Una Ventana a la Libertad

Más de 5 mil denuncias se reportaron en 2022 y en la última década van más de 17 mil imputaciones por ese delito

De acuerdo con un informe de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), el delito de abuso infantil es una de las seis principales causas de ingreso a prisión en Venezuela.

Más de 5 mil denuncias de abuso sexual infantil se reportaron en 2022, 29% más que el año anterior, según cifras oficiales a las que accedió la agencia de noticias AFP. 

De los poco más de 5 mil , 2.311 fueron imputados y 1.013, condenados. En la última década van más de 17.000 imputaciones y 5.196 condenas.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Venezuela viven alrededor de 10 millones de niños, niñas y adolescentes. 

Analistas señalaron que el abuso infantil se produce con más facilidad cuando los jóvenes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 

Un claro ejemplo de esto es la migración forzada huyendo de la crisis económica, que prácticamente obliga a los padres y representantes a dejar a sus hijos al cuidado de abuelos, familiares y hasta vecinos. 

“Están más solos, expuestos a la violencia y aquí entra el abuso, este problema cultural ahora está en aumento», declaró a El Nacional la criminóloga Magally Huggins.

Según expertos, los abusos a los niños se producen incluso con el consentimiento del cuidador.

De acuerdo con la Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes (Redhnna) existen casos en los que padres permiten el abuso a cambio de dinero o comida. “Eso lo estamos viendo de verdad con mucha frecuencia”.

Otra arista del problema es la falta y deterioro de colegios y liceos públicos y la deserción escolar.

“Las escuelas no funcionan, sino un día a la semana o dos, pues debido a los bajos salarios los profesores redujeron sus horarios de trabajo. Y muchos jóvenes quedan entonces sin cuidados”, agregó Huggins

Pese a que fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, sostuvo que el proyecto Pedofilia es Crimen ha permitido que la gente pierda el miedo a denunciar, Child Rights International Network, red que apoya a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, denunció que Venezuela es el segundo país de América Latina con menos medidas para la prevención contra el abuso sexual infantil.

Fenasopadres advierte demora en el inicio del año escolar

Más de 200 privados de libertad se declaran en protesta porque no quieren que un comisario, que ya fue denunciado por maltratos, vuelva a tomar las riendas de este centro de detención 

Con gritos de “fuera, fuera, fuera”, cacerolazos y entonando el himno nacional los más de 200  privados de libertad que se encuentran recluidos en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Pata ‘e Palo de la Policía Nacional Bolivariana de Barquisimeto se alzaron contra la reasignación de un comisario jefe porque, supuestamente, viola los derechos humanos de los prisioneros y de sus familiares. 

El alzamiento de los reclusos, según fuentes internas de Pata ‘e Palo y de familiares de reos, fue catalogado por los mismos privados como pacifico e inició en horas de la mañana de este lunes 31 de julio al enterarse que al CDP llegaría a dirigirlo un comisario que fue denunciado anteriormente por diferentes irregularidades. De acuerdo a los consultados y videos que les hicieron llegar a Una Ventana a la Libertad (UVL), los presos no quieren que el funcionario Wilfredo Mujica vuelva a la dirección de la estación porque él supuestamente “los extorsiona y los maltrata”. 

“No queremos extorsiones. Mujica extorsionador, no te queremos” eran parte de los reclamos que hacían los privados de libertad desde sus celdas. Durante la protesta, varios funcionarios policiales destacados allí mediaban y pedían calma a los reclusos al mismo tiempo que redoblaban la seguridad dentro y fuera de la estación que se ubica en la muy transitada avenida Libertador de la capital y a pocos metros del principal hospital del estado Lara.

No es la primera vez que se registran denuncias contra Mujica por maltratos, abusos de poder o procederes irregulares en la custodia de los privados de libertad. En noviembre de 2022, abogados de los hermanos Avendaño Escuela, fotografías y familiares dieron a conocer públicamente el presunto castigo que recibían estos dos hombres al ser esposados pegados a una ventana, con sus brazos en alza y el uno contra el otro. En esa oportunidad, otros parientes aprovecharon para denunciar a UVL que los policías pedían dinero para ingresar alimentos, medicinas, permitir visitas, traslados a tribunales, a los baños o simplemente entregarle cartas que escribían los procesados.

