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Lorena Meléndez Dic 31, 2018 | Actualizado hace 10 meses
2018: El año del desquite
La imagen de un gobierno que se vio debilitado durante las manifestaciones de 2017 quedó atrás durante 2018. El año, más bien, sirvió no solo para que Nicolás Maduro se levantara, se reeligiera, sino para que endureciera sus castigos contra la disidencia, aplanada por el mazo del desquite

 

@loremelendez

MATAR A UN ICONO DE LA “RESISTENCIA”, mostrar a un preso político semi desnudo y lleno de excremento, arrasar con cualquier militar que suponga una amenaza. Estas son tres acciones que confirman que el gobierno de Nicolás Maduro, tan cuestionado en 2017 por reprimir a las millones de personas que protestaron en su contra y señalado porque las fuerzas leales a él ejecutaron al menos a 83 de las 158 que murieron en medio de los conflictos, no se quedó de brazos cruzados durante 2018. Todo lo contrario.

Aunque el año pasado ya acumulaba nueve denuncias ante la Corte Penal Internacional –incluida la del Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra‘ad al Hussein, quien pidió la apertura de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad al mandatario venezolano- Maduro, lejos de asumir una postura que lo distanciara de estos delitos, en 2018 parece haber tomado una que lo reafirmó como violador de derechos humanos. Después de lo débil que se vio durante los cuatro meses de manifestaciones de abril de 2017 y de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea en contra de su investidura y la de sus funcionarios más cercanos, Maduro mostró su lado más represivo.

El verbo “desquitar”, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como “tomar satisfacción, vengar una ofensa, daño o derrota”. ¿Fue esto lo que hizo el primer mandatario? Aquí un repaso a los hechos que apuntan hacia esta hipótesis.

El castigo a los rebeldes: la muerte de Óscar Pérez


Apenas dos semanas después de que comenzara 2018, el gobierno dio su primera embestida. Durante la madrugada del 15 de enero, decenas de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, armados con fusiles, granadas y lanzacohetes, rodearon un chalet del Kilómetro 16 de El Junquito donde se había refugiado el piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros.

Fue ese el inicio de la “Operación Gedeón” (que en hebreo significa “destructor” o “guerrero poderoso”), que horas después mató a todos los insurgentes con disparos en las cabezas, de acuerdo con las actas de defunción de las víctimas. El mismo Pérez, antes de morir y con el rostro ensangrentado, hizo saber lo que pasaría a través de un video que se difundió en redes sociales: “No quieren que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir”.

Así acabó la historia del hombre que se había convertido en un emblema de la resistencia contra el gobierno de Maduro, aquel inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017, a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil en medio de las protestas antigobierno que ese año dejaron 158 caídos, de acuerdo a cifras y datos recolectados por Runrun.es. El mismo que asaltó un fuerte militar para robar armas y que planeaba una estrategia para derrocar al mandatario.

Horas después de lo que luego se conoció como “La masacre de El Junquito”, Maduro aplaudió la labor de las fuerzas de seguridad por acabar con lo que consideró un “grupo terrorista”. También lanzó una advertencia a cualquiera que intentara sublevarse: “Todo el que entre por el camino del terrorismo y haga armas contra la República, tendrá la oportuna respuesta de nuestras fuerzas armadas y policiales”.

El suceso no acabó allí. Los familiares tuvieron que esperar una semana para que les entregaran los cuerpos de los caídos. Los obligaron a enterrarlos sin un funeral previo y en cortas ceremonias hechas solo con la presencia de los familiares directos a primeras horas de la mañana o en la noche, como fue el caso de Lisbeth Andreína Ramírez, la única mujer del grupo.

Ni uno libre: el año de los militares presos

Tras la masacre de El Junquito, el gobierno comenzó una purga en las filas de sus fuerzas de seguridad. Al menos nueve militares, entre ellos siete primeros tenientes, fueron arrestados por supuestamente tener vínculos con el piloto rebelde. Y la persecución continuó en los meses siguientes.

A finales de febrero, once soldados fueron expulsados de la Fuerza Armada Nacional, mientras que trece oficiales de alto rango fueron degradados “por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la nación”. La orden, dictada por Nicolás Maduro, se publicó en Gaceta Oficial e incluía al general y exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009; Antonio Rivero, dirigente de Voluntad Popular en el exilio; Hebert García Plaza, exministro de Alimentación y al capitán Juan Caguaripano, quien en agosto de 2017 asaltó un fuerte militar.

Días después, ya en marzo, a otros nueve uniformados –entre estos seis tenientes coroneles, un primer teniente y dos sargentos– se les acusó de haber formado una célula insurreccional llamada “Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo”. A todos les imputaron los delitos de instigación a la rebelión y actos contra el decoro marcial.

