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#MonitorDeVíctimas | Caracas - Río de Janeiro, hermanadas por el terror policial, por Héctor Navarro y Guillermo Sardi 

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Alfredo Espinoza, de 23 años, fue buscado por la policía en su casa en horas de la madrugada mientras dormía. Los funcionarios llegaron tocando la puerta de su hogar a las 6:00 a. m. en un operativo antinarcóticos en su comunidad.

Vinieron encapuchados, lo único que se le veían eran los ojos y sus armas largas, me preguntaron por una foto de un muchacho que se parecía a mi hijo, pero no era él, supuestamente lo estaban buscando por tráfico de drogas” comentó María de 55 años, madre de Alfredo quien vivía con él en una casa de dos habitaciones.

Dos ciudades bajo el terror de Estado

Alfredo muere en las escaleras fuera de su casa en manos de la policía. Los funcionarios alegaron haber encontrado en su cuarto sustancias ilícitas, armas y que se había resistido al arresto. María fue sacada a la fuerza de su hogar mientras que los funcionarios buscaban a su hijo. Lo próximo que supo de Alfredo es que llegó al hospital sin signos vitales.

La historia de Alfredo, lamentablemente, la han vivido cientos de jóvenes. En Latinoamérica en especial, destacan los casos ocurridos en Caracas y en Río de Janeiro, dos lugares con cuerpos de seguridad altamente letales.

La anécdota previamente descrita es una reconstrucción a partir de diferentes testimonios que se escuchan a diario en estas dos ciudades. Urbes cuyos habitantes difieren en cultura y lenguaje, pero que comparten experiencias muy similares con sus cuerpos de seguridad.

De acuerdo con Monitor de Víctimas, en 2019 fueron registradas 340 muertes violentas en manos de fuerzas de seguridad del Estado. En Río de Janeiro, 1814 fueron asesinadas por estas mismas razones el año pasado. Sus tasas de homicidio a manos de la policía por cada 100.000 habitantes son similares: 11.6 en Caracas y 11 en Río.

La muerte se ceba en los jóvenes

En ambas ciudades, las circunstancias donde usualmente ocurrieron este tipo de sucesos fueron similares. Petare fue, en el caso de Caracas, el lugar donde ocurrieron con mayor frecuencia estos eventos. En esta parroquia está el mayor conjunto de asentamientos espontáneos dentro de la ciudad. En la zona norte de Río de Janeiro, también conformado por comunidades populares, es donde ocurren la mayoría de las muertes en manos de la policía.

A su vez, en ambas ciudades la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de entre 15-29 años que viven en este tipo de comunidades. Tomando en cuenta estas similitudes, también observamos coincidencias y diferencias en la manera como los discursos de las autoridades, y la conformación de las fuerzas de seguridad están concebidas en estas dos ciudades.

En ambas, las autoridades hacen referencias reiterativas a enemigos internos, justifican el uso de la fuerza a toda costa para garantizar un “orden” y “paz” y arman a los funcionarios con equipamiento de guerra.

El discurso de las autoridades: entre los criminales y la “paz”

Cuando observamos declaraciones de las autoridades detrás de los 1814 cariocas y 340 caraqueños que perdieron la vida a manos de la policía en el 2019, vemos dos formas distintas de comunicar las violaciones de derechos humanos.

De las autoridades brasileñas Wilson Witzel, gobernador del estado de Río de Janeiro, y de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, escuchamos declaraciones directas y confrontativas como las siguientes:

“Un criminal bueno es un criminal muerto”

“Los delincuentes morirán como cucarachas”

“Cavaremos sus tumbas de ser necesario”.

Por otra parte, desde Venezuela, Néstor Reverol y Nicolás Maduro hacen las siguientes afirmaciones:

“Nuestra premisa inquebrantable fue, es y será siempre garantizar seguridad ciudadana y la paz social, respetando los derechos humanos”

“Hay que fortalecer al grupo FAES para defender al pueblo, para construir la seguridad del país junto al, los consejos comunales, vamos a fortalecerla, ampliarla, expandirla y profesionalizarla cada vez más”

Como podemos notar, en Venezuela el discurso pareciera apuntar a mantener una institucionalidad, búsqueda de garantía del bienestar ciudadano y correcto proceder, para garantizar la “paz del pueblo”. Observamos, de esta manera, la convivencia de dos ideas que parecieran incongruentes: una paz a través de lo bélico.

