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Diputada Fernández: El quórum está garantizado a pesar de la persecución
Este jueves, 15 de agosto quedó instalada la Comisión Delegada del Parlamento como establece el Reglamento de Interior y Debate y la Constitución
Tres presidentes de Comisiones Permanentes no pudieron asistir al acto por estar en el exilio o en la clandestinidad

@saracosco

“EL QUÓRUM ESTÁ GARANTIZADO”, fueron las palabras de la diputada Dennis Fernández (AD-Cojedes) antes de la instalación de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, conformada por la Junta Directiva y los presidentes de las Comisiones permanentes durante el receso parlamentario que empieza el 15 de agosto y finaliza el 15 de septiembre, cuando se reanudan las sesiones ordinarias.

Esta vez la instalación de la comisión se llevó a cabo en la Sala José María Vargas del edificio administrativo del Parlamento, porque la Sala Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo – tradicionalmente usado para este acto – fue tomado por la asamblea nacional constituyente.

Fernández – presidenta de la Comisión de Política Interior – explicó que se evalúa la posibilidad de que los diputados que están en el exilio, en clandestinidad o protegidos en embajadas de Caracas, puedan participar, en una especie de Parlamento Virtual en las sesiones de la AN. 

Por el momento sigue siendo una propuesta de proyecto de ley, porque aunque es cierto que son alrededor de 30 diputados afectados, la diputada explicó que los suplentes asumen el trabajo.

Sin embargo, dentro de la instalación de la Comisión Delegada se sintieron las ausencias. Hay tres comisiones permanentes que no cuentan con su presidente: Miguel Pizarro (PJ-Miranda), en Desarrollo Social se encuentra en el exilio; Carlos Paparoni (PJ-Mérida), de Finanzas está en clandestinidad al igual que Freddy Superlano (VP-Barinas), de Contraloría. 

Por eso, Dennis Fernández junto al presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó (VP-Vargas), hicieron hincapié en que seguirán trabajando y denunciando los atropellos de los que han sido víctimas sus colegas, al igual que el primer vicepresidente Edgar Zambrano, el diputado Juan Requesens y el jefe de despacho del presidente encargado, Roberto Marrero.

Guaidó expresó: “Todos los años – desde que la oposición es mayoría – se ha declarado sesión permanente por la emergencia humanitaria que vive el país. Esta crisis exige de todos los diputados”. 

Por eso luego de la instalación de la Comisión Delegada y las denuncias de la diputada Nora Bracho sobre un nuevo apagón en el occidente del país y la del diputado Ramón Flores sobre la destrucción de la biodiversidad en el Amazonas por el Arco Minero, la Junta Directiva ratificó la convocatoria de sesión extraordinaria para el próximo martes, 20 de agosto.  

Foto: Asamblea Nacional

En la Asamblea Nacional llegó la hora de los suplentes
Desde que se ha intensificado la persecución judicial en contra de los diputados de oposición que apoyan a Juan Guaidó, los parlamentarios suplentes han debido asumir el protagonismo en el hemiciclo y las comisiones

@saracosco

ES MARTES DE SESIÓN ORDINARIA en la Asamblea Nacional y los parlamentarios se preparan para un debate sobre la defensa de la Constitución de 1999. En el Hemiciclo, presidido por Juan Guaidó, hay un grupo que va en aumento: el de los diputados suplentes que se han visto obligados a asumir un protagonismo que no estaba en el guión inicial. 

La incorporación más reciente se dio este martes 13 de agosto con Carlos Bastardo (Vente-Monagas) suplente de Juan Pablo García. Bastardo -quien, al igual que los demás relevistas del Parlamento, se sentó en una curul con el nombre de su principal- declaró a los medios de comunicación que García sigue en el país “dando la cara”, aunque analizando la información porque deberá tomar algunas medidas de resguardo.

No dio paradero específico del parlamentario y tampoco si se resguardará en alguna embajada o se irá del país. Tampoco dio detalles sobre si volverá al Parlamento, pero enfatizó en que seguirá trabajando por la libertad de Venezuela. 

