EN DÍAS RECIENTES LA OPINIÓN PÚBLICA, fue sacudida por los hechos acontecidos en la comunidad de la Cota 905, en la que efectivos del CICPC mantuvieron, por casi dos horas, un enfrentamiento con bandas armadas, en medio de la zozobra de los habitantes de la zona. Las fuerzas policiales recibieron orden de retirarse y se vieron imposibilitados de imponerse sobre los criminales, demostrando encontrarse en condiciones de inferioridad material, con equipos y armamentos muy inferiores a los de su contraparte, y con graves carencias en los aspectos operativos y estratégicos.

Lo sucedido en la Cota 905 refleja la grave situación de inseguridad que padecemos. Un contexto extremo que se ha agravado con políticas tan fraudulentas y destructivas como  las de la “mano dura”, que ha incrementado exponencialmente las violaciones a los derechos humanos, y la de las Zonas de Paz, que ha significado la impunidad absoluta para diversos grupos armados criminales en el país.

Venezuela se encuentra entre los 10 países más peligrosos del mundo, una dura realidad que los venezolanos vivimos en carne propia a diario y que tiene consecuencias devastadoras en las victimas, familias y comunidades, así como en el conjunto de nuestra sociedad. En materia de seguridad, hemos venido arrastrando deficiencias crónicas en políticas públicas sobre esta materia, que se han agravado de manera profunda en los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 

No solo se han agudizado las acciones represivas, desatendiendo estrategias de prevención y de participación ciudadana a favor de la militarización del problema, ejerciendo acciones de guerra a través de cuerpos como las FAES y operaciones como las OLP. También se ha amparado la acción de grupos criminales en planes como las Zonas de Paz y desde el mismo Estado se ha propiciado la acción de grupos paramilitares, conocidos como colectivos. Las fallas del sistema penal y judicial se han intensificado, con niveles de impunidad que sobrepasan el 90%. 

El Estado se ha convertido en un factor principal de violencia: solo en el municipio Libertador más de un tercio de las muertes violentas entre jóvenes tienen como victimarios a efectivos de fuerzas de seguridad públicas. En el reciente informe de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU, se señalaron las violaciones masivas a los derechos humanos ejercidas desde el Estado, en los que la violencia gubernamental se ha desbordado en la represión política, social y económica.

Lo sucedido en la Cota 905 ejemplifica, cabalmente, las graves consecuencias de los problemas que hemos señalado. Pero también ha vuelto a demostrar el engaño de los criterios de “mano dura”, alimentados desde el Estado. La implementación de acciones de las FAES y la OLP, no han afectado las capacidades de las bandas armadas, colectivos, Pranes y otras formas locales de crimen organizado, no han restado su presencia en las comunidades del país. De igual forma, se han probado como igualmente falsas o terriblemente ineficientes, los supuestos cambios y mejoras que el gobierno ha proclamado hacer en fuerzas de seguridad como la Policía Nacional, que sigue manteniendo deficiencias profundas en la capacitación de efectivos, disponibilidad de recursos materiales y la generación de estrategias reales y efectivas. 

La realidad es que las políticas de “mano dura”, implementadas por el régimen, no solo han sido inefectivas, sino que además han intensificados las condiciones de extrema violencia que padecemos. Sus consecuencias directas han sido la estigmatización de comunidades enteras, la criminalización de las víctimas, la enorme orfandad institucional de los ciudadanos, el empoderamiento de bandas armadas y grupos organizados criminales, así como el agravamiento de la fragmentación y desigualdad social que sufre el país.

Desde el Movimiento Caracas Mi Convive, hemos desarrollado la construcción de una nueva convivencia en el que el problema de la inseguridad y la violencia ha sido uno de nuestros principales focos de trabajo. Allí, un factor determinante es la participación activa de las comunidades que, sobre todo en los aspectos preventivos, tiene un papel fundamental, al igual que la atención y apoyo a las víctimas.

Pero la participación ciudadana debe darse en un contexto de apoyo, y no hostigamiento, del Estado. Debemos generar estrategias completas y sostenibles en el tiempo, así como mejorar radicalmente las condiciones las fuerzas de seguridad. En este sentido hemos desarrollado una propuesta para un Plan de Seguridad Ciudadana, así como contribuido en el Plan País en lo relativo a esta materia.

 Reducir los índices de violencia y criminalidad es una de las exigencias vitales que tenemos como sociedad. No es posible desarrollarnos y crecer en un marco de colapso de servicios de seguridad y fractura de la convivencia. Un primer paso debe ser la valorización de la participación ciudadana, así como la desmitificación de ideas preconcebidas y falsas como la de la “mano dura”.