Luego de esa denuncia,  el diario regional La Prensa desmintió que en la PNB de Pata ‘e Palo realizaran maltratos y el supervisor Héctor Salcedo declaró que los funcionarios no podían acceder “a los caprichos” de los presos pues todos “contaban con sus horarios y nosotros (los policías) no cobramos para llevarlos a los baños”, declaró el tercero al mando del Centro de Resguardo del detenido en Lara para esa oportunidad. 

En otra publicación de La Prensa, el comisario Mujica (el hoy señalado por los reos) explicó que en ese CDP las condiciones de los calabozos (hay aproximadamente 6 y estaban construyendo más) habían mejorado con respecto a otras gestiones. “Poco a poco se ha hecho correctivos, se ha capacitado a los funcionarios para el respeto de los derechos humanos y salud de detenidos”, comentó Mujica para el medio de comunicación citado. 

Los abogados alegan que se alteraron el orden de las pruebas

El viernes 28 de julio hubo continuación de juicio a los cinco exfuncionarios por la muerte de las 69 personas en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo, y donde estaba fijado los testimoniales de dos víctimas indirectas, pero que la defensa de uno de los enjuiciados no lo permitió.

La doctora Lyli López, responsable del Comité de Víctimas Indirectas de la Tragedia Navas Spinola”, le dijo al equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL), que estaban promovidos  dos testimoniales por el Ministerio Público (MP), pero que la abogada María Elena Hernández, defensora de José Luis Rodríguez Rodríguez, se opuso.

“La doctora Hernández hizo un planteamiento, una incidencia al tribunal a los fines de que no se lograra el testimonio de las víctimas indirectas porque supuestamente se había alterado el orden de las pruebas”.

López aseguró que no es así, porque el mismo juez en audiencias pasadas exhortó al MP y a la representación de Comité de Víctima a los fines de que comparecieran estas víctimas indirectas.

La responsable del Comité de Víctimas le hace un llamado a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSP), doctora Gladys Gutiérrez, y al fiscal general de la  República (FGR),  doctor Tarek Williams Saab, porque este es un caso de multiplicidad de víctimas donde perdieron la vida 69 seres humanos quemados detrás de las rejas en la Comandancia General de la Policía del Estado Carabobo.

“Fallecieron 66 presos y tres mujeres que  se encontraban pernoctando producto de la corrupción. Ya son cinco años y cuatro meses esperando se  haga justicia”, dijo.

La profesional del derecho también informó que se agregó una prueba documental (proctólogo de autopsia), se citó a la anatomopatóloga y que la continuación del juicio se fijó para las 10:00 de la mañana del viernes 4 de agosto.

Continúan las amenazas

La doctora Lyli López acudió el jueves 27 de julio ante la sede de la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Carabobo a los fines de imponerse de una medida de protección acordada por el Tribunal y solicitada por el MP en virtud de las sistemáticas amenazas que ha recibido por el caso de los 69 muertos el 28 de marzo de 2018 en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo.

“Fui beneficiada por una medida de protección tramitada por ante el Ministerio Público del Estado Carabobo y acordada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Carabobo en virtud de las sistemáticas amenazas que he recibido luego que el juez de Juicio 5, Dr. Rafael Sánchez Moreno, en plena sala le dijo a la fiscal 35 que conjuntamente conmigo organizáramos la comparecencia de las víctimas indirectas en el juicio y de allí me empezaron a llamar amenazándome y siguiéndome”.

Incluso, este viernes 28 de julio la amenazaron: “De hecho, el día de hoy lo volvieron hacer. Sin embargo seguimos en la búsqueda de justicia y en la defensa de los derechos humanos, la verdad siempre sale a la luz pública y tarde o temprano se hará justicia”, acotó López.

En julio la cárcel Fénix ha sumado los últimos muertos en la región larense el más reciente era un recluso de Aragua

A 11 fallecidos ascendió la cantidad de privados de libertad que han perdido la vida en el estado Lara en lo que va de 2023. Los últimos dos se registraron en la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada al norte de Barquisimeto, y ocurrieron en menos de 15 días según los ingresos a la morgue del hospital central Antonio María Pineda. 

El 11 de julio se registró la muerte de un hombre de aproximadamente 45 años. El ingreso del cadáver se hizo en la sala patológica sin ningún tipo de identificación y, según pudo conocer Una Ventana a la Libertad, la causa de muerte fue tuberculosis. Once días después, específicamente, el 22 de julio fue llevado a la morgue otro cuerpo proveniente también de Fénix. 

