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Desaparición de migrantes: el lado sombrío del éxodo venezolano
Entre el 2017 y 2019, la desaparición de migrantes ha aumentado entre personas provenientes de Venezuela

El 26 de noviembre de 2020 Mariángel Romero desapareció en Maicao. La joven venezolana viajó a esta ciudad fronteriza colombiana para comprar ropa al mayor, que luego vendería en Tucupita, Delta Amacuro, de donde es oriunda.

Han trascurrido casi dos meses y la familia de la joven no tiene noticias de su paradero. El último rastro que dejó a sus parientes fue un mensaje de WhatsApp en el que “La Gocha”, como es llamada por cariño, les informaba que estaba bien.

“Ella no es de perderse y si le hubiesen robado el teléfono, ella busca manera de que alguien se lo preste para llamar. Ella no es persona de vicios ni nada de eso”, fue el mensaje que sus familiares difundieron la información en redes sociales y en diversos medios digitales del país.

El caso de Mariángel Romero no ha sido notificado a las entidades de búsqueda colombiana, debido a que la joven no tiene familiares ni amigos dentro del país que hagan la denuncia formal. Tampoco hay un móvil claro sobre su extravío. La esperanza de sus allegados sigue siendo alguna noticia que se les proporcione por redes sociales.

Reportes en redes sociales

La posibilidad de que las denuncias lleguen de forma masiva a miles de personas a través de Facebook, ha hecho que familiares y amigos recurran a los grupos públicos de migrantes venezolanos en Colombia para reportar las desapariciones.

Aunque no existe un patrón aplicable a todas las personas desparecidas, el rastreo realizado por Proiuris entre estas comunidades digitales indica que en diciembre de 2020 hubo nueve reportes. En casi todos los casos se trata de hombres y mujeres jóvenes, con menos de un año en Colombia, algunos se encontraban en condición de movilidad humana, específicamente caminando para salir de Colombia hacia Ecuador o retornando hacia Venezuela.

Internautas también han abierto debates públicos sobre estas situaciones, lo que ha generado diferentes teorías. La migrante Jasmina Méndez, por ejemplo, opinó en un grupo que “hay trata de mujeres. Ofrecen empleos por Facebook y van confiadas. Las secuestran y prostituyen”.

Por su lado, Howard Guerra, dijo que en realidad este fenómeno no existe. “Lo que pasa es que caminan y caminan, y las personas no le avisan a su familia por dónde van”.

Lo cierto del asunto es que las personas migrantes señaladas como desaparecidas, no son incluidas en las estadísticas ni bases de datos en Colombia, debido a que no hay denuncias formales, pues en su mayoría se trata de personas que no tienen familiares ni un grupo de apoyo en Colombia que haga seguimiento del caso.

“Las instituciones manejan una cifra baja, que no cuentan lo que realmente es el fenómeno de la desaparición, en especial en esta zona de frontera”, señaló recientemente Lorena Acevedo, representante de la Corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz al medio colombiano RCN.

Visibilizar los casos

Iván Durán, periodista e integrante del grupo de comunicaciones del Gran Acuerdo Venezuela -una plataforma que agrupa a más de 100 organizaciones de venezolanos y venezolanas en Colombia- le ha hecho el seguimiento a un par de casos.

Él se ha tomado la tarea de llamar a los familiares, profundizar en el contexto en el que se dio la desaparición y enviar la información a las instituciones sin fines de lucro de la localidad ante las cuales se planteó cada caso. Además, en su canal de Youtube VENoticias ha creado una sesión llamada “Desaparecidos”, en el que reseña estas situaciones.

“Esto nos ha servido para activar las alertas y sustentar la denuncia de la familia y parientes e iniciar los protocolos con los organismos de búsqueda colombianos”, expresó Durán.

Los casos que ha reportado se ubican en las regiones fronterizas como Villa del Rosario y Cúcuta (Norte de Santander), Riohacha (La Guajira) así como otras capitales como Barranquilla y Bogotá.

