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Entre los bloqueos y los apagones, los venezolanos están prácticamente desconectados

EL PASADO 30 DE ABRIL, a las 5:46 de la mañana, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, publicó en sus redes sociales un vídeo dando inicio a la llamada “Operación Libertad” pidiendo apoyo a las fuerzas armadas para lograr el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro y llamando al pueblo a la calle. Mientras tanto, en muchos hogares venezolanos se desconocía lo que sucedía en las redes. Ningún canal de televisión nacional transmitió la información hasta horas después.

Cable News Network (CNN) y la televisora de Reino Unido British Broadcasting Corporation (BBC) fueron sacadas de la parrilla de programación de las cableras venezolanas la misma mañana del 30 de abril.  También la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó la salida del aire de la emisora radial Radio Caracas Radio (RCR) durante ese día. Todo por transmitir las protestas que se desarrollaban tanto en Caracas como en el interior del país tras el llamado de Guaidó.

La gente se preparaba para ir a sus trabajos o iniciar actividades escolares sin saber lo que sucedía ya que plataformas como Twitter, Periscope, SoundCloud, Bing y YouTube comenzaban a ser bloqueadas y no podían verse a través del Internet proporcionado por la estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

El servicio solo fue restituido 15 horas después del inicio de los bloqueos, exactamente  20 minutos antes de la alocución de Nicolás Maduro en horas de la noche; según reportó el observatorio de Internet NetBlocks, con sede en Europa.

 

No es la primera vez que el país queda desconectado, pero por razones distintas a las del bloqueo político. El jueves 7 de marzo, a las 4:55pm, Venezuela se quedó en silencio. Una interrupción del servicio eléctrico generalizada trajo consigo la pérdida de gran parte de la conectividad de Internet en el país durante los cuatro días que duró el apagón, según NetBlocks.

Posteriormente, el 25 de marzo, a las 5 de la tarde, se registró un segundo apagón generalizado y con él una caída de las telecomunicaciones con sólo 38% de conectividad en el país.  El viernes 29 y el sábado 30 marzo se registraron otros dos cortes de energía que se extendieron en algunas zonas del país hasta por dos días.

Ante la crisis de energía eléctrica, el domingo 31 de marzo, Nicolás Maduro, anunció el inicio de un plan de racionamiento eléctrico que duraría 30 días. Sin embargo, los días pasaron y aún el interior del país sufre apagones de hasta 10 horas diarias, afectando evidentemente las comunicaciones.

En redes sociales, desde el interior del país han reportado que pueden mantenerse conectados por algunas horas cuando no hay servicio eléctrico debido a algunas antenas repetidoras de las telefonicas Digitel y Movistar que tienen baterías de larga duración. Pero dependerá de la zona. Los servicios de llamada y mensajería instantánea también se han visto afectados por los apagones.

“Digitel está restringido a pocas zonas. Me va mejor con Movistar, pero también tiene períodos en que oscila entre el “sin servicio “ y un muy precario LTE”, comenta Loly Añez Moreno desde Maracaibo.

Las limitaciones al servicio eléctrico no han sido los únicos obstáculos para la conectividad. Desde marzo, Netblock ha venido denunciando nuevos bloqueos por parte de Cantv a los servicios de búsqueda en internet Google y Bing.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela reportó que sólo durante el mes de marzo se registraron un total de 17 casos que afectaron los derechos digitales de periodistas y ciudadanos en Venezuela.

Netblock también ha reportado recurrentes restricciones a redes sociales como Instagram y Periscope cuando  Juan Guaidó se dirige al país. Inclusive el 15 de abril se reportó un bloqueo de las plataformas de streaming mientras el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, hablaba desde Colombia.

A medida que pasan los días, los cortes de luz parecen ir en incremento así como la censura en la web dejando a los venezolanos desconectados y en oscuridad.

 

Protestas de 2019: Represión en manifestaciones nocturnas dejan más muertos en menos días
De acuerdo con cifras registradas por Runrun.es, el balance de víctimas asciende a 33 personas. Distrito Capital encabeza la lista con nueve caídos

@loremelendez

Entre el 21 y el 24 de enero, al menos 33 personas murieron en Venezuela en medio de la represión a las manifestaciones de calle que repudian el gobierno de Nicolás Maduro. La cifra comprueba que el amedrentamiento y los ataques a quienes protestan han sido más letales que en 2017, cuando ese número de víctimas solo se alcanzó luego de 25 días de conflicto. En este caso, solo pasaron 4 jornadas.

Buena parte de las muertes ocurrieron en la noche, momento en el que se desatan las protestas en las zonas populares. Así ha sido en Distrito Capital, donde todas ocurrieron después de las 8:00 pm.

En la capital del país, los últimos casos reportados son los de los mototaxistas Kevin Antonio Cárdenas y Luis Alberto Martínez, de 22 y 32 años de edad, respectivamente. Ambos recogían agua en la calle la noche del 23 de enero, cuando un grupo de jóvenes que protestaba comenzó a correr por la represión de los cuerpos de seguridad. Un comerciante de la zona. que tenía su local abierto, pensó que la muchedumbre venía hacia él para saquear su negocio y así comenzó a disparar. Los hombres cayeron al suelo con varios impactos de bala.

Bolívar es el segundo estado con más muertes: 7 en total, todos ocurridos en medio de la noche. A las cuatro víctimas reportadas anteriormente, se sumaron los caso de Yeskarly José Gil Martínez, de 25 años, y Adán Pérez, de 45, quienes murieron durante saqueos en Ciudad Guayana entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de enero. En Ciudad Bolívar, capital de la entidad, cayó Luis Pérez, un adolescente de 16 años.

Las cifras recolectadas por Runrun.es fueron extraídas de reportes de la prensa nacional y de organizaciones no gubernamentales, así como información policial y testimonios de los familiares de los caídos.

En Barinas, tercer estado con mayor cantidad de homicidios en las movilizaciones contra Maduro, la manifestación del 23 de enero dejó cuatro víctimas fatales. Mientras, en Portuguesa dejó tres: Juan Rafael Medina Torres y

Enmanuel Zambrano, de 19 años, y Jhonny Jesús Pacheco Vega, de 23. Los tres murieron durante las marchas del 23 de enero en Guanare.

Amazonas, Táchira y Monagas tienen, cada una, dos víctimas. En esta última entidad murió el único uniformado de la lista: el sargento segundo de la Guardia Nacional, Pedro Díaz. En Miranda, Sucre, Vargas y Yaracuy se registra, hasta el momento, un caído por estado.