A pesar de las diferencias entre las declaraciones de los diferentes funcionarios, parece haber una conclusión identificable: sin importar si el discurso es confrontativo o busca mantener una mentira con una paz bélica, se busca justificar el uso de la fuerza como forma de proceder en la seguridad ciudadana.

Cuerpos policiales armados para la guerra

En Río o en Caracas, al escuchar términos como: “escuadrones de la muerte”,  “el batallón de la muerte” o “el terror de los delincuentes” para ningún ciudadano quedan dudas de a quién se refieren: al Batallón 41 de la Policía Militar o a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), respectivamente. Ambos han sido los responsables de la mayor cantidad de casos de letalidad policial en Río y Caracas.

Al evaluar sus formas de actuar, encontramos muchas similitudes que traen como consecuencia violaciones sistemáticas de derechos humanos.

A nivel interno, la situación de las FAES es preocupante. Se tiene conocimiento incluso de que funcionarios previamente condenados como delincuentes forman parte sus filas. De acuerdo a Monitor de Víctimas, en 2017 la proporción del uso de armas largas apenas era de 1 %. En 2020, asciende hasta el 20 %.

En Río de Janeiro, hay múltiples denuncias que apuntan al deficiente entrenamiento de los funcionarios y, ademas, la Policía Militar ha hecho propio el uso del ParaFAL, un fusil de combate. Con capacitación deficiente, ningún tipo de filtro a lo hora de elegir sus integrantes y haciendo uso de armas propias de una guerra, estos cuerpos de seguridad son los encargados de “proteger y salvaguardar la paz” en sus respectivas ciudades.

Trabajos periodísticos, investigaciones y cientos de testimonios de familias brasileñas y venezolanas son prueba de lo antes descrito.

Las FAES y el Batallón 41 son muestra de cómo las fuerzas policiales asesinan indiscriminadamente en Caracas y Río con armas usadas para la guerra.

Ya sea en un barrio o en una favela, la policía mata. Y el ciudadano está vulnerable ante ella.

Se rompe el nexo entre Estado y ciudadanía

El desarrollo de este tipo de discursos y políticas públicas trae como consecuencia aumentar la desconfianza de la población hacia el Estado, sobre todo en las comunidades donde mayor se concentra el crimen.

Hacer referencia a la seguridad ciudadana con un lenguaje bélico, como si fuera una guerra de las fuerzas del Estado contra sus propios ciudadanos, y armar a la policía con armas largas para subir a comunidades populares, tapándose la cara, con la excusa de buscar delincuentes, genera miedo y rompe los lazos de cooperación entre los ciudadanos y los funcionarios.  

Según los últimos resultados de ENCOVI, en Venezuela el 64 % de la población no denuncia cuando es víctima de un delito y el 57 % califica la labor de la policía como mala o muy mala. En Brasil, de acuerdo con la Fundación Getúlio Vargas, apenas el 35 % de la población confía en los funcionarios policiales.

Esto significa que al menos 6 de cada 10 víctimas de crimen en nuestro país nunca llegan a ser reconocidas por el Estado y recibir la justicia que merecen. Adicionalmente, si las fuerzas policiales nunca se enteran de cuáles son los crímenes, aunque tengan la intención de darle respuesta, no tienen manera de prevenirlos o presentar a los culpables ante la justicia.

En el 2018, el equipo de Caracas Mi Convive realizó una investigación con familiares de personas que fueron asesinadas por fuerzas de seguridad del Estado. Un padre, con mucho dolor y rabia, nos comentó lo siguiente acerca del rol de las policías:

De verdad que son peor que el hampa, porque al menos el hampa no se mete en tu casa… Roban, secuestran por ahí, pero no se meten en tu casa, estos tipos sí.” 

Esta frase nos refleja la dura realidad de las familias que viven en las comunidades más afectadas por la violencia.

Viven en medio de una guerra de la cual no forman parte, pero son las principales víctimas. El terror policial rompe el nexo entre ciudadanía y Estado.

Necesitamos transformar la cultura policial, a una policía aliada de la comunidad. Que en vez de sacar un arma de fuego, escuche a la gente honesta y trabajadora para protegerla.

Monitor de Víctimas | ¿Cómo se comportó el crimen en la cuarentena?, por Héctor Navarro y Moisés Medina

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Un joven de 26 años conocido como “Alegría” fue asesinado en plena vía pública por las FAES el 28 de mayo de 2020 en Petare, por asociarlo, sin prueba alguna, con la banda de Wilexis. Al igual que Alegría, otros 142 caraqueños han perdido la vida en eventos violentos desde que inició la crisis de la COVID-19.

