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Por repunte de enfermedades respiratorias en algunos colegios de Anzoátegui retomaron uso de tapabocas

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Uno de los planteles donde se retomó esta norma fue en la Unidad Educativa José Leonardo Chirinos (público), así como en la Unidad Educativa Martín J. Sanabria (privado), ambos ubicados en Barcelona

En las últimas semanas, en algunos planteles educativos públicos y privados de la zona norte del estado Anzoátegui se retomó la norma del uso obligatorio del tapabocas por una presunta ola de enfermedades respiratorias que ha azotado a la población.

De acuerdo con un artículo de El Tiempo, la vocera de la Federación Nacional de Padres y Representantes (Fenasopadres) en la entidad, Gladys Kumbo, informó que no han sido notificados oficialmente sobre la decisión, por lo que, hasta el momento, no todas las instituciones se encuentran en el deber de cumplirla.

“Ante el elevado número de contagiados por gripe y otras afecciones respiratorias, algunos colegios, por decisión propia, han pedido el uso del tapaboca a su personal y otros incluyeron al alumnado”, indicó.

Obligatorio

Tras consultar a varios padres acerca de si tenían conocimiento de esta orden, se supo que en varias escuelas, sobre todo en Barcelona, comenzó a ser ley nuevamente la utilización del tapabocas desde este martes 8 de enero.

El citado medio añadió que, tal como en la época de clases semipresenciales por la pandemia de COVID-19, los estudiantes que no lo tengan, presuntamente, no podrán acceder a las instalaciones.

Uno de los planteles donde se retomó esta norma fue en la Unidad Educativa José Leonardo Chirinos (público), así como en la Unidad Educativa Martín J. Sanabria (privado), ambos ubicados en la capital anzoatiguense.

“Por más que parezca incómodo, me parece acertada la decisión de solicitar el uso del tapabocas, principalmente por la salud de los niños, que son los que suelen enfermarse más rápido. Sé de otras escuelas donde solicitan a los representantes no mandar a los niños con gripe, lo que también es positivo”, dijo Elvira Rojas.

*Con información de El Tiempo

Productos y canales: el cambio que trae la nueva ley de seguros

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Los microseguros y seguros inclusivos, así como las FinTech y los canales alternativos para la venta de pólizas desencadenarán un cambio relevante en el sector

Víctor Salmerón/  @vsalmeron

El próximo 29 de marzo entrará en vigencia la reforma a la Ley de la Actividad Aseguradora, un texto que introduce cambios que deberían traducirse en productos para sectores excluidos, canales no tradicionales para la venta de pólizas y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la atención a los asegurados y disminuir costos.

Al mismo tiempo, las nuevas exigencias de capital y reservas podrían desencadenar un proceso de fusiones en un sector donde pocas empresas controlan la mayor parte de un negocio que se redujo tras la hiperinflación y el colapso de la economía.

Si bien la Superintendencia de la Actividad Aseguradora debe publicar normas específicas durante los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley, fuentes explican que ya hay un trabajo previo y en el primer semestre de este año podrían entrar en vigencia buena parte de las transformaciones.

La base de la pirámide

La nueva ley introduce los microseguros, que básicamente deben enfocarse en el diseño de pólizas para la población que está excluida o como lo define el texto, “sectores socioeconómicos vulnerables”.

Los microseguros podrán ofrecer cobertura en áreas como salud, funerarios, accidentes personales, vida individual, vida colectivo, incendio, automóvil y “otras coberturas de daños para residencias o comercios”.

La ley también crea la figura de seguros inclusivos que deberán estar diseñados para sectores “excluidos o desatendidos” como jubilados, pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad física o mental, microempresarios, emprendedores, artesanos y población rural, entre otros.

La clave para las empresas que decidan aumentar la base de clientes será el diseño de productos estandarizados que se amolden a la economía informal, con distribución rápida y masiva para ahorrar costos porque los márgenes son pequeños.

