Público

 

Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, se pronunció este miércoles después de que Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicara la sentencia N° 948.

«Ningún magistrado está por encima del pueblo y la Constitución. Última sentencia del TSJ es nula y nadie tiene que acatarla ¡Punto!», expresó el gobernador a través de Twitter.

El pasado martes la Sala Constitucional del TSJ prohibió  “convocar y realizar actos que alteren el orden público, realizar instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general”.

Asimismo, el TSJ ordenó a los diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el «juicio político» en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro.

 

Ningún magistrado está por encima del Pueblo y la Constitución!Última sentencia TSJ es NULA y nadie tiene que acatarla!Punto!

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 16 de noviembre de 2016

 

La información se ha vuelto un factor estratégico en estos tiempos. Nunca, como hoy, el componente información-comunicación había sido tan significativo y trascendente para la vida y la buena salud de las sociedades contemporáneas. En tal sentido, la información se constituye en un bien público para los ciudadanos y la sociedad en general. Carecer de información es andar a tientas a la hora de movernos, de tomar decisiones y de desarrollarnos como individuos.

La información no solo es importante para saber y conocer qué es lo que se debate en la esfera pública, es también requerida para la comprensión de la vida y es además un elemento clave en los procesos de producción, distribución y uso (consumo) de los bienes y servicios tanto materiales como simbólicos. En consecuencia, los límites que se impongan a recibir buena y sana información es afectar al sistema social en general. ¿Por qué? Es que, tal como nos lo apunta el sociólogo español Manuel Martín Serrano, las afectaciones al sistema informativo y comunicativo se constituyen en afectaciones al sistema social, porque no son modelos causales, sino mediacionales.

Hay un juego de alianzas entre estar informado acerca de lo que acontece y el intervenir en lo que acontece. Esto nos habla del valor del periodismo y de la comunicación en general. El escenario informativo y comunicativo del presente, cada vez más mediado por nuevos y sofisticados instrumentos tecnológicos, es de tal riqueza y complejidad a la vez que el hecho de estar informados nos hace partícipes del presente en el sentido de que “los acontecimientos sociales no son objetos que se encuentran ya hechos en alguna parte de la realidad y cuyas propiedades y avatares nos son dados a conocer de inmediato por los medios con mayor o menor fidelidad. Solo existen en la medida en que esos medios los elaboran”, nos dirá el argentino Eliseo Verón. Con otras palabras: la información se ha convertido en el espacio en donde la sociedad se ve y produce su propia realidad, nuestra realidad.

Caemos así en el tema de la censura y la autocensura. Temas críticos en la Venezuela de hoy y que implican el no conocimiento de lo que ocurre en el país con los actos del gobierno y sus consecuencias, con la comprensión de los más diversos y variados problemas de la vida pública. En conclusión, estamos frente a una sociedad y una ciudadanía que está desinformada o mal informada; que conoce algunos hechos a medias; que la información como bien público se ha desvirtuado; que el registro de los aconteceres no es siempre cierto porque las fuentes informativas no son confiables o porque se tiene miedo a decir la verdad ante presiones oficiales o privadas… El resultado presente en esta Venezuela, repleta de problemas que van desde la economía, la política, lo social y cultural y hasta la misma intimidad, es que poco a poco hemos ido perdiendo la deliberación social tan necesaria para el reconocimiento y la construcción del Ágora griega o el Foro romano como los lugares donde se reunían los ciudadanos con las autoridades para escuchar y ser escuchados.

Desde este contexto de principios nos parece importante destacar una investigación llevada a cabo por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) por segundo año consecutivo sobre el tema del periodismo venezolano y las presiones a las que está sometido. El primer trabajo (2014) tiene por título  Propietarios de la censura en Venezuela. Esa investigación llegó a la conclusión de “la opacidad en los procesos de compra-venta de la mayoría de los medios de comunicación”. Y demuestra también “cómo las ventas estuvieron forzadas por un conjunto de presiones contra los medios por su línea editorial como la apertura de procesos judiciales y cierre de fuentes de información. Tras el cambio de propiedad se evidenciaron modificaciones de la línea editorial y esfuerzos por silenciar a periodistas críticos. Una constante fue la disminución de las unidades de investigación en impresos y en televisión. Otra, la renuncia y despido de muchos periodistas”.