Los datos recabados por Monitor de Víctimas demuestran que la violencia en Caracas no respetó la cuarentena.

De los 142 homicidios contabilizados, 10 ocurrieron durante la segunda mitad del mes de marzo, 66 durante todo el mes de abril y otros 66 en mayo. Así como afrontamos la pandemia en un contexto muy complicado y totalmente vulnerables al virus (y cuyo impacto real parece venir en los próximos meses), el crimen homicida es uno de los principales males que enfrentan los caraqueños. ¿Es igual en el resto del planeta?

La COVID-19 extrema las otras crisis

Desde que se inició esta crisis de salud, los índices de criminalidad cayeron a nivel mundial. El hecho de que haya menos personas en las calles reduce la posibilidad que sean atracadas en las vías públicas. Estudios en Estados Unidos, Colombia y Chile demuestran cómo los homicidios se han reducido casi a la mitad, así como los registros de robo y asaltos.

Esto, por supuesto, no implica que la violencia se reduzca: las denuncias de violencia doméstica han aumentado considerablemente en todo el mundo. Tampoco implica que sea igual en todas partes. Por ejemplo, en Ciudad de Juárez (México), los homicidios producto de la guerra entre cárteles de narcotráfico aumentaron en un 42 % desde marzo. Para algunos, no hay cuarentena que valga.

Una situación similar a la de Ciudad Juárez parece presentarse en Caracas: los homicidios no pararon.

El 13 de marzo se anunció el primer caso de COVID-19 en nuestro país. La crisis del coronavirus se suma a una crisis política, social, económica y sanitaria. Una emergencia humanitaria compleja en todos los sentidos. Particularmente, la violencia es un factor común en el día a día del venezolano.

El crimen no se quedó en casa

En 2019, Monitor de Víctimas, en su reporte anual registró 898 homicidios en la ciudad, casi 40 % a manos de cuerpos de seguridad. La violencia, además, no se queda en números: afecta a cada niño que crece en contextos llenos de armas y muertos, con consecuencias que serán muy difíciles de atender en el futuro.

Ahora, ¿cómo se comportó el crimen en la cuarentena?

Los homicidios en este período representan el 48 % de los 296 casos totales reportados durante los primeros cinco meses del año. Casi la mitad de homicidios registrados en Caracas hasta mayo de 2020 ocurrieron durante el confinamiento.

Si lo comparamos con el año pasado, entre el 16 de marzo y el 31 de mayo de 2019, fueron asesinados, en promedio, 3 caraqueños diariamente; durante el mismo período en el 2020, se dieron al menos dos homicidios cada día. A pesar de que hubo una reducción en comparación con el año pasado, estos datos siguen siendo fiel reflejo del problema de salud pública que representa la violencia en nuestra ciudad.

La muerte viste de uniforme

De estas 142 muertes, 55 fueron casos de letalidad policial (ejecuciones y/o resistencia a la autoridad), alcanzando el 39 % de los casos totales registrados. La policía vuelve a ser protagonista, especialmente las FAES y el CICPC. Así mismo, se registraron 16 homicidios por robos; 15 casos por ajuste de cuentas o venganza; 12 por riñas o peleas ocurridas en el sitio, 5 por enfrentamiento entre bandas; 3 por balas perdidas; 2 por violencia de género y 1 por secuestro, además de 33 homicidios cuyo móvil no se pudo determinar.

El municipio Libertador concentra el 67 % del total, viéndose principalmente afectadas las parroquias Coche y Sucre, con 19 casos cada una y El Valle con 16. En el municipio Sucre se registraron 38 homicidios, de los cuales 33 tuvieron lugar en la parroquia Petare. Por otro lado, Baruta, El Hatillo y Chacao registraron 9 homicidios en total.

Además, algo particular que notamos en comparación con el año pasado es que los homicidios en vías públicas aumentaron en 10 puntos porcentuales durante la cuarentena, siendo un poco contradictorio dado el contexto.

Como reflejan los números, la violencia no se detuvo ni los índices de homicidios cayeron a la mitad como en otros países. A pesar de mostrar cierta reducción en comparación con 2019, los ciudadanos no se vieron más protegidos por el hecho de estar en casa. El virus se une a la lista de amenazas que aterran a los ciudadanos y, como podemos ver, la violencia es una de las principales.

