la organización se evidencia semanas después de que AD reconociera los resultados de las primarias en donde resultó ganadora con más del 90% de los votos, María Corina Machado

 

El partido político Acción Democrática (AD) informó este martes, 14 de noviembre, que el cargo que ocupaba el excandidato Carlos Prosperi en la secretaría de organización nacional, será ejercido ahora por Piero Maroun. 

Según la cuenta en la red social X (antes Twitter) «ADeco en Resistencia», se felicita a Maroun por sus nuevas responsabilidades y se considera que va a «dinamizar» la estructura. Sin embargo, ni Ramos Allup ni la cuenta «oficial» de esa facción de la tolda blanca se han pronunciado al respecto.

Carlos Prosperi fue el secretario de organización de AD y, ocupando el cargo, fue nombrado como candidato de la organización política a las primarias.

Sin embargo, el cambio de su figura en la organización se evidencia unas semanas después de que el partido Acción Democrática (AD), reconociera los resultados de esa elección en donde resultó ganadora con más del 90% de los votos, María Corina Machado. 

«Reconocemos el resultado contundente que le otorga el triunfo a la candidata María Corina Machado y, por supuesto, los resultados consiguientes», afirmó Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, en rueda de prensa el lunes 23 de octubre desde la sede de la Plataforma Unitaria.

Ramos Allup destacó que lo acompañaban miembros del Cómite Ejecutivo Nacional (CEN) de AD, así como quien fuera jefe de campaña de Carlos Prosperi, Piero Maroun; y el responsable del plan de gobierno, Manuel Rojas Pérez.

En la rueda de prensa, enfatizó que las posiciones de Carlos Prosperi habían sido a título personal y que el candidato «despertó más emociones que votos». Sobre las razones del comportamiento del candidato, afirmó: “Yo no tengo un psicoscopio».

Crimen organizado hace de las suyas con migrantes venezolanos en México

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De acuerdo con el representante de Agenda Migrante, “este es un problema nunca antes visto en México”, por lo que alertan a los migrantes a no caer en engaños
22 migrantes irregulares venezolanos fueron secuestrados en México por una organización mafiosa mexicana que exigiría $3.500 a los familiares de cada uno por su liberación

Foto: EFE

La afluencia de migrantes por el territorio mexicano ha crecido en el último año y con ello, aumentan también los riesgos para venezolanos, colombianos y personas de otras nacionalidades, quienes son robados y extorsionados en el camino, casi siempre bajo la promesa de llevarlos hasta Estados Unidos.

Así lo afirmó el representante de Agenda Migrante, Abraham Monarez, en una entrevista con la periodista Vanessa Davies para Unión Radio.

El crimen organizado ha crecido no sólo en territorios fronterizos sino también en zonas principal del territorio mexicano, como la Ciudad de México.

“Es muchísimo dinero que ellos recaban por el tráfico de personas”, dijo Monarez.

En la ciudad de México, la más grande del país, se ha podido observar la presencia no sólo de migrantes venezolanos, sino de varias nacionalidades y de países de Centroamérica, quienes sufren la extorsión y violencia y no cuentan con ninguna garantía.

“El crimen organizado ve esto como un gran ingreso. Les están cobrando diez mil dólares por cada persona y, según los números que tenemos nosotros, son más de dos mil quinientas las que llegan a la frontera. Es impresionante la cantidad de personas que están siendo extorsionadas, estafadas, robadas. Ya hay casos de personas que pierden la vida por esto”, comentó.

Estos diez mil dólares son lo mínimo que cobran estos grupos a los migrantes para llevarlos a “pasar la frontera”, aunque no ofrezcan ninguna garantía a los migrantes.

Por otro lado, en ciudades de Estados Unidos, migrantes siguen llegando también sin tener ningún tipo de garantía. En Nueva York miles de ellos están buscando extender su estadía en albergues, pues una ordenanza local obligará a hombres solos a desalojar los refugios en 30 días y a familias en 60 días. 

“No es tan fácil llegar a Estados Unidos, tienes que cumplir con los pasos que dice la ley norteamericana para poder entrar, darte asilo y comenzar un proceso”, recalcó el activisa. 

Crimen organizado en todos los pasos de la migración

Con el tiempo y en el último año está situación se ha intensificado,  alerta el experto. Actualmente, los migrantes pueden ser víctimas no sólo en el área de la frontera, sino también al pasar por las distintas localidades, como Ciudad de México y Zacatecas.