Ahora, esta organización no gubernamental, que tiene como objetivo la promoción y defensa de la libertad de expresión, por un mejor periodismo y por el derecho a la información y comunicación, nos ofrece otra valiosa investigación que se orienta al análisis de la censura y autocensura en el país. Su título: Estudio 2015: censura y autocensura en periodistas y medios de comunicación. Periodismo en arenas movedizas. El trabajo configura una cartografía sobre el tema a través de la consulta a 227 periodistas de medios privados, independientes, comunitarios y estatales. Abarcó 16 estados del país. ¿Conclusión?

-“Pese a que se han abierto nuevos espacios independientes y el periodismo ha tomado un respiro con nuevas iniciativas que han derivado en el cambio de la configuración del ecosistema de medios del país, el temor ha copado los espacios en los que debe de prevalecer la máxima expresión. Así se ha avanzado hasta llegar a un periodismo cohibido, domesticado, complaciente, indulgente. Un periodismo sigiloso”.

-“Los estrados francos para la denuncia y el escrutinio público se han debilitado ante las incesantes presiones. Algunas veces excesivas, otras veces menudas. En ellas se imponen las coacciones que logran distorsionar la naturaleza del periodismo como fuerza de contrapoder, un oficio indispensable en cualquier democracia”.

-“Esta es la manera en la que gira el círculo de la censura, a la velocidad de una sociedad desvirtuada, carente de independencia, pluralidad, diversidad y calidad informativa, condiciones fundamentales para garantizar la salud de la deliberación pública”.

Muchas veces se le critica a los periodistas-comunicadores de ser muy críticos y de ser más reactivos que propositivos. Sin embargo, el estudio nos presenta unas propuestas ofrecidas por los mismos periodistas encuestados: 1-La necesidad de formular una ley de acceso a la información pública (97% lo afirma). 2-Una ley de protección a los periodistas (93% lo pide). 3-Establecer una ley de reserva de fuentes (90% de los encuestados). 4-Necesario generar una ley de medios de servicio público (87% lo considera necesario). 5-Una ley de Internet (85% lo plantea). 6-Imprescindible una ley de infracciones civiles (60% la ve necesaria).

El des-orden ha ido de menos a más y a una velocidad sorprendente. El des-orden ha pasado de su ocultamiento a la absoluta transparencia. El des-orden ha salido de la privacidad de sus actos hasta enseñorearse como rutina… La fiesta y el encantamiento se acabaron. En tal sentido sería bueno recordar aquello que apreciara la filósofa política alemana Hannah Arendt en La condición humana (2005, Paidós), cuando nos expresa que “lo público es lo que puede ser visto y oído por todos, es lo que recibe la mayor publicidad posible”.

 

Marcelino Bisbal

El Nacional 

 

«No hay peor castigo para un preso político que el olvido». Palabras del abogado Gonzalo Himiob, que aparecen en la página de la organización no gubernamental de la que es director: el Foro Penal Venezolano, que tiene registradas, en este momento, a 78 personas detenidas por motivos políticos.

Hoy el proyecto de amnistía entrará en la Cámara Plena de la Asamblea Nacional. Dos amnistías promulgó el fallecido presidente Hugo Chávez. La primera se realizó en 2000 para exonerar a los militares golpistas de 1992. La segunda se hizo en 2007, y su objetivo fue perdonar a los que atentaron contra su gobierno en abril de 2002, a excepción de quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

