Inicio Blog Página 1059

VE Sin Filtro: aún no hay leyes que resguarden los datos personales de la ciudadanía

0
Denuncian que el Estado venezolanos, en reiteradas ocasiones, intercepta datos personales de ciudadanos sin una orden judicial legítima

Con información de EFE

La ONG VE Sin Filtro denunció este 28 de enero la «ausencia de un marco jurídico» en Venezuela que garantice la protección de los datos personales que la ciudadanía confía a organismos y empresas del Estado, así como a compañías privadas.

«Frente a la ausencia de un marco jurídico y de normas que protejan los datos personales y el desinterés por parte de los entes públicos y algunas empresas en hacer uso responsable de estos datos, cada ciudadano necesita tomar en sus propias manos la protección de la información, tanto como sea posible», dijo la ONG en un comunicado.

A propósito de celebrarse el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la organización reiteró «la necesidad de que en Venezuela existan leyes y procedimientos que ofrezcan garantías y resguarden la información de todos».

Explicó que los datos e información personal, solicitada por empresas públicas y privadas para distintos procedimientos o trámites, debe ser recopilada y procesada de «forma transparente, consensuada y lícita».

Privacidad digital: un DDHH olvidado

Las Naciones Unidas firmó desde el 2012 que el acceso a la internet y la privacidad de los datos son una extensión de los derechos humanos y deberían tratarse como derechos fundamentales.

Sin embargo, según VE Sin Filtro, dentro de la Emergencia Humanitaria Compleja y vulneraciones a los derechos civiles y políticos por parte del Estdo Venezolano desde el 2014 no se ha cumplido ningún avance en los derechos digitales.  

«En un contexto en el que cada vez son más las aplicaciones administradas por el Gobierno y en el que se ha hecho evidente el interés de utilizar y acceder a datos personales con fines de control social y político, los usuarios deben ser más cautelosos y el Estado garantizar que esas aplicaciones y sus datos no serán abusados», apuntó la ONG.

La organización recordó que en 2022 registró «la acción del aparato de vigilancia masiva de las telecomunicaciones en Venezuela», a través de un reporte de transparencia de la empresa privada Telefónica (Movistar) en el que se «evidenció que, en 2021, más del 20 % de todas las líneas» de esa operadora «fueron interceptadas».

Además, aseguró que ha podido documentar «cómo se entregan datos personales a organismos del Estado sin orden judicial».

Al respecto, VE Sin Filtro destacó que, ante solicitudes de información por parte de organismos del Estado, es necesario respetar la privacidad de las personas y entregar información «sólo en investigaciones legítimas» que cumplan estándares internacionales de derechos humanos.

Robot contra robot

0
Los clientes máquina podrán interactuar con otros bots para hacer reclamos por ti, comprar la comida en línea, reservar tus boletos de avión. Y hasta gestionarte las citas médicas

 

@SoyJuanette

El 7 Julio de 1997 comencé a trabajar como teleoperador de Atención al Cliente en Galaxy Entertainment de Venezuela, mejor conocida como DIRECTV. Ese fue mi primer trabajo fuera del ala familiar, y la puerta para mi crecimiento profesional. A través de la pantalla de DIRECTV fui testigo del terremoto de Cariaco, la tragedia de Vargas, la caída de las Torres Gemelas, el paro petrolero del 11 de abril de 2002, y muchos otros hechos históricos.

Al principio, iba a ser un trabajo de medio tiempo para pagarme los estudios de cine y periodismo, pero fue pasando el tiempo y pasé en ese trabajo un total de 4 mundiales de fútbol. Pero también viví cómo la industria del servicio al cliente se fue transformando a lo largo de todos esos años. Sin saber para qué me serviría, me formé durante años para aprender todo lo que podía acerca de la gestión de clientes… Ese “por qué” se reveló cuando me tocó migrar:

Cuando llegué a la Argentina en 2016, y tras una carrera en los medios de comunicación en Venezuela. Comencé de nuevo en DIRECTV, pero ya no como gerente de Comunicaciones (último cargo que desempeñé en la corporación) sino como operador de telemarketing, solo que ya no tenía 17 sino 36. Poco después ingresé en una consultora que trabaja la disciplina customer experience, donde pude desempolvar mis conocimientos de gestión de clientes. Y no solo aprender, sino divulgar las nuevas tendencias de servicio y experiencia de cliente.

Y ustedes se preguntarán ¿por qué Juanette está escribiendo de esto? Pues porque hoy me topé con la noticia más distópica que leí hasta ahora: “Los clientes máquina” ya son una realidad.

