Meléndez fue designada recientemente como ministra de Interior y Justicia de la administración de Nicolás Maduro
La gestión de Carmen Meléndez en la Gobernación de Lara estuvo caracterizada por el aumento de la represión y la letalidad policial. La recién designada ministra de Interior y Justicia de la administración de Nicolás Maduro ocupó el cargo de elección popular por tres años y cinco días, entre 2017 y 2020. El Pitazo resumió en cinco claves su desempeño como gobernadora en materia de seguridad y derechos humanos:
Antes y después de las Faes
Según cifras del Ministerio de Interior y Justicia, las muertes por resistencia a la autoridad en Lara subieron 82,2% durante el primer año de mandato de Carmen Meléndez.
En octubre de 2017 –cuando Meléndez fue juramentada como gobernadora– 10% de las muertes violentas en el estado era por resistencia a la autoridad; en octubre de 2018, el indicador se disparó a 58,3%, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
Entre enero y diciembre de 2018, la organización contabilizó 190 ejecuciones extrajudiciales en el estado, la mayoría a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), que se instalaron a mediados de ese año en el estado.
En 12 meses de operaciones, el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mató a 238 personas en ocho de los nueve municipios larenses, señala un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea) que califica esta división de “escuadrón de la muerte”.
Al menos cinco de las víctimas fueron asesinadas durante las manifestaciones antigubernamentales que se desencadenaron en los municipios foráneos Morán y Torres tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino. La documentación de estos casos fue clave para que Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), recomendara la disolución de las Faes.
Policías entre los principales victimarios
El Informe Anual de Violencia de 2019 del OVV reseñó que Lara es la cuarta región del país con mayor letalidad policial. En este lapso, la tasa de muertes violentas se ubicó en 34 por cada 100.000 habitantes: 16 por resistencia a la autoridad, 11 homicidios y 7 muertes en averiguación. Según cifras del diario La Prensa de Lara, 2019 cerró con 412 muertes violentas, de las cuales 251 fueron perpetradas por funcionarios de seguridad.
“Desde el año 2018, esta es una realidad constante. Hay una reducción de los homicidios y un aumento de las muertes por resistencia a la autoridad”, aseguró el sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del OVV capítulo Lara que registró 202 muertes violentas durante el primer semestre de 2020 en el estado.
“De los asesinatos registrados, 40%, está relacionado con presunta resistencia a la autoridad, lo que equivale a que de cada 10 asesinatos, 4 son efectuados por la policía”, agregó el sociólogo en la presentación de un balance sobre la violencia política, la represión y el uso excesivo de la fuerza en Lara.
Persecución, detenciones e intimidación
Durante la gestión de Carmen Meléndez como gobernadora, la Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara) denunció la persecución de al menos tres de sus activistas, personal docente, médico, de enfermería y pacientes crónicos, así como el «aumento progresivo del hostigamiento y la represión» contra los ciudadanos que participan en protestas por servicios básicos.
La organización registró 27 detenciones arbitrarias en mayo, el tercer mes de confinamiento por la pandemia del coronavirus, debido a los prolongados cortes de electricidad, la escasez de gas doméstico y falta de agua por tuberías.
Asimismo, ha documentado casos de violación del derecho a la manifestación pública, a la integridad física y a la vida en las movilizaciones dispersadas por funcionarios de seguridad, dirigentes del oficialismo y presuntos colectivos, como sucedió en marzo de 2019, durante la visita de la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas (Oacnudh) y en febrero de 2020, en la marcha de Juan Guaidó en el oeste de Barquisimeto asediada por simpatizantes del oficialismo y funcionarios públicos.
“La respuesta oficial, decidida por el alto Gobierno nacional y estadal no han sido actuaciones y mejoras en los servicios, sino el despliegue masivo de cuerpos militares y policiales que con todo un arsenal de armamentos, vehículos blindados y decenas de efectivos, han ejecutado acciones sistemáticas de acosos, persecuciones y detenciones fundamentalmente a jóvenes en las zonas populares”, alertaron en un comunicado publicado en mayo.
La almiranta llegó a ordenar el despliegue de hasta 10.000 funcionarios de seguridad –según sus propias declaraciones– ante llamados de protestas de la oposición con el argumento de que “están llamados a preservar la paz en el estado”.
El sociólogo Nelson Fréitez, coordinador de la cátedra libre de derechos humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla), considera que el poder político en Lara mantiene una práctica consuetudinaria de grandes privaciones, maltratos a la población y uso desproporcionado de la fuerza.
Señalada por obstrucción de la justicia
El Bloque Parlamentario del estado Lara denunció a Carmen Meléndez, a mediados de 2019, por obstrucción a la justicia y terrorismo de Estado tras la liberación de seis de los siete colectivos armados que atacaron a civiles y funcionarios de la Policía de Lara en una concentración en Barquisimeto el 1 de mayo.
Según el abogado Guillermo Palacios, diputado de la Asamblea Nacional (AN), la gobernadora encubrió a estos militantes del oficialismo que dispararon a un oficial de la Brigada Motorizada y fueron absueltos de los cargos, incluyendo el porte ilícito de armas, en la audiencia.
Policías desmejorados
En sus primeros seis meses de gestión como gobernadora, Meléndez aprobó un punto de cuenta que exigía a los funcionarios de la Policía de Lara obtener el carnet de la patria para cobrar el bono de alimentación por esa vía. Desde 2019, personal jubilado y desincorporado de ese cuerpo lleva a cabo acciones de protesta por retrasos en los pagos quincenales y la suspensión de salarios.
En la actualidad, los funcionarios activos devengan menos de Bs. 2.000.000 mensuales, pero en los comandos les venden bolsas de comida con nueve artículos en $10 o $12, según reportes del personal. Dentro del organismo también hay descontento por la falta de dotación de uniformes y otros implementos, pese a las promesas de Meléndez durante su campaña electoral.
Horas antes de oficializar el cambio de Carmen Meléndez a la cartera de Interior y Justicia, el ministerio otorgó a la Policía de Lara el primer lugar del Concurso de buenas prácticas policiales en su décima edición por los procedimientos extraordinarios efectuados durante la cuarentena.