De los 78 presos políticos, 28 están detenidos por protestar, 19 por rebelión militar, cuatro por uso de redes sociales, uno por rebelión civil y 26 por otros motivos. Están distribuidos en los siguientes centros de reclusión: Santa Ana (Táchira), INOF (Miranda), La Pica (Monagas), Penitenciaría 26 de julio (Guárico), Penitenciaría de Cumaná (Sucre), DGCIM de Boleíta (Caracas), PNB de La Yaguara (Caracas), Policía Militar de Fuerte Tiuna (Caracas), Ramo Verde (Miranda), Rodeo II (Miranda), Sebin Helicoide (Caracas), Sebin de Maracaibo (Zulia), Sebin de Plaza Venezuela (Caracas), Yare II (Miranda), El Marite (Zulia) y Tocuyito (Carabobo). También hay un grupo de privados de libertad que están bajo régimen penitenciario, entre los que se encuentra el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma.

El caso más reciente fue el de Humberto Yusuino, presidente del centro de votación Bambu Lucera (Amazonas), que está detenido en el Sebin Helicoide por presuntamente haber coaccionado a electores a votar por la MUD en los comicios legislativos, realizados el 6 de diciembre de 2015. Fue acusado por delitos de sabotaje o daños a programas informáticos, instigación pública, corrupción y asociación para delinquir.

Es, precisamente, el Sebin Helicoide el centro de reclusión donde hay más privados de libertad por motivos políticos, con 25. De allí pueden mencionarse los casos de Gilberto Sojo, Renzo Prieto y Rosmit Mantilla, los tres están detenidos por manifestar y fueron electos diputados suplentes. Parlamentarios de la bancada opositora han mostrado en la Asamblea Nacional carteles, en los que exigen que sean liberados por inmunidad para que ejerzan sus cargos.

Víctor Ugas es otro caso particular, debido a que fue detenido por presuntamente haber difundido fotos del cadáver de Robert Serra a través de Twitter. Aunque tiene boleta de excarcelación, no ha salido de la prisión.

En el INOF está recluida la TSU en procesos químicos Araminta González, acusada por José Pérez Venta (asesino de Liana Hergueta junto con Carlos Trejo) de fabricar explosivos. Sobre ella pesan los cargos de delitos de asociación para delinquir, agavillamiento e instigación a la rebelión, aunque su audiencia ha sido diferida más de 20 veces.

Dentro del Sebin de Plaza Venezuela, donde hay un lugar que llaman «La tumba», hay solo tres privados de libertad considerados presos políticos: Juan Miguel de Sousa, Gabriel Valles Sguerzi y Lorent Saleh.

Juan Miguel de Sousa, ingeniero en Computación de 51 años de edad, fue detenido tras ser acusado de manejar la cuenta de Twitter @enyukote, a través de la que se enviaban mensajes desastibilizadores. Motivado a la baja temperatura del lugar, ha sufrido de infecciones pulmonares, además de una infección odontológica que afectó su oído.

Gabriel Valles es ingeniero en Sistemas y tiene 27 años. Fue detenido por el gobierno colombiano y deportado a Venezuela en septiembre de 2014. El Ministerio Público le imputó por presuntamente cometer el delito de conspiración a la rebelión. Motivado a las violaciones de sus derechos humanos en el centro de reclusión, que denunció su defensa, hizo una huelga de hambre que duró 18 días, y logró mejoras, como salir por cuatro horas semanales.

Por otra parte, a Lorent Saleh también lo deportó el gobierno colombiano. Se le imputó el delito de conspiración a la rebelión. Su defensa denunció, en reiteradas oportunidades, violaciones a sus derechos humanos, pero después de que realizó una huelga de 18 días, mejoraron sus condiciones en el lugar.

Decreto o ley de amnistía

El Foro Penal entregó, el 11 de enero, el proyecto de amnistía a la Asamblea Nacional que, de aprobarse, beneficiará tanto a presos como a exiliados políticos. Para la propuesta se consultaron organizaciones no gubernamentales como Provea, Espacio Público, Proiuris, Observatorio Venezolano de la Justicia, Fundepro, Fundeci, Colegio de Abogados de Nueva Esparta, Un Mundo Sin Mordaza, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Academia de Ciencias Jurídicas del Zulia, Justicia y Proceso Venezuela, Centro Popular de Formación Ciudadana y Justicia Venezolana.

