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Mariano de Alba

Venezuela entra en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS de las Naciones Unidas eligió este jueves 17 de octubre a Venezuela para integrar este grupo que monitorea las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.

Más de 190 países miembros de la ONU  votaron para elegir a los 47 integrantes del Consejo de Derechos Humanos, de los cuales dos correspondían a América Latina, y Venezuela era uno de los candidatos.

La elección se realizó en momentos de fuerte tensión por la presión internacional que aumenta contra el régimen de Nicolás Maduro, tanto que incluso Costa Rica ofreció su candidatura para evitar que Venezuela fuera elegida.

Según datos de la votación, 153 votos fueron emitidos a favor de Brasil, 105 votos a favor de Venezuela y 96 votos a favor de Costa Rica, la cual quedó por fuera de la elección.

Louis Charbonneau, director de la ONU en Human Rights Watch, opinó al respecto: “Con el asiento, Venezuela intentará socavar el escrutinio de sus abusos y los abusos de sus aliados”.

“Las misiones de investigación y las comisiones de investigación del consejo han realizado un trabajo excepcional. Los votos sobre algunos temas pueden ser cerrados, por lo que no necesitamos países como Venezuela que intenten socavar el buen trabajo”, añadió Charbonneau.

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Por su parte, el abogado venezolano Mariano de Alba, predijo que Maduro usará la victoria de Venezuela en el Consejo de DDHH para mostrar que su gobierno “todavía tiene apoyo y es reconocido por la mayoría del mundo”.

“Es una pena (…) Pero en la práctica, no es el fin del mundo para la oposición”, añadió de Alba.

*Con información de Washington Post

A El Aissami aún no le llega la alerta roja
Expertos en derecho penal internacional dudan que Interpol emita una orden de captura contra el vicepresidente del área económica 
Alegan que la policía internacional se mantiene al margen de conflictos que puedan considerarse como políticos
Coinciden en que la movilidad del funcionario es casi nula porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos posee conexiones en casi todo el mundo 

 

@franzambranor

COMO SI SE TRATASE DE LOS PISTOLEROS del Lejano Oeste Jesse James o Wyatt Earp, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 31 de julio por supuestos delitos de narcotráfico.

Por primera vez en la historia, un funcionario venezolano en ejercicio es solicitado por las autoridades norteamericanas por tráfico de drogas. Poner un pie en territorio estadounidense o en un país aliado podría significar la prisión para el actual miembro del gabinete de Nicolás Maduro y exvicepresidente Ejecutivo de Venezuela. 

“Es poco probable que este ciudadano vaya a viajar a un país al que considere que pueda correr peligro su libertad. Es decir, no va a correr el riesgo que lo detengan y lo entreguen a la justicia americana. De hacerlo, escogería a Turquía y Siria como ya lo hizo este año”, dijo el abogado especialista en derecho internacional, Mariano De Alba.

De Alba ve con escepticismo que Interpol genere una alerta roja para capturar a El Aissami. “Es posible que el gobierno de Estados Unidos solicite la inclusión de este funcionario en la lista de Interpol, pero usualmente ese organismo policial no se involucra con situaciones que pudiesen ser interpretadas de carácter político”, dijo De Alba. “Como Interpol es un organismo administrativo de policía, dependería del país que ese funcionario visite la posibilidad de apresarlo o no”.

Actualmente 11 venezolanos tienen alerta roja de Interpol. Ninguno de ellos con aparente afiliación política: tres por tráfico de drogas, tres por abuso sexual a menores de edad, dos por crimen organizado, uno por posesión de pornografía infantil, otro por trata de seres humanos y uno por asesinato.

Una fuente vinculada al Derecho Penal Internacional que prefirió no dar su nombre dijo que, efectivamente, Interpol evalúa las alertas cuando se trata de políticos y funcionarios de gobiernos, pero a veces emite órdenes de captura y no las hace públicas. Se las reserva en su intranet.

