Según el informe de HumanVenezuela a pesar del crecimiento en la producción de alimentos persiste la desnutrición en el país.
La vulneración al derecho fundamental de la alimentación en Venezuela ha sido una constante al menos desde el año 2014. Para millones de personas es todo un reto cubrir los gastos alimenticios y sobrevivir y un reciente estudio determinó las dimensiones de la inseguridad alimentaria en el país.
En la encuesta de hogares aplicada por HumVenezuela en 20 estados constan hallazgos preocupantes sobre la situación alimentaria de los venezolanos. 41,1% de la población para subsistir a nivel alimenticio tuvo que combinar distintas estrategias, sacrificar gastos y también hubo privación en el consumo.
La calidad y variedad en el consumo de alimentos de los hogares venezolanos desmejoró 87,6%. 61,9% de los encuestados para la investigación indicó que a pesar de pagar por el programa de subsidio estatal de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) «los productos de las bolsas no cumplían estándares nutricionales, eran pocos y no llegaban con regularidad».
En, al menos, 9,5% de los hogares del país uno de los miembros migró para ir en búsqueda de alimentos. Otro de los aspectos que resalta el informe es que en el 4% de los hogares consultados se compró alimentos vencidos; en el 3,5%, varios miembros debieron comer fuera del hogar; y en el 1,5%, se intercambió sexo por alimentos».
Otras familias con niveles más extremos de pobreza reportaron que en un 13,8% de ellas, un miembro trabajó por alimentos, y de 10,3% a 12,3%, creció el porcentaje que recibió alimentos donados u obsequiados.
En 2023, un número más alto de personas «cayó en situaciones inaceptables de privación alimentaria a niveles de subalimentación y subnutrición extrema». El porcentaje de personas que durante ciertos períodos del año pasaron hambre de forma permanente «se incrementó considerablemente de 14,4% a 22,3%» entre 2022 y 2023.
«De este grupo, las personas que permanecieron con hambre, todo el tiempo, aumentaron de 7,2% a 9,5%. Igualmente se produjo un ascenso, de 10% a 15,5%, en el número de personas que alguna vez pasó días enteros sin comer y, de 4,9% a 5,7%, las que muy seguido durante el año no pudieron alimentarse por días enteros», revela el informe.
Alimentarse se ha convertido en una hazaña
El aumento de los niveles de desnutrición ha continuado ascendiendo. Como parte de las privaciones alimentarias en los menores de 5 años la desnutrición sigue siendo un gran problema, pues afecta a 1,4 millones de niñas y niñas que presentan algún grado de déficit nutricional o riesgo de tenerlo.
Para el año pasado se estimo que hubo 9,5% de niñas y niños con desnutrición aguda y 35,4% con desnutrición crónica, por retardo de crecimiento en talla para la edad.
De acuerdo con Hum Venezuela la afectación total de la inseguridad alimentaria asciende al 45,2% de la población, lo que equivale a 13 millones de personas. Según el informe la falta de recursos para acceder a las cantidades de alimentos necesarias para cada hogar es la principal causa para la no accesibilidad alimentaria en gran parte de la población.
Para 2023, el ingreso mensual de los hogares venezolanos representaba un 72,4% menos de los costos de una canasta básica para una familia de tres miembros.
Por esta razón se incrementó el número de hogares que redujeron el numero de porciones de comida de 57,2% a 62,3%, al mismo tiempo 35,7% de las personas en esos hogares comió cantidades menores de manera frecuente.
A su vez, hubo aumento en los hogares que bajaron la cantidad de comidas al día de 37,2% a 47,4%. Además pasó de 22,3% a 25,7% los que debieron privarse de alguna comida diaria de manera frecuente.
Más alimentos, menor consumo
A pesar de que ha aumentado la disponibilidad de alimentos debido a la creciente producción nacional y la llegada de otros países, no se han reducido los altos niveles de contracción del consumo.
Según las cámaras agrícolas, aunque aumentó la disponibilidad de alimentos persistieron «los problemas de escasa inversión, impuestos excesivos y trabas burocráticas, tierras productivas inactivas, falta de insumos agrícolas, escasez y altos precios del combustible, interrupciones eléctricas y problemas de seguridad».
Entre 2022 y 2023 aumentó de 85,8% a 87,6% el consumo de dietas poco variadas, saludables y nutritivas. Midiendo en kilogramos por persona al año, se elevó el consumo de carne de res (de 30,4% a 42,9%), de leche y sus derivados (de 55,4%a 60,0%), de harina de maíz (de 43,0% a 50,0%), de arroz (de 17,4% a 21,8%), y de hortalizas (de 13,8%a 30,0%).
Para el año pasado también se observó una disminución de 55,6% a 51,6% en el déficit de consumo de alimentos de alto valor proteico.
«El déficit de consumo de carnes se mantuvo en 62%, pero se redujeron los déficits de pollo (de 56,7% a 51,4%), de pescado (de 67,1% a 63,3%), de huevos (de 42% a 36,6%), de leche (de 69,7% a 62,6%), de queso (de 35,6% a 33,7%) y de granos (de 29,7% a 28,4%). En cambio, con un alto peso en la dieta de los hogares, bajó el consumo de arroz (de 88,2% a 86,8», destacó el informe.
«En 2023, para 86% de los hogares el presupuesto era insuficiente para comprar alimentos. El 15% utilizaba más de la mitad del presupuesto para gastos de alimentos, 50,6% lo gastaba casi todo y 20,3% no disponía de un presupuesto para estos gastos», reza el informe.
Un estudio elaborado por el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins reveló que la esperanza de vida en Venezuela ha disminuido, al tiempo que reportó el aumento de la tasa de mortalidad materno-infantil y el resurgimiento de enfermedades infecciosas por baja cobertura de vacunación
La principal recomendación que hacen los investigadores de Johns Hopkins es invertir en materia salud para atender las necesidades urgentes de la población
Las áreas más estratégicas para la inversión incluyen la salud materna seguida por el manejo integrado de casos comunitarios con trabajadores de salud de las comunidades
Foto: The New York Times.
Desde 2012, el sistema de salud venezolano ha tenido una progresiva pérdida de operatividad que comenzó a intensificarse en 2017. Una variedad de factores han contribuido con el colapso del sistema de salud. Entre ellos destacan la migración de profesionales del área, carencia de mantenimiento a la infraestructura sanitaria y la reducción de la inversión en medidas preventivas.
La investigación abarcó la salud en Venezuela desde diferentes puntos de vista: tasas de mortalidad en niños y madres, enfermedades contagiosas, infraestructura sanitaria, inseguridad alimentaria y nutrición y la respuesta humanitaria ante la crisis.
Mariela Poleo, presidenta de la Fundación Simón Bolívar, explicó en una entrevista a Runrun.es, que este estudio se hizo para conocer la situación de salud en Venezuela e identificar cuáles eran las áreas más importantes donde la fundación podría generar un efecto a largo plazo.
Poleo señaló que este estudio es importante para la organización porque les permite crear la base donde están las brechas más grandes.