Ante esto la solución debe venir, según Monarez, por parte de las autoridades norteamericanas y de los países que más éxodo están teniendo hacia EEUU.

“Es un derecho humano migrar, pero las condiciones hoy en día en México no están para circular con garantías de no ser víctima del delito”, agregó.

Actualmente, las autoridades mexicanas están trabajando en “tener un mejor trato hacia los migrantes” y la sociedad civil también está tratando alzar la voz no sólo por los venezolanos “sino por todos los que llegan a México para que tengan un libre trayecto, pero la situación es otra”.

Recalcó Monarez que se está volviendo “complicado migrar” y el paso hacia EEUU no es algo fácil, por eso, recordó a los migrantes que es importante no caer en las falsas noticias y ofertas a través de los medios de comunicación y redes sociales respecto al cruce de la frontera.

Venezolanos secuestrados por mafias mexicanas

El pasado 13 de junio, el medio aliado El Pitazo recogió la denuncia que, al menos desde hace 5 días,  22 migrantes irregulares venezolanos fueron secuestrados en México por una organización mafiosa mexicana que exigiría $3.500 a los familiares de cada uno por su liberación.

Samira Gutiérrez, familia de tres de los secuestrados, contó que que las familias de las personas secuestradas son de muy bajos recursos y no tienen esa cantidad de dinero para garantizar la vida y libertad de su hermana Karilin Gutiérrez; su sobrino Jean Gregorio Jacome Gutiérrez, de cinco años, y su cuñado, Jean Carlos Jacome.

Gutiérrez informó que han intentado pedir ayuda a las autoridades, pero no han obtenido respuesta ni alguna solución. 

“Evidentemente, fue para buscar calidad de vida que mi hermana, mi cuñado, mi sobrino y todos los muchachos se fueron de Venezuela. Lo hicieron huyendo de la crisis humanitaria compleja que se vive aquí, así es que nosotros no tenemos los recursos para pagar esta atrocidad de dinero”, relató Gutiérrez, una profesora que gana menos de cinco dólares al mes por su trabajo. 

Reportan caída de migración venezolana

También el pasado 14 de noviembre, las autoridades mexicanas confirmaron una caída mensual de casi un 66 % en la migración de Venezuela.

El presidente de ese país, Andrés López Obrador, atribuyó esa disminución a la reactivación de los diálogos entre la Administración de Nicolás Maduro y la oposición.

“Es notorio cómo a partir de que iniciaron las pláticas, acuerdos con Venezuela, está disminuyendo el número de migrantes”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa desde el norteño estado de Sonora, que fue reseñada por EFE.

Por su parte, la  secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo que entre septiembre y octubre se vio una disminución “muy importante” de venezolanos en la frontera norte.

“En septiembre teníamos alrededor de 60.000 que estaban llegando a la frontera norte, y ahora ya tenemos alrededor de 40.000”, precisó. 

El Mañanero del #15Nov: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es  de este 15 de noviembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: la sentencia del TSJ de suspender las elección de la Universidad de Carabobo, el porqué disminuyeron los homicidios en Caracas según Monitor de Víctimas, cómo en Venezuela los efectos del cambio climático se exacerban con la inacción gubernamental, entre otros.

Cinco años Monitor de Víctimas: ¿Por qué hubo una disminución de los homicidios en Caracas?

DDHH Olvidados | Leonardo Mora lleva cuatro años navegando en la incertidumbre

Día Mundial de la Diabetes: ¿Cuánto cuesta un examen de tolerancia a la glucosa en…?

Guyana califica como amenaza el referéndum sobre el Esequibo

TSJ suspende las elecciones para renovar autoridades en la Universidad de Carabobo

En Venezuela los efectos del cambio climático se exacerban con la inacción gubernamental

Venezuela entre naciones con mayor inflación anualizada en el mundo

Cabello mandó a EEUU a “lavarse el paltó” por plazo para quitar inhabilitaciones (+ otras perlas)

https://twitter.com/MonitorVictimas/status/1724563867089490103

“A estas alturas del partido, estamos a punto de revelar y de hacer público el tenor de algunas conversaciones que de manera autónoma y secreta hemos sostenido con algunos agentes extranjeros, estamos muy cerca de revelar el tenor de estas conversaciones” JOrge Rodríguez, presidente de la AN oficialista #14Nov

Cinco años Monitor de Víctimas: ¿Por qué hubo una disminución de los homicidios en Caracas?

