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AN de Guaidó exige nuevamente un plan de vacunación
Ante el aumento de casos de COVID-19, los parlamentarios exigieron que entren las vacunas al país

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, exigió nuevamente que se establezca un plan de vacunación en el país contra la COVID-19, ante el aumento de contagios y fallecidos.

En la sesión virtual de este martes, 11 de mayo, el diputado Virgilio Ferrer (UNT-Representación indígena) aseguró que en un día en el estado Zulia fallecieron 39 personas por el virus y que además se denunció en las redes sociales, como los cadáveres son trasladados por las escaleras.

«Tenemos que denunciar que esta gente no tiene escrúpulos. Trajeron un pequeño número de vacunas y se vacunaron ellos», alegó.

Igualmente el diputado de la AN, Ricardo Aponte (VP-Falcón) aseguró que la falta de preparación del sistema de salud, ha agudizado la crisis en la segunda ola del COVID-19, lo que se ha traducido en un aumento de casos y fallecidos. 

Explicó que los trabajadores de la salud siguen sin protección en los hospitales y que el pueblo está a merced del COVID-19. Informó además que en Falcón un grupo de personas se ha dedicado a contabilizar contagios y fallecidos y entre el 19 de abril hasta el 10 de mayo se han producido 80 muertes por el virus, «mientras que el régimen solo ha reportado 6 muertos».

«Necesitamos las vacunas con carácter de urgencia, se debe diseñar un plan detallado y debe empezar con los más vulnerables, el personal de salud, los adultos mayores y pacientes con condiciones médicas y luego ir bajando la edad. Ningún actor lo puede hacer solo, se necesita un gran acuerdo nacional», agregó el parlamentario.

La diputada Deyalitza Aray afirmó que la manera como se ha pretendido manejar la pandemia en el país, ha sido «criminal». «Mientras en otros países se han inyectado recursos para los planes de vacunación, se han dotado sus hospitales para atender a los ciudadanos y poniendo como principal el evitar las muertes, en Venezuela sucede al revés».

Aray criticó que el gobierno de Nicolás Maduro crea una falsa expectativa sobre un supuesto control de la segunda ola, «cuando en Venezuela ni siquiera se ha hecho el primer despliegue de vacunas general. Por el contrario, ha sido selectivo, privilegiado».

«Exigimos el plan de vacunación para garantizarle la vida y salud al pueblo que ya suficiente tiene con esta dictadura», añadió. 

Por último, en este punto, la diputada de la AN, Dinorah Figuera (PJ-Aragua) explicó que en estos momentos no se conoce con claridad un plan de vacunación nacional, las estadísticas de personas contagiadas ni los indicadores de mortalidad por la pandemia. 

Recordó que representantes de las academias, gremios de la salud y la ONG Médicos Unidos, han llamado la atención para que los venezolanos estén inmunizados contra la COVID-19. 

Figuera denunció que hay casos de venta de vacuna entre $300 y $600 las dos dosis, lo cual es condenable en cualquier circunstancia, «que mientras se mueren venezolanos, existan criminales que hagan negocio con la salud de los venezolanos».

Aumento de la migración

En la sesión de la AN, los diputados también debatieron sobre el incremento de la migración forzosa, donde Williams Dávila (AD-Mérida) señaló que el número de desplazados entre Siria y Venezuela, representa dos tercios del total mundial. 

Dávila, quien inició el punto, indicó que el país se ha venido descapitalizando en su talento humano por la migración, provocada por la crisis. Agregó que el principal causante de esta situación es Nicolás Maduro, quien no tiene capacidad de revertir el «modelo retrógrado» de economía que tiene Venezuela y que por el contrario, copia modelos totalitaristas.

El diputado también alertó que muchos jóvenes que se van, aceptan ofertas engañosas de mafias que hay en la frontera y «cuando no pueden cumplir con los compromisos que les ponen las mafias, salen asesinados en las trochas y vemos cómo se va acabando una juventud que tiene que huir del hambre».

En su intervención, el parlamentario Jony Rahal (PJ-Nueva Esparta) recriminó que al gobierno de Maduro no le importan los ciudadanos, ni las demandas democráticas que se hacen en el país. 

«Lo único que le interesa es perpetuarse en el poder. Vemos con mucha preocupación como en las últimas semanas el desespero de los venezolanos, que huyen porque no tienen que comer, porque el salario no alcanza, tienen que huir, atravesar fronteras, caminos verdes para llegar a otro país, poniendo en riesgo su vida, como hemos visto en las últimas semanas», añadió el diputado de la AN.

