Nicolás Maduro sostiene los pasaportes estadounidenses de los sargentos (r) del Ejército norteamericano Luke Denman y Airan Seth Berry, rápidamente sentenciados por el caso Gedeón. Foto Prensa presidencial / Wikimedia Commons, mayo 7 de 2020.
Las admisiones de culpa de diecisiete procesados por la Operación Gedeón, obtenidas a marcha forzada, son oro en polvo para un régimen ávido de legitimidad.
El 13 de agosto, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que quince procesados por la Operación Gedeón fueron sentenciados a penas que llegan hasta los veinticuatro años de prisión.
Una semana antes, el 7 de agosto, los únicos dos extranjeros detenidos por este caso, los sargentos retirados del Ejército estadunidense Luke Denman y Airan Seth Berry, fueron condenados a veinte años tras las rejas. En ambos casos, indicó William Saab, todos los penados admitieron lo señalado en las acusaciones de los fiscales 73 y 74 del Ministerio Público, con competencia contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, Jean Karin López y Teodoro León Aguilar, respectivamente.
Para llevar a cabo estas audiencias fue aplicado el mismo procedimiento: a última hora del día, el juez cuarto de control con competencia nacional en materia de terrorismo, José Macsimino Márquez, instaló el juzgado en una sala especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede Helicoide, sin permitir la participación de defensores privados como Alonso Medina, que había obtenido un poder especial de los familiares de los militares estadounidenses. De manera que los encausados solo fueron asistidos formalmente por defensores públicos, que avalaron todo lo sucedido.
Mucho más si se toma en consideración que, desde la emisión del decreto de alarma nacional, el 13 de marzo, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia la gran mayoría de los procesos judiciales ha entrado en virtual parálisis.
En el caso Gedeón, sin embargo, las cosas se vienen manejando con extremada premura, en una especie de carrera contra el tiempo. Los fiscales y el juez han continuado adelante, haciendo caso omiso a los amparos constitucionales que dos abogados (Sergio Aranguren y Lilia Camejo) han intentado por separado, alegando cuestiones tales como abuso de poder, denegación de justicia y omisión de pronunciamiento sobre las solicitudes que ambos han formulado, en intentos por llevar adelante la defensa técnica de sus clientes.
Aranguren es apoderado judicial del capitán de la Guardia Nacional Leonard Briceño Vivas, mientras que Camejo defiende al mayor del Ejército Carlos Arturo Rosario Pimentel y al capitán de la GN Eliant Felipe César Caraballo. Ninguno de ellos participó en los desembarcos en playas de los estados Vargas y Aragua, en lo que aparentemente formaba parte de un proyecto para derrocar a Nicolás Maduro. Sin embargo, los fiscales e investigadores de la Contrainteligencia Militar y el Sebin los involucraron en este complot.
Pero los abogados Aranguren y Camejo no han podido conocer a ciencia cierta cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan las acusaciones, puesto que desde el inicio de este caso las actas han permanecido bajo reserva, y solo han podido leer algunos fragmentos del expediente, dosificados por los fiscales.
Las solicitudes de amparo fueron acompañadas por sendas denuncias contra los fiscales y el juez. Según Aranguren, estas acciones debieron ocasionar la paralización del proceso y la eventual inhibición de los denunciados. Pero nada de esto ha sucedido, y el juicio ha continuado con las sentencias para los diecisiete involucrados que admitieron culpa.
¿Qué consecuencias pueden tener estas primeras sentencias en un expediente tan controversial? Estas decisiones se dan por lo que llaman en la jerga jurídica “admisiones de hecho”. Es decir, los procesados dan por ciertas las imputaciones formuladas por los fiscales, sin levantar objeciones. En otras palabras, avalan todo lo asentado en el documento acusatorio del Ministerio Público.
Desde luego, en un caso como este la importancia de las admisiones de hecho va en función del rol jugado por cada uno de los sentenciados en la Operación Gedeón.
De los diecisiete sentenciados hasta el momento, tres son civiles: el lanchero Cosme Alcalá, el mecánico Gustavo Adolfo Hernández y Fernando Noya. Otros cinco egresaron de distintos cuerpos de policía. Fueron los oficiales Rodolfo Jesús Rodríguez, Enderson Israel Ríos, Gilbert Barillas, José Armando Alvarado y Jefferson Díaz. Luego, está el exfuncionario de la Dgcim Rosmel Edecio Méndez. Además, figuran los efectivos de tropa Estewin Rojas, Enderson Rumi, Roberto Rondón y Carlos Conde. Y los sargentos retirados del Ejército de EE. UU. Luke Denman y Airan Berry, empleados de Silvercorp.