El especialista indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos posee más agentes que el Buró Federal de Investigaciones (FBI)​, y además es independiente de otros organismos como la Administración para el Control de Drogas​ (DEA), que probablemente lleve una investigación aparte del caso de El Aissami. 

Dijo también que la cobertura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se limita exclusivamente al territorio estadounidense, ya que cuando se emite una alerta trabajan en red con la mayoría de los países del mundo, constantemente monitorean el tráfico aéreo, marítimo y terrestre. 

Manifestó que Venezuela ha firmado todos los acuerdos internacionales para combatir la criminalidad y no los ha respetado, incluyendo el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo, la cual entró en vigor en septiembre de 2003.

 

 En el radar desde hace dos años

 

En 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos inició una investigación contra El Aissami por medio del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Ese mismo año, la Oficina de Controles de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de sancionados por eventuales violaciones vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas. 

“En sus cargos anteriores, él supervisó o parcialmente fue dueño de cargamentos de drogas de más de 1.000 kilogramos que salieron de Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos que tenían como destino final México y Estados Unidos”, dice la reseña del ICE. 

Con la represa de Guri como telón de fondo, El Aissami grabó un vídeo en el que acusa a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de infame y aseguró que “no podrán con nuestra fuerza moral”. 

“Acúsennos  de lo que les dé la gana, nosotros seguiremos construyendo el sueño de Bolívar leales con Chávez y Maduro”, dijo el también exgobernador de Aragua y hombre muy cercano al entorno de Cilia Flores y Maduro.

El ICE también incluyó en su lista de los más buscados a Samark López Bello, acusado de ser el principal testaferro de El Aissami. 

“López brindó asistencia material y apoyo financiero a las actividades internacionales de narcotráfico de El Aissami y en representación de ella durante más de dos años”, señala la página web de la ICE.

Tanto El Aissami como López Bello podrían enfrentar una condena de hasta 30 años.

A través de un comunicado de prensa, López respondió a las acusaciones en su contra. “Samark López no esta acusado de narcotráfico ni de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El señor López ha sido acusado de supuesta violación técnica de la sanciones impuestas en febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro”. 

Además de tener acusaciones de narcotráfico, a El Aissami se le vincula con redes de terrorismo. Según el fiscal del distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, mientras era ministro de Interior y Justicia proporcionó pasaportes venezolanos a miembros de Hezbollah y Hamas. 

Además de estar en la lista negra de los Estados Unidos, El Aissami también está sancionado por la Unión Europea y el gobierno de Canadá. 

El Aissami -criminólogo y abogado de la Universidad de Los Andes-, ha acumulado cargos durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro: fue diputado (2006-2007), viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana (2007-2008), ministro de Interior, Justicia y Paz (2008-2012), gobernador del estado Aragua (2012-2017) y vicepresidente ejecutivo de la República (2017’2018). Ahora suma uno nuevo al currículo: uno de los hombres más buscados del mundo por el gobierno de Estados Unidos.  

 

Tres claves para entender las nuevas sanciones económicas de EEUU a Venezuela

Tras la nada sorprendente victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, nuevas sanciones a la economía venezolana por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos limitan el campo de acción del gobierno.

Antes del 20 de mayo, funcionarios y actores políticos estadounidenses habían advertido al gobierno de Nicolás Maduro que, de llevar a cabo los comicios presidenciales, consideradas por una veintena de países como fraudulentas e ilegítimas, habrían consecuencias.

Estas se materializaron en la forma de nuevas sanciones económicas, que aumentan la presión sobre el régimen de Maduro, al limitar su capacidad de obtener liquidez, incluidas las cuentas por cobrar, del gobierno, la petrolera estatal PDVSA y el Banco Central Venezolano.

La intención detrás de las sanciones es “evitar que el régimen de Maduro venda o garantice ciertos activos financieros venezolanos, y para prohibir que el régimen gane dinero de la venta de ciertas entidades del Gobierno venezolano”, aseguró el presidente Donald Trump en un comunicado.