En mayo, en días previos a las elecciones presidenciales, 18 efectivos corrieron la misma suerte.  La mayoría pertenecía a la Unidad de Operaciones Especiales (Uope), integrada por miembros de la Armada Venezolana y a la Aviación Militar.

La experta presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, ha señalado varias veces la gravedad del fenómeno. “No dudo en señalar que el gobierno de Venezuela enfrenta la peor crisis militar desde 1992 (cuando Hugo Chávez encabezó un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez). La del 2002 (cuando intentaron derrocar a Chávez) fue palaciega, de allí la diferencia”, escribió en su cuenta en Twitter en 1992.

Presidenciales adelantadas o cómo desmotivar a un votante

 

Luego de haber impuesto la elección de una asamblea nacional constituyente (anc) en 2017, dejar fuera de juego a los principales líderes de la oposición e invalidar a la mayoría de los partidos políticos no oficialistas, el gobierno dio una estocada letal a la voluntad popular de participar en comicios electorales: anticipar las presidenciales de 2018 para aprovechar el desánimo en las filas de sus adversarios y evitar que las condiciones económicas empeoraran y que se hiciera más cuesta arriba la conquista de los votos.

La convocatoria a las votaciones, hecha a través de un decreto de la anc, torpedeó el proceso de diálogo que se llevaba a cabo entre el Ejecutivo y un sector de la oposición venezolana. Uno de los puntos que se discutía en esas negociaciones era precisamente la fijación de la fecha de las presidenciales y las condiciones que acordarían ambos bandos.

Luego de realizarse, 19 países de la Organización de Estados Americano (OEA) desconocieron las elecciones. Lo mismo hicieron las naciones que conforman de la Unión Europea. Ambas instituciones argumentaron su decisión por la falta de garantías democráticas al momento de los comicios. Sin embargo, el oficialismo continuó adelante y espera la llegada de 2019 para la juramentación de Maduro en un nuevo período presidencial.

Requesens está desnudo… Y los represores también

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens, se convirtió en el segundo semestre del año en otra víctima del allanamiento ilegal de la inmunidad parlamentaria que ha practicado el gobierno de Maduro contra los miembros clave de la oposición. Sin embargo, su caso sobrepasó el abuso de autoridad y dejó en evidencia a un Estado en el que se viola y humilla a quienes se oponen.

A Requesens se lo llevaron 14 funcionarios del Sebin del edificio en donde vivía, en Terrazas del Club Hípico, en Caracas. El arresto ocurrió el martes 7 de agosto y en ese procedimiento también fue detenida su hermana, Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios FCU-UCV (2017), quien fue liberada poco después.

El parlamentario, en cambio, fue enviado a los calabozos de la sede policial del Helicoide, lugar en donde se grabaron dos videos difundidos en redes sociales: uno, publicado por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en el que el diputado confesó haber facilitado el paso fronterizo a Juan Monasterios, presunto implicado en el estallido de dos drones ocurrido durante un acto oficial presidido por Maduro; y otro, donde se ve al arrestado en unos boxers manchados de excremento, mientras se da la vuelta ante una voz que se lo ordena.

Horas después de la difusión de los audiovisuales, familiares de Requesens escribieron a través de su cuenta en Twitter que tales imágenes confirmaban que el parlamentario “había sido sometido a coacción, tratos crueles e inhumanos”. Más tarde, el mismo asambleísta le comentó a su abogado que no recordaba haber grabado esos videos.

“Esta es la actuación de un Estado que no es democrático, donde la arbitrariedad se ha convertido en la norma (…) y que la Asamblea Nacional Constituyente se abrogó una tarea para la cual no tiene facultades en nuestra Constitución, como es la aprobación del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Requesens”, denunció entonces, ante cámaras, el coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui.

Para el momento en el que todo esto sucedió, Requesens ya llevaba dos días y medio detenido y la situación continuó hasta casi una semana después cuando, en violación al debido proceso, fue presentado ante tribunales con más de 80 horas de retraso, sin que sus parientes pudieran verlo o hablarle. Este encuentro fue solo posible 40 días después del arresto.

Al diputado le imputaron los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y  traición a la patria. Defensores en derechos humanos han calificado lo sucedido como una muestra de “terrorismo de Estado”, es decir, una práctica oficial que busca manipular a la población a través de la generación del miedo y el terror en la sociedad.

Requesens sigue preso.

Albán y las ventanas del piso 10

El misterio sobre la muerte del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, continúa cuatro meses después de haber ocurrido. Su cuerpo cayó desde el piso 10 del edificio del Sebin en Plaza Venezuela y mientras el gobierno aseguró que se trató de un suicidio, dirigentes de oposición señalaron que fue un homicidio. Julio Borges, el ex presidente de la Asamblea Nacional que hoy está en el exilio, afirmó que lo lanzaron luego de matarlo.