No hay virus que detenga la violencia

Los cuerpos de seguridad continuaron aterrorizando a las comunidades, ejerciendo la justicia arbitrariamente y haciendo del uso excesivo de la fuerza un factor común en la vida del país. Por otro lado, los robos, ajustes de cuentas y peleas continúan cobrando la vida de personas en la ciudad. En definitiva, la violencia es un problema de salud pública que es urgente atender, con políticas de seguridad coherentes que garanticen el bienestar del ciudadano. Lamentablemente, pareciera que no haber la intención de hacerlo por parte de las instituciones responsables.

Los venezolanos se encuentran especialmente vulnerables. Desde marzo, la crisis de combustible impidió que pudieran movilizarse. Además, la crisis económica se sigue intensificando, con una inflación acumulada de 409 % en 2020, según la Asamblea Nacional y con proyecciones que apuntan hacia una contracción de la economía de entre 15 % y 25 % por efectos de la pandemia.

Los ciudadanos se encuentran totalmente indefensos ante el virus, la delincuencia y los cuerpos de seguridad y, además, son víctimas de sus bolsillos vacíos.

Luego de tres meses de confinamiento por decreto, entramos en una etapa de flexibilización de la cuarentena. El virus se hace cada vez más peligroso: Venezuela tardó 70 días en alcanzar 1000 casos, 12 días en llegar a 2000 y tan solo 11 días en registrar 3000 infectados. A partir de ahora podremos ver realmente el impacto de la COVID-19 en nuestro sistema de salud.

Sin embargo, repasando estos primeros 3 meses, hay una cosa que nos queda clara: no hay virus que detenga a la violencia.

#MonitorDeVíctimas | El dolor despierta el activismo comunitario, por Gabriela Caveda y Guillermo Sardi
Las historias cambian vidas: Jorge y Fernando son un ejemplo de lo que se logra al trabajar desde la “paz positiva”. Ellos y otros muchos líderes sociales demuestran que el trabajo comunitario es la más robusta tabla de salvación con la que pueda contar un país destruido.

 

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Jorge, hoy líder del activismo comunitario de Caracas Mi Convive, perdió a su hijo mayor en manos de la violencia. Un grupo armado de jóvenes de la misma zona donde él reside, en el oeste de la ciudad, segó la vida de su primogénito. Después del asesinato de su hijo, fue invitado por algunas personas de su comunidad a tomar venganza a través de las armas.

Convivencia vs venganza

Jorge eligió tomar otro rumbo, a pesar del dolor irreparable que implica perder a un hijo. Decidió dedicar su vida al activismo comunitario y la promoción de la no-violencia, ayudando a jóvenes de su comunidad a recibir acompañamiento psicológico y mentoría para la inserción laboral. Así como liderar la recuperación de espacios públicos tomados por la violencia en su barriada.

De esta manera, nos cuenta cómo decidió no tomar represalias a pesar del dolor que todavía siente:

Yo estoy preocupado es por mis otros dos hijos y mi esposa; yo voy y mato a los hermanos de ese chamo, entonces la mamá y ellos lo que van a buscar es de matar a los míos también, que no tienen nada que ver con esto. Y entonces vamos a vivir en una lucha constante… ¿a ti te gustaría que te mataran a tu hijo así como me mataron al mío?”.

El cariño por sus hijos y esposa fue el motivador más grande para convertirse en activista en nombre de la paz y la convivencia, con apoyo de los programas de Caracas Mi Convive.

La “paz” de la parca

Desde que Monitor de Víctimas comenzó a recabar datos en la principal morgue de la ciudad , en mayo de 2017, se han registrado 3634 muertes violentas. La suma incluye tanto homicidios entre civiles como aquellas muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado.

De acuerdo a las cifras de 2019, se calcula que el 38 % de las muertes violentas fueron realizados por los organismos de seguridad del Estado.

Estas cifras revelan que se está intentando imponer una paz desde el conflicto, desde el uso excesivo de la fuerza, con la excusa de que algún día no habrá más violencia. Habría que preguntarnos ¿nos sentimos seguros siendo testigos o estando en el medio de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados?

Jorge apuesta por la vida

El sociólogo noruego Johan Galtung propone conceptualizar la paz de dos formas:

La “paz negativa”

Que hace referencia a la ausencia de conflicto. Es el caso de la que se busca lograr con la violencia, a través de quitarle la vida a los presuntos generadores de la violencia.

La “paz positiva”

Orientada a abordar la violencia desde sus causas y no desde sus consecuencias.

Aquí, la historia de Jorge es especialmente valiosa para ejemplificarla. Porque no solo él mismo decidió no continuar con los ciclos de violencia y venganza, sino que eligió dedicar su vida a abordar dos de los factores que propician la violencia: el aislamiento de los jóvenes en comunidades con altos niveles de homicidios, y el abandono de los espacios públicos como lugares de encuentro. Su activismo comunitario es una lección de vida, realizable en otras barriadas del país. 

