Venezuela conmemora el Día Internacional de la Mujer este 2024 con más vulneraciones a los derechos humanos que el año pasado. A diferencia del resto del mundo, donde los derechos son progresivos, solo en los primeros tres meses del año cada poder que conforma el Estado venezolano atentó contra los derechos de las mujeres.
En enero, la Asamblea Nacional oficialista mantuvo una discusión para aprobar la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines» (Ley Anti ONG) para restringir las acciones y el financiamiento de la sociedad civil al menos que estén bajo la ideología del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernado por Nicolás Maduro.
Ese mismo mes, el Poder Judicial confirmó la inhabilitación a María Corina Machado sin ninguna sentencia firme, lo que le sirve al Poder Electoral para negarle el derecho a participación en las elecciones presidenciales de este año.
En febrero, el Ministerio Público detuvo arbitrariamente a la activista Rocío San Miguel y elevó la cifra de presas políticas a 19, según los datos de Foro Penal.
Y el Poder Ejecutivo de Maduro lleva más de cinco años sin hacer público cuánto invierte en su infraestructura para mejorar la calidad de vida de las mujeres y la justicia ni ajusta los salarios y las prestaciones sociales (que no incluye a los bonos).
En reversa
«Este año, en Venezuela retrocedimos en el apoyo hacia la mujer y hacia las instituciones que velan por sus derechos, y eso que históricamente había sido bajo», reflexionó Adicea Castillo, economista especializada en el liderazgo de la mujer y miembro de la directiva del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM UCV).
Las Naciones Unidas establecieron como temática en 2024 el financiamiento para acelerar la igualdad y mejorar la prevención. Pero, para Castillo, las restricciones económicas para investigar, documentar y proteger los derechos humanos de las mujeres venezolanas son cada vez más grandes.
«Estamos retrasados en todos estos frentes, y quienes están llamadas a promover estos cambios, estas inversiones, son las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, que se ven especialmente afectadas por el cierre del espacio cívico en Venezuela», agregó Cristina Ciordia, coordinadora de incidencia de la ONG Cepaz.
Entre documentar y recibir amenazas
La ONU establece que se necesitan como mínimo, 360.000 millones de dólares de inversión a nivel mundial cada año para cubrir el déficit del financiamiento y apoyo a las respuestas de las crisis sensibles al género.
En Venezuela esta cifra está envuelta en incertidumbre: desde 2020 la asamblea constituyente promulgó la «Ley Antibloqueo», que le da potestad al Poder Ejecutivo de no publicar ningún dato económico de la nación, aunque el gobierno de Nicolás Maduro lleva esta práctica desde su imposición en el año 2014.
«La mayoría de las ONG dedicadas a la violencia basada en género contra la mujer resuelven su problemática financiera de manera absolutamente personal», afirmó Ofelia Álvarez, directora de la Fundación para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (Fundamujer) y miembro directivo del CEM UCV. «Yo trabajo con puros voluntarios y colaboradores. Aunque muchas veces hay donaciones, sentimos esa Ley Anti ONG como una amenaza permanente que no se termina de dar como para amedrentar».
Álvarez reiteró que la sociedad civil venezolana es la única que ha llevado las cifras de este problema social en los últimos 10 años, «que se van haciendo cada vez más críticas».
Menos trabajo, menor ingreso y expuestas a la violencia
El Banco Interamericano de Desarrollo informó que solo 37 % de las mujeres venezolanas tienen un empleo formal y ganan 21,79 % menos que los hombres, siendo el país con la menor participación laboral femenina en América Latina y el Caribe.
Walk Free, una ONG internacional, cataloga a Venezuela como el el país con mayor presencia de esclavitud moderna en la región para el 2023, con 270.000 víctimas, y la ONU complementa esa cifra diciendo que 11 % de esa población son niñas y adolescentes y el otro 87 % son mujeres.
