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Venezuela es el país de América Latina donde los policías matan más
Durante 2017, 4.998 personas murieron a manos de miembros de cuerpos de seguridad del Estado en el país, el 25,8% de los homicidios cometidos en general, según la investigación Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela
El estudio recogió cifras e historias emanadas de Monitor de Víctimas y Runrun.es 

 

@franzambranor

 

UN ESTUDIO COMPARATIVO DE BRASIL, Colombia, El Salvador, México y Venezuela realizado por el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina arrojó que más de un cuarto de los homicidios ocurridos en 2017 en Venezuela se produjeron debido a la intervención de los agentes de seguridad del Estado.

La investigación elaborada por profesionales de la Universidad Central de Venezuela, el Laboratorio de Análisis de Violencia de Brasil, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica de México y la Fundación Ideas para la Paz de Colombia – entre quienes destacan el investigador Ignacio Cano y la experta en derecho, Catalina Pérez Correa González – evidenció que según cifras oficiales, en Venezuela durante 2017 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado un promedio 14 personas diarias. 

Las cifras de 2017 indican que uno de cada cuatro homicidios ocurridos en Venezuela fue consecuencia de la intervención de funcionarios del gobierno.

En 2017 se produjeron 19.387 homicidios en Venezuela, de los cuales se informó oficialmente que 4.998 fueron ocasionados por la fuerza pública. Esto quiere decir que un 25,8% de los homicidios ocurridos fueron por intervención estatal. En 2010, el porcentaje era apenas de 4.

El porcentaje de 25,8 en 2017 es  superior al de Brasil de 7,3, a pesar de contar con una población casi siete veces menor. 

Con base a datos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), se concluye que la tasa de civiles muertos por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado fue de 15,9 por cada 100.000 mil habitantes, la mayor de los cinco países evaluados: El Salvador (6,18), Brasil (2,3), Colombia (0,3) y México (0,3).

“Brasil, Venezuela, Colombia, El Salvador y México destacan por la militarización de sus policías, por una lógica bélica que impregna la seguridad ciudadana”, indicó Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela y coautor del Monitor del Uso de Fuerza Letal.

Pese a que en Latinoamérica existen gobiernos con ideologías distintas, la represión está unida por un mismo hilo conductor. “Vemos en todos discursos oficiales que promueven este tipo de prácticas como una solución, las justificaciones de las muertes posteriores y la impunidad total”, dijo Ávila.

En Venezuela, el aumento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado se acelera a partir del año 2013 y presenta grandes saltos en 2015 y 2016, lo que coincide con la implementación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en julio de 2015. 

En 2010, la tasa por cada 100.000 habitantes de casos de personas fallecidas por intervención de la fuerza pública era de 2,3, y en 2016 llegó a 19, es decir un incremento de 726%. El 60% de estas muertes ha ocurrido durante los últimos dos años de acuerdo a datos del MRIJP.

Runrunes y Monitor de Víctimas: referencia

El estudio realizado por el Monitor de Uso de la Fuerza Letal se concentra en el año 2017. Se emplearon fuentes oficiales provenientes de la misma policía y en los casos donde no hubo acceso a la información se usaron reportes de prensa, que incluyeron a medios digitales como Runrun.es.

Además se usaron datos de la ONG Provea y de Monitor de Víctimas -una plataforma periodística de recolección de datos de homicidios en Caracas-, que aportó 165 casos, (41%) de los asesinatos que ocurrieron en el área metropolitana de Caracas en 2017.

En total la base de datos realizada con información de prensa sumó 1.516 víctimas, que representan 30,33% de la cifra oficial de muertes en manos de la fuerza pública durante 2017, la cual fue de 4.998. 

De éstos 1.516 fallecidos, 1.497 (99%) fueron por armas de fuego accionadas por agentes durante la prestación del servicio.

77,34% de las 1.516 muertos fueron identificados de la siguiente manera: con apellido y nombre (68,7%), sólo nombre (0,46%), sólo apellido (0,13%), sólo apodo (8,05%). 

El perfil de la víctima es el siguiente: El 99% fueron hombres de una edad promedio 25 años. El 65% de las víctimas tenían entre 18 y 27 años de edad, un 7,4% no había cumplido los 18 años.