La periodista Ronna Rísquez puntualizó que hubo una especie de “mutación del crimen”, pues el “hampa común” fue convirtiéndose en “megabandas” y empezaron a ser lo que se conoce como “crimen organizado”
La socióloga Andrea Chacón explicó que desde 2018 a 2022 la disminución de homicidios en la capital del país fue de un 60 %

Monitor de Víctimas, plataforma que analiza las cifras de homicidios en Caracas, reveló en su quinto informe anual que desde en 2022 hubo una disminución de los homicidios en Caracas y cuáles son las razones que explican esta situación. 

Durante una transmisión en vivo  en Twitter,  Ronna Rísquez, periodista de investigación y cofundadora de Monitor de Víctimas; Andrea Chacón, socióloga y doctora en Ciencias Sociales de Reacin; y María Irene Barreto, coordinadora de Monitor de Víctimas por Mi Convive analizaron estas cifras

 

Monitor de Víctimas es una iniciativa periodística que nace en Runrun.es, la cual busca solventar la censura oficial de las cifras de homicidios en Caracas desde el año 2017.

En estos cinco años, la iniciativa se expandió y también abarca Táchira, Zulia, Sucre y Lara.

Hipótesis sobre la disminución de los homicidios

La socióloga Andrea Chacón explicó que desde 2018 a 2022 la disminución de homicidios en la capital del país fue de un 60 %. “Eso quiere decir que pasamos de una tasa de 40,3 muertes violentas en Caracas por cada 100.000 habitantes a una de 9,3 en 2022”, dijo.

Sin embargo, puntualizó que todavía no se puede decir que en Venezuela la situación ha mejorado.

Por su parte, la periodista Ronna Rísquez señaló que a partir del año 2018 se comenzó a ver un cambio en la dinámica de los homicidios, pues la mayoría “no lo cometían los delincuentes, sino que eran responsabilidad de los cuerpos de seguridad”.

“Aunque se ha dado una reducción de homicidios, la reducción no ha sido proporcionalmente igual en el caso de las mujeres. No hay una reducción en cuanto a los femicidios”, añadió Rísquez.

También puntualizó que hubo una especie de “mutación del crimen”, pues el “hampa común” fue convirtiéndose en “megabandas” y empezaron a convertirse en lo que se conoce como “crimen organizado”.

“Estos cambios afectan la dinámica de los homicidios de zonas urbanas como Caracas. No es que desaparecieron, sino que están operando los lugares. Estos grupos ahora se enfocan más en sus negocios criminales y mercados ilícitos. Muchos de ellos se han expandido a otros países, no solo a zonas fronterizas”, señaló.

 

Además, señaló la incidencia de la migración que, aunque no se conocen cifras concretas de la misma, tiene un peso en la disminución de los homicidios.

Ejecuciones extrajudiciales

Uno de los móviles que sorprende en el informe de Monitor de Víctimas son las ejecuciones extrajudiciales y casos registrados como “resistencia a la autoridad”, un término creado por las autoridades para justificar estos homicidios.

“Tenemos 1.739 casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales solo en Caracas en cinco años”, señaló Ronna Rísquez.

Recordó el caso de la masacre de la parroquia La Vega, ocurrida en el año 2021. “Quedó como en un limbo porque no se sabía cuántas personas habían muerto”, dijo.

Ante esa situación, explicó la periodista, Monitor de Víctimas se dedicó “a confirmar con testigos y familiares que estas personas habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales”.

Chacón señaló que por distintos factores, como la presión internacional, los operativos policiales también cambiaron su dinámica de ejecuciones extrajudiciales.

“Ahora en vez de matar a 100 muchachos, quizás mataban a 20 o 15 en operativos muy focalizados y respondían a eventos muy particulares (…) El cambio de estrategia fue por la reacción internacional y pudo haber contribuido a tener un número menor de muerte pero que no deberían estar ocurriendo”, señaló Chacón.

 

Presencia de colectivos y bandas armadas

La periodista Ronna Rísquez señaló que los dos municipios más violentos de Caracas son Libertador y Sucre y que las parroquias con más casos de homicidios “son las que tenían o que tienen presencia de colectivos y bandas armadas”.

