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Clima21: Trujillo y Portuguesa comienzan a ser afectados por derrames petroleros
Enero fue el mes con mayor cantidad de derrames petroleros, registrando 15. Le siguen abril y mayo con siete en cada mes. 

En un reporte sobre derrames petroleros en Venezuela durante 2023, Clima21 señaló que por primera vez, en comparación a periodos anteriores, se registraron derrames de hidrocarburos en Portuguesa y Trujillo. 

Según la organización, entre enero y junio de 2023, ocurrieron alrededor de 44 derrames petroleros.

«Esta situación pone en peligro los ecosistemas y vulnera los derechos humanos de un gran número de personas que ven afectadas sus vidas, trabajos y culturas», reiteró Clima21.

La información fue recopilada por la organización a través de redes sociales, artículos de prensa e informantes locales.

A continuación, nueve claves relevantes del informe: 

Entre enero y junio de 2023, Clima21 registró 44 derrames de hidrocarburos en siete estados del país.

Enero fue el mes con mayor cantidad de derrames, con  15. Le siguen abril y mayo, con siete en cada mes. 

Las entidades con mayor frecuencia de derrames son Zulia, Falcón y Anzoátegui. Los tres estados suman 88,6% de los eventos registrados durante el periodo en estudio. En 2022, esta cifra era 90,7%. 

Zulia es el estado en el que hubo más derrames, con 23 eventos de este tipo en lo que va de 2023. Le sigue Falcón con 13 y Anzoátegui con tres. 

Se registraron algunos derrames petroleros en Trujillo y Portuguesa, estados que no habían sido afectados en períodos anteriores.

La mayor cantidad de derrames registrados se localizaron en los estados donde están concentradas la mayor parte de las operaciones e instalaciones de la industria petrolera venezolana.

En mayo se registró un derrame en la costa oriental del Lago de Maracaibo, en Bachaquero, que tuvo una extensión de 185 km2 .

De acuerdo con la organización, los derrames petroleros persistieron por varios meses antes de  que la situación fuese subsanada. En algunos oleoductos se observaron varias fugas ocurriendo en simultáneo.

Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) no emitió comunicados u otra información sobre los derrames ocurridos. Por ello, se desconoce la cantidad real de derrames, sus características, ni sobre las acciones que pudo haber realizado esta empresa para atender las contingencias.

La pesca, agricultura y ganadería fueron las actividades económicas más afectadas por los derrames. Debido a que la mayor parte se registró en aguas marinas, se produjeron protestas por parte de pescadores, que denunciaron pérdidas de sus equipos de trabajo, períodos de trabajo, pérdida de volúmenes de pesca, así como la diversidad de especies de las que depende su trabajo. También, las noticias reseñaron que fueron 
afectadas empresas turísticas por los derrames, lo que implicó pérdidas de puestos de trabajo.

Capriles rechaza idea de privatizar Pdvsa si hay cambio de gobierno
Considera que vender y privatizar la estatal petrolera «es poner en manos de unos pocos el principal activo de los venezolanos», lo que «aumentaría la brecha social»

 

El dirigente Henrique Capriles rechazó el 20 de julio la idea de privatizar la Pdvsa, propuesta por María Corina Machado, en caso de ganar las presidenciales de 2024.

Según varias encuestadoras, Machado y Capriles son los favoritos para las primarias del 22 de octubre, pero si alguno de los dos resulta vencedor en las internas no podrá inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral para las presidenciales debido a las inhabilitaciones que pesan sobre ambos.

Capriles sostuvo, a través de Twitter, que vender y privatizar Pdvsa «es poner en manos de unos pocos el principal activo de los venezolanos», lo que «aumentaría la brecha social».

A su juicio, la estatal está «arruinada» y «endeudada» por culpa de la «destrucción» causada por el gobierno de Nicolás Maduro.

«Lo que siempre debe quedar claro y firme es que la riqueza petrolera le pertenece a todos los venezolanos y defenderemos esta posición en todos los escenarios», subrayó Capriles, tras recordar que la Constitución consagra la totalidad de las acciones de Pdvsa al Estado, por lo que cualquier escenario distinto debe ser sometido a referendo.

