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Plataforma Unitaria a comunidad internacional: Gobierno ratifica su carácter autoritario

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La candidata opositora electa en la primaria de octubre de 2023, María Corina Machado, rechazó el cierre de Oacnudh y la expulsión de todo el personal de la oficina, ordenada por la administración madurista

La Plataforma Unitaria Democrática advirtió a la comunidad internacional que la administración de Nicolás Maduro ratifica su “carácter totalitario” con la suspensión de actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH.

Mediante una publicación hecha en X (antes Twitter), la coalición opositora rechazó la decisión del oficialismo que dio el cierre a la Oacnudh en Caracas.

“Ratifica el carácter totalitario del régimen, quien no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de DDHH en nuestro país”, señaló la Plataforma Unitaria.

En ese sentido, llamaron a la comunidad internacional “para que de manera unánime rechace esta decisión” y agradecen el “compromiso” con los venezolanos “en su lucha por la conquista de la democracia y la libertad”.

Machado: Expulsión de Oacnudh asoma una escalada represiva

La candidata opositora electa en la primaria de octubre de 2023, María Corina Machado,  también rechazó el cierre de Oacnudh y la expulsión de todo el personal de la oficina, ordenada por la administración madurista.

Mediante un comunicado que publicó en X, Machado advirtió que la “arbitrariedad” dificulta el acceso a información veraz, el acompañamiento a la sociedad civil, y la defensa y protección de víctimas.

Además, alertó que esta acción parece anunciar una escalada aún mayor de la persecución, “sin tan importantes testigos que puedan informar al mundo de las atrocidades que el régimen comete”.

“Es Maduro quien ha tomado la decisión de violar los Acuerdos de Barbados para así intentar alejar a la inmensa mayoría de los venezolanos del cambio político que anhelan. El régimen sabe que esa mayoría lo repudia y por eso el régimen le teme, por eso actúa a través del acoso, la persecución, la represión, la tortura y el hostigamiento contra dirigentes políticos, gremiales, activistas de derechos humanos”, afirmó.

Además, cuestionó a los gobiernos del exterior si callarán “frente a una clara conducta que ha hecho que el régimen incumpla los acuerdos, a pesar de que el resto de los actores hemos cumplido la nuestra”.

Cinco consecuencias del cierre obligado de la oficina del alto comisionado de la ONU

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El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

La ONG Defiende Venezuela alertó sobre cinco consecuencias que puede traer el cierre obligado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), ordenado por la administración de Nicolás Maduro.

El gobierno madurista, además de suspender las actividades de Oacnudh, dio un plazo de 72 horas al personal de la oficina para que abandonaran el país.

Para la organización, esta medida la decisión podría contribuir al cierre del espacio cívico y tener un impacto significativo en los compromisos oficiales de cooperación relacionados con la protección de los derechos humanos.

Además, se prevé que genere una serie de efectos adversos que, a lo largo de la historia, se han logrado obtener gracias al ejercicio de la participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos.

Darrin Gibbs, abogado, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Procesal, miembro del equipo jurídico de Defiende Venezuela, afirmó que esto dificultaría “el seguimiento directo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

Por su parte, Ezequiel Monsalve, abogado, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, explicó que tales acciones gubernamentales podrían desencadenar 5 consecuencias para el país:

Ausencia de asistencia técnica en derechos humanos para el Estado

El cese de operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos.

Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

Limitación en la protección de los derechos humanos de los venezolanos

La decisión de expulsar la Oficina Técnica del Alto Comisionado también sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.

Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población.

Abandono de la agenda de conexión de la sociedad civil con los mecanismos de protección

El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

La ausencia de esta conexión podría debilitar la capacidad de la sociedad civil para abogar por sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos y repercute en la incidencia de los mecanismos hacia el Estado para la implementación de mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos, alerta Defiende Venezuela.

Limitaciones en el acceso de los relatores de la ONU al país

La decisión de expulsar la Oficina del Alto Comisionado también puede resultar en limitaciones significativas para el acceso de los relatores de la ONU al país.

