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EE.UU. revisará las sanciones a Venezuela tras la inhabilitación de María Corina Machado

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La comunidad internacional califica la inhabilitación de Machado por parte del TSJ como una violación al debido proceso judical y a sus derechos civiles y políticos

Con información de EFE

El Gobierno de Estados Unidos se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela, tras la «profundamente preocupante» decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país de ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado.

La decisión de este 26 de enero del TSJ «es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024», señaló este sábado Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.

«El proceso de reinstalación careció de elementos básicos, ya que Machado no recibió copia de los alegatos en su contra ni tuvo la oportunidad de responder a ellos», agregó Miller, en un comunicado.

El portavoz señaló que la inhabilitación de Machado «va en contra de los compromisos asumidos por los representantes del presidente de Venezuela», Nicolás Maduro, en Barbados, donde se fijó la hoja de ruta para los comicios presidenciales de este año en el país latinoamericano, y que contempla que todos los partidos políticos eligieran al candidato de su elección.

«Actualmente, Estados Unidos está revisando nuestra política de sanciones a Venezuela, basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil», agregó.

Decisión con retraso y sin acuerdos

El TSJ de Venezuela ratificó el 26 de enero la inhabilitación de 15 años que pesa sobre la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, la cual le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año. La decisión ocurrió luego de 26 días de retraso del compromiso que impuso la propia institución. 

Mediante una sentencia de la Sala Político Administrativa, el Supremo declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar introducida por la exdiputada liberal, que esperaba que le fuera levantada esta sanción a través de este mecanismo de revisión de casos acordado entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El escrito detalla que Machado está inhabilitada por haber «sido participe de la trama de corrupción orquestada» por el exjefe del Parlamento Juán Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas, al aceptar «la acreditación como representante alterna» de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un debate celebrado en 2014.

La exdiputada arrasó en las primarias opositoras del 22 de octubre pasado, cuando recibió el 92,35 % de los votos.

Tras la decisión del TSJ, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, radicado en Miami, invocó a no caer en las tentaciones de «plan B, C o D», y mantener la unidad y el respaldo a la candidata unitaria.

«El plan es inscribir la candidatura unitaria de cara a una elección que nos deben desde 2018», señaló durante una entrevista que dio al canal CNN en Español, en la que pidió también que Estados Unidos haga cumplir el acuerdo de Barbados.

Elecciones universitarias: carencias y contingencias

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Es el cambio lo que dinamiza la vida y sacude la lógica de los procesos. De ahí la importancia del cambio al cual debe someterse la Universidad

 

@ajmonagas

Los cambios constituyen la única fuerza capaz de renovar toda condición que pueda preciarse de “institucional”. Pues estacionarse en el tiempo implica anquilosarse para luego desfigurarse. El escritor inglés Gilbert K. Chesterton, apuntaba que “es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la forma”.

Dado que la misión de la Universidad es vislumbrar el horizonte a fin de responder a las necesidades de la sociedad, su funcionamiento no debe eludir los cambios que engrandecen su significación. Y la academia se renueva con las elecciones universitarias.

Es el cambio lo que dinamiza la vida y sacude la lógica de los procesos. De ahí la importancia del cambio al cual debe someterse la Universidad. Y ese cambio pasa por remozar sus autoridades toda vez que el mismo posibilita mudar de aires, razones y concepciones.

Pero internarse en este proceso no es fácil. Las realidades a las que hay que desafiar son de toda índole, como la indolencia, la indiferencia, la incompetencia, la negligencia y la ignorancia. Por extraño que parezca, se padecen desde el interior del campus universitario.

Complicaciones a todas luces

Los problemas que entraña la complicada situación responden a distintas causalidades, rebasadas por la dinámica política que envuelve a la universidad. Muchas de ellas, relacionadas con el concepto de autonomía universitaria. Otras, con continuas intimidaciones gubernamentales, toda vez que se vuelven cada vez más insidiosas.

Asimismo, causalidades vinculadas al retardo jurídico de liberación de medidas coercitivas sancionadas por el Tribunal Supremo de Justicia en 2011. Las mismas impidieron las elecciones universitarias, afectando el desenvolvimiento institucional en términos de los lapsos electorales, establecidos en la Ley de Universidades.