El segundo fallecido quedó identificado como Carlos José Batista de 38 años de edad quien tenía complicaciones respiratorias asociadas a la tuberculosis. Supuestamente, en Fénix se agravó su estado de salud y murió. Se pudo conocer que este hombre tenía dos años de haber ingresado a la comunidad penitenciaria luego de ser trasladado desde Maracay. 

Con Batista sería el sexto hombre que muere en Fénix en lo que va de 2023 según los registros que suma UVL.  

La organización relató que se escucharon detonaciones por arma de fuego en el interior de los calabozos de la PNB. Los detenidos sometieron a cinco funcionarios 

La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) denunció que un grupo de hombres recluidos en unos calabozos policiales en el este de Caracas realizaron el 25 de julio un motín en señal de protesta por la supuesta cancelación de las visitas de sus familiares, luego de que se fugaran «siete reclusos» durante la madrugada del 23 de julio. 

En una nota de prensa, la organización relató que se escucharon «detonaciones por arma de fuego en el interior de los calabozos» de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde «cinco» funcionarios «fueron sometidos por los privados de libertad».

La ONG señaló que, posteriormente, unas comisiones del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de la División de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB llegaron al centro de detención preventiva, cuyos accesos estuvieron «restringidos debido al fuerte despliegue policial».

En «las negociaciones», los reclusos, supuestamente, «han solicitado tener wifi y salir a la calle de vez en cuando», agregó Una Ventana a la Libertad.

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Motín en Aragua

La semana pasada se registró un motín en unos calabozos de la PNB en el estado Aragua, durante el que un centenar de presos mantuvo como rehenes a cuatro policías para exigir el fin de los «abusos» y denunciar el retardo en sus procesos judiciales.

Luego de dos días de secuestro, los reos liberaron, sanos y salvos, a los cuatro funcionarios, tras conseguir que un juez garantizara el traslado de varios de los detenidos hacia diferentes penales y la revisión de sus casos.

Según UVL, el hacinamiento en los calabozos policiales fue de 334,55 % en 2022, lo que ha empeorado las condiciones sanitarias de las personas allí recluidas.

El pasado jueves, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció la puesta en marcha de un plan para reducir el número de personas detenidas en estos centros.

Reinician el proceso judicial de 45 presos políticos 

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció el 15 de julio que revocaron la jurisdicción de más de 45 casos de presos políticos al Tribunal Octavo de Juicio del área Metropolitana de Caracas y Tribunal Tercero con competencia en terrorismo, a cargo del juez Aquiles Vera. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) transfirió la competencia en terrorismo al Tribunal 29 de Juicio del área Metropolitana de Caracas, lo que obliga al poder judicial a reiniciar los procesos forenses que tenía Vera.

El cambio afecta los juicios de presos políticos civiles y milatres como Guillermo Zárraga, Franklin Caldera Martínez, Javier Tarazona, Roland Carreño y Robert Franco, quienes tienen más de dos años en la espera de una sentencia a sus detenciones arbitrarias.

Ahora sus casos deben ser reseteados ante el nuevo tribunal que llevará sus investigaciones, deben empezar desde cero todo el proceso. 

«La mayoría de estos casos estaban a punto de dictarles su sentencia. El juez debió dar sus conclusiones y absolver o penalizar a las personas. Pero, como en la mayoría no hay pruebas para penalizar, realizaron una condena anticipada al cambiar la competencia al tribunal de forma arbitraria. Ahora seguirán privados de libertad», dijo en una entrevista a Runrun.es la abogada Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón. «Esto deja en evidencia la manipulación del sistema de justicia en el país». 

Con información de EFE

Un detenido, de 26 años de edad, padece de una osteomielitis crónica debido a una fractura de fémur derecho. Funcionarios le niegan el tratamiento médico mientras está en reclusión y en el Hospital Universitario de Valera lo dieron de alta prematuramente

Alexander Rodríguez, de 26 años de edad, quien permanece privado de libertad en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el Eje Panamericano del estado Trujillo, padece de una severa infección bacteriana en su pierna derecha. De acuerdo a la denuncia de sus familiares, hecha durante esta última semana de junio, el joven puede morir si no recibe tratamiento médico urgente.

Empeora en la celda

Rodríguez había sufrido una fractura en el fémur y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Según los informes presentados por los consanguíneos a Una Ventana a la Libertad, los médicos del Hospital
Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo, situado en Valera, lo trataron con material de osteosíntesis, pero se complicó con una osteomielitis crónica Cierny y Madre IVB. Los declarantes sospechan que esto ocurrió durante la operación realizada por médicos residentes.