«El estudio trata de ver es cuál es la nueva data que hay. Hay muchos huecos. Uno de los mensajes claves de los investigadores de Johns Hopkins fue que si la película se ve mal ahora con estos números, la realidad puede ser inclusive peor», reiteró la presidenta.
Esperanza de vida en Venezuela
La crisis prolongada en materia de salud ha hecho que la esperanza de vida de Venezuela haya disminuido respecto al continente.
Mientras que en América Latina y el Caribe los hombres viven, en promedio, 72,5 años, la esperanza de vida en Venezuela pasó a 68,3 años.
En el caso de las mujeres, la esperanza de vida del continente es de 76,8 años y la de las venezolanas 76 años.
«Todo niño nacido en Venezuela tiene la expectativa de vivir 3,5 años menos que los nacidos en una generación anterior», cita el reporte.
El futuro está en la salud comunitaria
Para parte de la realización del estudio, los investigadores de Johns Hopkins utilizaron la herramienta Lives Saved Analysis (LiST) paraplantear varios escenarios futuros y comparar qué intervenciones serían efectivas, es decir, conocer el número de vidas que podrían salvarse de acuerdo a cada intervención.
Poleo explicó que este acercamiento se basa en la premisa de expandir el acceso a la provisión de intervenciones de alta calidad en la parte maternal, neonata, salud infantil y nutricional.
«Si se puede intervenir en las madres embarazadas, en los niños recién nacidos y en los niños menores de 5 años, eso tendrá un efecto a largo plazo que va a reducir, o incluso eliminar, la posibilidad de enfermedades», dijo la presidenta de la organización.
Según Poleo, la herramienta trabaja con un escenario base (actualidad) y busca conocer cuál es el número de mortalidad de madres y niños. «A raíz de esa información, la herramienta maneja distintos escenarios cambiando algunos factores», señaló.
En este caso se trabajaron cinco escenarios:
Si se amplia la cobertura de salud universal.
Si se manejan los casos de enfermedades a través del manejo integral comunitario, en lugar de hospitales.
Intervenciones en la salud materna.
Vacunación.
Intervenciones en la nutrición.
De acuerdo CON la presidenta de la organización, con estos escenarios se hacen diferentes modelos y al final se puede observar el número de vidas salvadas para el 2030.
«Con ello se puede determinar cuál es la mejor manera de aumentar el numero de vidas salvadas. Por ejemplo, si el escenario uno es el más adecuado o si es la mezcla del escenario dos con el cinco», aseguró Poleo.
Según la presidenta de la fundación, esta herramienta indicó que trabajar con el sector comunitario tiene un impacto mayor. «Por eso, una de la recomendaciones es que trabajemos a nivel de comunidades y capacitemos al personal médico de estas«, dijo.
Los modelos liST del estudio sugieren que las áreas más estratégicas para la inversión incluyen la salud materna, con atención basada en los establecimientos, seguida por el manejo integrado de casos comunitarios con trabajadores de salud comunitarios.
Otro de los descubrimientos de la herramienta, en cuanto a la mortalidad de menores de cinco años, es que la mayoría de las vidas podrían salvarse ampliando las consultas médicas de rutina y las consultas prenatales a las embarazadas. Estas pueden ser hacerse en la comunidad.
«El impacto de la atención prenatal, que incluye suplementos nutricionales durante la gestación, a menudo es beneficioso para reducir el riesgo de malos resultados en el parto. Lo que influye en el riesgo de mortalidad neonatal», aseguró el informe.
Tasas de mortalidad infantil siguen aumentando
La investigación explicó que, a diferencia de las tendencias regionales, Venezuela tiene tasas de mortalidad crecientes en niños menores de cinco años y madres.
Según el estudio, la tasa de mortalidad en menores de cinco años se estima en 24.2 muertes por cada 1000 nacimientos.
«La tasa de mortalidad de niños menores de cinco años ha aumentado más de 40% desde 2011. En ese año solo se registraban, 17.2 muertes por cada 1000 nacimientos», afirmó el estudio.
Mientras que a escala global, las muertes de bebés y niños disminuyeron entre 44% y 47%, respectivamente, entre 2000 y 2017.
Investigadores de Johns Hopkins encontraron que 60% de la mortalidad de menores de cinco años ocurre en bebés menores de un mes. Las causas más comunes de muerte en este grupo etario son: enfermedades infecciosas, en particular la neumonía, y la diarrea.
En el caso de los neonatos, la cifra aumentó de 10.9 fallecimientos por cada 1000 nacimientos a 14.6 muertes por cada 1000 nacimientos. Las principales causas de muerte neonatal son: prematuridad, anomalías congénitas, sepsis y complicaciones del parto.
«Las estimaciones actuales sugieren que la mortalidad de menores de cinco años es más alta en Delta Amacuro y Amazonas», señaló el estudio.
Mariela Poleo indicó que por ser estados donde hay una distribución geográfica tan grande y una dispersión de la población importante, Delta Amacuro y Amazonas no tienen fácil acceso a la medicina.
Los datos oficiales de mortalidad no han sido publicados desde 2013, con la excepción del breve comunicado de los datos de 2016 en 2017.
La mortalidad materna también ha incrementado
Mientras que las tasas de mortalidad materna han disminuido en la región, en Venezuela ha aumentado, al igual que los fallecimientos infantiles.
La tasa de mortalidad materna es el número de mujeres que mueren por causas relacionadas al embarazo, durante el periodo de gestación, o dentro de los 42 días posteriores a la culminación del embarazo por cada 100.000 nacimientos.
En el 2000, Venezuela registró 119 muertes maternas por cada 1000 nacimientos. Para 2017, registraba 125 muertes por cada 1000 nacimientos.
Según el estudio, la principal causa de muerte materna es la hipertensión.
«El aumento de 5% de la mortalidad materna en Venezuela entre 2000 y 2017 es lo opuesto al tendencia mundial, que vio una disminución de 38% en el mismo período de tiempo», aseguró la investigación.
Según el estudio, entre 2012 y 2016, las muertes maternas se duplicaron de 370 a 756 a nivel nacional.
Carencia de vacunas ha resurgido enfermedades contagiosas
Además de aumentar sus tasas de mortalidad infantil y materna, Venezuela también ha experimentado un resurgimiento de enfermedades contagiosas que ha revertido décadas de progreso y ha tenido efectos indirectos en toda la región.
Según la investigación, la disminución de la cobertura de vacunación ha resultado en el resurgimiento de numerosas enfermedades prevenibles por vacunación. Entre ellas destaca el brote de sarampión de 2017-2019, pero también ha habido aumentos considerables en la difteria, tos ferina y paperas.
El estudio reseñó que las disminuciones en la cobertura de vacunación comenzaron en 2016, y aunque se han realizado campañas de vacunación masiva del estado desde 2018/2019, todavía hay brechas críticas en esta cobertura.
«Hay algunas vacunas que prácticamente no están disponibles. Los niveles de cobertura de vacunación de Venezuela están muy por debajo de los de países vecinos», aseguró la investigación.
