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Informe Otálvora: Unión Europea mantiene contacto con Guaidó y Maduro, por Edgar C. Otálvora

El enviado de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, reunido con el canciller argentino Felipe Solá el 27FEB20 en Buenos Aires. Foto Cancillería Argentina.

@ecotalvora

La Unión Europea mantiene puentes de contacto con Juan Guaidó y Nicolás Maduro. El Asesor Especial de la UE para Venezuela, el uruguayo-español Enrique Iglesias, participó el 24JUN20 en la telerreunión sostenida por el denominado Grupo de Contacto, el mecanismo creado en 2019 por la UE para concertar acciones internacionales sobre Venezuela.

A la teleconferencia se conectaron representantes de alto nivel de la propia Unión Europea y de siete de sus miembros (Alemania, España Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia), Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay. El propósito de esa reunión fue reactivar el Grupo de Contacto que ya el 16JUN20 se había movilizado para emitir un comunicado rechazando la designación de autoridades electorales por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela “en contra de lo previsto en la Constitución venezolana”.

Por cierto, el Reino Unido tras su salida de la UE el 31ENE20 optó por permanecer en el Grupo de Contacto. El gobierno del primer ministro Boris Johnson reconoce a Guaidó como presidente interino, lo que sirvió de base a la decisión tomada el 02JUL20 por un juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales para desconocer a Maduro como cabeza del Estado venezolano. Esa sentencia abrió puertas legales para que funcionarios designados por Guaidó tomen control de reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra.

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Ante el Grupo de Contacto, Enrique Iglesias presentó el 24JUN20 un informe de sus recientes gestiones sobre Venezuela. Consultada para el Informe Otálvora, la portavoz de la Unión Europea Virginie Battu-Henriksson dejó saber que Iglesias “ha mantenido contactos con actores políticos de las diferentes partes, varios líderes de la oposición y miembros del gobierno de Maduro, así como representantes de la sociedad civil”.

Los contactos se han producido en los últimos meses, mediante enlaces vía internet en razón de las restricciones de viaje por la pandemia de la COVID-19, la cual impidió parte de una gira de Iglesias que debía llevarlo a La Habana, Buenos Aires, Ciudad de México, Washington y Caracas. Iglesias sostuvo el 27FEB20 un encuentro con el canciller argentino Felipe Solá para discutir sobre la situación venezolana.

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Juan Guaidó ha atendido directamente a Iglesias en conversaciones vía web, mientras los contactos con el régimen chavista se habrían realizado con su canciller Jorge Arreaza. Iglesias, a su vez, mantiene también contacto con varias ONG que operan en Venezuela.

Si bien la UE promueve “negociaciones significativas y conclusivas” entre Guaidó y Maduro, en las conversaciones con Iglesias no se habría mencionado la posibilidad de promover un “diálogo político” y por parte del enviado europeo se habría utilizado el término crear “mecanismos de entendimiento” entre las partes.

Como consecuencia de la crisis por la pandemia, las conversaciones de Guaidó con Iglesias derivaron hacia el asunto de la ayuda humanitaria internacional lo que, según fuentes cercanas a estas gestiones, facilitaron el acuerdo del 01JUN20 entre Guaidó y Maduro para la recepción de material médico por intermedio de la Organización Panamericana de la Salud OPS.

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Desde su llegada al cargo de alto representante de la UE el 01DIC19, Josep Borrell asomó la necesidad de rediseñar la estrategia europea hacia Venezuela. Borrell habría ofrecido una nueva “hoja de ruta” ante la situación en Venezuela dado que las perspectivas de cambio político se estaban diluyendo. La frustrada gira de Iglesias habría sido una iniciativa en función de esa nueva “hoja de ruta” la cual aún no ha sido presentada según varias fuentes consultadas en Caracas.

El régimen chavista rechazó las propuestas promovidas por EE. UU., el Grupo de Lima y buena parte de la Unión Europea para la realización de elecciones generales con plenas garantías electorales.

En contraste, el régimen optó por designar una ilegal junta directiva de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Luis Parra que fue reconocida el 26MAY20 por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro. Luego, ese mismo Tribunal Supremo de Justicia designó el 12JUN20 un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral y en los siguientes días ilegalizó en la práctica a varios partidos de oposición mediante la destitución de sus juntas directivas.