Según señaló Durán, en los casos que ha reportado, el 90% de las víctimas han aparecido con vida. “La mayoría aseguró que fue robada y abandonada en zonas despobladas. Solo tenemos un caso de una mujer de 30 años que a mediados del 2020 dijo que se iba a Barranquilla a trabajar como interna (servicio doméstico) y sus familiares nunca más han sabido de ella”.

En este contexto, alertó que las mujeres migrantes son más propensas a estas situaciones, ya que son engañadas con falsos trabajos que se publican en redes sociales, para robarlas, abusarlas sexualmente o involucrarlas en redes de trata de personas.

Acciones humanitarias

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), define a las víctimas de desaparición como personas de quienes no se tienen noticias y han sido dadas por desaparecidas sobre la base de información fidedigna, a causa de un conflicto armado, de otras situaciones de violencia, desastres naturales, migración u otras crisis humanitarias.

En un país como Colombia, en el que durante 60 años de conflicto armado desaparecieron unas 114 mil personas, encontrarlas seguirá siendo uno de los retos humanitarios más importantes.

Entre el 2017 y 2019, la desaparición de migrantes ha aumentado entre personas provenientes de Venezuela. “Estamos hablando de un número de personas desaparecidas que asciende a las mil”, añadió Acevedo, de PoderPaz.

Según Medicina Legal, en 2020 se registraron 1.578 desapariciones de hombres y 866 de mujeres. La entidad no clasifica dichos casos ni por edad ni nacionalidad.

Juan Viloria, presidente de la Coalición por Venezuela, añadió que esta plataforma tampoco ha recibido casos puntuales de desaparición, “pero sí en una ocasión recibimos un correo del CICR quienes estaban haciendo un rastreo de migrantes venezolanos que fallecen en la ruta de caminantes o son víctimas de desaparición forzada de algún conflicto o delincuencia común en los países de tránsito y acogida”.

¿Cómo denunciar una desaparición?

Muchos piensan que hay que esperar 72 horas para interponer la denuncia de una desaparición. Sin embargo, esa idea no tiene fundamento legal ni en Colombia ni en Venezuela. La policía debe comenzar la búsqueda de manera inmediata.

Si usted tiene a un familiar desaparecido en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) brinda la ruta que debe seguir. Estos procesos son gratuitos y no necesitan intermediarios:

1.    Solicitar la búsqueda inmediata de su familiar extraviado en una estación de Policía o ante las fiscalías. 

2.    Si estos organismos no toman su solicitud, debe acudir a la Defensoría del Pueblo, la Personaría o la Procuraduría General de la Nación.

Las acciones son: Búsqueda en bases de datos de hospitales y Medicina Legal; revisión de los sitios donde se cree que estuvo la persona por última vez; entrevista a las personas que puedan tener información y dar aviso a otras autoridades

3.    Reportar la situación en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), que almacena los datos de las personas desaparecidas y de cadáveres en Colombia. Allí podrá reportar: 

·       Cómo ocurrió o pudo haber ocurrido la desaparición

·       Datos personales y descripción física y detallada de su ser querido

·       Material como fotografías y radiografías de huesos y dientes. 

Usted puede hacer el reporte del Sirdec en:

  • Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (más conocido como Medicina Legal). 
  • Personerías municipales
  • Defensoría del Pueblo
  • Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas
  • Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)
  • Fiscalía General de la Nación

 

Feminicidios en Venezuela han aumentado 62 % respecto a 2019
Cada 33 horas asesinan a una niña, adolescente o una mujer.

Noviembre cerró con 20 feminicidios en Venezuela. De enero al cierre de ese mes, se registraron 237 casos. Esta cifra representa un incremento de 62 % de los casos respecto a 2019.

El estado con más casos registrados durante noviembre fue Miranda con cuatro feminicidios. Les siguen Aragua y Carabobo con tres muertes en cada entidad.

El reporte mensual también subraya que en el mes de noviembre entre los años 2019 y 2020 los casos de feminicidios aumentaron un 82 %.

El documento puntualiza que estos datos reflejan que existe una media de cinco feminicidios semanales, es decir, cada 33 horas asesinan a una niña, adolescente o una mujer.