Nuevos canales

Aparte de las empresas de seguros y los corredores las pólizas, a fin de ampliar la penetración, podrán venderse a través de “canales alternativos” como la banca, empresas de servicios públicos y privados, establecimientos comerciales como farmacias, gremios y asociaciones.

Además, se amplía el espectro con la inclusión en la ley de las FinTech, empresas que utilizan nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet de las cosas o el Blockchain para ampliar la penetración, disminuir costos y mejorar el servicio de las empresas de seguros y los canales alternativos.

Un aspecto clave es que, por ahora, los canales alternativos no podrán vender pólizas de salud. No obstante, María del Carmen Bouffard, presidenta ejecutiva de la Cámara de Seguros, explica que la Superintendencia puede ampliar el tipo de pólizas a ser vendidas a través de canales alternativos.

“El microseguro puede ser de salud pero no está contemplado en el canal alternativo y esto limita la posibilidad de que llegue a la mayor parte de la población”, dice María del Carmen Bouffard.

Mediante la figura de la asistencia financiera, donde el cliente recibe una suma de dinero que puede emplear para cualquier necesidad en caso de ocurrir alguno de los eventos previstos, ya hay experiencias en Venezuela en el mercado de bajos ingresos.

Por ejemplo, a través de sumas pequeñas como diez dólares al mes, una familia de hasta seis miembros pude estar cubierta con una asistencia de 50 dólares diarios por cinco días en caso de accidentes, hospitalización o cirugía.

Esas empresas utilizan canales digitales para que la distribución sea masiva. Una de las tecnologías más utilizadas en Latinoamérica es la de Paralife, una compañía suiza con una plataforma tecnológica que facilita la protección financiera en sectores desatendidos.

Menos tiempo

La Ley disminuye desde treinta hasta veinte días el plazo máximo que tienen las aseguradoras para pagarle a los asegurados. Los días comienzan a contarse una vez se haya entregado el último recaudo o del informe de ajuste de pérdidas, si fuese el caso.

En el caso de retardo el asegurado podrá reclamar “la corrección monetaria que acuerde la jurisdicción ordinaria”.
Pedro Raaz, abogado experto en seguros, considera que en la ley hay un vacío importante porque no se establece plazo alguno para que las aseguradoras paguen a las clínicas y esto abre la puerta para que algunas aseguradoras incurran en retrasos.

“La Ley debería observar el tema como un ecosistema en el que también debe protegerse a las clínicas porque son una pieza esencial en la cobertura de salud”, dice Pedro Raaz.

Sector exigido

El capital mínimo para operar aumenta porque de estar fijado en 290 mil unidades tributarias pasa a estar relacionado con el tipo de cambio de referencia que es el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor negociada en las mesas de cambio de la banca.

Para las empresas que aspiren a operar en ramos generales y ramos de vida simultáneamente el capital mínimo, en bolívares o títulos del estado indexados, debe ser equivalente a 590 mil veces el tipo de cambio de referencia.

Pedro Raaz resume que hay un entorno de mayor exigencia porque “hay nuevos controles y más atribuciones de supervisión para el órgano regulador, se crea una nueva reserva por insuficiencia de primas y se incrementan los capitales mínimos para constituir y operar en el sector”.

“Esto pudiera conducir a la desaparición o al redimensionamiento de muchos actores, quienes a la fecha han visto mermada su capacidad de colocación de negocios, debido a la compleja situación económica imperante en el país” agrega Pedro Raaz.

María del Carmen Bouffard explica que el sector va a plantear la posibilidad de que cada empresa de seguros presente un plan de ajuste a ser aprobado por la Superintendencia para adecuarse a las nuevas normas de capital.

El concentrado

Un termómetro para evaluar al sector asegurador es que el ingreso por las primas no es suficiente para cubrir el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores que captan clientes. Cuando esto ocurre, las compañías registran pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas.

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora registra que al cierre de octubre de 2023 las pérdidas técnicas suman 2 mil 735 millones de bolívares.

No obstante, gracias a los ingresos provenientes de la gestión del reaseguro, a las posiciones en dólares que impactan positivamente el balance cuando el Banco Central ajusta el tipo de cambio oficial y a la inversión de las reservas, el sector obtiene al final un resultado positivo por el orden de 341 millones de bolívares.