Su propuesta -prosiguió, sin mencionar a Machado- es mantener la propiedad nacional de la empresa, profundizar asociaciones locales y extranjeras, modificar el régimen fiscal para «hacer atractiva y rentable la inversión privada», entre otras ideas «apegadas al ordenamiento jurídico».

Apuesta por la privatización de la industria petrolera

Machado propuso este 18 de julio un acuerdo para reestructurar la deuda externa del país a través de un proceso que sea «financieramente sostenible», «creíble y conveniente» para las partes y que contemple un «pago asequible bajo plazo, y cronogramas» que la nación «pueda soportar».

Por otra parte, la dirigente, quien ratificó su propuesta de implementar un «extenso programa de privatización» en sectores como energía, agua, telecomunicaciones y transporte, señaló que, de ser presidenta, abriría «el sector energético» para «atraer a las empresas mejor capitalizadas y tecnológicamente avanzadas del mundo», con el propósito de «acabar con el monopolio estatal».

«Seguimos restringiendo el potencial de nuestra industria energética al no permitir que el capital privado se embarque libremente en la expansión y operación de nuevos desarrollos», agregó.

Con información de EFE

Piden declarar estado de emergencia en el Lago de Maracaibo por derrames petroleros
Yohan Flores, director de la Fundación Azul Ambientalista, explicó que cada día el crudo se esparce más por todo el lago ante la inacción de la estatal petrolera

 

La Fundación Azul Ambientalista pidió al Gobierno de Nicolás Maduro declarar estado de emergencia en el Lago de Maracaibo por los continuos derrames petroleros.

En entrevista transmitida por el Circuitos Éxitos, el director de Azul Ambientalista señaló que en las investigaciones que han realizado han podido constatar la presencia de crudo en toda la costa de Maracaibo, principalmente en la avenida Milagro Norte y en los municipios Mara, Cabimas, Santa Rita y San Francisco.

El director de la Fundación Azul Ambientalista, Yohan Flores, detalló que continúa el flujo del derrame porque aún no se ha cerrado una válvula que evita que se siga derramando el crudo. 

«Vemos mucha afluencia de petróleo en la orilla, se mezcla el sucio y el plástico que es un flujo contaminante muy fuerte actualmente en el lago», aseguró.

Flores explicó que cada día el crudo se esparce más por todo el lago ante la inacción de la estatal petrolera. Aseguró que hay pescadores que han dejado de pescar por los daños que el materia de origen mineral le produce a las redes, mallas y embarcaciones. 

«No están pescando en este momento y han tenido pérdidas cuantiosas. Por eso hemos instado a que se establezca un decreto de emergencia y que se atienda con mucha fuerza la limpieza de nuestro lago», aseveró el director de la fundación. 

Se necesitan acciones contundentes

Yohan Flores aseveró que se necesitan de acciones más contundentes para lograr sanear el lago de Maracaibo. Explicó que Pdvsa anunció el inicio de una limpieza profunda en el lago, pero solo se vio a través de fotografías una cuadrilla de cinco personas con varias cestas limpiando. 

«Hemos sido claros: para poder sanear el lago de Maracaibo con estos derrames petroleros se necesita tener equipos de última generación y tecnología con capital humano que se despliegue por las zonas afectadas en todo el territorio zuliano», dijo.

Agregó que se necesita un despliegue completo con tecnología de punta y con equipos sofisticados.

Flores señaló que aunque la alcaldía de Maracaibo ha prestado ayuda, no cuenta con la maquinari,  por lo que Pdvsa debe encargarse de atender oportunamente cualquier derrame. 

Lamentó que «si no hay inversión real y mantenimiento constante en Pdvsa, esto va a seguir ocurriendo. No es algo nuevo, pero sigue sucediendo y con frecuencia».

El director de Azul Ambientalista hizo un llamado de «atención ambiental» y un «Estado de Emergencia» frente a la falta de respuestas y acciones eficaces, pues «simples jornadas de limpieza costera no remediaran el daño patrimonial causado por la industria petrolera».

