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Los modus operandi del Cicpc y las Faes: Cada brigada tiene que tener un muerto
El informe de la Mision Internacional denuncia que los funcionarios poseen total impunidad para ejecutar a sus víctimas 

Ex funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana informaron a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que sus superiores les exigían una cuota de asesinatos por jornada. El cumplimiento de la orden de matar se premia y el incumplimiento se castiga, se explica en el informe de la misión de la ONU.

“Dos ex oficiales de la FAES, entrevistados por separado, dijeron a la Misión que si las brigadas no mataban el número requerido de presuntos delincuentes, procedían a matar inocentes”, se lee en el informe divulgado el 16 de septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Ex oficiales de la FAES revelaron a la Misión que los directores regionales de la FAES pedían estadísticas de muertos y detenidos como procedimiento semanal o mensual. Los jefes de brigada eran responsables de recopilar estas estadísticas. Un oficial de la FAES indicó que, al personal de la FAES se le dieron instrucciones como ‘hoy quiero un muerto […] cada brigada tiene que tener un muerto”, indica el documento.

La misión explicó que el incumplimiento de las cuotas de asesinatos de presuntos delincuentes, acarreaba sanciones a los funcionarios. De modo que el cumplimiento de las metas impuestas por los superiores implicaba matar personas a como diera lugar.

Por otro lado, cumplir con las políticas de eliminación de presuntos delincuentes es premiado con reconocimientos y ascensos. Y, además, se les garantizaba la protección ante cualquier procedimiento penal en su contra; es decir, parte del premio era garantía de impunidad.

«Las investigaciones de La Misión revelaron un entendimiento común dentro de estas fuerzas respecto a la ‘eliminación’ de individuos durante las operaciones, independientemente de si el uso de la fuerza era necesario y proporcionado», abunda el informe.

«Algunos funcionarios de la FAES decían que creían que su misión era eliminar a las personas que son escoria de la sociedad, para realizar una limpieza social. Hay información de que la policía mataría sólo porque la persona no le caía bien»

FAES y Cicpc: los mismos patrones

En materia de ejecuciones extrajudiciales, la misión de la ONU documentó 18 casos que involucran a las FAES y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que son los dos cuerpos de seguridad del Estado venezolano a los que se atribuye la mayor cantidad de ejecuciones extrajudicialesos de seguridad, cuyos resultados eran ejecuciones extrajudiciales, y determinó una serie de patrones en sus acciones.

La misión de la ONU precisó seis patrones que son denominadores comunes de las actuaciones de las FAES y el Cicpc:

  1. Alterar la escena del crimen y/o destruir la información forense.
  2. Simular un tiroteo.
  3. Simular que la víctima escapaba.
  4. Disparar con la mano de la víctima para dejarle rastros de pólvora que luego serían detectados en los exámenes forenses.
  5. Plantar armas, a menudo un arma de calibre .38.
  6. Trasladar a las víctimas a los hospitales, incluso si la persona está muerta y en algunos casos retrasar el traslado de la víctima al hospital.

El código 80

80 es el código para matar utilizado por los funcionarios de las FAES y del Cicpc. Pronunciar ese número a través de las comunicaciones radiales de ambos cuerpos policiales equivale a una sentencia de muerte, pues se asumía como una instrucción precisa para “eliminar” al presunto delincuente.

“También se utilizaron las radios para realizar verificaciones de antecedentes, tras lo cual el jefe de la operación, en comunicación directa con su superior, solicitó y recibió luz verde para matar. Esta instrucción se transmitía en código: ‘ochenta’; salir y encontrar a alguien a quien matar se denomina ‘salir a ochentera”, se lee en el informe.

A través de las entrevistas con exfuncionarios de las FAES y el Cicpc, la misión determinó que las órdenes de los superiores eran claras: si la persona era buscada por asesinato había “luz verde para eliminarlo”.

Triangulo vital

El disparo en las zonas vitales del cuerpo, específicamente en el tórax, es un modus operandi recurrente en los casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES y al Cicpc.

La Misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo la cabeza y el tórax con uno o dos disparos. Estos disparos en las zonas vitales del cuerpo causan una muerte casi instantánea.

“Un ex oficial de la PNB/FAES entrevistado por la Misión dijo que los oficiales de policía se refieren a los asesinatos como ‘cuadrar a la gente’. Este entrevistado dijo que hay un ‘triángulo’ desde el pecho de la víctima hacia arriba ‘donde se permite disparar a la gente’. Esto parece indicar una falta de intención de emplear una fuerza menos letal para contener o detener al presunto delincuente”, se lee en el informe.

Con o sin antecedentes penales

“Existe información sobre una práctica acordada para matar a personas con antecedentes penales incluso si no resisten la detención, incluso para demostrar ‘resultados’ en la lucha contra la delincuencia”, se lee en el informe.

Sin embargo, no es un requisito imprescindible que la persona tenga antecedentes penales para que los funcionarios de las FAES y el Cicpc la ejecutaran. Los agentes de ambos organismos, a su entera discreción, deciden si las matan o no, se explica en el documento.

Las razias son selectivas. No solo buscan a personas con antecedentes penales, sino también aquellos que viven en zonas pobres del país, con el fin de suprimir intentos de levantamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La misión determinó que la política de mano dura contra la delincuencia, pareciera corresponder a situaciones que generan miedo con el fin de reforzar el poder del control social.

Entrenamiento deficiente

La misión de la ONU destacó que la capacitación de los oficiales de la seguridad, tanto de las FAES como el Cicpc, es deficiente. En lugar de garantizar el respeto a la vida de todas las personas, se alentó a los funcionarios a “matar a los delincuentes sin compasión”.

“La Misión no ha podido encontrar ninguna información de órdenes específicas destinadas a prevenir este tipo de delito, representar o criticar la conducta delictiva.  Por el contrario, poco después de haber sido instado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos a disolver las FAES, el presidente anunció en un acto público lo siguiente: ‘Todo el apoyo a las FAES en su labor diaria de brindar seguridad al pueblo de Venezuela, ¡viva las FAES!”, se recuerda en el informe.

Impunidad generalizada

La impunidad en los casos relacionados a las actuaciones policiales que concluyen en presuntas ejecuciones extrajudiciales es un patrón común identificado por los miembros de la misión de la ONU.

“En casi todos los casos investigados, los familiares de las víctimas dijeron a la Misión que los procesos no se habían llevado a cabo o no existían avances significativos a pesar del tiempo transcurrido”, se lee en el informe.

A través de entrevistas con ex fiscales y funcionarios policiales, la Misión determinó patrones de represión contra las personas que denunciaban los actos, así como las personas que investigaban los hechos.

“Un ex fiscal dijo a la Misión que cuando las FAES empezaron a operar en el estado en que residía comenzaron los asesinatos. El fiscal encontró pruebas suficientes para iniciar una investigación contra ciertos funcionarios de la FAES por ejecuciones extrajudiciales. Cuando el fiscal se negó a aceptar la solicitud del superior de detener la investigación, los oficiales de la FAES vinieron y registraron la casa del fiscal sin una orden”, se lee en el informe.

Los agentes de las FAES le habrían indicado al ex fiscal que: “usted es el que no nos deja hacer nuestro trabajo, no seguimos sus instrucciones, sólo seguimos las instrucciones del presidente […] déjenos hacer nuestro trabajo, vinimos a limpiar esta ciudad”.

Sobre la base de los tesimonios ofrecidos por familiares de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la misión también denunció amedrentamientos.

“En varios casos, los familiares de las víctimas denunciaron haber sido amenazados y perseguidos por denunciar y dar seguimiento al caso. Algunos lograron obtener medidas de protección. Sin embargo, en algunos casos, estaban protegidos por la misma fuerza policial que habían denunciado. Un entrevistado ha indicado que las FAES operan en el entendido de que son intocables”, señaló. 

Cadena de mando

La misión de la ONU considera que las ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES y el Cicpc corresponden a una política de Estado sistemática y generalizada. Privan órdenes superiores, enfatizó la misión de la ONU en su informe, por lo cual está comprometida la cadena de mando.

