La organización relató que se escucharon detonaciones por arma de fuego en el interior de los calabozos de la PNB. Los detenidos sometieron a cinco funcionarios
La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) denunció que un grupo de hombres recluidos en unos calabozos policiales en el este de Caracas realizaron el 25 de julio un motín en señal de protesta por la supuesta cancelación de las visitas de sus familiares, luego de que se fugaran «siete reclusos» durante la madrugada del 23 de julio.
En una nota de prensa, la organización relató que se escucharon «detonaciones por arma de fuego en el interior de los calabozos» de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde «cinco» funcionarios «fueron sometidos por los privados de libertad».
La ONG señaló que, posteriormente, unas comisiones del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de la División de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB llegaron al centro de detención preventiva, cuyos accesos estuvieron «restringidos debido al fuerte despliegue policial».
En «las negociaciones», los reclusos, supuestamente, «han solicitado tener wifi y salir a la calle de vez en cuando», agregó Una Ventana a la Libertad.
Motín en Aragua
La semana pasada se registró un motín en unos calabozos de la PNB en el estado Aragua, durante el que un centenar de presos mantuvo como rehenes a cuatro policías para exigir el fin de los «abusos» y denunciar el retardo en sus procesos judiciales.
Luego de dos días de secuestro, los reos liberaron, sanos y salvos, a los cuatro funcionarios, tras conseguir que un juez garantizara el traslado de varios de los detenidos hacia diferentes penales y la revisión de sus casos.
Según UVL, el hacinamiento en los calabozos policiales fue de 334,55 % en 2022, lo que ha empeorado las condiciones sanitarias de las personas allí recluidas.
El pasado jueves, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció la puesta en marcha de un plan para reducir el número de personas detenidas en estos centros.
Reinician el proceso judicial de 45 presos políticos
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció el 15 de julio que revocaron la jurisdicción de más de 45 casos de presos políticos al Tribunal Octavo de Juicio del área Metropolitana de Caracas y Tribunal Tercero con competencia en terrorismo, a cargo del juez Aquiles Vera. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) transfirió la competencia en terrorismo al Tribunal 29 de Juicio del área Metropolitana de Caracas, lo que obliga al poder judicial a reiniciar los procesos forenses que tenía Vera.
El cambio afecta los juicios de presos políticos civiles y milatres como Guillermo Zárraga, Franklin Caldera Martínez, Javier Tarazona, Roland Carreño y Robert Franco, quienes tienen más de dos años en la espera de una sentencia a sus detenciones arbitrarias.
Ahora sus casos deben ser reseteados ante el nuevo tribunal que llevará sus investigaciones, deben empezar desde cero todo el proceso.
«La mayoría de estos casos estaban a punto de dictarles su sentencia. El juez debió dar sus conclusiones y absolver o penalizar a las personas. Pero, como en la mayoría no hay pruebas para penalizar, realizaron una condena anticipada al cambiar la competencia al tribunal de forma arbitraria. Ahora seguirán privados de libertad», dijo en una entrevista a Runrun.es la abogada Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón. «Esto deja en evidencia la manipulación del sistema de justicia en el país».
Con información de EFE