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), policías estatales, municipales y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportaron aproximadamente la misma cantidad de víctimas (entre 18% y 20%).

65% de estos funcionarios no se encontraban en actos de servicio, 60% no estaba uniformado y 55% no estaba identificado como agente de seguridad del Estado. Apenas 12% de los casos sucedieron en el contexto de un enfrentamiento real. 

El CICPC no se encuentra entre los primeros lugares con mayor cantidad de funcionarios víctimas de homicidio (14%). 

En su último informe anual sobre el año 2017, Provea denunció un incremento de las violaciones al derecho a la vida de un 17,8%. Las violaciones del derecho a la integridad personal se incrementaron en un 411%.

“El año 2017 fue muy sui generis, el tema de las protestas hizo que la violencia institucional se trasladara de los barrios donde se hacen operativos policiales letales a control de manifestaciones, así como a detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y excesos policiales”, dijo Keymer Ávila.

La opacidad como norma

El Estado separa los homicidios de los casos tipificados como resistencia a la autoridad -que son aquellos cometidos por agentes de la fuerza pública- en sus registros. “Nosotros excluimos o separamos de los delitos de homicidio lo que llamamos la resistencia a la autoridad, porque la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en su clasificación internacional, excluye la muerte por intervención legal, que significa muerte de un delincuente por agentes de seguridad”, manifestó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol en una rueda de prensa ofrecida en diciembre de 2017.

Sin embargo, esto contradice los criterios que utiliza el propio MRIJP para recopilar sus datos de criminalidad, pues -aunque están separados- dentro de los nueve delitos que registra este despacho en sus estadísticas nacionales se incluye la resistencia a la autoridad. Es decir ellos mismos lo consideran un delito.

“Algo con que nos encontramos en esta investigación es la dificultad para conseguir información oficial y cuando la hallábamos no sabíamos si era fiable y de calidad”, dijo Keymer Ávila.

Más muertos que heridos 

Los indicadores intentan medir en qué grado se presentan patrones de uso excesivo de la fuerza letal.

Es posible que la fuerza letal haya sido elevada en respuesta a un ambiente violento.

Se espera un mayor número de víctimas fatales entre los que se enfrentan a los agentes de la ley por diversas razones: los policías suelen actuar en grupo, están entrenados y usan chaleco antibalas. 

Por otra parte, la existencia de armas de fuego entre los civiles es un factor para justificar el uso de la fuerza.

Entre los resultados de la investigación se tiene que por cada civil herido fallecen otros 16. A juicio de los investigadores esta cifra es preocupante porque aún en contextos bélicos lo que se espera es que el número de muertos no sobrepase al número de heridos.

“En los conflictos bélicos se espera que el número de heridos sea mayor al de fallecidos y por ende en situaciones de seguridad ciudadana no se debe esperar lo contrario. Paradójicamente encontramos en nuestros países que la cifra de muertos es superior al de heridos y esto es el principal indicativo de masacres”, dijo Ávila.

En 2017, el promedio de víctimas por intervención policial fue de 1,5 víctimas por caso.

Por otra parte, al analizar la relación entre muertos y heridos civiles con los ataques mortales que sufren los funcionarios, se constata una gran asimetría entre ambos: por cada funcionario fallecido pueden morir 26 civiles; por cada civil herido mueren 16 civiles y en contraste, por cada funcionario herido, fallecen tres funcionarios.

La investigación cierra con una serie de recomendaciones entre las que se encuentran: el cese de operativos policiales militarizados, suspender a cualquier funcionario sospechoso de participar en violaciones de derechos humanos, proteger a víctimas del uso de la fuerza letal, prohibir la práctica de detenciones arbitrarias y desmilitarizar la seguridad ciudadana.

“Si el Estado no condena este tipo de actuaciones las promueve. Peca por acción y omisión”. dijo Ávila.

La presentación del Monitor del Uso de la Fuerza Letal se llevó a cabo este jueves 29 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.

“La idea es que esta sea la piedra fundacional de algo que debe crecer. Esperamos continuar con esta iniciativa que exista mayor apoyo institucional y que se sumen nuevos países”, dijo Ávila.