La malaria es otra de las enfermedades que ha resurgido en Venezuela. De acuerdo al informe, los casos de malaria aumentaron alrededor de 900% de 2007 a 2017.
«Venezuela representa más de la mitad de los casos de malaria en América. El estado Bolívar es el más afectado debido a la minería y deforestación», explicó el estudio.
Al igual que la malaria, mientras la tuberculosis en la región son estables, o incluso han disminuido, en Venezuela la tasa se duplicó entre 2010 y 2018.
Vacunación para seis enfermedades ha disminuido
Según el perfil de salud realizado por Johns Hopkins, la disminución de campañas de vacunación en Venezuela inició en 2007.
«A partir de 2007, prácticamente no hubo campañas de vacunación en el país», afirmó la investigación.
El estudio señaló que, entre 2007 y 2009, no se pusieron vacunas contra la poliomielitis, la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo b a niños menores de 5 años.
«Para 2010, casi 20% de los niños no estaban vacunados», indicó el informe.
La falla en la cobertura de vacunación en Venezuela provocó repercusiones que han afectado a toda la región, aumentando los casos de difteria, sarampión y tos ferina en el país.
De acuerdo al informe, los casos de difteria y sarampión se propagaron a otros países de la región.
A diferencia del resto de los países suramericanos, Venezuela se ha quedado atrás en términos de vacunación.
«Las brechas en la cobertura de vacunación requieren una vigilancia epidemiológica para identificar nuevos brotes de enfermedades prevenibles por vacunación y responder rápidamente», indicó la investigación.
Sistema sanitario sin servicios públicos
El estudio reiteró que la falta de gasto en salud junto con la frecuente escasez de servicios públicos, la migración de los trabajadores de la salud y la pandemia de COVID-19 han contribuido con la disminución la capacidad clínica del sistema de salud venezolano.
De acuerdo a Mariela Poleo, el deterioro del sistema sanitario ocurre desde hace varios años y se debe a una combinación de varios factores, como el deterioro de las instalaciones físicas y la falta de recursos para comprar equipos nuevos o reparar los existentes.
Además de ello, el sistema sanitario tampoco tiene acceso regular a servicios básicos.
De acuerdo al estudio de Johns Hopkins, más de 70% de los hospitales públicos no tiene acceso regular a agua o electricidad.
A través de varias entrevistas, realizadas por Johns Hopkins junto a Human Rights Watch (HRW), se conoció que los profesionales de la salud en Venezuela tienen condiciones de trabajo terribles, donde prácticas para el mínimo control de infecciones hospitalarias, como lavarse las manos, son difíciles de cumplir.
Para hacer frente al escasez de agua, los hospitales dan prioridad a ciertos servicios y pacientes, como niños y mujeres embarazadas, pero a veces son obligado a suspender los servicios por completo.
«Estas decisiones reducen el acceso a los servicios de salud para algunos y disminuyen la calidad de la atención para la mayoría», explicó el estudio.
Para tomar estas decisiones, se toman en cuenta tres factores:
Si se necesita atención de emergencia.
La capacidad de brindar atención a pacientes en función de los recursos disponibles.
Si los miembros de la familia o el paciente pueden llevar al centro de salud los suministros necesarios.
33 mil médicos dejaron Venezuela
Antes de la crisis económica, los recursos humanos para la salud en Venezuela estaban por encima del promedio en comparación con los países vecinos de la Región Andina.
Según el informe, en 2017, Venezuela contaba con 17,3 médicos y 20,1 enfermeros por cada 1000 habitantes, respectivamente, mientras que el promedio de la Región Andina era de 16,6 médicos y 13,1 y enfermeros y el de la Región Latinoamérica y Caribe de 21,4 médicos y 15,8 enfermeros.
Sin embargo, las cifras de 2018 sugieren que más de la mitad de los médicos de Venezuela habían emigrado, alrededor de 22.000.
«Al menos la mitad de los médicos y una cuarta parte de las enfermeras han emigrado desde 2012. Esto redujo la capacidad para atender condiciones no relacionadas con COVID-19 en más de 80%», indicó la investigación.
Según la página web «Médicos venezolanos: Al otro lado de la frontera«, alrededor de 33 mil médicos han dejado Venezuela empujados por la crisis humanitaria y la falta de recursos para ejercer la medicina.
Perú y Argentina son los dos países que han recibido a la mayoría de los profesionales de la salud venezolanos. De los 33 mil, 4.000 emigraron a Perú y 1.706 a Argentina.
Según la Encuesta Nacional de Hospitales de 2019, de cada 10 médicos de urgencias, solo 3,5 son especialistas, un factor probable en la reducción de las áreas de especialidad que se ofrecen en algunos hospitales.
«La disminución de inscripciones y graduaciones de educación superior limitará aún más a la falta de recursos humanos para la salud en el futuro previsible», aseguró el informe.
94,5% de la población venezolana vive en pobreza total
Otra de las aristas de la salud en Venezuela que fue analizada en el inform, es la inseguridad alimentaria y nutrición de la población.
De acuerdo con el estudio, tanto la pobreza como la inseguridad alimentaria han aumentado dramáticamente en Venezuela, debido a la disminución de oportunidades de empleos, los salarios insuficientes junto al aumento de los costos de bienes y servicios.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2021 aseguró que, desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, la pobreza total aumentó de 34,2% a 94,5%. La cifra de pobreza extrema también tuvo un repunte importante, de 13,1% a 76,6%.
Encovi 2021
Dos tercios de los hogares del país viven en pobreza extrema por ingresos, de acuerdo con estas cifras. Además, la Encovi señaló que la cantidad de hogares en pobreza multidimensional (es decir, con privación o deterioro de condiciones como educación, vivienda, acceso a servicios públicos, ingreso y empleo) pasó de 64,8% a 65,2%.
El informe afirmó que los programas de protección social del Estado como las cajas o bolsas CLAP son poco frecuentes e inadecuados en cantidad y calidad.
«Los programas de alimentación escolar también han deteriorado dramáticamente, pero ahora muestran mejoras gracias a la participación del Programa Mundial de Alimentos», reiteró el estudio.
A pesar de ello, el informe estimó que 32% de los niños tienen desnutrición crónica y entre 6% y 11% desnutrición aguda.
«La cobertura de detección y servicios de tratamiento nutricional es notablemente limitado», reiteró la investigación.
Invertir en salud es fundamental
La principal recomendación que hacen los investigadores de Johns Hopkins es invertir en salud para atender las necesidades urgentes y las de salud general de la población.
«Esto podrá mitigar los impactos de la crisis en curso en el sistema de salud en Venezuela», concluyó el estudio.
Según el informe, la inversión debe concentrarse en apoyar el sistema de saludy facilitar el acceso a la atención primaria de esta, tanto en los centros sanitarios como en las comunidades.