Las universidades autónomas venezolanas sobrepasaron cualquier período imaginado sin que hicieran valer sus libertades y derechos a darse su propio gobierno. Este problema atascó importantes procesos de deliberación y decisión de medidas adoptadas internamente en virtud de la capacidad de gobierno que la correspondiente normativa otorga a la universidad. Igualmente, dicho rezago jurídico obstruyó procesos de recuperación y arreglo propios de la movilidad docente, de investigación, administración y de gerencia.

Elecciones universitarias, más problemas a la vista

Otro de los problemas que perturbaron el desenvolvimiento institucional-académico de la Universidad, sobre la potestad que la autonomía universitaria para su propio desarrollo, está contenido en la medida sancionada por el TSJ al determinar, según juicio político adoptado unilateralmente, la imposición de un nuevo “claustro”. El mismo, es incrementado al sumarse personal no-académico, aunque miembros de la comunidad universitaria.

Su participación tiene enteramente motivación política, propio del momento. Y si bien visibiliza el carácter político de la Universidad, es proclive a enrarecer el proceso eleccionario. Esto es así porque los intereses expuestos con el concurso de nuevos votantes podrían desfigurar la esencia académica al poner de relieve exaltaciones político-partidistas por encima de incentivos académicos.

Cabe aclarar que, aunque la variable política siempre ha estado en los procesos comiciales vividos por la Universidad, su intervención en otros tiempos nunca fue precedida por medida judicial alguna. Tampoco ordenada por órganos de poder ajenos al discurrir autonómico universitario. Pero de ahí a pretender alterarse el equilibrio que sustenta el valor-objetivo del proceso electoral en su exacta comprensión y debida praxis, el propósito inherente al acto político-institucional se vería transgredido afectando la justicia que estructura su esencia. 

La Ley de Universidades y el espíritu universitario

Es ahí cuando los problemas de la universidad se avivan por criterios contrarios al espíritu universitario, es entonces cuando los cambios comprometen el accionar de una institución universitaria. Y a la propia letra de la Ley de Universidades, cuyos preceptos fundamentales la hacen responsable de colaborar con la superación del rezago científico, humanístico, artístico y tecnológico de la nación.

Por otra parte, vale referir el influjo de operadores políticos que responden a lineamientos de poder político, desestabilizando por consiguiente el proceso eleccionario universitario. En esa ocasión, dicho proceso se vuelve distinto de su naturaleza canalizadora y motivadora de cambios. Sus facultades en la organización y dirección del proceso eleccionario tienden a entrabarse.

Las elecciones, así pretendidas, se tornan en escenarios de abultados conflictos. A esa situación se suman las carencias propias de presupuestos ajustados a las necesidades del compromiso electoral. Quizás, de un presupuesto precario que, por insuficiente, se vuelve “indigente”.

Conclusiones de primer momento

Dicha situación es consecuencia de las intensas y bruscas contingencias que padece la Universidad actualmente. Muchas veces, incitadas por la impertinencia de miembros de la comunidad universitaria estimulados por juicios político-partidistas.

Cabría agregar que todo acto político-electoral es terreno de narrativas contradictorias pronunciadas como valores de ética, libertad, derechos y garantías. Desde la perspectiva de los problemas que se suscitan al interior de una elección universitaria, el problema no es diferente.

Particularmente, así sucede en medio del fragor de los conflictos que caracterizan la tormentosa vida de instituciones sometidas al arbitrio del poder. Al observar la naturaleza del problema que envuelve al proceso electoral universitario, debemos analizar las carencias y contingencias de las elecciones universitarias.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

Familiares de Karen Gómez Gutiérrez y Juan Freites exigen una fe de vida

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Denuncian que los hijos de Gómez no tienen papeles de identidad luego de que la militar fuera detenida, mientras que Vente Venezuela denunció que dos de sus cuatro dirigentes regionales detenidos arbitrariamente se presentaron ante tribunales sin abogados ni familiares

La abogada y directora de la organización Casla Institute, Tamara Sujú, denunció este 26 de enero que los familiares de la primera teniente Karen Gómez Gutiérrez, detenida el pasado 22 de enero por fuerzas del Estado Venezolano, y de Juan Freites Cabrejo, dirigente del partido Vente Venezuela en el estado La Guaira detenido el 23 de enero, exigen una fe de vida al Estado venezolano. 