Según el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho a la vida es inviolable y el Estado “está obligado a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier forma”.

Ago 07, 2019 | Actualizado hace 3 meses
La mentira de la “mano dura”, por Roberto Patiño

EN DÍAS RECIENTES LA OPINIÓN PÚBLICA, fue sacudida por los hechos acontecidos en la comunidad de la Cota 905, en la que efectivos del CICPC mantuvieron, por casi dos horas, un enfrentamiento con bandas armadas, en medio de la zozobra de los habitantes de la zona. Las fuerzas policiales recibieron orden de retirarse y se vieron imposibilitados de imponerse sobre los criminales, demostrando encontrarse en condiciones de inferioridad material, con equipos y armamentos muy inferiores a los de su contraparte, y con graves carencias en los aspectos operativos y estratégicos.

Lo sucedido en la Cota 905 refleja la grave situación de inseguridad que padecemos. Un contexto extremo que se ha agravado con políticas tan fraudulentas y destructivas como  las de la “mano dura”, que ha incrementado exponencialmente las violaciones a los derechos humanos, y la de las Zonas de Paz, que ha significado la impunidad absoluta para diversos grupos armados criminales en el país.

Venezuela se encuentra entre los 10 países más peligrosos del mundo, una dura realidad que los venezolanos vivimos en carne propia a diario y que tiene consecuencias devastadoras en las victimas, familias y comunidades, así como en el conjunto de nuestra sociedad. En materia de seguridad, hemos venido arrastrando deficiencias crónicas en políticas públicas sobre esta materia, que se han agravado de manera profunda en los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 

No solo se han agudizado las acciones represivas, desatendiendo estrategias de prevención y de participación ciudadana a favor de la militarización del problema, ejerciendo acciones de guerra a través de cuerpos como las FAES y operaciones como las OLP. También se ha amparado la acción de grupos criminales en planes como las Zonas de Paz y desde el mismo Estado se ha propiciado la acción de grupos paramilitares, conocidos como colectivos. Las fallas del sistema penal y judicial se han intensificado, con niveles de impunidad que sobrepasan el 90%. 

El Estado se ha convertido en un factor principal de violencia: solo en el municipio Libertador más de un tercio de las muertes violentas entre jóvenes tienen como victimarios a efectivos de fuerzas de seguridad públicas. En el reciente informe de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU, se señalaron las violaciones masivas a los derechos humanos ejercidas desde el Estado, en los que la violencia gubernamental se ha desbordado en la represión política, social y económica.

Lo sucedido en la Cota 905 ejemplifica, cabalmente, las graves consecuencias de los problemas que hemos señalado. Pero también ha vuelto a demostrar el engaño de los criterios de “mano dura”, alimentados desde el Estado. La implementación de acciones de las FAES y la OLP, no han afectado las capacidades de las bandas armadas, colectivos, Pranes y otras formas locales de crimen organizado, no han restado su presencia en las comunidades del país. De igual forma, se han probado como igualmente falsas o terriblemente ineficientes, los supuestos cambios y mejoras que el gobierno ha proclamado hacer en fuerzas de seguridad como la Policía Nacional, que sigue manteniendo deficiencias profundas en la capacitación de efectivos, disponibilidad de recursos materiales y la generación de estrategias reales y efectivas. 

La realidad es que las políticas de “mano dura”, implementadas por el régimen, no solo han sido inefectivas, sino que además han intensificados las condiciones de extrema violencia que padecemos. Sus consecuencias directas han sido la estigmatización de comunidades enteras, la criminalización de las víctimas, la enorme orfandad institucional de los ciudadanos, el empoderamiento de bandas armadas y grupos organizados criminales, así como el agravamiento de la fragmentación y desigualdad social que sufre el país.

Desde el Movimiento Caracas Mi Convive, hemos desarrollado la construcción de una nueva convivencia en el que el problema de la inseguridad y la violencia ha sido uno de nuestros principales focos de trabajo. Allí, un factor determinante es la participación activa de las comunidades que, sobre todo en los aspectos preventivos, tiene un papel fundamental, al igual que la atención y apoyo a las víctimas.