 

 

Citgo recupera 49,9% de sus acciones pero sigue bajo asedio
Tras dos años de gestiones y la amenaza de recurrir a un tribunal en Nueva York Rosneft aceptó devolver el certificado de las acciones. Se mantienen negociaciones con los inversionistas del bono 2020 y Crystallex para tratar de alcanzar un acuerdo de pago

Por: Víctor Salmerón/ @Vsalmeron

En 2016 bajo el gobierno de Nicolás Maduro Citgo recibió un préstamo de la empresa rusa Rosneft por 1.500 millones de dólares y entregó en garantía 49,9% de sus acciones. El dinero ingresó a través de Citgo Holding, una filial a la que Citgo transfirió activos como patios de tanque, poliductos y algunos terminales.

Desde entonces esta porción de las acciones de Citgo dejó de estar bajo el control de sus administradores, pero el escenario cambió la semana pasada. Desde 2019, a raíz del surgimiento del gobierno interino de Juan Guaidó, Citgo está bajo la dirección de la oposición venezolana que tras dos años y medio de acciones legales logró recuperar el control de las acciones.

El gobierno interino designó una junta directiva ad hoc de Pdvsa, la empresa que controla a PDV Holding, compañía que a su vez es propietaria de Citgo Holding. Horacio Medina, presidente de la junta ad hoc de Pdvsa, se limita a resumir sobre la recuperación del control de las acciones que “no fue un acto voluntario de Rosneft, esto fue una presión muy fuerte de los abogados de PDV Holding”.

Fuentes enteradas del proceso explican que como Rosneft es una empresa que cotiza en el mercado bursátil está obligada a publicar balances auditados y allí comenzó a reflejar que la deuda de Venezuela disminuía de manera importante, por lo que se infirió que Rosneft estaba cobrando el préstamo, probablemente, a través de envíos de petróleo por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Rosneft hizo el préstamo a Citgo Holding a través de Rosneft Trading, una de sus subsidiarias que tiene sede en Suiza. Al ser contactados por los abogados de PDV Holding los administradores de Rosneft Trading argumentaron que no conocían el estado del préstamo porque habían vendido todos sus activos a otra compañía controlada indirectamente por el gobierno ruso.

Algo que ayudó a los abogados de PDV Holding a presionar es que el certificado de las acciones estaba bajo custodia en Nueva York y por tanto el proceso se regía por las leyes de Estados Unidos.

Luego de dos años de gestiones y con la amenaza de recurrir a un tribunal en Nueva York Rosneft aceptó devolver el certificado de las acciones. Fuentes explican que aparte de que Rosneft muy probablemente cobró el préstamo la garantía de acciones de Citgo perdió atractivo cuando senadores de Estados Unidos advirtieron que no permitirían que Rusia controlara a una compañía energética que opera en suelo estadounidense.

Citgo posee 4 mil 200 bombas de gasolina en Estados Unidos, plantas en Luisiana, Illinois y Texas, además de una red de refinación con capacidad para procesar 797 mil barriles diarios de petróleo.

Las negociaciones

Si bien la junta ad hoc de Pdvsa ha logrado un avance importante al rescatar el control de 49,9% de las acciones de Citgo, la situación de la compañía está lejos de resolverse. Empresas expropiadas durante la gestión del expresidente Hugo Chávez e inversionistas que compraron bonos a Pdvsa mantienen un constante asedio para embargar a Citgo y cobrar por esta vía.

En diciembre de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro emitió bonos de Pdvsa por el orden de 3 mil millones de dólares que vencieron en 2020 y no han sido pagados. Estos bonos están garantizados con el 50,1% de las acciones de Citgo y los inversionistas buscan el control de la garantía en tribunales.

El gobierno interino consideró ilegal la emisión de estos bonos, bajo el argumento de que no podía comprometerse el 50,1% de las acciones de Citgo sin la autorización de la Asamblea Nacional e introdujo una demanda en Estados Unidos que tras pasar por distintas instancias está pendiente de la decisión de la Corte Superior de Nueva York.