Una característica clave de los seguros en Venezuela es la concentración del negocio en pocos actores en momentos en que la torta a disputarse se ha reducido notablemente.

Las cifras de la Superintendencia indican que cinco empresas de seguros (Mercantil, Caracas, Pirámide, Internacional y Mapfre) controlan 66,8% del mercado y las 45 empresas restantes se reparten el resto.

El empobrecimiento y achicamiento del mercado queda claro al observar que 78% de las primas cobradas corresponden al ramo de salud y solo 5,9% a automóviles.

Rescatan a más de 40 adolescentes de una facción peruana del Tren de Aragua

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La Policía Nacional del Perú informó que detuvieron a nueve peruanos y un venezolano como principales imputados de la red de trata de personas ubicada en los distritos occidentales de Lima

Con información de EFE y La República (de Perú)

La Policía Nacional del Perú rescató el 7 de enero a más de 40 niñas y adolescentes en Lima, Perú, que eran explotadas sexualmente y ofrecidas mediante un catálogo virtual de la banda peruana «Los hijos de Dios», vinculada a la organización delictiva venezolana «El Tren de Aragua», como presunta responsable de trata de personas y explotación sexual.

La Policía Nacional  del Perú informó, a través de su cuenta en X (antes Twiter), que agentes de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) y de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), así como efectivos de la comisaría Barboncitos en el centro de Lima desarticularon a la banda «Los hijos de Dios» durante un allanamiento de 14 inmuebles.

Entre esos inmuebles hubo cuatro discotecas en los distritos de San Martín de Porres, Callao y San Miguel, en el este de la capital peruana.

En el operativo se detuvo a 10 personas, nueve de nacionalidad peruana —José Luis Yaulli Chanamé (de 30 años), Shirley Stefanni Palomino Neyra (36), Junior Omar Reyes Bermejo (40), Julio Raúl Molina Achulle (63), Deivid Hernán Alféres Toribio (26), Giovanni Nelson López Quintana (39), Fernando Dionicio Vásquez (40), Moisés Aldave Barzola (53) y Kathy Liliana Cóndor Torres (48)— y una de nacionalidad venezolana, Keiber José Mendoza Adarfio (23). 

Redes de trata más allá del Tren de Aragua

Las operaciones policiales han sido supervisadas por el comandante general de la Policía peruana, Jorge Angulo, y por el jefe de la Región Policial en Lima, general Roger Pérez.

Angulo declaró a la emisora RPP que los detenidos son 8 hombres y 2 mujeres «los cuales pertenecen a una organización criminal de trata de personas y explotación sexual en San Martín de Porres (un distrito de Lima)».

«Así como esta organización, hay muchas otras también. Nosotros estamos trabajando permanente con el Ministerio Público y el Poder Judicial, de tal manera que podamos tener tras las rejas a sujetos que aprovechan la vulnerabilidad de los menores», agregó el jefe policial.

Añadió que, tras el operativo contra la explotación sexual y rescate de adolescentes a cargo de la Policía y la Fiscalía, se coordina a través de la Unidad de Protección Especial con la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas de Lima Norte, para «brindar atención y cuidado a las adolescentes rescatadas».

La mayoría de las víctimas eran venezolanas

La Policía Nacional  del Perú destacó que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad venezolana.

En una investigación realizada por la Alianza Rebelde Investiga (conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual) junto al medio colombiano El Espectador se reveló que el Tren de Aragua extorsiona a las niñas, adolescentes y mujeres adultas a través de WhatsApp bajo la promesa de ofertas laborales en establecimientos de comida o concursos de belleza, para luego ser llevadas a una red de explotación sexual que abarca a Colombia, Ecuador, Perú y Chile. 