Galtung advierte que el abordaje de la violencia exclusivamente desde el polo negativo reduce el conflicto por cortos períodos de tiempo. Pero siempre vuelve a resurgir si no se desarrollan las garantías para una paz positiva.

Décadas que gotean sangre

Si vemos las cifras históricas del uso de la fuerza policial para reducir la violencia, desde el año 2000, la tasa de muertes por “resistencia a la autoridad” a nivel nacional (la única medida de letalidad policial oficial), no ha bajado de 3,87 muertes violentas por cada 100 000 habitantes, con un aumento progresivo hasta llegar, en el año de 2017, a una tasa  de 17,61.

En relación a los homicidios entre civiles, para el año 2000, la tasa de homicidios en Venezuela fue de 33 por cada 100 000 habitantes. En cambio, para el año 2017, la tasa aumentó a 51 homicidios por cada cien mil habitantes. E

El año más grave fue el 2014, cuando la tasa de homicidios alcanzó los 63 por cada 100.000 habitantes[1]. Es decir, si consideramos las cifras de entes oficiales entre el 2000 y el 2018, aumentaron tanto los homicidios entre civiles como las muertes violentas perpetradas por fuerzas de seguridad.

Puede afirmarse que más vidas se pierden cuando la policía también utiliza la fuerza letal para actuar. Por lo que la construcción de una paz positiva constituye una línea prioritaria de intervención si queremos reducir las muertes violentas en nuestro país.

Desde la experiencia de Caracas Mi Convive en comunidades con altos niveles de homicidios, hemos observado que los operativos policiales -que incluyen enfrentamientos- generan miedo, profundizando el estrés postraumático en sus residentes. Basándonos en estas observaciones, desarrollamos herramientas de acompañamiento psicosocial que las visibilizan para construir las bases de una paz positiva y alentar el activismo comunitario en el que Jorge y miles de líderes vecinales militan tras experiencias personales dolorosas.

Del dolor al activismo social

La Red de Atención a la Víctima (RAV) se enfoca justamente en trabajar las secuelas psicológicas que genera la violencia en las personas. El proyecto se basa en la formación de espacios de confianza para expresar y elaborar las emociones y creencias que han surgido de los sucesos violentos, con el fin de que cada persona pueda contactar con esa parte de sí que quizás no había sido hablada en un espacio seguro.

También, para que grupalmente puedan ver que las emociones son compartidas y que juntos pueden hacer algo para cambiar su entorno; que no están solos y son agentes de cambio en sus propias comunidades.

Esta transición del dolor al activismo comunitario la pudimos presenciar con Jorge, así como en muchas otras historias a lo largo de los años de trabajo en las comunidades. Por ejemplo, a principios del 2020 hicimos un trabajo en conjunto para recuperar una cancha en San Andrés, El Valle. Durante el taller que se hizo resaltaron las historias de violencia, en su mayoría contadas por Fernando.

Fernando es un hombre que da clases de fútbol en la cancha en recuperación ya mencionada. Es una persona excepcional dentro de su comunidad y a través de su trabajo, de largos años, ha podido conocer y formar parte de muchas historias de la misma.

Recuerdos (tristes) que salvan

Una de las anécdotas más llamativas fue la de un niño a quien le dio clases y quien luego, siendo joven, entró a una banda. Al poco tiempo fue asesinado. Fernando contaba que todos los días tenía presente a este joven, no solo por el dolor, sino porque hizo de su recuerdo el motor para seguir siendo profesor de fútbol y trabajar por un futuro diferente para su comunidad.

En la comunidad de San Andrés, en el Valle, expresar y reunir estas historias en un espacio seguro permitió que cada quien viviese el beneficio de poner en palabras el dolor. También, de conectar con la persona que tenían al lado y reconocerse en sus anécdotas, aprendiendo en el proceso que combatir la violencia con violencia no trae beneficios duraderos y que, como no están solos, pueden trabajar para que su comunidad tenga un futuro diferente.

Las historias cambian vidas. Jorge y Fernando son un ejemplo, pero también el grupo que estuvo ese día lo demuestra al trabajar desde la paz positiva de la que hablaba Galtung. El activismo comunitario es la más robusta tabla de salvación con la que pueda contar un país destruido.

[1] Cálculos realizados por la unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive a través de cifras oficiales.