Además el diputado Oneiber Peraza (Independiente-Lara) indicó que la única manera de parar la migración forzada es con un cambio de gobierno en el país. «Vamos a solicitar apoyo a los que están afuera, pero la solución está acá en Venezuela y por eso nos estamos organizando en el país y lograr condiciones para unas elecciones libres».

«El incremento de la migración no es porque quieran y los que quedamos tenemos que hacer todo el esfuerzo para una ruta común que nos permita lograr la posibilidad de restaurar la democracia», ratificó. 

AN de Guaidó asegura que Tarek William Saab intenta eludir a la CPI
Los parlamentarios opositores concluyeron que el fiscal impuesto por la ANC, pretende eludir la competencia de la CPI
En sesión virtual expresaron su apoyo a las organizaciones no gubernamentales tras la publicación de la providencia 001-2021

Los diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, aseguró que las declaraciones del fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, responde a un intento de que la Corte Penal Internacional (CPI) archive los casos de Venezuela y los devuelva a jueces venezolanos.

«En la CPI se está por tomar una decisión de si se toma o no una decisión y si no hay caso, se remite a los jueces nacionales», explicó el diputado Williams Dávila (AD-Mérida) en la sesión virtual de la AN. Aseguró que Saab espera eludir la competencia de la Corte y hacer «creer» que en el país hay justicia.

Criticó que el fiscal no ha ido al fondo del asunto, de los casos de violaciones de derechos humanos, al no investigar la cadena de mando. «Este régimen no hace nada de manera culposa, todo lo hace de manera premeditada».

«El Capitán Acosta Arévalo, fue presentado moribundo ante un juez. Por qué no actuaron en flagrancia en contra de los funcionarios que sabían bien lo que estaba pasando», señaló. 

Por eso el diputado exigió una sanción y castigo a la cadena de mando, porque no existe el principio de la obediencia debida. «La confesión de Tarek pone en evidencia que encubrió a los responsables y lo que busca es lograr que la Fiscal (de la CPI) archive el expediente y que lo envíe a Venezuela, no lo va a lograr», aseveró. 

Igualmente el diputado Joaquín Aguilar (UNT-Trujillo) señaló que con estas declaraciones, quienes dejar «libre de toda culpa» a Nicolás Maduro y toda la cadena de mando. 

«Maduro cree que puede zafarse de la CPI admitiendo tres asesinatos emblemáticos. Todas las investigaciones independientes apuntan a la culpabilidad de una cadena de mando que empieza con el usurpador», argumentó.

En más de una oportunidad, el parlamentario señaló que las órdenes de violación de DDHH, fueron impartidas por Maduro y por altos funcionarios, «quienes son los verdaderos responsables y deben pagar». 

«No importa todo lo que intenten hacer para evitarlo, Maduro y otros altos funcionarios, serán juzgados en un futuro que todos los venezolanos esperamos».

Violación de DDHH evidente

En el mismo debate, el diputado Rosmit Mantilla (Independiente-Táchira) refirió que la intención del chavismo es de revertir o cambiar la historia que documenta cómo se han violado los derechos humanos. 

«Tarek dijo en rueda de prensa que Albán fue asesinado, que entendieron que Pernalete lo mató la policía asesina y que Arévalo fue masacrado por sus victimarios, esto con la intención de transformar lo que pudiera ser un próximo pronunciamiento de la CPI», explicó.

Mantilla indicó en la sesión de la AN, que la responsabilidad penal es individual y que los delitos de lesa humanidad no prescriben. «A los que dicen que torturan porque se les ordena, y que solo hacen su trabajo, hemos visto en esa rueda de prensa, como Tarek entrega a dos idiotas y que son imputados por el asesinato de Albán. Ese es el futuro de cada uno de los funcionarios que se prestan para violar DDHH porque siguen órdenes», dijo.

La diputada de la AN, Tamara Adrián (VP-Distrito Capital) reseñó que la CPI ha ido avanzando con los distintos informes que se han llevado a cabo, como el de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidad, Michelle Bachelet, que dejan patente la violación constante de derechos humanos en el país.

«En el caso concreto del asesinato de Albán, Acosta Arévalo y otros casos, se demuestra la responsabilidad del Estado de Venezuela, una responsabilidad penal probable de las cabezas del Estado y de los perpetradores ante la CPI», añadió.

Adrián señaló que el gobierno de Maduro ha decidido tratar de enmascarar y ocultar la realidad que ha existido hasta ahora, que no han habido investigaciones, que no han sido juzgados los responsables y que se ha tratado de ocultar pruebas. «La cadena de mando ha tratado de ocultar su responsabilidad a través de estas declaraciones».