Si sospechas que eres una víctima de explotación sexual, puedes contactar a los siguientes números de emergencia por país: 

Colombia: 018.000.2020 o desde la aplicación de teléfonos móviles LibertApp

Ecuador: 1800 Delito (335486)

Perú: 51-1-2043270 o 51-1-2043272

Chile: +562-2708-1043 (Brigada Investigadora de Trata de Personas) o al 600-400-01-01 (Call Center de Denuncia Anónima)

Espacio Público registró 383 violaciones a la libertad de expresión en 2023

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En diciembre, la ONG documentó, al menos, 32 violaciones a la libertad de expresión, de las cuales 7 se registraron durante la cobertura del referendo consultivo del 3 de diciembre

La organización no gubernamental Espacio Público documentó 383 violaciones a la libertad de expresión durante el año 2023.

De acuerdo con dados preliminares de la ONG, que suministraron a EFE, esta cifra representa una disminución del 17,4 % respecto a 2022, cuando se computaron 464.

Asimismo, el registro indica que la mayoría de las violaciones fueron “intimidación” y “censura”, con 121 y 99 hechos, respectivamente, seguidos de “hostigamiento verbal”, con 47, y “amenaza”, con 38.

Según la organización el año pasado cerró con, al menos, 31 restricciones administrativas, 30 hechos relacionados con “hostigamiento judicial”, 16 agresiones y un “ataque”.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (120), que representan el 44,9 % del total, además de la “ciudadanía en general”, con 40 víctimas, el 14,9 %, señaló Espacio Público.

Por otra parte, el 35,5 % de los “victimarios” fueron “instituciones del Estado”, seguidos de “funcionarios”, que representan el 21,4 % del total, y “cuerpos de seguridad”, con un 20,6 %, según la organización.

En diciembre, la ONG documentó, al menos, 32 violaciones a la libertad de expresión, de las cuales 7 se registraron durante la cobertura del referendo consultivo celebrado en Venezuela el 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana por el Esequibo.

El pasado noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, “igual que por muchos años”, se mantiene el “constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes.

Según la SIP, en el país “al menos dos emisoras salen del aire cada mes” por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo “criterio discrecional” están sujetos medios televisivos y radiales.

*Con información de EFE

69,6% de los venezolanos vive en pobreza multidimensional según HumVenezuela

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Cada estado del país tiene una clasificación de vulnerabilidad alta en seis de las ochos categorías evaluadas: pobreza, ingresos, agua, electricidad, alimentación, educación, salud y violencia

Cerca de 20,1 millones de venezolanos mantienen necesidades humanitarias, según el informe anual de la Plataforma Independiente HumVenezuela para medir el alcance de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela. El informe arrojó que hay 400 mil personas de personas en condiciones de pobreza multidimensional en comparación al año 2022. 

De acuerdo al estudio publicado el 8 de enero, la pobreza multidimensional alcanzó el 69,6 % de la población. Al menos 14,2 millones presentan necesidades críticas en diversas áreas de la vida cotidiana y 4,2 millones presentan necesidades severas de ayuda humanitaria. 

La encuesta fue realizada en 20 estados del país durante el 2023. HumVenezuela indica que la inseguridad es uno de los principales riesgos que las personas corren en el entorno comunitario.

Otros hallazgos relevantes del informe fueron los siguientes:

El 69,7 % de los venezolanos sufrieron privación del consumo de alimentos durante el 2023. La inseguridad alimentaria moderada se mantiene en 35,7 % y la severa pasa de 7,2 % en 2022 a 9,5 % en 2023.

El 69,9 % de los encuestados afirmó que no tiene acceso al sistema sanitario público porque los servicios estaban inoperativos. Del mismo modo, 97,6% no contaba con protección financiera y 54,8% carece de recursos económicos para gastos de salud.

69 % advirtió que no tiene acceso al agua, o que recibe agua contaminada.