Las versiones oficiales sobre el hecho se difundieron antes de que se practicara una autopsia al cadáver y fueron tanto diferentes como inconsistentes. Mientras que el fiscal general Tarek William Saab dijo que Albán saltó desde la ventana de un baño al que pidió ser llevado, el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, apuntó que el concejal se tiró desde un ventanal de la sala de espera cuando iba a ser trasladado a tribunales. Sin embargo, ex presos políticos y fuentes del cuerpo de seguridad confirmaron a Runrun.es que ningún prisionero está sin custodia en ese piso, ni siquiera cuando va a los sanitarios.

El suceso provocó que distintas organizaciones internacionales y diplomáticos se pronunciaran sobre el caso: desde la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la secretaría general de la OEA, hasta representantes de la Unión Europea y de gobiernos de países como Estados Unidos y Argentina. En Venezuela, el reclamo lo hicieron desde defensores de derechos humanos hasta la Arquidiósecis de Caracas.

Albán fue el tercer preso político que murió en custodia del Sebin. Lo antecedieron Rodolfo González, conocido como “El Aviador”, un ex capitán de la Aviación Civil que estuvo asociado a las protestas antigobierno de 2014 y a quien encontraron ahorcado en su celda de El Helicoide; y Carlos Andrés García, concejal del municipio Páez de Apure, que fue detenido en medio de las protestas de diciembre de 2016 tras la salida de circulación del billete de 100 bolívares y murió al no recibir atención médica luego de haber sufrido varias crisis de tensión y un accidente cerebrovascular.

Aunque no se ha imputado a ningún funcionario por la muerte de Albán, el jefe del Sebin, Gustavo González López, fue destituido de su cargo poco después del suceso.

Un mal llamado reconversión monetaria

No hubo ningún economista reconocido en Venezuela que le diera un espaldarazo a esta decisión del gobierno de quitarle cinco ceros a la moneda sin tomar conjuntamente medidas para frenar la hiperinflación que vive Venezuela desde finales de 2017. En lugar de comenzar “un gran proceso histórico de recuperación económica”, tal como lo prometió Maduro, la medida devastó el bolsillo ya ahuecado del venezolano.

La reconversión monetaria y el consecuente aumento de salarios impulsó todavía más el ascenso acelerado de los precios. Según las cifras publicadas por el Hambrómetro, provenientes de una firma de análisis económico, el costo de la canasta alimentaria básica se triplicó en los dos meses posteriores a la salida del nuevo cono monetario, cuyo billete de más alta denominación (500 bolívares soberanos) solo sirve a finales de 2018 para comprar seis huevos.

El efecto en la hiperinflación contribuyó incluso a que el dólar perdiera valor adquisitivo en el mercado venezolano. Según un informe de Econométrica publicado en noviembre, luego del aumento de salario mínimo decretado a raíz de la reconversión monetaria –subió 6.000 % en cuestión de horas (pasó de 30 a 1.800 Bs. S.)- ”algunos agentes económicos tuvieron que vender una mayor cantidad de divisas para hacer frente a sus obligaciones”. Hoy, con el más reciente incremento salarial, que lo situó en 4.500 Bs, solo pueden adquirirse cinco hallacas.

Mientras Maduro comió en 2018 el plato frío de la venganza, más de 3 millones de venezolanos emigraron para intentar alimentarse mejor.

Termómetro de la Calle: La falta de “amor mayor” llevó a los pensionados a tomar las calles
De enero a noviembre de 2018 se registraron 169 manifestaciones de calle protagonizadas por pensionados que reclamaron pagos completos y respeto a los compromisos adquiridos. Los jubilados que entregaron su vida al trabajo se sienten menospreciados y socavados en sus logros contractuales

Texto: Génesis Carrero Soto | Infografías: Elsy Torres

 

“NUNCA COMO EN ESTE GOBIERNO A LOS VIEJOS NOS HA TOCADO PARARNOS DE LAS MECEDORAS para ponernos los zapatos y salir a la calle a reclamar una vejez digna”. En ese comentario de Antonio Gutiérrez está inmerso el sentir de muchos de los hombres y mujeres venezolanos que superan los 60 años de edad y que ahora gozan de una pensión, bien sea por su trabajo de años, o por alguno de los programas de ayuda del Gobierno venezolano.

Durante 2018 se han registrado al menos 169 protestas, hasta noviembre, que involucran a pensionados de todo el país, de acuerdo a los datos de El Termómetro de la Calle, un monitor de protestas realizado en alianza entre Runrunes, El Pitazo y TalCual con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores. La mayoría de estas quejas públicas obedecen al pago de las asignaciones correspondientes al programa de En Amor Mayor, con 81 protestas hasta noviembre, lo que representa el 47,93% del total.

Y, aunque estas protestas se han registrado durante todo 2018, tienen un repunte importante en el mes de septiembre cuando los trabajadores de empresas públicas salieron a las calles en 43 ocasiones con cierres de vías públicas y tomas simbólicas de sedes institucionales para reclamar pagos pendientes o desmejoras que se dieron como producto de la reconversión monetaria decretada por el presidente Nicolás Maduro.