«El fiscal de la CPI está acostumbrado a este tipo de actitudes que asumen gobiernos forajidos y sus responsables cuando se encuentran entre la espada y la pared. Poco o nada servirá para evitar lo que ya empieza a resultar inevitable, la formulación de los cargos penales ante la CPI», expresó.

Por último en este punto, el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó señaló que el gobierno de Maduro pretende hacerse ver con algún tipo de gesto humanitario «para limpiar su dictadura, no para salir de la tragedia».

«No se puede blanquear una dictadura que está señalada por delitos de lesa humanidad. Ustedes arrastraron a esta catástrofe a Venezuela», indicó. 

AN apoya a las ONG

En el segundo punto de la sesión, los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo en rechazo a la providencia 001-2021, que tiene como objetivo el registro obligatorio de las organizaciones no gubernamentales, para «vigilar y supervisar» sus actividades, miembros del personal, lista de donantes, movimientos financieros y lista de beneficiarios.

En el debate de la AN, intervino como invitado, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien explicó que la providencia es inconstitucional y que hay inconsistencia con tratados y convenios de Derechos Humanos firmados por el país.

«Ha sido firmado un comunicado por 709 organizaciones de la sociedad civil que esperamos sea respaldado por ustedes, para que sintamos que, de una manera unida, los venezolanos responden de manera decidida a este atropello», expresó.

Daniels señaló que con la providencia se exigen documentos a las ONG, que el mismo Estado niega. «Desde hace años los registros y notaria se niegan a inscribir actas de las organizaciones no gubernamentales», agregó.

El defensor de derechos humanos, recordó que desde hace tiempo se han realizado actos de intimidación contra organizaciones de la sociedad civil, como el allanamiento a Acción Solidaria, Prepara Familia, Convite, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive.

Además que hay una campaña constante de estigmatización contra las ONG en medios oficiales, como en el programa del diputado chavista, Diosdado Cabello, Con el Mazo Dando.

En el proyecto de acuerdo, los diputados acordaron rechazar la providencia, hacen un llamado a las organizaciones a continuar ejerciendo presión nacional e internacional para proteger los derechos de sus miembros y las víctimas.

Igualmente aprobaron denunciar ante instancias internacionales, esta situación que «vulnera una vez más el Estado de derecho y la democracia en nuestro país; como un acto más del régimen de Nicolás Maduro por someter a la sociedad civil a sus controles autoritarios».

La diputada Sandra Flores (PJ-Barinas) afirmó que en Venezuela no hay sistema de justicia independiente que apoye a las víctimas de violaciones de DDHH, «por tanto esas víctimas y sus familiares solo cuentan con la ayuda de las organizaciones no gubernamentales».

«En Venezuela hay 10 millones de personas que requieren ayuda humanitaria en materia de alimentación. Distintas ONG a lo largo y ancho del país brindan alimentación con las proteínas necesarias a niños en situación de pobreza extrema», agregó.

Igualmente la diputada Deyalitza Aray (Proyecto Venezuela-Carabobo) aseguró que esta medida, es la consecuencia de la política del gobierno de Maduro, que «pretende es callar las informaciones, las estadísticas, las cifras que dan cuenta el trabajo de investigación que tienen a diario estas organizaciones».

Gobierno interino: Estamos perdiendo la posibilidad de disponer de 2.5 millones de dosis de vacunas
El gobierno interino aseguró que se está perdiendo la posibilidad de tener dosis de vacunas en mayo

 

El gobierno interino de Juan Guaidó, a través del Centro de Comunicación Nacional (CCN) advirtió que Venezuela está perdiendo la posibilidad de disponer de 2.5 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en mayo, debido a la negativa del gobierno de Nicolás Maduro de no aceptar el mecanismo COVAX.

A través de la cuenta de Twitter del CCN, indicaron que el país no puede esperar hasta julio para que llegue vacunas. 

“La mejor vacuna es la que llegue más rápido. Los demás países de la región ya están recibiendo vacunas de COVAX. El régimen no acepta la vacuna que está disponible en el mecanismo, estamos perdiendo la posibilidad de disponer de 2.5 millones de dosis en mayo“, agregaron

Igualmente indicaron que los venezolanos siguen en riesgo de contagiarse del virus y puntualizaron que la prioridad de Maduro no es la vacuna.

«Nuestro sistema sanitario ya está colapsado y el personal de salud está muriendo. Al no vacunar seguirán aumentando los casos, que llegue la vacuna al país debe ser la prioridad para salvar vidas», expresaron.