Según la misión de la ONU, los directores de las FAES y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como Nicolás Maduro, están al tanto de las ejecuciones extrajudiciales .

“La Misión ha recibido información de que, si bien los niveles superiores de la cadena de mando sólo ven las estadísticas de las muertes que se han producido y la cantidad de drogas incautadas, están ‘al tanto de lo que está pasando’. Un ex oficial de la FAES con conocimiento directo dijo a la Misión que los informes llegan al director de la FAES y éste se reúne con el ministro del Interior. Según esta fuente, ambas personas saben lo que sucede, aunque no conocen los detalles de cada ejecución extrajudicial”, se lee en el informe.

Familiares de Albán: Toda la cadena de mando del Sebin debe pagar
La familia nunca recibió copia del expediente del caso. Tampoco se realizó una autopsia independiente

A casi dos años de la muerte del concejal Fernando Albán, sus familiares agradecen a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que haya verificado que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) son responsables del asesinato ocurrido el 8 de octubre 2018.

“El informe de la misión de la ONU ratifica lo que hemos pensado desde un principio: que fue un asesinato y no un suicidio, y que toda la cadena de mando del Sebin es responsable y debe pagar. Sí estamos avanzando en el camino a la justicia”, expresó Meudy Oslo, esposa de Fernando Albán, a través de una conferencia de prensa virtual.

En el informe de la misión de la ONU se señala que hay motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en la muerte de Albán, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida.

“La Misión tiene fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del Sr. Albán y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida”, se lee en el informe.

Para los familiares del concejal esto representa un aliciente y usarán el informe para impulsar la denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos humanos (CIDH).

El abogado del concejal Albán, Ramón Alfredo Aguilar, consideró que el informe de la misión de la ONU no solo es relevante, sino también contundente.

“Considero que el informe es relevante y significativo en comparación a los anteriores. Este es un informe de determinación de hechos y, en ese sentido, tiene naturaleza probatoria. La misión busco documentos y hasta le dio oportunidad al régimen para que se defendiera”, señaló Aguilar.

 “Con este informe podemos insistir más en el caso. En el informe se precisaron las grabaciones en el piso 10 del Sebin, donde interrogaban a Fernando.  Tarek (William Saab, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente) dice que no hay imágenes en las cámaras, pero la misión aseguró existen mecanismos probatorios para mostrar lo que ocurrió”, ratificó.

Sin acceso al expediente

Beatriz Borges, del Centro de Justicia y Paz, recordó que el caso del concejal Albán estaba plagado de irregularidades, debido a que no se llevaron a cabo las actividades básicas en la investigación por parte del Ministerio Público.

“Los familiares nunca recibieron copia del expediente del caso. Tampoco se realizó una autopsia independiente, a pesar de ser solicitada por la CIDH, poco después de la muerte del concejal”, señaló.

Claudio Grossman, profesor de la Academy on Human Rights, señaló que la Fiscalía no tuvo disposición para comunicarse con los familiares Albán para hacer la autopsia independiente.

“Los familiares fueron perseguidos y hasta el abogado del concejal Fernando Albán tuvo que salir de su país; precisamente por insistir en la investigación en la muerte del concejal. Esta más que claro que existe una una responsabilidad de las autoridades superiores en este asesinato y en la persecución que existe”, expresó Grossman.

El jurista sostuvo que la falta de acceso a las pruebas y expedientes por parte de la familia y abogados del concejal “hablan por sí solas”.

Proiuris: Personas LGBTI refugiadas y migrantes requieren mayor solidaridad
Al menos 19 personas LGBTI han sido asesinadas este año en Colombia. A la xenofobia se suma la homofobia, la bifobia y la transfobia, advierte la activista Quiteria Franco

 

Más de cinco millones de venezolanas y venezolanos han huido por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país y la pérdida de libertades. No hay registros confiables de cuántas son personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales).

Tampoco hay cifras oficiales sobre casos de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. No obstante, es una realidad en Venezuela y que se replica en Colombia.