Termómetro de la Calle: La protesta por el pernil se cocinó sin gas doméstico

De las 466 protestas registradas al cierre de 2018, en diciembre, más de la mitad estuvieron empujadas por la falla en la entrega del pernil que prometió Nicolás Maduro. Fueron 290 manifestaciones a escala nacional, según El Termómetro de la Calle, que dejaron incluso mutilaciones. Pero no basta con tener la carne, no tener gas para cocinarla también originó reclamos

 

Infografías: Elsy Torres

Fotografías: Rayner Peña

 

“ESTE AÑO NO VAMOS A FALLAR CON EL PERNIL. Este año viene el pernil completo, grande y gordote para todos los Clap del país”. Esa fue la promesa que, a 60 días de Año Nuevo 2019, hizo Nicolás Maduro a los venezolanos. Pero, el pernil no llegó y las calles se encendieron en protestas en todo el país por quienes reclamaban su pieza y los que se quejaban de que la recibieron picada, fileteada u obtuvieron pollo o medio cartón de huevos como reemplazo.

A la crisis de servicios públicos que se evidencia en toda Venezuela mediante las protestas de calle, se sumó un motivo antes de finalizar 2018. “Dame mi pernil” se hizo consigna en varios rincones del país y la indignación aumentó mientras se divisaban en el panorama declaraciones filtradas como “el comandante anunció la entrega porque era necesario, había que sacar a la gente a votar” o videos como el registrado en el estado Portuguesa que mostraba montones de piezas de porcino descompuestas, un día antes de que terminara el año.

De hecho, 62% de las manifestaciones registradas por El Termómetro de la Calle en diciembre 2018 tuvieron un solo protagonista: la entrega incompleta de perniles, siendo el caso de 290 de las 466 protestas de todo el mes.

 

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El cierre de vías fue la manera de reclamar por la comida

 

Los estados andinos fueron los más desencantados. Táchira fue el que tuvo mayor conflictividad por esa causa, encabezando la lista y por lejos, con 83 pleitos, casi tres protestas por día. Le siguió Mérida con 53 manifestaciones. En Barinas y Trujillo sumaron 44, respectivamente.

En esa última entidad fue donde el gobernador Henry Rangel Silva dijo el 12 de diciembre que “hay gente que nunca ha comido pernil y ahora protestan porque no llegan. Uno por un pernil no puede entrar en una crisis existencia innecesaria”. En aquella declaración, ocurrida en su programa semanal Al día con Rangel Silva, también afirmó: “pueden cerrar las calles pero más perniles no van a llegar porque no hay en el país”. Allá vive Mayra Linares, quien reclamó que en su comunidad pagaron 350 bolívares por seis filetes de cochino. A esta zona andina llegó solo 30% del producto requerido.

El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores, evidencia que, fuera de los territorios andinos, Zulia acumuló 48 reclamos por pernil, siendo a escala nacional la tercera entidad que más reclamó. Con mucha menor cantidad, estuvieron Miranda y el Distrito Capital, pues en la capital del país tampoco hubo pernil gordo para todos. Un caso curioso es el de Amazonas, donde se registraron 12 manifestaciones por las fallas con el pernil, siendo un aumento de 21% con respecto a su promedio del resto del año.

Pero no fue el único problema. Muchos de quienes recibieron la proteína se enfrentaron a otra realidad: la ausencia de gas. La falla en ese servicio fue la segunda causa de protestas durante diciembre de 2018, alcanzando el 14%.

 

Protestas pernil 2018

 

José Antonio fue uno de esos seguidores que se cansó de esperar por el cumplimiento de esa promesa. Espero tanto que el 31 de diciembre, ya convencido de que no tendría su pernil, salió a las calles de su pueblo para pedir la ayuda de los vecinos y lograr reunir lo necesario para darle de comer a su familia en la noche de Año Viejo, donde años atrás era una costumbre comer hallacas y cochino.

“Yo esperé porque de verdad tenía la esperanza de que me dieran mi pieza. En la casa las niñas y mi mujer estaban contando con eso, íbamos a hacer unos bollitos de hoja de maíz y nuestro cochino, pero no llegó. Al final los del Consejo Comunal nos hicieron esperar hasta el 31 a mediodía y nos decían que no perdiéramos la fe, pero en la espera hasta hambre le dio a la gente en la casa y se comieron los bollitos, entonces nos quedamos sin nada”, contó este habitante del municipio San Casimiro, una población del Sur de Aragua, donde hace tres meses que no llega la caja de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

En la casa de José Antonio, esa noche del 31 prefirieron acostarse a las 9 pm para escapar del hambre y de la tristeza que les produjo no tener cena para recibir el año. “Me duele porque eso es lo que va a recordar mi niña de seis años, que yo sufrí para perseguir un pernil y que nunca llegó, que nos acostamos sin comer, que lleva dos años sin cena de 31. Esas cosas duelen y yo no sé porque tienen que jugar con uno, yo le había prometido que este año que pasó si íbamos a comer pernil el 31”, contó.

 

La fuerza pública trató de contener los reclamos

 

Mesas vacías y sangre derramada

Perder la mitad de un dedo, eso le costó a Angélica María Díaz Morelos la discusión con una vecina de su comunidad por el pernil. La poca existencia del rubro, la desigualdad en la repartición y los mecanismos condicionados para la entrega del alimento propiciaron todo tipo de situaciones esta Navidad de 2018.

Aunque se niega a hablar por temor, y porque hay un proceso legal abierto en el caso, el de Angélica fue un suceso conocido en todo el país. Los vecinos del sector El Plan, callejón San Guillermo del barrio La Alcabala, en Petare, recuerdan el hecho y lo reviven con facilidad. Cuentan que la pelea inició tras el sorteo de los 400 perniles que llegaron a San Guillermo para ser repartidos entre más de 3.000 familias inscritas dentro de la Comuna “4F”, que agrupa 18 consejos comunales y tres colectivos de todo Petare.

El mediodía del 7 de diciembre, Angélica se dispuso a repartir “solo entre chavistas” el pernil, cuando sus vecinas más cercanas se quejaron de que además les tocara media pieza, pese a ser un grupo numeroso. Quienes presenciaron el hecho se niegan a dar sus nombres por temor a ser agredidos en un barrio tan peligroso, pero cuentan que una ciudadana llamada Alejandra María Torres Ramírez agredió a la otra mujer con apoyo de algunas familiares y terminó mordiendo y arrancando con su propia boca un trozo del dedo de Angélica.