Los pensionados, esos que obtuvieron sus compensaciones de vejez luego de años de trabajo en empresas del Estado, empezaron el año reclamando sus derechos, y aunque se registró un bajón en el segundo trimestre del año, el aumento salarial, los cambios en la economía venezolana y la falta de efectivo para pagar las pensiones dispararon las cifras de nuevo.

Los primeros días del mes de septiembre fueron los más caldeados. Los reclamos de este sector, que esperaba poder cobrar en efectivo, no se hicieron esperar. En tal sentido, se registran 65 protestas por esta causa dentro del rango de los trabajadores inactivos, cifra equivalente al 38,46% del total de manifestaciones de este sector.

“Somos pensionados, no bachaqueros”, fue una de las consignas más escuchadas en la capital venezolana el seis de septiembre, cuando los beneficiados de Amor Mayor y del Seguro Social tomaron en los alrededores de la plaza de La Moneda en el centro de Caracas. “Nosotros no vendemos efectivo como dice Maduro. Somos unos viejos y lo único que tenemos es esa pensión y en este país cuando no tienes efectivo todo cuesta hasta el triple entonces el dinero no alcanza para nada”, fue el comentario de Virginia Rojas, una abuela de 79 años, presente en la manifestación de aquel día.

Los abuelos se quejaban de la medida de algunos bancos de solo pagar el 10% de la pensión que entonces era de 1.800 bolívares soberanos. Antonio Gutiérrez recuerda esa ocasión y asegura que es parte de esa “vejez indigna” que les ha tocado vivir. “Ser viejo en esta tierra no es cosa de Dios. Nos denigran, nos tratan como gente inservible, nos creen pendejos y nos quieren tratar como si nos dieran migajas, como si esas pensiones no fueran el resultado de años de trabajo para los gobierno de este país”, dice este pensionado que durante 45 años fue obrero de un liceo público de Petare, en Caracas.

Viviendo la ñapa

En Venezuela hay 3.073.338 personas incluidas en el sistema de pensiones, lo que representa 10% de la población nacional actual, de acuerdo con datos aportados por el Gobierno nacional.  De esta cantidad, 551.549 venezolanos corresponden a la Gran Misión En Amor Mayor, creada en diciembre de 2011 para incluir a personas que no habían cotizado ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Manuel Martínez, secretario general de la Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de Telecomunicaciones (Fetrajuptel), aseguró que los jubilados están en las calles, preocupados por su futuro y disgustados por “los abusos”  del Gobierno y sus empresas. Martínez recordó que es imposible desmejorar y “echar atrás” los beneficios ya adquiridos y aseguró que su queja busca que sean respetados los contratos colectivos que dignifican la figura del jubilado y le otorga similares beneficios que los de los trabajadores activos en la primera escala salarial.

Martínez resalta que la protesta no se limita solo a la capital y como ejemplo de ello da cuenta de las tomas simbólicas de sedes de instituciones públicas que han realizados los trabajadores jubilados durante el mes de septiembre y de octubre y que suman, de acuerdo a su conteo personal, al menos siete solo del sector de telecomunicaciones.

Y, en concordancia con las cuentas de Martínez, El Termómetro de la Calle registra los meses de septiembre, julio, marzo y enero como los más activos en cuanto a protestas para el sector de los pensionados y jubilados, con 43, 29, 28 y 20 manifestaciones de calle respectivamente en esos meses. Estas manifestaciones se dieron con mayor fuerza y volumen en Distrito Capital, con 29 ocasiones hasta noviembre, el Zulia con 23, 17 en el estado Bolívar, 14 en Anzoátegui y Mérida, y 10 en Miranda y Táchira.

Pero, pese a todas las protestas y las quejas visibles de los adultos mayores venezolanos, el Ejecutivo no ha brindado una respuesta. Los pensionados siguen haciendo colas kilométricas para cobrar y algunas veces no les entregan todo el efectivo; los trabajadores jubilados no reciben respuesta del Ministerio del Trabajo, aún y cuando las quejas del sector laboral en esta condición representan 10,65% de las protestas del grupo.

Enrique Castaño, jubilado de Cantv, concluye: “el problema es justamente que nos creen ciudadanos de quinta y eso no es así. Con 33 años de servicio me gano un sueldo mínimo y la quincena no me alcanza ni para comprar un kilo de queso. Yo no siento que en este país le importamos a alguien, siento que estamos aquí solo viviendo la ñapa que nos queda”.