A través de la red social X (Twitter), Sujú publicó videos testimoniales de Roland Gómez, hermano de Gómez, y de Graciela Martínez, madre de Freites, donde denuncian que ni el Ministerio Público ni las fuerzas policiales les informan del paradero de los detenidos arbitrariamente. 

«Hago un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos y a (los integrantes del) Acuerdo de Barbados. (…) Espero esté bien, que esté a salvo, no sabemos dónde está. Exigimos que aparezca y que aparezca con vida», denunció Roland Gómez.

«Mi hijo fue secuestrado hace más de 48 horas. No tenemos noticias de él. Para ese momento, mi hijo estaba sufriendo una crisis de asma y estaba sin medicinas. No nos dan información (…) quisiera saber que al menos no lo están maltratando», dijo Graciela Martinez.

Estado deja desamparado a los hijos de Gómez

Gómez y su esposo, el coronel Carlos Sánchez Vásquez, fueron señalados el pasado 22 de enero por el Ministrio Público debido a los señalamientos de una presunta trama de «conspiración» contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la directora de Casla Institute, Gómez había pedido su retiro de las Fuerzas Armadas venezolanas el 16 de octubre del 2023. 

«El 22 de enero es detenida luego de ser llamada a una supuesta reunión en el ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral ) de Guatire (estado Miranda), a la que acudió dejando a sus 2 pequeños hijos, un varon de 2 años y una niña de 11 meses, al cuidado de una vecina mientras regresaba. Nunca regresó», denunció la abogada. 

https://twitter.com/TAMARA_SUJU/status/1750836512357327148?s=20

Según Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, ambos militares están bajo la custodia del Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo. Pero, hasta el momento, el Estado no ha birndado información del paradero de Gómez, ni Sánchez, ni de más de 30 detenidos anunciados por el fiscal.

«Los documentos de nacimiento de los menores están en la camioneta retenida y la familia no ha podido recuperarlos», agregó Sujú.

Detención arbitraria express

Un día después de la detención de Gómez, presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Juan Freites frente a su casa mientras él se preparaba para un mitin político del partido de María Corina Machado, representante de la oposición inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia este 26 de enero.

https://twitter.com/TAMARA_SUJU/status/1750564441832264182?s=20

Junto a él, detuvieron otros tres dirigentes del partido: Luis Camacaro, Tomás Sequera y Guillermo López. De ese grupo, solo se sabe que Camacaro y Sequera fueron trasladados a la sede del Sebin llamada «El Helicoide», lugar que la ONU ha denunciado desde el 2014 como un centro de torturas y tratos crueles e inhumanos por parte del Estado. 

Vente Venezuela denunció que Camacaro y Freites fueron presentados ante tribunales el pasado 25 de enero sin sus abogados y sin permitir el contacto con familiares y conocidos, luego de 72 horas de desaparición forzosa.

El partido político alertó a la comunidad internacional que los derechos civiles y políticos tanto de Machado como de los dirigentes regionales detenidos arbitrariamente están siendo vulnerados fragantemente.

Sujú, al igual que Gómez, está siendo señalada por el Ministerio Público de participar en la presunta trama de «conspiraciones» contra el gobierno madurista. La comunidad internacional ha denunciado en reiteradas ocaciones que el gobierno madurista mantiene a más de 250 presos políticos bajo imputaciones hechas en medios de comunicación del Estado y sin un debido proceso judicial. 

CIDH llama al Estado a no sancionar proyecto de ley que limita las ONG

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La CIDH subrayó que el proyecto de ley que busca regular a las ONG pretende «limitar el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público y la defensa de los derechos humanos»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llamaron al Estado venezolano a abstenerse de sancionar el proyecto de ley fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines que fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) de 2020, de mayoría oficialista.

En este sentido, puntualizan que el efecto de la norma es «limitar el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público y la defensa de los derechos humanos».

A través de un comunicado de prensa, la CIDH destacó que el proyecto «se enmarca en una serie de actos gubernamentales que tendrían como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y restringir el espacio cívico».