El día anterior el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó dos sentencias sobre allanamiento de inmunidad parlamentaria de los diputados Juan Pablo García (Vente-Monagas), José Guerra y Tomás Guanipa (PJ-Distrito Capital), acusados de traición a la patria. Aunque de estos últimos se conocía la información desde el mes de junio y desde entonces no se les ve en las sesiones del Parlamento.

Debido a esta seguidilla de acusaciones -que han debilitado la bancada opositora de la AN, institución desde la cual se ha construido el proyecto de Guaidó que apoyan más de 50 países- los diputados suplentes han tenido que irse sumando de forma permanente a las sesiones y comisiones porque sus principales se encuentran en la clandestinidad, el exilio o presos.

Dentro del hemiciclo de sesiones, el diputado Bastardo tomó el derecho de palabra mientras que, en la tribuna presidencial solo estaban Guaidó y el segundo vicepresidente Stalin González, además de la silla vacía del primer vicepresidente, Edgar Zambrano, quien fue detenido de manera arbitraria el pasado 2 mayo por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

Pero no es el único caso, pues en el segundo piso del hemiciclo se puede ver una pancarta gigante desplegada con la imagen del diputado Juan Requesens (PJ-Táchira) y un contador de los días que lleva preso, desde agosto de 2018. Su suplente, Karin Vera, también ha tenido que asumir el rol de principal. 

Caras nuevas

Las caras nuevas se van sumando a medida que pasa el año parlamentario. El diputado Rafael Veloz – quien también formó parte del debate de la sesión – ha tenido que asumir la curul luego de que su principal, Richard Blanco, fuera acusado de sublevación y rebelión civil por los hechos del 30 de abril y tuviera que salir caminando por la frontera venezolana hacia Colombia. 

Veloz aseguró que el TSJ ha publicado 116 sentencias con el objetivo de eliminar a la Asamblea Nacional, con la apertura de procedimientos judiciales en contra de sus colegas, que ratificaron en más de una ocasión que solo la propia Asamblea Nacional tiene el mandato constitucional de allanar la inmunidad parlamentaria. 

Actualmente son más de 30 los parlamentarios que se encuentran fuera de la Asamblea Nacional, sea en clandestinidad, en alguna Embajada en Caracas o en el exilio.

Es por eso que el diputado chavista Eustoquio Contreras señaló dentro del debate que no le pedirá a los demás ser valientes, porque en estas circunstancias es normal tener miedo. Haciendo una reflexión sobre las leyes y la vigencia de la Constitución de 1999, el parlamentario aseguró que la crisis institucional comenzó el 6 de diciembre de 2015, cuando cambió la correlación de fuerzas en el Poder Legislativo a favor de la oposición.

Por eso no dudó en asegurar que en Venezuela lo que existe ahora por parte del régimen de Nicolás Maduro es un “Fujimorazo por cuotas”, lo que dejó en total silencio el hemiciclo del Parlamento. 

Rectora de la UCV:

Desde que el presidente Nicolás Maduro tomó el poder en 2013, el gobierno ha afianzado su política de persecución contra la disidencia. Pero este año, con la agudización de la crisis económica y política, el acoso se ha hecho más notable. En el Foro Contra las amenazas de la dictadura: resistencia y lucha, autoridades de la Universidad Central de Venezuela, defensores de los derechos humanos y dirigentes sindicales señalaron que Venezuela vive el periodo más difícil de su historia porque Maduro se ha encargado de utilizar los cuerpos de inteligencia y de seguridad del Estado para “inocular el miedo” y criminalizar la protesta.

“Los venezolanos estamos sometidos a múltiples atropellos por el solo hecho de disentir ideológicamente de este dictatorial régimen. Estas actuaciones, en las que presumen ser democráticos, son cada vez más evidentes y frecuentes”, afirmó Cecilia García Arocha, rectora de la UCV, quien se declaró en resistencia por el bien y el progreso del país.