Dada la escasez crítica de trabajadores de la salud, la investigación recomienda invertir en nuevas cátedras para trabajadores de la salud que requieran una preparación menos extensa. Esto podría ayudar a expandir el acceso a servicios de salud básica.
Además del enfoque en la salud y nutrición maternoinfantil, para la ampliación de la atención primaria de poblaciones vulnerables, se deben considerar los servicios de salud sexual y reproductiva y las enfermedades no transmisibles.
A Margarita, una pensionada venezolana de 76 años, su hija en Argentina le mandaba 50 dólares mensuales a comienzos de 2021 para comprar básicamente comida y del abasto al que suele acudir salía con un mercado que solía satisfacer sus necesidades básicas. Hoy en día, a la jubilada del Instituto Nacional de Vivienda (Inavi), esos 50 dólares le alcanzan a lo sumo para comer una semana.
Si no es inflación se parece igualito
Aunque los economistas dicen que es errado hablar de inflación en dólares, en Venezuela sucede un fenómeno que se le parece bastante.
“Desde el punto de vista teórico no es correcto hablar de inflación en dólares, hay una sobrevaluación de la moneda que encarece los productos en dólares”, dijo el economista Luis Oliveros.
Inflación en dólares o no, lo cierto es que a Margarita, así como a la mayoría de los venezolanos, lo que perciben en moneda extranjera por concepto de trabajo o remesas les es insuficiente para cubrir sus necesidades alimentarias.
Loiralith Chirinos, coordinadora de documentación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), sostuvo que en el occidente del país cada 15 días hay un aumento de los precios de los alimentos básicos, bien sea en divisas o en bolívares.
De acuerdo con una encuesta de seguridad alimentaria dada a conocer recientemente por Codhez, entre marzo y octubre de 2021 hubo un incremento de precios en 25 productos de la canasta básica de 174,22% en moneda nacional y 18,17% en foránea.
"5 de cada 10 hogares en el #Zulia declaró haber comido una vez o dejado de comer en todo el día, entre 3 y 5 veces a la semana"
Chirinos afirmó que hoy en día el problema no es la disponibilidad de los alimentos, sino el acceso a ellos.
“A diferencia de 2016, 2017 y 2018, hay comida en los abastos, mercados y supermercados, lo que vemos ahora es que la gente no tiene suficiente dinero para adquirirla”.
El estudio hecho en octubre del año pasado por Codhez reveló que 49,46% de las familias pertenecientes a cinco municipios del estado Zulia perciben un ingreso mensual de entre 11 y 50 dólares, lo que significa 0,37 $ al día.
Paradójicamente, la misma investigación arrojó que 60% de los encuestados gasta solo en alimentos entre 50 y 150$ mensuales.
“Puede decirse que hay un aumento de los ingresos en las familias por la mayor circulación de divisas debido a que ahora los patronos pagan sueldos y dan bonos en dólares, pero eso no implica que la gente esté comprando más comida y que se esté alimentando mejor”, aseveró Chirinos.
“El verdadero problema son los altos precios. En octubre de 2018 un kilo de carne de res (sin la reconversión que le quitó 6 ceros a la moneda) era de 301,57 bolívares y en 2021 es de 17,85 Bs, hay una diferencia de alrededor de 5 millones 930 mil%”.
La coordinadora de Codhez indicó que las remesas tienen un significado fundamental en la adquisición de alimentos.
“Las familias que reciben remesas tienen mayor probabilidad de alimentarse tres veces al día. De acuerdo a nuestro estudio, 6 de cada 10 hogares perciben ayudas mensuales provenientes del exterior, 4 de cada 10 hogares con un rango de 11 y 50$ y el 94% de ese dinero se destina a la compra de comida”.
El desayuno y la cena desaparecen
Chirinos manifestó que, para hacerle frente a la falta de comida, las personas han aplicado estrategias de sobrevivencia.
“Ante la inseguridad alimentaria, la gente opta por comer una sola vez al día, saltarse las comidas y comprar lo más barato”.
La representante de Codhez indicó que 7 de cada 10 hogares redujo el consumo de alimentos de los adultos para que los niños coman más.
“La calidad de la dieta ha desmejorado, vemos que hay bajo consumo de proteínas. Las personas se alimentan básicamente de cereales, granos y tubérculos, hay un moderado consumo de vegetales y lácteos y un escaso de carne, pollo, pescado y frutas”.
Informó que 4 de cada 10 hogares no desayuna y 3 de cada 10 no cena. “Los alimentos que más han sido sacrificados son la carne y el pollo”.
Chirinos sostuvo que aunque no tan pronunciada como en años anteriores, la escasez sigue siendo un problema.
“En Maracaibo, en octubre de 2018, había una marcada escasez de carne de res que llegaba a 76%, hoy en día es de 42%”, en el mismo lapso, el pollo pasó de 87% a 49%”.
Consumo se recupera
Pese al alto costo de la vida, el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, Edison Arciniega, aseguró que el consumo de comida ha aumentado a nivel nacional.
“Esto tiene que ver con la optimización de los costos finales de los alimentos procesados y ensamblados en Venezuela, por ejemplo, en el año 2019 un kilo de harina de maíz precocida fluctuaba entre 1 y 1,15$, en este momento el precio está entre 0,50 y 1$. Por otro lado hay un incremento de capacidad productiva del trabajador, existe una contención inflacionaria y también una creciente inyección de recursos por el sistema Patria”.
Oliveros sentenció que, comparado con años anteriores, el consumo ha despegado.
“Se ha estado recuperando, las cifras extraoficiales apuntan hacia un incremento, hay una recuperación del consumo privado y también del público”.
Arciniega comentó que actualmente el venezolano está consumiendo el doble de los alimentos que en 2019 y 30% más que en 2020.
“Los últimos tres años han sido de crecimiento mensual. En Venezuela cada vez se consumen más alimentos, hay un sobreabastecimiento de cereales por el orden del 140%, de tubérculos de 110%, se han hecho importaciones de productos desde Colombia, especialmente en 2020 y 2021”.
La pandemia y la comida
Aunque según datos de Codhez, solo el 3,10% de los zulianos admite alimentarse apropiadamente durante la pandemia del coronavirus, Arciniega asegura que los dos años conviviendo con el COVID-19 han estado acompañados por un incremento del consumo.
“En 2019, el venezolano consumía cerca de 12 kilogramos de alimento per cápita por mes, esa cifra hoy en día la vemos elevada a 25 kilogramos”, detalló.
Arciniega reconoció que no todos tienen cabida en una dieta de calidad. “Si no fuera por la brecha proteica que existe, donde algunos no tienen acceso a carnes y frutas, la base calórica del venezolano estaría cubierta. Tenemos una desigualdad tremenda en la cual el 30% que posee mayor poder adquisitivo está consumiendo el 60% de los alimentos”.
Arciniega comentó que la escasez de gasolina y especialmente de diésel se ha convertido en un freno para el sector agroalimentario.
“Atenta contra la capacidad de sembrar y cosechar. El sistema alimentario en términos totales creció 8% el año pasado, pero el sector primario (producción) decreció 3%. Esto tiene mucho que ver con varios factores, entre ellos la movilidad”, agregó.