El parte policial refiere que la agredida sufrió “amputación traumática de tercera falange del dedo medio de la mano derecha”. “Al final se quedó sin parte de su dedo por pelear por ese pernil que ni siquiera era de ella”, reflexiona un residente de San Guillermo. La agresora estuvo detenida solo 72 horas y ahora tiene régimen de presentación. Mientras, en la comunidad siguen las riñas por la comida de los Clap que “es repartida solo para los que son chavistas, para los que abiertamente se muestran seguidores de Maduro y tienen su carnet, al resto no nos toman en cuenta”, tal como contaron.

 

Protestas pernil Andes

 

Esmery Rodríguez es vecina del 23 de Enero, la parroquia bandera del chavismo en Caracas. Fue una de las más de 60 personas que se apostaron el 30 de diciembre en Miraflores para gritar “El 23 de Enero reclama su derecho” y exigir a Nicolás Maduro la entrega completa del pernil y las cajas del Clap que solo llegaron a un limitado grupo de la comunidad. A los vecinos los sacaron de las calles con la promesa de que una comisión de Vicepresidencia se ocuparía de entregar la carne, pero nunca ocurrió.

También hubo reclamos por malos manejos y privilegios. “Es indignante escuchar a los delegados decir que la persona que no tenga el dinero para ese momento se queda sin el beneficio y que ese delegado se quede con su caja o su pernil… Cómo van a lograr acabar con las mafias, si las personas a las que se confía la administración toman parte en los abusos”, se preguntó Keyna Cáceres, una vecina de El Valle, donde el producto cárnico fue repartido “entre gallos y medianoche”.

Según dijo, en los Jardines de El Valle el trozo de cochino se otorgó solo a los censados por el Clap, a quienes “pusieron a correr, haciendo transferencias y pidiendo ayuda a todos los vecinos para no perder el bendito pernil”. Fue una situación similar a lo vivido por la gente del kilómetro cinco de la Panamericana, donde hubo quienes obtuvieron el producto a las 11:20 de la noche del 31 de diciembre.

La protesta por el pernil fue un grito ahogado por otros dramas que viven los venezolanos, pero dejo expuesta la inconformidad de un pueblo por el gobernante rompió otra promesa.

 

Las mujeres llevaron la batuta de las protestas

 

 

Termómetro de la Calle: La falta de “amor mayor” llevó a los pensionados a tomar las calles
De enero a noviembre de 2018 se registraron 169 manifestaciones de calle protagonizadas por pensionados que reclamaron pagos completos y respeto a los compromisos adquiridos. Los jubilados que entregaron su vida al trabajo se sienten menospreciados y socavados en sus logros contractuales

Texto: Génesis Carrero Soto | Infografías: Elsy Torres

 

“NUNCA COMO EN ESTE GOBIERNO A LOS VIEJOS NOS HA TOCADO PARARNOS DE LAS MECEDORAS para ponernos los zapatos y salir a la calle a reclamar una vejez digna”. En ese comentario de Antonio Gutiérrez está inmerso el sentir de muchos de los hombres y mujeres venezolanos que superan los 60 años de edad y que ahora gozan de una pensión, bien sea por su trabajo de años, o por alguno de los programas de ayuda del Gobierno venezolano.

Durante 2018 se han registrado al menos 169 protestas, hasta noviembre, que involucran a pensionados de todo el país, de acuerdo a los datos de El Termómetro de la Calle, un monitor de protestas realizado en alianza entre Runrunes, El Pitazo y TalCual con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores. La mayoría de estas quejas públicas obedecen al pago de las asignaciones correspondientes al programa de En Amor Mayor, con 81 protestas hasta noviembre, lo que representa el 47,93% del total.

Y, aunque estas protestas se han registrado durante todo 2018, tienen un repunte importante en el mes de septiembre cuando los trabajadores de empresas públicas salieron a las calles en 43 ocasiones con cierres de vías públicas y tomas simbólicas de sedes institucionales para reclamar pagos pendientes o desmejoras que se dieron como producto de la reconversión monetaria decretada por el presidente Nicolás Maduro.

Los pensionados, esos que obtuvieron sus compensaciones de vejez luego de años de trabajo en empresas del Estado, empezaron el año reclamando sus derechos, y aunque se registró un bajón en el segundo trimestre del año, el aumento salarial, los cambios en la economía venezolana y la falta de efectivo para pagar las pensiones dispararon las cifras de nuevo.

Los primeros días del mes de septiembre fueron los más caldeados. Los reclamos de este sector, que esperaba poder cobrar en efectivo, no se hicieron esperar. En tal sentido, se registran 65 protestas por esta causa dentro del rango de los trabajadores inactivos, cifra equivalente al 38,46% del total de manifestaciones de este sector.

“Somos pensionados, no bachaqueros”, fue una de las consignas más escuchadas en la capital venezolana el seis de septiembre, cuando los beneficiados de Amor Mayor y del Seguro Social tomaron en los alrededores de la plaza de La Moneda en el centro de Caracas. “Nosotros no vendemos efectivo como dice Maduro. Somos unos viejos y lo único que tenemos es esa pensión y en este país cuando no tienes efectivo todo cuesta hasta el triple entonces el dinero no alcanza para nada”, fue el comentario de Virginia Rojas, una abuela de 79 años, presente en la manifestación de aquel día.

Los abuelos se quejaban de la medida de algunos bancos de solo pagar el 10% de la pensión que entonces era de 1.800 bolívares soberanos. Antonio Gutiérrez recuerda esa ocasión y asegura que es parte de esa “vejez indigna” que les ha tocado vivir. “Ser viejo en esta tierra no es cosa de Dios. Nos denigran, nos tratan como gente inservible, nos creen pendejos y nos quieren tratar como si nos dieran migajas, como si esas pensiones no fueran el resultado de años de trabajo para los gobierno de este país”, dice este pensionado que durante 45 años fue obrero de un liceo público de Petare, en Caracas.