De acuerdo con Rísquez, estos grupos “ejercen gobernanza criminal en los sectores donde están” a la par que controlan el territorio y dominan a la población.

“No creemos que sea una cosa casual el hecho de que los sitios donde hay presencia de colectivos y megabandas es donde presentamos la mayor cantidad de homicidios”, resaltó.

Aumento de femicidios

La socióloga Andrea Chacón señaló que aunque las mujeres no son la mayoría en los porcentajes de las víctimas, cuando se habla de violencia de género, se encuentran “algunas dinámicas interesantes”.

Las mujeres víctimas de femicidios, explicó Chacón, mueren en edad productiva, entre los 15 y 39 años y la mayoría de esas muertes “ocurren en sus viviendas y en manos de personas conocidas”.

A partir de la llegada de la pandemia y con ello, el confinamiento, según Chacón, “se cometieron mucho menos actividades delictivas”.

Sin embargo, lo anterior, “no quiere decir que dejó de haber violencia, por ejemplo, en la casa”.

“Cuando revisamos los casos de la violencia de género, hay un aumento de casos”, añadió Andrea Chacón.

En cuanto a los victimarios, en general, “son las parejas o personas que están muy relacionadas a las víctimas”, señaló la socióloga Andrea Chacón.

Huérfanos de la violencia

Entre 2017 y 2022, Monitor de Víctimas documentó 2.033 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estas personas dejaron huérfanos, al menos, a 1.520 niños, niñas y adolescentes.

Una investigación de la plataforma, que se publicó en agosto de 2023 con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (Capir), reveló a través de tres podcast cómo los niños, niñas y adolescentes terminan siendo el eslabón más frágil y vulnerable de la cadena de dolientes que deja la letalidad policial en Venezuela.

 

Sobre los huérfanos de la violencia, durante el Twitter Space, Ronna Rísquez explicó que desde la plataforma periodística querían saber cuántos huérfanos había.

“La mayoría de las víctimas están en edad productiva y de tener hijos (…) Nos preguntábamos qué pasa con esos niños que quedan sin padres. Nos hemos dedicado a registrar la cantidad de niños huérfanos que han quedado producto de la violencia”, explicó.

Sobre estos niños, niñas y adolescentes, Rísquez señaló que “no reciben ningún tipo de asistencia psicológica ni del Estado” y “en muchos casos han perdido a su madre porque muchas han tenido que emigrar para buscar el sustento”.

A su vez, María Irene Barreto indicó que entre las cifras que tiene Monitor de Víctimas, “la cantidad de huérfanos es similar o incluso mayor a la cantidad de muertes registradas”.

Barreto explicó que muchos de estos niños, niñas y adolescentes pertenecen a zonas donde hay altas tasas de natalidad y las familias tienen varios hijos. “Hay víctimas que han dejado hasta cinco o seis hijos”, dijo.

TSJ menoscaba derecho al voto al suspender elecciones en Universidad de Carabobo

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El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ULA), también rechazó “todo ataque en contra de la autonomía universitaria”

La decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde suspendió las elecciones de la Universidad de Carabobo (UC), menoscaba el derecho al voto según organizaciones universitarias.

En la sentencia 123 de la Sala Electoral, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez aceptó un recurso que solicitaron los ciudadanos Pedro Ulacio y Hernán Barrios para contener los comicios internos de la academia.

La Comisión Electoral de la UC emitió un comunicado donde rechazaron “categóricamente” la sentencia del TSJ sobre las elecciones de la casa de estudios, que estaban pautadas para el 29 de noviembre.

En el texto, la Comisión señaló que la sentencia “menoscaba el derecho al voto a los universitarios, a decidir la renovación de sus autoridades y así como de esas mismas autoridades a entregar sus cargos como corresponde legalmente, todo ello en ejercicio de su autonomía y competencias que le dan las leyes, reglamentos y normativas vigentes”.

 

Además, informaron que la Comisión cumplió “a cabalidad” con sus obligaciones “para garantizar un proceso pulcro, transparente y apegado a los preceptos éticos y morales”.

“Estaremos atentos a los requerimientos del TSJ para que este ejercicio democrático y participativo se pueda llevar a cabo en nuestra Universidad de Carabobo, quedando a la espera del juicio que determine si se puede continuar o no con la labor que los ucistas nos han encomendado y esperan”, agregó la Comisión.