Existen dos mecanismos judiciales: el decreto legislativo y la ley de amnistía. Alfredo Romero, director del Foro Penal, explicó que ambos tienen el mismo objetivo. La diferencia es que la ley puede tardar más tiempo en ser promulgada.

«El decreto legislativo, por ser un decreto, es un acto de la Asamblea Nacional y no una ley», dijo Romero.

Añadió que con el decreto solo debe realizarse una discusión: «Levantan la mano y al día siguiente estará publicado en Gaceta. Así que los familiares pueden ir con su Gaceta al tribunal y solicitar la liberación de las personas».

El abogado indicó que la ley de amnistía tiene cuatro pasos: discusiones, aprobación, promulgación y publicación. Afirmó que este procedimiento podría tardar, por lo menos, un año, aunque acotó que las leyes no tienen un tiempo predeterminado.

El artículo 12, tanto del decreto como de la ley, establece a quién beneficiará la amnistía, en base a sucesos determinados, entre los que se mencionan los hechos de abril de 2002, el paro petrolero y las protestas de 2014.

«No aceptaré ninguna ley de amnistía»

El presidente Nicolás Maduro dijo, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones parlamentarias, que no aceptará una ley de amnistía. «Me podrán enviar 1.000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar», manifestó.

Acerca de esto, Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que si el mandatario nacional se negaba a aprobar la amnistía, la aprobará y la promulgará el Parlamento.

 

 

Llegado el fin de las ideologías – que no la muerte de la razón – al concluir el siglo XX, las realidades del siglo XXI se muestran inéditas. No se matizan. Los espacios que circunscriben la cultura del pensamiento, se ven ahora desbordados por el tiempo y su vértigo digital. Los libros pierden atención. Las cuestiones de interés público quedan en manos de la generación “araña”. Ella teje sus imaginarios y resuelve coyunturas a empujones, con los 140 caracteres de un twitter.

No obstante, el raciocinio sigue allí, latiendo, pero ahogado por el deslave de una ciudadanía global que no conoce de geografía y exprime los minutos. Reside en las salas de los aeropuertos y no le da tregua, siquiera, a los instantes de su tránsito entre una u otra ciudad, pues vía internet continúa montada sobre las redes subterráneas de la virtualidad. Copula en soledad.

Ha desaparecido el ágora. Las asambleas y parlamentos son atropellados por la rueda demencial de las informaciones, imposibles de verificar y menos de sedimentar con la atención. Las escribanías se mudan a las redes, y los muros de las añejas instituciones políticas o económicas, partidarias y hasta universitarias, caen y transfieren sus domicilios al mundo de las web.  

Y si bien es cierto, como lo apunta el hoy papa Francisco, que la realidad es realidad y no puede verse escamoteada por los ismos y sus ideas ni por la moralina o el sincretismo o los equilibrios de conveniencia, asimismo es veraz que el hombre – varón o mujer – y su naturaleza frágil pero perfectible sigue siendo el “señor de la historia”. De modo que su capacidad innata para discernir acerca del bien o del mal permanece inalterada. Que no la use o la mantenga bajo latencia es otra cosa.

La cuestión de fondo planteada, así, es el dilema del relativismo de la civilización digital dominante – que crece y se expande inevitablemente: tanto que la vida útil de un celular o computador es de apenas meses antes de que otro más avanzado le sustituya. Pero el drama reside en la disposición o no del individuo para servirse de o para servirle a la inteligencia artificial, haciendo o no prevalecer su dignidad inmanente de Ser racional y pensante, autónomo.

¿A qué viene todo esto?