Tengo 7 años escribiendo de experiencia de cliente, por lo que creo tener la facilidad de identificar un cambio de paradigma apenas pasa frente a mis ojos. Y esto es lo que sucedió hoy cuando me encontré con el concepto de clientes máquina.

Leí acerca de este término a través de un artículo que publicó la investigadora e influencer finlandesa Sirte Pihlaja, en su perfil de LinkedIn. La nota titulada “¿Está tu empresa preparada para los clientes máquina? Me voló la cabeza.

Resulta que, mientras la mayoría de las empresas del mundo están invirtiendo grandes sumas de dinero para implementar chats de inteligencia artificial que disminuyan el tiempo de espera de los clientes humanos y resuelvan sus problemas, otras dieron la vuelta a la tortilla y crearon un gestor tipo Siri o Alexa que podrá interactuar con los chats robots (chatbots) de las compañías para que tú no tengas que ocuparte de los trámites.

Es decir, este gestor, que trabaja con tecnología de aprendizaje automático y al que bautizaron como “Cliente máquina”, podrá hacer reclamos por ti, comprar la comida en línea, reservar tus boletos de avión, y hasta gestionarte las citas médicas.

Por lo que tu robot terminará hablando con el robot de las empresas de cable, celular, las plataformas, clínicas, tiendas, etc. Mientras, tú tendrás que buscar qué hacer.

Yo no sé ustedes, pero a mí este tipo de tecnologías me emociona. Aunque, ciertamente, estoy con Bill Gates y Sam Altman (fundador y CEO de Open IA, la empresa que creó ChatGPT) quienes sugieren que se cree un organismo global regulatorio para supervisar estas nuevas tecnologías y evitar su aplicación negativa.

Porque imagínense que uno de estos robots llame a la compañía de celular o de cable y lo dejen esperando; o el otro robot no sepa explicarse y comiencen a discutir. Eso desataría una guerra de robots de proporciones apocalípticas y todo porque te cobraron de más en la factura del celular.

Mejor hagámosle caso a Bill y Sam y evitemos problemas futuros.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

Héctor Rodríguez: «Se ha cumplido cabalmente» el Acuerdo de Barbados

0
El gobernador del estado Miranda afirmó que en la negociación con la oposición en ningún momento «se discutió sobre un candidato en particular» para inhabilitar

Con información de EFE, TalCual y El Pitazo

Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda,  aseguró este 27 de enero que el gobierno de Nicolás Maduro se mantendrá en la mesa de diálogo con la oposición, pero mantendrá su postura ante sobre las inhabilitaciones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a María Crorina Machado, lider de la oposición venezolana. 

Minutos después de que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) informara que el gobierno madurista «violó parcialmente» el acuerdo firmado en octubre del 2023, Rodríguez aseguró en una rueda de prensa que «jamás» se planteó que las negociaciones serían para «perdonar delitos» o «justificar» alguna violación a la Constitución.

«Seguimos abiertos al diálogo, seguimos sentados en la mesa de diálogo. Se han cumplido cabalmente todos los acuerdos firmados y discutidos», dijo el gobernador, quién está representando a Jorge Rodríguez, el dirigente madurista que representa el ciclo de negociaciones .

La delegación opositora sostiene que se cometió una violación flagrante a los acuerdos debido a que no se respetó el debido proceso cuando Machado introdujo una denuncia por vía de hecho ante la Sala Político Administrativa del TSJ, una reclamación que fue rechazada sin siquiera someterla a juicio.

«En ningún documento se discutió sobre un candidato en particular, siempre fue en términos generales, los candidatos que cumplan con las leyes venezolanas podrán participar en procesos electorales venideros, quienes no lo hagan no pueden participar (…). Venimos a mantener esa postura», enfatizó.

«No existen impaces»

El abogado Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en el diálogo, denunció que, con esta medida publicada el 26 de enero, el TSJ condenó a Machado sin derecho a la defensa, por lo que pidió que se active la comisión de verificación de los acuerdos suscritos entre las partes.

Rodríguez agregó que Venezuela celebrará los comicioss presidenciales este año con «todas las garantías electorales» y la observación internacional «neutral» que admita el Consejo Nacional Electoral. «Podrán participar los candidatos que cumplan con las leyes venezolanas».