 

Desde la organización Aula Abierta rechazaron esta decisión del TSJ y advirtieron que la acción “atenta contra la autonomía” de las universidades del país.

“La autonomía universitaria es un pilar fundamental para garantizar la calidad de la educación y el respeto a los derechos de toda la comunidad académica”, señaló Aula Abierta a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

En tal sentido, la organización reitera que es fundamental “que se garantice la participación de toda la comunidad académica en la elección de sus autoridades”.

Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ULA), también rechazó “todo ataque en contra de la autonomía universitaria”.

También, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB), William Anseume, se solidarizó con la Universidad de Carabobo.

A juicio de Anseume, la UC es “nuevamente agredida por el poder en Venezuela, ese que todos sabemos no funciona de manera democrática, por separado, como debe ser”.

Previo a conocerse la sentencia del TSJ, la Comisión Electoral de la UC publicó, el lunes 13 de noviembre, la lista de admitidos para las elecciones de autoridades.

 

En ese listado, uno de los excluidos fue el actual vicerrector administrativo, José Ángel Ferreira, quien se postuló al cargo de rector junto a los decanos Ulises Rojas y José Corado.

 
 
 
 
 
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Guyana califica como amenaza referendo sobre el Esequibo y pide a la CIJ bloquearlo

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En su comparecencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las autoridades de Georgetown solicitaron que no se incluyan la primera, tercera y quinta pregunta de la consulta popular impulsada por el chavismo 

 

Durante su intervención en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Guyana calificó como “amenaza existencial” el referendo sobre el Esequibo que promueve el Gobierno de Nicolás Maduro el próximo 3 de diciembre.

El Gobierno guyanés solicitó este martes a la CIJ tomar cinco medidas provisionales para bloquear el referendo, entre ellas evitar que el oficialismo proceda con la consulta popular “en su forma actual”.

Georgetown pidió que Caracas no incluya la primera, tercera y quinta pregunta del referendo, que consultan respectivamente, si se está de acuerdo en rechazar el laudo arbitral de 1899 que defiende Guyana, en la jurisdicción de la CIJ para resolver este asunto y en la creación de una región para anexionarse el territorio y otorgar ciudadanía y documentos de identidad a sus habitantes.

“No es exagerado calificar la amenaza actual como existencial para mi país. No puedo insistir lo suficiente en la urgencia de la situación que nos convoca, Guyana está en riesgo de perder de forma irreparable y potencialmente permanente sus derechos”, dijo Carl Greenidge, exministro que representa al país sudamericano en La Haya.

Guyana sostiene que el referendo allana una vía para que Venezuela se apodere unilateral e ilegalmente del territorio y lo anexione al suyo.

Ambas naciones están enfrentadas por una región que tiene 160 mil kilómetros cuadrados y está actualmente bajo la administración de Guyana.

La disputa existe incluso antes de la independencia de Guyana en 1966 y se incrementó después que las autoridades de Georgetown otorgaran licencias petroleras en la zona.

Venezuela tendrá el turno de expresar su posición ante la CIJ este miércoles 15 de noviembre. El Gobierno madurista adelantó que reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa).

Rodríguez contraataca 

Como “bárbaro y extraordinario” calificó la vicepresidenta Delcy Rodríguez el hecho de que Guyana acudiera a la CIJ para impedir que se lleve a cabo el referendo del 3 de diciembre.

“Nada nuevo de lo que conocemos. Vienen a la CIJ a pedir que no se haga el referendo. Pero mañana (15 de noviembre) vamos a dejar claro que cada venezolano va a ir a votar y defender su derecho histórico con paciencia escuchamos mentiras y manipulaciones por parte de Guyana”, dijo.

Rodríguez acusó al presidente de Guyana, Irfaan Alí, de intimidar a la comunidad internacional “cuando vestido de militar salió dando instrucciones en el Esequibo”. 

“Se niegan a una solución práctica”, agregó. 

La funcionaria de Maduro expresó que “durante la audiencia no mencionaron los ejercicios militares entre Estados Unidos y Guyana al lado de nuestro territorio”. 