Pero la participación ciudadana debe darse en un contexto de apoyo, y no hostigamiento, del Estado. Debemos generar estrategias completas y sostenibles en el tiempo, así como mejorar radicalmente las condiciones las fuerzas de seguridad. En este sentido hemos desarrollado una propuesta para un Plan de Seguridad Ciudadana, así como contribuido en el Plan País en lo relativo a esta materia.

 Reducir los índices de violencia y criminalidad es una de las exigencias vitales que tenemos como sociedad. No es posible desarrollarnos y crecer en un marco de colapso de servicios de seguridad y fractura de la convivencia. Un primer paso debe ser la valorización de la participación ciudadana, así como la desmitificación de ideas preconcebidas y falsas como la de la “mano dura”.

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 19.07.2019: ALTO: Viva el periodismo libre
ALTO
VIVA EL PERIODISMO LIBRE: 

 

Ha sido una gran semana para el periodismo venezolano en el mundo entero. Nuestros amigos de Armando Info recibieron una mención honorífica en los premios Maria Moors Cabot junto a la premiación del periodista venezolano Boris Muñoz por su trabajo como editor de opinión en The New York Times en español, mientras que la red global de periodismo de investigación (GIJN) seleccionó nuestro trabajo, del equipo de www.runrun.es : “OLP: la máscara del terror oficial” sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela como uno de los 12 trabajos finalistas. A pesar de las trabas y persecuciones para censurarnos a todos los medios incómodos para la autocracia de Maduro&Cia., la información fluye al mundo. Enhorabuena pues…

 

 EL JEFE DE BACHELET: 

Es el portugués Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. En visita de hace un par de días a Mozambique fue entrevistado por un corresponsal de la TVPortuguesa y en sus palabras respaldó totalmente el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. No hubo ni un punto que reprocharle al enjundioso trabajo de investigación que los funcionarios de la ONU en el área de los derechos humanos levantaron en Venezuela…y siguen recopilando información fresca y vigente que engrosará las páginas del informe veraz y oportuno…

 

EL SILENCIO DE EVO:

Los presidentes de Argentina, Brasil,Paraguay y Uruguay como Estados Partes del Mercosur con la adhesión de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Suriname en ocasión de la LIV Cumbre de Presidentes de Mercosur” emitieron una declaración ayer 17 de julio en la que implícitamente respaldan el Informe Bachelet al citarlo como prueba de la crisis humanitaria venezolana y pedir el restablecimiento pleno de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, incluyendo la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en el menor tiempo posible. La sorpresa para todos fue que ni en la discusión del papel de trabajo ni ante la declaración del grupo el presidente de Bolivia, Evo Morales -siempre alineado con Chávez y Maduro-, se quedó callado y no dijo ni pío. Indicativo de que las barbas del dictador venezolano podrían estar en remojo. El comentario mas circulado en la reunión en Santa Fé, Argentina, es que Maduro ya habría aceptado a regañadientes la realidad de su futuro a pesar de los obstáculos mas duros, como son -además de la elección presidencial sin él en Miraflores- el levantamiento de sanciones personales a algunos capitostes de la cúpula roja y el descongelamiento secreto, para ese grupo, de algunas cuentas en bancos europeos y asiáticos para salir del poder. Los ojos de algunos investigadores globales siguen puestos en bancos y empresas de Turquía, Grecia, Nicaragua, Rusia, China, Dubai, Qatar, India, Bielorrusia, Suráfrica, Bolivia, Congo y Emiratos. Esta semana incorporaron a Nepal tras la visita del hijo de Maduro, miembro de la ANC. Por cierto que en todos los planteamientos de países amigos para la transición están la eliminación de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente y la reincorporación de los diputados oficialistas electos en diciembre de 2015 y los diputados demócratas sancionados, presos, asilados o exilados a la legítima Asamblea Nacional.

 

 

Monitor de Víctimas: Gobierno admite que resistencia a la autoridad es un delito

ESTE 30 DE MAYO MONITOR DE VÍCTIMAS, una organización que se encarga de contabilizar los homicidios en Caracas y el municipio Caroní estado Bolívar, presentó un foro en la Universidad Católica Andrés Bello donde explicaron sus métodos de recopilación de información para sus planes de la reducción de violencia en Venezuela.