La Comisión recordó que en 2023 rechazó la detención arbitraria de personas sindicalistas. Además, en 2022 urgió al Estado a no aprobar el anteproyecto de «Ley de Cooperación Internacional», y en 2021 manifestó su rechazo por la «la Providencia Administrativa No. 001-2021». En ambas leyes se le daba un mayor control al Poder Ejecutivo en el ejercicio de la democracia, así como mayores libertades para que aplicaran la censura institucional.

Ratifican que proyecto de ley «limita arbitrariamente» las actividades que desarrolladadas por organizaciones sin fines de lucro. También, señalan, otorga a las autoridades estatales la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, según su criterio, en actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la república.

«La CIDH y la RELE observan con preocupación que durante las dos discusiones de este proyecto diputados oficialistas señalaron a las organizaciones de la sociedad civil de ser ‘enemigas’, ‘desestabilizadoras’, ‘traidoras de la patria’ y ‘fachadas de partidos’, entre otros calificativos estigmatizantes. Este tipo de declaraciones evidencian el clima de hostilidad contra las personas y organizaciones que defienden derechos humanos o ejercen el periodismo en Venezuela», advirtieron.

Venezuela arde sin mitigaciones para el fenómeno de El Niño y el cambio climático

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Para Hidromet – UCV, el mes de enero del 2024 ya se catalogó como un periodo récord en los registros históricos en focos de calor. El occidente venezolano es la región más afectada hasta ahora

Hasta el 26 de enero, el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS) de la NASA y el Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela (Hidromet – UCV) han reportado más de 8.000 focos de calor en Venezuela, concentrando los indicios de incendios forestales en el occidente del país. 

Para Hidromet – UCV, el mes de enero del 2024 está superando en 124.5 % a la media de focos de calor en el país, y es el registro más alto que tiene la academia desde el año 2001.

Focos de calor en Venezuela entre el 19 y el 26 de enero. NASA
Cada punto rojo representa un foco de calor (un posible incendio) entre el 19 de enero y el 26 de enero. Fuente: NASA

«Para el 25 de enero del 2024, los tres primeros estados (con mayores focos de calor) son Apure, Guárico y Bolívar», informó Alfredo Gil, ingeniero hidrometeorologista de la UCV, en su cuenta de X. Mientras tanto, FIRMS advierte que los andes venezolanos son los más afectados por los incendios durante este mes. 

Chispas de información

Frente a un Fenómeno de El Niño presente desde el 2023 más el pronóstico de la NASA sobre los años más cálidos de sus registros a nivel mundial, las alertas locales por incendios en Venezuela se esparcieron en las dos últimas semanas de enero. 

Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira —en frontera con Colombia—, informó que en la última semana «las cifras históricas de incendios en la región son históricas», superando en 120 % del promedio histórico documentado por Protección Civil Táchira. 

El 24 de enero el gobernador del estado Mérida, Jehyson Guzmán, dijo en una rueda de prensa que 265 hectáreas de la entidad andina se habían quemado por «87 eventos vinculados con incendios», ya sean provocados, por «los cambios de clima y el aumento de temperaturas». Decretó un «Estado Mayor contra los Incendios» para prevenir y mitigar estos desastres. 

Incendio en Boconó. 24 de enero del 2024. Parque Nacional Ramal de Calderas
Incendio en las cercanías del Parque Nacional Ramal de Calderas, Boconó, estado Trujillo, el 24 de enero del 2024. Fuente: El Aragueño y el Diario Los Andes

Otros incendios fueron reportados en Carabobo, en Guárico y en Caracas. Entre las tres entidades se estima que más de 25 mil hectáreas fueron afectadas. Según las estimaciones del Programa INPE del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, hubo 558 focos de calor detectados entre el 17 y el 18 de enero, días que se dieron los reportes en esos estados. 

Si bien el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó este 25 de enero que toda la región sur y occidental del país está en riesgo de incendios, hasta ahora el Estado venezolano no ha informado de un plan de mitigación de riesgos para la población.

Mientras tanto, en Colombia, decretaron un estado de emergencia frente a una ola similar de incendios el pasado 24 de enero. El gobierno neogranadino documentó «más de 500 incendios y hay 60 municipios en stress hídrico» en el mes. 

Sequías e incendios exacerbados por el cambio climático

El 24 de enero, la asociación de investigadores climáticos World Weather Atribution informó que la sequía que enfrenta Venezuela y otros países que conforman la Selva Amazónica por el Fenómeno de El Niño está siendo más fuerte que en periodos anteriores por efectos del cambio climático. 