El 61,6 % de la población infantil asiste de forma irregular o está en riesgo de abandonar el sistema educativo. 34,7 % de los niños, niñas y adolescentes afirman que no tienen acceso a una alimentación ni en las escuelas ni en sus hogares

9,8 % de los consultados tiene intención de irse de Venezuela por temas humanitarios, mientras que 3,6 % prefiere desplazarse a otro estado del país

«Bajo estas afectaciones mayores, de por sí graves, en situaciones más críticas de necesidad se hallaba un 49,4% de la población que empeoró sus condiciones de pobreza y de inaccesibilidad a bienes y servicios esenciales como producto de severas dificultades para movilizarse por no disponer de transporte público en su comunidad», enfatiza HumVenezuela.

«En esta escala también se encontró que 45% de la población tiene temor a riesgos de desastres, sin preparación ni medios para protegerse de sus posibles daños, y un 41% expuesta a la inseguridad, por amenazas de abusos de poder o de violencia en sus entornos comunitarios, de las que fueron víctimas 24,8% de las personas», agregó el documento.

Más emergencia, menos respuesta humanitaria

HumVenezuela concluyó que está cuarta medición de los  impactos de la emergencia humanitaria compleja evidencia un “proceso cíclico de reproducción de las causas y los efectos de la emergencia a una mayor escala”, que se observa  en el agravamiento de las deficiencias de acceso a bienes y servicios esenciales “y en un número más elevado de personas afectadas en cada uno de los sectores de acceso analizados”.

Ven con preocupación que la emergencia agravó todavía más las afectaciones de la población durante el año 2023, “sumando a más personas con necesidades de asistencia y protección o haciendo caer a las que ya tenían necesidades críticas o severas en niveles extremos de privación y daño”.

Como factores de reproducción del ciclo de emergencia, citan “el estancamiento de avances en las salidas a la emergencia”, así como “un más acentuado debilitamiento de la respuesta humanitaria, en sus capacidades de financiamiento y alcance a las poblaciones más necesitadas”.

HumVenezuela insiste en que hasta  noviembre de 2023 alrededor de unos 20,1 millones de personas se encontraban en necesidad, con privaciones en una o varias áreas de acceso esencial para sus vidas, seguridad y bienestar. La estimación representa un aumento de 400.000 personas en comparación con los 19,7 millones estimados en marzo de 2022.

“Destacan además el aumento de 1,1 millones de personas con necesidades críticas y 1,6 millones con necesidades severas, por un mayor nivel de afectación de la población en materia de servicios básicos, sumado a un regresivo deterioro de la subsistencia económica y una mayor dificultad para mantener o mejorar los medios de vida que, a pesar de su extenuación a través de diversas estrategias, no lograron detener el empeoramiento de la inseguridad alimentaria”, advierten.

En el ámbito de la salud, el informe también constata que  se agravó la situación para unos 4.2 millones de personas con problemas graves, crónicos y agudos, que pasaron el año sin acceso a servicios de atención médica, por el estado de colapso estructural en el que se encuentra el sistema sanitario público o por falta de recursos económicos para comprar medicinas. 

En cuanto a la educación, también se comprobó una mayor irregularidad de asistencia escolar de unos 3,4 millones de niños. niñas y adolescentes, así como 1,5 millones que no asisten.

Ante este panorama tan complejo, lamentan que haya  “brechas cada vez mayores en relación con el de personas en necesidad alcanzadas por la respuesta humanitaria”.

“En 2023, la población con acceso a algún tipo de asistencia o protección de la respuesta fue mucho menor a la que se alcanzó en años anteriores (…) El aumento más pronunciado de las brechas entre necesidades y respuesta ocurre a pesar de un entorno operativo más cerrado en materia de acceso a la información y en el cual no se encuentran todavía a la vista procesos de transición firmes y genuinos, encaminadas a la recuperación y restauración de las capacidades caídas del país en todos los sectores esenciales para mejorar la vida de las personas”, describen.

HumVenezuela también alerta que  las consecuencias de una emergencia creciente y de la falta de atención humanitaria “probablemente sea el aumento de la intención de desplazamiento, principalmente fuera del
país, y una más pronunciada desprotección de la población ante amenazas de daños a la vida, observadas en
una población atrapada en niveles altos de pobreza y de riesgos de hambre, mala salud, desastres y violencia”.