Pero la junta de Pdvsa ad hoc intenta alcanzar un acuerdo de pago. Horacio Medina explica que en 2022 a raíz de que el proceso cayó en manos de la Corte Superior de Nueva York “se nos abrió un espacio y dijimos este es un buen momento para negociar con los bonistas y en enero comenzó un proceso de negociación”.

Otro caso urgente es el de Crystallex en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark. Crystallex acudió al Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) y obtuvo una decisión a favor, que le permite cobrarle a Venezuela 1.400 millones de dólares porque en 2008 le fue expropiada la mina de oro Las Cristinas en Guayana.

Para cobrar Crystallex introdujo una demanda y el juez Leonard Stark decidió en 2018 que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de Citgo. Esto es lo que legalmente se conoce como la tesis del alter ego.

Un aspecto relevante es que Crystallex vendió 85% de la deuda con Venezuela a Tenor Capital Management, un fondo de inversión estadounidense. Horacio Medina explica que tanto con los inversionistas de los bonos 2020 como con Crystallex y Tenor Capital se mantienen las negociaciones.

“Estamos en un proceso de negociación. Nosotros hemos hecho ofertas, ellos las han rechazado y han venido con una contraoferta y en ese proceso estamos. Eso no está parado, seguimos las conversaciones. Próximamente vamos a tener un nuevo contacto con los bonistas y Crystallex para una nueva oferta”, dice Horacio Medina.

El gobierno de Nicolás Maduro pagó parte de la deuda a Crystallex en 2019, por lo tanto, lo que reclama junto a Tenor Capital es un monto inferior al del fallo del Ciadi. “Ellos admitieron que lo que quieren cobrar en este momento son 914 millones de dólares”, precisa Medina.

Mayor presión

Crystallex es el único acreedor con una medida de embargo que ya no es apelable y se espera que el juez Stark inicie en el corto plazo el proceso para subastar las acciones de Citgo. El 23 de marzo, a raíz de la demanda de otros acreedores que buscan cobrar su deuda subastando acciones de Citgo, el juez Stark reafirmó la tesis del alter ego.

ConocoPhillips, que actualmente mantiene un litigio contra el Gobierno venezolano para cobrar una deuda de 8 mil 700 millones de dólares más intereses, también ha avanzado en la corte de Delaware y espera recibir una orden de embargo de acciones de Citgo igual a la que ya tiene Crystallex.

Horacio Medina explica que con ConocoPhillips «no hay negociación como tal pero sí hay conversaciones» y que se están haciendo otras diligencias.Agrega que a través de negociaciones y acuerdos de pago existe la posibilidad de atender las demandas de Crystallex, los inversionistas de los bonos 2020, ConocoPhillips y los reclamos de las compañías Dresser-Rand y Red Tree.

Gracias a lo que Horacio Medina llama inversiones inteligentes, al incremento de los precios del combustible en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania y mantenimiento preventivo Citgo obtuvo una ganancia neta en 2022 de 2 mil 800 millones de dólares.

Si en definitiva el juez Stark ordena la subasta de las acciones de Citgo se trataría de un proceso largo y complicado. José Ignacio Hernández, quien se desempeñó como procurador del gobierno interino que presidió Juan Guaidó y antes de serlo actuó como testigo experto en el juicio de Crystallex, por lo que tuvo que inhibirse, calcula que podría tardar alrededor de doce meses.

“Es tremendamente complicado el proceso de embargar una empresa en marcha”, afirma, y añade un tema a considerar. Desde su punto de vista tras la eliminación de la figura del presidente encargado no está claro quién representa al gobierno de Venezuela en el exterior y el gobierno de Maduro podría argumentar, en caso de un hipotético acuerdo con Crystallex, que el pago no lo hizo la legítima representación de Venezuela.

La administración de Nicolás Maduro considera ilegal la decisión del alter ego y considera que el gobierno de Estados Unidos pretende apoderarse de Citgo.