Abogó por la libertad plena de los más de 300 presos políticos, especialmente la de Lorent Saleh, a quien le han diferido la audiencia en 50 oportunidades. Aprovechó el momento para aclarar que el ex presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, que llegó el fin de semana al país para mediar en unas supuestas excarcelaciones, no representa los intereses de libertad ni la lucha de los presos políticos.

Sigue leyendo esta nota de Sammy Paola Martínez en El Nacional

#MonitorDeVíctimas | Muere estudiante por bala perdida en medio de persecución policial
Cuatro hombres, entre ellos un adolescente presuntamente vinculados con el hecho, fueron ultimados en un procedimiento de la FAES de la PNB. Según la data de Monitor de Víctimas, 33,5% de los homicidios registrados en Caracas entre mayo y septiembre involucran a funcionarios de la Fuerza Pública

 

@carlos_dhoy

LEONARDO ANDRÉS RAMOS BELISARIO, de 30 años de edad, estudiante de administración en la Universidad Alejandro Humboldt murió de un disparo en la cabeza durante un tiroteo que se produjo cuando circulaba con su vehículo por la avenida José Martí de El Rosal, en el municipio Chacao del estado Miranda.

Ramos Belisario fue la víctima colateral de una operación policial iniciada en los alrededores del Centro Comercial San Ignacio en Chacao, aproximadamente a las 9:00 pm cuando efectivos policiales detectaron a un supuesto grupo de secuestradores que al parecer preparaban un plagio.

Los hombres viajaban en un vehículo Toyota Camry color gris plomo, placas BCF-55Z, al verse descubiertos se habrían enfrentado a tiros con funcionarios policiales y huyeron del lugar. Se inició una persecución en la que participaron la PNB, el Cicpc y Polichacao.

Lea también: #MonitorDeVíctimas | Asesinaron a comerciante cuando faltaban cinco horas para su cumpleaños

Cuando los supuestos secuestradores serpenteaban intentando evadir a los funcionarios policiales en las inmediaciones de la arepera Misia Jacinta, en El Rosal, chocaron contra el Chevrolet Aveo, color azul matrículas AD481EA, conducido por Leonardo Andrés Ramos Belisario. Tras el choque se produjo un segundo intercambio de disparos entre las fuerzas policiales y los supuestos secuestradores, en el que Ramos recibió el disparo que lo mató de manera instantánea. El arma era de alto calibre.

Luego del intercambio de disparos los presuntos delincuentes emprendieron la fuga y se internaron en Santa Mónica, donde los efectivos perdieron su pista. Horas más tarde, el vehículo fue localizado en el sector Las Quintas de la Cota 905, donde se activó una operación de búsqueda.

De acuerdo con datos recopilados por el Monitor de Víctimas, alianza entre la ONG Caracas Mi Convive, periodistas y medios para estudiar la violencia en Caracas, en los últimos seis meses al menos 23 personas han resultado muertas al quedar atrapadas en la línea de fuego en enfrentamientos armados bien sea entre delincuentes o entre fuerzas policiales y antisociales, lo que representa el 3,4% del total de los fallecidos como consecuencia de la violencia que afecta la ciudad de Caracas.

Funcionarios de la FAES de la PNB tomaron distintos sectores de la Cota 905.

Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles se produjeron tres tiroteos en los que murieron cuatro personas, entre ellas un adolescente de 17 años de edad.

El organismo policial además de vincular a los cuatro fallecidos con el suceso ocurrido la noche del martes en El Rosal, los relacionaron con las bandas de “el Koki” y “el Galvis”.  La FAES identificó a los hombres como Kenderson Alberto Guédez Cartagena, dos solo con apodos (“el Yahir” y “el Darwin”) y un adolescente de 17 años de edad, cuya identidad no puede ser publicada en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección al Niño Niña y Adolescente (Lopna).

Con estas cuatro muertes se eleva al menos a 215 el número de personas que han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con funcionarios de los organismos de seguridad del estado, lo que representa el 33,5% del total de las muertes ocurridas en Caracas entre mayo y septiembre de 2017, cifras obtenidas a través de encuestas realizadas por el Monitor de Víctimas.