En los siglos XIX y XX difícil es imaginar que un liberal deje de ser tal para transformarse en conservador; o que un militante de AD se haga de un carnet de copeyano, a pesar de que las líneas intelectuales entre tales banderías se diluyen luego, en el camino hacia nuestra modernidad. Antonio Guzmán Blanco, preguntado por su militancia liberal, dijo que lo era por cuanto sus adversarios se llamaban conservadores; pues si éstos se hubiesen declarado liberales él sería conservador.

En el presente y a diario, con la misma rapidez de los ciudadanos digitales, los dirigentes y militantes de los partidos venezolanos se cambian entre éstos según la coyuntura, al considerarlos como meros instrumentos de gestión de poder y nada más.

La pregunta, en consecuencia, se hace agonal: ¿Es absoluto el límite del relativismo que domina en nuestra política vernácula partidaria?

Si todo es relativo y los valores o la estimativa no cuentan, estar en uno u otro lado, compartir la mesa con tirios y troyanos, es irrelevante. De modo que el argumento moral del diálogo democrático entre distintos – gobierno y opositores – que algunos allegan, aduciendo el imperativo de la crisis nacional, no pasa de ser un artificio de circunstancia.

Si la estimativa entre el bien y el mal cuenta – y sé que cuenta para muchos – y se constata como realidad que los venezolanos sufren sin distingos los rigores de una férrea dictadura, amoral y en desbandada, nutrida del parto mefistofélico que fuerza Hugo Chávez con el narcotráfico en 1999, el diálogo posible, a manera de ejemplo, queda limitado por la moral democrática. No puede soportarse, a manera de ejemplo, sobre la premisa que le facilita la Justicia colombiana a Juan Manuel Santos, al relativizar la gravedad del negocio de las drogas cuando sirve para finalidades políticas.

Ese dilema – entre la idea fundante y el relativismo existencial – lo vive el partido COPEI entre 1952 y 1953. Algunos de sus militantes merideños saltan la talanquera. Cohabitan con el dictador naciente. Y entre tanto, el joven estudiante Luis Herrera Campins, en carta que escribe desde su exilio, en Santiago de Compostela, acompaña el repudio que hace la “generación de los mayores” encabezada por Rafael Caldera y afirma al efecto que “Las defecciones deben más alegrarnos que sumirnos en la tristeza. Los impacientes están de sobra porque la impaciencia es la condición previa al entreguismo. Cuando el ideal se siente de veras, la capacidad de resistencia es ilimitada frente a la corrupción y al deshonor”.

@asdrubalaguiar

    correoaustral@yahoo.es

@MariaAlesiaSosa

Según informaron los abogados de Leopoldo López y los muchachos condenados en la misma causa, el Tribunal 28 de Juicio de la ciudad de Caracas, publicó el jueves en la tarde la sentencia condenatoria que había sido leída el 10 de septiembre en la audiencia final del juicio.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder de Voluntad Popular, confirmó que la sentencia había sido publicada y que ahora comienza el período de diez días en que la defensa puede apelarla.

 

La sentencia del caso de @leopoldolopez fue publicada. Hoy se inicia el lapso de apelación.

— Juan C. Gutiérrez (@juancgutierrezc) October 2, 2015

Por su parte, Elenis Rodríguez, abogada de Ángel González, indicó que el jueves en la tarde colgaron en la cartelera del tribunal, el aviso de que la sentencia había sido publicada, sin embargo, fue la mañana de este viernes cuando los abogados recibieron la noticia. «Ya solicitamos las copias y estamos esperando recibirlas, para revisarla con detenimiento», declaró Rodríguez.

La jueza Susana Barreiros publicó la sentencia cuando faltaba un día para que venciera el plazo determinado para hacerlo.

En la misma causa del juicio de López están los jóvenes Christian Holdack, Demian Martín y Ángel González, quienes también fueron condenados, pero el tribunal les mantuvo las medidas cautelares que les habían otorgado y, por ahora no deben permanecer recluidos en una cárcel.

Leopoldo López fue acusado de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Mientras que Martín y González fueron condenados por instigación pública. Holdack, fue acusado de incendio, daños, instigación pública y agavillamiento.