La PUD pidió este 27 de enero revertir la sentencia en la que se ratificó la inhabilitación contra la exdiputada liberal, que le impide participar en los comicios, aún sin fecha definida. Mientras tatnto, anunció que enviaría sus denuncias ante el reino de Noruega, institución mediadora en las negociaciones, para evaluar el cumplimiento del Acuerdo de Barbados. 

Consideró que la postura de la oposición no representa «un impasse» en el proceso de diálogo.

«Escuché a Blyde condenar hechos de violencia. Creo que es una postura valiente y convoco a todos los dirigentes de oposición a manifestarlo públicamente», exclamó Rodríguez.

Blyde: el gobierno de Maduro violó el Acuerdo de Barbados al inhabilitar a Machado

0
«Exigimos que la decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento. El procedimiento era un juicio, no un paredón», declaró la PUD

Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en la negociación con el chavismo, anunció en rueda de prensa este 27 de enero que el Tribunal Supremo de Justicia debe revertir la inhabilitación de María Corina Machado, ya que se considera una violación al Acuerdo de Barbados firmado en octubre del 2023.

«Exigimos que la decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento. El procedimiento era un juicio, no un paredón», declaró Blyde.

El representante de la PUND manifestó que el Acuerdo de Barbados «debe revertirse y volverse de nuevo» a un estatud de negociación política. 

«Presentaremos una denuncia escrita ante el facilitador noruego y los países acompañantes del proceso, donde denunciamos la violación parcial del acuerdo de Barbados. Es evidente cómo han venido desintegrándose las condiciones en las que estábamos», agregó. 

Advirtió que, si bien el gobierno de Nicolás Maduro ha liberado 28 presos políticos y se permitió las elecciones primarias de la oposición gracias al acuerdo, la inhabilitación de María Corina Machado, dirigente opositora y candidata presidencial, es una violación completa de las discuciones. 

«Uno podía esperar que no aceptaran la cautelar, pero accedieran al juicio, ¿Pero negar el juicio? Se comieron todo el proceso. Eso no era esperable», dijo.

También denunció que, hasta ahora, no el gobierno aún no ha fijado una posición sobre la pbservación internacional en las elecciones presidenciales para este 2024.

«Nosotros no nos estamos parando de la mesa. Estamos denunciando abiertamente la violación parcial del acuerdo de Barbados y usamos los mecanismos que el propio acuerdo contempla», aclaró Blyde.

Violaciones al compromiso

«Sin duda este es el documento electoral más importante de los últimos tiempos (para el país)», opinó el negociador de la PUD. «Para haber llegar al acuerdo de Barbados es un trabajo de, prácticamente, tres años», dijo. 

Pero aseveró que el acuerdo no es perfecto, por lo que solicitó una «comisión de seguimiento y verificación del acuerdo» para que se evalúe su cumplimento de ahora en adelante. «Esa es una obligación de las partes (…). No se quiere control sobre la verificación y ejecución de cada una de las etapas de los acuerdos». 

Blyde recalcó que, según lo establecido en el acuerdo, el Consejo Nacional Electoral debería establecer pronto un cronograma electoral.

«Deberíamos estar en la fase de mantener garantías electorales para ambas partes. Sin embargo, la cosa no ha sido así. ¿Qué está pasado?, la contraparte (el gobierno de Nicolás Maduro) ha usado toda la fuerza del Estado para comenzar una escalada represiva que comenzó cuando se quería ir contra la Comisión de Primarias (entre octubre y noviembre del 2023) que pudimos parar con conversaciones. Pero, luego, volvieron», dijo, agregando la detención de Roberto Abdul, de cuatro dirigentes regionales del partido de María Corina Machado y la señalación a tres representantes de la Comisión de Primarias y la discusión de una ley que limtará el ejercicio de la sociedad civil. 

Concluyó que la PUD llevará el caso de la «violación parcial» del acuerdo de Barbados por parte del gobierno madurista ante el reino de Noruega, uno de los intermediarios de la negociación, para que evalúen los posibles escenarios en el marco de los derechos humanos.

«El estatus de la firma de Barbados es no más presos políticos. No más puerta giratoria. (…). Eso no contribuye al clima electoral, eso es un escalamiento de la represión y un abuso del Estado», dijo.

EE.UU. revisará las sanciones a Venezuela tras la inhabilitación de María Corina Machado

0
La comunidad internacional califica la inhabilitación de Machado por parte del TSJ como una violación al debido proceso judical y a sus derechos civiles y políticos

Con información de EFE

El Gobierno de Estados Unidos se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela, tras la «profundamente preocupante» decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país de ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado.