De este total, 130 muertes, o sea 58% de las muertes relacionadas a enfrentamientos con la policía, están vinculadas directamente con la actuación de la Policía Nacional Bolivariana, 72 con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, ocho murieron tras ser heridos por la Guardia Nacional Bolivariana y el resto, ocho víctimas, se dividen entre muertos por policías estadales y municipales.

 

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 24.08.2017: MEDIO: Ilusión
MEDIO
PARA LA GALERÍA: 
Tras entrevistar al muy respetado abogado penalista Jesús Alejandro Loreto, en torno a las palabras de Maduro anunciando petición a Interpol de Código Rojo contra la Fiscal General Luisa Ortega y su marido, Germán Ferrer, diputado del PSUV, nos quedó muy claro que ellas son parte de la permanente farsa comunicacional. Para Loreto, Maduro tiene la concepción errada de creer que Interpol es un grupo armado que actúa en los 190 países que son sus miembros, cuando es una organización similar a la OEA o la ONU. En su estatuto de creación la primera excepción a su actuación es por delitos políticos. Luego son los casos por delitos raciales, religiosos o militares. La cooperación global es básicamente para lograr la extradición de criminales buscados por diversos delitos principalmente narcotráfico, lavado de capitales, terrorismo y crímenes. Si se va a su página web se pueden ver los 19 solicitados por el CICPC de Venezuela. Ninguno por los delitos que exceptúa la organización. Además, es improcedente una extradición si el delito no está contemplado en la regulación existente en el país donde procede la aprehensión. Adicionalmente si en el país solicitante no se garantiza el debido proceso, los derechos humanos o la vida del solicitado, se prohíbe hacer el procedimiento. Es decir que ni a la Fiscal ni al diputado Ferrer se les puede aplicar “la orden de Maduro”. Mentiras y farsas a diario para mantener la “ilusión del gobierno de los pobres”…
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Ex presidentes latinoamericanos condenaron persecución a David Smolansky

Expresidentes IDEA Observadores Consulta Popular

 

Los ex presidentes latinoamericanos y miembros del grupo IDEA  Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia) y Laura Chinchilla (Costa Rica)  se pronunciaron contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que separó a David Smolansky como alcalde electo de El Hatillo.

El ex presidente Pastrana aseguró que mientras Nicolás Maduro promete elecciones regionales ya van más de 12 alcaldes opositores presos, perseguidos o inhabilitados.

Por otro lado, Laura Chinchilla, se solidarizó y rechazó la arremetida de la dictadura contra Smolansky. Mientras que el ex presidente boliviano, Jorge Quiroga, afirmó: “La dictadura ahora persigue al alcalde David, un joven político brillante, valiente y alma de la protesta popular en la calle”.

Smolansky, quien asumió el cargo luego de ganar las elecciones municipales de 2013 en las que recibió 44% del respaldo vecinal se ha destacado por llevar una gestión transparente, esta que lo ha llevado a tener una de las tres mejores valoradas en toda Venezuela. Ha pasado más de una semana desde que el TSJ, lo sentenciara a 15 meses de prisión, lo inhabilitara políticamente y lo separara de su cargo por permitir que los ciudadanos protestaran pacíficamente en el municipio.

Smolansky  divulgó un video desde la clandestinidad, en el cual resume el asedio del que ha sido víctima y el esfuerzo que ha realizado en El Hatillo por llevar una gestión eficiente durante estos años y medio al frente de la alcaldía.   “Maduro me quiere encarcelar desde hace 3 años. No hay dictadura que salga sin resistir. Seguiré luchando”, aseveró Smolansky.

De igual forma, el responsable nacional adjunto de Voluntad Popular relató en una carta publicada en el diario chileno El Mercurio cómo fueron sus últimas horas antes de recibir la sentencia y aseguraba que en Venezuela todo el que piensa distinto a la dictadura “tiene un número”.

Smolansky es el alcalde número 12 de la oposición que es separado de su cargo por permitir protestas en su jurisdicción.