La institución Europea, donde colabora la Cruz y la Media luna Roja Internacional, concluyó que los efectos del fenómeno de El Niño en el norte de Suramérica durante este año han provocado que los niveles del río Negro, el río Amazonas y el río Orinoco estén más bajos del promedio. 

Sequía de El Niño-2024. worldweatherattribution
Intensidad de la sequía en Suramérica entre los meses de noviembre y diciembre del 2023. Fuente: World Weather Attribution

En el caso venezolano, el Hidromet – UCV informó que el río Orinoco estuvo en los índices mínimos durante diciembre del 2023. En una entrevista a Runrun.es, Gil aseguró que este evento afecta al transporte fluvial de minerales como la bauxita.  

«Hay muchas formas de catalogar una sequía. La sequía meteorológica considera solo el déficit de precipitaciones, mientras que la sequía agrícola combina las lluvias bajas con la pérdida de la humedad por la transpiración de la vegetación. (…). En este estudio evaluamos que en la región están presentes la sequía agrícola y la sequía meteorológica», se lee en el informe de World Weather Atribution. 

Y, mientras más seca está la vegetación, más propensa será a prenderse en fuego.

Incendios en Venezuela sin mitigación 

«En Venezuela no podemos decir que este ciclo de El Niño será tan severo como en el año 2016 porque no hay pronósticos. Para diciembre del 2023, el INAMEH aún no ha declarado todavía año Niño», precisó Antonio De Lisio, geógrafo y director de la coalición de ONG Alianza para la Acción Climática Venezuela. 

El también profesor de la UCV reiteró que los incendios y los focos de calor no están directamente relacionados con el fenómeno El Niño, sino con la época de sequía en el país —que va desde diciembre hasta abril—. Pero añadió que sí son eventos que ocurren con más frecuencia durante el fenómeno climático. 

«Podríamos decir en el Estado venezolano nunca ha tenido un programa de mitigación o prevención sobre los efectos del Niño», aseveró De Lisio. «Nosotros deberíamos estar previniendo efectivamente en un año Niño. Por ejemplo, saber qué va a pasar con el centenar de represas que nos suministran agua tanto a los habitantes urbanos como para las actividades industriales y agrícolas».

Incendios en Táchira, Venezuela. El Niño 2024
Un miembro de Protección Cicil Táchira apaga un incendio en la frontera el 23 de enero del 2023. Fuente: Protección Civil Táchira

«No hay previsión al respecto. Ya hay índices preocupantes de falta de cobertura boscosa que desprotegen a la población y las fuentes de agua que consumen», agregó. «Sin información, la población estará más vulnerable, más en emergencia humanitaria compleja».

Para el director de la Alianza para la Acción Climática Venezuela, otro factor de vulnerabilidad se encuentra en la falta de gasolina y de agua para los cuerpos de bomberos y de Protección Civil a nivel nacional, que denuncianfalta de recursos desde, al menos, el año 2016.

Según la Organización Meteorológica Mundial, se espera que el fenómeno de El Niño se mantenga hasta el mes de abril de este año, lo que se traduciría en Venezuela en una alta probabilidad de que las lluvias sean más escasas. 

incendios en Venezuela

Estacazo a elecciones libres: TSJ ratifica supuesta inhabilitación de Machado

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La decisión del TSJ precisa que la sanción contra Machado  tiene una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021
En la sentencia del TSJ, justifican la supuesta inhabilitación de Machado bajo el argumento de que colaboró con Juan Guaidó en una “trama de corrupción”. La culpan hasta por la falta de medicamentos antirretrovirales, vacunas y dosis de insulina

 

Tras una tensa espera de más de un mes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que sobre la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, pesa una inhabilitación de 15 años que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año.

Mediante una sentencia de la Sala Político Administrativa que se dio a conocer este 26 de enero, el Supremo declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar introducida por la exdiputada, que introdujo un recurso el pasado 15 de  diciembre para pedir la revisión de su caso e insistió en que no existe algún procedimiento administrativo que la inhabilite.

El escrito detalla que Machado está inhabilitada por haber “sido participe de la trama de corrupción orquestada” por el exjefe del Parlamento Juán Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas, al aceptar “la acreditación como representante alterna” de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un debate celebrado en 2014.