Viviendo la ñapa

En Venezuela hay 3.073.338 personas incluidas en el sistema de pensiones, lo que representa 10% de la población nacional actual, de acuerdo con datos aportados por el Gobierno nacional.  De esta cantidad, 551.549 venezolanos corresponden a la Gran Misión En Amor Mayor, creada en diciembre de 2011 para incluir a personas que no habían cotizado ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Manuel Martínez, secretario general de la Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de Telecomunicaciones (Fetrajuptel), aseguró que los jubilados están en las calles, preocupados por su futuro y disgustados por “los abusos”  del Gobierno y sus empresas. Martínez recordó que es imposible desmejorar y “echar atrás” los beneficios ya adquiridos y aseguró que su queja busca que sean respetados los contratos colectivos que dignifican la figura del jubilado y le otorga similares beneficios que los de los trabajadores activos en la primera escala salarial.

Martínez resalta que la protesta no se limita solo a la capital y como ejemplo de ello da cuenta de las tomas simbólicas de sedes de instituciones públicas que han realizados los trabajadores jubilados durante el mes de septiembre y de octubre y que suman, de acuerdo a su conteo personal, al menos siete solo del sector de telecomunicaciones.

Y, en concordancia con las cuentas de Martínez, El Termómetro de la Calle registra los meses de septiembre, julio, marzo y enero como los más activos en cuanto a protestas para el sector de los pensionados y jubilados, con 43, 29, 28 y 20 manifestaciones de calle respectivamente en esos meses. Estas manifestaciones se dieron con mayor fuerza y volumen en Distrito Capital, con 29 ocasiones hasta noviembre, el Zulia con 23, 17 en el estado Bolívar, 14 en Anzoátegui y Mérida, y 10 en Miranda y Táchira.

Pero, pese a todas las protestas y las quejas visibles de los adultos mayores venezolanos, el Ejecutivo no ha brindado una respuesta. Los pensionados siguen haciendo colas kilométricas para cobrar y algunas veces no les entregan todo el efectivo; los trabajadores jubilados no reciben respuesta del Ministerio del Trabajo, aún y cuando las quejas del sector laboral en esta condición representan 10,65% de las protestas del grupo.

Enrique Castaño, jubilado de Cantv, concluye: “el problema es justamente que nos creen ciudadanos de quinta y eso no es así. Con 33 años de servicio me gano un sueldo mínimo y la quincena no me alcanza ni para comprar un kilo de queso. Yo no siento que en este país le importamos a alguien, siento que estamos aquí solo viviendo la ñapa que nos queda”.

#MonitordeVíctimas: La policía es responsable de la mitad de los homicidios entre junio y agosto de 2018

DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018 se reportaron 368 casos de homicidio, 22% menos en comparación al mismo período en 2017. El municipio Libertador sigue registrando el mayor número de muertes violentas en el Área Metropolitana de Caracas, durante estos tres meses hubo 269 casos, es decir, que 7 de cada 10 homicidios ocurrió en esta zona.

Del total de muertes, 50% están relacionados con violencia policial. Durante estos tres meses hubo 184 homicidios en manos de la policía, aumentando 15% con respecto a junio, julio y agosto de 2017, en los que Monitor de Víctimas reportó 160 casos. El primer móvil de muerte se debe a ejecuciones. En el trimestre de 2017 hubo 60 casos, mientras que en 2018 se duplicó la cifra para un total de 120 ejecuciones.

En cuanto a las parroquias, Petare es donde se registró mayor número de homicidios en la vía pública concentrando 15% de los casos, 34 muertes violentas. Además, esta parroquia fue la zona más violenta en cuanto a violencia policial, durante estos tres meses 55% de las muertes se le atribuye al Estado.

Otra de las cifras alarmantes son las relacionadas a los jóvenes. Este trimestre se registraron 207 homicidios a personas menores de 30 años, de ellos 28 eran menores de edad. De estos menores, 40% fue asesinado en manos de la policía.

 

Termómetro de la Calle: Escasez en anaqueles empuja el hambre pero diminuye los saqueos

De los 222 saqueos ocurridos en los primeros 10 meses del año, la mitad se concentró en Bolívar y Guárico. El 72% de los eventos ocurrieron en el mes de enero, y desde entonces hubo una tendencia a la baja, mientras los índices de hambre se acentúan y los de desabastecimiento se mantienen altos. Los comercios más afectados fueron los de venta y distribución de alimentos y productos básicos, y muchos no volvieron a abrir sus puertas

 

Autor: Víctor Amaya y Daniel Acosta 

Infografías: Juan Carlos Hernández

 

AL CIERRE DE OCTUBRE DE 2018 LOS SAQUEOS e intentos de saqueos disminuyeron al mínimo, una tendencia a la baja desde los abultados números a comienzos de año.  En enero la realidad era otra. Había hambre y pocos escrúpulos. Tan solo el 11 de enero el diputado Carlos Paparoni denunció que un grupo de personas ingresó a la Hacienda Miraflores en Palmarito, estado Mérida, y mató al menos 300 reses. “La crisis del hambre está golpeando muy duro”, lamentó el parlamentario entonces.

Ese mes de enero hubo un total de 160 saqueos, según el registro de El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores. Se trata del 72% de todos los saqueos ocurridos durante 2018 (222), hasta el mes de octubre. Además, hubo 40 intentos de saqueo de los 55 registrados durante todo los primeros 10 meses de 2018, también 72%.

Los eventos comenzaron a partir del 18 de diciembre cuando el pernil prometido por el gobierno nacional no llegó. Es más, las cajas de CLAP no aparecían por la comarca. En Bolívar, al cierre de 2017, hubo cuatro días de protesta continua por falta de comida, incluyendo saqueos el mismo 25 de diciembre. También en Nueva Esparta unas 300 personas cargaron con tres toneladas de embutidos en Porlamar. Con la llegada de 2018 la conflictividad no disminuyó.

“En enero pegó mucho el desabastecimiento, la falta de efectivo, la falta de productos, todos factores que influyeron en que se vieran esos hechos delictivos”, recuerda Vito Venceslao, primer vicepresidente de Consecomercio. “La preocupación del país hizo que la gente se volcara a la calle a ver cómo conseguían los productos que no llegaba por la distribución del gobierno”, suma el también abogado al insistir en que “el gobierno ha acaparado todo el sistema de distribución y comercialización de productos básicos como harina, mantequilla, azúcar, aceite, pollo, carne; y viendo que no llegaba la gente se lanzaba a la calle.

Aunque los comerciantes no descartan que haya habido eventos incitado por bandas organizadas, insisten en que “quien tiene la culpa es el gobierno nacional, que controla, dicta normas, saca leyes, controla la economía y los precios” causando distorsiones. Entonces, Consecomercio estimaba que el desabastecimiento de alimentos alcanzaba el 80% a escala nacional

Ya en febrero de 2018 el dato bajó hasta 12 saqueos y cinco intentos en todo el país, una disminución de 92% con respecto al mes anterior. En marzo hubo un repunte hasta 23 y luego se estabilizó a la baja llegando a cero en mayo y en octubre.