Chirinos enfatizó que la falta de combustible ha cambiado incluso los hábitos para comprar comida.
“La gente prefiere adquirir sus alimentos en abastos cerca de sus hogares y deja de asistir a mercados populares y supermercados por falta de transporte. En el Zulia, 86% de las personas hacen la compra en abastos”.
Chirinos también advirtió que la irregularidad en el recibimiento de la bolsa Clap atenta contra la seguridad alimentaria.
“Solo el 0,5% de los consultados dijo que recibía la bolsa cada 15 días, mientras que el 70,8% indicó que tres veces o inclusive menos en el año. A esto hay que sumarle que buena parte de esas bolsas traen únicamente carbohidratos, grasa y aceites, no hay contenido proteico”
Para Luis Oliveros, aunque el venezolano deba enfrentar unos precios elevados en alimentación y servicios, la pobreza en 2022 tiende a disminuir.
“Porque hay crecimiento económico y la inflación está cediendo, probablemente veamos un incremento en los niveles de desigualdad, pero en el tema socioeconómico pudiéramos estar viendo una mejora”, concluyó.
La organización indicó que la inaccesibilidad de los alimentos durante la pandemia se debió a la caída de 80% de la producción nacional, los costos inalcanzables de productos importados y la severa reducción de las fuentes de ingresos
La organización Hum Venezuela señaló que para finales de 2019, la población venezolana había afrontado la emergencia humanitaria durante cuatro años, 26 meses de hiperinflación y agudos períodos de desabastecimiento de alimentos.
Para junio de 2021, en medio de restricciones de movilidad a causa de la pandemia y 44 meses de hiperinflación, hubo una caída de 95,6% en el poder del salario mínimo para adquirir alimentos.
Según Hum Venezuela, la inseguridad alimentaria aumentó a 14,3 millones durante la pandemia. Pasando de 32,6% en marzo de 2020 a 50% en junio de 2021. 41,1% de las personas debió combinar varias estrategias de sobrevivencia afectando severamente sus medios de vida y/o privándose de alimentos. «Al menos 9,2% llegó al extremo de pasar hambre de forma permanente», afirmó la organización.
«18,5 millones de personas adoptaron estrategias en las que perdieron medios de vida de forma irreversible: 17,7% agotó sus estrategias y 46,7% llegó a quedarse sin fuentes de ingresos», aseguró Hum Venezuela.
La organización indicó que la inaccesibilidad de los alimentos durante la pandemia se debió a la caída de 80% de la producción nacional, los costos inalcanzables de productos importados y la severa reducción de las fuentes de ingresos.
A pesar de que 58% de los hogares venezolanos siguió comprando alimentos del programa de subsidio estatal, la cantidad de alimentos recibidos cayó en 51% y más de 60% no los recibió de forma regular.
Tras la llegada de la pandemia, 94% de la población desmejoró la calidad de su dieta y 63% debió reducir la cantidad de los alimentos consumidos.
«La falta de apoyo a la producción nacional agropecuaria y la escasez de combustible mermaron aun más las capacidades de autoabastecimiento», reiteró Hum Venezuela.
Como consecuencia de esto, la reducción del consumo de carne subió a 93,6%, de leche y sus derivados a 85%, de arroz a 89,5% y de hortalizas a 89%.
«Con una caída de la ingesta de proteínas de 79,8% y de energía calórica en 35,6%, se estima que 13,6 millones, 47,4%, de personas se encuentren subalimentadas o con hambre crónica«, señaló la organización.
En la pandemia los niveles de desnutrición presentaron una tendencia a incrementarse, afectando al menos a 3,1 millones de personas, entre niños y niñas menores de 10 años, embarazadas, personas mayores y otros grupos vulnerables.
De acuerdo a Hum Venezuela, en la mitad de los estados más poblados del país, las evaluaciones encontraron riesgos de déficit nutricional en 60% de niños y niñas menores de 5 años. 33% de estos niños y niñas pueden estar sufriendo retrasos del crecimiento o desnutrición crónica.
Productores de carne y leche en el país, coinciden en que este año ha sido uno de los más críticos en cuanto a consumo y producción de alimentos
Hortalizas, frutas, carne de aves, pescados, huevos y quesos, son los principales alimentos que se han dejado de consumir durante la pandemia
Puede que sea cierto que la curva de contagios del COVID-19 se haya reducido después de nueve meses de confinamiento como afirma el gobierno nacional en todos los balances que ofrece sobre las cifras del COVID-19, pero la paralización parcial de la economía y la escasez de gasolina han sido los motores para que la inseguridad alimentaria, que ya venía arrastrando Venezuela, siga ascendiendo.
Yolanda Brito vive con sus dos hijos adolescentes en La California, municipio Sucre, en el estado Miranda. Anteriormente hacía todas sus compras en reconocidas cadenas de supermercados. Ahora, prefiere buscar otras opciones como los mercados chinos o los camiones que vienen de la Colonia Tovar para rendir lo más que pueda el dinero que le envía su hijo mayor desde Chile.
“Desde que comenzó la pandemia el impacto económico en los precios de los alimentos ha sido muy fuerte, yo trato de comprar para un mes y armar el menú de la semana, para que la comida rinda. Los desayunos, por lo general son arepas, rindo la masa con zanahoria, calabacín o avena, las relleno con queso o huevos revueltos, tengo tiempo que no compro jamón porque es muy caro. En los almuerzos, siempre es arroz con granos, por lo menos tres veces a la semana. Pollo o carne comemos dos veces a la semana. Me olvidé del pescado, del cerdo y de varios embutidos. Para aliñar solo lo hago con ajo, cebolla y ají dulce. De frutas solo compro cambur y guayabas o la fruta que esté en temporada, nada de fresas, manzanas o parchitas. Dejé de comprar leche en polvo por su alto precio. He disminuido el consumo de azúcar y grasas, trato de hacer todo a la plancha, al vapor o en salsa”, explicó Yolanda.
En menos de dos años la situación de Yolanda ha cambiado para peor. Comenta que con 100 dólares en 2018 podía comprar carbohidratos, leguminosas, carne, pollo, verduras, productos de aseo personal y limpieza; pagar las cuentas y hasta darse ciertos lujos. Ahora, con la misma cantidad de dinero, no compra ni la mitad de lo que antes podía. La consecuencia es que ha tenido que disminuir el consumo de ciertos alimentos por otros que rinden más y son menos costosos.
El virus del hambre
Desde 2014, la crisis económica que se vive en Venezuela incide directamente en la alimentación de todos sus habitantes, pero ahora que han pasado ocho meses desde que se inició la pandemia, la situación para las personas más vulnerables ha empeorado y las cifras de desnutrición solo son comparables con países como Yemen, República Democrática del Congo, Haití y Afganistán, según estimaciones de la ONU.