Quiteria Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa, explicó para Proiuris que hay muchas similitudes entre las sociedades venezolana y colombiana.

Aún cuando en Colombia se han aprobado políticas públicas y leyes para proteger los derechos de las personas LGBTI, faltan garantías.

Quinteria Franco: «Es paradójico porque al mismo tiempo América Latina es la región del mundo donde más se ha avanzado en materia legal en cuanto a reconocimiento de matrimonio de parejas del mismo sexo y reconocimiento de la identidad legal a personas trans e intersexuales.

Lo que pienso que ha pasado es que no se ha puesto en práctica un proceso de educación, formación, capacitación y sensibilización a la población.

Es decir, que al tiempo que se prueban medidas legales se debe realizar una política de inserción social. De esta manera, se despierta el odio latente de cierta parte de la población hacia las personas LGBTI.

Hasta 2017, Brasil lideraba la lista de los países donde más se asesina a personas trans, seguido de México, EEUU y Venezuela en cuarto lugar. En los tres primeros países que menciono es legal el matrimonio igualitario, y es posible para las personas trans hacer cambio de identidad legal, nombre y género. Entonces, algo ha fallado.

Proiuris: ¿Qué tan preocupante se vuelve la xenofobia en este contexto?

QF: «La xenofobia es un mal que está afectando a todos los venezolanos que han tenido que salir del país de manera forzada.Esto debido a la situación de emergencia humanitaria compleja y ahora debido a la COVID-19. Esto es sin duda alguna preocupante.

Lo que sucede, además, es que en casos de personas LGBTI ya existe una condición previa de rechazo, estigma y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.

En caso de hombres gay y mujeres lesbianas, es posible en algunos casos ocultar la orientación sexual. En caso de las mujeres trans esto no siempre es posible. Su apariencia física y la incongruencia con sus documentos de identidad las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad ante personas transfóbicas.

Esta combinación de fobias, rechazo y odio, es muy peligrosa, tal como lo indican las estadísticas de crímenes de odio».

Proiuris: ¿Representa la frontera un lugar de mayor vulneración de los derechos de las personas trans?

QF: «La vulnerabilidad de las personas LGBTI las convierte, sin duda alguna, en presas fáciles para el tráfico y trata de personas, sobre todo en los puntos fronterizos, especialmente cuando estos permanecen cerrados.

La hiper-sexualización a la que son sometidas las personas LGBTI es otro agravante. Ya que se les ve como que su única función es la de dar placer, como seres meramente sexuales o de segunda clase.

Por ende, las únicas opciones de sobrevivencia son la prostitución forzada, la pornografía y cosas de este estilo. De allí la importancia de una política educativa que contribuya a cambiar esta percepción sobre las personas LGBTI.

Proiuris: En lo que va de 2020, un total de 19 personas LGTBI han sido asesinadas en el norte de Colombia, ¿qué información maneja en el resto del país?

QF: «Hay que reconocer el trabajo incansable de Caribe Afirmativo en llevar algún tipo de estadística, debido a que las autoridades en Colombia parecen no hacerlo, aunque sea su obligación. Una sola muerte violenta ya es grave.

Entiendo que CA cubre un área considerable del país y la más cerca a Venezuela, donde han llegado muchos venezolanos. Hasta ahora esa es la información que manejamos.

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Proiuris | Dos meses hacinado en PASI a la espera de una PCR
Carlos y su familia regresaron a Venezuela el 27 de junio de 2020. Permanecieron confinados en dos Puestos de Atención Social Integral (PASI) en San Antonio del Táchira por la demora en los resultados de las pruebas confirmatorias del contagio de COVID-19

Reporte Especial Proiuris – Anggy Polanco / Foto: AFP

Nunca imaginó que al volver a Venezuela tendría que permanecer confinado y hacinado junto a otras 150 personas contagiadas con COVID-19 durante dos meses a la espera de una prueba PCR.

Para proteger su integridad lo llamaremos Carlos. El joven de 25 años, retornó a mediados de junio de 2020, con ocho personas, entre ellos su padre, su madre, su esposa y su hijo recién nacido. Provenían de Cali, Colombia.