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287.623%. ESA ES LA INFLACIÓN ACUMULADA ENTRE ENERO A OCTUBRE. de 2018, según la Asamblea Nacional. El organismo también señala que la inflación diaria de octubre fue de 3%. Estos son los únicos datos macroenómicos oficiales con los que cuenta Venezuela desde que, en diciembre de 2015, el Banco Central de Venezuela (BCV) decidiera dejar de publicarlo. Sin embargo, los entendidos en la materia concuerdan en una fecha: noviembre de 2017. Ese mes la inflación llegó al umbral de 50% y Venezuela se convirtió en el el segundo país que en pleno siglo XXI vive con hiperinflación.

Desde ese entonces, el presidente Nicolás Maduro y su gabinete han anunciado medidas que, abiertamente o no, buscan controlar esta situación. Desde una nueva criptomoneda, hasta la segunda reconversión del bolívar en 10 años. En Runrun.es hicimos un recuento de las acciones anunciadas o realizadas por el gobierno durante este año y analizamos junto a dos economistas, Luis Oliveros y Henkel García, por qué no funcionaron y en qué fallaron.

 

Las 5 noticias económicas más importantes de hoy #25sep

Puntos de venta aumentan en más de 13.500 en 12 meses

La recurrente escasez de billetes en los dos últimos años, a la que se sumó la hiperinflación hace 11 meses, ha provocado un uso masivo de los sistemas de pago electrónicos. En el caso de los puntos de venta, se observa un aumento de 13.506 unidades entre junio de 2017 y junio de 2018.

El Banco Central de Venezuela publicó en Gaceta Oficial 41.487 del 21 de septiembre, el estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito a junio de 2018. De acuerdo con la información, el sexto mes del año cerró con 438.543 puntos de venta (POS), un aumento de 13.506 unidades (3,17%) en relación con junio del año previo.

La crisis del efectivo llevó a las autoridades a exigir a la banca la optimización de canales de pago vía electrónica. Los puntos de venta son uno de ellos. En el mercado existen varios proveedores, 14 de estos están registrados ante la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), de conformidad con lo establecido en la Resolución 116.17 del 21 de noviembre de 2017.

Hoy en día hay más dispositivos y opciones vía telefonía celular para hacer los pagos de compras y servicios. Sin embargo, la hiperinflación, calculada por la Asamblea Nacional en 200.005% anualizada a agosto, hace del papel moneda un negocio.

Los consumidores consiguen mejores precios en el mercado informal si pagan con billete contante y sonante, porque siendo escaso, el papel moneda se vende hasta 400% de su valor nominal, según constató Banca y Negocios. (Banca y Negocios)

Liquidez monetaria alcanza récord semanal de 28%

La cantidad de monedas y billetes y dinero en depósitos a la vista y de ahorro transferibles se ubicó en 102 mil 286 millones 211 mil 947 bolívares soberanos, la semana que concluyó el 14 de septiembre, lo que representa un alza de 28,08% en comparación con el monto de la semana previa, de acuerdo con la data del Banco Central de Venezuela.

Se trata de la variación más alta de inyección de dinero a la economía en una semana, superando el máximo de 26,04% del 31 de agosto, cuando se pagó el bono de BsS 600 por reconversión monetaria a 10 millones de personas.

Durante la segunda semana de septiembre los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de la Misión En Amor Mayor cobraron parte del pago de la segunda fracción de BsS 450 que no pudieron retirar completo por taquilla el 7 de septiembre, cuando solo se les entregó Bs 90. Pero además, esa misma semana, el día 14, se les depositó los BsS 900 restante para completar el pago del mes por BsS 1.800.

En esa primera quincena, se pagó nómina con el nuevo salario mínimo de BsS 1.800. El gobierno asumió además el diferencial con el sueldo anterior Bs 3.000.000, equivalente a BsS 30, de buena parte de personal de la empresa privada que no podía costear el aumento. (Banca y Negocios)

Fedeagro: Precios acordados del maíz no fueron consultados

Celso Fantinel, primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), indicó este martes que los precios del maíz fijados por el gobierno nacional no fueron consultados con el gremio.

“Un precio bueno para nuestros agricultores de maíz puede ser de 13,50 bolívares soberanos por kilogramo de maíz, ese sería un precio de arranque. Igualmente, en arroz sería de 18 bolívares soberanos”, indicó Fantinel en entrevista a Unión Radio.

El vicepresidente de Fedeagro comentó además que es necesario buscar, entre los productores y el gobierno, un mecanismo que permita fijar un precio que permita generar una ganancia.

“Deberíamos buscar el mecanismo junto con la industria, gobierno y productores para dar un precio de sustentación a este agricultor que el único ingreso que tiene es esa siembra”, acotó. (El Nacional)

Productos con precios acordados no se encuentran en abastos de Vargas

La mayoría de artículos que se encuentran en a lista de los precios acordados no están en los abastos del estado Vargas desde la publicación en Gaceta Oficial el pasado 21 de agosto, informó La Verdad de Vargas.