Venezuela implosiona: Estos ciudadanos tuvieron que huir desesperados

VenezolanosenValencia

Tamara Taraciuk Broner | The Washington Post

Los problemas de Anacelis Alfaro empezaron a fin del año pasado en la plaza principal de Barquisimeto, la apacible capital del estado de Lara, en Venezuela, a orillas del río Turbio. Alfaro, de 51 años, se dedicaba a organizar eventos para una universidad privada y era además activista del partido político Voluntad Popular. Un día soleado, en diciembre pasado, el partido festejó su aniversario en la plaza de esa localidad. Alfaro fue la oradora principal del evento, y en su discurso destacó el rol de las mujeres en la política, mencionó el encarcelamiento arbitrario del líder opositor Leopoldo López e instó a mantener la esperanza en períodos de adversidad. Disfrutó de la jornada, se puso al día con activistas de otros estados y luego se fue a su casa sin saber que su vida, como la conocía hasta entonces, había terminado.

Al día siguiente, un tribunal penal dictó órdenes para allanar las viviendas de dos activistas del partido en busca de “carteles y pancartas” y “cualquier otra evidencia de interés criminalístico”. Sin saber que su apartamento figuraba en la lista, ese fin de semana Alfaro viajó al estado vecino de Carabobo para visitar a unos amigos. Por ello, cuando la policía apareció en el pequeño departamento que compartía con su madre, de 79 años, sólo esta última estaba allí para presenciar la requisa y responder a las preguntas sobre dónde se encontraba Alfaro.

Aunque la orden judicial no especificaba el delito que se le atribuía, un amigo con contactos en el gobierno le advirtió a Alfaro que no regresara a su hogar. Los agentes que habían interrogado a la otra activista durante dos días le preguntaron insistentemente dónde se encontraba Alfaro. Pasó una semana escondida en casa de amigos, hasta que la convencieron de huir del país. Un amigo fue a buscar su pasaporte, y Alfaro tomó un vuelo a Buenos Aires donde, tras meses de trámites para regularizar su documentación y buscar empleo, encontró trabajo en un restorán de comida rápida en la capital argentina, exiliada por el delito de disentir. “Me sentí una cobarde”, dijo Alfaro cuando me reuní con ella en un café. Pero, añadió, “presa no serviría de nada”.

Mientras Venezuela se transforma en un Estado policial, cientos de miles de personas huyen de las enormes dificultades económicas y la persecución. Venezuela fue históricamente un lugar que acogió a inmigrantes, incluidos muchos que escaparon de las dictaduras latinoamericanas de las décadas de 1960 y 1970. (Las llegadas desde Argentina, Chile y Uruguay aumentaron un 800 % durante ese período, y en esta ola estuvieron también mis padres, que huyeron de Buenos Aires días antes del golpe militar de 1976). Ahora el flujo circula en la dirección contraria, y los países de la región están viendo cómo devolverles el favor.

En los últimos meses, he entrevistado a decenas de personas de la nueva diáspora venezolana, incluidos profesionales, estudiantes y miembros de comunidades indígenas que se fueron del país en avión, como Alfaro, o que lo hicieron viajando varios días en autobús, o incluso a pie. Se fueron en busca de alimentos o tratamiento médico, o intentando protegerse de la persecución política. La cantidad de permisos de residencia temporaria otorgados a venezolanos en Argentina ha aumentado en más del doble desde 2014, y llegó a 35.600 en mayo de 2017, según las autoridades inmigratorias argentinas. Chile aumentó más de cuatro veces las visas otorgadas a venezolanos en los últimos años, de 1.463 en 2013 a 8.381 en 2015. En lo que va de 2017, Perú ha recibido más de 10.000 solicitudes de venezolanos que piden permanecer en el país, según dijeron autoridades inmigratorias a Human Rights Watch.

En 2014 Venezuela ocupaba el sexto lugar en la lista de países cuyos ciudadanos solicitaban permisos legales para permanecer en Uruguay, pero trepó súbitamente al primer puesto este año, según dijeron las autoridades a Human Rights Watch. Brasil todavía debe procesar miles de solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos, y el año pasado llegaron a Estados Unidos más solicitantes de asilo procedentes de Venezuela que de ningún otro país (cerca de 18.000, según informes de prensa).

