Persecusión archivos - Runrun

Persecusión

Trabajadores de Corpoelec guardan silencio sobre apagón nacional en medio de persecución
Pocos empleados se atreven a hablar porque, en el pasado, quienes lo hicieron fueron intimados y encarcelados

 

Cada vez que ocurre un apagón nacional en Venezuela casi la única versión que se conoce es la del Gobierno. Y es que con el pasar de los años se han reducido las voces de dirigentes, trabajadores y sindicalistas críticos que en el pasado hablaron a viva voz de la falta de mantenimiento, desinversión y mal manejo de la industria eléctrica.

Hasta ahora la información oficial luego del apagón ocurrido este viernes, 17 de diciembre, es la ofrecida por el ministro Néstor Reverol: hubo un ataque al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), específicamente en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, también llamada Guri.

 

 

Un trabajador que pidió anonimato dijo que hay cuadrillas movilizándose al área donde ocurrió la falla y reveló que durante los últimos meses en la represa se ha reforzado la seguridad con la llegada de oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

¿Por qué ahora son pocos los empleados que se arriesgan a denunciar la situación que ocurre dentro del sector eléctrico? Es probable que muchos se nieguen a hablar porque quienes en algún momento lo hicieron, fueron perseguidos o encarcelados.

 

Lee más en El Pitazo.

José Guerra sobre sentencia del TSJ: Traidores a la patria son ustedes por endeudar al país y no poder pagar la deuda

EL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, José Guerra (PJ-Distrito Capital) afirmó que los verdaderos «traidores a la patria» son los miembros del régimen de Nicolás Maduro por endeudar al país masivamente y no poder pagar la deuda.

A través de un video publicado en redes sociales, el parlamentario que se encuentra en la clandestinidad, expresó su rechazo a la sentencia número 55 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que lo acusa de traición a la patria, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio.

Afirmó que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y demás miembros del gabinete de Maduro son traidores a la patria porque «acabaron con la economía nacional y hoy tienen a los venezolanos ganando un salario de 3 dólares mensuales, propiciando una emigración masiva».

«Traidores a la patria son ustedes que se robaron el dinero público y desfalcaron a la nación. Nosotros mantenemos la frente en alto y por eso estamos proponiendo, aún con la persecución, una solución política a la crisis venezolana, que pasa necesariamente por cambiar este régimen», expresó el parlamentario.

También puede leer: TSJ ordena el allanamiento de la inmunidad del diputado Juan Pablo García

También agregó que esta solución debe llegar por la vía de unas elecciones limpias, libres y transparentes para que los ciudadanos se puedan expresar, «porque este es el régimen que tiene el mayor rechazo de la historia de Venezuela».

Guerra aseguró que el 85% de la población venezolana rechaza al régimen de Nicolás Maduro y que la gente aspira a un cambio y «nosotros estamos para ese cambio democrático, civilizado, donde ustedes que hoy nos persiguen tengan las libertades que nosotros no tenemos».

Amenaza segura

La sentencia del TSJ sobre los diputados José Guerra y Tomás Guanipa se publica dos meses después, pues fue el 11 de junio cuando el fiscal designado por la ANC solicitó al máximo tribunal calificar los delitos de los parlamentarios.

En el caso de José Guerra por los hechos del 30 de abril y del diputado Guanipa por estar presuntamente involucrado en el «atentado de los drones» en contra del presidente Nicolás Maduro, el 4 de agosto del año pasado, durante un acto militar.

Cuando se dio a conocer la información el coordinador de Primero Justicia, Julio Borges expresó solidaridad ante la «persecución del régimen de Nicolás Maduro contra nuestros diputados».

 

Diputado Richard Blanco se fue a Colombia tras persecución

El diputado de la Asamblea Nacional Richard Blanco huyó hacia Colombia luego de ser acusado por el régimen de Nicolás Maduro de estar involucrado en los sucesos del 30 de abril, que califican como un “golpe de Estado”.

A través de su cuenta en Twitter, el diputado informó que salió del país a través de una trocha, como se conoce a los pasos irregulares en la frontera entre Venezuela y Colombia.

“Nadie me silenciará. Por eso decidí cruzar la frontera en Colombia y seguiré más adelante para pedir que nos ayuden. Solo no podemos y mi compromiso es con Venezuela”, fue el mensaje que escribió Blanco.