Los recursos

El pasado 19 de marzo, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, aprobó más de $30 millones para pagar las vacunas del mecanismo COVAX, así como financiar la cadena de frío. 

Posteriormente, Nicolás Maduro rechazó la entrada de la vacuna AstraZeneca al país, que sería la que tendría disponible este sistema. “No vamos a traer ninguna vacuna que está causando estragos en el mundo, no voy a nombrar a ninguna, solamente van a venir las vacunas comprobadas científicamente en Venezuela, que son seguras para nuestro pueblo”, subrayó.

Sin embargo, el pasado 10 de abril, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que se aprobó el pago de 64 millones de dólares para formar parte de esta iniciativa de distribución de vacunas.

Aseguró que el gobierno de Maduro podrá elegir cuáles serán las vacunas que se importarán con el mecanismo COVAX. Luego el 18 de abril, Nicolás Maduro la «próxima semana» se haría el pago de los recursos restantes para el sistema.

“Hemos pagado el sistema Covax y espero y aspiro que en el mes de mayo, junio, julio ya entremos en la etapa avanzada de defensa para nuestro pueblo”, agregó.

Mientras que la Comisión Delegada, aprobó este jueves, 22 de abril un presupuesto de $100 millones para las vacunas, que se sumarían a los más de $30 millones que se aprobaron en marzo. 

Con información de El Impulso

AN de Guaidó aprueba $100 millones para el pago de vacunas
Este monto se sumaría a los más de $30 millones que se aprobaron el pasado 19 de marzo

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, aprobó $100 millones de dólares adicionales para la compra de vacunas contra la COVID-19, lo que se sumaría a los $30.309.040 que se aprobó el pasado 19 de marzo en sesión ordinaria virtual.

Con esto el presupuesto asignado para adquirir vacunas dentro del mecanismo COVAX, alcanza los $130.309.040 y que serían canalizados a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar la ejecución y transparencia.

La solicitud la hizo el diputado y presidente de la Comisión de Finanzas, Carlos Paparoni (PJ-Mérida) quien pidió «urgencia presupuestaria» y presentó el informe ante la Secretaría. Pero aunque el informe fue leído y aprobado en la sesión ordinaria virtual de este jueves, 22 de abril, no fue publicado o compartido a los medios de comunicación y periodistas que cubren el Parlamento.

El equipo de prensa de la presidencia de Juan Guaidó argumentó que este último informe será publicado en Gaceta Legislativa la próxima semana, aunque sí compartieron los proyectos de acuerdos sobre el acoso a la prensa y la beatificación de José Gregorio Hernández, al culminar la sesión. 

Esta misma situación se repitió la semana pasada, con la aprobación de un endeudamiento por más de 10 millones de dólares, para el pago de deudas con firmas de abogados en el exterior.

Un Fondo amplio

Igualmente los diputados de la AN, aprobaron otro crédito adicional para el Fondo Especial de Liberación por $152.330.533, de allí se destinarían los $100 millones para las vacunas; $23.496.400 para el programa de defensa de la democracia y el resto será distribuido entre programas para la «protección, ejercicio y funcionamiento tanto de los Poderes legítimos cómo de los activos en el exterior».

Para la AN se aprobaron $7.536.365 con lo que se cubrirán gastos de funcionamiento y «defensa» del Parlamento y la protección social de sus integrantes durante este año. Otros $5.614.700,04 serán destinados a la labor de acción y apoyo internacional del gobierno interino, a través de la Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores, Embajadas y representantes diplomáticos ante el mundo.

$4.583.319,96 se destinarán a las comunicaciones y acciones que permitan enfrentar la «sistemática política de censura de la dictadura» de Nicolás Maduro. Mientras que el Consejo de Administración del Gasto tendrá un presupuesto de $4.268.675 para gastos relacionados a las funciones que cumpliría un Ministerio de Finanzas, la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y la Tesorería de la República. Para el despacho de la presidencia se dispondrán de $2.365.857,00.

Este presupuesto incluye el pago de servicios legales y acciones jurídicas internacionales para la relación y gestión ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de el pago de servicios de la administradora como de la auditora internacional, servicios bancarios y gastos de funcionamiento en general.

Por último este crédito adicional incluye un presupuesto de $725.809,99 para el funcionamiento de la Contraloría Especial; $$1.758.000 para los magistrados en el exilio; $262.800 para el Consejo de Defensa Judicial; $348.600 para la Procuraduría Especial; $1.154.400 para las juntas directivas ad hoc y $215.606 para el Banco Central de Venezuela ad hoc.