 

Una histórica audiencia en la CPI

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Confiamos en la CPI. Confiamos que se hará justicia en La Haya. Las víctimas solicitan que la Sala de Apelación considere la consecución de la justicia y confirme las conclusiones de la SCP, reanudar la investigación

 

@ovierablanco

Los días 7 y 8 de noviembre 2023 pasarán a la historia como días de intenso dolor. No se trata de los pueblos sufridos o desplazados de Yemen, Siria, Congo o Somalia. Se trata del pueblo venezolano… profanado, perseguido y humillado por experiencias criminales inéditas. Los abogados de las partes ante la Corte de Apelaciones de la Corte Penal Internacional [CPI] fueron escuchados. El Estado habló, pero también las víctimas. Una inobjetable conclusión: en Venezuela no hay justicia, pero la habrá en La Haya… 

Entre la indignación, el orgullo y la justicia

La audiencia fue ordenada por la Corte de Apelaciones de la CPI con motivo de la decisión de la Sala de Cuestiones Previas [SCP] que autorizó continuar la investigación contra numerosos representantes del Estado Venezolano por crímenes de lesa humanidad.

El 27 de junio de 2023, jueces de la SCP de la CPI anunciaron que la investigación de la Fiscalía sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país puede seguir… La decisión se produce tras la petición del fiscal de la CPI, después de que, en abril de 2022, el Estado venezolano solicitara al tribunal remitirse a investigaciones locales.

Los jueces de la SCP concluyeron que “si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procedimientos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”. Los jueces consideraron que los procedimientos nacionales se han centrado únicamente en los responsables directos y de bajo nivel… En noviembre de 2022, al solicitar la autorización de la SCP para reanudar la investigación de su oficina, el fiscal de la CPI declaró que los procedimientos llevados a cabo por las autoridades venezolanas “no están suficientemente fundamentados […], no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía [y] no se han llevado a cabo de forma genuina”.

Recordemos que el fiscal Karim Khan [CPI], anunció la apertura de la investigación durante una visita a Caracas en noviembre de 2021, después de que seis países de la región remitieron la situación de Venezuela a la CPI en septiembre de 2018 y se llevó a cabo un examen preliminar de tres años por parte de la Fiscalía.

Transcurridas las oportunidades procesales [Nov-21/Jun-23] para que Venezuela demostrara a la Corte y la Fiscalía investigaciones o juicios genuinos de los crímenes denunciados; justicia independiente, eficaz e imparcial, el Estado venezolano –a criterio del fiscal y la SCP– no cumplió con tales exigencias. Venezuela apela la decisión de la SCP [Jun-23] y la corte de apelaciones anuncia que escuchará los alegatos de las partes, abriendo el procedimiento a observaciones de las víctimas.

Del lado del Estado venezolano se presentaron el canciller Yván Gil y Larry Devoe, abogado y representante venezolano para el sistema de DD. HH. El equipo defensor de Venezuela [siete abogados], lo encabeza Ben Emmerson, un jurista británico conocido por defender a Julián Assange y al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Fue exrelator especial de la ONU sobre DD. HH. Vale preguntarse: ¿Cuánto costará esta defensa, británica e “imperialista” al país? 

El abogado de Venezuela se basó en cinco fundamentos:

  1. El fiscal Karim Khan nunca ha identificado a ningún oficial de alto rango presuntamente involucrado en estos crímenes;
  2. La lista de crímenes es insuficiente y permanece en un nivel de generalidad que no permite a Venezuela responder en base a lo que establece el Estatuto de Roma;
  3. No es posible que la SCP continúe con esta investigación;
  4. Le corresponde a la Fiscalía de la CPI traducir los documentos y pruebas en español entregados por Venezuela y
  5. corresponde al fiscal solicitar admisión en este idioma.

También alega la defensa que la Fiscalía de la CPI desechó sin mayores explicaciones la mayor cantidad de documentos y registros judiciales donde se comprueba que el Estado venezolano sí ha investigado los hechos que revisa esa instancia. Se habría violado el principio de complementariedad. Según la defensa, 124 incidencias determinadas a partir de 2021 han sido revisadas por la justicia venezolana, pero solo se valoraron 64 expedientes judiciales. El abogado Emmerson acusó al fiscal Karim Khan de extralimitarse y usurpar funciones al decidir qué documentos admitía para los avances de su investigación. “Más de dos tercios del total fueron ignorados, y 23 de los 62 documentos traducidos no fueron tomados en cuenta (…)”.