 

 

Aparentemente tienen los días contados teléfonos fijos, controles remotos, GPS, cabinas telefónicas, DVD y Blue Ray, cámaras de video y fotos, MP3, calculadoras, despertadores, grabadoras de voz, relojes pulsera, linternas… El avance de la tecnología es implacable.

Yo lamento la desaparición del teléfono público. Una noticia en El País de España, escrita por Daniel Verdú, da cuenta de este fenómeno a partir de la rutina de una cabina en el centro de Madrid, la número 7313U, que en diez horas continuas apenas usan tres personas: Un inmigrante boliviano, una novia olvidadiza y un romántico de la comunicación.

En 2016 desaparecerán 25.820 cabinas en España, de cien mil que había en el año 2000. Verdú reporta una caída interanual del 40 por ciento de este segmento comercial. Hoy es un negocio deficitario.  Los móviles (50 millones de líneas) y los locutorios le dieron la estocada final. Dolorosa realidad para un aparato que revolucionó las comunicaciones por primera vez en la península en 1928, desde restaurantes y hoteles. Recién en 1966 se pararon en la calle para que la gente pudiera llamar.

La cabina telefónica inglesa, roja por fuera, había nacido en 1924, diseñada por Sir Giles Gilbert Scott, nieto, hijo y padre de arquitectos. La leyenda urbana asegura que se basó en la tumba de Sin John Soane, que data de 1816, para diseñar lo que sería uno de los emblemas británicos más populares.

La noticia produce desconcierto en mi extraña memoria cinematográfica. Siempre me ha impresionado cómo Clark Kent utiliza de vestuario una de estas cabinas para mutar en Superman a la hora de salvar el planeta.

Utilizar este singular espacio para la comunicación como pasaje secreto o mágico no se agota en el héroe venido de Krypton: Harry Potter lo usa de ascensor para ir al Ministerio de la Magia; así como el superagente 86 baja al cuartel general de Control en el corazón de la tierra. Neo y Trinity escapan de Matrix en la película homónima.

¿Qué hubiera sido de Los pájaros sin la cabina telefónica donde se resguarda la protagonista? ¿De qué manera Michael Corleone (El padrino) hubiera llamado a casa para verificar si habían asesinado a su padre? ¿Qué otro teléfono hubiera usado Mac (Local Hero), empleado de una petrolera, para comunicarle al dueño de la empresa, Harper, la actividad de la aurora boreal en Escocia?

En Venezuela existieron 80 mil líneas de teléfonos públicos en su mejor momento: año 2000. Era un excelente negocio, casi 10% de los ingresos de Cantv (400.000.000 de dólares). Los centros de comunicaciones eran una oportunidad óptima de franquiciar el negocio, y ofrecer banda ancha para muchos. Se coleccionaban tarjetas con paisajes venezolanos.

Entre nosotros el celular no llegó a matar al teléfono público, porque antes lo asesinó el control de precios que congeló la tarifa, hacia 2002. A partir de ese año el negocio de la telefonía pública cayó en picada, como otros servicios del Estado.

Llegamos a tener Edelca, Inos, Cantv, Electricidad de Caracas, empresas admirables en su desempeño privada, en las que valía la pena construir una carrera laboral. Todo eso se derrumbó en las manos de quienes venían a salvarnos.

Hoy, la fatal encrucijada venezolana coincide con otra de carácter global. Los teléfonos públicos desaparecen y quizás el único museo significativo de estos objetos se encuentre en la memoria del séptimo arte.

Como es el caso de una cabina que estuvo mucho tiempo en el medio de la nada, en el desierto de Mojave en California. Ya desapareció, porque nadie la usaba, y sólo queda una película que da cuenta de lo que fue su existencia. Pero eso es harina de otra columna.

 

@sdahbar

 

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohibe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público».

