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#MonitorDeVíctimas | Con masacre de 7 personas las FAES vengaron homicidio de un jefe policial
Familiares de seis de los siete muertos denunciaron que los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales cometieron ejecuciones extrajudiciales en el operativo que se desarrolló en El Valle y El Cementerio este 24 de julio

Erick S. González Caldea

 

EL ASESINATO DEL COMISIONADO EN JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA Carlos Valverde, de 43 años de edad, desencadenó la furia de las FAES. Mediante una razia que se desarrolló este 24 de julio y durante doce horas consecutivas en varios barrios de El Valle y El Cementerio, funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana mataron a siete personas. Además de la familia del jefe policial, otras seis quedaron en luto por una acción policial con ribetes de venganza.

Los funcionarios de las FAES reportaron solamente un fallecido, cuya identidad no fue suministrada en el reporte filtrado a la prensa. Los reporteros pudieron determinar que los muertos a manos de las FAES son: William Daniel Chacón Mendoza, de 19 años de edad; Giovanny Alejandro Contreras Moreno, de 19 años; Javier Noria, de 32 años; Carlos Javier González, de 22 años; Antony José Matos Hernández, de 22 años; y Raifer Martínez, cuya edad no se logró precisar. Según sus familiares, todos fueron ejecutados dentro de sus hogares.

Testigos del hecho relataron que aproximadamente 30 funcionarios irrumpieron en la calle 9 de El Valle y avanzaron hacia el barrio El 70, el cual se prolonga hasta El Cementerio. Iban vestidos de negro, encapuchados y con armas largas. En camionetas tipo Hilux y motocicletas de alta cilindrada recorrieron la zona hasta llegar a las casas de las víctimas.

Los cuerpos sin vida fueron traslados al hospital Pérez Carreño de Caracas. Allí los médicos informaban a cada familia que su muerto no era el único del operativo, que hubo una masacre ese miércoles 24 de julio.

La mañana de este viernes 26 de julio, los familiares de las víctimas de las FAES continuaban los trámites para retirar a sus allegados. Se les dijo que debían esperar a fiscales del Ministerio Público para realizar reconocimientos post morten. Hasta el mediodía no habían sido entregados los cadáveres.

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Luis Carlos Díaz, víctima de desaparición forzada

A LAS 12:30 PM DE ESTE MARTES 12 DE MARZO, las autoridades de la Fiscalía General de la República informaron a Naky Soto, esposa de Luis Carlos Díaz, que no sabían del paradero del periodista, quien según informaciones extraoficiales fue detenido a las 5:00 pm del día anterior por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Que hayan transcurrido  18 horas y que la institución encargada de garantizar el debido proceso haya prolongado la incertidumbre sobre el lugar y condiciones de detención del comunicador social, apunta a la comisión de uno de los delitos más graves establecidos en el ordenamiento  jurídico venezolano: la desaparición forzada de personas.

Soto informó que, cuando allanaron su residencia, en la madrugada de este martes 12 de marzo, pudo ver un acta policial,  que indicaba que  su esposo fue detenido “en flagrancia”.  Pero la misma víctima pudo informar que fue interceptado cuando se desplazaba en bicicleta por un sector del Country Club, en Caracas. ¿Cómo, entonces, el Sebin podría afirmar que fue detenido durante la comisión flagrante de un delito? Sería una forma de cubrir una falla de origen que podría viciar todo el procedimiento, pues Díaz fue detenido sin orden judicial, lo cual constituye una detención arbitraria.

Al parecer, la intervención de un juez penal fue posterior, a efectos de que los funcionarios del Sebin realizaran el registro en la residencia de la pareja de periodistas, de donde se llevaron teléfonos, computadoras y, también, destacó Soto, dinero en efectivo y joyas.

El hecho de que Soto haya podido ver y conversar con Díaz, apenas durante 20 minutos, no salda totalmente la violación del debido proceso. Y no solo se trataría de una detención arbitraria, pues ni antes ni después del allanamiento a la residencia de la pareja las autoridades que practicaron la aprehensión informaron sobre el lugar donde estuvo y estaría recluido, ni los motivos precisos de la acción policial en su contra. Y, además, no le permitieron la asistencia jurídica de un abogado. Todos ellos derechos garantizados en el artículo 49 de la Constitución.