“Con esas regulaciones lo que se gana es que desaparezca la comida, y entonces es peor, porque no hay ni caro ni barato; no se puede comprar nada ni teniendo el dinero para hacerlo”, dijo Orlando Villarroel, uno de los compradores en el Mercado Comunitario de Catia La Mar.

Algunos vendedores de este mercado indicaron que desde hace un mes no reciben los pedidos de los alimentos para poder vender a la clientela por lo que sus ventas han decrecido.

“No nos ha llegado nada de margarina, aceite, harina de maíz ni arroz”, aseguró Carmen Contreras, comerciante en el mercado y agregó que las ventas han caído un poco más de un tercio. (El Nacional)

En Maracaibo la canasta alimentaria subió a 26.782 bolívares soberanos

El incremento de la inflación en el mes de agosto se ubicó en 113% y en lo que va de año, se fijó una acumulada del 14 mil 944 % sólo en la “Ciudad del Sol Amado”.

El estudio recopiló el costo de 46 de los 50 productos de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) fundada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y se aplicó a 10 establecimientos comerciales oficialmente constituidos y a tres mercados populares ubicados en Maracaibo.

Los 46 precios se organizan en representación de los siguientes subgrupos: carne y sus preparados, pescados y mariscos, queso, huevos y leche, cereales y productos derivados, frutas, hortalizas, raíces, tubérculos semillas, oleaginosas y leguminosas, azúcar y similares, café, té y similares. (Descifrado)

Foto: Cortesía

Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cerraron varias calles y avenidas principales de al menos tres ciudades del país durante la mañana de sábado, 1 de septiembre,  para exigir pagos en efectivo en las agencias bancarias.

Aunque desde el Ejecutivo se había anunciado que este sábado se haría, tanto en la banca pública como en la privada, una jornada especial para los pensionados, los bancos amanecieron cerrados. En algunos de estos se colgaron letreros que indicaron que, aunque ya se habían hecho los abonos a las cuentas, las actividades de atención habían sido suspendidas para incentivar el “uso de medios electrónicos” para cancelar cualquier bien o servicio.

La decisión provocó que los afectados, mayores de 55 años, cerraran las avenidas Francisco de Miranda, San Martín, Fuerzas Armadas y Urdaneta, además de otras vías de El Rosal y Catia, en Caracas, Distrito Capital; la avenida Bolívar de Valencia, en Carabobo, y algunas calles en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar.

La medida deja a los pensionados sin efectivo para hacer sus compras en un país donde cancelar con billetes se ha vuelto una forma de rendir el dinero. Los precios de los alimentos que se venden en la calle son hasta cinco veces más bajos si se pagan con efectivo en lugar de hacerlo a través de puntos de venta o transferencias electrónicas.

Los abuelos esperaban cobrar 450 bolívares soberanos (Bs.S) como primera parte del pago mensual que recibirán luego de la reconversión monetaria y del aumento del salario mínimo decretado por el gobierno de Nicolás Maduro. Posterior a este, cobrarían la segunda parte el próximo 7 de septiembre, mientras que 14 de septiembre tendrían Bs.S 900 restantes para completar Bs. S 1.800 del pago acordado.

De acuerdo con información de una nota de prensa publicada por la AVN, la presidenta del IVSS, Magaly Gutiérrez, explicó que de los 4.371.358 pensionados, 715.822 cobrarían a través del Sistema Patria y la Billetera Móvil. El resto lo haría a través de sus cuentas bancarias y sin necesidad de tener el Carnet de la Patria.

Embustes soberanos, soberanas mentiras, por Armando Martini Pietri

 

Desviar la atención pública del cambio decidido por más del 85% de los venezolanos y de los importantísimos problemas cotidianos que sufren y padecen, mediante la técnica del diluvio con incesantes distracciones e informaciones bizantinas. Mantener la atención entretenida, lejos de las auténticas contrariedades sociales, cautivada por temas sin relevancia. Conservar al ciudadano ocupado, sin tiempo para pensar ni reflexionar.

 No se requiere ser economista de alta graduación, sesudo analista o genio financiero, para que una vez conocidos los lineamientos y explicaciones del iluso y engañoso Plan de Recuperación Económica del castro comunismo, sacar la misma conclusión sobre el fin de los anteriores planes y ofrecimientos. ¡Es lógico concluir que será un rotundo fracaso!

El castro madurismo, pródigo en incompetencias y cuantiosos errores, lo ha sido también en mentir y engañar, con la habilidad del estafador profesional una y otra vez. Sus últimos descocados inventos han sido sucesivas trampajaulas. El Petro no reconocido e inexistente -aparece en rituales de santería-, la reconversión monetaria una estafa continuada y la trastornada idea de la plaquita de oro.