No podemos aceptar que sea saqueada, que sea robada, que Venezuela sea despojada de uno de sus activos sencillamente por el filibusterismo imperial, que impone reglas de juego que van más allá del derecho internacional”, dijo Nicolás Maduro el 8 de mayo.

Agregó que el gobierno de Estados Unidos secuestró a la empresa “porque está en su propio territorio y ahora pretende saquearla, robarla y entregarla en manos de esta oposición de extrema derecha que se esconde, pero que es responsable de todas las sanciones, de todas las medidas coercitivas unilaterales que hay contra Venezuela”.

La vaca

En total las demandas contra el estado venezolano y Pdvsa, de acreedores que esgrimen el alter ego y buscan cobrarse a través de Citgo suman 21 mil millones de dólares, una cifra inmanejable.

“Eso tiene que ser parte de una reestructuración de la deuda del país”, dice Horacio Medina.

Su visión es que una subasta forzosa de las acciones de Citgo no tiene sentido: “Es como que me entregas en custodia una vaca famélica que con tratamiento y buenas prácticas se recupera y comienza a dar leche y ahora que está dando leche me dices vamos a matarla para que algunos cobren la deuda”.

 

4 venezolanos persiguen el control de refinería de Curazao que antes operaba Pdvsa
En este grupo están personas vinculadas con el expresidente de Pdvsa, quien se vio salpicado en medio de una polémica por falsificación de documentos para licitación 

 

El primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, solicitó posponer el debate en el Parlamento de esa isla solicitado por la oposición sobre los documentos falsificados de la empresa Caribbean Petroleum Refinery (CPR), dirigida por venezolanos y curazoleños que iba a asumir las operaciones de la Refinería Isla. La información fue reseñada por el medio Crónicas del Caribe.

De acuerdo con la publicación, el funcionario pidió “prepararse para responder” las preguntas parlamentarias por dos semanas o incluso hasta después del receso de julio. Por este motivo, la presidenta del Parlamento, Charetti America-Francisca, suspendió la sesión.

«Quincy Girigorie, líder del principal partido de la oposición PAR, quería cuestionar firmemente al primer ministro en la sesión. No tanto por el caso de CPR, que durante mucho tiempo fue el candidato preferido para asumir la operación de la refinería Isla, sino por la ‘mala información’ que el primer ministro suministró al Parlamento», se lee en la nota del medio.

El propósito de la CPR no vio luz después de que se conoció que «uno de sus socios financieros había falsificado los documentos que entregó para la licitación. En este proceso estaban al frente de CPR los venezolanos Raúl Ignacio Socorro Herrera, Javier Hernández y Luis Giusti, antiguo presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)».

El cocinero de Putin

El cocinero de Putin

Crónicas del Caribe recoge las palabras de Girigorie, quien expresó: “No estamos aquí para acusar al gobierno de Pisas de no haber logrado encontrar un operador para la refinería (…) Pero después de haber revisado varios informes, debo concluir que el gobierno no solo negoció con un estafador, sino que también sabía que se trataba de un estafador, que ocultó esta información al pueblo, encubrió ciertos asuntos en beneficio del estafador, siguió negociando con él, le entregó los tanques de productos derivados de petróleo en la zona de Bullenbaai y proporcionó información incorrecta al Parlamento”.

Según el líder opositor, «si otros partidos no hubieran intervenido, ciertos medios de comunicación con su cobertura y el Banco Central (CBCS) con las denuncias ante la Fiscalía, este gobierno habría continuado las negociaciones con CPR y habría firmado un Acuerdo Marco”.

Sigue leyendo esta nota en Crónicas del Caribe.

La escasez de combustible también afecta los DDHH
A pesar de suscribir varios acuerdos internacionales que reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado, el Estado venezolano no garantiza que los venezolanos tengan acceso a este
El derecho a la salud y alimentación son dos de los 10 derechos humanos que se ven vulnerados por la escasez de combustible

Venezuela termina el primer semestre de 2023 con largas filas para surtir sus vehículos de combustible en al menos 11 estados del país. 