Naky Soto ofreció información que indica que Luis Carlos Díaz fue sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes: “Me dijo que lo golpearon con el casco que usa para manejar bicicleta. Que, para angustiarlo, le dijeron que yo estaba detenida y me habían trasladado al Hospital Militar, a propósito de mi condición oncológica”.

La periodista aseguró que los funcionarios del Sebin fueron enfáticos en su intento de aterrorizarla: “Me advirtieron que también me podían detener a mí. Que nos podían poner un muerto en la puerta de nuestra casa, para acusarnos de homicidio”.

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, aseguró que a partir de las 10:00 pm de este lunes 11 de marzo y durante toda la madrugada siguiente, estuvieron recorriendo hospitales y centros de detención preventiva en busca de Díaz: “Fuimos a las sedes del Sebin, en Plaza Venezuela y en El Helicoide, fuimos a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, a la sede de la Policía Nacional Bolivariana… En todos esos lugares nos negaron que Luis Carlos estuviese detenido”.

Para que se configure el delito de desaparición forzada de personas no es imprescindible que transcurra largo tiempo sin saber del paradero de la víctima.

El delito está establecido en el artículo 181-A del Código Penal: “La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio”.

El silencio del fiscal general y del Defensor del Pueblo

Naky Soto afirmó que desde la misma noche del lunes informó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre la desaparición de Luis Carlos Díaz. “Solo recibimos como respuesta del fiscal unos stickers de mensajería telefónica”, aseguró la periodista.

El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz,  se sumó al silencio oficial, a pesar de que también le corresponde impedir excesos en la actuación de policías y militares .

Naky Soto contó con el respaldo de decenas de periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos de oposición que se concentraron a partir de las 11:00 am de este martes 12 de febrero, frente a la sede de la Fiscalía General de la República, en Parque Carabobo, para expresar su solidaridad y repudiar esta nueva agresión.

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, destacó que el caso de Luis Carlos Díaz forma parte de una escalada de violencia estatal que ha causado más de 40 detenciones arbitrarias de periodistas durante los dos primeros meses de 2019.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, reiteró que se trata de una política de criminalización del ejercicio del periodismo en Venezuela y que, en esta oportunidad, se utilizó el patrón de las declaraciones estigmatizantes contra un comunicador social, a partir de la cuales se emprenden agresiones, entre ellas hostigamiento judicial.

El 8 de marzo, en el programa Con el mazo dando, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se había transmitido un video a través del cual Díaz explicaba las implicaciones de un blackout informativo. Cabello  tergiversó el mensaje del periodista y trató de responsabilizarlo de la interrupción del servicio eléctrico en todo el país a partir del jueves 7 de marzo.

Soto recordó que ese video fue elaborado el 15 de febrero y difundido el 17 de febrero, es decir  casi tres semanas antes del apagón.

Correa informó que se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para preservar la integridad física y la vida del periodista detenido ilegalmente por la policía política venezolana.

Lo más concreto y grave es que hasta el mediodía de este martes, 18 horas después de la detención de Luis Carlos Díaz, las autoridades fiscales y policiales habían negado información sobre su paradero, lo cual es un elemento clave del delito de desaparición forzada de personas.

Disfrazar a un niño de FAES fomenta la cultura de la muerte

María Yolanda García | Reporte Proiuris

EL PASAMONTAÑAS NEGRO, MISMO COLOR DE LA CHAQUETA QUE LO CUBRE, esconde su rostro. Solo se observan sus ojos y una diminuta nariz, rasgos que denotan que tiene unos 8 o 9 años. Carga un “arma” de cartón en una mano y con la otra hace equilibrio sobre quien lo lleva en hombros. Mira la cámara con la inocencia de quien no sabe que el atuendo que usa es, para muchas familias venezolanas, sinónimo de intimidación, terror y muerte. Está disfrazado de “FAES”.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, subió a su cuenta en la red social Twitter la imagen del menor de edad vestido como un agente de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, el temido grupo élite que, según Provea, cometió 205 asesinatos durante 2018.

“Me la envió un amigo. Fue tomada en un acto que hubo el miércoles (27 de febrero) en Caracas”, explicó Mundaraín. La actividad se denominó “Carnavales Caribe 2019” y a ella se incorporaron alumnos y docentes de algunos planteles de Caracas. Fue un desfile que partió del Liceo Andrés Bello y llegó a la Plaza de Los Museos. Niños, niñas y adolescentes, algunos acompañados por sus padres o representantes,  iban disfrazados.