Los representantes de la Fiscalía de la CPI respondieron: “Venezuela no presenta los alegatos como lo establece el Estatuto de Roma”. El Estatuto, en su artículo 18.2, no es taxativo ni limita la investigación de la Fiscalía. “No es un vehículo para que el Estado responda o restrinja las actividades que realiza esta instancia”. Es decir, la Fiscalía puede investigar y valorar pruebas aportadas por los Estados parte, como también investigar omisiones, dilaciones u otros aspectos de la justicia local, como la relevancia o no de las pruebas presentadas por los Estados, en aras del equilibrio procesal, un fair trial [juicio justo], que permita concluir si existe justicia genuina.

La Fiscalía también alegó un elemento crucial: el examen preliminar es la única fase completada hasta el momento. En esta fase no se identifica a los autores eventuales o se establece el alcance real de su investigación, por lo que es inapropiado afirmar que no existe plena identificación de los victimarios. En eso precisamente consiste la investigación. “El objetivo de la Fiscalía es investigar la verdad”.

El lenguaje de la verdad debe ser simple y sin artificios [Séneca]

Palian Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, italiana con 27 años de experiencia en el campo del derecho penal internacional, registró una intervención magistral, histórica y trascendente.

“Esta es la primera vez que las víctimas tienen la oportunidad de dirigirse a una sala de esta Corte […] Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad […] Mis siguientes breves observaciones se basan en las aportaciones de las víctimas… Por razones evidentes de seguridad no mencionaré sus identidades, pero deseo reconocer públicamente la valiosa contribución que cada una de ellas ha aportado a este procedimiento al expresar sus opiniones y al proporcionar documentación que arroja luz en el asunto en cuestión… Venezuela no está investigando ni enjuiciando ni lo hará en un futuro los crímenes que ellas (las víctimas), sus familiares, sus amigos, sufrieron” [una verdad simple, indubitable, sin artificios].

La contribución de las víctimas a este procedimiento se centra en la evaluación de las investigaciones nacionales y la conclusión acertada a la que llegó la SCP sobre la inexistencia de investigaciones y enjuiciamientos nacionales. Tampoco es verdad que las víctimas deben agotar denuncias ante la jurisdicción interna, cuando esta está minada de parcialidad y dilaciones. La magistrada puso en evidencia “que los casos [de las víctimas] fueron desestimados sumariamente sin una investigación adecuada, lo que introduce una cláusula de doble incriminación y evita nuevas investigaciones y enjuiciamientos contra la misma persona por los mismos hechos” […]

Además, las víctimas informaron que, desde 2014, numerosas personas han sido asesinadas durante manifestaciones no solo por razones de derechos civiles y políticos, sino también por derechos sociales y económicos.

Concluyó la magistrada Palian Massida: “En la gran mayoría de los casos los presuntos autores aún no han sido investigados [en Venezuela]. Hay numerosos casos de tortura, incluidos actos de violencia sexual principalmente en instalaciones de detención donde las víctimas en vano denunciaron los delitos que sufrieron a las autoridades nacionales […] Las víctimas indicaron que no habían sido contactadas por las autoridades judiciales ni notificadas sobre ninguna medida procesal o cualquier otro paso tomado o que habían sido amenazadas por buscar información […] Son numerosos los casos de persecución dirigidos principalmente contra defensores de los DD. HH. y opositores políticos detenidos ilegalmente sin acceso a garantía mínima y un juicio justo […] Las víctimas han sido sometidas a actos inimaginables de violencia, persecución y abusos contra los derechos humanos. Sus familias han soportado tragedias inenarrables. Tienen el interés legítimo en que se responsabilice a quien cometió los delitos […] Señorías, las víctimas no son meros observadores. Son participantes inestimables en la búsqueda de justicia y verdad […] Sus voces elevan el peso de experiencias en primera persona y son esenciales para arrojar luz sobre lo ocurrido…” Fin de la cita.

Es la búsqueda de la verdad: simple, sin rémoras y sin artificios.

Una larga espera…

“Las víctimas han estado esperando casi diez (10) años para que se realice una investigación adecuada de los trágicos eventos que sufrieron”, subrayó la magistrada Massida. Y en realidad son muchos más años de anomia, denegación de justicia o criminalización. Desde el año 2002, miles de profesionales petroleros, activistas y líderes políticos tuvieron que dejar el país por persecución política y otros crímenes de lesa humanidad. Qué decir del cierre de medios de comunicación [RCTV-2007], expropiación de estaciones de radio [CNB-2009] y persecución a periodistas.