TSJ niega el acceso al expediente de la Contraloría sobre María Corina Machado

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Abogados de la dirigente política denunciaron que la escusa del Poder Judicial para no ofrecer los documentos públicos fue que el magistrado de la Sala Político Administrariva del Tribunal Supremo de Justicia, Malaquias Gil, aún seguía trabajando con el expediente desde el 19 de diciembre de 2023 

Con información de El Pitazo

El abogado e integrante de Vente Venezuela, Perkins Rocha,  denunció el 9 de enero que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó el acceso del expediente que la Contraloría General de la República remitió sobre la causa administrativa que sustenta la supuesta inhabilitación de María Corina Machado, líder de la oposición política venezolana, sobre para ejercer cargos públicos.

https://twitter.com/PerkinsRocha/status/1744859368963678442

Rocha detalló en la red social X (anteriormente Twitter) que tampoco le permitieron saber «de primera fuente del supuesto cumplimiento que del requerimiento de la Sala Político Administrativa hizo la Contraloría General de la República» para consignar los antecedentes del caso de Machado.

«Al no permitir el acceso al expediente, con el justificativo de que lo “está trabajando el magistrado ponente y presidente de la Sala Político Administrativa, Melquías Gil”, hecho por primera vez en fecha 19 de diciembre y por segunda vez en el día de hoy, la Sala Político Administrativa coloca en una peligrosa situación de indefensión a María Corina Machado, impidiéndole tener conocimiento del trámite judicial llevado a cabo», agregó Rocha.

El abogado de Machado añadió que el impedimento del TSJ es un hecho que vulnera el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso, así como del acuerdo de Barbados.

«Especialmente, en lo relativo al deber asumido por la Sala Político Administrativa de atender demandas judiciales para revisar las supuestas inhabilitaciones políticas “conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, como lo señala el acuerdo», apuntó Rocha.

Una inhabilitación como el gato de Schrödinger

El 30 de junio de 2023, la Contraloría, cuyo titular era el actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó sobre la inhabilitación de Machado por 15 años mediante un documento que la candidata presidencial unitaria opositora nunca recibió y en el que la instancia del Estado que controla el oficialismo la vincula con una supuesta trama de corrupción, entre otros señalamientos, sin que exista juicio ni sentencia judicial.

Machado acudió al TSJ el pasado 15 de diciembre, junto con su defensa, para interponer una demanda de reclamación y un amparo cautelar contra lo que calificaron de «vía de hecho» que de forma irregular «simula una inhabilitación inexistente».

La asistencia de Machado al TSJ se produjo luego de que el 30 de noviembre, en el contexto de la negociación política y el acuerdo de Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, el oficialismo definiera un mecanismo para la revisión de las inhabilitaciones administrativas -mediante la intervención del TSJ- que divulgó Noruega.

«Seguiremos insistiendo, con las herramientas del Derecho Constitucional, en que nuestra acción triunfe. Confiamos que al final la verdad se impondrá», añadió Rocha en el reporte que difundió en la red social X.

La aureola del mes de enero en el siglo XXI venezolano

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La herencia política del 23 de enero ha generado los valores suficientes en la conciencia del pueblo venezolano para afrontar la deriva autoritaria desde los inicios del siglo XXI

 

@froilanbarriosf

Los meses del año contienen un significado notorio en la liturgia histórica de cada país, al concentrar los valores que han legitimado los cimientos de la nación y otorgar reconocimiento a los próceres que lideraron las gestas patrióticas.

Al tomar como referencia el día nacional como la fecha de mayor significación que una nación simbólicamente adopta, y por medio de la cual promueve la unidad de todos sus ciudadanos, destacamos que, entre otros, el mes de julio es característico por notables acontecimientos de impacto mundial. La toma de la Bastilla como Día Nacional de Francia y el Día de la Independencia de EE. UU. significan igualmente libertad e independencia para Venezuela, Colombia, Argentina, entre otros.