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) atribuyó “la sobredemanda” de combustible a la publicación de “información falsa” en redes sociales, que urgen a los usuarios a llenar sus tanques, explicó en mayo el vicepresidente de consumo y suministro de calidad de la compañía, Juan Carlos Díaz.

Si bien la Refinería El Palito reanudó operaciones en la unidad de craqueo catalítico, lo que sería «clave» para paliar la escasez de combustible, la inestabilidad en el suministro una realidad que se ha vuelto cada vez más frecuente desde el 2015.

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante abril, hubo denuncias en 11 estados por fallas en la distribución del combustible y la baja calidad del mismo causando daños en los vehículos.

Durante el periodo, el OVCS contabilizó 25 protestas en 11 estados del país para exigir abastecimiento de combustible de calidad en forma regular y sin dolarización de tarifas.

El índice de protestas por este motivo lo lidera el estado Zulia (5), seguido de Barinas (4).

Según Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea y sociólogo, la dificultad para surtir gasolina en Venezuela forma parte del diagnóstico de la emergencia humanitaria compleja, lo que ha generado consecuencias en diferentes derechos humanos.

“El acceso a los servicios básicos de una manera tan accidentada se ha convertido en un mecanismo de control”, indicó Uzcátegui. 

En un informe de Transparencia Venezuela sobre gasolina, se indicó que empresas ​​petroleras internacionales fueron excluidas del negocio de la venta del combustible las estaciones de servicio de gasolina. BP, Mobil, Shell, Texaco y Trébol, entre otras, cuyas marcas desaparecieron para dar paso al logotipo de PDV. En este caso, las bombas de gasolina pasaron a ser administradas por un operador que, la mayoría de las veces, era el dueño del terreno y del comercio, pero Pdvsa se quedó con la propiedad de los activos.

Luego de este cambio, el número de estaciones de gasolina en toda Venezuela también mostró una disminución. De las 1.865 que existían en 2008, quedan 1.568 en 2020 de acuerdo con la cifra ofrecida por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Este número de centros de establecimiento deja a la población con menores opciones, especialmente en el interior, donde deben pasar horas y horas en las colas (filas) para poder abastecerse.

DDHH que vulnera la escasez de gasolina

Para el coordinador general de Provea, el acceso al combustible forma parte de los servicios básicos y poder acceder a ellos forma parte del nivel de vida adecuado que  ha sido reconocido en diferentes pactos internacionales que han sido suscritos por el Estado venezolano, siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el más importante

El sociólogo identificó al menos 10 derechos humanos que se ven afectados por la escasez o difícil acceso al combustible en Venezuela:

Derecho a la alimentación: Debido a la dificultad de poder distribuir alimentos de una manera permanente y adecuada. Además, el encarecimiento de los precios de productos que ocasiona, en un país que se ha caracterizado por tener una alta inflación. Especialmente, en el sector alimentos.

Derecho a nivel adecuado de vida: Poder acceder a los servicios básicos forma parte del nivel de vida adecuado, tener acceso a servicios básicos permanentes forma parte de tener un nivel de vida adecuado. Los venezolanos no tienen acceso constante y permanente al combustible. 

Derecho a la salud: Debido a todas las dificultades que tienen las personas para llegar a un centro asistencial, incluyendo los médicos, y para cubrir los gastos estipulados de la movilización al centro de salud. En el caso de los centros asistenciales que funcionan con plantas eléctricas que operan con diésel y gasoil también se han visto perjudicados por no tener acceso a este recurso.

Derecho a la educación:  El derecho a la educación se ha visto vulnerado, especialmente en escuelas y centros educativos en zonas de difícil acceso, remotas y rurales, ya que la escasez de gasolina dificulta el traslado hacia ellos. Esto limita a los niños, niñas y adolescentes a asistir regularmente a un centro escolar. “Estas dificultades son parte del aumento de la deserción escolar”, explicó el coordinador general de Provea. 

Derecho a la vivienda: “No podemos hablar del derecho a la vivienda y que la vivienda es segura si no se garantiza el acceso a servicios básicos. Tener una vivienda digna tiene una serie de características. No solo son cuatro paredes y un techo, también tiene que ser una vivienda segura, que tenga acceso a servicios básicos: combustible, agua, gas y electricidad”, reiteró el sociólogo.