A pesar de que podían acortar el regreso a casa por una de las trochas que existen entre Táchira y Norte de Santander, decidieron reingresar al país a través de los puentes autorizados, específicamente el Puente Binacional Tienditas.

El 27 de junio los recluyeron en la Escuela República de Cuba, en San Antonio del Táchira, habilitada como Puesto de Atención Social Integral (PASI) para albergar a los afectados por la pandemia.

 

Al sexto día les hicieron la prueba PCR, Reacción en Cadena de la Polimerasa. Dos semanas después llegaron los resultados, un largo tiempo que no esperó el dirigente oficialista Freddy Bernal para recibir respuesta de su examen. En 48 horas el llamado Protector del Táchira tenía la confirmación del contagio.

La noche del sábado 11 de abril llegó al estado Táchira una unidad móvil de bioanálisis, para agilizar los resultados de las pruebas PCR. Así lo dio a conocer Bernal, a través de su cuenta en la red social Twitter. Se realizarían unas 300 PCR…

Separación familiar

Carlos fue el único del grupo de ocho personas con quienes viajó desde Calí que resultó positivo para COVID-19. Les informaron que de 324 personas que pernoctaban en esa escuela, solo 20 resultaron positivos en las pruebas PCR. En ese lugar permanecieron 22 días.

“Cuando nos sacaron de la primera escuela nos dijeron que nos llevarían a un CDI –Centro de Diagnóstico Integral-, pero nos encontramos con la sorpresa que de llegamos a otra escuela. Aquí cumplimos 32 días, ingresamos el 17 de julio”, precisó desde el segundo plantel habilitado como PASI.

 

La familia fue separada. A él y a las demás personas que resultaron positivas para COVID-19 los llevaron a la escuela Antonio María Pérez del Real, en la misma localidad del Táchira. Allí comenzó el tratamiento. Les suministraron Cloroquina pese a que ninguno tenía síntomas, ni siquiera se escuchaban toser, contó Carlos.

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Cada semana se registran cinco feminicidios en Venezuela
La cifra la reporta la organización Utopix

137 feminicidios se cometieron en Venezuela durante el primer semestre de 2020. Así lo reportó la organización Utopix, en su informe semestral sobre la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en el país.

“Son múltiples y diversas las desigualdades y violencia que vivimos las mujeres y las niñas día tras día en todo el mundo, y Venezuela no escapa de esa realidad; este año 2020 los femicidios se han incrementado de manera alarmante, mostrando un aumento de 67 % con relación al año 2019”, explicó Utopix.

La organización destaca que los feminicidios en Venezuela pasaron de ser uno cada dos días a cinco por semana.

El mes con mayor violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes fue enero con 34 víctimas. El segundo fue abril con 24 casos registrados.

Feminicidios en cifras

En 54,01 % de los casos registrados de feminicidios en Venezuela las víctimas tenían entre 16 y 40 años. 48 feminicidios se cometieron con armas de fuego; 29 con armas blancas; 23 por asfixia mecánica y 21 por violencia física.

A tres de las víctimas las quemaron vivas. A una la ahogaron y siete mujeres fallecieron por violencia obstétrica. Otro de los feminicidios se cometió mediante envenenamiento.

De 182 feminicidas, 86 están presos, 25 se encuentran fugados, 12 se suicidaron tras cometer el crimen y 15 murieron en presuntos enfrentamientos.

27 % de los casos de feminicidios en Venezuela fueron cometidos por las parejas conyugales de las víctimas. 11 % por exparejas, mientras que en 13,33 % de los casos los perpetradores fueron familiares cercanos.

En 41 de los 137 casos registrados, los cuerpos de las víctimas fueron dejaron en vías públicas. En 11 casos hubo signos de violación y en otros 15 las víctimas fueron torturadas.

72.517 personas venezolanas retornadas no tienen garantizados derechos
La mayoría proviene de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú

Sanidad, agua y gas doméstico son algunas de las necesidades insatisfechas de 72.517 personas venezolanas retornadas al país por la contingencia sanitaria causada por la COVID-19.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), indicó en su último informe que el impacto humanitario seguirá en aumento si no se fortalece el entorno de protección.