Hoy la CPI es la única vía judicial disponible para las víctimas en su búsqueda de justicia, de la verdad… Las víctimas ven en la Corte, consuelo, justicia y sanación. Sus expectativas son que esta Corte cumpla su promesa de responsabilizar a los autores por las atrocidades que han sufrido.

Al permitir la participación de las víctimas, la Corte demostró su compromiso como instrumento genuino de justicia y verdad. La propia Corte ha definido puntos esenciales a la hora de discutir los temas relacionados con la admisibilidad de documentos. El numeral 107 [de la sentencia Lubanga] sobre procedimientos de admisión y evidencia, dispone que: “[…] la solicitud someta toda la evidencia que se considere necesaria para la averiguación de la verdad (artículo 69.3). En estos casos tanto la defensa, como el fiscal y la corte deben ser responsables, razonables y diligentes en la aportación, valoración y relevancia de las pruebas necesarias en el proceso”.

El Estado venezolano fue hostil al decirle a la Corte que “la justicia venezolana ha resuelto más casos que la CPI, desde su fundación”. Un momento de tensión innecesario que motivó al juez presidente de la Corte de Apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, advertir a la delegación chavista que no aceptará su “lenguaje irrespetuoso” ni “calificaciones incisivas”. El fiscal además denunció que el Estado Venezolano había inundado a la Corte de fotocopias sumarias, irrelevantes, inconclusas, como estrategia de retardo procesal que se riñe con la jurisprudencia de la CPI de aportar evidencias necesarias y relevantes.

Confiamos en la CPI. Confiamos en que se hará justicia en La Haya. Las víctimas solicitan que la Sala de Apelación considere la consecución de la justicia y confirme las conclusiones de la SCP, que no es más que autorizar al fiscal Karim Khan que reanude la investigación de los crímenes padecidos, y que quedaron una vez más en evidencia los días 7 y 8 de noviembre. Días de una audiencia sentida, crucial e histórica en la CPI.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Venezuela ocupa segundo puesto entre países con mayor inflación anualizada en el mundo

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Junto a Argentina y Cuba son las únicas naciones latinoamericanas en el ranking inflacionario elaborado por el economista Steve Hanke

 

Venezuela aparece en la segunda casilla entre las naciones con mayor inflación anualizada en el mundo, de acuerdo con un ranking elaborado por el economista estadounidense Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins.

Según Hanke, Venezuela tiene una inflación anualizada de 330% y en el último reporte oficial en julio de este año esta se ubicaba en 398,20%.

La lista está encabezada por Zimbabue, con 804%. El tercer lugar del ranking es ocupado por Argentina con 239%, seguido de Siria (173%), Líbano (134%), Sudán del Sur (60%), Turquía (59%), Rusia (58%), Cuba (52%), Irán (52%), Etiopía (48%), Malawi (48%); Zambia (42%), Sierra Leona (37%), Egipto (31%), Liberia (27%), Laos (24%) y Pakistán (24%).

En el ranking solo aparecen dos países sudamericanos: Venezuela y Argentina, y tres latinoamericanos incluyendo a Cuba. Los tres tienen Gobiernos de izquierda.

Hanke señaló que la salvación de la economía argentina, país al borde de la elección de un nuevo presidente, pasa por la dolarización oficial. 

El economista fungía como asesor del otrora candidato a la elección primaria de la oposición por el partido Copei, Roberto Enríquez, quien declinó a última hora.  Entre las propuestas de Hanke figuraba la eliminación del Banco Central de Venezuela (BCV).

Líderes en miseria e inflación

El ranking de inflación de Hanke coincide con el Índice de Miseria correspondiente a 2022, donde también aparecen Venezuela, Argentina y Cuba.

La clasificación publicada en mayo de 2023 tiene a Zimbabue como líder, secundada por Venezuela, Siria, Líbano, Sudán, Argentina, Yemen, Ucrania, Cuba, Turquía, Sri Lanka, Haití, Angola, Tongo y Ghana.  

Venezuela registró un índice de miseria de 330,8 puntos según el economista.

“Venezuela ha tenido dos períodos de hiperinflación bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Desde que llegó al poder también ha visto colapsar la producción de petróleo de PDVSA en un 76 %”, escribió Hanke en ese momento.

El Índice de Miseria de Hanke combina desempleo de fin de año (multiplicado por dos), inflación y tasas de préstamos bancarios, menos el cambio porcentual anual en el PIB real per cápita.

 

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