Esta restricción “dificulta la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas”, asegura la ONG. 

Limitación en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendación

La falta de presencia de la Oficina Técnica del Alto Comisionado podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones.

Este déficit de información “confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, obstaculizando los esfuerzos para abordar las problemáticas existentes”, concluye Defiende Venezuela. 

*Nota de prensa

¿Estuvo Rocío San Miguel bajo desaparición forzada?

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Acceso a la Justicia recordó que aunque el 11 de febrero Tarek William Saab reconoció que Rocío San Miguel estaba en poder de las autoridades, omitió cualquier otra información, algo que era “indispensable” para que este caso dejara de considerarse como una desaparición forzada

“Mitómanos”. Así se refirió Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, a los defensores de derechos humanos y abogados que denunciaron la desaparición forzada de Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano.

Durante una rueda de prensa de este miércoles, 14 de febrero, Saab negó que durante el procedimiento de detención de San Miguel se haya cometido una desaparición forzada, además de afirmar que la audiencia de presentación de la activista se realizó “dentro de los lapsos legales”.

En ese sentido, aseguró que «decir que es una desaparición forzada, aparte de mentir, es una ofensa y se convierte en un delito» con el que se pretende «enlodar» a las instituciones.

https://twitter.com/BouttoErik/status/1757829134678384916

Algunos simpatizantes del oficialismo negaron que San Miguel estuviera bajo desaparición forzada puesto que habían informado que estuvo detenida. Tal es el caso del periodista Clodovaldo Hernández, quien argumentó la existencia de una orden de captura anunciada previamente por el Ministerio Público.

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), a pesar de las afirmaciones de Tarek William Saab, sigue denunciando que la defensora de DDHH Rocío San Miguel y sus familiares, “fueron víctimas de desaparición forzada por más de 100 horas”.

“Aunque el fiscal de la ANC quiera ocultarlo, la desaparición forzada se ha convertido en una práctica recurrente en el extenso repertorio represivo de las autoridades venezolanas, ejecutada con el propósito de silenciar la crítica y cerrar el espacio cívico”, añadió Provea.

Las omisiones de Saab

El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Cidfp) define cuatro elementos para que se configure una desaparición forzada: que la persona sea privada de su libertad por funcionarios o personas que actúen en nombre o con aprobación del Estado; que las autoridades se nieguen a reconocer dicha captura; que se niegue información sobre la persona y que no se informe sobre el lugar donde se encuentra.

Al respecto, la ONG Acceso a la Justicia recordó que aunque el 11 de febrero Tarek William Saab reconoció que Rocío San Miguel estaba en poder de las autoridades, omitió cualquier otra información, algo que era “indispensable” para que este caso dejara de considerarse como una desaparición forzada.

Explica la organización que Saab obvió informar qué organismo de seguridad realizó la captura de San Miguel y qué tribunal dio la orden. Tampoco indicó dónde estaba la activista en ese momento, ni si había sido presentada ante un juez dentro de las 48 horas que ordenan la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). 

Los días 12 y 13 de febrero Saab publicó un post y un comunicado a través de su cuenta de X (antes Twitter), en los cuales aseguró que su despacho había actuado «en estricto apego al respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales», pero sin responder a las dudas arriba planteadas.

A pesar de que el Ministerio Público emitió dos declaraciones sobre Rocío San Miguel, en ninguna de ellas se indicó dónde se encontraba, no se informó sobre su estado de salud ni las condiciones de su detención, por lo que, a juicio de Acceso a la Justicia, “puede interpretarse que existía la deliberada intención de no informar dónde se encontraba”.

Saab también se limitó a informar que imputó a la activista por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, entre otros, ante el Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo de Caracas, y que solicitó su detención preventiva.

No solo Rocío San Miguel

Tarek William informó que Alejandro José González De Canales Plaza, exesposo de San Miguel y militar retirado, sería detenido preventivamente, mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir.