Cada una de las personas que entrevisté permite entender mejor la magnitud del colapso político y económico del país.

Pablo López, de 23 años, miembro de la comunidad indígena venezolana Warao, se vio obligado a cruzar la frontera hacia Brasil por el hambre que sufría en Venezuela. Cuando lo entrevisté en febrero, dormía en las calles de una ciudad fronteriza brasileña junto con otros 100 miembros de su comunidad. Hombres, mujeres y niños vivían, cocinaban y comían en condiciones absolutamente insalubres. López ganaba USD 1,40 por hora cargando camiones. Otros miembros de su comunidad vendían artesanías o mendigaban en la calle. Todos aquellos con quienes hablé afirmaron que su situación en Brasil era mejor que en Venezuela.

Ludiskel Mass, una maestra de escuela quien fue activista estudiantil del partido opositor Un Nuevo Tiempo, de 32 años, se vio obligada a dejar el país para tratarse por cáncer. En 2015, en su ciudad de origen, Maracaibo, los médicos le dijeron que el sangrado vaginal que sufría probablemente se debía a un quiste, pero que no tenían los insumos para brindarle un diagnóstico adecuado. Dos amigos le pagaron el viaje en autobús a Lima, donde, según me dijo, llegó luego de un viaje de seis días. En Perú, los médicos pudieron diagnosticarla y someterla a una cirugía exitosa para extirpar un cáncer uterino. Un año después, logró llevar a sus hijos de 11 y 12 años a Lima.

Alfaro no duda de que estaría presa si no hubiera huido. Muchos activistas —los poderosos y conocidos, así como también otros de bajo perfil— han sido perseguidos, detenidos o amenazados con ser encarcelados desde que ella huyó. El Foro Penal Venezolano, una organización sin fines de lucro, estima que hay cerca de 400 presos políticos y afirma que, desde abril, la justicia militar ha procesado a más de 460 civiles, sobre los cuales no tiene competencia.

El 16 de julio, más de siete millones de venezolanos participaron en un plebiscito informal organizado por la oposición con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, universidades y cientos de voluntarios. Al participar, manifestaron que se oponían a la propuesta del presidente Nicolás Maduro de formar una Asamblea Constituyente con partidarios del gobierno. Cerca del 10 % lo hizo desde el exterior. (Dos semanas después, Maduro avanzó igualmente con su plan, y conformó una Asamblea Constituyente que tendría poderes de una amplitud alarmante, definidos de manera muy imprecisa, por tiempo indeterminado).

Ya sea porque huyen de la escasez más terrible, o porque temen ser encarceladas, ninguna de las personas que entrevisté sentía que tenía alguna opción que no fuera irse del país. En la Venezuela de hoy, no quedan instituciones independientes en pie para controlar al poder ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia, que se convirtió en un anexo del Palacio de Miraflores cuando, en 2004, el entonces Presidente Hugo Chávez copó esta institución con adeptos, desde entonces ha validado una y otra vez medidas que socavan la democracia venezolana y vulneran derechos fundamentales. Recientemente, el Tribunal despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades legislativas, y en vez de insistir en que Maduro observara la constitución, el tribunal apoyó su propuesta de reescribirla. También desestimó todos los recursos presentados por la Fiscal General Luisa Ortega, que anteriormente fue leal al régimen y ahora ha empezado a hablar abiertamente contra el gobierno. A su vez, el Consejo Nacional Electoral no celebró las elecciones regionales que, por mandato constitucional, debían realizarse en 2016, y postergó un referéndum revocatorio contra Maduro, hasta que la justicia canceló la iniciativa definitivamente.

El gobierno de Maduro ha usado su monopolio del poder para detener y perseguir penalmente a críticos, inhabilitar a opositores para postularse a cargos públicos —y de paso también encarcelarlos—, detener o expulsar a periodistas y sacar del aire a canales de televisión. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del régimen, han reprimido brutalmente manifestaciones masivas contra el gobierno, provocando decenas de muertos y cientos de heridos, y deteniendo a miles de personas.