 

 

 

En Consecomercio apuntan que la caída en ese tipo de delitos está influida por la migración. Venceslao opina que el éxodo masivo está conformado mayormente por “los estratos más necesitados, los que más sufren la debacle económica, gente de escasos recursos que vende lo que tiene para irse y ver cómo resuelve afuera”.

Pero también sostiene que el gobierno nacional ha tratado de solventar la escasez en las cadenas de distribución habituales con entrega de las cajas CLAP. “Llevan productos a las zonas más necesitadas, aunque sea desatendiendo otras”. Ello, a pesar de que “la distribución de esas cajas y bolsas CLAP no es eficiente para solventar la problemática del consumo de alimentos y productos de primera necesidad, pues no llega como se promete”. Pero algo es algo.

Según datos de la Oficina para la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), en 2017 había en Venezuela 3,7 millones de personas subalimentadas. Aún no se cuenta con datos sobre 2018, pero un reporte de Cáritas Venezuela, divulgado el 14 de septiembre, registra que entre abril y junio de este año, la proporción de niños desnutridos pasó de 78% a 65%. Alrededor de las elecciones presidenciales de mayo, entre bonos y cajas CLAP, el indicador de desnutrición aguda bajó: abril (14,1%), mayo (11,7%) y junio (10,5%), para repuntar en julio hasta 13,5%. Para el estudio, Cáritas evalúo un total de 1.446 niños menores de cinco años en siete estados del país.

En paralelo, el desabastecimiento de alimentos en Venezuela promedió 67% en los primeros seis meses de 2018, según datos oficiales de Ministerio de Alimentación a los que tuvo acceso el portal Banca y Negocios, con productos como la leche en polvo desaparecida en 97% al mes de junio de 2018 o el pollo y 82% de escasez en el mismo mes. El dato no incluye las despensas distribuidas a través de los CLAP ni ha sido confirmado por las autoridades, siendo que desde 2013 se suspendió la difusión del índice de abastecimiento nacional.

El objetivo de los saqueos ha sido negocios de venta de alimentos. Los registros de El Termómetro de la Calle indican que el 56% de los eventos ha ocurrido en comercios y tiendas, seguido de camiones que transportan alimentos (8%), supermercados y panaderías (6,3%, en cada caso), además de galpones o centros de acopio (4%). Los supermercados y mercados mayoristas han protagonizado los intentos de saqueo durante el año, hasta octubre de 2018, con 21% y 18% respectivamente.

“Más que todo tiene que ver con comida. Ocurre más en abastos, supermercados, mercados municipales en las regiones, panaderías, charcuterías…”, enumera el vicepresidente de Consecomercio. Durante el año se registraron cuatro casos de saqueos a fincas o granjas, misma cantidad que en abastos, carnicerías y licorerías.

Los focos de conflicto han estado en Bolívar (53) y Guárico (54), que juntos acumulan el 49% del total nacional. Les siguen Zulia y Trujillo, donde los casos suman el 23%. Mérida y Sucre continúan la tabla con siete saqueos en cada caso hasta llegar a Miranda que registro tres eventos. El estado Bolívar también encabeza la lista de intentos, junto a Anzoátegui, con siete casos cada uno.

“En esa entidad influye mucho lo alejado de las zonas y la poca producción que hay de alimentos. En Bolívar hay problemas de gobernabilidad, de vialidad, no hay cómo producir pero tampoco llegan los productos, no hay acceso a bienes o servicios”, retrata Vito Venceslao. “En Guárico también pasa eso, con un alto índice de delincuencia. Por allá las gandolas tienen que viajar escoltadas y cuando van vacías de regreso ruedan con las puertas abiertas para que sepan que no llevan nada”, agrega.

 

 

El primer vicepresidente de Consecomercio admite que el gobierno nacional “ha tomado algunos correctivos”, pero no son suficientes. La actuación del Estado, de hecho, ha quedado registrada en el 43,2% de los intentos de saqueos ocurridos durante los primeros 10 meses del año, 24 veces.

En ese sentido, la Guardia Nacional es la que ha tenido más trabajo, con 11 intervenciones, lo que representa 45,8% del total, seguida de las operaciones conjuntas (GN junto a Policía Nacional Bolivariana o cuerpos estadales) ocurridas en 5 oportunidades y cuatro veces que las policías regionales fueron las que respondieron. En tres oportunidades hubo presencia de los órganos de seguridad, pero los reportes de prensa no especifican cual. Destaca que en una oportunidad, participó un cuerpo parapolicial. Fue en el estado Zulia el 5 de enero durante un saqueo a un galpón de Pdval en Los Puertos de Altagracia.

En el caso de los saqueos el porcentaje es un poco más alto: 59,9% de los saqueos han resultado en el accionar de las fuerzas de seguridad. Siguiendo la tendencia, la Guardia Nacional respondió en el 81% de los casos (108 veces), seguida por las policías regionales (15) y los grupos parapoliciales (5). La Policía Nacional Bolivariana apenas entró en acción una vez.

“Aquí estamos a la suerte y a la buena de Dios. Contra este tipo de hechos vandálicos, es imposible que podamos nosotros defendernos o protegernos. La turba de gente que viene en contra del comercio de turno es imposible de controlar, la violación a las puertas, santamarías y ventanas es inevitable. El comerciante trata de tener más seguridad, blindando el local, contratando personal privado, pero eso ahora se hace muy costoso. Y contar con las policías es casi nulo porque pocos efectivos policiales”, explica Vito Venceslao.

Añade que la hiperinflación ha hecho que no se pueda contar con pólizas de seguro que se activen cuando ocurran los eventos. “Hay quienes hacen de tripas corazón, busca créditos y lo pueden hacer, pero en general es inviable comprarlas para saqueos”. No es lo único que es impagable. Dice el representante gremial que la crisis de servicios públicos ahonda los problemas. “Cuando hay apagones se contribuye a que haya problemas, sin contar que muchos equipos se dañan y repararlos es imposible o muy costoso”.