La OCHA señaló que para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad se deben elaborar lineamientos nacionales para la detección y atención de la COVID-19 en personas venezolanas retornadas, lo cual incluye la prevención de infecciones en espacios de alojamiento temporal.

También destacó la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta y atención que ofrecen los Puntos de Atención Social Integral en los estados fronterizos (PASI).

Hasta el 31 de julio las autoridades confirmaron 17.859 casos de COVID-19 en Venezuela. La OCHA manifestó la necesidad de apoyar la capacidad operativa de los establecimientos de salud, con un suministro continuo de medicamentos e insumos, al igual que de los servicios esenciales.

La Oficina aseguró que al 11 de julio existían 212 casos de coronavirus entre el personal del sector salud. La limitada disponibilidad de equipos de protección personal así como la negligencia y prácticas no sanitarias figuran como posibles causas de los contagios.

La implementación de procesos educativos para la transferencia de conocimiento es imprescindible para asegurar el fortalecimiento de capacidades en el personal sanitario y garantizar una mayor tasa de recuperados.

Casos locales en alza

OCHA destaca que las personas venezolanas retornadas en el marco de la pandemia son las que requieren mayor atención humanitaria. Entre ellos quienes provienen de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Sin embargo, la OCHA advirtió que no se deben descuidar los casos comunitarios.

El informe indicó que para el mes de julio 5.450 de todos los casos habían sido importados al país. Esto representa un cambio en la tendencia de tipos de contagio. Ahora el número de casos de transmisión comunitaria representa 67 % del total de casos (11.121).

Las recomendaciones de la OCHA se rigen por el el Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de Necesidades Humanitarias 2020 para Venezuela, que tiene por objeto proporcionar asistencia humanitaria a 4,5 millones de venezolanos y venezolanas en situación de mayor vulnerabilidad.

El Plan tiene tres objetivos estratégicos: prestar asistencia de emergencia para salvar vidas; asegurar los medios de vida mediante un mejor acceso a los servicios básicos; y garantizar la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Migración y pandemia en el imaginario de los niños
Menores de edad cuentan como es la vida del venezolano en 2020

El sol es inclemente en ese lugar donde el asfalto se convirtió en polvo. En un ambiente desértico destaca el revoloteo de un grupo de niños y niñas que juegan inocentemente.

Una niña espera sobre un risco de tierra que se impone cerca de su casa hecha de latón. 

Dice que no ha comido. Los alimentos vendrán más tarde, si sus padres tuvieron un buen día en los trabajos precarios que tienen en el comercio informal.

Ella dice que extraña su casa, en Caracas. La pequeña y su familia migraron hacia el sector Pinto Salinas, en San Antonio, estado Táchira, hace más de cinco meses en búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Los planes de cruzar hacia Colombia quedaron en suspenso. Permanecen en el lado venezolano de la frontera a la espera de que la pandemia amaine.

Los recuerdos, deseos y sentimientos de la pequeña, así como los de otros niños y niñas migrantes que conviven en la zona fueron plasmados en dibujos.

Son obras sin pretensiones artísticas que reflejan los cambios abruptos que han experimentado en los últimos años y que han recrudecido con el surgimiento de la COVID-19. La migración y la pandemia fueron los temas a recrear desde el imaginario infantil.

Sebastián, uno de los muchachitos convocados a dibujar por la organización no gubernamental Operación Libertad, puso sobre papel el relato de lo que vivió días antes.

“La policía te multa si no tienes tapabocas”, dice Sebastián al referirse a un altercado entre sus padres y funcionarios policiales. Sus padres habrían sido víctimas de un intento de extorsión. Sin embargo, si no tenían para comprar un tapabocas, menos tendrían para acceder al pago ilegal exigido por los policías.

Apenas tiene 10 años de edad y ya es testigo de un atropello policial, de una violación de derechos humanos que lo afecta directamente.