Hernán González, de 40 años, me dijo poco tiempo atrás en Montevideo que huyó de Venezuela cuando la Guardia Nacional mató a su hermano Pablo. Durante años, él y su familia habían sido chavistas incondicionales, pero habían dejado de apoyar al régimen por las largas filas para conseguir alimentos y la malnutrición, y en las elecciones legislativas de 2015 votaron por la oposición. Una noche en noviembre de 2016, según contaron testigos a González (no es su nombre verdadero), mientras Pablo jugaba al dominó con amigos en la acera cerca de su casa, fue detenido por miembros de la Guardia Nacional. Más tarde esa noche, el cuerpo de Pablo apareció en un hospital, y miembros de la Guardia Nacional dijeron a González que su hermano había muerto en un “enfrentamiento”. El cuerpo estaba cubierto de contusiones y tenía un orificio de bala en el pecho.

El gobierno también ha negado la crisis humanitaria, producto en gran medida de la crisis económica, y no ha permitido que llegue asistencia internacional que se encuentra disponible. La escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos es tan severa que cada vez más personas como López y Mass, que no pueden alimentar a sus familias o recibir atención médica básica, se ven obligadas a irse del país. Y el ciclo de represión y negación gubernamental continúa. La ministra de salud fue despedida días después de que anunciara un drástico aumento, durante 2016, en las estadísticas de mortalidad materna, mortalidad infantil y malaria.

Los países de la región que acogen a venezolanos han abierto una válvula de escape —aunque pequeña— en medio de la crisis. Pero el exilio no es una solución permanente. El problema son las políticas y las prácticas abusivas del gobierno de Maduro. Desde que miles de venezolanos salieron a las calles a principios de abril en protesta por el autoritarismo creciente, el régimen ha respondido con represión feroz. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, han arrollado con vehículo blindado a manifestantes, han golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y han irrumpido en las viviendas de presuntos opositores. Las fuerzas de seguridad también han detenido arbitrariamente a cientos de manifestantes, transeúntes y críticos.

Los líderes de la región deben redoblar la presión para que Maduro fije una fecha en la cual se celebren elecciones libres y justas, bajo una rigurosa supervisión internacional. Deben seguir exigiendo a Maduro que termine con la represión, libere a todos los presos políticos, juzgue crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos, restablezca la independencia judicial, devuelva a la Asamblea Nacional sus potestades y permita la llegada de asistencia humanitaria internacional. Deben imponer sanciones dirigidas contra funcionarios clave y transmitir elocuentemente el mensaje de que quienes cometan abusos serán indefectiblemente llevados ante la justicia, cuando se restablezca la independencia judicial en Venezuela.

Las personas que están encarceladas por disentir, aquellas que vuelven a sus casas de las filas para comprar pan con las manos vacías y quienes ven como deteriora su estado de salud a causa de enfermedades prevenibles merecen que así sea. También lo merecen los exiliados que ansían regresar a su país.

Alfaro se está habituando a Buenos Aires. Disfruta de caminar por la ciudad, algo que no podía hacer en su país, donde hay altísimos índices de criminalidad. Se hizo amiga de muchos venezolanos que han migrado a Argentina, y si bien se sentía agradecida de haber aprendido un oficio en el rubro gastronómico a esta altura de la vida, está más contenta ahora que encontró un empleo que le permite usar su encanto caribeño vendiendo joyas en una tienda de Buenos Aires. Colabora con miembros de la oposición venezolana que viajan a Argentina y coordinó uno de los centros en Buenos Aires donde el 16 de julio se celebró el plebiscito de la oposición, y por eso sabe que está contribuyendo a restablecer la democracia en Venezuela. Pero, muy en el fondo de su corazón, extraña su país y se siente privada de ejercer sus derechos. “Eventualmente voy a volver a mi país para ayudar a reconstruirlo”, me dijo Alfaro mientras juntábamos nuestras cosas para irnos del café.

