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VE sin Filtro sobre posible hackeo a Digitel: enfatiza necesidad de protección efectiva de datos

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“Deben investigar y prevenir futuros ataques, informar el alcance y notificar a las víctimas”, agregó VE sin Filtro sobre el posible hackeo a Digitel

La empresa de telecomunicaciones Digitel informó este martes, 30 de enero, que detectaron una amenaza de seguridad en su sistema, por lo que bloquearon temporalmente sus servidores para prevenir cualquier hackeo y filtración de información.

“Este bloqueo no afecta la comunicación de nuestros clientes, quienes están actualmente disfrutando de nuestro servicio”, informó la empresa en un comunicado.

La empresa señaló que solo sus portales y canales de atención estarán fuera de servicio. “El equipo técnico y de seguridad de Digitel se encuentra atendiendo la incidencia para restablecer la operatividad en todos nuestros portales y canales de atención”, informó.

Ante lo ocurrido, la plataforma VE sin Filtro indicó vía X (antes Twitter) que este incidente “subraya la necesidad de una seguridad efectiva de datos”.

“Esperamos acciones responsables y proactivas para salvaguardar a los usuarios”, agregó la plataforma.

Además, señalaron que aunque los servicios de telecomunicación de Digitel funcionan, “es crucial mantener la usabilidad y el acceso a Internet a los clientes que no puedan recargar o pagar sus planes mientras se mantiene la inoperatividad de estos servicios durante la recuperación del ciberataque”.

En ese sentido, exhortaron a la empresa a que informe claramente “si se han comprometido datos personales de sus usuarios y de qué forma ha ocurrido, como asegura un hacker que se atribuye el ataque”.

“Deben investigar y prevenir futuros ataques, informar el alcance y notificar a las víctimas”, agregó VE sin Filtro.

Finalmente, recordando que el 28 de enero se conmemoró el Día de Protección de Datos Personales, agregaron: “Las empresas como Digitel deben proteger los datos y actuar con transparencia en caso de brechas; ofreciendo, si es apropiado, compensación y mitigación de los riesgos y daños resultantes”.

CNP rechaza criminalización del trabajo periodístico en Venezuela

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El CNP afirmó que “algunos funcionarios de alto nivel”  y “autoridades del Poder Judicial incumplen recomendaciones o protocolos” de la ONU sobre “abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión”

 

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó este miércoles la criminalización del trabajo periodístico en Venezuela.

En un comunicado, el CNP denunció que se trata de “otro grave atentado al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información” y al debido proceso, haciendo referencia al caso de la periodista Sebastiana Barráez.

El CNP afirmó que “algunos funcionarios de alto nivel” de la Fiscalía y “autoridades del Poder Judicial incumplen recomendaciones o protocolos” de la ONU sobre “abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas, dirigentes sindicales, estudiantiles, políticos y defensores” de DD.HH.

El gremio repudió que se pretenda “continuar criminalizando a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos, sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al derecho de designar defensores privados”.

El pasado 22 de enero, el fiscal general, Tarek William Saab, informó de la detención de más de una treintena de personas -entre civiles y militares- por estar supuestamente involucradas en un total de cinco planes conspirativos desmantelados desde mayo de 2023, que tenían como objetivo asesinar al gobernante.

Por este último caso, denominado ‘Brazalete blanco’, fueron emitidas seis órdenes de captura, una de ellas contra Barráez, quien en las redes sociales compartió un vídeo en el que rechazó las acusaciones en su contra y negó su implicación en estos hechos.

*Con información de EFE

“No nos vamos a parar por María Corina” y otras perlas del gobernador de Barinas

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Sergio Garrido pidió seguir el ejemplo de ese estado durante las elecciones que lo llevaron al puesto

 

El gobernador de Barinas, Sergio Garrido, afirmó el lunes 29 de enero, que la oposición debe escoger otro candidato si no logran levantar la inhabilitación contra la candidata presidencial María Corina Machado, a quien el Tribunal Supremo de Justicia le ratificó una medida por 15 años.