Además, indicó que su actividad a partir de ahora será “contarle al mundo la tragedia y la urgencia de activar la intervención humanitaria para rescatar a nuestro país de la narcotiranía”.

El parlamentario también señaló que es tiempo de “cero diálogo”, porque “hay que tener dignidad y no convivir con quienes le hacen daño a la patria”. Esta posición es similar a la de la plataforma Soy Venezuela, que en días pasados solicitó al mandatario encargado, Juan Guaidó, cerrar de manera definitiva las negociaciones en Noruega.

El diputado se encontraba en condición de refugiado dentro de la Embajada de Argentina en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara su pase a juicio por siete presuntos delitos, incluidos cargos por traición a la patria y conspiración.

Además, el parlamentario explicó que su decisión correspondió a la necesidad de no “dejarse agarrar por los cuerpos de seguridad, que por los antecedentes de las violaciones de derechos humanos y horrendos crímenes cometidos a personas secuestradas por el régimen, hace natural que ante esta situación cualquier persona busque protección”.

Hasta la fecha, 17 diputados de la AN han sido señalados e involucrados por el TSJ y el Ministerio Público por los sucesos del 30 de abril, cuando un grupo de militares apoyado por Guaidó desconoció al régimen de Maduro.

A este grupo se le ha “revocado” su inmunidad parlamentaria por parte de la asamblea constituyente, en un procedimiento que contraviene lo establecido en la Constitución. Solo el diputado Edgar Zambrano está detenido en una prisión militar en Fuerte Tiuna, el principal regimiento militar del país.

Tres parlamentarios se encuentran en sedes diplomáticas de otros países, cuatro están exiliados, tres formalmente se declararon en resguardo y el resto siguen asistiendo a sus funciones como diputados bajo perfil.

Caldera denunció ante Fiscalía intenciones del Sebin de sembrarle armas

juancarloscaldera

 

Este martes, el diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Juan Carlos Caldera, introdujo a la Fiscalía General de la República, una acción preventiva ante las denuncias que asegura haber recibido de supuestas acciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sobre el parlamentario.

Informó que se trata de un plan para “sembrarle” armas y explosivos. “El Gobierno pretende que de esa manera me saquen del juego. Mi lucha es por convicciones y por una Venezuela que pueda elegir a través del voto libre el camino de los venezolanos. Mi rol como diputado es defender el derecho del país y no dejaré de ejercerlo con amenazas de este tipo”.

“No es la primera vez que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) intente sembrarle armas y explosivos a un dirigente. Sucedió con Yon Goicoechea y Carlos Melo”, dijo en las inmediaciones de la Fiscalía, en Caracas.

“No es con amedrentamiento, persecución y violación de la Constitución que vamos a resolver los problemas de los venezolanos”, agregó el también representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cuatro muertos en la Caracas - La Guaira luego de robo a un Polivargas

AutopistaCaracas-LaGuaira3

 

Cuatro muertos fue el resultado que dejó una persecución en la autopista Caracas – La Guaira, a la altura del sector El Limón, luego que un funcionario de la Policía del estado Vargas fuera despojado de su arma en su vivienda en Pariata.

El hecho que se produjo en horas de la mañana del lunes, generó un fuerte despliegue policial en la vía hacia Caracas. Luego de un enfrentamiento armado, uno de los cuerpos quedó entre el carro Chery Arauca, de color vinotinto, en el que se desplazaban, y el pavimento. Vestía franela azul y un pantalón del mismo color. Según fuentes extraoficiales portaba un arma de fuego en la cintura.

El otro quedó tendido boca abajo hacia un barranco aledaño. Estaba vestido con una franela con franjas azul de rayas blancas y un pantalón azul.

El director de Seguridad Ciudadana de la entidad, Andrés Goncalves, informó que dos mas huyeron en una moto a la zona montañosa del sector Las Torres de El Limón y también fueron abatidos. Todos vinculados a robo de transporte, secuestro y robo de quintas.

En la balacera resultó herido el oficial Jesús Rodríguez con un disparo en el abdomen. Al lugar llegaron comisiones de Polivargas, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y policía científica.