Voluntad Popular denuncia uso de tribunales militares para juzgar a sus activistas

JuanAMejías

 

El coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, denunció la utilización de la “justicia” militar como brazo ejecutor del “Plan Siembra” contra los dirigentes y activistas de la tolda naranja, montaje mediante el cual se pretende desarticular la lucha pacífica de calle del partido político y la detención de sus activistas.
“Hace 2 meses atrás, nuestro coordinador nacional Freddy Guevara advirtió sobre el ‘Plan Siembra’ y sabíamos que lo que está ocurriendo iba a pasar. El principal autor de este plan es Tareck El Aissami, quien fue designado para amedrentar y perseguir a la dirigencia política. El 11 de enero fue detenido el diputado Gilber Caro junto a Stayci Escalona; el pasado 22 de abril fue el turno de uno de nuestros activistas de El Valle, Aldo Rosso; el 10 de mayo se llevaron al profesor Sergio Contreras por el simple hecho de tener un megáfono y apoyar una concentración en La Candelaria, fue juzgado por un tribunal militar, y este domingo apresaron al también profesor universitario Jorge Machado, coordinador nacional de organización de Voluntad Popular, inventando una vinculación con el financiamiento y organización de los ataques vandálicos que se han generado durante las protestas convocadas por la Unidad Democrática”.

Recordó el carácter irregular e inconstitucional de las detenciones de cada uno de los miembros de la tolda naranja, quienes han sido presentado ante instancias militares cuando son civiles. “Aldo Rosso fue detenido cuando llegaba a su casa, solo llevaba un coala y ahora pretenden alegar que llevaba cientos de uniformes militares. El profesor Sergio Contreras, quien fue detenido en una manifestación pública, llevaba solo un megáfono en la mano, este instrumento le ha dado mucho miedo al gobierno, porque le temen a la verdad. Ahora ellos dicen que, dentro de ese megáfono, Sergio tenía explosivos. El también profesor Jorge Machado formaba a nuestros jóvenes estudiantes y pretenden acusarlo de rebelión militar e incitar al odio con un megáfono. Su verdadero delito es hablar por la verdad, con valentía y liderar a un pueblo que quiere cambio. Hoy pretenden presentar a los tribunales militares en Fuerte Tiuna a otro joven activista del municipio sucre. Todos ellos han sido presentados ante la justicia militar bajo los supuestos delitos de rebelión militar, incitación a la violencia, sustracción de armamento militar y traición a la patria ¡Son unos absurdos y nadie les cree!”.
A juicio de Mejía, el Ejecutivo ha perdido el control que tenía sobre los tribunales civiles y el Ministerio Público, y por eso ha tenido que recurrir a los militares que responden directamente a Nicolás Maduro, Comandante en Jefe de las FANB y Tareck El Aissami. Resaltó que este tipo de acciones son completamente inconstitucionales, por lo que exigió a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, fijar una posición firme en contra de estos juicios ilegales y establecer responsabilidades contra los funcionarios públicos que tengan algún tipo de vinculación.
“El régimen utiliza la justicia militar para perseguir a la oposición y a Voluntad Popular; pero, si algo tenemos claro es que no vamos a retroceder porque el gobierno tenga la intención de encarcelarnos. Nuestro líder Leopoldo López tiene más de tres años presos, pero nosotros seguimos aquí, dando la cara y llevando su mensaje por toda Venezuela. Si creen que con la violencia van a impedir que el cambio llegue al país, se equivocan.”
El parlamentario alertó que la diputada por el estado Táchira, Gaby Arellano y la activista de Voluntad Popular, Ana Karina García, pudieran ser blanco de esta “olla podrida” del régimen denominada Plan Siembra, por presunta vinculación en las fuertes protestas que se han registrado en la entidad andina. Asimismo, informó que las detenciones a miembros del partido  se han triplicado desde el pasado 1 de abril, fecha en que iniciaron las protestas antigubernamentales a nivel nacional.

*Con información de nota de prensa