La vida de Anyeleith, de 5 años, cambió radicalmente el día que tuvo que separarse de sus familiares y abandonar la casa donde vivía, en Maturín, estado Monagas.

Sus padres migraron a Colombia. Su plan era trabajar y enviar dinero a Venezuela para brindarle al menos lo esencial a la niña .

En una semana, Anyeleith tuvo que abandonar la escuela y, con ello, también perdió a amiguitos y amiguitas. Ahora vive con sus abuelo. Su mayor deseo es volver a abrazar a su mamá.

José Gregorio, de 6 años de edad, dibujó su nuevo hogar, el cual tiene una puerta y dos ventanas. En techo es de zinc y tiene encima unos cauchos. Él migró desde la capital junto a su familia y ahora reside cerca de la frontera venezolana.

El niño aspira a migrar junto a su familia a Colombia cuando la pandemia de la COVID-19 ya no sea un peligro.

Danna , de 8 años de edad, también expresó con creyones su experiencia con la migración y la pandemia. Lamenta que el intercambio con las demás personas esté signado pormedidas de distanciamiento físico que le incomodan. Lamenta que esté prohibido salir a la calle a jugar con su bicicleta.

Desde que llegó a la frontera, dice, su mamá se dedicó a la peluquería. Sin embargo, debido a la crisis acentuada por la pandemia, su madre ha tenido que salir a buscar nuevos ingresos en el comercio informal, que también se ha venido a menos.

«Tengo mucho miedo. Estoy muy preocupada porque no quiero que mis hermanos o mi mamá mueran por el virus», dice la niña.

Migración interna pre COVID-19

San Antonio, Pedro María Ureña, Ayacucho y García de Hevia no son municipios del Táchira con grandes emporios empresariales ni empresas gubernamentales. Son zonas fronterizas con escasos servicios públicos y con una industria devastada luego del cierre de frontera impuesto por Nicolás Maduro en 2015.

A partir de 2016, cuando la escasez de alimentos, medicinas y otros productos de consumo masivo golpeó más duramente a la población venezolana, algunos comenzaron a abastecerse en Colombia. Ello creó un comercio efervescente en la frontera que abrió oportunidades de empleo a ambos lados de la línea limítrofe, aunque fueran empleos precarios.

Esta actividad comercial se fortaleció con la expedición del llamado carnet fronterizo, inicialmente pensado para la migración pendular, pero que, en la práctica, ampliaba la zona de tránsito de venezolanos en Colombia.

Además, los municipios fronterizos de Táchira se convertirían en las principales puertas de salida de todos los que huyen de Venezuela por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país.

Luego de que un grupo de mujeres forzaran la reapertura de los pasos fronterizos de forma peatonal, miles de personas de diversas regiones de Venezuela se abocaron a la frontera del Táchira ante la posibilidad de abastecerse de los productos de primera necesidad. A diario llegaban más de 200 autobuses provenientes de diversos destinos.

El terminal de San Antonio pasó a ser una de las rutas más solicitadas en los terminales del país. El terminal de transporte municipal pasó de tener seis rutas nacionales y cinco suburbanas a tener más de 60 líneas que recorrían Venezuela entera. Desde Caracas se ofertaba el pasaje Caracas – San Antonio y había que hacer filas para conseguir un boleto.

El peso sustituyo al bolívar en las transacciones comerciales que se realizaban y se realizan en el lado venezolano de la frontera, la cual se fue llenando de personas procedentes del centro y oriente del país. Los hoteles y residencias se colmaron. Hubo épocas en que muchos dormían en las calles .

Todo ello ocurría a medida que la crisis económica se profundizaba en Venezuela, luego del cierre y reapertura de la frontera de Venezuela con Colombia. Muchos se establecieron en la frontera también por la facilidad del cobro de remesas del lado colombiano.

Cientos de migrantes internos se agolpaban en las calles de estas localidades, lo cual era particularmente visible en San Antonio. La avenida Venezuela de esta localidad se colmó de vendedores informales de diversos alimentos y las más variadas mercancías traídas de Colombia. También se ofrecían, con discretos pregones, servicios de traslados y de carga por pasos legales e ilegales.