Sobre las edades de las víctimas el informe de Utopix indica que los feminicidios en Venezuela ocurrieron en casi todos los rangos de edad. Hay dos picos con dos casos entre los 11-15 años, y cinco entre los 36-40 años.

Otro hallazgo es que las armas para asesinar a las mujeres, niñas y adolescentes tuvieron un cambio considerable con respecto al mes anterior.

“Este noviembre se utilizaron armas de fuego en seis casos, seguidas del uso de armas blancas (cinco casos) y del uso de asfixia mecánica (tres casos)”, destaca el informe.

Utopix explica que de los 24 feminicidas, seis se encuentran presos y tres se suicidaron.

Seis mujeres asesinadas eran madres; cuatro niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos. Asimismo, cinco familiares o amigos fueron heridos o asesinados en los hechos.

Otro dato que resaltó esta organización es que 10 cuerpos de las víctimas fueron abandonados en la vía pública.

Finalmente, en otros cuatro casos hubo presencia de torturas y en dos se utilizó un arma de fuego en contra de las víctimas, denunció Utopix.

Rechazan que población venezolana no reciba vacuna contra COVID-19 en Colombia
947 mil 106 personas refugiadas y migrantes venezolanas se encuentran en situación irregular en la nación neogranadina

“Ningún país puede excluir a una persona de acceder al derecho a la salud por su estatus migratorio. Esto es especialmente importante en el contexto de una pandemia como la COVID-19”.

Así respondió Jiménez Sandoval, directora de Amnistía Internacional (AI), a las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, quien informó que solo los venezolanos con doble nacionalidad y con estatus migratorio regular recibirían la vacuna contra la COVID-19.

El anuncio del presidente colombiano excluye a más de 947.106 personas refugiadas y migrantes venezolanas que se encuentran en situación irregular y que se han visto obligadas a huir de su país debido a la emergencia humanitaria compleja.

Esta cifra representa 55 % de la población total de venezolanas y venezolanos en Colombia; (1.700.000) se encontraría en condición irregular.

Respeto a los derechos humanos

Organizaciones internacionales y nacionales rechazaron el anuncio presidencial por parte del gobierno de Colombia.

Para expertos en salud, como el exministro Alejandro Gaviria, la decisión de Iván Duque es una mala idea desde el punto de vista epidemiológico.

«Pero es sobre todo una propuesta antiética. Excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante a un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio», dijo.

De acuerdo con Migración Colombia, más de 1.717.000 venezolanas y venezolanos están radicados en Colombia. Las cifras corresponden al corte del 31 de octubre de 2020.

A pesar de esto, el mandatario colombiano aseguró que quienes “no tengan regularizada su situación migratoria, no tendrán la vacuna”.

Frente a la situación de las personas refugiadas y migrantes, la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) también se pronunció y pidió que sean incluidas en las campañas de vacunación nacionales contra la COVID-19.

Advirtió que no deben quedarse de últimos de la cola en el acceso a las herramientas para combatir la pandemia.

“Es esencial que los migrantes se incluyan en las campañas de vacunación nacionales”, señaló Francesco Rocca, presidente de la FICR, en un comunicado.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) también rechazó la discriminación hacia las personas refugiadas y migrantes venezolanas en el plan de vacunación en Colombia.

El ente resaltó que, a pesar de que los recursos para atender a la población migrante son limitados, la respuesta no debe ser excluir a las venezolanas y venezolanos.

La institución alegó que el gobierno colombiano ha limitado la regulación migratoria, por lo que imponer estas medidas sería “doblemente discriminatorio”.

Por último, citó los lineamientos de la oficina de los derechos humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en los que se señala que se debe garantizar el trato a todas las personas por igual, además del acceso a la salud, sobre todo, en tiempos de pandemia.

OEA: diariamente 500 personas huyen de Venezuela a Colombia por trochas
224 mil personas refugiadas y migrantes venezolanas se encuentran en el Caribe y 46 mil en Brasil

Las cifras de la migración siguen en aumento. Al menos 5,4 millones de personas venezolanas refugiadas y migranteshan huido del país.