También, habló de otras personas que no identificó, pero, según Acceso a la Justicia, se estima que se trataba de  Miranda Díaz San Miguel, hija de San Miguel; y tres personas cercanas a ella (sus hermanos Miguel Ángel y Alberto San Miguel Quigosos y Víctor Díaz Paruta, padre de su hija), quienes fueron posteriormente excarcelados y deberán presentarse periódicamente ante los juzgados. El fiscal tampoco aclaró en ese momento dónde estaban esas personas.

“Lo descrito hace que la desaparición forzada no se limite a Rocío San Miguel, sino que también abarque a sus familiares, de los que nunca se informó sobre su paradero, ni las condiciones de su detención de forma expresa y clara, tampoco sobre su salud”, agregó Acceso a la Justicia.

¿Quién miente?

Las declaraciones de Saab fueron propicias para que los defensores de DDHH, abogados y organizaciones no gubernamentales lo desmintieran.

Uno de ellos fue el exvicefiscal general Zair Mundaray, quien consideró que, en sus palabras, Saab “ha confesado decenas de violaciones al debido proceso y trata de desmontar el crimen de desaparición forzada admitiéndolo”.

Para el abogado, Saab elude mencionar a los familiares de Rocío San Miguel, quienes también estuvieron detenidos por funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro y cuatro de ellos fueron excarcelados con medidas cautelares.

“(Saab) afirma que San Miguel pidió defensa pública, mientras sus dos abogados recorrían centros policiales y tribunales tratando de juramentarse para defenderla (…) Gracias, Tarek, por contribuir a demostrar el terrorismo de Estado”, añadió.

Mundaray recordó que desde el viernes 9 de febrero los abogados de San Miguel iniciaron la búsqueda de la activista y que el Estado no informó de su paradero, situación jurídica e impidió el ejercicio de sus derechos y el del resto de su familia.

“¿Será que Tarek miente?¿Cree que cuando reconoció que Rocío San Miguel estaba presa, luego de más de 72 horas sin que se tuvieran noticias de su paradero, ya el crimen de desaparición forzada dejó de existir o no se cometió? Eso equivale a pensar que cuando el secuestrador libera a su víctima, el delito de secuestro no existió”, condenó Mundaray.

A su vez, la activista Gabriela Buada, coordinadora de la ONG Caleidoscopio Humano, afirmó el 14 de febrero que Saab “miente” y destacó las violaciones de los DDHH en el caso de San Miguel:

– No tuvo acceso a sus abogados.

– Se informó del centro de reclusión a los 4 días de haber ocurrido.

– Hoy sigue incomunicada, en situación de vulnerabilidad.

– Utilizaron a su familia para amedrentarla y quebrarla.

– Los presentaron luego de las 48 horas de las detenciones.

Excusas de mala fe

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Decir que los empresarios pueden colaborar con el gobierno y a la vez pretender que al hacerlo están exentos de que los cuestionen por una supuesta obligación es un argumento de mala fe

 

@AAAD25

Quienes me conocen en persona o leen esta columna regularmente saben que una opinión mía, nada exenta de polémica, es que cabe esperar que los grandes entes de la sociedad civil mantengan trato cordial con la elite chavista mientras no se vea un cambio de gobierno en el horizonte. Así sea solo para sobrevivir. Debido a la intolerancia extrema del chavismo a la crítica, lograr aquella cordialidad pasa necesariamente por abstenerse de criticarlo, lo que a su vez supone en términos prácticos abstenerse de hablar de política venezolana en general. Así, desde una posición neutral, pueden entenderse con Miraflores y procurar que el poder cree o mantenga las mejores condiciones posibles para sus respectivas actividades. Si el resultado en tal sentido es subóptimo, no importa, ya que la alternativa es el reclamo que puede desatar la furia gubernamental y la consecuente posible aniquilación.