Economía informal y pandemia

La economía informal en los municipios fronterizos de Táchira ha mermado drásticamente con el surgimiento de la COVID-19. El lugar que antes era una oportunidad para obtener mejores ingresos económicos, ahora representa para muchos el plan frustrado de salir del país o equilibrar su economía como migrantes pendulares.

En este contexto, aumenta la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas que forman parte de esta migración interna, de este desplazamiento hacia la frontera con Colombia.

Los más pequeños deben afrontar las consecuencias de la interrupción de sus actividades escolares y de otras eventuales mudanzas. En algunos casos las pérdidas tienen que ver con la separación de sus padres y madres.

 

Evans, otra víctima de la persecución estatal
El politólogo podría enfrentar una pena de 20 años de cárcel por la imputación de delitos contemplados en la Ley Contra el Odio

Nicmer Evans, politólogo y director del portal web Punto de Corte, tiene 40 horas detenidos arbitrariamente. La razón: twittear sobre el estado de salud del oficialista Fidel Madroñero.

El mensaje que escribió Evans en su cuenta de twitter fue: “larga vida, para que la justicia del hombre llegue antes que la divina”. 

Luego de publicar el mensaje, la noche del 13 de julio de 2020, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron su residencia. También se llevaron detenido a su abogado Álvaro Herrera.

Evans hizo un video mientras lo detenían por la presunta comisión del delito de Instigación al odio, establecido en la Ley Orgánica contra el Odio por una convivencia pacífica.

La orden de aprehensión la firmó el juez 21 de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas José Márquez.

Evans podría enfrentar una pena de 20 años de cárcel por la imputación de delitos contemplados en la Ley Contra el Odio.

Evans dijo: “La crítica, la defensa y la resistencia ante la tiranía, no puede ser considerada instigación al odio”.

Los familiares de Evans no tienen contacto con el politólogo desde la noche de su detención. No recibe sus medicinas ni comidas. Denunciaron que tampoco le permiten las visitas de los abogados de Nicmer Evans.

Persecución del gobierno

El 2 de julio de 2020, Michelle Bachelet, la Alta Comisionda de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe donde reprochaba la detención a personas por razones políticas.

Enfatizó que las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos y otros críticos persisten en Venezuela. Además, se registraron detenciones arbitrarias por la expresión de opiniones.

“También documentó violaciones al debido proceso para personas acusadas de delitos de traición, la rebelión, la incitación pública, la conspiración, el intento de asesinato, el terrorismo y la financiación de actividades terroristas”, se lee en el informe.

Durante la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19, 15 periodistas han sido detenidos por informar. Han sido sometidos a procesos penales por la presunta comisión del delito de incitación al odio.

Espacio Publico explicó en su último informe que el mes de junio cerró con 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión en el año. Entre las más frecuentes figuran: la intimidación, amenazas y censura.

Periodistas en la mira

El reportero gráfico Gleybert Asencio y los motorizados Ronald Montaño y Yonathan Torres Alvarado permanecieron detenidos dos horas y media por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Después de dos horas y media detenidos arbitrariamente, liberaron al reportero gráfico Gleybert Asencio y los motorizados Ronald Montaño y Yonathan Torres Alvarado, todos de Crónica Uno”, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

El Sindicato denunció que funcionarios de la GNB detuvieron al fotoreportero mientras cubría una pauta en el hotel Palmar de Plaza Venezuela, la mañana de este 15 de julio.

“Gleybert Ascencio, reportero gráfico de @CronicaUno, lo detuvieron por la GNB junto a dos motorizados del medio digital. Al equipo lo abordaron cuando realizaban una pauta en las cercanías del Hotel Palmar, en Plaza Venezuela”, alertó el Sntp.

Al reportero y al motorizado de Crónica Uno los despojaron de sus documentos de identidad. “Le recordamos a los funcionarios que los trabajadores de la prensa estamos haciendo nuestro trabajo”, fue el mensaje anterior a la liberación”, explicó el Sntp.