Carmen Riera, coordinadora del portal de noticias Runrun.es y directora de Monitor de Víctimas, explicó que en qué consiste el proyecto y aseguró que periodistas de varios medios han logrado crear una data de los homicidios en la Gran Caracas y el estado Bolívar desde que inició la iniciativa. Riera indicó que el objetivo principal de Monitor de víctimas es “dignificar a la víctima, no revictimizarla y contar los crímenes con enfoque en los derechos humanos”.

Ronna Risquez, editora de Insight Crime y creadora de Monitor de Víctimas, explicó como el Gobierno está admitiendo que la resistencia a la autoridad es un delito que es cometido por cuerpos de seguridad del Estado. “Su objetivo es matar”, indicó Risquez sobre los cuerpos de seguridad del Estado.

Además de ello, afirmó que se existe un patrón de violencia en las zonas populares y un patrón de impunidad.

Risquez recordó durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) entre julio de 2015 y julio de 2017 se realizaron 560 homicidios, 44 masacres y cuatro policías fallecieron durante la ejecución del procedimiento.

Por su parte, el coordinador de Monitor de Víctimas Manuel Parejo afirmó que el mayor móvil de homicidios durante 2018 fue las ejecuciones extrajudiciales. 608 de los homicidios fueron realizados por civiles y 601 por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado.

En la mayoría de los casos, los homicidios fueron realizados con un arma de fuego en 24% de los hogares en Caracas. “61% de los homicidios se llevaron a cabo en hogares”, indicó Parejo.

El coordinador de Monitor de Víctimas concluyó que hombres entre 18 y 29 años son los más afectados y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) es el cuerpo de seguridad más letal, siendo autor de 52% de los casos. Ronna Risquez afirmó que la FAES cometió 461 homicidios entre mayo de 2017 y marzo de 2019.

Hugo Hernández, analista de datos, explicó cómo se relacionan los factores socioeconómicos y la ubicación con la violencia. Hernández indicó que durante 2016 75% de las muertes ocurrieron en 25% de los municipios más poblados del país.

Hernández indicó que se creó un mapa de priorización que contara con tres categorías. Prioridad 1: tasa mayor de homicidios por encima de la media. Prioridad 2: incidencia de violencia por encima de la media pero que la magnitud (número de homicidios e incidencia en el municipio) no necesariamente fuese mayor a la media. Prioridad 3: tasa y homicidio por debajo de la media.

Guillermo Sardi, psicólogo y coordinador de la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, comentó que los hombres jóvenes de sectores populares son los más vulnerables, “Los datos demuestran que no todo el mundo que vive en el barrio es violento, y que no todo los espacios dentro del barrio son violentos”, afirmó.

“Las pocas alternativas, la violencia junto al olvido y la criminalización por parte del Estado es lo que hace a los jóvenes ser los más vulnerables”, aseguró Sardi.

Para finalizar el foro, Adriana Loreto expuso como durante con una propuesta de estrategia policial se logró la reducción de 42,5% de los homicidios, durante 2014 y 2015 en relación al periodo anterior. La estrategia consistió en realizar patrullaje basado en data.

ONU pide a Venezuela liberación de 59 colombianos detenidos arbitrariamente

La cancillería de Colombia informó este viernes, 21 de diciembre, que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió la liberación inmediata de los 59 colombianos que desde septiembre de 2016 están detenidos en la estación de policía de La Yaguara, en Caracas, aunque un juez ordenó su excarcelación.

Para la ONU, el arresto es arbitrario y por eso el Estado venezolano debe concederle a las víctimas el derecho a obtener una indemnización y una reparación adecuada.

“Además, (la ONU) insta a Venezuela a realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de la detención de los 59 colombianos y tomar las medidas pertinentes contra los responsables”, apunta el comunicado de la cancillería.

El dictamen fue proferido a instancias del Gobierno de Colombia, que envió una nota el 13 de abril de 2018 sobre el caso a esa organización.

Los 59 colombianos fueron detenidos en septiembre de 2016 durante distintos procedimientos practicados durante las llamadas “Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP). Al año siguiente, el Juzgado Vigésimo Séptimo (27) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó su liberación por no encontrar pruebas suficientes contra los detenidos. Sin embargo, esto nunca se llevó a cabo.