Altos funcionarios de la administración de Trump indicaron que esta orden también “cierra otra vía de corrupción que hemos observado que se usa: niega a los funcionarios venezolanos corruptos la capacidad de valorar indebidamente y vender activos públicos a cambio de sobornos”. De acuerdo a Bloomberg, los funcionarios se negaron a decir qué activos están preocupados de que Maduro pudiese vender.

El internacionalista e investigador del Atlantic Council, Mariano de Alba, quien ha estudiado las sanciones aplicadas a Venezuela, comentó a Runrun.es que esta nueva medida restringirá de manera muy importante las actividades económicas del gobierno. “Esto va a confirmar que es muy difícil tener una relación comercial con Estados Unidos y su sistema financiero”.

 

Las actividades económicas están en juego

Las medidas tomadas este lunes por el Departamento del Tesoro no pueden ser consideradas un embargo, aunque en la práctica se podrían ver efectos parecidos, señaló De Alba. Esta prohibición a entidades estadounidenses de involucrarse con la deuda venezolana o de PDVSA se suma a las sanciones que Trump aplicó a Venezuela en agosto del 2017, que impiden a Maduro transar bonos específicos con norteamericanos.

Desde las primeras sanciones financieras, la economía venezolana ha visto afectada sus actividades, detalló el internacionalista, pues los bancos y entidades financieras deben someter a mayor escrutinio las transacciones, lo que genera retrasos que no son nada convenientes para el comercio de un país.

Así, estas sanciones “dejan muy mal parada a cualquier transacción que tenga que ver con PDVSA en el sistema financiero de EEUU”. Más allá del impacto por la prohibición de la compra de deudas y facturas, el circulamiento de operaciones financieras venezolanas por el sistema genera un riesgo enorme para la otra entidad que esté haciendo tratos con el gobierno, que puede enfrentar consecuencias penales de violar el mandato de Trump.

 

En el medio de la presión está Citgo

La orden ejecutiva impide la venta, transferencia, asignación o compromiso de garantía por el gobierno de Venezuela de cualquier participación de capital donde el gobierno de Venezuela tenga 50% o más de participación. Esto significa que Maduro no podrá usar a ninguna empresa mixta para conseguir dinero rápido y fácil por parte de entidades estadounidenses. Citgo, la refinadora de petróleo de PDVSA en EEUU, está entre ellas.

Antonio de la Cruz, director ejecutivo del think thank Inter American Trends en Washington, dijo a Bloomberg que la decisión también “reduce la capacidad (de Venezuela) para financiarse utilizando su principal filial estadounidense, Citgo Petroleum Corporation”.

 

Cuentas por cobrar sin futuro

Venezuela, bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, creó una serie de bloques internacionales para consolidar alianzas. Una de ellas es PetroCaribe, un programa a través del cual pequeñas naciones de Centroamérica y el Caribe compran petróleo a PDVSA por una porción del precio real, y el resto es financiado a bajas tasas de interés con 25 años para pagar, recogió Bloomberg.

La deuda que han reunido estos países es alta. Por ejemplo, la de compañías en Nicaragua en 2016 era de 3.2 mil millones de dólares según Fitch Ratings. Estas cuentas por cobrar podrían ser usadas como una ficha de canje por Venezuela, quien podría llegar a un acuerdo con otras compañías o países que accedan a comprar la deuda y pagar al gobierno un precio más bajo pero de manera rápida.

Aunque Maduro ha cobrado esa deuda directamente con los países de acuerdo al experto, la posibilidad de conseguir dinero rápido con ella, u ofrecerla como garantía, es ahora bloqueada por EEUU, dijo De Alba.

Además, las relaciones económicas con China y Rusia podrían verse afectadas por esta medida. La administración de Trump informó el financiamiento a Venezuela fue tema de discusión con una delegación china, aunque las conclusiones de tal encuentro no fueron publicadas. En el caso de Rusia, el incremento de las posibilidades de caer en problema legal por operaciones con Venezuela podría desestimar algunas actividades bilaterales, aunque hay que esperar a ver la reacción de Putin al respecto, concluyó el investigador.