La decisión de este 26 de enero del TSJ «es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024», señaló este sábado Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.

«El proceso de reinstalación careció de elementos básicos, ya que Machado no recibió copia de los alegatos en su contra ni tuvo la oportunidad de responder a ellos», agregó Miller, en un comunicado.

El portavoz señaló que la inhabilitación de Machado «va en contra de los compromisos asumidos por los representantes del presidente de Venezuela», Nicolás Maduro, en Barbados, donde se fijó la hoja de ruta para los comicios presidenciales de este año en el país latinoamericano, y que contempla que todos los partidos políticos eligieran al candidato de su elección.

«Actualmente, Estados Unidos está revisando nuestra política de sanciones a Venezuela, basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil», agregó.

Decisión con retraso y sin acuerdos

El TSJ de Venezuela ratificó el 26 de enero la inhabilitación de 15 años que pesa sobre la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, la cual le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año. La decisión ocurrió luego de 26 días de retraso del compromiso que impuso la propia institución. 

Mediante una sentencia de la Sala Político Administrativa, el Supremo declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar introducida por la exdiputada liberal, que esperaba que le fuera levantada esta sanción a través de este mecanismo de revisión de casos acordado entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El escrito detalla que Machado está inhabilitada por haber «sido participe de la trama de corrupción orquestada» por el exjefe del Parlamento Juán Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas, al aceptar «la acreditación como representante alterna» de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un debate celebrado en 2014.

La exdiputada arrasó en las primarias opositoras del 22 de octubre pasado, cuando recibió el 92,35 % de los votos.

Tras la decisión del TSJ, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, radicado en Miami, invocó a no caer en las tentaciones de «plan B, C o D», y mantener la unidad y el respaldo a la candidata unitaria.

«El plan es inscribir la candidatura unitaria de cara a una elección que nos deben desde 2018», señaló durante una entrevista que dio al canal CNN en Español, en la que pidió también que Estados Unidos haga cumplir el acuerdo de Barbados.

Elecciones universitarias: carencias y contingencias

0
Es el cambio lo que dinamiza la vida y sacude la lógica de los procesos. De ahí la importancia del cambio al cual debe someterse la Universidad

 

@ajmonagas

Los cambios constituyen la única fuerza capaz de renovar toda condición que pueda preciarse de “institucional”. Pues estacionarse en el tiempo implica anquilosarse para luego desfigurarse. El escritor inglés Gilbert K. Chesterton, apuntaba que “es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la forma”.

Dado que la misión de la Universidad es vislumbrar el horizonte a fin de responder a las necesidades de la sociedad, su funcionamiento no debe eludir los cambios que engrandecen su significación. Y la academia se renueva con las elecciones universitarias.

Es el cambio lo que dinamiza la vida y sacude la lógica de los procesos. De ahí la importancia del cambio al cual debe someterse la Universidad. Y ese cambio pasa por remozar sus autoridades toda vez que el mismo posibilita mudar de aires, razones y concepciones.

Pero internarse en este proceso no es fácil. Las realidades a las que hay que desafiar son de toda índole, como la indolencia, la indiferencia, la incompetencia, la negligencia y la ignorancia. Por extraño que parezca, se padecen desde el interior del campus universitario.

Complicaciones a todas luces

Los problemas que entraña la complicada situación responden a distintas causalidades, rebasadas por la dinámica política que envuelve a la universidad. Muchas de ellas, relacionadas con el concepto de autonomía universitaria. Otras, con continuas intimidaciones gubernamentales, toda vez que se vuelven cada vez más insidiosas.

Asimismo, causalidades vinculadas al retardo jurídico de liberación de medidas coercitivas sancionadas por el Tribunal Supremo de Justicia en 2011. Las mismas impidieron las elecciones universitarias, afectando el desenvolvimiento institucional en términos de los lapsos electorales, establecidos en la Ley de Universidades.

Las universidades autónomas venezolanas sobrepasaron cualquier período imaginado sin que hicieran valer sus libertades y derechos a darse su propio gobierno. Este problema atascó importantes procesos de deliberación y decisión de medidas adoptadas internamente en virtud de la capacidad de gobierno que la correspondiente normativa otorga a la universidad. Igualmente, dicho rezago jurídico obstruyó procesos de recuperación y arreglo propios de la movilidad docente, de investigación, administración y de gerencia.