 

Caracas-LaGuairaFotoDarvinsonRojas2

Caracas-LaGuairaFotoDarvinsonRojas

Gonzalo Himiob Jul 19, 2015 | Actualizado hace 9 años
Askarov por Gonzalo Himiob Santomé

Askarov

 

El joven es delgado, de tez morena y de ojos muy oscuros. Por las fotos que he visto de Askarov, su padre, puedo decir que el hijo se le parece mucho. Cuando entramos a la sala en la que esperaríamos la llegada de los representantes del Departamento de Estado, el Subsecretario de Estado Antony Blinken y Tom Malinowski, encargado del Bureau de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, nos lo presentaron de inmediato. No habla inglés ni español, así que su traductor ruso tuvo que ayudarnos a expresarle nuestro respeto por su padre.

Coincidimos en Washington porque nuestra ONG, el Foro Penal Venezolano, y Azimjon Askarov, han sido galardonados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de  Norteamérica con el premio anual, edición 2014, para los defensores de derechos humanos. Eran los instantes previos a la ceremonia oficial de premiación, así que pudimos conversar con él por unos minutos.

Azimjon Askarov, el padre del adusto joven, no pudo asistir. Está preso desde 2010, condenado a cadena perpetua. Su delito, por así llamarlo, es el mismo delito nuestro: Defender los derechos humanos en su país, y denunciar los excesos y abusos de las fuerzas policiales de su nación contra civiles. Askarov comenzó a trabajar hace más de veinte años en estos temas. En un primer momento, se ocupó del estado de las cárceles de su país, pero más adelante también se ocupó de los graves casos de violencia, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que ejecutaba la policía de Kirguistán contra los ciudadanos que manifestaban o protestaban en su país, que además tiene graves problemas por las luchas étnicas que allí se padecen. La constancia y perseverancia de Askarov  lo pusieron bajo la mira del poder, que tras acusarle falsamente de la comisión de varios delitos, lo sometió a un juicio en el que tanto el juez como la policía, abiertamente, intimidaron y amenazaron a los testigos de la defensa y hasta a sus abogados. Esa canción “me suena”.

Un observador internacional, nos recuerda su hijo, comentó lo mucho que le sorprendió entrar en la sala de audiencia en la corte de Kirguistán y ver en todos los presentes, menos en los fiscales y en el juez, las claras evidencias de que habían sido golpeados y amenazados. En la red pueden verse las imágenes de Askarov golpeado y vejado, mientras desde la cárcel, incluso en condiciones en las que más de uno ya se hubiera rendido, continúa su lucha.

Su libertad no se ve cercana, y el joven lo comenta en sus breves palabras al aceptar el premio en nombre de su padre. Su tristeza es evidente, y en un momento, saliendo un poco incluso de su impresionante seriedad, deja que sea su voz de hijo la que hable y nos comenta: “Mi padre no se está haciendo más joven”. Ya antes nos ha hablado del ser humano detrás del activista, del padre amoroso y responsable, y está preocupado por el transcurso del tiempo inclemente. Teme que la muerte y el abuso terminen ganando la batalla (Askarov tiene problemas de salud) y le arrebaten a su papá, allá en la injusta prisión que padece.

Lo escucho mientras da su discurso y veo en la historia de su padre el mismo sufrimiento, el mismo abuso, la misma arbitrariedad, que padecen acá en Venezuela nuestros presos políticos. En la mirada del muchacho, se intuye la misma nostalgia, la misma melancolía, que vive en las miradas de los hijos, de los padres, de las esposas y de las familias de nuestros presos políticos. Leo sobre la manera en la que injustamente se condenó a Askarov, ante un tribunal al que no le importaban la ley ni la verdad, allá tan lejos, y veo en su ordalía los mismos desplantes, las mismas frustraciones, la misma sumisión de los tribunales al poder político que se vive en nuestro país. Veo en una foto los moretones en su espalda, tras ser torturado, y me doy cuenta de que la misma foto la he visto acá en Venezuela, con otros rostros, demasiadas veces. Es un perseguido político, pero no solo es eso, es perseguido político por su labor como activista de derechos humanos. Esa historia, lamentablemente, también la conozco muy bien, y de primera mano.