Nota Informativa Sobre La Aprobación Del Uso de Recursos Protegidos Para La Adquisición de Vacunas Para La… by Runrunesweb on Scribd

Rodríguez pide a comisión especial que investigue supuesta trama de corrupción de la oposición
Jorge Rodríguez ratificó que será citada Seguros Mercantil a la Asamblea Nacional

Foto: ANTV

El presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, Jorge Rodríguez pidió a la Comisión Especial que investiga la gestión del Parlamento electo en 2015, que investigue una supuesta trama de corrupción, en el que se robarían $53 millones.

En la sesión de este jueves, 15 de abril, Rodríguez hizo las mismas acusaciones del martes, 13 de abril, en el que aseguraba que los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, liderada por Juan Guaidó, planifican una supuesta trama para «robarse» $53 millones. 

«La comisión especial debe atender estas denuncias que hemos realizado con pruebas», esgrimió.

Ese día, Rodríguez presentó un audio, en el que aseguró que es la voz del diputado Sergio Vergara, donde explica los detalles del mencionado presupuesto aprobado por la Oficina de Control de Activos (OFAC) de Estados Unidos.

Rodríguez aseguró que las presuntas pruebas -los audios- indican que Guaidó y su equipo han utilizado recursos de bienes del Estado, como Pdvsa y Monómeros, para su disfrute personal. 

Este jueves, el presidente del Parlamento chavista, ratificó que citarán a la empresa Seguros Mercantil, porque supuestamente Vergara indicó que contratarían una póliza de seguros. «Queremos hacer una advertencia a empresas nacionales e internacionales que reciban dinero de estas actividades ilícitas, que serán cómplices de estos delincuentes. Esto es un delito», expresó desde el Hemiciclo de sesiones. 

Igualmente aseguró que cada uno de los partidos del G4, puso a «uno de sus zamuros a estar pendiente de los 53 millones para repartírselos». 

«Tenemos que insistir en que las acciones conspirativas, haber puesto minas en Apure para asesinar niños y soldados, se financian con el dinero que la OFAC le da a Juan Guaidó», acusó.

Jorge Rodríguez también señaló que este año, la OFAC solo les estaría dando $53 millones y que hacen recortes de $30 millones para el pago de las vacunas. «Los únicos recortes que tiene el llamado presupuesto son el presupuesto de vacunas COVID-19 y del plan «Héroes de la salud».

José Brito acude al llamado

Este jueves, 14 de abril, el presidente de esa Comisión Especial, José Brito informó que a las investigaciones que están haciendo sobre la gestión 2016-2021, se le sumará el audio filtrado, del cual Jorge Rodríguez asegura que la voz pertenece al diputado Sergio Vergara.

Brito además señaló que citarán al menos a 100 personas a comparecencias e interpelaciones y que se utilizarán cuestionarios que deberán contestar. 

También dijo que la Comisión Especial tiene adelantada una investigación sobre una «situación muy delicada» en Monómeros, una empresa petroquímica perteneciente a Venezuela que opera en Colombia. 

“En las próximas semanas esta Comisión Especial dará mucha información al país”, puntualizó.

 
AN de Guaidó aprueba endeudamiento para el pago de abogados en el exterior
Los diputados aprobaron solicitar un endeudamiento al BCV por más de 10 millones de dólares

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, aprobó solicitar un endeudamiento al Banco Central de Venezuela-ad hoc (BCV) para hacer pago de deudas con firmas de abogados que han representado a Venezuela en el exterior, en casos de recuperación de activos de la República.

En la sesión virtual de este martes, 13 de abril, el diputado Guillermo Palacios solicitó la inclusión de un proyecto de acuerdo para modificar partidas en relación al pago con asuntos de litigio en el exterior. 

El monto aprobado por los diputados, para hacer el pago, es de $10.136.084,17, sin embargo no se detalló cuáles son los bufetes de abogados a los que se les adeuda por sus servicios. En la lectura que hizo el secretario, Wilfredo Febres, se indicó que las deudas corresponden a los años 2019 y 2020. 

El acuerdo no fue compartido a los medios de comunicación y periodistas que hacen cobertura de la Asamblea Nacional. El equipo de prensa del Parlamento electo en 2015 señaló que sería divulgado en la Gaceta Legislativa y no se confirmó fecha de publicación. 

Los diputados también autorizaron al Consejo de Administración del Gasto a que lleve las gestiones para el pago y gastos a los que haya lugar en virtud del endeudamiento que solicite el presidente encargado, Juan Guaidó. Actuarán como organismo pagador, previa ordenación de compromisos y pagos que realice la Procuraduría Especial.