Solo dos oficiales han admitido culpa: el teniente Luis Manuel Paiva y el capitán Antonio José Sequea Torres, conocido por sus relaciones con distintos cuerpos de inteligencia, hasta que llegó el complot del 30 de abril de 2019. Sequea, según el régimen, era el líder del grupo que se embarcó en peñeros en la Guajira colombiana, el viernes 1 de mayo. Era, de hecho, el oficial de mayor graduación, junto con el capitán Robert Colina, alias Pantera, que murió en Macuto.
Aunque todos los sentenciados presumiblemente participaron en los campamentos para entrenamiento instalados en Riohacha y otros puntos, solo tres testimonios resultan claves: los de los sargentos de Silvercorp y el de Sequea Torres, puesto que presumiblemente ellos tenían un mayor grado de conocimiento sobre los detalles de la operación.
Las admisiones de hecho de Sequea, Berry y Denman son prácticamente oro en polvo para un régimen ávido de legitimidad, que en más de una oportunidad ha jugado el papel de víctima en foros internacionales. Antes, fueron las sanciones. Ahora, tiene los elementos para decir al mundo que este complot denominado Gedeón iba más allá del plan de unos militares y policías desesperados por el estancamiento político de su país. Con estas sentencias, intentarán que les crean -ahora sí- que el régimen se sobrepuso a los designios urdidos en Washington y Bogotá.
Breves
* El juicio de extradición del empresario colombiano Alex Naín Saab se acerca a su punto culminante. Tal y como lo habíamos adelantado en una entrega anterior, cuando apenas comenzaba el proceso, la decisión definitiva debe darse en septiembre, cuando los apoderados judiciales del “agente” del régimen venezolano agoten todos sus recursos ante la justicia de Cabo Verde. Era claro que Saab daría la pelea hasta el último momento, incluso tratando de plantear incidencias extrajudiciales, como la de la supuesta “expulsión” de uno de los abogados de su equipo de defensores.
Más allá de los dimes y diretes, el proceso para decidir si se ajusta a derecho el traslado de Saab a Estados Unidos, que se ha desarrollado conforme a lo previsto en la detallada legislación caboverdiana, vigente desde 2011. Esto a pesar de las enormes presiones políticas para inclinar la balanza hacia uno u otro lado, tal y como lo reconoció el propio presidente del archipiélago africano, José Carlos Fonseca.
Salvo que se detecten serias fallas en el proceso, relativas al derecho constitucional a la defensa, la máxima instancia debería ratificar la sentencia previa. A partir de ese momento, se abre un lapso de veinte días para que se produzca la entrega al empresario a las autoridades de EE. UU. Como se ha explicado en otras ediciones, los estadounidenses no podrán reextraditar a Saab a otro país, ni podrán imponer penas más elevadas que las máximas previstas en la legislación de Cabo Verde para el delito de lavado de dinero. Por lo tanto, aun si se da la extradición, Saab contará con un importante margen de maniobra ante los tribunales del estado de Florida.
* Mucho se ha advertido sobre una creciente violencia contra la mujer durante la pandemia. Esta creencia pareciera reafirmarse a la luz de casos recientes, ventilados a través de las redes sociales, que muestran a víctimas torturadas y desmembradas, ultimadas con extremada saña, cuyos cadáveres quedaron en plena vía pública, acompañados por carteles que las señalan de ser supuestos informantes de los cuerpos policiales. Estos casos desde luego que suscitan conmoción y contribuyen a colocar en el centro del debate todo lo relativo a la violencia contra el llamado “sexo débil”. Sin embargo, la revisión de cifras extraoficiales pareciera indicar otra realidad. Durante el primer semestre de 2020 -que abarca tres meses y medio de cuarentena- han matado a menos mujeres en el país que en la primera mitad de 2019. En este lapso hubo 223 víctimas, mientras que el año pasado fueron 390.
En un esquema de reducción general de homicidios, las mujeres continúan representando aproximadamente el 10 % de las víctimas. Lo que sí pareciera haber cobrado alguna importancia es el motivo pasional, a veces ligado con abuso sexual, que abarcó más del 23 % de los casos reportados en el primer semestre. Otro 30 % de las muertes de féminas fue catalogado como ajuste de cuentas, y en 25,5 % de los casos la policía no pudo precisar el móvil del crimen. Finalmente, en 10,7 % de las muertes los antisociales intentaban llevar a cabo robos genéricos o de vehículos.
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