Las cripto-monedas en un mercado mundial es interesante y se basa en elementos básicos: la confianza de su respaldo y que su valor crezca; con los intercambios en ventas y compras que la impulsan, hacen aumentar el valor mientras asciende el deseo de poseerla. Sin embargo, así como es un mercado capaz de generar prosperidad y hacer millonarios, -ni es malo ni es pecado- no a los suertudos ni embaucadores, sino a los expertos, también puede arruinar a quienes no saben bien en qué se meten ni de que se trata.

 El petro se basa en falsedades. El petróleo bajo tierra, no tiene valor hasta ser extraído, su precio comienza en la superficie, al aire libre, allí puede ser procesado, refinado, transportado y vendido. Las transacciones mundiales no son “por el petróleo que tengas dentro de 30 ó 60 días”, sino por el que van a entregar en esa fecha. La otra falsedad del petro es el emisor, ¿cómo confiar en quien emite y respalda una moneda si su historia es décadas de mentir?

La reconversión monetaria no es más que un fraude de ilusión que finalizará en pocas semanas con desencanto, la hiperinflación evaporará cualquier improvisación, es papel regalo -de mala calidad- para envolver y disimular el desastre económico que el mismo madurismo ha creado con estrategias comunistas y empeorado con sus torpezas. Desecha la moneda que ultrajaron, degradaron y diluyeron e inventa otra, pero con los mismos elementos de la anterior -graves errores económicos, populismo desaforado, defensa de los intereses dictatoriales cubanos, amparados en la corrupción de los castro-chicos.

El Soberano no es el vehículo de una recuperación económica que sólo tiene asiento en discursos y proclamas para radio y televisión, el Soberano es la misma moneda de siempre, pero hecha pedazos. Es como querer competir en una carrera de automóviles pintando el motor que antes se fundió.

Y ahora sorprenden los oficialistas con una promesa tan irresponsable que abruma e indigna por sarcástica, el oro de Guayana será para el ahorro del pueblo. Sin duda, serán hilachas sobrantes que queden cuando el régimen desesperado por dinero lo mercantilice, deposite la parte del Banco Central de Venezuela, luego del que se engolillen entre ellos, para aguardiente, prostitutas y despropósitos, además del que se roba el que ande por esas minas.

El Gobierno de Maduro hace tiempo que tiene las tablas en la cabeza, y ahora trata de convertirlas en rancho para defenderse de la tormenta que se le viene encima. Por eso reparte entre bonos, promesas y delirios sus nuevos soberanos que nacieron y cada día pierden valor. Aun no lo cobran y casi vale la mitad.

Sin embargo, políticamente, y como buenos embaucadores han aplicado una estafa empleando estrategias de la manipulación. Desde la promulgación de la Constitución 1999, diversas misiones, reformas judiciales, no hay sector de la economía, política, derecho, militar, seguridad, laboral, social, servicios, donde no se haya diseñado un plan, para resolver los problemas creados por el mismo gobierno. Cada proclama, funciona como los escándalos públicos, uno tapa al anterior. Lo importante de las peroratas en conseguir el objetivo mediático, el engaño se mantiene, profundizando la dominación y control social, doblegando su capacidad de resistencia, la meta final en toda guerra cuando se trata de aniquilar al enemigo, que en este caso es la población trabajadora y asalariada del país.  

Lamentable, en esta estrategia sectores esclarecidos opositores, afortunadamente una minoría dominante, han sido -por negligencia u omisión- aliados y cómplices en la consolidación de este Estado comunista; cuando acudió al precipicio de las mesas de dialogo, al despreciar la voluntad ciudadana, burlándose de más de 7.5 millones en el plebiscito del 16J, participando en las elecciones amparadas en un CNE fraudulento; política que ha concluido con el éxodo y emigración masiva de millones de venezolanos, centenares de asesinados, cientos de presos, detenidos o sujetos a presentaciones judiciales y una inmensa mayoría de la población que no cree en el gobierno, pero tampoco en la oposición.

Hoy la dictadura con poca resistencia impone una política delictiva, abusiva y autoritaria -el carnet de la Patria es un ejemplo- en todos los órdenes y hacia los más variados sectores sociales. Pero todo tiene termino, hasta la vida. La ciudadanía más pronto que tarde, se dará cuenta de que han sido nuevamente timados y burlados por un grupo minoritario que ostentan circunstancialmente el poder, del cual deberán ser desalojados.

Merecemos mejor y tendremos excelencia. Aguanten como puedan, es difícil, pero falta poco, díganle no a la depresión y eviten la desesperanza, no se vayan de Venezuela, hay esperanza, jamás lo olviden, los ciudadanos de principios éticos, valores morales y buenas costumbres ciudadanas, saldremos juntos de esta pesadilla.      