«Nuestra postura siempre ha sido clara, no nos vamos a parar por ella (María Corina Machado), escogeremos entre todos un nuevo candidato o candidata, para que sea el Presidente o Presidenta de todos los venezolanos», aseguró Garrido en declaraciones al portal Potencia en la Web, durante la inauguración de la prolongación de la avenida Nueva Torunos.

Garrido no solo hizo referencia a la inhabilitación de Machado, también soltó varias perlitas sobre las presidenciales:

El gobernador dijo que el objetivo opositor es lograr un cambio político este año, y manifestó su confianza de que un eventual sustituto de Machado podrá obtener el voto mayoritario de los venezolanos en unas presidenciales, aún sin fecha.

Garrido pidió a los venezolanos «no pisar el peine de la guarimba (…) Ya pudimos vivir los años de enfrentamiento y sólo dejaron personas muertas, muchas familias separadas y otros se fueron del país».

«La única herramienta es el voto para lograr el cambio político», dijo Garrido.

Gobernador asignado en Barinas 

Sergio Garrido pidió seguir el ejemplo de ese estado durante las elecciones que lo llevaron al puesto. «Debemos seguir el ejemplo de los barineses en noviembre de 2021, que llegó una serie de nombres los cuales no pudieron participar, hasta que llegó mi opción».

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió en el 2021 una medida cautelar interpuesta por Adolfo Superlano por supuestas irregularidades en los comicios del 21 de noviembre, donde Freddy Superlano (Voluntad Popular), resultó electo como gobernador de Barinas. 

Superlano nombró como sustituta a su esposa, Aurora Silva, pero también fue inhabilitada políticamente por el TSJ pese a no haber ejercido algún cargo público.

Relator especial de la ONU visitará Venezuela para evaluar situación alimentaria

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Michael Fakhri presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2025

El Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, realizará una visita de país a Venezuela del 1 al 14 de febrero de 2024.

El relator especial evaluará una serie de cuestiones relacionadas con la realización del derecho a la alimentación en Venezuela, como la resiliencia del sistema alimentario, el acceso a los alimentos en los centros de detención y la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes y de otros grupos en situación de vulnerabilidad.

También, examinará las buenas prácticas existentes y el impacto de las sanciones sobre la seguridad alimentaria del país.

Durante su visita, Fakhri se reunirá con diversos actores, incluidos funcionarios del gobierno, el Poder Judicial, instituciones independientes, agricultores, Pueblos Indígenas, la academia y actores de la sociedad civil. Viajará a Caracas, Sucre y Zulia.

El experto convocará una conferencia de prensa miércoles 14 de febrero a las 12.00 (hora local) en el Renaissance Caracas La Castellana Hotel. El acceso estará estrictamente limitado a periodistas.

Michael Fakhri presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2025.

En 8 de cada 10 hogares venezolanos el presupuesto no alcanza para comprar alimentos

El Informe de Seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela de la organización HumVenezuela reveló que en 2023 91,6 % de los hogares utilizó estrategias de sobrevivencia para alimentarse, «la mayoría rindiendo el presupuesto o aumentando su carga laboral, ante mayores niveles de gasto».

También, el informe concluyó que el 41,1 % de la población, para subsistir a nivel alimenticio, tuvo que combinar distintas estrategias, sacrificar gastos y también hubo privación en el consumo.

Además, al menos 9,5 % de los hogares del país uno de los miembros migró para ir en búsqueda de alimentos. Otro de los aspectos que resalta el informe es que en el 4 % de los hogares consultados se compró alimentos vencidos; en el 3,5%, varios miembros debieron comer fuera del hogar; y en el 1,5 %, se intercambió sexo por alimentos».

Inhabilitación a María Corina: sin juicio ni derecho a la defensa 

Aunado a todas las irregularidades en el caso de Machado, las decisiones anunciadas por el TSJ se produjeron vencidos los lapsos legales

 

Para muchos venezolanos, no fue una novedad que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara la inhabilitación política por 15 años a la abanderada presidencial por la oposición venezolana, María Corina Machado. 