Derecho a tener servicios básicos: “El acceso a los servicios básicos de una manera tan accidentada se ha convertido en un mecanismo de control. El acceso a la gasolina ha hecho que las personas deban pasar horas y días para intentar surtir su vehículo”, indicó Uzcátegui.

Derecho a manifestar: Según el sociólogo, en zonas donde es tan complicado acceder al combustible también se ve violado el derecho a la manifestación porque se han prohibido las fotografías, las manifestaciones en los alrededores de las estaciones de servicio y hay personas que son detenidas por esta razón, que tratan de exigir que haya celeridad y acceso.

Derechos de los Pueblos Indígenas: Los artículos 122 y 123 del Capítulo VIII sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución también son vulnerados  por la escasez de gasolina. “Para acceder a comunidades indígenas remotas todo se hace en avionetas o lanchas. Las comunidades indígenas tienen un cupo de combustible y generalmente esa cantidad de combustible que le venden subsidiado es incumplido de manera sistemática. Eso ha originado que haya dificultades para su movilización hacia centros urbanos, ya sea para buscar salud o para simplemente moverse hasta allí”, reiteró el coordinador de Provea.

Derecho a la libre reunión: En algunas zonas, como Zulia, Mérida y Táchira, la escasez de combustible se ha convertido en un mecanismo para disuadir a las personas de ejercer su derecho a la libre reunión porque son sectores en los que las personas han tenido que restringir sus movilizaciones por la gran cantidad de tiempo que invierten para acceder al combustible.

Derechos humanos laborales, ciudadanos y políticos: La carencia de gasolina perjudica la productividad y los DDHH laborales. “La cantidad de aporte del producto interno bruto (PIB) de las empresas disminuye mucho por la reducción de la productividad. Las personas se ven afectadas en su día a día porque dedican gran parte de su tiempo en buscar el acceso a muchos servicios básicos. Eso no permite el acceso a la recreación y cultura. Tampoco a ejercer su derecho ciudadano y político”, dijo Uzcátegui.

Alertan sobre aumento de derrames petroleros en Venezuela: se reportan al menos siete al mes
Zulia, Falcón y Anzoátegui son las entidades con mayor número de registros de derrames petroleros en el 2022

 

 

El Observatorio de Ecología Política (OEP) alertó en su informe anual «Situación socioambiental de Venezuela 2022» sobre el aumento de derrames petroleros en Venezuela. 

Según datos de la organización, el promedio de derrames de crudo es de siete al mes. Anzoátegui, Falcón y Zulia son los estados que reportaron derrames constantes.

El OEP puntualizó que entre el 1ro de enero y el 31 diciembre de 2022 se reportaron 86 derrames petroleros en el país. 

El informe destacó que para el 30 de noviembre de 2022 ya se habían registrado 77 derrames, mientras que para ese mismo periodo en el 2021 se registraron 73 eventos.

Daños socioambientales

Los derrames de crudo afectan al ambiente y también a los ecosistemas marinos y terrestres. El informe señala que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es la principal responsable de estos siniestros.

El OEP detalló que en octubre de 2022 se hizo público el caso de un ejemplar de un flamenco rosado que fue hallado completamente cubierto de crudo por la ONG Mapache Ecoaventura en el estado Zulia. A pesar de los intentos de salvar al animal, este pereció pocos días después.

Según reportaje del El Tiempo, algunos ambientalistas del estado Zulia han indicado que es frecuente hallar aves y peces muertos a causa de los derrames de hidrocarburo.

En el 2022, un derrame en el estado Monagas causó la muerte de animales y afectó al menos 3 kilómetros de un bosque de morichal.

Zonas pesqueras afectadas 

La contaminación de los ecosistemas tiene implicaciones directas en las comunidades que viven de la actividad pesquera, advierten en el informe del Observatorio de Ecología Política.

Ante los frecuentes derrames que tienen lugar especialmente en Zulia y Falcón, a los pescadores les resulta más difícil realizar su faena.