#MonitorDeVíctimas | FAES, las siglas de la muerte

Manuel Parejo y Moisés Medina

EL PASADO 17 DE JULIO, en un acto de graduación de más de 2.000 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Nicolás Maduro emitió elogios a la actuación impecable que, según su criterio, ha venido desarrollando las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de esta policía, desde su creación en 2017: “Todo el apoyo para las Faes en su labor diaria para darle seguridad al pueblo de Venezuela, ¡que viva el Faes!” Sin embargo, los datos del Monitor de Víctimas indican otra realidad: existe un patrón sistemático de abusos y violaciones de DDHH de los cuales este cuerpo policial es responsable.

Cuando la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, da a conocer su informe sobre los Derechos Humanos en Venezuela, señala con contundencia las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. El cuerpo policial que encabeza la lista con más homicidios atribuidos, son las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). En este informe se comenta la actuación de este grupo especial de la Policía Nacional Bolivariana, recomendando al ejecutivo nacional que: “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”. Pero, ¿por qué la ACNUDH considera necesario disolver las FAES e investigar sus crímenes?, Para responder esta pregunta y entender esta recomendación realizada por el máximo organismo en materia de DDHH, haremos un recuento de la actuación de este cuerpo de seguridad en el primer semestre de 2019, en la ciudad de Caracas, con base a las cifras del Monitor de Victimas.

Las FAES es el victimario más frecuente en la primera mitad del año

Durante el primer semestre de 2019, en la gran Caracas, se registraron 495 homicidios, de los cuales 226 son responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, lo que representa 45,6% del total de homicidios. Únicamente las FAES, es responsable de 160 muertes violentas, significando 70,2% de los homicidios cometidos por cuerpos policiales. Es decir, de cada diez caraqueños asesinados, tres fueron víctimas de las FAES.

Para leer mas… Mueren dos jóvenes durante protesta en Las Adjuntas
 
La violencia política en su expresión más letal…

A comienzos de 2019, en pleno auge de las protestas sociales y políticas en los sectores populares, las FAES actuaron de forma más letal que en cualquier otro momento; nada más en enero, ascendió a 39 el número de vidas cobradas por este cuerpo policial. Si comparamos este número de homicidios con el promedio registrado en 2018 por este organismo de seguridad, el primer mes de 2019, iniciaba con un aumento de 86% sobre la tendencia que había dejado la actuación de las FAES durante el año anterior (21 homicidios por mes).

Asimismo, durante esta primera mitad del año, solo los victimarios independientes promediaron la misma cantidad de homicidios que las FAES. En consecuencia, el promedio mensual de homicidios cometidos por las FAES, fue de 26 muertes violentas y nunca el número de casos atribuidos a este cuerpo policial, estuvo por debajo de los 20 homicidios. Por otro lado, en comparación con el primer semestre de 2018, hubo un aumento de 36% en la cantidad de homicidios adjudicados a las FAES.

El “modus operandi” de las ejecuciones extrajudiciales

Cada uno de los homicidios en manos de fuerzas de seguridad del Estado es clasificado por las autoridades como “resistencia a la autoridad”. Esta clasificación resulta incompleta y metodológicamente errónea, pues no distingue si fue un enfrentamiento o una ejecución extrajudicial, es decir, agrupa dentro del mismo registro, a los homicidios cometidos bajo los procedimientos que estipula la ley y el uso correcto de la fuerza y aquellos que constituyen evidentes violaciones de Derechos Humanos y un uso desproporcionado de la fuerza.

En concordancia, tal como lo advierte el informe de la ACNUDH, en muchas de las muertes violentas por responsabilidad de entes de seguridad del Estado, existen claros indicios que fueron por ejecuciones extrajudiciales; los patrones identificados por Monitor de Víctimas así lo respaldan. En ese sentido, un total de 132 homicidios cometidos por las FAES en la ciudad capital, fueron producto de ejecuciones extrajudiciales. Al menos 76 de estas ejecuciones, ocurrieron en las viviendas de las víctimas, la mayoría en horas de la noche.

Según los registros del Monitor de Víctimas y los testimonios levantados por la ACNUDH, familiares y allegados relatan en gran parte de los casos, que la víctima fue tomada por sorpresa mientras dormía o compartía con ellos, quienes eran encerrados en una de las habitaciones de la casa mientras los funcionarios registraban la misma, robaban pertenencias de valor y extraían a la victima para dispararle a quema ropa, para luego ser llevado a un centro de salud sin signos vitales y así los funcionarios alegaban que fue “abatido” por un enfrentamiento armado o por resistencia a la autoridad. Este modus operandi es el más frecuente entre los 160 caraqueños que perdieron la vida en manos de las FAES.

