Acto de inauguración de la DAET, 27 de julio de 2022. Foto VTV
Ahora, con la DAET, continúa la dinámica de violencia policial caracterizada por cambios de siglas y de organismos para mantener la letalidad y los abusos
Desde 2015 se han incrementado los niveles de letalidad policial de forma dramática. Desde la implementación de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), las cifras de homicidios a manos de la policía aumentaron de forma significativa en Caracas y el país. En aquel entonces, según propia información del Ministerio Público, para el 2017 se registraron más de quinientos homicidios bajo estos operativos en todo el territorio nacional.
Si se profundiza sobre las víctimas y contextos más frecuentes, encontramos que fueron los barrios del país —y sus hombres jóvenes— los más perjudicados. La brutalidad policial se justificó a través de argumentos como la lucha contra grupos paramilitares y/o criminales —que el mismo Gobierno alimentó— y la aprehensión o eliminación de sus supuestos miembros.
En 2017, se pondría fin a estas operaciones y se fundaría una nueva división táctica adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llamada las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Una forma en la que el Gobierno nacional buscaría, después de varias denuncias sobre violaciones de derechos humanos registradas en la OLP, mantener la dinámica letal, pero aliviar la presión internacional.
Según cifras de Monitor de Víctimas, esta división de la PNB es el cuerpo de seguridad que más mata, por lo menos, en el Área Metropolitana de Caracas. Esto ha sido denunciado también por otras organizaciones nacionales y organismos internacionales dedicados a la defensa de derechos humanos, como la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD. HH. y la Corte Penal Internacional.
Era esperable que esta dinámica de violencia y letalidad policial exacerbada recibiera críticas y denuncias durante estos años. Esto ha supuesto, para el Ejecutivo nacional y los altos cargos policiales, acusaciones y señalamientos por estos organismos.
Es por eso que, desde 2021, existe una hipertrofia burocrática referida a la PNB y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde son incluidas y cambiadas de nombre divisiones de manera acelerada: la Operación Liberación del Pueblo pasó a llamarse la Operación de Liberación Humanista del Pueblo; la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) ahora es el Grupo de Operaciones Especiales (GOES); la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ahora es la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO). En la gran mayoría de los casos, estas nuevas divisiones no son notificadas al público y no existe un proceso de rendición de cuentas sobre sus operaciones.
La DAET o el gatopardismo oficial
Ante esta realidad, donde se señala al Gobierno nacional de violar de forma sistemática y generalizada los derechos humanos, se crea la necesidad entre ellos mismos de continuar con el proceso de lavado de imagen, mediante comisiones itinerantes, procesos superficiales y nombres reciclados bajo la misma lógica semántica y letal.
Es así como se crea, a principios de 2021, la Comisión de Reestructuración del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con un periodo de seis meses y cuatro pilares en papel: revisión, rectificación, reimpulso y reestructuración del organismo. De esta comisión, se emanarían varios cambios estructurales al cuerpo policial: se crearía la División de Vigilancia y Patrullaje, así como la División contra la Corrupción. Sin embargo, el principal aporte fue la creación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).
Presentada el 27 de julio de 2022, la nueva dirección está compuesta por las diez divisiones especiales de acción inmediata y es liderada por funcionarios que habían dirigido a las FAES en su momento. Dicha dependencia parece mantener la misma esencia: mismos directores y mismas divisiones. En ese sentido, parece no haber mayor restructuración de contenido y prevalencia de metodologías del pasado. Tal y como explica Briceño-León: “al final es la misma política violenta del Estado, lo que cambia es el organismo”. Esto parece tener sentido al ver que el modus operandi sigue siendo el mismo y los homicidios a manos de los cuerpos de seguridad no dejan de ocurrir.
En específico, los habitantes del sector 4 de José Felix Ribas fueron los primeros en conocer el poder letal de la DAET. Tan solo 4 días después de su presentación, el 31 de julio, ocurriría un supuesto enfrentamiento entre funcionarios de la dirección y bandas armadas, dejando un saldo de cinco homicidios confirmados —hasta los momentos— según datos de Monitor de Víctimas. Manuel Álvarez y Omar Pérez de 21 años son dos de las cinco víctimas confirmadas. Según relatos de los familiares se encontraban jugando cartas cuando comenzó el tiroteo. Sus familiares supieron de sus paraderos días después de los sucesos y sus nombres figuraban en una lista fuera de la morgue donde mostraban los fallecidos de un presunto enfrentamiento armado entre delincuentes y policías ocurrido en Petare.
Siglas distintas con igual letalidad
La dinámica de violencia policial ha estado caracterizada por cambios de siglas y de organismos para la continuación de la letalidad y los abusos. De 2017 a 2019 —año de la publicación del Informe de Bachelet— la FAES aparecía en los registros de Monitor de Víctimas como el cuerpo de seguridad del Estado con más homicidios, atribuyéndose 617 homicidios en Caracas durante esos dos años. Luego de la presión que supuso la publicación del informe de la ONU, pareció existir una disminución de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los años siguientes por parte de este cuerpo. Sin embargo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Dirección de Inteligencia Penal (DIP) fueron obteniendo mayor relevancia letal. Mientras que este último año, la DCDO, creada en 2021, ha concentrado gran parte de los homicidios por letalidad policial en Caracas.
Todo esto representa una necropolítica de Estado que va y viene entre organismos, pero que sigue empeñada en mantener al grupo de poder en el Gobierno a través de la violencia y el miedo que esta deja. El Gobierno nacional tiene la obligación de establecer responsabilidades y reparar a las familias de las víctimas, de comparecer ante organismos de justicia internacional y de desmantelar a los cuerpos de seguridad involucrados en la dinámica de homicidios masivos durante estos últimos años.
El enfoque no puede seguir siendo asesinar a hombres jóvenes de las comunidades más vulnerables de la ciudad, esto no reduce la violencia ni el crimen y solo sedimenta —aun más— los ciclos de violencia y la desconfianza en las instituciones de justicia. Por esto, el tema no está en el cambio de siglas, pero sí, en un cambio de enfoque.
* César Salgado es Coordinador de investigación y equipos comunitarios, Monitor de Víctimas | Miembro de Mi Convive.