Desde el 13 de marzo de 2020, Marling Granados no trabaja. Su situación económica también ha desmejorado con la pandemia. “Soy madre soltera de dos niños y actualmente estoy desempleada. Me ayudo con los bonos, la caja del Clap y lo que mis hermanos y otros familiares me colaboran. En Venezuela tenemos el virus del hambre porque ahorita hay de todos los alimentos, pero uno no tiene suficiente dinero para comprar, ni siquiera lo necesario”.
Granados detalló que los alimentos que más consumen en su casa son harina de maíz, queso duro y a veces huevos. “La carne y el pollo son muy caros y no me alcanza para comprarlos”, dijo.
Según un estudio, elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, más de 79% de los venezolanos no tiene cómo satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación. 96,3% de los hogares viven en pobreza de ingresos y la tendencia de deterioro de la alimentación continúa. Apenas 3% escapa de la inseguridad alimentaria.
Cáritas Venezuela, en su más reciente monitoreo correspondiente a los meses de abril-julio de 2020, alertó que la desnutrición aguda global (GAM) -una medición del estatus nutricional de una población que se utiliza con frecuencia en situaciones de refugiados por largos periodos- aumentó 73% en niños y niñas menores de cinco años en seis meses de pandemia. Mientras que 59% de los niños evaluados tenían algún grado de retraso en su crecimiento o estaban en riesgo de tenerlo y que 29% tenía un retraso del crecimiento moderado y severo por la falta de alimentos.
Según cifras del mismo informe, 57% ha incurrido en alguna forma de privación alimentaria; 27% de los hogares ha tenido que recurrir a la mendicidad; 42% a rebuscarse alimentos en la calle para poder comer y 35% ha consumido alimentos que preferiría no haber comido.
Producción de alimentos en crisis
El coordinador de la Red Agroalimentaria, Juan Luis Hernández, afirmó que la pandemia del coronavirus encontró a Venezuela en las peores condiciones que se hayan registrado en el país.
“La caída del consumo es extremadamente grande en todos los productos. Sin embargo, los más afectados son aquellos de consumo fresco como frutas y hortalizas, que por los problemas que se han suscitado con la gasolina han aumentado su precio de manera desproporcionada. Las proteínas de origen animal como la leche, carne, quesos y huevos también han presentado una merma en el consumo, situación que afecta directamente a los niños”, aseguró.
Para el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Armando Chacín, este año ha sido mucho más crítico en cuanto a consumo y producción de carne.
“Lo que estamos comiendo este año fue lo que las vacas nos dejaron de los partos del año 2019. Hemos visto cómo el consumidor cada día deja de comer menos proteínas en vista que no tiene cómo comprar la leche y la carne más económica de toda Latinoamérica, porque cuando sacamos cuenta de cuánto cuesta un kilogramo de carne en Venezuela y cuánto cuesta en Colombia, entendemos que la carne más económica es la que está aquí porque no hay poder adquisitivo y la ley de oferta y demanda no permite que esto crezca”, aseguró Chacín.
El presidente de Fedenaga afirmó que en años anteriores se consumía entre 25 a 26 kilogramos de carne per cápita, y hoy, el consumidor no llega a tener un consumo de más de 8 kilos. “Eso es casi nada porque eso es la ingesta de una persona al año”, afirmó.
La situación con la producción de la leche es similar a la de la carne. Armando Chacín explicó que hoy en día producen 3.200.000 litros de leche por día, prácticamente un tercio de la leche que debe haber en el país. “Debemos producir alrededor de 10 millones de litros para tener 125 litros de leche per cápita y estamos alrededor de 35 litros. Deberíamos tener más porque son los requerimientos mínimos que estipula la FAO”.
Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), afirmó que el consumo de todos los productos lácteos se ha reducido sustancialmente. “La demanda está contra el piso, tenemos una situación inédita y es que los supermercados están llenos de mercancía, pero la gente no los puede comprar”.
“La producción de todos nuestros productos ha decaído, no solo de leche sino de margarinas, mantequillas, quesos… Actualmente se está consumiendo casi el 10 % de la cantidad de leche que se produce a nivel nacional”, dijo Figueroa.
El informe Perspectivas de cosechas y situación alimentaria 2020 de la FAO determinó que el pronóstico preliminar para la temporada principal de la cosecha de maíz, apuntaba a una producción muy inferior a la media, respaldada por una disminución continua de la superficie plantada que comenzó a partir de la crisis económica de 2014.
El presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación (Fevipan), Tomás Ramos, informó en una entrevista para Fedecámaras Radio que las ventas de pan a nivel nacional están por debajo de un 60 %.
Ramos también destacó que el país consumía 120 mil toneladas mensuales de harina de trigo, y que actualmente llega a las 35 mil toneladas, “lo que es casi un barco, de los tres que llegaban”.
El cultivo de cítricos en Venezuela también se redujo este año. De las 35 mil hectáreas sembradas por la Asociación de Fruticultores de Yaracuy solo quedan actualmente 5 % de la plantación. El presidente de la asociación, Rafael Cabrera, explicó en entrevista para Fedecámaras Radio que la reducción masiva del cultivo de cítricos en Venezuela se debió a una bacteria.
Cabrera explicó que la asociación de productores está integrada verticalmente con la agroindustria de multifrutas. Esta última tiene instalaciones para procesar hasta 50 millones de kilos de fruta anualmente. Sin embargo, este año no lograron procesar cuatro millones.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destacó que 9,3 millones de venezolanos pasan hambre, según datos de 2019.
Venezuela lleva tres años en hiperinflación según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), lo que incide directamente en el consumo de alimentos de los venezolanos.
Según datos del Centro de Documentación y análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el precio de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) del mes de octubre de 2020 se ubicó en 141.808.837,30 bolívares, aumentando Bs. 27.780.682,83, 24,4%, con respecto al mes de septiembre de 2020 y 1.769,5% entre octubre de 2019 y octubre de 2020.
A juicio de la nutricionista Érika González, la dieta de la mayoría de los venezolanos es escasa en nutrientes y proteínas, pues más del 80 % de la población no puede adquirir la canasta alimentaria y lo que llega en las cajas del Clap, son harinas refinadas que no cumplen con los estándares mínimos de calidad.
“Ahora no llegan ni los granos que al ser combinados con arroz, funcionan como fuente de proteínas”, señaló González.
A pesar de la inseguridad alimentaria que reina en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha impedido que organizaciones como Alimenta la Solidaridad, la cual beneficia a más de 25 mil niños con 240 comedores en 14 estados, continúe con su labor de ayudar a los más necesitados. El equipo ha sido víctima de allanamientos, hostigamiento y recientemente la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) congeló todas sus cuentas bancarias.
Hay productos, pero no dinero
Las colas para comprar comida y artículos de primera necesidad ya forman parte del pasado. Ahora, en todos los supermercados, mercados, bodegas, bodegones y quincallas se pueden encontrar todos los productos, de distintas marcas, pero de mayoría importadas, provenientes principalmente de Brasil, Turquía y México.