Igualmente dieron el visto bueno a la solicitud de un crédito adicional, por la cantidad del préstamo que solicitará el presidente Guaidó, y se transferirá al Fondo Especial, con lo cual el Consejo de Administración del Gasto, hará los pagos correspondientes. 

AN preocupada por la COVID-19

Por tercera semana consecutiva, los diputados de la Comisión Delegada de la AN, debatieron sobre el aumento de casos de COVID-19 en el país y exigieron el ingreso de vacunas. 

El diputado Freddy Superlano (VP-Barinas) aseguró que desde que llegó la pandemia a Venezuela, la improvisación «ha reinado en el país». 

«Las unidades de cuidados intensivos están llenas, abarrotadas, que sobrepasan en términos humanos al personal de salud, por cierto, hasta la fecha se han contabilizado 442 médicos que han fallecido», añadió.

Criticó que el gobierno de Nicolás Maduro se «niegue» al ingreso de 12 millones de dosis de vacunas, a través del sistema COVAX, «y en proceso de adquisición por esta AN legítima entren al país, politizando una situación que es de vida o muerte para los venezolanos».

Igualmente el diputado Willams Dávila (AD-Mérida) denunció que hasta el hospital instalado en el Poliedro de Caracas está «abarrotado» y que las bombonas de oxígeno no se consiguen por menos de 300 dólares. «¿Quién tiene 300 dólares en un país con una hiperinflación que devoró hasta el dólar?».

Por último, el diputado José Manuel Olivares (PJ-Vargas) aseguró que hay temor entre los venezolanos porque » no se están haciendo las cosas bien e insisto, por el bien de todos, primero vacunemos a quienes nos cuidan, por el bien de todos, vacunas».

«En Venezuela aún no existe un plan claro de vacunación, tanto comprar la vacuna como aplicar la vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que llegue, la que cumpla con los estándares internacionales de la OMS», añadió Olivares.

DFRLab: Oficialismo usa Twitter para reprimir y censurar
Grupos de la oposición también implementan sus estructuras para imponer su narrativa en las redes
Venezuela es el país de Latinoamérica que tiene más usuarios activos en twitter y de allí los esfuerzos en controlar la red social

 

El gobierno de Nicolás Maduro ha implementado una «autocracia digital» a través de la manipulación de la información, lo que ha profundizado el control interno y ha permitido su proyección fuera de las fronteras venezolanas. La conclusión se desprende de un informe que presentó la organización estadounidense Atlantic Council, a través del DFRLab, laboratorio de investigación digital.

El reporte llamado «Autocracia digital: El control de Maduro sobre el entorno de información venezolano», se elaboró gracias al monitoreo semanal #AlertaVenezuela, entre octubre de 2019 y febrero de este año. El DFRLab señaló que Maduro ha logrado mantener el control de la información nacional y ha logrado proyectar narrativas en el exterior, incluso en países donde no cuenta con reconocimiento como presidente.

Igualmente el DFRLab estudió como países aliados de Maduro, como Irán, Rusia, China y Cuba, han cooperado con Venezuela, especialmente en el contexto de sus relaciones antagónicas con Estados Unidos. 

Te presentamos las 21 claves más destacadas de este informe: 

Un reciente estudio de la Unión Europea, la Universidad de Navarra y Transparencia Venezuela reveló que 38,7% de los venezolanos usa la televisión para informarse, enfatizando el control que tiene Maduro sobre los medios de difusión. Mientras que 25.3% de los venezolanos utiliza las redes sociales para mantenerse informado. 

Además, 35.5% de los chavistas está preocupado por la desinformación que viene de los periodistas y medios de comunicación. Pero 41.7% de los opositores considera que su mayor preocupación es sobre las acciones de los dirigentes y partidos políticos.

Las redes sociales que más se utilizan en Venezuela, según una encuesta de Latinobarómetro en 2018, es Facebook, Whatsapp y Facebook. A pesar de que Twitter está en el quinto lugar de preferencia, es usado por 24,1% de los venezolanos, mientras que en la región solo es usada 12.2%. Por lo cual Venezuela es el país de la región que más usuarios activos de Twitter tiene.

Para el DFRLab, este dato ofrece una idea de por qué el gobierno de Maduro, concentra sus esfuerzos en esta red social.

El DFRLab señaló que la administración de Nicolás Maduro controla la información de dos maneras, la primera es a través de promociones de tendencias y narrativa pro Maduro y teorías de conspiración, especialmente sobre supuestos intentos de conspiración y presuntos golpes de Estado que vienen de otros países. La otra estrategia es con represión, censura, persecución de periodistas y «cierre» del Internet para disuadir o silenciar a los adversarios. 