La decisión del TSJ precisa que la sanción contra Machado  tiene una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021.

La culpan hasta del colapso sanitario del país

En la sentencia de la Sala Política Administrativa señalan a Machado de supuestamente ser cómplice de   la entrega de la empresa Citgo, Monómeros Colombo-Venezolanos y de solicitar, junto a Guaidó, el supuesto “bloqueo de cuatro mil millones de dólares americanos (US$ 4.000.000.000,00) retenidos en el sistema bancario internacional”, así como la aplicación de sanciones.

Alegan que estas actuaciones de las que responsabilizan directamente a Machado, supuestamente fue la causante de la imposibilidad de comprar medicamentos antirretrovirales para garantizar el tratamiento a más de 60.000 pacientes con VIH, así como también vacunas para niños y adolescentes y dosis de insulina.

“Maduro y su régimen escogieron el peor camino”

Tras conocer la sentencia, Machado publicó un breve mensaje en la red social X en el que denunció que el gobierno de Maduro decidió acabar con el Acuerdo de Barbados.

“Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es HASTA EL FINAL”, expresó en el texto.

Los que fueron habilitados

En paralelo a la sentencia contra Machado, el TSJ habilitó este viernes para el ejercicio de cargos de elección popular al exgobernador Pablo Pérez y a los excalcaldes Daniel Ceballos y Rosa de Scarano, todos opositores.

También resultaron habilitados por decisión del TSJ el periodista  Leocenis García y al exdiputado Richard Mardo.

En contraparte, la máxima instancia tribunalicia ratificó también la inhabilitación contra el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

Espacio Público denuncia que se agrava la persecución contra periodistas y sociedad civil en Venezuela

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De acuerdo al Ministerio Público, hasta el momento son 36 las personas detenidas entre civiles y militares quienes fueron acusadas de traición a la patria por cinco presuntas conspiraciones para asesinar a Nicolás Maduro con supuesto apoyo de Estados Unidos. 

Foto: EFE 

La ONG Espacio Público denunció que con la emisión de ordenes de captura por el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, contra periodistas y defensores de Derechos Humanos, así como a otros civiles y militares, se agrava la persecución en Venezuela.

Estas ordenes de captura fueron emitidas contra la periodista Sebastiana Barráez; la abogada y defensora de DDHH, Tamara Sujú, el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Antonio Colina y los youtubers Wender Villalobos y Norbey Marín, acusándoles de presuntos planes de magnicidio.

Los mencionados supuestamente vincularon a Barráez, Sujú Colina, Villalobos, Marín y al ciudadano Mario Carratú Molina con “homicidio intencional calificado en grado de tentativa”, “terrorismo” y “asociación”, por el presunto “caso brazalete blanco”. El gobierno denuncia que supuestamente se buscaba inicar actos terroristas “que terminarían con el secuestro del gobernador tachirense Freddy Bernal y el magnicidio contra Nicolás Maduro”.

En este mismo caso, según informó Saab, ya se había detenido a el exoficial del Ejército, Ángelo Heredia, además de otras nueve personas presuntamente involucradas.

Saab dijo en rueda de prensa que Barráez, Sujú, Colina, Villalobos, Marín y Molina eran “colaboradores inmediatos para darle fachada mediática” en redes sociales a las supuestas acciones reveladas.

A través de su cuenta de la red social X, Sebastiana Barráez, quien es periodista venezolana especializada en la fuente militar, se desvinculó de la alianza que le atribuyó la Fiscalía entre ella y los presuntos planes de magnicidio.

“No es porque crea que aquellos que lo hacen no tuviesen razones para eso, pero yo no apuesto a actos violentos porque creo en la vida”, expresó.

 

Tanto Sujú como Barráez se encuentran exiliadas y continuamente denuncian en sus redes sociales a través de artículos periodísticos la situación con los presos políticos en el país.

Para Espacio Público “la persecución a periodistas,  personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil continúa agravándose en el país”.

Estas acciones, de acuerdo a la organización, buscan “silenciar las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y cohibir a las personas de denunciar, por temor a represalias”.

Por está razón, la ONG hizo el llamado a las autoridades a garantizar los debidos procesos y el derecho a la defensa de los detenidos en los últimos días.

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