Las nuevas autoridades electorales rápidamente decidieron la convocatoria solo a elecciones parlamentarias así como una reforma de la composición de la Asamblea Nacional y de los métodos para la elección de sus miembros.

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En ese contexto, el Grupo de Contacto emitió el 24JUN20 un comunicado en el cual ratificaban que “una solución sostenible a la profunda crisis venezolana debe incluir elecciones legislativas y presidenciales libres, transparentes, creíbles y justas. El GCI insta al régimen a detener las acciones unilaterales y llama a ambas partes a entablar negociaciones significativas e inclusivas que puedan conducir a una salida democrática de la crisis”.

El comunicado reflejaba, además, el clima existente en varias cancillerías europeas de rechazo a lo que estaba ocurriendo en Caracas. Además la diplomacia de EE. UU. ha pedido sistemáticamente a sus socios europeos un aumento de la presión sobre el régimen chavista.

Ratificando su respaldo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y alegando la designación de una junta directiva ilegal de la AN además de acciones de la “asamblea constituyente” que dejaban sin inmunidad parlamentaria a diputados, el Consejo de la Unión Europea decidió aplicar sanciones a once funcionarios del régimen “debido a su papel en los actos y decisiones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”.

El listado de nuevos sancionados fue publicado en el Diario Oficial de la UE el 29JUN20. Con ello se elevó a 36 el número de altos jerarcas chavistas, encabezados por Nicolás Maduro, que son objeto de sanciones europeas que implican el congelamiento de bienes y prohibición de ingreso a territorio comunitario.

El nuevo listado incluyó al propio diputado Luis Parra y demás miembros de la ilegal junta directiva de la Asamblea Nacional, al director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones encargado de la censura de medios de comunicación, a fiscales “con despacho en la Dirección General de Contrainteligencia Militar”, así como miembros de la “asamblea constituyente” y del TSJ. La UE retomó de esta manera la línea sancionatoria que Josep Borrell había relativizado a su llegada al cargo.

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Nicolás Maduro reaccionó la noche del 29JUN10 con usual virulencia ante la decisión europea. Durante la entrega televisada de premios a periodistas del régimen, Maduro anunció que expulsaba a la jefe de la delegación de la UE en Venezuela, embajadora Isabel Brilhante Pedrosa. Maduro incluso ofreció suministrarle transporte aéreo a la embajadora para que abandonara el país en 72 horas.

En la mañana de 30JUN20, Borrell mediante un tuit, anunció que la UE reaccionaría con “las medidas necesarias habituales de reciprocidad”. Esa reciprocidad significaba el retiro del reconocimiento a la representante de Maduro ante la UE, Claudia Salerno Caldera, pero además el endurecimiento de la posición europea. La sorpresa europea ante la expulsión de su embajadora hizo que el gobierno de Eslovaquia anunciara su reconocimiento a Guaidó como presidente interino, declaración a la que se había negado desde principios del 2019.

Quedaba en evidencia una de esas situaciones extrañas provocadas por la existencia de dos gobiernos paralelos en Venezuela. La mayoría de los países de la UE reconocen a Juan Guaidó como presidente de la República interino pero toleran la presencia de diplomáticos designados por Maduro. La falta de acuerdo dentro de la UE hace que esa comunidad reconozca a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y no como presidente de la República, por lo cual la UE acepta a la representante de Maduro.

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Tras su tuiteo, Borrel emitió un comunicado mediante el cual la UE condenó “firmemente esta decisión y lamenta profundamente el mayor aislamiento internacional que provocará. Pedimos que se anule esta decisión”. Borrell, quien es el jefe del servicio exterior europeo, pedía que se dejara sin efecto la expulsión de la funcionaria bajo su responsabilidad pero igualmente ratificó la posición de la UE afirmando que la salida a la “profunda crisis política y socioeconómica que atraviesa actualmente Venezuela”  (…) “debe basarse en unas elecciones dignas de crédito, en el reconocimiento y el respeto de la función e independencia de todas las instituciones elegidas democráticamente, en particular la Asamblea Nacional, en la liberación de todos los presos políticos y en la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

Con extrañeza, los jefes del aparato diplomático europea observaban que la orden de expulsión ordenada por Maduro la noche del 29JUN20 no se había concretado en una comunicación oficial de la cancillería a la UE. La mañana del 02JUL20 el vocero de la UE Peter Stano dijo, durante una rueda de prensa vía web, que hasta ese momento el gobierno Maduro no había notificado formalmente la expulsión de su embajadora en Caracas. Socios internos y externos de Maduro lo habían aconsejado para que diera marcha atrás en su afrenta a la UE.

En tanto, el canciller del régimen chavista, Jorge Arreaza, procuró una conversación telefónica con Borrell en la cual le informó que Maduro dejaba sin efecto la expulsión. La tarde del 02JUL20 la cancillería de Maduro y el Servicio Exterior de la UE emitieron un comunicado simultáneo y conjunto para anunciar que “el Gobierno venezolano decidió rescindir la decisión según la cual la embajadora Isabel Brilhante Pedrosa fue declarada persona non grata”. Curiosamente la versión publicada por la cancillería chavista llevaba fecha del 01JUL20. El propio Arreaza confesó, en declaraciones al canal de propaganda Telesur, que las sanciones de la UE continuarían.

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Un golpe de Estado se está ejecutando en Guyana

El mandatario David Granger, quien gobierna desde el 16MAY15, fue objeto de un proceso de impeachment el 21DIC18 que obligaba a la convocatoria de elecciones en un plazo de noventa días. Mediante diversas maniobras, Granger logró permanecer en funciones y las elecciones parlamentarias fueron convocadas con un año de atraso. Las votaciones se realizaron finalmente el 02MAR20 pero desde entonces no se ha producido la proclamación de los resultados finales.

Bajo la supervisión de Caricom, la OEA y la Unión Europea, se han realizado varios reconteos de votos a pesar de que desde marzo es un hecho que la alianza opositora que respalda a Irfaan Ali habría obtenido mayoría en el parlamento. Funcionarios electorales asociados con Grager han obstaculizado los conteos de votos y obligaron a la realización de un reconteo a nivel nacional que duró varios meses y cuyos resultados son avalados por los observadores de Caricom.

Keith Lowenfield, el jefe de la Comisión Electoral de Guyana recibió la orden de la presidenta de la Comisión Electoral Claudette Singh, para presentar el informe conclusivo tras el reconteo de votos que darían la victoria a la alianza opositora. Lowenfield optó por elaborar un informe que anula 115.000 votos equivalente a 25 por ciento de los votantes. El informe de Lowenfield permitiría que David Granger fuera reelecto.

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La negativa de Granger para reconocer su derrota logró la inusual coincidencia de posiciones de EE. UU. y gobiernos de izquierda asociados con Cuba.

En una rueda de prensa el 01JUL20, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, hizo un nuevo pronunciamiento sobre Guyana porque “han pasado cuatro meses desde la elección de Guyana”. Resaltó que “CARICOM y la OEA ya han certificado los resultados del recuento”.

Pompeo pidió que se continuara el proceso de anuncio de los resultados con base en ese recuento y advirtió nuevamente que EE. UU. procederá a aplicar sanciones en caso de imponerse una salida fraudulenta. “He dado instrucciones a mi departamento para garantizar que quienes minen la democracia de Guyana rindan cuentas”.

Desde la acera izquierdista del continente, el entrante presidente de Caricom, Ralph Gonsalves de San Vicente y las Granadinas, quien es un leal aliado del régimen cubano y habitué del palacio presidencial en Caracas, también se ha pronunciado contra el fraude que se estaría produciendo en Guyana.

El 10JUN20, Gonsalves afirmó durante una entrevista “estoy satisfecho de que Caricom no se quedará de brazos cruzados y observará el recuento que se realizó correctamente para que los resultados se descarten” y agregó que “no toleraría que nadie robara una elección” en Guyana. El 01JUL20, durante una teleconferencia de mandatarios de Caricom para el cambio de mando, Gonsalves se refirió a Guyana apoyando la línea seguida por su antecesora la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, quien en las últimas semanas fue blanco del gobierno guyanés por su insistencia en que sean reconocidos los resultados electorales avalados por Caricom y la OEA.

Diarios Las Américas 

 

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