Así lo expuso la Organización de Estados Americanos (OEA), que subraya una “profundización” de la crisis en Venezuela en su último informe.

De acuerdo con cifras del informe, aunque hasta el momento han retornado al país 130.000 personas, la reapertura económica en algunos países de Latinoamérica, como Colombia, Perú y Ecuador, ha disminuido el retorno hacia la nación y ha reactivado el flujo de personas que huyen de Venezuela.

También se destaca que alrededor de 500 migrantes de Venezuela cruzan diariamente hacia Colombia por pasos ilegales o trochas.

Hace dos meses alrededor de 5.000 personas venezolanas habían sido devueltas a Venezuela por intentar entrar a Colombia por trochas. Este dato fue compartido por Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, quien informó que, en ese momento, cerca de 300 venezolanos y venezolanas entraban diariamente a ese país.

En este sentido, con el cierre de fronteras y la profundización de la emergencia humanitaria en Venezuela, la OEA denuncia que “cada vez es más frecuente” que las personas venezolanas arriesguen su vida al huir de su país.

El documento revela que 224.000 personas refugiadas y migrantes venezolanas se encuentran en el Caribe, y que 46.000 han sido reconocidas como refugiadas en Brasil.

También se destacaron las medidas adoptadas por los gobiernos de Costa Rica y Perú para proteger a la migración venezolana. 

Los 16 menores de edad deportados

La OEA también denunció el hecho registrado el pasado 22 de noviembre, cuando un grupo de 29 venezolanos, entre ellos 16 niñas y niños fueron deportados por las autoridades de Trinidad y Tobago.

«Este grupo de personas pudo regresar a la isla después de una sentencia de la Corte Suprema de este país, así como pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», agregó el informe.

El organismo indicó que el pasado 28 de noviembre, el gobierno de Nicolás Maduro “coordinó con el gobierno de Trinidad y Tobago la deportación de 160 venezolanos de este país”.

La OEA también advirtió que el régimen de Maduro continúa violando el derecho a la identidad de venezolanos y venezolanas. Subrayó que no se garantiza la emisión de nuevos pasaportes, ni de prórrogas para extender la validez de dicho documento.

Puntualizó que la vulneración de este derecho humano se ha agudizado en el marco de la pandemia, pues se impide que muchos venezolanos y venezolanas puedan identificarse, movilizarse y realizar trámites para regularizar su situación migratoria.

 
En Venezuela ocurre un feminicidio cada 33 horas
148 feminicidios ocurrieron en el marco de la cuarentena por el COVID-19

Durante el mes de octubre se registraron 22 feminicidios en medios digitales en Venezuela. Así lo dio a conocer Utopix en su reporte mensual. Con esta cifra la cantidad de asesinatos de mujeres cometidos en el país en lo que va de año asciende a 217. Esto sugiere una media de cinco feminicidios semanales y uno cada 33 horas.

En su último informe Utopix puntualiza que de la cifra total, 148 feminicidios ocurrieron en el contexto de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19.

Los estados con más casos registrados durante octubre fueron Miranda y Carabobo, con cuatro cada uno. Les siguen Guárico y Anzoátegui con tres feminicidios en cada entidad.

Sobre las edades de las víctimas el informe de Utopix indica que en octubre ocurrieron feminicidios en casi todos los rangos de edad. Sin embargo, hay dos picos de cuatro casos entre los 0-5 años, y tres entre los 41-45 años.

Otro hallazgo es que las armas para asesinar a las mujeres, niñas y adolescentes tuvieron un cambio considerable.

“Hemos visto como en los meses de septiembre y octubre ha ido cambiado el tipo de armas que más se utilizan en los femicidios. En este caso la recurrencia del uso de asfixia mecánica (07 casos), golpes (06 casos) y el uso de armas blancas (04) casos, disminuyendo el uso de armas de fuego”, enfatizó Utopix en su reporte de octubre.