Debido a su sufrimiento y por intersección de sus seres queridos, Rodríguez permaneció hospitalizado por varios días, pero con la autorización de un superior los médicos le dieron de alta prematuramente. En consecuencia, los familiares temen que su salud pueda empeorar durante su estadía en las celdas del Centro de Detención Preventiva, en el cual lleva ocho meses a la espera de una sentencia penal.

Se niegan a tratarlo

Igualmente, los denunciantes aseguraron que durante su estadía en el hospital, el personal le negó una atención digna, pues se negaron a tratarlo con medicamentos o ponerle cemento óseo, que habían solicitado previamente a los familiares. Además, los funcionarios del Conas no cuentan con personal capacitado para tratarlo en el CDP y lo dejarán a su suerte. “Ellos son responsables de lo que pueda pasar, pedimos se respeten sus derechos. En el informe está todo, deben tratarlo urgente” expresó indignado uno de los declarantes.

Actualmente, el detenido no tiene movilidad en su pierna y la bacteria debilita su estado de salud. Los familiares solicitan tanto al Ministerio Público como otros organismos del Estado a intervenir de inmediato. Vale mencionar que, junto al detenido del Cicpc- Boconó quien padece del síndrome de Guillain-Barré, este es el segundo caso registrado de privados de libertad en condiciones de salud delicadas y desatendidos médicamente.

Aseguran que cobran para el ingreso de visitas y se está creando una célula de líderes negativos

Familiares de los privados de libertad recluidos en la Comandancia General de la Policia del Estado Portuguesa, en Guanare , hicieron una denuncia pública sobre la violación de los derechos humanos de los reclusos. Se dirigen a través de redes sociales digitales a Nicolás Maduro, al Gobernador Primitivo Cedeño y al Fiscal General de la República Tareck Willian Saab.  

En el escrito, los presos de Poliportuguesa señalan y llaman la atención del comandante y director de la policía, comisionado general Orlando Pacheco, para que se dedique q cumplir sus funciones como director . “Están ocurriendo muchas irregularidades con los privados de libertad, siendo violados sus derechos humanos como  los de sus familiares “, sugieren. 

“Cobran para el ingreso de visitas y se está creando una célula de líderes negativos, quienes se encargan de golpear brutalmente a la población, y han ingresado una cantidad de armamentos como cuchillos , escopetas revólveres y pistolas”, denuncian en la carta digital. 

En el comunicado destaca que los familiares pagan una causa de 10 dólares quincenales por derecho a vivir en el calabozo y 5 dólares quincenales para tener un teléfono.  

De acuerdo a registros llevados por Una Ventana a la Libertad, la Comandancia General de Policía del Estado es el centro de detención preventivo más grande de  Portuguesa . Este alberga un total de 223 internos, entre los cuales se encuentran 24 femeninas. 

Los calabozos de la Comandancia General de Poliportuguesa fueron saneados el 28 de julio del 2021 en el marco del plan especial de revolución judicial, mediante requisa extraordinaria, cuando se desmanteló a un grupo irregular que se hacía llamar el Pranato

En esa ocasión, fueron trasladados cuatro líderes negativos a la sede de la delegación Guanare del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para controlar la situación interna en este centro policial.

Son aproximadamente 14 mujeres

Las privadas de libertad que permanecen recluidas en las sedes del Eje contra Homicidios Valles del Tuy  y de la subdelegación Santa Teresa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y  Criminalísticas (Cicpc) solicitan que se realice un operativo médico dedicado a la mujer.  

En estas dos dependencias, ubicadas en la urbanización industrial El Cujial del municipio Independencia, de los Valles del Tuy, estado Miranda, hay aproximadamente 14 mujeres.

Las detenidas enviaron una comunicación a sus familiares para que la hicieran llegar a Una Ventana a la Libertad (UVL). En la misiva exponen la necesidad de que se lleve a cabo una jornada de salud que incluya citología y examen de mamá.

Según las privadas de libertad, hay presas que tienen hasta tres años sin practicarse este tipo de exámenes, que se recomiendan al menos una vez cada doce meses.  

“Ellas esperan que alguna institución escuche este llamado y se organice un operativo asistencial, exclusivo para mujeres”, dijeron los parientes de las detenidas.