Tomo la palabra en el acto, pues me toca, y destaco las tristes similitudes que pueden hallarse en situaciones como las que a nosotros, y a tantos en todo el mundo, nos han tocado en mala suerte. Los métodos, los abusos, el dolor, las mentiras, son iguales, sea que se pronuncien en español, en inglés o en kirghiz. Si en algún momento la universalidad de los derechos humanos ha cobrado sentido para mí, fue en ese instante, en el que me di cuenta de que al final del día seres humanos somos todos, y somos un conjunto, más allá de nuestras diferencias, que responde al hermoso mote único de humanidad. El abuso del poder contra cualquiera, donde quiera que se ejecute es, a la vez, el abuso del poder contra todos nosotros, por eso en estos temas la indiferencia y el miedo son nuestros peores enemigos.

Allí está la lección que debe aprenderse: Los derechos humanos son universales, son de todos nosotros y a todos, estemos dónde estemos, nos compete velar por ellos. Nadie está a salvo ni debe darlos jamás por sentados; la lucha por ellos, por su difusión y su protección es continua, pues de la misma manera en que en toda la historia de la humanidad han existido personas luminosas que han orientado con sus buenas acciones nuestros pasos, también existen otros que no dudarán ni un segundo en esclavizarnos bajo el oscuro yugo de la violencia y de la imposición si ello sirve a sus anhelos incontenibles de poder.

Concluye el acto y estas palabras que ahora escribo quedan rondando en mi mente. Las comparto con ustedes sabiendo incluso que quienes se saben culpables de violar nuestros derechos tergiversarán mi voz, como igual tergiversaron en Kirguistán la voz de Askarov, y probablemente cuando regrese me harán pagar la “osadía” de registrar para la historia y de decirles cara a cara esas verdades que no quieren escuchar. Nos acusarán falsamente y sin pruebas de ser “lacayos del imperio” y hasta de recibir dinero de dónde jamás nos ha llegado, ni nos va a llegar, ni un centavo, pero no cederemos terreno en nuestra lucha. Viajamos a recibir una placa y un reconocimiento, nada más, pero para algunos mentir se ha hecho tan cotidiano y necesario que ya les es casi un oficio.

Quizás lo que más les duele es darse cuenta de que no hay mentira que puedan decir que tape con un dedo el rojo sol de sus abusos y arbitrariedades, pero yo me contento, como le dijimos al despedirnos al hijo de Askarov, con saber que ni él, ni nosotros, estamos solos. El mundo no es tan indiferente como a veces parece. Seguiremos.

 

@HimiobSantome

Identifican ocho patrones de persecución política

daniCe

 

“No son casos aislados, sino una política sistemática del Estado que se ha agudizado durante el gobierno de Nicolás Maduro”, destacó Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, durante la presentación de un estudio sobre los patrones de persecución a la oposición en Venezuela.

La advertencia de Borges sobre la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos tiene implicaciones muy graves en términos de responsabilidad internacional del Estado y responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales de los atropellos. “Si, como hemos podido documentar, los excesos corresponden a prácticas concurrentes y repetidas, el análisis jurídico-político trasciende a la evaluación de la vigencia del Estado de Derecho y de la democracia misma en Venezuela. Precisamente por ello es que la Constitución establece que las violaciones graves de los derechos humanos son imprescriptibles”, insistió la directora de Cepaz.

Se analizaron 35 casos que incluyen diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes, dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales, y estudiantes.

Criminalización. Se identificaron ocho patrones que, en conjunto, fundamentan la ejecución de la llamada criminalización de la disidencia: 1.- apertura de procedimientos judiciales (86,71%); 2.- estigmatización a través de los medios de comunicación social (42,86%); 3.- allanamientos irregulares a la propiedad privada (22,86%); 4.- aquiescencia estatal sobre actos de violencia (17,14%); 5.- destitución de cargos públicos (11,43%); 6.- allanamiento de la inmunidad parlamentaria (5,71%); 7) usurpación de funciones públicas (5,71%), y 8.- inhabilitación política (2,86%).

En el informe que presentó Cepaz se verifica que el uso de la jurisdicción penal y la instrumentalización política de los operadores judiciales constituyen el mecanismo de hostigamiento más recurrente. En todos los casos analizados hubo violación del debido proceso, por la negación de la asistencia jurídica, la presunción de inocencia y el principio del juez natural. El retardo procesal que convierte la detención judicial preventiva en una pena anticipada también es una práctica deliberada y constante.

