Los parlamentarios opositores concluyeron que el fiscal impuesto por la ANC, pretende eludir la competencia de la CPI
En sesión virtual expresaron su apoyo a las organizaciones no gubernamentales tras la publicación de la providencia 001-2021
Los diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, aseguró que las declaraciones del fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, responde a un intento de que la Corte Penal Internacional (CPI) archive los casos de Venezuela y los devuelva a jueces venezolanos.
«En la CPI se está por tomar una decisión de si se toma o no una decisión y si no hay caso, se remite a los jueces nacionales», explicó el diputado Williams Dávila (AD-Mérida) en la sesión virtual de la AN. Aseguró que Saab espera eludir la competencia de la Corte y hacer «creer» que en el país hay justicia.
Criticó que el fiscal no ha ido al fondo del asunto, de los casos de violaciones de derechos humanos, al no investigar la cadena de mando. «Este régimen no hace nada de manera culposa, todo lo hace de manera premeditada».
«El Capitán Acosta Arévalo, fue presentado moribundo ante un juez. Por qué no actuaron en flagrancia en contra de los funcionarios que sabían bien lo que estaba pasando», señaló.
Por eso el diputado exigió una sanción y castigo a la cadena de mando, porque no existe el principio de la obediencia debida. «La confesión de Tarek pone en evidencia que encubrió a los responsables y lo que busca es lograr que la Fiscal (de la CPI) archive el expediente y que lo envíe a Venezuela, no lo va a lograr», aseveró.
Igualmente el diputado Joaquín Aguilar (UNT-Trujillo) señaló que con estas declaraciones, quienes dejar «libre de toda culpa» a Nicolás Maduro y toda la cadena de mando.
«Maduro cree que puede zafarse de la CPI admitiendo tres asesinatos emblemáticos. Todas las investigaciones independientes apuntan a la culpabilidad de una cadena de mando que empieza con el usurpador», argumentó.
En más de una oportunidad, el parlamentario señaló que las órdenes de violación de DDHH, fueron impartidas por Maduro y por altos funcionarios, «quienes son los verdaderos responsables y deben pagar».
«No importa todo lo que intenten hacer para evitarlo, Maduro y otros altos funcionarios, serán juzgados en un futuro que todos los venezolanos esperamos».
Violación de DDHH evidente
En el mismo debate, el diputado Rosmit Mantilla (Independiente-Táchira) refirió que la intención del chavismo es de revertir o cambiar la historia que documenta cómo se han violado los derechos humanos.
«Tarek dijo en rueda de prensa que Albán fue asesinado, que entendieron que Pernalete lo mató la policía asesina y que Arévalo fue masacrado por sus victimarios, esto con la intención de transformar lo que pudiera ser un próximo pronunciamiento de la CPI», explicó.
Mantilla indicó en la sesión de la AN, que la responsabilidad penal es individual y que los delitos de lesa humanidad no prescriben. «A los que dicen que torturan porque se les ordena, y que solo hacen su trabajo, hemos visto en esa rueda de prensa, como Tarek entrega a dos idiotas y que son imputados por el asesinato de Albán. Ese es el futuro de cada uno de los funcionarios que se prestan para violar DDHH porque siguen órdenes», dijo.
La diputada de la AN, Tamara Adrián (VP-Distrito Capital) reseñó que la CPI ha ido avanzando con los distintos informes que se han llevado a cabo, como el de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidad, Michelle Bachelet, que dejan patente la violación constante de derechos humanos en el país.
«En el caso concreto del asesinato de Albán, Acosta Arévalo y otros casos, se demuestra la responsabilidad del Estado de Venezuela, una responsabilidad penal probable de las cabezas del Estado y de los perpetradores ante la CPI», añadió.
Adrián señaló que el gobierno de Maduro ha decidido tratar de enmascarar y ocultar la realidad que ha existido hasta ahora, que no han habido investigaciones, que no han sido juzgados los responsables y que se ha tratado de ocultar pruebas. «La cadena de mando ha tratado de ocultar su responsabilidad a través de estas declaraciones».
«El fiscal de la CPI está acostumbrado a este tipo de actitudes que asumen gobiernos forajidos y sus responsables cuando se encuentran entre la espada y la pared. Poco o nada servirá para evitar lo que ya empieza a resultar inevitable, la formulación de los cargos penales ante la CPI», expresó.
Por último en este punto, el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó señaló que el gobierno de Maduro pretende hacerse ver con algún tipo de gesto humanitario «para limpiar su dictadura, no para salir de la tragedia».
«No se puede blanquear una dictadura que está señalada por delitos de lesa humanidad. Ustedes arrastraron a esta catástrofe a Venezuela», indicó.
AN apoya a las ONG
En el segundo punto de la sesión, los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo en rechazo a la providencia 001-2021, que tiene como objetivo el registro obligatorio de las organizaciones no gubernamentales, para «vigilar y supervisar» sus actividades, miembros del personal, lista de donantes, movimientos financieros y lista de beneficiarios.
En el debate de la AN, intervino como invitado, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien explicó que la providencia es inconstitucional y que hay inconsistencia con tratados y convenios de Derechos Humanos firmados por el país.
«Ha sido firmado un comunicado por 709 organizaciones de la sociedad civil que esperamos sea respaldado por ustedes, para que sintamos que, de una manera unida, los venezolanos responden de manera decidida a este atropello», expresó.
Daniels señaló que con la providencia se exigen documentos a las ONG, que el mismo Estado niega. «Desde hace años los registros y notaria se niegan a inscribir actas de las organizaciones no gubernamentales», agregó.
El defensor de derechos humanos, recordó que desde hace tiempo se han realizado actos de intimidación contra organizaciones de la sociedad civil, como el allanamiento a Acción Solidaria, Prepara Familia, Convite, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive.
Además que hay una campaña constante de estigmatización contra las ONG en medios oficiales, como en el programa del diputado chavista, Diosdado Cabello, Con el Mazo Dando.
En el proyecto de acuerdo, los diputados acordaron rechazar la providencia, hacen un llamado a las organizaciones a continuar ejerciendo presión nacional e internacional para proteger los derechos de sus miembros y las víctimas.
Igualmente aprobaron denunciar ante instancias internacionales, esta situación que «vulnera una vez más el Estado de derecho y la democracia en nuestro país; como un acto más del régimen de Nicolás Maduro por someter a la sociedad civil a sus controles autoritarios».
La diputada Sandra Flores (PJ-Barinas) afirmó que en Venezuela no hay sistema de justicia independiente que apoye a las víctimas de violaciones de DDHH, «por tanto esas víctimas y sus familiares solo cuentan con la ayuda de las organizaciones no gubernamentales».
«En Venezuela hay 10 millones de personas que requieren ayuda humanitaria en materia de alimentación. Distintas ONG a lo largo y ancho del país brindan alimentación con las proteínas necesarias a niños en situación de pobreza extrema», agregó.
Igualmente la diputada Deyalitza Aray (Proyecto Venezuela-Carabobo) aseguró que esta medida, es la consecuencia de la política del gobierno de Maduro, que «pretende es callar las informaciones, las estadísticas, las cifras que dan cuenta el trabajo de investigación que tienen a diario estas organizaciones».