Pero siempre he dejado claro que hay un límite ético para esta postura, un punto a partir del cual el cuestionamiento se vuelve inevitable. Y es cuando los entes de la sociedad civil, en vez de evitar “meterse en política”, intervienen en respaldo de la elite gobernante. Lamentablemente, ya está ocurriendo. Se ve sobre todo en las grandes organizaciones patronales, representantes de las elites empresariales del país. No solamente porque repiten la propaganda chavista sobre las sanciones internacionales como culpables del empobrecimiento de las masas, sino además porque promueven con entusiasmo sus actos, aunque sea evidente que, como todo lo que hace este gobierno, el propósito es en beneficio exclusivo de los poderosos y no del país entero. Verbigracia, llamaron a votar en la “consulta” sobre el reclamo del Esequibo, aunque su objetivo no fuera realmente fortalecer la posición de Venezuela en la disputa, sino desviar la atención puesta en la exitosa elección primaria de la oposición y tratar de movilizar ciudadanos a favor del chavismo.

Ahora tenemos a Fedecámaras tomando parte en las reuniones convocadas por la elite chavista para definir el cronograma de las “elecciones” presidenciales y emergiendo de las mismas sin más que un tímido y anfibológico llamado a que se mantengan los llamados Acuerdos de Barbados y un tácito consentimiento de los planes de llevar a cabo el proceso excluyendo a la candidata unitaria de la oposición, María Corina Machado.

Hasta donde yo sé, la propia organización ha preferido ignorar el torrente de repudio resultante. Pero no le han faltado terceros que acudan en su defensa. Entre sus argumentos está algo que más o menos refleja la premisa en el primer párrafo de este artículo, pero que ignora el límite ético. Si usted sospecha que me refiero a conspicuos devotos del fetichismo electoral y edulcorantes del panorama político para justificar a una oposición de mentira, pues acierta. Dicen, pues, estos señores que los empresarios están obligados a involucrarse en la simulación de democracia porque lo contrario sería un desplante que el chavismo vería con muy malos ojos y que los expondría a represalias que harían daño a lo que queda de sector privado. Dado que son empresarios y no dirigentes políticos opositores, pues es natural que hagan lo que tengan que hacer para velar por sus intereses empresariales. No se les puede juzgar porque actúan más allá de la política.

¿Es esto cierto? En primer lugar, hay que decir que la elite chavista no necesita de ninguna manera que Fedecámaras le legitime sus argucias. Le basta con que la organización, así como el público en general, no lo estorbe con gestos de oposición. En otras palabras, la tesis sobre una supuesta obligación es espuria y era posible que la patronal se quedara, digamos, en neutro. Pero no. Prefirieron tomar partido. Al hacerlo, se convirtieron en actores políticos. Y todo actor político, que interviene a favor o en contra de un orden público cualquiera, está sujeto a crítica por el público afectado. No se vale inventar privilegios metafísicos de “actor político que trasciende la política”.

Aquellos señores decidieron involucrarse en los planes antidemocráticos del gobierno. Esa escogencia es el quid de la cuestión. Actuaron libremente. Sartre consideraba que los seres humanos siempre actúan libremente pero que, a veces, para no lidiar con las posibles consecuencias negativas de sus decisiones, aducen que factores externos los forzaron. Es un autoengaño y un intento de renegar de la libertad propia para no asumir responsabilidades. Sartre lo llama “mala fe”. Decir que los empresarios pueden colaborar con el gobierno y a la vez pretender que al hacerlo están exentos de que los cuestionen por una supuesta obligación (cuya existencia, repito, resulta dudosa) es un argumento de mala fe.