La claridad y contundencia del artículo 68 de nuestra Constitución Nacional no deja lugar a dudas. Sin embargo, en los días que corren, el derecho a manifestar pacíficamente está suspendido en la práctica, alegando, los voceros oficiales, que no se puede dar permiso a marchas y manifestaciones porque se convierten en guarimbas o en cualquier otra derivación de violencia. El probable uso de la violencia no puede ser alegado como mera presunción, sin ningún tipo de prueba. Es como decirle a alguien que no puede entrar a un negocio porque se presume que va a robar, sin contar con ninguna prueba evidente.

Está claro que si una manifestación degenera en violencia, los cuerpos de seguridad del Estado deben actuar para garantizar el orden y aprehender a quienes lo transgredan, pero siempre con una condición (que no admite excepciones): garantizando la inviolabilidad del derecho a la vida y de todos los derechos consagrados en la Constitución.

La protesta es un derecho ciudadano, porque forma parte de la libertad de expresión y es una manera muy particular de participación y movilización ciudadana. No se puede vetar a unos y dar rienda libre a otros, por razón de su filiación política. O decretar en qué municipios protestan unos y en cuáles otros. Las protestas que critican al gobierno o sus políticas públicas son contenidas con fuerzas policiales y militares, y se les niega la correspondiente autorización, si se realizan en municipios en donde el Alcalde es del partido oficialista, así como también están destinadas al silencio por parte de muchos medios de comunicación.

Como parte de la política de amedrentamiento, se ha utilizado la técnica de las detenciones arbitrarias masivas, y el empleo de sometimiento a régimen de presentación indefinido a quienes han sido puestos en libertad. Ahora asistimos a la amenaza de la Resolución 8610, dictada por el Ministro de la Defensa. En dicha resolución, especialmente en lo establecido en el encabezamiento del artículo 15 y numerales 3 y 9, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana podría usar agentes químicos y portar armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones.

El alarmante y repudiable asesinato en San Cristóbal del estudiante de 14 años Kluivert Roa es consecuencia directa de esta resolución. No se trata de un hecho aislado, como las voces oficialistas han tratado de hacer ver. Se trata de un hecho que marca un punto de llegada en el intento de amedrentar a quienes hagan uso del derecho a manifestar su disidencia.

Si el gobierno nacional, como dice, lamenta este hecho, debe proceder de inmediato a derogar la Resolución 8610 y garantizar el derecho a la manifestación pacífica. Esa sería la mejor forma de responder a las preocupaciones internacionales sobre la situación de violencia política que padece Venezuela.

 

Francisco J Virtuoso

El Universal 

 

El ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, anunció un aumento de 40% en la tarifa del servicio de transporte público sub y extraurbano, medida que se realizará en dos partes, la primera a partir del 1° de marzo y la segunda a comienzos de agosto.

El Troudi aseguró que este viernes se publicará la resolución del ajuste tarifario en la Gaceta Oficial.

«Un total de 5.872 rutas suburbanas y extraurbanas van a pasar a tener un tabulador tarifario publicado exhaustivamente en Gaceta Oficial el día de mañana», enfatizó el ministro.

El ministro exhortó a las diferentes alcaldías del país a conciliar con usuarios y transportistas un aumento en las tarifas urbanas de transporte público “que se ciñan a este ajuste en el porcentaje que estamos desarrollando para el área suburbana y extraurbana”.

El Troudi anunció que serán entregados 20.000 vehículos tipo taxi de la marca Chery con financiamiento de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano. “La banca pública va a ser la responsable del proceso de cobranza”, dijo.

Entre agosto de este año y diciembre de 2016 serán fabricados 2.300 autobuses Yutong, lo que permitirá ampliar y fortalecer la actual flota de unidades de transporte público. “Estas unidades van a ser dadas en financiamiento mediante un fondo para las unidades de transporte, que fue aprobado por el presidente Nicolás Maduro con un aporte de dos mil 120 millones de bolívares”, expresó.

Informó que en el transcurso de este año serán entregados 1.150 autobuses a los transportistas del país a través de un sistema de financiamiento diseñado por Fontur y la banca pública nacional.