Y cuando un saqueo ocurre, no hay quien indemnice. Ni siquiera cuando el gobierno lo promete. “No cumple. No solo a lo largo de este año. Recordemos que en 2016 en Bolívar hubo saqueos (cuando se anunció la desmonetización del billete de 100 bolívares) y nadie fue indemnizado, ni tampoco se otorgaron los créditos prometidos. El gobierno debería estar consciente de resarcir daños e indemnizar para que se abran las puertas y continúe operando, porque la realidad es que cuando un comercio es saqueado, el local cierra o quiebra”.

El diputado Luis Lippa, miembro de una comisión especial de la Asamblea Nacional para abordar el desabastecimiento de alimentos, dijo el 14 de noviembre que este año se va producir 70% menos comida que en 2017. Mientras, Fedecámaras advirtió en agosto que imponer precios “acordados” incidiría en la ausencia de comida pues no se cubrían ni siquiera los costos de producción. Tres meses después de aquellos anuncios, la hiperinflación demostró inviables los montos fijados por el Ejecutivo.

La lluvia que nunca cayó, la solidaridad de los presos políticos y los casi 13 kilómetros de despedida para Albán

@franzambranor / Fotos y video: Abrahan Moncada @Monkda92

DE LA PLAZA LAS TRES GRACIAS, en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela, hasta el Cementerio del Este en La Guairita hay 12,9 kilómetros. Esa distancia fue recorrida este miércoles por cientos de personas que desafiando el sol del mediodía y la posterior amenaza de lluvia rindieron homenaje al concejal del municipio Libertador, Fernando Albán, muerto el pasado lunes 8 de octubre al presuntamente arrojarse del décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela, según versión oficial.

Minutos después de una misa oficiada por el arzobispo emérito de Caracas Jorge Urosa Savino en la capilla de la UCV, miembros de partidos políticos, familiares, amigos, estudiantes y simpatizantes de la oposición emprendieron la caminata hacia el camposanto ubicado en el municipio El Hatillo.

“Los hechos ocurridos en el Sebin con el supuesto suicidio de Fernando generan profundas dudas, porque todo detenido está bajo custodia de los órganos de seguridad”, dijo Urosa Savino en la homilía.

El diputado suplente por el estado Miranda, Gilber Caro, fue uno de los más saludados a la salida de la capilla universitaria. Caro no fue el único expreso político que asistió al homenaje. También estaban Daniel Ceballos, Renzo Prieto, Roberto Picón y el periodista Carlos Julio Rojas. Había una especie de solidaridad con conocimiento de causas con Albán, por parte de aquellos quienes conocieron al monstruo por dentro.

Caro estuvo un año detenido en el centro penitenciario Fénix en el estado Lara y habla con propiedad de abusos policiales en centros de reclusión.

“En ese edificio del Sebin de Plaza Venezuela los sótanos tienen ocho pisos, más dos niveles de mezzanina y 10 hacia arriba son 20 pisos. No sé qué hace una persona de los calabozos que están abajo en el baño de un piso 10. De los 18 meses que estuve preso nunca estuve solo, siempre acompañado por alguien”.

El lunes 8 de octubre, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, declaró sobre Albán: “Había solicitado ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10”. Ayer mientras un grupo de venezolanos marchaba hacia el Cementerio del Este, negó haber dicho que el concejal se había arrojado desde la ventana de un baño. La tesis gubernamental apunta ahora a que el miembro de Primero Justicia estaba almorzando y salió corriendo hacia una ventana panorámica.

Abriéndose espacio entre el tumulto y con una pequeña toalla en la cabeza estaba Katy Hernández. Peluquera de Albán y de sus hijos Fernando y María Fernanda cuando eran niños. “Lo conocía desde hace 30 años, éramos vecinos aquí en Los Chaguaramos. Yo ya estoy mayor, pero voy a caminar hasta el cementerio porque el señor Fernando se lo merece, era un hombre bueno”.

Una inmensa bandera de Venezuela fue desplegada y sostenida desde el punto de partida hasta la llegada por el ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, así como por los diputados Alfonso Marquina, Dinorah Figuera, Williams Dávila, Jose Gregorio Graterol, Jorge Millán y Yajaira Forero. El tricolor ondeando por los políticos siempre estuvo flanqueando la carroza que trasladaba el cuerpo de Albán y la velocidad con el que se movía rememoraba el ritmo frenético de Capriles cuando era candidato presidencial.

Después de sortear la Universidad Bolivariana y emprender la ruta hacia Bello Monte, Patricia de Ceballos caminaba junto a su esposo Daniel.

“En el Sebin torturan y eso lo sabe Nicolás Maduro. A Fernando Albán lo mataron por denunciar al régimen en la ONU”, dijo la ex alcaldesa de San Cristóbal.

“Las torturas suelen ser con electricidad y bolsas plásticas en la cabeza”, agregó. “Esto tiene que ser investigado por alguien imparcial, el pueblo ya no cree en nada de lo que diga el gobierno”.

En la avenida Miguelangel de Bello Monte, empleados de negocios aledaños abarrotaban las aceras oteando el cortejo fúnebre. “Se pasaron esta vez”, comentó un hombre frente a la sucursal de una red de licorerias. “Acaban con la gente buena, no tienen perdón de Dios”, dijo una señora mientras secaba sus lágrimas con un pañuelo. “¿Entonces se suicidó o lo suicidaron?”, preguntó otro sujeto.

Verdad y justicia: juntas y separadas

El sol no cedía y el periodista Carlos Julio Rojas alentaba a integrantes del grupo de protesta pacífica “Dale Letra”, quienes sostenían  pancartas y formaban las palabras “verdad” y “justicia”. Ya la caminata había llegado a la avenida principal de Las Mercedes a la altura del Centro Venezolano Americano.

Rojas, quien estuvo cautivo del 6 de julio al 24 de agosto de 2017 en la cárcel de Ramo Verde, coincidió con Caro en que nunca los guardias se separan de los presos políticos cuando están fuera de los calabozos.

Así estés en celda de castigo, los custodios siempre te acompañan al baño, no te dejan solo ni un segundo”.

Aseguró que mientras estuvo preso fue víctima de torturas duras y blandas. Considera que fue liberado porque organismos como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas hicieron presión.

“A mi me pusieron una bolsa en la cabeza y le echaron gas pimienta, me golpearon en las costillas. Tuve ocho días sin ir al baño y cuatro sin tomar agua”.

Hacia el final de la principal de Las Mercedes, en la avenida Veracruz para seguir a Chuao, se escucharon las notas del himno nacional. Ya el cansancio se notaba en la cara de las personas, pero el sol hizo un favor y se escondió: una nube gris amenazaba con estropear el recorrido.