Tenemos una elite gobernante a la que la inmensa mayoría de la población atribuye, con toda razón, el desplome de su calidad de vida. Ergo, quien se asocie con ella con miras a mantener el statu quo seguramente se ganará una opinión no precisamente favorable por parte de la ciudadanía. De manera que los órganos de la sociedad civil pueden escoger entre las recompensas materiales de la cercanía al poder arbitrario o el aprecio y la deferencia de la población. Pero no contar con ambas cosas. Creo que, en el caso de las elites empresariales, ya escogieron y la selección es obvia. Sus apologistas deberían tener al menos la dignidad de no lloriquear por el desdén de la gente en un país marcado por exclusiones injustamente grotescas.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

El Mañanero del #16Feb: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 16 de febrero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: El gobierno de Nicolás Maduro suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y dio 72 horas al personal de la oficina para salir del país. Organizaciones no gubernamentales y defensores de los DDHH advirtieron que esta decisión sobre la Oacnudh aumenta la desprotección de las víctimas. Asimismo, la candidata opositora electa en la primaria del 22 de octubre de 2023, María Corina Machado, exigió la liberación de la activista Rocío San Miguel y de un grupo de dirigentes y activistas de Vente Venezuela recientemente detenidos. 

Oficialismo expulsa al personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH

Advierten que expulsión del personal de oficina del alto comisionado aumenta desprotección de las víctimas

CTV aspira a que gobierno decrete “aumento significativo del salario mínimo” en marzo

Juventud venezolana, entre la exclusión y la apatía

Machado exige liberación de Rocío San Miguel y de activistas de Vente Venezuela

#MonitordeVíctimasCaracas I Asesinan a dos amigos en Petare durante asueto de Carnaval

Embajada de España en Caracas sigue de cerca caso de Rocío San Miguel

Derrames petroleros afectan la biodiversidad y vulneran una cadena de derechos

“Exigimos la inmediata liberación de Víctor Venegas, Luis Camacaro, Juan Freites, Guillermo López, Rocío San Miguel y Carlos Salazar. Libertad para todos los presos políticos”, María Corina Machado, candidata opositora electa en la primaria del 22 de octubre de 2023 #15Feb

Principios rectores de un pacto de convivencia pacífica para Venezuela

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Pareciera que los acuerdos parciales de Barbados deben complementarse con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna

 

@victoralvarezr

Con las recientes decisiones del TSJ que ratifican la inhabilitación política de María Corina Machado (MCM) y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el oficialismo pone en peligro los acuerdos parciales de Barbados, aun a riesgo de que se reactiven las sanciones.

Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Pareciera, entonces, que los acuerdos parciales de Barbados deben complementarse con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

Desde la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral queremos contribuir a una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano a través de una serie de conversaciones con influyentes voces en la opinión pública nacional y a la luz de las siguientes preguntas:

  1. ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional?
  2. ¿Cuál sería el marco del Pacto de convivencia pacífica y sus componentes, a qué deberían comprometerse las partes en conflicto, qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente y qué amenazas deben dejar de hacerse?
  3. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué delitos y crímenes cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden amnistiarse y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no?
  4. ¿Cómo se designaría en ese pacto el Alto Mando de la FANB, el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional?
  5. ¿Es viable y conveniente la conformación de un Gobierno de coalición entre gobierno y oposición que contribuya a la gobernabilidad poselectoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno?
  6. ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de EE. UU., las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional y los casos en la justicia venezolana contra dirigentes de la oposición?
  7. ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República?
  8. ¿Quiénes negocian y firman el pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse?
  9. ¿Cuál es el papel de EE. UU. y la comunidad internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos?
  10. ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un pacto de convivencia pacífica?

Te invitamos a ver y compartir la primera conversación con el dirigente político Eduardo Fernández, quien responde todas y cada una de estas preguntas en el nuevo video de Pedagogía Económica y Electoral 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

CTV aspira a que gobierno decrete “aumento significativo del salario mínimo” en marzo

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En el comunicado, la CTV condenó que el gobierno “continúa practicando su política de detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales”

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) aspira a que el gobierno de Nicolás Maduro decrete un aumento “significativo” del salario mínimo para marzo de 2024.