Cada uno de los patrones se describe a través de ejemplos concretos. Se recuerda que el 14 de agosto de 2013 el presidente Maduro acusó al líder opositor Henrique Capriles Radonski de ser cómplice de una red de corrupción y prostitución gay. “En muchas ocasiones, el propósito, simplemente, es descalificar moralmente al adversario ante la opinión pública”, acotó Borges. Sin embargo, a veces los señalamientos se confunden con una acusación penal. Como fue el caso de lo dicho por Maduro sobre la ex diputada María Corina Machado el 10 de junio de 2014: “No exagero cuando digo que es una asesina”.

Para la criminalización de la disidencia mediante la destitución de funcionarios de cargos de elección popular –se refiere en el estudio de Cepaz– el Tribunal Supremo de Justicia ha desempeñado un papel clave, como quedó evidenciado con el enjuiciamiento sumarísimo y sin debido proceso, condena penal y encarcelamiento de los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.

Por tercera vez se cita al jefe del Estado, para ilustrar sus injerencias indebidas en las funciones de exclusiva competencia del Poder Judicial, específicamente cuando arremetió contra el ex ministro de Planificación Ricardo Hausmann, que escribió un artículo sobre el riesgo de default en Venezuela: “He ordenado a la Procuraduría, y le he hablado a la fiscal, para que iniciemos acciones porque usted está metido en una campaña para hacerle daño a nuestra patria”.

 

Ciudadanos y partidos. Cepaz es una ONG que se dedica a la construcción de ciudadanía, por lo cual su análisis de la persecución política se complementa con una exhortación a las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos políticos a aprender a documentar y denunciar violaciones de derechos humanos.

En el informe se incluye la relación entre hostigamiento estatal y militancia político partidista. Beatriz Borges refirió el ejemplo de Rosmit Mantilla (preso en el Sebin desde el 2 de mayo de 2014) que se convirtió en objetivo político del gobierno por su afiliación a Voluntad Popular, el partido más golpeado según el estudio.

 

Ceballos, un año en prisión
Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática y la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, encabezaron la concentración en la plaza Los Mangos, en la capital tachirense, para exigir la liberación de Daniel Ceballos, a propósito de que ayer se cumplió un año de su encarcelamiento.

Gutiérrez de Ceballos exigió la libertad de su esposo, recluido en la cárcel militar de Ramo Verde por  orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que lo condenó y destituyó por no impedir las protestas de 2014.

Lo más grave es que Ceballos está siendo juzgado dos veces por los mismos hechos, lo cual viola los más fundamentales principios del derecho penal.

El segundo proceso se desarrolla  ante la jueza 15ª de Juicio, Yhosmar González, por rebelión civil y agavillamiento. El primero de los delitos es sancionado  con presidio de entre 12 y 24 años.

La Fiscalía solo presentó como pruebas testimonios de personas (varios de ellos funcionarios y militantes del PSUV) que aseguran que el ex alcalde de San Cristóbal promovió las protestas.

Ayer se llevó a cabo la 14ª sesión del debate oral y público, a la cual no tienen acceso los representantes de la prensa ni de los partidos de oposición. Se espera  que el 24 de marzo próximo comparezca el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, en calidad de “testigo estelar”.

 

CIDH condena muerte de González
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado a través del cual expresa  preocupación por la muerte de Rodolfo González, que presuntamente se suicidó en los calabozos de la sede del Sebin en el Helicoide, al día siguiente de que le informaron que sería trasladado a la cárcel Yare III.

Se recuerda que la prisión mirandina es una de los siete centros penitenciarios de Venezuela respecto de los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas de protección, “porque la gente de allí se habría sometido a situaciones que ponen en peligro o han afectado directamente sus derechos a la vida y a la integridad personal”.

La CIDH agrega que “las transferencias de las personas privadas de libertad no deben llevarse a cabo con el fin de castigar, reprimir o discriminar en contra de ellos, ni en condiciones que causen sufrimiento físico o mental”.

Además, se destaca  que los organismos especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones se han pronunciado muchas veces sobre las condiciones de los detenidos en el Sebin y sobre el presunto uso de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Se advierte que “el hecho de que una muerte se caracterice inicialmente como un suicidio no exime a las autoridades competentes de llevar a cabo una investigación”, la cual debe ser desarrollada de manera eficiente y eficaz, y no como una simple formalidad.