Ocho de las mujeres asesinadas eran madres. Seis niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos debido a la violencia de género en el país.

En tres casos los familiares de las víctimas reportaron antecedentes de violencias, y que las respectivas denuncias se formalizaron ante los organismos de seguridad, sin que fueran atendidas oportuna y eficazmente.

La organización detalla que once de los casos de feminicidios fueron en espacios domésticos. Seis ocurrieron a manos de bandas delictivas y en dos de los casos hubo violencia sexual.

Cinco de los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en la vía pública. En seis casos hubo presencia de torturas y en otros seis las mujeres y niñas fueron violadas, alerta el informe de Utopix.

Los modus operandi del Cicpc y las Faes: Cada brigada tiene que tener un muerto
El informe de la Mision Internacional denuncia que los funcionarios poseen total impunidad para ejecutar a sus víctimas 

Ex funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana informaron a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que sus superiores les exigían una cuota de asesinatos por jornada. El cumplimiento de la orden de matar se premia y el incumplimiento se castiga, se explica en el informe de la misión de la ONU.

“Dos ex oficiales de la FAES, entrevistados por separado, dijeron a la Misión que si las brigadas no mataban el número requerido de presuntos delincuentes, procedían a matar inocentes”, se lee en el informe divulgado el 16 de septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Ex oficiales de la FAES revelaron a la Misión que los directores regionales de la FAES pedían estadísticas de muertos y detenidos como procedimiento semanal o mensual. Los jefes de brigada eran responsables de recopilar estas estadísticas. Un oficial de la FAES indicó que, al personal de la FAES se le dieron instrucciones como ‘hoy quiero un muerto […] cada brigada tiene que tener un muerto”, indica el documento.

La misión explicó que el incumplimiento de las cuotas de asesinatos de presuntos delincuentes, acarreaba sanciones a los funcionarios. De modo que el cumplimiento de las metas impuestas por los superiores implicaba matar personas a como diera lugar.

Por otro lado, cumplir con las políticas de eliminación de presuntos delincuentes es premiado con reconocimientos y ascensos. Y, además, se les garantizaba la protección ante cualquier procedimiento penal en su contra; es decir, parte del premio era garantía de impunidad.

«Las investigaciones de La Misión revelaron un entendimiento común dentro de estas fuerzas respecto a la ‘eliminación’ de individuos durante las operaciones, independientemente de si el uso de la fuerza era necesario y proporcionado», abunda el informe.

«Algunos funcionarios de la FAES decían que creían que su misión era eliminar a las personas que son escoria de la sociedad, para realizar una limpieza social. Hay información de que la policía mataría sólo porque la persona no le caía bien»

FAES y Cicpc: los mismos patrones

En materia de ejecuciones extrajudiciales, la misión de la ONU documentó 18 casos que involucran a las FAES y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que son los dos cuerpos de seguridad del Estado venezolano a los que se atribuye la mayor cantidad de ejecuciones extrajudicialesos de seguridad, cuyos resultados eran ejecuciones extrajudiciales, y determinó una serie de patrones en sus acciones.

La misión de la ONU precisó seis patrones que son denominadores comunes de las actuaciones de las FAES y el Cicpc:

  1. Alterar la escena del crimen y/o destruir la información forense.
  2. Simular un tiroteo.
  3. Simular que la víctima escapaba.
  4. Disparar con la mano de la víctima para dejarle rastros de pólvora que luego serían detectados en los exámenes forenses.
  5. Plantar armas, a menudo un arma de calibre .38.
  6. Trasladar a las víctimas a los hospitales, incluso si la persona está muerta y en algunos casos retrasar el traslado de la víctima al hospital.

El código 80

80 es el código para matar utilizado por los funcionarios de las FAES y del Cicpc. Pronunciar ese número a través de las comunicaciones radiales de ambos cuerpos policiales equivale a una sentencia de muerte, pues se asumía como una instrucción precisa para “eliminar” al presunto delincuente.