Elecciones universitarias, más problemas a la vista

Otro de los problemas que perturbaron el desenvolvimiento institucional-académico de la Universidad, sobre la potestad que la autonomía universitaria para su propio desarrollo, está contenido en la medida sancionada por el TSJ al determinar, según juicio político adoptado unilateralmente, la imposición de un nuevo “claustro”. El mismo, es incrementado al sumarse personal no-académico, aunque miembros de la comunidad universitaria.

Su participación tiene enteramente motivación política, propio del momento. Y si bien visibiliza el carácter político de la Universidad, es proclive a enrarecer el proceso eleccionario. Esto es así porque los intereses expuestos con el concurso de nuevos votantes podrían desfigurar la esencia académica al poner de relieve exaltaciones político-partidistas por encima de incentivos académicos.

Cabe aclarar que, aunque la variable política siempre ha estado en los procesos comiciales vividos por la Universidad, su intervención en otros tiempos nunca fue precedida por medida judicial alguna. Tampoco ordenada por órganos de poder ajenos al discurrir autonómico universitario. Pero de ahí a pretender alterarse el equilibrio que sustenta el valor-objetivo del proceso electoral en su exacta comprensión y debida praxis, el propósito inherente al acto político-institucional se vería transgredido afectando la justicia que estructura su esencia. 

La Ley de Universidades y el espíritu universitario

Es ahí cuando los problemas de la universidad se avivan por criterios contrarios al espíritu universitario, es entonces cuando los cambios comprometen el accionar de una institución universitaria. Y a la propia letra de la Ley de Universidades, cuyos preceptos fundamentales la hacen responsable de colaborar con la superación del rezago científico, humanístico, artístico y tecnológico de la nación.

Por otra parte, vale referir el influjo de operadores políticos que responden a lineamientos de poder político, desestabilizando por consiguiente el proceso eleccionario universitario. En esa ocasión, dicho proceso se vuelve distinto de su naturaleza canalizadora y motivadora de cambios. Sus facultades en la organización y dirección del proceso eleccionario tienden a entrabarse.

Las elecciones, así pretendidas, se tornan en escenarios de abultados conflictos. A esa situación se suman las carencias propias de presupuestos ajustados a las necesidades del compromiso electoral. Quizás, de un presupuesto precario que, por insuficiente, se vuelve “indigente”.

Conclusiones de primer momento

Dicha situación es consecuencia de las intensas y bruscas contingencias que padece la Universidad actualmente. Muchas veces, incitadas por la impertinencia de miembros de la comunidad universitaria estimulados por juicios político-partidistas.

Cabría agregar que todo acto político-electoral es terreno de narrativas contradictorias pronunciadas como valores de ética, libertad, derechos y garantías. Desde la perspectiva de los problemas que se suscitan al interior de una elección universitaria, el problema no es diferente.

Particularmente, así sucede en medio del fragor de los conflictos que caracterizan la tormentosa vida de instituciones sometidas al arbitrio del poder. Al observar la naturaleza del problema que envuelve al proceso electoral universitario, debemos analizar las carencias y contingencias de las elecciones universitarias.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

Familiares de Karen Gómez Gutiérrez y Juan Freites exigen una fe de vida

0
Denuncian que los hijos de Gómez no tienen papeles de identidad luego de que la militar fuera detenida, mientras que Vente Venezuela denunció que dos de sus cuatro dirigentes regionales detenidos arbitrariamente se presentaron ante tribunales sin abogados ni familiares

La abogada y directora de la organización Casla Institute, Tamara Sujú, denunció este 26 de enero que los familiares de la primera teniente Karen Gómez Gutiérrez, detenida el pasado 22 de enero por fuerzas del Estado Venezolano, y de Juan Freites Cabrejo, dirigente del partido Vente Venezuela en el estado La Guaira detenido el 23 de enero, exigen una fe de vida al Estado venezolano. 

A través de la red social X (Twitter), Sujú publicó videos testimoniales de Roland Gómez, hermano de Gómez, y de Graciela Martínez, madre de Freites, donde denuncian que ni el Ministerio Público ni las fuerzas policiales les informan del paradero de los detenidos arbitrariamente. 

«Hago un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos y a (los integrantes del) Acuerdo de Barbados. (…) Espero esté bien, que esté a salvo, no sabemos dónde está. Exigimos que aparezca y que aparezca con vida», denunció Roland Gómez.

«Mi hijo fue secuestrado hace más de 48 horas. No tenemos noticias de él. Para ese momento, mi hijo estaba sufriendo una crisis de asma y estaba sin medicinas. No nos dan información (…) quisiera saber que al menos no lo están maltratando», dijo Graciela Martinez.