 

@ArmandoMartini 

¿Metamorfosis?, por Antonio José Monagas

Aunque lo que está por vivirse es lo que la teoría económica denomina “reconversión monetaria” o “renovación del cono monetario”, la praxis política refiere como la crisis económica en su máxima expresión. Sin embargo, en lo operativo dibuja otra realidad. Se trata de una transformación o cambio en la forma de cómo habrá de manejarse la economía y las finanzas a partir de la introducción al mercado de una nueva moneda que, tristemente, malogra el concepto de “soberanía”. Ahora habrá de tenerse el mal llamado “bolívar soberano”, cuyo efecto social será razón de conflicto toda vez que provocará crudos choques frente a próximas repercusiones del valor nominal de la nueva unidad monetaria.

Haber apelado al concepto de “reconversión monetaria” para justificar el desguace que habrá de causar a todo lo que implica “desarrollo económico”, tal como lo concibe la teoría económica al momento de destacar la capacidad de crear y de obtener riqueza que puede tener una nación o región, tanto como un colectivo o individuo, representa la ruta del advenimiento de un modelo de la economía aún más fragmentado y letal. Sobre todo, causante del derrumbe que ha venido asolando esperanzas, necesidades, clamores y proyectos de todo talante y condición.

Ninguna idea, en el contexto de una profunda crisis, podría ser lo suficientemente confiable para argumentar razones que configuren un comportamiento económico capaz de asegurar y garantizar los retornos necesarios para sustentar el necesario aumento en las tasas de ganancias. Más, si éstas impiden la acumulación de capital que requiere la reconstrucción de cualquier sociedad abrupta y groseramente golpeada por la improvisación, la obstinación y la perturbación de gobernantes atrapados por los conjuros de ideologías obtusas, obsoletas y reaccionarias.

El caso Venezuela, es fiel imagen de lo que no debió hacerse en medio de contradictorias condiciones. No se trata de restarle ceros a manera de facilitar, en lo posible, el manejo de las cifras propias de transacciones y pagos propios que ocurre en todo ámbito económico y financiero. El problema tiene otra connotación que, justamente, es la razón por la que el alto gobierno optó por tan embrollada decisión. Problema éste que parte del malicioso mutismo que permite al régimen venezolano gobernar al mejor “estilo vaquero”. O sea, atropellando toda consideración, situación o realidad que asome alguna alternativa opuesta a sus impetuosos designios, ambiciones o planes.

Lo que tan inusitado problema acarrea, no son tampoco las complicaciones que pueden devenir de la desalineada convivencia entre realidades económico-financieras de controvertida naturaleza. Sobre todo, porque dicha situación tiene potenciales soluciones de índole técnico. Es mucho más que eso. El mismo, primeramente pasa por lo que significa una devaluación forzada en tiempos de agudas confrontaciones políticas interpuestas a la imperiosa necesidad de restitución de la institucionalidad que demanda el cabal funcionamiento del Estado venezolano. Asimismo, de la ansiada normalidad requerida para la urgida nivelación de la movilidad social nacional.

En segundo lugar, tan inusual problema atraviesa la situación de una hiperinflación sumada al estancamiento de un mercado bastante deprimido. Lo cual deja ver el estado de colapso que padece el país económicamente hablando. Desde luego, esta situación, arrastra problemas que han desvirtuado severamente la concepción de ciudadanía intentada por el ordenamiento jurídico venezolano. Y con ello, se descompensó el sentido de la democracia pretendida por causa de la antipolítica que sigue sirviendo de excusa para demoler esfuerzos realizados desde corporaciones académicas, gremiales y universitarias. Tanto, como por parte de organizaciones no gubernamentales emparejadas con la defensa de derechos humanos y de garantías constitucionales.

En tercer lugar, dicho problema continuará soportándose sobre la grosera discrecionalidad gubernamental para llevar adelante inconsultas decisiones que convierte en resoluciones aplicadas mediante la violencia o la amenaza de mano de cuerpos armados. Acciones éstas reducidas a una excedida represión apoyada en la ilegalidad que el autoritarismo “revolucionario” permite a cada decisión de gobierno, procesada y asumida sin restricción alguna. Peor aún, sin medir consecuencias. Hablando desde la teoría política, pudiera decirse que en eso consiste el procedimiento que involucra la apesadumbrada determinación de la aludida “reconversión monetaria”. O acaso, es el disfraz mejor diseñado para encubrir en el ámbito político, y con graves secuelas en la esfera de la economía, una perturbadora ¿metamorfosis?

Declaran lunes 20 de agosto día no laborable

El pasado viernes, 17 de agosto de 2018, fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.395 el decreto  mediante el cual se declara día no laborable y, por tanto, se le otorga el carácter de feriado al día 20 de agosto del año 2018. La decisión forma parte del marco de la entrada en vigencia del nuevo cono monetario.

La declaratoria de día no laborable señalado en Gaceta es aplicable a las trabajadoras y trabajadores, que prestan servicio en el sector público y privado.

Sin embargo, quedan por fuera de la aplicación del decreto el personal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el Instituto Nacional de Estadística ( INE), la banca pública y privada, así como el personal agroalimentario, de salud y los trabajadores del sistema portuario.