“También se utilizaron las radios para realizar verificaciones de antecedentes, tras lo cual el jefe de la operación, en comunicación directa con su superior, solicitó y recibió luz verde para matar. Esta instrucción se transmitía en código: ‘ochenta’; salir y encontrar a alguien a quien matar se denomina ‘salir a ochentera”, se lee en el informe.

A través de las entrevistas con exfuncionarios de las FAES y el Cicpc, la misión determinó que las órdenes de los superiores eran claras: si la persona era buscada por asesinato había “luz verde para eliminarlo”.

Triangulo vital

El disparo en las zonas vitales del cuerpo, específicamente en el tórax, es un modus operandi recurrente en los casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES y al Cicpc.

La Misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo la cabeza y el tórax con uno o dos disparos. Estos disparos en las zonas vitales del cuerpo causan una muerte casi instantánea.

“Un ex oficial de la PNB/FAES entrevistado por la Misión dijo que los oficiales de policía se refieren a los asesinatos como ‘cuadrar a la gente’. Este entrevistado dijo que hay un ‘triángulo’ desde el pecho de la víctima hacia arriba ‘donde se permite disparar a la gente’. Esto parece indicar una falta de intención de emplear una fuerza menos letal para contener o detener al presunto delincuente”, se lee en el informe.

Con o sin antecedentes penales

“Existe información sobre una práctica acordada para matar a personas con antecedentes penales incluso si no resisten la detención, incluso para demostrar ‘resultados’ en la lucha contra la delincuencia”, se lee en el informe.

Sin embargo, no es un requisito imprescindible que la persona tenga antecedentes penales para que los funcionarios de las FAES y el Cicpc la ejecutaran. Los agentes de ambos organismos, a su entera discreción, deciden si las matan o no, se explica en el documento.

Las razias son selectivas. No solo buscan a personas con antecedentes penales, sino también aquellos que viven en zonas pobres del país, con el fin de suprimir intentos de levantamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La misión determinó que la política de mano dura contra la delincuencia, pareciera corresponder a situaciones que generan miedo con el fin de reforzar el poder del control social.

Entrenamiento deficiente

La misión de la ONU destacó que la capacitación de los oficiales de la seguridad, tanto de las FAES como el Cicpc, es deficiente. En lugar de garantizar el respeto a la vida de todas las personas, se alentó a los funcionarios a “matar a los delincuentes sin compasión”.

“La Misión no ha podido encontrar ninguna información de órdenes específicas destinadas a prevenir este tipo de delito, representar o criticar la conducta delictiva.  Por el contrario, poco después de haber sido instado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos a disolver las FAES, el presidente anunció en un acto público lo siguiente: ‘Todo el apoyo a las FAES en su labor diaria de brindar seguridad al pueblo de Venezuela, ¡viva las FAES!”, se recuerda en el informe.

Impunidad generalizada

La impunidad en los casos relacionados a las actuaciones policiales que concluyen en presuntas ejecuciones extrajudiciales es un patrón común identificado por los miembros de la misión de la ONU.

“En casi todos los casos investigados, los familiares de las víctimas dijeron a la Misión que los procesos no se habían llevado a cabo o no existían avances significativos a pesar del tiempo transcurrido”, se lee en el informe.

A través de entrevistas con ex fiscales y funcionarios policiales, la Misión determinó patrones de represión contra las personas que denunciaban los actos, así como las personas que investigaban los hechos.

“Un ex fiscal dijo a la Misión que cuando las FAES empezaron a operar en el estado en que residía comenzaron los asesinatos. El fiscal encontró pruebas suficientes para iniciar una investigación contra ciertos funcionarios de la FAES por ejecuciones extrajudiciales. Cuando el fiscal se negó a aceptar la solicitud del superior de detener la investigación, los oficiales de la FAES vinieron y registraron la casa del fiscal sin una orden”, se lee en el informe.

Los agentes de las FAES le habrían indicado al ex fiscal que: “usted es el que no nos deja hacer nuestro trabajo, no seguimos sus instrucciones, sólo seguimos las instrucciones del presidente […] déjenos hacer nuestro trabajo, vinimos a limpiar esta ciudad”.