A escasos metros del hotel Eurobuilding, todas las miradas se centraban en el Centro de Salud Integral Salvador Allende, estructura desolada y donde un par de obreros veían con rostro de incógnita a los marchantes, sin saber que minutos más tarde una granada estallaría en las adyacencias del recinto, producto del enfrentamiento entre funcionarios del FAES y supuestos delincuentes. Suceso que concluyó con dos fallecidos.

Cuando empezaba a subir por la avenida principal de El Cafetal, Yajaira de Forero soltó la inmensa bandera que sujetaba junto a otros colegas desde Los Chaguaramos.

Con aliento entrecortado destacó que la situación de vulnerabilidad de los presos políticos es evidente y alarmante.

“Todos sabemos que en el Sebin hay tortura física y psicológica”, indicó la cónyuge de Lázaro Forero, comisario de la extinta Policía Metropolitana que fue condenado a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002 y quien recibió medida de casa por cárcel por padecer de cáncer de próstata.

“A mi esposo lo llevaban funcionarios con armas largas a tomar el sol. Extraño que Albán andaba sin esposas y sin vigilancia”.

A medida que avanzaba la caminata en El Cafetal, gente de los edificios salía o se asomaba por las ventanas. Por la urbanización Santa Paula un par de conductores que esperaban el paso de la marcha para continuar el tránsito se bajaron de sus automóviles y empezaron a aplaudir. La nube gris seguía arriba, amenazando.

Saliendo de Libertador y terminando en El Hatillo

Frente al centro comercial Plaza Las Américas la caminata hizo una parada. Había que tomar aire porque aún faltaba una cuesta hacia La Guairita. Se acababa el municipio Baruta y venía el de El Hatillo.

Renzo Prieto era de los que apoyaba la estrategia de apurar el paso antes que comenzara a llover. “Si Albán se lanzó al vacío o lo lanzaron, para mi ambas cosas son homicidio. Cuando uno está preso es responsabilidad del Estado”, dijo.

Prieto estuvo 4 años y 23 días detenido en la sede del Sebin en El Helicoide. Nunca fue torturado físicamente, pero presenció escenas que no desea recordar. “El Sebin es el reflejo de la maldad pura, la escalada de violencia parece no tener límites”.

Al diputado, que fue electo mientras estaba en prisión en 2015 y juramentado en junio de este año luego de recibir un beneficio procesal por parte de la anc, le parece llamativo que un preso tome la determinación de acabar con su vida en un lapso tan corto. “Apenas tenía 48 horas detenido, porque lo agarraron el viernes y murió el lunes, ni siquiera lo habían presentando en tribunales. No digo que no pueda ocurrir, pero es sumamente extraño”.

La carroza fúnebre se detuvo en la entrada del Cementerio del Este, integrantes de otro cortejo se pararon a mirar, empleados del camposanto, taxistas, motorizados, todos hicieron silencio y de nuevo, y esta vez espontáneo, el himno nacional.

La parcela Q fue la destinada para albergar el cuerpo del concejal del circuito 3 del municipio Libertador.

Después de elevar varias plegarias, el presbítero de la Universidad Central de Venezuela pidió un minuto silencio. El abogado Eduardo Torres, amigo y colega de Albán, leyó un comunicado de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la UCV: “Consideramos que la declaración del fiscal designado por la anc es  imprudente”, dijo.

También leyo unas palabras enviadas por Meudy, viuda de Albán, y sus hijos Fernando y Maria Fernanda. El trío no pudo venir al país. Residen en Estados Unidos y actualmente tramitan un documento que les permita estabilizar su estatus migratorio.

“Nos enseñaste valores importantes para la vida, fe, justicia, verdad, responsabilidad, trabajo, humildad y caridad…Siempre creíste que nuestro país saldría de esta dictadura y luchaste por ello”.

Los padres de Albán, Fernando y Amparo Salazar, se mantuvieron de pie frente al foso donde yacía el ataúd envuelto en una bandera de Primero Justicia con el cuerpo de su hijo. “Me lo mataron”, dijo ella. “Hasta luego hijo, te amamos”, se despidió él.

La lluvia que amenazó a mitad de camino y que colapsó otras zonas de Caracas nunca cayó.

Termómetro de la Calle: Gobierno venezolano responde protestas por hambre con plomo

Pensionados y GNB EFE: A los pensionados también les mandan a la Guardia

De las 4.228 protestas ocurridas en entre enero y el 15 de septiembre de 2018, 269 han sido reprimidas por organismos de seguridad del Estado o grupos parapoliciales. Dentro de este ranking, los más atacados fueron los reclamos por comida y las entidades donde se registró más represión fueron Distrito Capital, Barinas y Zulia

 

Génesis Carrero Soto | Daniel Acosta

Infografías: Juan Carlos Hernández

SI BIEN LA REPRESIÓN POR PARTE DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD contra quienes protestan durante 2018 no tiene comparación con la violencia generada en las manifestaciones de 2017, hay una variante fundamental: este año los cuerpos de seguridad obviaron la queja política casi completamente para concentrarse en dispersar, prohibir y reprimir las quejas de índole social.

De las 4.228 protestas ocurridas en 2018, hasta el 15 de septiembre, 269 han sido reprimidas por organismos de seguridad del Estado, el 6,36%. Los reclamos por comida, referidos a escasez o a problemas en la entrega de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron las más atacadas. De las 290 protestas registradas durante el período, 59 fueron respondidas con violencia (20,3%).

Le siguen las manifestaciones por problemas en el suministro eléctrico, con 57 de 434 protestas reprimidas (13,1%), y luego las de índole político con 9,9% del total; es decir, 36 de 363.

 

 

Las cifras, aportadas por El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores, son solo números que reflejan lo que Jonnys Urrieta y su hermano vivieron en carne propia cuando la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y PoliLara arremetieron contra su comunidad con golpes y perdigones para intentar llevarse a Jonnys a “quién sabe dónde”.

Yogore, un caserío del municipio Morán en el estado Lara, es el asentamiento donde viven los Urrieta y en el que toda la comunidad vivió el terror el pasado 24 de abril. Ese día, funcionarios de la PNB agredieron a los vecinos que habían trancado la vía Barquisimeto-Quíbor que conecta con El Tocuyo desde el día anterior a las 6:00 PM, para reclamar que tenían más de tres meses sin recibir la bolsa de alimentos del programa social del Estado.