De estos relatos lo más preocupante es evidenciar como se vulnera el derecho a la vida, se irrespeta el debido procedimiento penal y se incurre en delitos como asalto a la propiedad privada, secuestro y asesinato. De las 160 vidas cobradas por las FAES, 82 sucedieron en la vivienda de la víctima, lo que representa el 51,25% de estas muertes; 71 en vías públicas, lo que representa el 44,4% y el resto en Calabozos y establecimientos comerciales, entre otros.

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Los hombres jóvenes, las víctimas predilectas de las FAES

Cuando revisamos el perfil de las víctimas de este organismo de seguridad, vemos datos aún más alarmantes. Los hombres de edades comprendidas entre 15 y 45 años representan 97% de las víctimas, siendo el grupo etario más afectado los jóvenes entre 21 y 25 años, donde se concentra la amplia mayoría de los asesinados por las FAES. Asimismo, el promedio de edad de las víctimas de esta institución es casi 7 años menor al registrado por los victimarios civiles.

Los sectores populares, la población más vulnerable

Por otro lado, los homicidios en manos de las FAES, se distribuyen de forma desigual entre los cinco municipios que conforman la Gran Caracas. El municipio Libertador y el municipio Sucre, caracterizados por sus grandes barriadas, encabezan la lista con 115 y 38 muertes respectivamente (96% de los homicidios). Las parroquias más afectadas por estos operativos de muertes fueron: (1) La parroquia Petare del Municipio Sucre con 28 asesinados víctimas de las FAES; (2) La parroquia Sucre del Municipio Libertador con 18 víctimas; (3) Las parroquias Antimano y Macarao con 15 víctimas; (4) La parroquia el Valle con 13 asesinados y (5) La parroquia San Agustín con 9 víctimas de las FAES, durante este primer semestre de 2019.

Igualmente, es indiscutible que la violencia implementada por este cuerpo de seguridad se ha agravado en lo que va de 2019, dado que estas 160 víctimas en los primeros seis meses, representan en la actualidad, 62% del total de víctimas que se le adjudicaran a este mismo cuerpo policial en todo el año 2018, en el cual se le atribuyeron 255 homicidios en la ciudad capital.

Sin duda alguna las FAES, en estos primeros seis meses de 2019, se han consolidado como el principal responsable de las muertes de los jóvenes caraqueños. Toda esta evidencia a partir de los datos levantados por Monitor de Víctimas- cuyo registro estadístico fue citado por el informe Bachelet-, sustenta y apoya la petición de la ACNUDH sobre la erradicación inmediata de este cuerpo especial que tanto daño está haciendo al tejido social y a los núcleos familiares del país. Hoy en las calles y hogares venezolanos, se identifican a las siglas FAES, como las siglas de la muerte.

 

Caracas Mi Convive apoya campaña Instinto de Vida

AMÉRICA LATINA ALBERGA ALREDEDOR DE 8% de la población mundial, sin embargo, concentra la mayor parte de los homicidios en el mundo, pues 38% de ellos ocurren en esta región. El problema recae especialmente en sietes países: Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Venezuela. Por esta razón, distintas organizaciones, cansadas de ver lo que ocurre en estos lugares, decidieron crear la alianza latinoamericana Instinto de Vida.

En el marco de esta campaña por la desnormalización de la violencia, las organizaciones participantes, a través de sus investigaciones, descubrieron que mediante actividades culturales y de pacificación, las víctimas lograron dejar de justificar los homicidios y comenzaron a pedir justicia por sus familiares.

Por ello, estas organizaciones comenzaron a realizar diversos eventos culturales, en cada uno de estos países, para concienciar sobre dicha problemática y generar cambios.  A partir de estas acciones,  más personas se suman al trabajo de la prevención de la violencia.

Caracas Mi Convive es una de estas organizaciones que día a día trabaja por la desnormalización de la violencia. Ve el siguiente material audiovisual donde se recaban testimonios de varios organizadores de esta campaña regional.

Monitor de Víctimas: 6 meses luchando contra opacidad de la información del Estado sobre la seguridad ciudadana

MonitordeVíctimas

 

Sin datos no es posible la comprensión exhaustiva de un problema ni la elaboración de políticas públicas. Ante la opacidad de la información del Estado sobre la seguridad ciudadana en Venezuela y en particular en la ciudad de Caracas, el Monitor de Víctimas es una plataforma que levanta información independiente.