«En Falcón, tanto las fugas de gas como los constantes derrames petroleros mermaron el reservorio natural de langostinos. Según un reportaje9 , años atrás, los pescadores del Golfo de Coro lograban pescar 40 kilos de camarón, pero hoy la realidad es otra y la pesca es casi nula», apuntó el OEP.

Otro caso es el de un productor agropecuario en Catatumbo, estado Zulia, quien indicó que tras la rotura de unas tuberías de petróleo que se encontraban dentro de su finca, se inundaron 40 hectáreas, lo cual afectó la producción de queso de búfala debido a que el ganado se llenó de petróleo. 

Los indígenas venezolanos también están afectados

El Observatorio de Ecología Política afirmó en su estudio correspondiente al año 2022 que los derrames petroleros aumentan la vulnerabilidad social de comunidades indígenas. 

En julio de 2022, pescadores y 50 familias de origen indígena indicaron que tras un derrame petrolero ocurrido en junio, el cual se extendió por 40 kilómetros, se vieron obligados a subsistir comiendo almejas, vendiendo mamones o limpiando patios ante la imposibilidad de pescar.

En septiembre de 2022 en el estado Anzoátegui, un derrame petrolero contaminó fuentes de agua ocasionando además la pérdida de cultivos y ganado afectando a 843 familias indígenas.

Sin responsabilidad

El Observatorio de Ecología Política de Venezuela tuvo la oportunidad de hacer un recorrido por varias zonas afectadas por los derrames en Falcón y Zulia.

La organización constató que en Cabimas los residuos de petróleo forman una capa de asfalto que cubre las playas de la costa oriental del Lago de Maracaibo, sin ningún tipo de limpieza o reparación ambiental por parte de Pdvsa.

Observaron también que hay pozos petroleros abandonados pero que siguen filtrando crudo y contaminan fuentes de agua potable.

Testimonios de varios pescadores aseguraron que son ellos mismos quienes retiran el crudo de sus hogares, exponiéndose su salud a la contaminación.

El informe del OEP concluyó que la dramática situación socioambiental que enfrenta Venezuela sigue siendo parte de la crisis general que atraviesa el país. 

Exhortaron a las autoridades a realizar una declaratoria de emergencia ante el cambio climático y una difusión pública de las medidas de formación en un marco general y específico de educación ambiental y justicia ambiental, investigación, mitigación, adaptación y reversión.

OFAC autoriza transacciones “limitadas” de cuatro empresas estadounidenses con Pdvsa
En el comunicado se advierte que esta decisión no autoriza “la perforación, extracción o procesamiento, compra o venta, transporte o embarque de petróleo o cualquier producto de petróleo de origen venezolano”

 

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes, 23 de mayo, la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro empresas estadounidenses con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, autorizó hasta el 19 de noviembre ciertas transacciones de las empresas Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International, las cuales estaban prohibidas desde noviembre de 2018.

Las transacciones y actividades autorizadas en el anuncio de hoy incluyen las necesarias para «el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela o la terminación gradual de operaciones en Venezuela» y para «garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela», indicó OFAC en un comunicado.

Asimismo, están autorizadas “la participación en las reuniones de accionistas y de las juntas directivas, el pago de facturas de terceras partes por transacciones y actividades autorizadas, los pagos de impuestos locales y los pagos de salarios a empleados y contratistas en Venezuela”.

En el comunicado se advierte que esta decisión no autoriza “la perforación, extracción o procesamiento, compra o venta, transporte o embarque de petróleo o cualquier producto de petróleo de origen venezolano”.

Se mantiene la veda a la participación en el diseño, construcción, instalación, reparación o mejorías «de cualquier pozo u otras instalaciones o infraestructura en Venezuela, o la compra o provisión de cualesquiera bienes o servicios excepto los requeridos para la seguridad».

La OFAC aclaró igualmente que la autorización no incluye «transacción alguna relacionada con la exportación o reexportación a Venezuela de diluyentes, directa o indirectamente».

 

 

*Con información de EFE