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La fotografía fue tomada durante una comparsa de Carnaval este 27 de febrero  | Foto: Cortesía

Y es que, en medio de la profundización de la represión policial como recurso extremo del régimen de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder, el gobierno decidió adelantar el asueto de Carnaval.

“Es un tema de modelaje. Cuando vistes a un niño de FAES, a modo de superhéroe, estás convalidando lo que ese grupo policial hace.  Y cuando analizas lo que ese grupo policial hace, te percatas de que hay un antivalor con graves implicaciones para los derechos humanos”, señaló el abogado.

Pero esta no es la primera vez que se difunden imagenes de niños y niñas para exaltar a las FAES como figuras a imitar. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, también ha usado las redes sociales (específicamente el 6 de febrero de 2019) para mostrar fotografías con niños ataviados con “uniformes” de este grupo policial que ejecuta razzias y masacres en los barrios populares del país. Proiuris ha documentado historias que dan cuenta de al menos 15 asesinatos cometidos por las FAES en Caracas durante las últimas cinco semanas.

Expertos en derechos de la niñez consideran preocupante que el Estado fomente la cultura de la violencia y la muerte.

“Cuando llegan las FAES llega la muerte”

Gloria Perdomo, miembro de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescente (Redhnna), considera que estas imágenes y la carga que tienen van contra el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

“Los niños deben ser formados y educados para la convivencia pacífica, el diálogo y la relación armoniosa con las otras personas. Es contrario al interés superior de los niños, a su adecuado desarrollo, promover símbolos bélicos”.

Educadora, trabajadora social y doctora en Ciencias Sociales, Perdomo señala que en un país estremecido por situaciones de violencia y agresión que cotidianamente afectan a los niños, niñas y adolescentes la respuesta del Estado no debe ser el auspicio de modelos de conducta violentos. La experta manifestó su preocupación ante la exaltación,  por parte de padres y representantes, de figuras cuestionadas por violar los derechos humanos, como es el caso de las FAES.

“Las FAES son un cuerpo de seguridad que viene siendo reiteradamente acusado, ante instancias nacionales e internacionales, por violar derechos humanos,  por cometer crímenes. Es muy lamentable que un papá se plantee, como juego, sin calcular las consecuencias que eso tiene en la formación del niño o niña, vestirlo o disfrazarlo con esa indumentaria ¿Qué es lo que trata de promover en el menor de edad? ¿Su disposición o entusiasmo por usar armas y procedimientos o violatorios de derechos? Porque las FAES no son reconocidas como un cuerpo de seguridad que respeta la ley y protege a la ciudadanía, sino, por el contrario, la idea posicionada en los barrios es terrible: cuando llegan las FAES llega la muerte”.

Niñez desprotegida

El abogado Carlos Trapani, coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, fue tajante al cuestionar el uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes en situaciones vinculadas a la violencia. En su opinión ello es violatorio de sus derechos.

“Es preocupante que una autoridad (como el ministro Reverol) promueva a las FAES como un referente para los niños, pues es un cuerpo de seguridad gravemente cuestionado por los excesos que se le atribuyen”, dijo Trapani.

“Por omisión también se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En Venezuela, el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes está en un cierre técnico. Ante esta y otras situaciones violatorias de derechos, no ha tenido ningún pronunciamiento público”, agregó.

“Los niños, niñas y adolescentes necesitan tener otros referentes que reivindiquen la convivencia, la paz, la tolerancia y el respeto a las normas. Las FAES están muy cuestionadas por sus prácticas, por la violencia extrema que ejercen. No constituyen un modelo a seguir para el ejercicio de la ciudadanía. Preocupa que alguien tenga interés en incorporarlos al imaginario colectivo del venezolano como héroes”, reiteró el experto.

El coordinador Cecodap recordó que, desde hace diez años,  en Venezuela existe una ley que prohíbe los juguetes bélicos. De modo que es una insalvable contradicción que el ministro Reverol promueva el uso de indumentarias policiales en niños, niñas y adolescentes.

Trapani también rechazó que en las escuelas se estén haciendo prácticas militares, como habría ocurrido en un plantel del estado Apure: “En un contexto de violencia generalizada, como el que existe en Venezuela, la escuela como espacio para la paz es fundamental”.