La Sala Político Administrativa (SPA) no solo impidió ejercer la voluntad de millones de venezolanos en una elección presidencial, sino que incurrió en una practica que ya es costumbre: la omisión de publicar los textos completos de sus decisiones. 

En lugar de ello, la SPA se limita a anunciarlas mediante un extracto en su página web. La práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan.

Un claro ejemplo de esto es el texto que suspendió temporalmente las primarias del pasado 22 de octubre que aún no se conoce en su totalidad, pese a que fue anunciado hace casi tres meses.

La ONG Acceso a la Justicia alertó que esta práctica atenta contra el principio de seguridad jurídica, así como contra el derecho de acceso a la información pública (artículo 28 de la Constitución) y la obligación de que la justicia sea transparente (artículo 26). 

Además, coloca en situación de indefensión a las partes involucradas en un caso, en vista que es difícil que en esa circunstancia puedan ejercer los recursos correspondientes en su contra si la sentencia los perjudica.

Aunado a esto, Machado sostiene que la sanción en su contra no existe, porque nunca fue notificada ni se enteró de la misma. Aseguró además que nunca se le permitió ejercer su derecho a la defensa en el proceso que concluyó con su inhabilitación.

De acuerdo al TSJ, la opositora “está inhabilitada por 15 años por ser partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.

María Corina sin derecho a la defensa 

Acceso a la Justicia expone que la SPA no le permitió a la representación de Machado ejercer su derecho a la defensa, “pues exista o no un acto de inhabilitación en su contra por la Contraloría, al no haberse cumplido el procedimiento se configura una vía de hecho, y para determinarlo era necesario un juicio, y ello ni siquiera ocurrió, porque la Sala declaró sin lugar de una vez la demanda sin abrir su caso a trámite”.

El artículo 49.1 de la Constitución establece que “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley”.

Sin el debido proceso y fuera de lapso 

A las irregularidades anteriores se añade que las decisiones anunciadas por el TSJ se produjeron vencidos los lapsos legales.

Ninguno de los plazos se respetó en el caso de Machado. El artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (LOJCA) le daba a la SPA un máximo de 3 días de despacho (días de la semana en los que la Sala efectivamente recibe casos o los tramita) para anunciar si admitiría la demanda o no. 

El pasado 21 de diciembre a más tardar el TSJ ha debido anunciar si admitía o no la petición, pero en lugar de eso el 19 dictó un auto en el cual le solicitaba a la CGR información sobre el caso de la opositora.

De acuerdo con lo establecido por la LOJCA (artículo 67), la solicitud de información a la CGR debería haberse verificado una vez que la Sala anunciara la admisión de la demanda de Machado, no antes. Este requerimiento legal tiene un propósito claro: evitar lo sucedido, donde la información proporcionada por la contraparte (la Contraloría en este caso) podría alterar los hechos del caso demandado, generando una indefensión para la demandante que, sin la admisión de su demanda, carece de la oportunidad de defenderse.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

 

LEA TAMBIÉN:  Encuestas indican que Machado ganaría elecciones aún con baja participación

Al menos 3,5 millones de jóvenes necesitan inscribirse en el registro electoral

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“Toma El Control es una plataforma para facilitar el ejercicio del derecho a elegir de todos los venezolanos, y en especial de los jóvenes. Es decir, a través de Toma El Control, te facilitaremos y guiaremos para lograr el objetivo de recuperar el derecho a elegir en Venezuela”, reza la descripción de la iniciativa en su página web

La iniciativa Toma el Control, que promueve la participación en las elecciones presidenciales, advirtió el pasado lunes, 29 de enero, que al menos 3,5 millones de jóvenes necesitan inscribirse en el Registro Electoral.

Mediante una publicación hecha en X (antes Twitter), Toma el Control instó a los jóvenes a inscribirse: “El voto es tu superpoder en este juego”, señaló.

Según explica la iniciativa, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó que para el 20 de junio del 2023, la población venezolana proyectaría un total de 33.728.624 habitantes.

Asimismo, recordaron que el 22 de octubre del 2023 el Consejo Nacional Electoral informó que el Registro Electoral definitivo contaba con 21.027.120 electores habilitados.

También, indicaron que, según estimaciones, en Venezuela hay alrededor de 7 millones de jóvenes entre los 17 y los 29 años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), esta cifra representa cerca del 20 % de la población total en el país.

De esa cantidad de jóvenes, aproximadamente 3,5 millones necesitan inscribirse en el Registro Electoral.

En ese sentido, Toma el Control invitó a los jóvenes a inscribirse y participar como electores en los próximos comicios presidenciales.

“Toma El Control es una plataforma para facilitar el ejercicio del derecho a elegir de todos los venezolanos, y en especial de los jóvenes. Es decir, a través de Toma El Control, te facilitaremos y guiaremos para lograr el objetivo de recuperar el derecho a elegir en Venezuela”, reza la descripción de la iniciativa en su página web.

La plataforma ayudará a los jóvenes a inscribirse RE o cambiarse al centro de votación de su preferencia.

https://twitter.com/vzla_tec/status/1752092649694052431

https://twitter.com/vzla_tec/status/1752092668245496031

Telepathy

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La compañía Neuralink de Elon Musk (¡lo que es tener el billete para desarrollar las ideas!) acaba de implantar el primer chip cerebral de mi genial invento con el nombre de Telepathy (del griego tele que significa televisión y pathy hipocorístico de Patricia)

 

@laureanomar

El humor es profético. Las mayores verdades filosóficas, sociológicas y políticas han sido proclamadas desde la tribuna del humorismo. Pero, como la cosa mueve a risa, la gente no cree que se esté hablando en serio. Quien suscribe, aunque nunca los patentó, tiene en su haber dos grandes diseños de inventos: el primero, el carro que se maneja solo, con un programa especial para Caracas con la posibilidad de rastrear automáticamente la presencia azarosa de motorizados, determinar ante qué luces rojas detenerse y ante cuáles no, entre otras facilidades para el tránsito capitalino, como un Google map de huecos y alcantarillas destapadas, un asustador de peatones, entre otras propiedades.

El segundo invento, proclamado desde el humor y que me acaba de chorear Elon Musk, es el del chip cerebral. También diseñado por mí —y me perdonan el mal gusto autorreferencial de este escrito— en un monólogo en el que hablaba ya de esta posibilidad.

Proclamaba entonces que el CVA tenía sus días contados, pues al irnos de viaje cargaríamos en el chip cerebral el idioma del país al que viajamos. Algo similar sucedería con las universidades, que pasarían a ser cosa del pasado. Para ser médico, por ejemplo, bastaría con comprar el chip de la carrera e insertarlo en el cerebro.

Este avanzado diseño mental presentaba, señalaba entonces, el beneficio adicional de poder cambiar de profesión al aburrirse de la que se ejerce o probar una profesión cada semana hasta encontrar la que mayor suma de felicidad material produzca (al profesional, se entiende). Naturalmente, en nuestra Venezuela pecadora, existiría siempre el riesgo de la piratería, de que un buhonero venda una carrera de derecho chimba en la cola de la autopista o en el peaje de Tazón; pero, en honor a la verdad, esto tampoco tendría que ser motivo de angustia ni preocupación pues no sería nihil novum sub sole. ¡Oh sole, Oh sole mio!

Pues bien, la compañía Neuralink de Elon Musk (¡lo que es tener el billete para desarrollar las ideas!) acaba de implantar el primer chip cerebral de mi genial invento con el nombre de Telepathy (del griego tele que significa televisión y pathy hipocorístico de Patricia). El señor Musk no comenzó el experimento consigo mismo, ni de vaina, sino con otra persona. «El primer ser humano recibió un implante de Neuralink ayer y se está recuperando bien», escribió Musk, «los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales» …y también de los picos de sus acciones en la ni bolsa que fuera.

Hasta el momento el implante funciona con información del cerebro hacia el exterior, pero también se trabaja en el diseño —tal como quien suscribe, limpio de solemnidad, tenía previsto— para cargar información del exterior hacia el cerebro.

El aparato, dice Musk: «Permite controlar tu teléfono o computadora, y a través de ellos casi cualquier dispositivo, con solo pensar». Este aspecto, debo reconocerlo, no estaba en mi diseño original. No porque no se me hubiese ocurrido, sino por el hecho de que si con el sistema actual, mecánico, tenemos tantas metidas de pata, tantas enemistades a causa del WhatsApp, tantos mensajes al grupo equivocado o fotos íntimas que van a donde no deben por error, imagínense lo que sería que un pensamiento de uno se vaya al teléfono celular de la bella dama que se sentó al lado o, peor aun, que los pensamientos políticos anden por ahí rodando libremente de un celular a otro, sin conocer la identidad del dueño del celular con quien te tropezaste en la calle.

La ciencia ficción nos alcanza y lo que parecía broma se hace realidad. Este invento mío, desarrollado por Musk, tiene la posibilidad de ayudar a personas con dificultades motoras y de visión, lo cual es sin duda una gran cosa, pero, como todo lo que inventamos últimamente los humanos, si se nos escapa de las manos puede ser terrible.

En el 2021 el chip se probó con un mono que comenzó a jugar telepáticamente un videojuego (El planeta de los simios). Unos meses antes de había implantado en cerdos para medir su actividad cerebral (Rebelión en la granja). Solo imaginen, por ejemplo, la posibilidad de que a todos nuestros cerebros se nos envíe un sistema de pensamiento en serie para inducirnos a pensar de manera uniforme y acrítica por alguien que fabrica el chip (Un mundo feliz), pero no se lo coloca él. Estaríamos todos diseñados como replicantes por la corporación Neuralink (Blade Runner) …¿Y no será que ya lo estamos?

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

DDHH Olvidados | El salario digno es el derecho humano más vulnerado

Durante enero del 2024, el Estado venezolano vulneró derechos humanos como la salud, la libertad sindical, propició la persecución de dirigentes políticos, continuó el cierre de emisoras, violó la Constitución al mantener la política de congelamiento del salario mínimo y ejecutó inhabilitaciones con irregularidades en el proceso

@Andrea_GP21

El primer mes del año 2024 comenzó con distintas vulneraciones a los derechos humanos de los venezolanos y terminó de igual forma. El salario mínimo sigue siendo el derecho más vulnerado. Trabajadores y pensionados siguen sin recibir un aumento salarial. Desde marzo de 2022 no se ajusta el salario mínimo (que se mantiene en 130 bolívares) y el gobierno de Nicolás Maduro optó, desde el 2023, por sopesar la falta de ajustes a través del Bono de Guerra Económica.

El pasado 15 de enero, el gobernante Nicolás Maduro ajustó el “ingreso mínimo mensual” (no del salario base) de los trabajadores venezolanos. La medida significó el aumento del Bono de Guerra Económica a 60 dólares mensuales. Mientras que el bono de alimentación se mantiene igual en 40 dólares que, según dijo, están indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que los trabajadores que perciben el Bono de Guerra Económica bono tendrán un salario integral indexado de 100 dólares. Esta bonificación la perciben completa únicamente los trabajadores de la administración pública. Los jubilados de la empresa pública recibirán 70 dólares del total y los pensionados, apenas USD 25. Rodríguez no menciona que los bonos no tienen incidencia sobre prestaciones sociales, utilidades, cálculo del bono vacacional ni otros beneficios amparados en la Ley del Trabajo. 

La ONG Provea aseveró que millones de obreros y jubilados reciben «un salario mínimo y una pensión de hambre», pues no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas, cuyo precio supera los 500 dólares mensuales, según estimaciones independientes.

La falta de un ajuste en el salario mínimo viola el segundo parágrafo del artículo 91 de la Constitución, el cual señala: “El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.

Pasaporte sigue siendo impagable para muchos

El petro, la criptomoneda creada por el chavismo, cesó sus operaciones el pasado 15 de enero de 2024. Con la eliminación del petro, se modificaron los costos de servicios gubernamentales que estaban indexados al valor de esta criptomoneda.

El primero de estos pagos que cambiaron fue el costo del pasaporte. Antes de la eliminación del petro, el pasaporte para adultos con vigencia de 10 años tenía un costo de 3,6 petros. Ahora, según el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Remigio Ceballos, el costo del mismo será de 200 dólares calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Aunque esta nueva cifra representa una rebaja de 16 dólares en comparación con el último referente en petros, lo cierto es que no todos los venezolanos pueden costearlo. O al menos no con un solo salario.

De acuerdo con un reporte que publicó el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) el pasado 24 de enero, entre 2022 y 2023 se amplió significativamente la brecha entre las remuneraciones pagadas por el sector privado y el público y esto se debe a la política de congelación salarial aplicada por el gobierno nacional. 

Según los datos que recoge el OVF, mientras en el sector público el salario mínimo promedio más bonificaciones en 2023 se situaron en aproximadamente USD 40 mensuales, en el sector privado alcanzó a USD 202 por mes. Esto evidencia cómo para los trabajadores del sector público pagar por un pasaporte representaría una inversión de cinco meses de salario, mientras que los del sector privado deberían utilizar todo su salario de un mes para pagar por el documento.

Desatención crónica en el J.M. de los Ríos 

Durante los primeros quince días del 2024, tres niños fallecieron en el Hospital J. M. de los Ríos en Caracas, a la espera de un trasplante de riñón que nunca llegó, según denunció la organización no gubernamental Prepara Familia.

Mediante una publicación hecha en X (antes Twitter), la organización extendió sus condolencias a las familias de los niños fallecidos: Sebastián Dávila de 9 años, Adrián Rodríguez también de 9 años y Scarlet González de 14.

 

El programa de trasplantes en Venezuela está paralizado desde el año 2017. En mayo del 2023, defensores de los derechos humanos reiteraron la exigencia de varios años al Estado venezolano de que invierta en políticas públicas para la reactivación de este programa, pero eso no ha ocurrido.

Para la ONG Provea, esta situación “se enmarca en un contexto más amplio de crisis en el sistema de salud venezolano, especialmente en lo que respecta al trasplante de órganos y las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja que sacude al país”.

Desde el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a todos los niños y niñas pacientes del Servicio de Nefrología del Hospital J.M. de los Ríos frente a los riesgos y daños irreparables a la salud, y a la vida como consecuencia del desabastecimiento de medicamentos, insumos y equipos médicos en dicho centro de servicio hospitalario público de Venezuela.

La ONG Codevida señaló que, de acuerdo a los estándares internacionales, el Estado venezolano está en la obligación de adoptar las medidas para proporcionar tratamiento médico de alta calidad, así como asegurar condiciones de salubridad y seguridad en el área de Nefrología.

Criminalización de la actividad sindical sigue

Durante el mes de diciembre del 2023, el gobierno de Nicolás Maduro excarceló a seis sindicalistas que fueron detenidos en el año 2022, también fueron excarcelados otros presos políticos. Al menos 13 familias pudieron reencontrarse con sus parientes luego de estar tras las rejas. Sin embargo, llegado enero de 2024, la administración chavista atentó nuevamente contra la actividad sindical.

Uno de los afectados fue Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza de Venezuela (Fenatev) seccional Barinas, quien fue apresado por funcionarios de la PNB y el Sebin el pasado 17 de enero mientras dirigía una asamblea con miembros de la organización. 

La asociación civil Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre denunció que durante el procedimiento también agredieron físicamente a mujeres docentes.

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, anunció en sus redes sociales que Venegas sería procesado por «estar involucrado en actividades contra la paz de la República». Asimismo, informa que Venegas, supuestamente, formaba parte de un grupo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas.