Zenaida Carvajal, empleada de un supermercado en La California, asegura que los clientes llevan lo necesario. “Es raro cuando llevan un kilo de queso o de carne. Siempre lo llevan por gramos. Los carros grandes de mercado ya no se ven, son muy pocos los que pueden hacer grandes compras. A pesar de que hay cualquier cantidad de productos y los pasillos están full, la gente no tiene la capacidad de comprar”, dijo.
A pesar de que no ha salido establecido en Gaceta Oficial, hay varios indicios de que el Ejecutivo Nacional habría aumentado el salario mínimo de 400.000 bolívares a 1.200.000 bolívares, el 1 de noviembre.
El Cendas considera que de ser cierto dicho aumento, sólo alcanzaría para adquirir un 2% de la canasta básica.
A juicio de Juan Luis Hernández, para que el venezolano pueda alimentarse correctamente se necesita que exista disponibilidad y acceso.
“En la actualidad eso está extremadamente lejos de producirse, porque no hay condiciones en el área agroalimentarias, sino condiciones generales en la situación económica del país. Con la situación que tenemos en la caída de producción, de hiperinflación y de deterioro brutal de las condiciones de los sectores más pobres eso no es posible”, explicó el coordinador de la Red Agroalimentaria.
Sobre una posible recuperación del consumo de alimentos, Hernández afirmó que en el marco actual no existe posibilidad real de que los venezolanos tengan una alimentación adecuada.
“Para que eso suceda se requiere un cambio en el régimen político y económico. De tal manera que ese cambio de la posibilidad de tener financiamiento internacional para poder impulsar la producción agrícola a mediano plazo, pero en la actual condición eso no va a ser posible. Si no se produce un cambio importante nuestro deterioro va a continuar por un tiempo indefinido”, sentenció Hernández.
11 estados de Venezuela registran índices de inseguridad alimentaria severa superiores a la prevalencia nacional
Uno de cada tres personas en Venezuela (32.3%) está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia, de acuerdo a una evaluación publicada este domingo 23 de febrero por el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con el diagnóstico, realizado entre los meses de agosto y septiembre de 2019, el porcentaje corresponde a alrededor de 9.3 millones de personas, de las cuales 2.3 millones (7.9% de la población) se encuentra en estado de inseguridad alimentaria severa, y 7 millones (24.4%) en condición moderada.
Para su estudio, la WFP recolectó información de 8.375 hogares distribuidos en los 24 estados de país, donde encontró que 11 entidades presentaron índices superiores a la prevalencia nacional de inseguridad alimentaria severa, siendo los más graves Delta Amacuro (21%), Amazonas (15%), Falcón (13%), Zulia (11%) y Bolívar (11%).
«La evaluación muestra que la inseguridad alimentaria es una preocupación a nivel nacional. Incluso en los estados con los índices más bajos de inseguridad alimentaria, incluyendo a Lara (18%), Cojedes (19%) y Mérida (23%), se estima que aproximadamente una de cada cinco personas está en inseguridad alimentaria», señala el texto publicado.
Sigue leyendo este trabajo de Jordán Flores en El Pitazo
El PMA pondrá en marcha un plan de respuesta regional a los refugiados y migrantes venezolanos en otros países de la región
Unos 700.000 migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, el 54 % del total, y unos 75.000 en Ecuador (23 %) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, advirtió hoy el portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, Herve Verhoosel.
“La asistencia alimentaria desempeña un papel fundamental para abordar las vulnerabilidades a las que se enfrentan los migrantes, por lo que el PMA lanza una petición urgente a la comunidad internacional para ayudar al creciente número de migrantes venezolanos”, dijo el portavoz en rueda de prensa.
Verhoosel advirtió de que las mujeres que son cabeza de familia en estas comunidades y no tienen acceso limitado a necesidades básicas como la comida corren el riesgo de ser reclutadas como trabajadoras sexuales o por grupos armados en Colombia.
El PMA, junto con otras 137 organizaciones, pondrá en marcha un plan de respuesta regional a los refugiados y migrantes venezolanos en otros países de la región, con el objetivo de ofrecer ayuda a un total de cuatro millones de personas en 2020.
La organización calcula que necesita unos 196 millones de dólares (unos 170 millones de euros) para financiar dicho programa.
Desde 2014 un total de 4,6 millones de venezolanos abandonaron su país debido a la crisis económica y política y de ellos un 80 % se establecieron en Latinoamérica y el Caribe.
En mayo de 2018, Tiany Piñeros cruzaba el Puente Simón Bolívar de San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia, con su hija de 9 meses en brazos y rodeada de maletas. Su viaje había comenzado desde Punto Fijo, en Falcón, donde estudió Educación Física hasta que la crisis se lo impidió. Ese mes emigraba a Lima, Perú, donde la esperaba su esposo. Ella y él, quien se había ido seis meses antes, se fueron sin tener pasaportes venezolanos porque aunque ambos los solicitaron y cumplieron todos los trámites para obtenerlos, varios meses después no los tenían en sus manos.
Mientras esperaban sus documentos, Tiany y su marido vieron cómo todo se encarecía. Eran los primeros meses de la hiperinflación y solo entre enero y mayo de 2018, los costos se multiplicaron alrededor de 400%, de acuerdo con datos de Econométrica. Los pocos ahorros que tenían para viajar comenzaban a esfumarse de sus manos. En medio de la desesperación, decidieron que era momento de partir. En distintas épocas, la pareja cruzó la línea entre Táchira el Norte de Santander con un carnet fronterizo que expide Migración Colombia pero que ambos habían comprado falsificado a un tercero.
La decisión que tomó Tiany la han tomado millones de venezolanos que hoy están fuera de su país sin papeles, sin identidad. Esa condición es, de acuerdo con especialistas consultados, una de las causas de que la población del país sea cada vez más vulnerable ante la trata de personas.
El pasado 30 de julio se celebró el Día Mundial contra este flagelo y la huida de los venezolanos continúa. Este es el país del continente americano con mayor cantidad de casos de esclavitud moderna (al menos 174 mil, es decir, 5,58 de cada 1.000 habitantes), de acuerdo con el Global Slavery Index de la Fundación Walk Free. En el mundo, Venezuela ocupa el puesto 61 de 167 países registrados. Ya el año pasado, la Asociación Civil Paz Activa advertía que entre 2014 y 2018, la incidencia de este delito había aumentado en 300%.
Una de las expertas que advierte el fenómeno es Cécile Blouin, investigadora principal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desarrolló un estudio sobre la situación de los venezolanos en Lima, el cual reveló que al menos 52% de los migrantes que están en la capital peruana habían llegado solo con su cédula de identidad nacional, tal como lo hicieron Tiany y su pareja.
De igual manera, a esos indocumentados se les ha hecho cuesta arriba legalizar su situación en su nuevo país. El permiso temporal de permanencia que les permitía trabajar por un año dejó de emitirse en octubre pasado. Y desde el 15 de junio de este año, el gobierno peruano exige la expedición de una visa a los venezolanos que quieran ingresar a la nación, sea en calidad de turistas o con miras a una residencia permanente.