Posteriormente, en noviembre pasado, los arrestados fueron acusados de terrorismo, falsificación de documentos y asociación para delinquir.

“OLP: LA MÁSCARA DEL TERROR OFICIAL EN VENEZUELA”, reportaje de Runrun.es en alianza con Connectas, recibió anoche una Mención Honrosa, tras quedar entre los 12 finalista en el marco del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación “Javier Valdez”.

Los premios se entregan en el marco del encuentro de periodismo de investigación más importante de la región, Colpin 2018.

“Escándalo en la gimnasia” de Joanna de Asis del programa Fantástico de Tv Globo Internacional en Brasil se llevó el tercer lugar.   Perú y Argentina empatan en el segundo lugar con “El Caso Lava Juez” de IDL-Reporteros y “Los cuadernos de la corrupción” de Diego Cabot. Mientras que el primer lugar se lo llevó Puerto Rico con “Los Muertos de María” de Omaya Sosa.

Para ver el trabajo ganador sobre OLP, haz clic acá

Cofavic: Venezuela entró en el patrón de las desparaciones forzadas

LA ABOGADA Y DIRECTORA EJECUTIVA del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, denunció la existencia de patrones que violan los derechos humanos en el país.

En entrevista con César Miguel Rondón, transmitida por Circuito Éxitos denunció que frente a lo sucedió con el concejal Fernando Albán, “nuestro país ha entrado en el patrón de irregularidades como lo son las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, cuyas prácticas deben cesar”.

A su juicio, “este suceso es muy grave y a la vez preocupante, porque se percibe un irrespeto a los derechos humanos en el país”.

Bajo su óptica, el Estado “debe garantizar que todas las denuncias de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial y los presuntos autores sean procesados, juzgados y castigados con penas proporcionales a la gravedad de sus actos”.

Por otro lado, reiteró que debe haber garantía de que los cuerpos de seguridad y organismos afines que trabajan en la seguridad pública tengan un carácter estrictamente civil y profesional a todos los niveles, como se estipula en el artículo 332 de la Constitución Nacional, y enmienden las leyes, reglamentos y planes que autorizan la participación militar en el mantenimiento del orden público, incluidas la OLP y la Resolución N ° 8610.

Sostuvo que deben eliminarse “las barreras que facilitan la impunidad incluyendo la ocultación de la identidad de los agentes del orden, la penalización y la banalización de las víctimas y la modificación de informes de la policía”, concluyó.

 

#MonitorDeVíctimas Políticas de mano dura: Carta blanca para el abuso policial

@fabicrisci17 

LATINOAMÉRICA CONCENTRA UNA PARTE MUY PEQUEÑA  de la población mundial pero es una de las regiones más violentas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de homicidios a escala mundial es de 6,4 personas por cada 100.000 habitantes, y en Latinoamérica, dicha cifra es tres veces más alta: 18,6 por cada 100.000 personas. Para poner esto en perspectiva, a pesar de solo tener 8% de los habitantes del mundo, en Latinoamérica ocurre 38% de los homicidios del planeta.

De acuerdo con los datos del Instituto brasileño Igarapé, catorce de los veinte países del mundo con las más altas tasas de homicidios están ubicados en América Latina y el Caribe.  Destacan los casos de Brasil, Colombia o Venezuela, donde muere una de cada cinco personas víctimas de homicidios en Latinoamérica.

Los homicidios en Venezuela se han ido incrementando durante las últimas décadas. A finales de los años 80 se dispararon los índices de muertes violentas en el país. En el año 1999 el registro fue 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en el 2016 fue de 70 por cada 100.000, volviendo a Venezuela el segundo país con la mayor tasa en el continente americano después de El Salvador.

Un patrón que se repite

Sin embargo, estas cifras no son únicamente por acciones de grupos violentos armados. De acuerdo con las cifras oficiales, 21,4% de las muertes violentas del país fueron producto del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en 2016. Los investigadores Andrés Antillano y Keymer Ávila, del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, explican que en los últimos años se han afianzado las intervenciones policiales donde se repite el mismo patrón: incursiones violentas, saturación policial, detenciones masivas y arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. En la mayoría de los casos estas acciones se llevan a cabo en zonas populares y en poblaciones en situación de pobreza.