Mediante un comunicado, la CTV precisó que los días 1 y 2 de febrero se realizó la cuarta sesión del Foro de Diálogo Social con asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este cuarto foro, según la CTV, aprobó el método de fijación del salario mínimo y un cronograma para su fijación.

“Aspiramos que, a más tardar en el mes de marzo, el gobierno decrete un significativo aumento del salario mínimo”, añade el texto, detallando que lo esperado es que la cifra no sea inferior a los 200 dólares mensuales.

Consideran, además, que no hay ninguna justificación “para mantener el salario mínimo actual alrededor de U$ 4 mensuales con una canasta alimentaria que ronda los U$ 500 mensuales”.

Según la organización, estas reuniones tienen la “única finalidad” de que el gobierno “cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de septiembre de 2019″ para el cumplimiento de varios convenios laborales.

“El gobierno tiene ya una mora de más de 4 años en efectuar los cambios para adecuar la legislación interna y la práctica a los parámetros exigidos por el Convenio 87, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, desde la publicación del informe de la Comisión de Encuesta”, advirtió la CTV.

Explican, además, que el cumplimiento del convenio implica no solo modificar la legislación antisindical, “sino terminar con su política sistemática de persecución sindical, coordinada con el Ministerio Público y el poder judicial”.

Detenciones de sindicalistas

En el comunicado, la CTV condenó que el gobierno “continúa practicando su política de detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales”.

Al respecto, lamentaron la detención de Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Colegio y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev) seccional Barinas.

Indicaron, además, que en el desarrollo de las sesiones exigieron al gobierno informar de la situación de Venegas, cuya organización sindical es afiliada a la CTV, pero no obtuvieron respuesta.

Por otra parte, señalaron que solicitaron al gobierno información de las condiciones de la libertad provisional de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes que habían sido sentenciados a 16 años de prisión “sin ninguna prueba de los delitos por los cuales fueron condenados”.

Asimismo, solicitaron respuesta a la queja introducida por la detención del profesor Robert Franco, secretario general del Colegio de Profesores de la seccional Carúpano, estado sucre, sin recibir respuesta alguna.

Embajada de España en Caracas sigue de cerca caso de Rocío San Miguel 

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La activista de Control Ciudadano es hispano-venezolana 

 

El Gobierno de España a través de su embajada en Caracas alertó que se encuentra monitoreando el caso de la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

San Miguel, quien además de venezolana tiene nacionalidad española, fue aprehendida el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando pretendía abordar un avión hacia Miami en compañía de su hija.

“La embajada está siguiendo el caso desde que tuvo conocimiento de la detención. La delegación diplomática hace gestiones con las autoridades venezolanas para determinar su paradero, prestar asistencia consular y garantizar que se respeten sus derechos”, dijo una fuente de la embajada.

Es el primer pronunciamiento oficial de una dependencia del Gobierno de España, el cual se ha mantenido de bajo perfil pese a que la detención de San Miguel se ha esparcido como pólvora en distintos medios de comunicación internacionales. 

La aprehensión de San Miguel está vinculada a las investigaciones del Gobierno madurista en relación a la conspiración denominada Brazalete Blanco, denunciada por el propio Maduro en la exposición de su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero.

A San Miguel le acusan de haber cometido delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. 

Otros familiares de la activista fueron detenidos y excarcelados su hija Miranda, su ex esposo Víctor Díaz Paruta y sus hermanos Miguel Ángel y Alberto San Miguel. 

Este miércoles 14 de febrero, varios representantes de organizaciones no gubernamentales protestaron frente a la oficina de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para exigir la inmediata liberación de San Miguel.

Las ONG denunciaron que con San Miguel se produjo una desaparición forzada, tesis que negó el fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

“Cuando se meten con Rocío, se meten con todos”, dijo la representante de Justicia, Encuentro y Perdón, Marta Thineo.

La detención de la activista ha sido criticada por Amnistía Internacional, la ONU y el Gobierno de los Estados Unidos.

 

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