Tendencias de laboratorio

Desde 2019, DFRLab estudió la estrategia del gobierno de Maduro y determinó que las tendencias, en principio, empiezan desde la cuenta del ministro de Comunicación, y que casi a diario anuncia la «etiqueta del día» en un tuit. A veces promocionan más de una al día y es para apoyar al gobierno. Así cientos de cuentas, empiezan a publicar mensajes de forma repetitiva. 

Igualmente el Laboratorio detectó que la administración de Maduro «premia» a las cuentas que publican sus tendencias con bonos, que se hacen efectivos a través del «Sistema Patria». 

Sin embargo en marzo de este año, la cuenta @BonosSocial, desde donde se maneja la comunicación del Carnet de la Patria, informó que los pagos para aquellos que han participado en las etiquetas está suspendido hasta nuevo aviso. Cuentas a favor del chavismo respondieron que el pago no se hace desde febrero. No se conoce si es que es una suspensión definitiva de este «incentivo».

La manipulación tiene orígenes diversos

Aunque el gobierno de Maduro se concentra en Twitter, el DFRLab detectó una campaña en contra de Juan Guaidó en diciembre del año pasado en Instagram, que trataba sobre una información de una supuesta filtración de los datos de personas que participaron en la consulta popular. Aunque luego esta campaña se fue a Twitter, empezó en Instagram con tan solo 10 usuarios. 

En Facebook, Maduro no parece tener tanta influencia como en Twitter y el 8 de julio de 2020, la empresa eliminó una red que se originó en Canadá y Ecuador y que tenía como objetivo las elecciones en varios países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela. La plataforma atribuyó esta red a Estraterra, una firma de relaciones públicas de Canadá y a empleados ecuatorianos afines al expresidente Rafael Correa. 

La oposición en Venezuela también utiliza las redes sociales para impulsar sus opiniones o informaciones. Grupos de la oposición también han creado una estructura y coordinan operaciones inauténticas, como la amplificación de mensajes por Twitter desde la cuenta @DolarToday. El DFRLab señaló que esto se ve más con la «oposición radical».

El Laboratorio no encontró alguna operación que se pueda conectar directamente con el presidente Juan Guaidó o sus aliados. Pero sí detectaron campañas para beneficiarlo a él o a la oposición más amplia hacia Maduro.

El 31 de agosto de 2020, Facebook eliminó una red que participaba a través de un «comportamiento inauténtico coordinado» en contra de Nicolás Maduro. La red se atribuyó a la empresa de comunicaciones, con base en Estados Unidos,  CLS Strategies. Un informe del Observatorio de Internet de Stanford detectó que esta red emitía mensajes a favor de Henrique Capriles, María Corina Machado, su partido político Vente Venezuela y Juan Guaidó. Aunque luego empezaron a emitir mensajes en contra de Guaidó y sus aliados. No hay información pública sobre quién contrató a esa empresa. 

Otros grupos que participan en las redes, son aquellos que no apoyan ni a Guaidó ni a Maduro y abogan por una intervención militar estadounidense. Probox los identificó como la «oposición radical» dodne está incluido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado. 

También participan grupos radicales del chavismo, que emiten mensajes de reclamo a Estados Unidos, Colombia y Guaidó sobre supuestas operaciones en contra de Maduro que no lograron materializarse. 

Sobre la participación de aliados internacionales de Maduro, el DFRLab detectó que el medio RT en español, que es propiedad del gobierno ruso, ha sido un «gran» compañero de Maduro en el esfuerzo de darle forma a la conversación tanto en línea como en la región. Tras un análisis determinaron que los temas relacionados a Venezuela, publicados en su web, han recibido más «engagement» en promedio.

En diciembre de 2020, la web en español de RT recibió 27.16 millones de visitas y 13.5% de los usuarios estaban localizados en Venezuela. 

Irán también ha concentrado sus esfuerzos de influencia en Venezuela, a través de la página web HispanTV, aunque en 2020, Twitter y Youtube suspendió su cuenta. Pero un análisis del Laboratorio determinó que las campañas sobre Venezuela en HispanTV coincidieron con eventos e intercambios comerciales entre los dos países, como los buques con gasolina. 

Cuba y Venezuela han tomado Twitter para poder impulsar sus narrativas. El 1 de febrero de 2020, cuentas de Twitter con ubicación en Cuba y Venezuela, impulsaron en conjunto, la etiqueta #OEAtraidoraDeSuramerica con un total de 42.442 trinos. 