Este tipo de operativos se enmarcan en las políticas de “mano dura”, las cuales pueden entenderse como un conjunto de legislaciones, políticas, prácticas estatales y discursos, que coinciden en definir el delito como acciones llevadas a cabo por enemigos del país y justifican el uso de la fuerza. Estas políticas están claramente perfiladas como acciones militares adoptando sus prácticas y estilos.

Estos operativos concentran formas y métodos agresivos en grupos vulnerables social y económicamente. En general, implican la disminución de las garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los Derechos Humanos.

Operativos violentos

Datos de asociaciones civiles señalan que en Venezuela se ha promovido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Esto se comenzó a reflejar en el aumento de detenciones arbitrarias y en el incremento de la población carcelaria en el país. Entre 2009 y 2011, el número de presos pasó de 30.000 a 50.000 privados de libertad, alcanzándose la población carcelaria más grande de la historia del país. Este aumento saturó el sistema de cárceles, fomentando las prácticas delictivas y la articulación de los grupos criminales dentro de las prisiones.

Otra de los resultados de estos operativos es el aumento de la violencia por parte de quienes representan las instituciones de seguridad, lo que se da en forma de maltrato físico, extorsiones, robos y ejecuciones. Los planes más recientes llevados a cabo por el Estado venezolano han sido el Plan Patria Segura (2013-2015) y las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015. Desde su implementación, los índices de muertes causadas por las autoridades policiales y militares se han incrementado cada año.

Es necesario destacar que la mayor parte de las muertes por fuerzas públicas entre el 2015 y el 2016 no son atribuidas directamente a los operativos realizados en estos planes. La mayoría de los casos se produjeron con organismos policiales que no participaron en los operativos. ¿Por qué? La tesis de Andrés Antillano y Keymer Ávila es que este comportamiento tiene un efecto de “cascada” que recae en el resto de los funcionarios, dándole carta blanca para abusar de la fuerza incluso fuera de los operativos militarizados.

Urge una reforma

La violencia policial era un problema al iniciar el milenio. En el 2006 se formó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), creada por el Ministerio de Interior y Justicia, la cual propuso algunas reformas que no se llevaron a cabo, entre estas: el entrenamiento en el tema de los Derechos Humanos, la consolidación de los datos a escala nacional y el registro e inventario de las armas en el país.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que en Latinoamérica las reformas policiales y del sistema de justicia penal que han tenido mayor éxito es donde prevalece el Estado de Derecho; en cambio, los sistemas de elevada impunidad y de falta de control estimulan el incremento de la violencia y dificultan su ejecución. Tal parece que este es el caso de Venezuela, donde los intentos de formar un cuerpo policial respetuoso de los Derechos Humanos han fracasado.

En vista del hermetismo del Estado en cuanto a las cifras oficiales acerca de la violencia, la organización Caracas Mi Convive y el medio digital Runrunes crearon el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, que combina periodismo de datos e investigación con participación ciudadana. Mediante la recolección de datos y el análisis de los insumos estadísticos, se busca identificar patrones que contribuyan con políticas públicas útiles ante los hechos delictivos.

Monitor de Víctimas registra el número de homicidios dentro del Área Metropolitana de Caracas desde hace más de año, y las cifras de la capital no escapan del escenario que presenta el resto del país: 36% de las muertes violentas en Caracas se le atribuyen a las fuerzas públicas del Estado.

En Latinoamérica y en otros países la violencia policial ha constituido un problema, sin embargo, se han implementado soluciones viables que han disminuido la impunidad y la delincuencia. El diagnóstico actual acerca de las cifras extraoficiales demuestra que es urgente un cambio significativo en el manejo de los cuerpos de seguridad del Estado y sus estrategias. Desde Caracas Mi Convive y el Monitor de Víctimas trabajamos para aportar y crear soluciones posibles al problema. Para ello, en los próximos artículos presentaremos algunas experiencias exitosas de otros países de Latinoamérica que pueden servir de ejemplo en la elaboración de políticas públicas innovadoras para dar solución a un problema tan dramático como la violencia en Venezuela.

 

Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive