La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo en el cual se declaró como «oro de sangre» a la extracción ilegal en Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
En sesión ordinaria virtual, el diputado Francisco Sucre (VP-Bolívar) indicó que este sería el quinto acuerdo que se presenta en la Asamblea Nacional, sobre la explotación ilegal del oro en el Arco Minero del Orinoco.
Explicó que es necesario explicarle a las empresas y los países fronterizos, «que ese oro está financiando la corrupción y contraviniendo la Constitución».
Además señaló que con la explotación del oro casi el 50% de los trabajadores, son menores de edad y ha habido un aumento del tráfico sexual en adolescentes.
El diputado Rachid Yasbek (PJ-Bolívar) expresó que mensualmente se extraen más de 3 mil kilos mensuales de «oro de sangre» y que ese dinero que se obtiene no va a las arcas del país.
Además la situación ha generado asesinatos en la zona y que hay una «guerra» entre la guerrilla, los llamados sindicatos con la venia de la Fuerza Armada Nacional.
Asamblea Nacional denuncia internacionalmente
En el proyecto de acuerdo aprobado por los diputados opositores, se establece denominar como «oro de sangre» a la extracción ilegal y queda prohibida su venta, comercialización y circulación en todo el territorio nacional, «así como su exportación en contravención del ordenamiento jurídico».
Igualmente establecen que se debe notificar a la comunidad internacional sobre esta declaratoria de «oro de sangre», con el objetivo de alertar sobre la ilicitud de los negocios realizados en torno a ello.
Además notificarán formalmente a los países fronterizos con Venezuela, para que puedan ejercer el control sobre los productos y materiales «que están siendo traídos a través de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales, con destino al Arco Minero».
Los parlamentarios ratificaron a las empresas públicas y privadas que han participado en la explotación del oro en el Arco Minero «que los actos realizados por el Poder Ejecutivo usurpado por Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019 son nulos. Por lo que las autorizaciones, contratos o concesiones que hayan sido otorgados por el régimen usurpador para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional son inexistentes jurídicamente y como tal serán declarados una vez cese la usurpación del poder ejecutivo».