“El acceso a un trabajo formal se ve dificultado por la documentación”, señaló Blouin en un seminario digital presentado por la plataforma online Freedom Collaborative, que une a organizaciones que trabajan contra el tráfico humano alrededor del mundo. A eso, comentó la experta, había que agregar que las condiciones de informalidad del mercado laboral peruano exponían todavía más a la trata de personas a quienes no tenían papeles.
De acuerdo con el Protocolo de Palermo (documento de las Naciones Unidas para prevenir, sancionar y reprimir este flagelo) la trata de personas se define como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
En Venezuela, la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) –como se define a las situaciones que combinan factores que van desde conflictos armados de naturaleza civil, desplazamiento de la población, escasez de alimentos, proliferación de enfermedades, desmoronamiento de la economía informal y hasta el debilitamiento y la pérdida de las instituciones – ha empujado a cientos de miles a tomar sus maletas y huir. Según estimaciones de la ONU, a finales de 2019 más de cinco millones de venezolanos habrán migrado en medio de este escenario.
“La incidencia de trata aumenta en contextos de movilidad humana”, afirmó la oficial del Programa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Suramérica, Agueda Marín, en un foro organizado por la Asociación Civil Éxodo Venezuela en mayo pasado en Caracas. Fue allí donde explicó que la pérdida de la protección que ofrece el seno familiar, la precariedad de las condiciones en las que se hace el viaje y el hacinamiento en los hospedajes que están en la ruta o en la ciudad destino, así como las ofertas de trabajo ilegal, exponen todavía más a los migrantes.
La crisis de movilidad humana en América Latina también es mencionada por el Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) al hablar sobre las principales alertas relacionadas la trata de personas en el contexto de la EHC que atraviesa el país. “La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobreexposición de la población venezolana a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela como en los países de tránsito y destino”, indicó la organización en un documento presentado en rueda de prensa el pasado 29 de julio.
Los más vulnerables
Beatriz Luna, abogada colombiana y consultora independiente en temas de migración, explicó que a su país han llegado tres oleadas de migrantes venezolanos: la primera, conformada por inversionistas y empresarios que se fueron a instalar allá sus compañías y operaciones; la segunda, con profesionales que llegaron en la búsqueda de trabajo; y una tercera, en los últimos dos años, que llega en “extrema vulnerabilidad”.
“Es una migración más amplia que las demás, con personas que llegan en condiciones socioeconómicas difíciles, que buscan medicinas o alimentos. Hay algunos que están un par de días y regresan”, comentó. Tales condiciones exponen todavía más a los venezolanos que se van.
“La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación”, subraya el Grupo de Trabajo, que sostiene que cuando la población padece necesidades extremas se hacen más frecuentes las prácticas de sobrevivencia. “El intercambio de sexo por comida es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y aumentan los riesgos de trata de personas”, concluye el documento.
Delisbeth Villalobos, abogada en Venezuela de HIAS –organización sin fines de lucro que brinda asistencia a refugiados– alertó en el seminario web de Freedom Collaborative que en ese desplazamiento también hay niños y adolescentes sin padres ni representantes que buscan alimentos en Colombia y van a los comedores fronterizos. Esa vida en la frontera hace que sean más susceptibles a ser reclutados para traficar combustible y comida entre ambos países, o captados por grupos al margen de la ley que controlan la zona, así como para la explotación laboral y sexual.
“El ejercicio obligado de la mendicidad es otra situación preocupante que se ha naturalizado por la gran cantidad de personas de todas las edades que mendigan para subsistir”, sentencia el Grupo de Trabajo. “Frente a tales situaciones resaltan las debilidades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, añade.
Las mujeres son las más vulnerables ante las redes de trata de personas. De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que datan de 2018, 68% de las víctimas de este delito en el país son del sexo femenino. En el mundo, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este porcentaje llega a 72%.
“Solo por el hecho de ser mujer hay que migrar con documentación, maletas y desigualdades”, enfatizó Dorennys Angulo, directora de Éxodo, en el encuentro de Freedom Collaborative, y detalló que la etapa del tránsito hacia otros países suele asociarse con riesgos a abusos y violencia sexual y extorsión (así ocurre el sexo transaccional o de supervivencia), sobre todo si viajan solas y carecen de redes de contactos o familiares que puedan auxiliarlas.
“Para las mujeres hay distintos problemas para el acceso al trabajo y el desarrollo del mismo, porque sufren acoso desde la búsqueda hasta el desarrollo del trabajo. Eso las expone a explotación laboral y abuso sexual”, recalcó Cecile Blouin. El trabajo sexual, acotó, se convirtió para algunas venezolanas en opción de sobrevivencia en Lima.
Los miembros de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) y la población indígena también están en situación de vulnerabilidad, según las alertas enunciadas por el Grupo de Trabajo. Las redes de trata suelen captar a mujeres trans a través de ofertas de pago de tratamientos médicos que les permitan hacer su proceso de transición sexual o ponerse implantes. Otras se ven obligadas a migrar y ejercer la prostitución.
Mientras, los riesgos que corren los indígenas, y en particular las mujeres de estas etnias, están asociados a la obtención de documentos de identidad, así como al “aumento de actores armados no estatales y caos originado por la minería ilegal” en sus territorios originarios, apunta el comunicado.
Migrar desinformado
Los especialistas coinciden en que la desinformación es uno de los obstáculos que enfrentan los migrantes al momento de salir del país y esto, a su vez, es un riesgo ante la trata.
“Los que se van toman decisiones desesperadas, no evalúan los riesgos de viajar solos y sin documentos y se dejan llevar por información ‘de boca a boca’ de quienes han logrado llegar a un segundo o tercer destino (…) La población está de espaldas a la información por falta de acceso, pero también por la necesidad que tienen de acceder a servicios y bienes de consumo. Eso hace que la seguridad sea el factor que menos observen al migrar”, señaló Villalobos.
Blouin destacó que también hay dificultades para visibilizar el delito por la falta de acceso a información pública en Venezuela. Aunque una cifra extraoficial citada por la especialista destaca que entre enero y febrero de 2019 se identificó a 59 víctimas de trata, número que representa a 57% los casos registrados en 2018 (102 en total), se desconoce cuál es la respuesta del Estado venezolano ante los afectados y cuáles son las políticas de prevención aplicadas.
Sobre esa necesidad de información también se refiere el Grupo de Trabajo, que insiste en que se debe optimizar el registro oficial de las víctimas del delito, así como su acceso a la justicia, además de exigir la publicación de las estadísticas para que se conozcan las dimensiones del problema. Piden igualmente que se incluyan las perspectivas de género en el diseño y aplicación de políticas públicas, así como el fortalecimiento del sistema que protege a niños y adolescentes.
Para el conglomerado, es clave la “creación de fiscalías especializadas que optimicen los procedimientos de justicia penal para desarrollar, investigar, enjuiciar y sancionar con efectividad a los responsables de la comisión de este tipo de delitos”.