“Estábamos protestando desde la tarde anterior y como a las 6 de la mañana llegaron los policías, dijeron ‘¿tú eres Jonnys?’ y trataron de llevarme preso. La comunidad lo impidió, pero el más agredido fue mi hermano, que le dieron un tiro de perdigones de goma en las dos piernas y le hicieron 38 puntos de sutura por las perforaciones. A mí, además de golpearme, me robaron un bolso donde tenía los sellos del Consejo Comunal, del CLAP y de la Ubch de la que soy vocero principal”, cuenta Urrieta.

En la zona “la policía actuó con saña y rabia”, relata Lisbeth Rodríguez, otra de las vecinas de Yogore. Afirma que “ellos (la PNB) golpeaban a todo el mundo, las mujeres también fueron agredidas, mi sobrina estaba embarazada y le dieron una cachetada… La policía nunca había actuado así, ellos mismos decían que traían orden de la Almirante. Ella, la gobernadora (Carmen Meléndez) y que fue la que los mandó”.

Le represión le costó a Jonnys mucho más que moretones y el mal recuerdo. Enfrentarse a los cuerpos de seguridad fue una marca que sirvió para que posteriormente le quitaran la coordinación del programa Manos a la Siembra, con el que trabajaba en seis escuelas del municipio larense.

Hoy, en Yogore las neveras siguen vacías y las cajas CLAP que llegan tienen gusanos y productos en mal estado, tal como lo denuncian sus vecinos. Pero ellos no han vuelto a las calles a reclamar. “El pueblo de Yogore es de los más fuertes y no dudo que pronto vamos a volver a salir”, dice Elizabeth Rodríguez, otra de las mujeres que presenció aquella mañana de violencia y persecución.

“Sin guardar las apariencias”

De acuerdo a la data de El Termómetro de la Calle, es la Guardia Nacional (GNB) el ejecutor de la mayor cantidad de acciones violentas para disuadir protestas en todo el país. El cuerpo castrense es responsable de casi el 45% de las acciones represoras registradas. Le sigue la PNB con el 16%, las policías regionales (12,6%) y operaciones conjuntas entre varias cuerpos del Estado (8,9%). Destaca la enorma participación que tienen grupos parapoliciales (colectivos, civiles armados), que incluso llegan a operar en conjunto con uniformados.

Al respecto, Carlos Patiño, coordinador de Exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), recuerda que no solamente los uniformados son represores. “Una práctica común ha sido la de reprimir en conjunto cuerpos de seguridad con civiles armados, también llamados colectivos paramilitares, para pretender zafar al Estado de responsabilidad directa. Sin embargo, en los operativos de seguridad como los de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) se reprime a los más pobres en los barrios sin mucho protocolo de guardar las apariencias”.

Patiño explica que la de este año es “una represión más selectiva”, a diferencia de la de 2017, cuando “hubo una rebelión popular y era más generalizada”. El balance de Provea al respecto refiere que los cuerpos de seguridad han incumplido con la tarea de brindar entornos seguros a los manifestantes. Provea ha documentado en apenas seis meses y medio (de enero a julio de 2018) el asesinato de quince personas en protestas por alimentos y/o servicios públicos, de los cuales al menos seis son responsabilidad “clara” de agentes de la fuerza pública.

De acuerdo a Provea, 14 de las víctimas fatales que dejaron de saldo las protestas del primes semestre de 2018, murieron por impactos de bala, y una por el golpe de un objeto contundente. “Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia, 215 personas han fallecido en el contexto de manifestaciones en el país. En cinco años y medio de gobierno, Maduro acumula la más alta cifra de personas muertas en protestas desde el año 1990”, expone el balance de la organización.

Entre los casos documentados por Provea está el del joven José Alberto Materán Valero, de 19 años, asesinado el pasado 9 de enero por un impacto de bala durante una protesta por alimentos en la población de Guanare, (Portuguesa), que fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. En esa manifestación también resultó herido de bala César Antonio Torres Fernández.

Otro de los casos que resalta del informe de Provea es el de Anderson Luis Oliveros Núñez, un menor de 15 años asesinado el 23 de abril mientras participaba en una protesta contra la interrupción del servicio eléctrico en la Circunvalación 3, cercano al barrio La Antena, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Oliveros fue impactado por una bala presuntamente disparada por un conductor que transitaba por el sector.

Todos estos fallecimientos se dieron en el contexto de reclamos de índole social, motivados por fallas en el servicio de agua, de luz o por falta de alimentos. Patiño asegura que la represión, más que algún patrón, responde a la intolerancia a la crítica y la disidencia del gobierno de Nicolás Maduro.

“Históricamente en Venezuela predominan las protestas sociales, laborales, por servicios públicos y de ese tipo, salvo en 2014 y en la rebelión de 2017 cuyos ciclos de protestas fueron políticos. En 2018 la crisis económica y social obliga a los ciudadanos a manifestar por sus derechos, pero aisladamente, sin conducción política la cual está muy debilitada. En consecuencia, al predominar la protesta social, esta es reprimida”, opina Patiño.

En este contexto, El Termómetro de la Calle precisa que las entidades federales con mayor represión hasta el momento son el Distrito Capital, con 54 protestas atacadas, Barinas con 33 y Zulia con 30.

La ley es letra muerta

El artículo 68 de la Constitución venezolana establece que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. La Carta Magna contiene al menos dos artículos más que respaldan el derecho a protestas sin permiso previo y pacíficamente.

Pero, “¿qué pasa cuando a uno le quitan ese derecho? Uno se queda en el aire porque te quitan esa posibilidad de quejarte, de que los demás se enteren que algo está mal”. El cuestionamiento lo hace Henry Mayora, un abuelo agredido el pasado 1 de septiembre en una protesta en la avenida Urdaneta, en pleno centro de Caracas, cuando funcionarios de la PNB lo empujaron, halaron y agredieron verbalmente.

“Estamos allí y dejábamos pasar ambulancias y emergencias. La protesta era muy buena y a las 12 y media los policías se pusieron un poco torpes, nos pidieron abrir la calle y le dijimos que no abriríamos hasta que llegara Sudeban. Estábamos protestando porque nos engañaron, porque dijeron que abrirían los bancos para los pensionados ese sábado y fue mentira, pero en lugar de ayudarnos a resolver, nos empujaron y patearon y hasta se burlaron de nosotros. Entonces, ¿a qué tiene uno derecho en este país si ni quejarse puede?”, se pregunta Mayora.