La libertad sindical es un derecho humano que tienen los trabajadores para asociarse y constituir asociaciones con el objeto de defender sus intereses comunes, de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución, el cual establece: “Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley…”.

Persecución focalizada en el entorno de María Corina Machado

Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, jefes regionales de campaña de María Corina Machado, fueron detenidos en la penúltima semana de enero. Tarek William Saab vinculó a los aprehendidos, miembros del partido político Vente Venezuela, con la operación “Brazalete Blanco”, la cual supuestamente tenía el objetivo de atentar contra la vida de Freddy Bernal, gobernador de Táchira; y la de Nicolás Maduro.

“Dichos sujetos se encuentran vinculados a la presente trama terrorista, ya que servirían como apoyo logístico para el grupo terrorista armado que se desplazaría del estado Táchira a la ciudad de Caracas, liderados por el terrorista Anyelo Heredia”, dijo Saab el pasado 26 de enero en una transmisión televisada.

Camacaro era el jefe de campaña de Machado en el estado Yaracuy, Freites en La Guaira y Guillermo López era responsable del comando en Trujillo. 

Tanto Camacaro como Freites, según denuncias de Vente Venezuela, fueron presentados ante un tribunal sin permitir la “presencia de sus abogados privados” ni el “contacto con sus familiares”.

 

Inhabilitaciones a la carta

El pasado 26 de enero, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció ocho sentencias sobre las sanciones que la Contraloría General de la República (CGR) impuso contra dirigentes políticos de oposición y de otras tendencias políticas.

En algunas de las decisiones, la Sala habilitó temporalmente a los candidatos a ejercer sus derechos políticos, mientras decide la demanda principal, como es el caso de Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez, Daniel Ceballos y Rosa Brandonisio de Scarano. 

Sin embargo, otras solicitudes no tuvieron una respuesta positiva, justamente las que más esperaba el país. La Sala aseguró que María Corina Machado, quien fue electa con amplia mayoría como candidata presidencial de la oposición en la primaria del 22 de octubre del 2023, estaba inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.

De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, el caso de Machado presenta varias irregularidades. La más evidente es que la Sala incurrió en la “omisión de publicar los textos completos de sus decisiones” y, en lugar de ello, “se limita a anunciarlas mediante un extracto en su página web”.

“Esta práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan”, explicó la organización en una nota de prensa.

La ONG explicó que esta situación suele ocurrir en casos de relevancia política o de gran interés general. Un ejemplo emblemático es el texto de la sentencia de la Sala Electoral que suspendió provisionalmente las primarias de octubre del año pasado -la misma que presidía la recién designada como presidenta del TSJ- que aún no se conoce en su totalidad. En ese sentido, todavía no se sabe por qué se suspendieron y tampoco el alcance íntegro de la decisión tomada, a pesar de ser este un asunto de máximo interés para todo el país.

Además de Machado, la Sala ratificó la inhabilitación política durante 15 años de Henrique Capriles Radonski, exgobernador de Miranda.

Los micrófonos de la radio se siguen apagando

El pasado 10 de enero, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas denunció el cese de operaciones de las emisoras Órbita 99.7 FM, de Guanare, y Galáctica 100.7 FM, de Biscucuy, ambas ubicadas en el estado Portuguesa. 

De acuerdo con la institución gremial, la clausura de las estaciones de radio ocurrieron por «órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), (porque) no fueron renovadas las concesiones».

 

Por su parte, luego de dos años de operaciones en su sede en la avenida Bolívar de Valera (Trujillo), el 27 de enero del 2024 la emisora radial Palpitar Trujillano se vio obligada a entregar sus espacios, luego de enfrentar presiones y amenazas por su labor periodística.

Mediante un comunicado, la estación señaló: “Lastimosamente nos toca informar que las amenazas que pesan sobre Palpitar Trujillano han hecho que tengamos que desalojar nuestros espacios físicos ubicados en el Edición Lares Alizo (Avenida Bolívar de Valera con calle 14), un lugar que en dos años se había posicionado como un sitio de encuentro, cultura, conocimiento y Periodismo de calidad”,