El Monitor de Víctimas es un proyecto impulsado por Caracas Mi Convive y la plataforma digital Runrun.es que combina participación ciudadana con periodismo de datos e investigación. A través de la recolección de información sobre los homicidios que ocurren en Caracas, se busca caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.

El 1 de mayo de 2017 comenzamos a recolectar los datos de homicidios en los cinco municipios de Caracas y en los primeros seis meses se han levantado 900 registros de homicidio (haciendo uso de una aplicación móvil), se han publicado más de 50 noticias, 10 reportajes de investigación y hemos producido 4 reportes analíticos. En muchos de estos reportajes, líderes comunitarios de toda Caracas han hecho aportes que nos permiten contar las historias de las víctimas desde la perspectiva de sus familiares y las comunidades.

En este tiempo y gracias a la información producida, hemos descubierto y denunciado situaciones muy alarmantes que, de no ser por este proyecto, hubiesen quedado enterradas.

Específicamente, se ha encontrado que las fuerzas de seguridad del Estado han sido responsables de 40% de los homicidios en Caracas. Sus víctimas son principalmente hombres jóvenes entre 18 y 30 años de edad. Además, las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en un procedimiento común de estos organismos, ya que en solo seis meses se han registrado 118 casos. Esto último representa una grave violación a los derechos humanos.

Una madre de San Agustín, cuyo hijo fue víctima de la violencia policial en junio de este año, en su propia casa por una “equivocación”, y que luego fue clasificado como un enfrentamiento por los cuerpos de seguridad, nos comentó que mes y medio después del suceso, la policía se presentó nuevamente en su casa y al preguntar por la orden de allanamiento el oficial sacó su arma, apuntando hacia su cara y respondió: “mire señora, la orden de allanamiento es esto, ve”.

Estos delitos institucionalizados a través de las OLP y otros operativos, pasan desapercibidos a la opinión pública. Las condiciones desiguales bajo las cuales se desarrollan las comunidades más vulnerables de la ciudad las posicionan como escenarios propicios para crímenes del Estado, generando una respuesta social violenta a sus acciones y alimentando, en consecuencia, el círculo de violencia y exclusión de los sectores populares.

Por otro lado, se ha descubierto que cada homicidio genera, en promedio, un niño o joven menor de edad huérfano, situación ante la cual no existen políticas públicas. La abuela de Andrés, un niño de 5 años que perdió a su papá durante una OLP en la Cota 905, comenta lo siguiente: Yo digo que él (Andrés) necesita un poquito de ayuda, porque de hecho él no puede ver a la policía, a él le dicen ´ahí vienen los de negro´ y ese niño se pone a temblar… Él cambió mucho, era un niño muy, muy cariñoso y ahorita se encierra, no le gusta hablar, es muy tímido. Cuando dice que no quiere hablar, no habla, ni siquiera conmigo.

Sobre este tema escribimos en nuestro reporte del mes de julio: Según su edad, los niños y niñas huérfanos pueden manifestar tensión emocional, apatía y miedo a través de pesadillas, rechazo al alimento, retroceso psicomotor y dificultades para separarse de la madre. Muchos de los hijos de personas desaparecidas, asesinadas o torturadas han manifestado problemas afectivos, de apetito y sueño, retraso escolar o evasión de la realidad. Es decir, si no se atiende esta grave problemática de forma inmediata por medio de políticas públicas focalizadas, las consecuencias de largo plazo sobre los niños y jóvenes pueden ser irreversibles.

Este proyecto cobra mayor importancia en el contexto de violencia crónica que está atravesando la sociedad venezolana en general y caraqueña en particular. Los datos y las estadísticas oficiales de homicidio se han dejado de publicar y los cuerpos policiales, que se suponen deben velar por la seguridad de la población se han convertido en el principal grupo victimario.

Monitor de Víctimas es un esfuerzo de dos organizaciones de la sociedad civil que se niegan a quedarse de brazos cruzados y que, por el contrario, desean documentar y denunciar los hechos, contar las historias de las víctimas desde una óptica cercana y proponer alternativas.

Por esta razón, para el 2018 queremos seguir levantando información, profundizar nuestro entendimiento sobre las causas, perfiles y motivaciones de la violencia para poder contribuir a la generación de conocimiento y realizar propuestas de políticas públicas concretas y viables. También, tenemos planificado publicar una página web, realizar foros junto a otras organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la campaña #InstintoDeVida, y continuaremos publicando reportajes e investigaciones y denunciando los abusos policiales.

 

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