La huella del 23 de enero venezolano

Posteriormente, se reconocen en cada país otras fechas históricas que realzan el establecimiento pleno del Estado de derecho en el contexto que hoy tratamos. Para nuestro país, contiene una huella indeleble el 23 de enero de 1958 como base del fortalecimiento de los poderes públicos y de desarrollo del periodo más largo de convivencia democrática de nuestra historia republicana. 

Esa herencia política ha generado los valores suficientes en la conciencia del pueblo venezolano para afrontar la deriva autoritaria desde los inicios del siglo XXI, registrando el mes de enero en diferentes episodios las luchas de la sociedad civil para resistir y confrontar la estafa chavista en el poder.

Henos aquí en 2024, en otro inicio de año pleno de expectativas de cambio apoyadas por el ánimo popular, cuyos antecedentes deben ser vistos por el retrovisor de la historia para no repetir los fracasos que han determinado frustración y decepción en la mayoría de la población, al no contar con el liderazgo opositor capaz de descifrar al régimen dictatorial.

En efecto, Venezuela inició el año 2000 con una nueva Constitución aprobada mediante referéndum. Esta significaba el relanzamiento institucional, económico y social de un país sacudido por profundas tribulaciones en la última década del siglo XX.

Pronto, lo anunciado como carta de navegación para el nuevo Estado fue lanzado al cesto de la basura, generando intensas convulsiones sociales que derivaron en el paro cívico nacional de 2002 e inicios de 2003, cuyo resultado acentuó el talante autoritario del régimen y la fractura definitiva de la población hasta hoy.

Baches opositores

Luego de la aplastante victoria opositora en diciembre de 2015 en las elecciones parlamentarias, el país inició un 2016 inmerso en ilusiones de triunfo y de esperanza de desalojar del poder a la casta cívico–militar gobernante, la cual se mantuvo por las concesiones opositoras a la ofensiva de la tiranía.

El último lance se labró en enero de 2019, con el gobierno interino de Juan Guaidó, quien naufragó entre promesas y confrontaciones intestinas, las cuales permitieron a la población venezolana reconocer la manifiesta incapacidad de un liderazgo opositor que malbarató el apoyo popular durante lo que va de siglo. 

Esa desprestigiada conducta le significó la aplastante derrota en las primarias de octubre de 2023, la ruptura definitiva de la población con ese liderazgo fracasado y el apoyo masivo a la perseverancia de María Corina Machado, quien luce hoy como el instrumento del pueblo para derrotar la dictadura.

Creo que este mes de enero también se reconoce con la e de esperanza. Para que se concrete, se requiere la más amplia unidad nacional alrededor de una dirección política capaz de leer e interpretar al enemigo gobernante, para luego promover su salida definitiva del poder. En esa dirección, la candidata triunfadora de las primarias tiene el rol primordial de integrar a todos los sectores de la sociedad civil en el objetivo de reconquistar el sistema de libertades.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del #10Ene: las siete noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 10 de enero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: trabajadores de la administración pública, educadores, jubilados, pensionados y enfermeros protestaron en 12 estados del país para obtener mejoras salariales y prestaciones sociales acordes a la economía venezolana y la sociedad civil advierte que aún quedan 286 presos políticos por ser liberados en el país.

«Este año será decisivo»: Machado respalda protestas de docentes y trabajadores

Gobierno de Maduro dice que evitará «despojo definitivo» de Citgo

«Con hambre no se puede enseñar»: Educadores y empleados públicos protestaron en todo el país por mejores salarios

Instan al CNE a activar un proceso masivo de inscripción y actualización del registro electoral

Abogan por medidas humanitarias o indultos para liberar a más presos políticos

Casi 40 suicidios ocurrieron en Aragua entre enero y noviembre de 2023

Investigan muerte de privado de libertad en internado de Barinas

«Quiero informar y ordenar a los honorables diputados que se sumen al proceso de consulta que inicia el próximo día viernes (12 de enero) de la ley ya aprobada en primera discusión, denominada ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines», instó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional impuesta por el madurismo, en la seción parlamentaria del martes 9 de enero.

Gracias por leer El Mañanero de Runrun.es del este miércoles 10 de enero de 2024