Comunicado Proiuris: Con 6 muertos por día, Maduro se reafirma como criminal de lesa humanidad
Los asesinatos y detenciones arbitrarias durante las manifestaciones antigubernamentales ocurridas la semana pasada podrían superar las estadísticas de brutalidad policial y militar en 2014 y 2017. Proiuris insta a la Corte Penal Internacional a incorporar los más recientes atropellos al proceso emprendido en ese organismo contra Maduro

 

CON UN PROMEDIO DE SEIS MUERTOS POR DÍA, la actuación excesiva de los cuerpos de seguridad del Estado podría superar los registros correspondientes a 2014 y 2017. Nicolás Maduro y los funcionarios responsables de los atropellos sistemáticos y generalizados se reafirman como criminales de lesa humanidad.

Así lo alertó Proiuris, organización no gubernamental de promoción y defensa de los derechos humanos, la cual alertó sobre el incremento de la represión brutal en las manifestaciones públicas ocurridas entre el 22 y el 27 de enero de 2019.

Según los datos aportados por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Provea y Foro Penal, entre el 22 y el 27 de enero han ocurrido 35 muertes, entre ellas 8 presuntas ejecuciones extrajudiciales, durante o inmediatamente después de las manifestaciones contra Maduro.

La arremetida contra los que expresan en la calle su descontento y responsabilizan a Maduro de la profundización de la emergencia humanitaria compleja no tiene precedentes en la historia venezolana.

En el contexto de la primera oleada de protestas masivas contra el gobierno de Maduro, entre febrero y mayo de 2014, fallecieron 43 personas, según precisó Amnistía Internacional en su reporte “Venezuela: Rostros de la impunidad”. Mientras que en 2017,  la brutalidad policial y militar acabó con la vida de 134 personas, tal como consta en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fundamentó la denuncia contra Maduro y al menos diez altos funcionarios ante la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

En el referido informe, la OEA advirtió: “En respuesta a las 6.729 protestas que ocurrieron entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017, el Gobierno ordenó al aparato de seguridad que hiciera frente a los manifestantes. La represión no fue el resultado de acciones aisladas o aleatorias. Bajo las órdenes del Presidente Maduro, el gabinete y los comandantes militares, desarrollaron y pusieron en marcha prácticas sistemáticas de represión y uso excesivo de la fuerza, incluyendo el asesinato, en contra de las protestas pacíficas. Esto no fue mera coincidencia. Fueron las acciones deliberadas de una dictadura desesperada por mantenerse en el poder. El Régimen creó una ‘nueva normalidad’ en que el Estado utiliza la violencia institucional sistemática en una guerra sucia contra el pueblo”.

La sistematicidad y generalidad  de los ataques a una población civil son dos principios fundamentales para acreditar la comisión de delitos de lesa humanidad, en los términos establecidos en el Estatuto de Roma.

El incremento de la represión contra los que se han sumado al repudio a Maduro, a partir de  la declaración de usurpación del poder realizada por la Asamblea Nacional, permite verificar, una vez más, que no se trata de hechos aislados sino que corresponden a un patrón de conducta. Más específicamente a una “repetición no accidental de una conducta delictiva similar sobre una base regular”, caracterizada por su masividad, frecuencia, ejecución colectiva y a gran escala, que afecta a una multiplicidad de víctimas.

En materia de detenciones arbitrarias, la tendencia también es ascendente y revela un recrudecimiento del uso artificioso de la justicia penal en perjuicio de quienes expresan opiniones contrarias al régimen, lo cual es violatorio del derecho a la manifestación, consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Foro Penal ha registrado 850 detenciones arbitrarias entre el 22 y el 27 de enero de 2019, de las cuales, 653 fueron el 23 de enero. De los detenidos durante y después de las protestas, fueron privados de libertad 703, entre ellos 77 menores de edad y 100 mujeres.

Proiuris se compromete a continuar contribuyendo con la documentación de las violaciones de derechos humanos en Venezuela y acompañando a  las víctimas, y exhorta a la Corte Penal Internacional a incorporar al proceso emprendido contra Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad las más recientes evidencias de represión sistemática y generalizada por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra los que rechazan la instauración de una dictadura en el país.