Sobre la base de los tesimonios ofrecidos por familiares de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la misión también denunció amedrentamientos.

“En varios casos, los familiares de las víctimas denunciaron haber sido amenazados y perseguidos por denunciar y dar seguimiento al caso. Algunos lograron obtener medidas de protección. Sin embargo, en algunos casos, estaban protegidos por la misma fuerza policial que habían denunciado. Un entrevistado ha indicado que las FAES operan en el entendido de que son intocables”, señaló. 

Cadena de mando

La misión de la ONU considera que las ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES y el Cicpc corresponden a una política de Estado sistemática y generalizada. Privan órdenes superiores, enfatizó la misión de la ONU en su informe, por lo cual está comprometida la cadena de mando.

Según la misión de la ONU, los directores de las FAES y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como Nicolás Maduro, están al tanto de las ejecuciones extrajudiciales .

“La Misión ha recibido información de que, si bien los niveles superiores de la cadena de mando sólo ven las estadísticas de las muertes que se han producido y la cantidad de drogas incautadas, están ‘al tanto de lo que está pasando’. Un ex oficial de la FAES con conocimiento directo dijo a la Misión que los informes llegan al director de la FAES y éste se reúne con el ministro del Interior. Según esta fuente, ambas personas saben lo que sucede, aunque no conocen los detalles de cada ejecución extrajudicial”, se lee en el informe.

Familiares de Albán: Toda la cadena de mando del Sebin debe pagar
La familia nunca recibió copia del expediente del caso. Tampoco se realizó una autopsia independiente

A casi dos años de la muerte del concejal Fernando Albán, sus familiares agradecen a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que haya verificado que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) son responsables del asesinato ocurrido el 8 de octubre 2018.

“El informe de la misión de la ONU ratifica lo que hemos pensado desde un principio: que fue un asesinato y no un suicidio, y que toda la cadena de mando del Sebin es responsable y debe pagar. Sí estamos avanzando en el camino a la justicia”, expresó Meudy Oslo, esposa de Fernando Albán, a través de una conferencia de prensa virtual.

En el informe de la misión de la ONU se señala que hay motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en la muerte de Albán, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida.

“La Misión tiene fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del Sr. Albán y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida”, se lee en el informe.

Para los familiares del concejal esto representa un aliciente y usarán el informe para impulsar la denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos humanos (CIDH).

El abogado del concejal Albán, Ramón Alfredo Aguilar, consideró que el informe de la misión de la ONU no solo es relevante, sino también contundente.

“Considero que el informe es relevante y significativo en comparación a los anteriores. Este es un informe de determinación de hechos y, en ese sentido, tiene naturaleza probatoria. La misión busco documentos y hasta le dio oportunidad al régimen para que se defendiera”, señaló Aguilar.

 “Con este informe podemos insistir más en el caso. En el informe se precisaron las grabaciones en el piso 10 del Sebin, donde interrogaban a Fernando.  Tarek (William Saab, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente) dice que no hay imágenes en las cámaras, pero la misión aseguró existen mecanismos probatorios para mostrar lo que ocurrió”, ratificó.

Sin acceso al expediente

Beatriz Borges, del Centro de Justicia y Paz, recordó que el caso del concejal Albán estaba plagado de irregularidades, debido a que no se llevaron a cabo las actividades básicas en la investigación por parte del Ministerio Público.

“Los familiares nunca recibieron copia del expediente del caso. Tampoco se realizó una autopsia independiente, a pesar de ser solicitada por la CIDH, poco después de la muerte del concejal”, señaló.

Claudio Grossman, profesor de la Academy on Human Rights, señaló que la Fiscalía no tuvo disposición para comunicarse con los familiares Albán para hacer la autopsia independiente.

“Los familiares fueron perseguidos y hasta el abogado del concejal Fernando Albán tuvo que salir de su país; precisamente por insistir en la investigación en la muerte del concejal. Esta más que claro que existe una una responsabilidad de las autoridades superiores en este asesinato y en la persecución que existe”, expresó Grossman.