La asociación civil Utopix advirtió que los casos de femicidio aumentó 53,8 % entre enero de 2023 y enero de 2024, si solo se toma los casos reportados por la prensa. La ONG Prepara Familia advirtió que el 99 % de los pacientes con enfermedades crónicas son cuidados diariamente y a todas horas por mujeres, especialmente sus madres, frente a la escasez del personal de salud en el país.
Además, la sociedad civil documentó que una de cada cuatro mujeres no tiene productos y un servicio de agua constante para mantener su higiene menstrual, aumentando el riesgo de enfermedades y su derecho a la salud. También solo una de cada 4 mujeres puede hacerse un chequeo médico para detectar el cáncer de mama o de cuello uterino, según Funcamama. Y la ONU reiteró que 95 por cada 1000 mujeres embarazadas en el país tienen entre 15 y 19 años, una cifra que va en aumento frente a la escasez del 80 % de los anticonceptivos.
Aun así, con la propuesta de la Ley Anti ONG, el Estado no permite que la sociedad civil se inscriba legalmente: más del 55 % de las ONG encuestadas por Prodehum no puede registrarse debidamente en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), lo que dificulta el acceso al financiamiento para mitigar todas las mujeres que entran en esos datos sobre el país.
«Hablamos de un problema social que no está tomado en cuenta, por lo menos no en el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de la Mujer. Son problemas que quieren ver. Uno podría decir que no hay interés en esas instituciones gubernamentales. Sin inversión no hay posibilidad de prevención», lamentó Álvarez, agregando que diariamente su fundación atiende a tres víctimas de la violencia basada en el género contra la mujer.
Todos resultamos afectados
Ciordia advirtió que, así como los derechos humanos se relacionan estrechamente entre sí, la violación de los derechos de la mujer afecta «a todo su entorno, a toda su familia».
«El 54 % de las familias en Venezuela son familias monomarentales, eso quiere decir que la jefatura del hogar la ejerce una mujer sola. Entonces, las fallas en los servicios públicos se convierten no sólo en un problema que tengo que solucionar yo, sino que tengo que solucionar para las personas que cuido», dijo.
La periodista Gabriela Boada, defensora de los derechos humanos y directora de la ONG Caleidoscopio Humano, advirtió que la opacidad estatal llega hasta la consulta de la Ley Anti ONG: «No está publicada en ningún portal de la Asamblea Nacional ni alguna plataforma pública. Todo lo que se conoce es a través de canales extraoficiales», como las alocuciones de ciertos dirigentes del madurismo.
Para Boada, la discusión y posible aprobación de esa Ley pondría en riesgo incluso a las líderes comunitarias y aquellos grupos de apoyo entre las víctimas, como lo es «Madres Poderosas», una asociación de madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Caracas que velan por la justicia de sus familiares.
«Muchas mujeres se asocian desde sus comunidades, desde sus propias experiencias, para dar contención a otras víctimas, pero de una manera informal o de una manera que no tiene una personalidad. Esto es válido por los artículos que están contenidos en la Carta Magna y de los derechos de la Organización de Naciones Unidas. Pero ahora se está violentando su derecho a defenderse. Obligarte a hacer un registro de este tipo, a pagar quién sabe cuánto, es un franco deterioro de poder trabajar, sobre todo en temas de violencia de género y la capacitación y prevención», dijo.
Castillo afirmó que, frente a una economía marcada por las elecciones presidenciales y una inflación mayor al 130 % para este año, según los estudios de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, incluso los centros de investigación universitaria especializados en los estudios de la mujer se encuentran «prácticamente paralizados» en su producción de conocimiento y la atención y asesoramiento en regiones fuera de la capital.
«El sector no tiene un apoyo constante. No es fácil. Venezuela no ha tenido el suficiente apoyo financiero para atacar la Emergencia Humanitaria Compleja, y eso incluye al impacto diferenciado y marcado en las mujeres. El incremento de la pobreza en el país es uno de los desastres más grandes a nivel mundial en cuestión de deterioro de la calidad de vida de una población. Pero aún así hay esperanza, siguen grupos que investigan y denuncian los derechos de la mujer en Venezuela», concluyó.