Estado deja desamparado a los hijos de Gómez

Gómez y su esposo, el coronel Carlos Sánchez Vásquez, fueron señalados el pasado 22 de enero por el Ministrio Público debido a los señalamientos de una presunta trama de «conspiración» contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la directora de Casla Institute, Gómez había pedido su retiro de las Fuerzas Armadas venezolanas el 16 de octubre del 2023. 

«El 22 de enero es detenida luego de ser llamada a una supuesta reunión en el ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral ) de Guatire (estado Miranda), a la que acudió dejando a sus 2 pequeños hijos, un varon de 2 años y una niña de 11 meses, al cuidado de una vecina mientras regresaba. Nunca regresó», denunció la abogada. 

https://twitter.com/TAMARA_SUJU/status/1750836512357327148?s=20

Según Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, ambos militares están bajo la custodia del Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo. Pero, hasta el momento, el Estado no ha birndado información del paradero de Gómez, ni Sánchez, ni de más de 30 detenidos anunciados por el fiscal.

«Los documentos de nacimiento de los menores están en la camioneta retenida y la familia no ha podido recuperarlos», agregó Sujú.

Detención arbitraria express

Un día después de la detención de Gómez, presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Juan Freites frente a su casa mientras él se preparaba para un mitin político del partido de María Corina Machado, representante de la oposición inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia este 26 de enero.

https://twitter.com/TAMARA_SUJU/status/1750564441832264182?s=20

Junto a él, detuvieron otros tres dirigentes del partido: Luis Camacaro, Tomás Sequera y Guillermo López. De ese grupo, solo se sabe que Camacaro y Sequera fueron trasladados a la sede del Sebin llamada «El Helicoide», lugar que la ONU ha denunciado desde el 2014 como un centro de torturas y tratos crueles e inhumanos por parte del Estado. 

Vente Venezuela denunció que Camacaro y Freites fueron presentados ante tribunales el pasado 25 de enero sin sus abogados y sin permitir el contacto con familiares y conocidos, luego de 72 horas de desaparición forzosa.

El partido político alertó a la comunidad internacional que los derechos civiles y políticos tanto de Machado como de los dirigentes regionales detenidos arbitrariamente están siendo vulnerados fragantemente.

Sujú, al igual que Gómez, está siendo señalada por el Ministerio Público de participar en la presunta trama de «conspiraciones» contra el gobierno madurista. La comunidad internacional ha denunciado en reiteradas ocaciones que el gobierno madurista mantiene a más de 250 presos políticos bajo imputaciones hechas en medios de comunicación del Estado y sin un debido proceso judicial. 

CIDH llama al Estado a no sancionar proyecto de ley que limita las ONG

0
La CIDH subrayó que el proyecto de ley que busca regular a las ONG pretende «limitar el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público y la defensa de los derechos humanos»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llamaron al Estado venezolano a abstenerse de sancionar el proyecto de ley fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines que fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) de 2020, de mayoría oficialista.

En este sentido, puntualizan que el efecto de la norma es «limitar el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público y la defensa de los derechos humanos».

A través de un comunicado de prensa, la CIDH destacó que el proyecto «se enmarca en una serie de actos gubernamentales que tendrían como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y restringir el espacio cívico».

La Comisión recordó que en 2023 rechazó la detención arbitraria de personas sindicalistas. Además, en 2022 urgió al Estado a no aprobar el anteproyecto de «Ley de Cooperación Internacional», y en 2021 manifestó su rechazo por la «la Providencia Administrativa No. 001-2021». En ambas leyes se le daba un mayor control al Poder Ejecutivo en el ejercicio de la democracia, así como mayores libertades para que aplicaran la censura institucional.

Ratifican que proyecto de ley «limita arbitrariamente» las actividades que desarrolladadas por organizaciones sin fines de lucro. También, señalan, otorga a las autoridades estatales la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, según su criterio, en actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la república.

«La CIDH y la RELE observan con preocupación que durante las dos discusiones de este proyecto diputados oficialistas señalaron a las organizaciones de la sociedad civil de ser ‘enemigas’, ‘desestabilizadoras’, ‘traidoras de la patria’ y ‘fachadas de partidos’, entre otros calificativos estigmatizantes. Este tipo de declaraciones evidencian el clima de hostilidad contra las personas y organizaciones que defienden derechos humanos o ejercen el periodismo en Venezuela», advirtieron.