Países como Estados Unidos, Brasil y Colombia, que están en contra de Maduro, también han usado las redes sociales para desinformar sobre Venezuela, en beneficio de su propia agenda. La mayoría de estas campañas se dieron en Youtube, donde intentaron desacreditar a Maduro usando información falsa. 

Estos canales afirmaron falsamente que Maduro fue derrocado o que las fuerzas de seguridad habían desertado en masa. Un canal de Panamá aseguró en febrero de 2020, que Guaidó y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaron un acuerdo con el que se daba luz verde a una intervención militar.

Asamblea Nacional de Guaidó aprueba pago a bufete que lleva caso del oro en Inglaterra
El monto aprobado por los diputados de la Comisión Delegada es de $3.720.687,43

Este martes, 6 de abril, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobó una ampliación del Fondo Especial de Litigios para pagar deudas por honorarios profesionales y gastos legales en el juicio sobre el control de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela, que se encuentran custodiadas en el Banco de Inglaterra.

El monto autorizado es de $3.720.687,43 y será utilizado para pagarle al bufete Arnold&Porter. Según el acuerdo, que fue leído en la sesión pero no compartido o publicado a los periodistas, esta acción forma parte de la «protección de activos venezolanos en el exterior».

Mientras que el gobierno de Nicolás Maduro, contrató al abogado Sarosh Zaiwalla, para poder reclamar el oro. Además han acusado al gobierno interino de Juan Guaidó, de querer «robarse» estos recursos. 

En diversas oportunidades, Maduro ha dejado ver que la «recuperación» de ese oro, permitiría la compra de vacunas contra la COVID-19, a pesar de que el gobierno interino de Guaidó aprobó un presupuesto de más de 30 millones de dólares, para adquirir dosis a través del mecanismos COVAX. 

Reporte de DDHH ante la Asamblea Nacional

En la sesión virtual de la Comisión Delegada, el comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, presentó su informe anual, ante la Asamblea Nacional, donde destacó que su oficina confirmó estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) identificando a 400 víctimas y 125 no identificadas.

«Esto se suma a las más de 2.500 registradas a nivel nacional por la Sra. Michelle Bachelet desde la Oficina de la Alta Comisionada. Hemos podido concluir que existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana», añadió.

Igualmente señaló que documentó 232 detenciones arbitrarias y que tuvo información de 106 otras víctimas que fueron presuntamente detenidas. Además 69% de las detenciones de trabajadores de la prensa fueron clandestinas y solo 31% siguieron procesos judiciales. 

Prado destacó que actualmente hay 320 presos políticos, donde 305 son hombres y 24 son mujeres. Además 206 son civiles y 123 son militares. «Estas personas privadas de su libertad por razones políticas han sido víctimas de la detención arbitraria, aislamiento, Tortura psicológica, tratos crueles degradantes e inhumano, retardos procesales injustificados y discriminación», agregó.  

En su discurso, Humberto Prado también se refirió a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) donde reseñó que 79,3% de la población no tiene suficiente poder adquisitivo para cubrir la canasta básica. 96% de los hogares están en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema.

Explicó que 13% de los ciudadanos tienen acceso a agua potable de forma constante, mientras que en el acceso a alimentos, el 27% de la gente se encontró en estado de mendicidad; 42% de los hogares tuvieron que rebuscar alimentos en la calle y 35% afirmó que consumieron alimentos que hubiesen preferido no haber comido.

Sobre los derechos de las mujeres, Humberto Prado indicó ante los diputados de la Asamblea Nacional, que documentaron un total de 212 femicidios, de las cuales 56 se reportaron en el extranjero. 

«La Comisión efectuó una encuesta nacional sobre el acoso sexual callejero, y en el Informe intitulado “Discriminación estructural y violencia de género en Venezuela hasta agosto de 2020: Ni una más Venezuela” determinamos que 86.4% de la población reporta que siempre o casi fueron víctimas de acoso sexual», expresó.

Además dijo que hay cerca de 10 millones de mujeres afectadas por la reducción de 326 toneladas de anticonceptivos. «La ONG Convite AC reportó una escasez igual al 78% de los anticonceptivos. Esto afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos».

El comisionado reportó que hasta 2017, 109 personas habían sido asesinados por su orientación sexual. «Para 2020 podemos confirmar que hay cerca de 6.000 familias LGBTI que requiere protección legal y no la tienen. Igualmente, permanece vigentes muchas leyes que promueven la discriminación en contra de este grupo personas».