El jurista sostuvo que la falta de acceso a las pruebas y expedientes por parte de la familia y abogados del concejal “hablan por sí solas”.

Proiuris: Personas LGBTI refugiadas y migrantes requieren mayor solidaridad
Al menos 19 personas LGBTI han sido asesinadas este año en Colombia. A la xenofobia se suma la homofobia, la bifobia y la transfobia, advierte la activista Quiteria Franco

 

Más de cinco millones de venezolanas y venezolanos han huido por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país y la pérdida de libertades. No hay registros confiables de cuántas son personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales).

Tampoco hay cifras oficiales sobre casos de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. No obstante, es una realidad en Venezuela y que se replica en Colombia.

Quiteria Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa, explicó para Proiuris que hay muchas similitudes entre las sociedades venezolana y colombiana.

Aún cuando en Colombia se han aprobado políticas públicas y leyes para proteger los derechos de las personas LGBTI, faltan garantías.

Quinteria Franco: «Es paradójico porque al mismo tiempo América Latina es la región del mundo donde más se ha avanzado en materia legal en cuanto a reconocimiento de matrimonio de parejas del mismo sexo y reconocimiento de la identidad legal a personas trans e intersexuales.

Lo que pienso que ha pasado es que no se ha puesto en práctica un proceso de educación, formación, capacitación y sensibilización a la población.

Es decir, que al tiempo que se prueban medidas legales se debe realizar una política de inserción social. De esta manera, se despierta el odio latente de cierta parte de la población hacia las personas LGBTI.

Hasta 2017, Brasil lideraba la lista de los países donde más se asesina a personas trans, seguido de México, EEUU y Venezuela en cuarto lugar. En los tres primeros países que menciono es legal el matrimonio igualitario, y es posible para las personas trans hacer cambio de identidad legal, nombre y género. Entonces, algo ha fallado.

Proiuris: ¿Qué tan preocupante se vuelve la xenofobia en este contexto?

QF: «La xenofobia es un mal que está afectando a todos los venezolanos que han tenido que salir del país de manera forzada.Esto debido a la situación de emergencia humanitaria compleja y ahora debido a la COVID-19. Esto es sin duda alguna preocupante.

Lo que sucede, además, es que en casos de personas LGBTI ya existe una condición previa de rechazo, estigma y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.

En caso de hombres gay y mujeres lesbianas, es posible en algunos casos ocultar la orientación sexual. En caso de las mujeres trans esto no siempre es posible. Su apariencia física y la incongruencia con sus documentos de identidad las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad ante personas transfóbicas.

Esta combinación de fobias, rechazo y odio, es muy peligrosa, tal como lo indican las estadísticas de crímenes de odio».

Proiuris: ¿Representa la frontera un lugar de mayor vulneración de los derechos de las personas trans?

QF: «La vulnerabilidad de las personas LGBTI las convierte, sin duda alguna, en presas fáciles para el tráfico y trata de personas, sobre todo en los puntos fronterizos, especialmente cuando estos permanecen cerrados.

La hiper-sexualización a la que son sometidas las personas LGBTI es otro agravante. Ya que se les ve como que su única función es la de dar placer, como seres meramente sexuales o de segunda clase.

Por ende, las únicas opciones de sobrevivencia son la prostitución forzada, la pornografía y cosas de este estilo. De allí la importancia de una política educativa que contribuya a cambiar esta percepción sobre las personas LGBTI.

Proiuris: En lo que va de 2020, un total de 19 personas LGTBI han sido asesinadas en el norte de Colombia, ¿qué información maneja en el resto del país?

QF: «Hay que reconocer el trabajo incansable de Caribe Afirmativo en llevar algún tipo de estadística, debido a que las autoridades en Colombia parecen no hacerlo, aunque sea su obligación. Una sola muerte violenta ya es grave.

Entiendo que CA cubre un área considerable del país y la más cerca a Venezuela, donde han llegado muchos venezolanos. Hasta ahora esa es la información que manejamos.

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